ARTICULO: MÁS ALLÁ DE CHIAPAS – El legado de Don Samuel Ruiz García (1924-2011)
28/02/2011
ENFOQUE: Impunidad en Oaxaca – Balance de Derechos Humanos 2006-2010
28/02/2011
La desclasificación de correspondencia interna del Departamento de Estados de los Estados Unidos, por parte de Wikileaks (sitio de Internet dedicado a la publicación de información clasificada), obtuvo una inusitada repercusión a nivel mundial y fue objeto de múltiples reacciones en la esfera internacional. Respecto a México, lo publicado generó cierto debate, pero más que presentar información nueva confirmó rumores que ya habían circulado, sobre todo respecto a la controvertida estrategia de combate al crimen organizado. Por otro lado, México logró posicionarse en el ámbito internacional como anfitrión de la Conferencia de las Partes (COP-16) sobre el cambio climático en diciembre de 2010 en Cancún, por el acuerdo que se logró en contrario a lo esperado. Sin embargo, voces críticas que se manifestaron en contra de la COP-16, señalaron que es urgente y necesario un cambio más profundo en los modos de producción alimentaria, para evitar daños graves e irreversibles para la humanidad.
La violencia omnipresente que sufre México desde hace varios años, originada desde la lucha por el control de rutas y plazas entre las bandas del crimen organizado, y la lucha frontal que el gobierno federal le declaró a éstas, sigue siendo el foco de interés en los medios, mientras la misma sociedad mexicana empieza a naturalizarla de manera preocupante. A principios de febrero, el Subcomandante Insurgente Marcos, jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), advirtió en una carta llamada «Sobre las guerras» que el gobierno federal no podrá ganar la guerra que le declaró al crimen organizado y que «se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional» por lo mismo. Con referencia a la industria militar, opinó que el único actor que gana en esta guerra es Estados Unidos, dado que se beneficia de la necesidad de armamento en México (tanto del lado del Ejército Mexicano como de parte del crimen organizado), y que también le favorecerá la reconstrucción y el reordenamiento geopolítico como resultado de esta guerra.
En este contexto difícil, las voces críticas y con autoridad moral resultan ser más necesarias e importantes para contrarrestar los abusos del poder. Una de ellas calló para siempre: el 24 de enero falleció el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, don Samuel Ruiz García. Su muerte fue lamentada por la sociedad civil, pero paradójicamente también por la clase política mexicana y la jerarquía católica, quienes en más de una ocasión se habían opuesto a sus posiciones y su actuación. Dos de los grupos armados en el país, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el EZLN, emitieron un comunicado a raíz de su fallecimiento. El EPR agradeció su participación en la Comisión de Mediación, en búsqueda de aclarar el paradero de dos de sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por su parte, el EZLN hizo un recuento de los hostigamientos, las amenazas y un atentado que había sufrido el obispo emérito por haber asumido el papel de mediador entre los zapatistas y el gobierno federal. Reconoció su trabajo a favor de las comunidades indígenas y agregó: «En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don Samuel Ruiz García. También, y sobre todo, saludamos el compromiso consecuente de l@s cristian@s y creyentes que en Chiapas, en México y en el Mundo, no guardan un silencio cómplice frente a la injusticia, ni permanecen inmóviles frente a la guerra. […] Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe católica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático, es decir, por un mundo mejor. «
El EZLN había sido mencionado en varios medios mexicanos e internacionales a principios de 2011, cuando se le atribuyó el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex-candidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN) en 1994 y varias veces senador por este partido, en base de un comunicado de un supuesto integrante del grupo armado. En el desmentido, firmado por colaboradores cercanos del EZLN, se advirtió que serían las comunidades zapatistas las más afectadas por estas versiones y las que sufrirían mayores hostigamientos.
Derechos Humanos en México, en la mira internacional
La preocupación de organismos internacionales por la situación de derechos humanos en México no ha cesado. En noviembre de 2010, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó una actualización de su informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país, en la que Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Chiapas aparecen como los estados con mayor número de denuncias. Javier Hernández Valencia, representante del organismo, advirtió que México está pasando por un momento crítico, pues el nivel de violencia plantea serios retos para las autoridades en materia de seguridad pública y de protección de la ciudadanía.
Otro pendiente de México es el cumplimiento con las sanciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por violaciones a derechos humanos. En el caso conocido como «campo algodonero» (Ciudad Juárez, Chihuahua), donde en 2001 fueron asesinadas varias mujeres, el Estado mexicano había sido condenado por la CoIDH en 2009. Al cumplirse un año de la sentencia el pasado 10 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia, mismos que fueron cuestionados por la abogada defensora del caso. Al igual, la sentencia en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas meph’aa de la región de La Montaña (Guerrero) que fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano, todavía no ha sido acatada por el Estado mexicano.
En diciembre de 2010, también cumplió un año la sentencia de la CoIDH en el caso Rosendo Radilla, activista social en los ’70, y víctima de desaparición forzada. En el marco de este aniversario, varias organizaciones civiles y sociales denunciaron que ésta sigue siendo una política vigente. Cabe mencionar que en los últimos años también se ha dado el fenómeno de los llamados «levantones» (desapariciones sin aparentes motivos de raíz política o social), por las que no se ha pedido rescate, alcanzando al menos 500 en lo que va del sexenio del presidente Calderón.
La reforma constitucional en derechos humanos, en camino
Por su parte, organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su rechazo a la impunidad imperante en lo referido a las altas cifras de feminicidios (asesinatos de mujeres por ser mujeres) en el país. Los asesinatos de Marisela Escobedo el 18 de diciembre y de Susana Chávez el 5 de enero, ambos ocurridos en Ciudad Juárez (Chihuahua), encontraron un eco mediático muy fuerte, tomando en cuenta que ambas mujeres eran reconocidas activistas que luchaban por esclarecer estos mismo casos. Pero no se trata de un problema circunscripto al Norte de México sino de todo el país: vale como ejemplo que en el Estado de México se registraron 922 feminicidios desde el 2005; sin embargo, las autoridades mexiquenses han tratado de desviar la atención pública con argumentos que culpan a las víctimas por haberse expuesto a situaciones de riesgo.
Siendo tema de la agenda legislativa desde hace varios meses, a mediados de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aún falta que el Senado decida sobre ella y que los congresos de los estados aprueben la reforma para que pueda entrar en vigor. Uno de los puntos más controvertidos había sido la propuesta de darle facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos de violaciones a derechos humanos. Según el dictamen aprobado, se le concedería la facultad al consejo consultivo de la CNDH de indagar graves violaciones, sin convertirlo en autoridad investigadora. Otro de los cambios previstos por la reforma es que quedaría explícita la prohibición de toda discriminación por preferencias sexuales. Organizaciones civiles como Amnistía Internacional México, reconocieron que la aprobación de la reforma significaría la erradicación de lagunas legales y podría garantizar de manera más eficaz el reconocimiento de los derechos humanos. Amnistía Internacional México consideró que la reforma sería un paso importante para adecuar la legislación interna a estándares internacionales en la materia. Sin embargo, manifestó preocupación por el carácter limitado de la definición de motivos válidos en casos de asilo.
Guerrero: ¿cuenta nueva con nuevo gobernador?
El pasado 30 de enero se realizaron las elecciones para gobernador y el congreso local en el estado de Guerrero. El candidato de Guerrero Nos Une, coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, Ángel Aguirre Rivero, fue declarado ganador, aunque la noche de los comicios el candidato de la alianza Tiempos Mejores para Guerrero, del PRI y los partidos Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Añorve Baños, también reclamaba la victoria. El candidato del PAN renunció a la contienda pocos días antes de las elecciones y desde la cúpula panista se promovió el voto a favor de Aguirre Rivero, lo que resultó en una coalición de facto entre PRD, PT, Convergencia y PAN.
El ambiente preelectoral estuvo empañado de agresiones, desapariciones, filtraciones telefónicas y tensiones. Aguirre Rivero y Añorve Baños se quejaron de la proliferación de mensajes en diferentes medios para desacreditar al adversario. En un informe publicado previamente a las elecciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el proceso electoral se iba a dirimir en un «ambiente enrarecido» por la violencia del crimen organizado y por las actuaciones de los partidos que estaban orientadas a «generar temor y un clima de inestabilidad social». Frente al clima de inseguridad, 7500 policías fueron desplegados durante los comicios y ciertamente nada más se presentaron incidentes menores el día de las elecciones.
Ultimamente, las diferentes organizaciones sociales de Guerrero se han visto nuevamente confrontadas con un ambiente adverso: El 5 de noviembre, la Minera Hochschild Mexico informó a la Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) en San Luis Acatlán (Costa Chica) que contaban con una autorización del INEGI para realizar vuelos rasantes de reconocimiento para detectar minerales que puedan ser explotados. A principios de enero, la CRAC-PC denunció que seguían las exploraciones de las empresas sin el permiso de las comunidades afectadas. Por otra parte, tres integrantes de Radio Ñomndaa siguen teniendo un proceso legal abierto, supuestamente por haber participado en un secuestro. A pesar de la decisión jurídica, contra la que interpusieron una apelación, la radio comunitaria celebró su sexto aniversario los días en diciembre en el municipio autónomo Suljaa’ (Xochistlahuaca).
También en el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota y la oposición al mismo se agitaron las aguas otra vez: la Comisión Federal de Electricidad (CFE; empresa paraestatal encargada del suministro de energía eléctrica) revivió la pugna tras solicitar al Congreso federal recursos por más de 4.200 millones de pesos en el presupuesto de 2011, que podrían permitir la construcción de la presa. A principios de este año, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) decidió volver a instalar el plantón en La Parotilla para impedir el acceso de la CFE a los terrenos donde se pretende realizar el proyecto hidroeléctrico.
Oaxaca, violencia postelectoral y expectativas
Uno de los desafíos inmediatos del nuevo gobierno de Gabino Cué Monteagudo es frenar la violencia con rasgos sociales o políticos que se ha dado últimamente en Oaxaca. El 25 de enero, fueron ejecutados el líder estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Renato Cruz Morales y su escolta Santos Lagunas. Cruz Morales había sido detenido el 16 de agosto del 2006 por su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Como parte de la violencia postelectoral, el 13 de enero fue asesinado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Luis Jiménez Mata.
© sdpnoticias
Al parecer, pese al cambio de gobierno en Oaxaca no se ha modificado la situación de hostigamiento que desde el conflicto social del 2006/2007 han sufrido defensores de derechos humanos y activistas vinculados a la APPO. El 11 de enero, Alba Cruz, abogada y defensora de derechos humanos recibió nuevas amenazas, vinculadas a su trabajo de defensa legal de víctimas en casos relacionados con las manifestaciones generalizadas y los abusos policiales ocurridos en el estado en 2006. El 31 de enero, el hijo de Marcelino Coache, Edgar Coache Verano, fue amenazado de muerte. Esta reciente amenaza es la última de una serie de actos de intimidación y acoso contra el activista político oaxaqueño Marcelino Coache y su familia que ya habían sufrido amenazas de muerte en ocasiones anteriores, sin que se hubiera esclarecido el origen y llevado a los responsables ante la justicia.
La situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos también ha tenido un fuerte impacto mediático recientemente. A principios de enero, se realizó la caravana «Paso a paso hacia la paz», de migrantes y activistas de su causa, que pretendió llamar la atención sobre los peligros y riesgos que los migrantes enfrentan, sobre todo por parte del crimen organizado, o bien por los tratos denigrantes de parte del Instituto Nacional de Migración. El párroco de Ixtepec (Oaxaca), Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue «Hermanos en el Camino», demandó a las autoridades mexicanas brindarles mejor protección. Por su apoyo a los migrantes, el padre Solalinde ha recibido amenazas de muerte del crimen organizado.
Chiapas: preocupaciones constantes
© Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
El riesgo que corren defensores de derechos humanos en Chiapas, hacia finales del año 2010 alcanzó un nuevo clímax. El 24 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció nuevos actos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas, que ponen en riesgo la vida y la integridad de Margarita Martínez Martínez así como la de los integrantes del equipo del CDHFBC. Esta situación obligó al Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) a tomar la decisión excepcional de realizar acompañamiento institucional a los defensores del CDHFBC. A pesar de la preocupación expresada por organizaciones civiles nacionales e internacionales, las intimidaciones siguieron en el entorno del organismo de derechos humanos. El 17 de diciembre de 2010, éste denunció públicamente que dos colaboradores externos, «fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas».
La tensión latente desde hace unos años en la región de Agua Azul, escaló de nuevo a principios de 2011. En la tarde del 2 de febrero, un enfrentamiento entre indígenas adherentes de La Otra Campaña y un grupo de indígenas priistas que se disputan el control de la caseta de cobro del centro turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Chilón, dejó un saldo de un muerto del lado oficialista y al menos dos heridos. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a 117 adherentes a La Otra Campaña del municipio de Chilón, de los cuales 107 fueron liberados dos días después. En un boletín especial, el CDHFBC denunció que se habían violado sus derechos a un debido proceso. A los diez detenidos se les dictó auto formal de prisión. El gobierno estatal inició una mesa de diálogo el día 6 de febrero, sin que hubieran participado los adherentes de La Otra Campaña. Cabe señalar que el enfrentamiento ocurrió después de una visita del presidente Calderón al estado, en el marco del «Año del Turismo», proclamado por el gobierno federal para este 2011. Las atracciones eco-arqueo-turísticas de Chiapas desde hace unos años han sido objeto de disputa entre opositores, partisanos y actores de los proyectos de desarrollo del gobierno estatal, con el capital privado nacional y extranjero.
© Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
En el marco de las políticas públicas que el gobierno chiapaneco está implementando, las llamadas Ciudades Rurales Sustentables (CRS) son otra fuente de conflicto. Promovidas fuertemente por la administración de Juan Sabines Guerrero, son rechazadas por las comunidades en cuyas regiones se pretende construirlas. Desde hace varios meses, la Sociedad Civil Las Abejas se ha pronunciado en contra de las CRS. Con una perspectiva más general, el 19 de noviembre de 2010, católicos de 11 municipios de los Altos de Chiapas realizaron una peregrinación en San Cristóbal de las Casas para manifestar su oposición a las Ciudades Rurales, a la explotación minera y a la construcción de presas, proyectos que consideran como «proyectos de muerte». Durante la misa con la que concluyó la peregrinación, el obispo auxiliar Enrique Díaz Díaz, expresó el apoyo de la Diócesis a los peregrinos y pidió a las autoridades que se tome en cuenta la palabra de los indígenas y de las comunidades, antes de construir obras o poner en marcha proyectos que les afectan.
Las Abejas, organización de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, recordó el décimo tercer aniversario de la matanza, con la realización del encuentro «Tejiendo resistencia y autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia», en diciembre pasado en Acteal. Participaron organizaciones y personas de Chiapas, Oaxaca y Atenco, quienes en el pronunciamiento final afirmaron «tejer alianzas como queremos y globalizar nuestras luchas desde abajo, mantenernos con nuestro propio trabajo sin depender de ayudas ni programas de gobierno».