El 24 de febrero, 23 comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el subcomandante Marcos, partieron en marcha pacífica a la ciudad de México, con el objetivo de lograr el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas pactados en los Acuerdos de San Andrés y recogidos en la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

En su travesía por 12 estados de la República, los representantes zapatistas se entrevistaron con la mayoría de las 56 etnias que hay en el país, y participaron en el tercer Congreso Nacional Indígena (CNI). Numerosos representantes de los pueblos indígenas del país articulados en el CNI así como la sociedad civil acompañaron su recorrido. Tanto a nivel nacional como internacional, la caravana zapatista fue objeto de miles de simpatías, pero también de rechazo de algunos sectores sociales, empresariales y políticos.

Posturas diversas antes de la marcha

Unos días previos a la salida de la caravana, el Presidente Fox llamó al pueblo mexicano a respaldarla: en respuesta, las dos grandes corporaciones televisivas iniciaron la campaña «Unidos por la Paz». En enero, en el Foro Económico Mundial (Davos, Suiza), Fox dijo no atemorizarse ante la marcha zapatista, y prometió a los inversionistas europeos alcanzar la paz y la prosperidad para Chiapas. Según el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, «el corolario lógico para la pacificación en esta entidad es el plan Puebla Panamá», un proyecto trasnacional de desarrollo económico y comercial, que abarcará el sur y sureste de México y América Central.

El 19 de febrero, el canciller Jorge Castañeda afirmó en el Parlamento Europeo que hay esperanzas reales de que el objetivo y fin de la marcha zapatista sea la reanudación del diálogo, la firma de un acuerdo de paz y la aprobación de la ley de derechos y cultura indígenas. La Unión Europea dio la bienvenida a la iniciativa de Fox de reapertura del diálogo

Los dirigentes del PRI y del PAN se mostraban renuentes a recibir a los representantes del EZLN en la tribuna del Congreso de la Unión. Incluso el coordinador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, llegó a expresar su rechazo a la pretensión del Presidente Fox de ir al Senado a defender la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA, que presentó en el Congreso, por considerar que el diálogo debía darse únicamente con las comisiones dictaminadoras.

La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) llamó al Congreso a escuchar con atención al EZLN y pidió a los zapatistas que, una vez que hayan sido escuchados por los legisladores «acepten la ley resultante sin imponer criterios».

Continuación del viaje y otras manifestaciones

Paralelo a la marcha zapatista, en Cancún se desarrollaba el Foro Económico Mundial, donde el Presidente Fox hizo un reconocimiento a los zapatistas: «Gracias a la movilización que inició hace siete años (el EZLN) en Chiapas, fue posible crear una conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas». Demandó, «No más pretextos ni condiciones que sólo retrasan la solución del conflicto«. Luego, mientras decenas de manifestantes contra dicho Foro se disponían a retirarse, fueron duramente golpeados por la Policía Federal Preventiva (PFP), el día 27 de febrero. Agentes estatales y de la PFP se acusaron mutuamente de este hecho.

El 2 de marzo la caravana llegó a Nurío, Michoacán, a participar en el tercer Congreso Nacional Indígena que reunió a representantes de 42 pueblos indígenas. Aproximadamente 5 mil delegados acordaron realizar un levantamiento nacional pacífico para demandar la aprobación de la iniciativa de ley de la COCOPA; otorgar al EZLN toda su representatividad y acompañar con una delegación a la marcha al Distrito Federal; rechazar el Plan Puebla Panamá (porque, entre otros, ocultaría intereses de corporaciones transnacionales que buscan aprovechar los recursos de la biodiversidad y las ventajas geográficas de la zona); y exigir una moratoria de todos los proyectos internacionales que buscan desarrollar nuevas drogas a base de los conocimientos indígenas, hasta que los pueblos indios hayan discutido sobre el control de sus recursos.

El 11 de marzo, la marcha llegó al Distrito Federal, donde aproximadamente 200 mil personas aguardaban su arribo. Aquí Marcos advirtió que no aceptaría la invitación del Presidente Fox a dialogar en Los Pinos porque aún no se habían cumplido las tres señales que pidió el EZLN para iniciar las conversaciones con el gobierno.

El ajedrez político

Dentro del Congreso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaba incondicionalmente el diálogo y la aprobación de la iniciativa de ley de la COCOPA. Similar posición mantuvieron el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El PRI manifestó que compartía las demandas del EZLN pese a algunas diferencias. Al interior del PAN las diferencias eran irreconciliables.

Después de una polémica larga sobre el uso de la tribuna, y cuando especialmente los legisladores del PAN y algunos del PRI endurecieron su posición ante la solicitud del EZLN, el Presidente Fox hizo un llamado al Congreso para que encontrara espacios y formas para recibir y escuchar al EZLN. En este contexto anunció el pronto retiro del Ejército de los tres campamentos militares que faltaban todavía (de los siete que fueron exigidos por el EZLN en diciembre de 2000), y la liberación de los zapatistas todavía presos.

El 22 de marzo se aprobó finalmente otorgar el uso de la tribuna de la Cámara de Diputados al EZLN para una reunión de trabajo de éste con los senadores integrantes de la Subcomisión de Análisis de las Iniciativas Indígenas, los miembros de la COCOPA y los diputados.

A partir del 21 de marzo el Ejército empezó a replegarse de las tres posiciones militares restantes: Río Euseba, Guadalupe Tepeyac y La Garrucha. Según el Ejecutivo, en las tres posiciones desocupadas se instalarán centros de desarrollo comunitario a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. El día 20 de abril, en presencia de Fernando Yañez (enlace del EZLN con el Ejecutivo) y Luis H. Alvarez (comisionado gubernamental para Chiapas), las instalaciones de Guadelupe Tepeyac y Río Euseba fueron oficialmente abandonadas.

Sobre los presos zapatistas, 84 fueron liberados por el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. El 18 de abril se dio a conocer que Luis H. Alvarez, el Secretario de Gobernación Santiago Creel y los miembros de la COCOPA coincidieron en que falta por liberar once presos vinculados con el EZLN: cinco en Chiapas, cuatro en Tabasco y dos en Querétaro.

El EZLN habla en el Congreso

El 28 de marzo, los diputados, los miembros de la COCOPA y de las comisiones dictaminadoras escucharon y hablaron con los comandantes zapatistas y representantes del CNI, en cuya reunión no estuvo presente el subcomandante Marcos. Mientras que los diputados panistas acataron la orden de la dirigencia nacional de no asistir, dos senadores decidieron sí asistir a oir al EZLN.

Hablando en nombre del EZLN, la comandanta Esther defendió la iniciativa de la COCOPA, reconoció que el Ejecutivo ha dado muestras de paz con la desocupación militar y afirmó que el EZLN no avanzará sobre las siete posiciones desocupadas por el Ejército. También pidió al Congreso que facilitara un espacio para un primer encuentro entre el enlace zapatista y el comisionado para la paz, para que, junto con la COCOPA, ambos certifiquen el retiro del Ejército de las siete posiciones, y con ello el cumplimiento de una de las tres señales exigidas por el EZLN.

Varios de los parlamentarios prometieron dictaminar sobre la iniciativa de la COCOPA dentro del período ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril. No obstante, el PAN y el PRI plantearon que es necesario hacer cambios a la iniciativa.

De regreso a sus comunidades, los comandantes expresaron su alegría por los resultados obtenidos. «Hoy está más cerca el diálogo y más lejos el enfrentamiento», dijo Marcos, pese a que «el EZLN mantiene la declaratoria de guerra, como salvaguarda de su sobrevivencia».

Sube la tensión política en Chiapas

El 6 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) halló en el municipio de Tila tres osamentas de indígenas que habían sido torturados y asesinados. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció que el presunto grupo paramilitar Paz y Justicia (PyJ), al que se acusa de los tres asesinatos señalados, pretendía iniciar un operativo de venganza contra los testigos en este caso.

En este mismo contexto, el titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la PGR, Armando del Río, afirmó que en Chiapas hay un alto grado de violencia. Indicó que numerosos integrantes de la organización priísta PyJ han sido señalados como presuntos responsables de diversos hechos delictivos. Al inico de marzo, el titular observó que 1065 personas, relacionadas con algun grupo armado oficialmente localizado en Chiapas, han sido llamadas a declarar ante la Unidad, de las cuales 776 vinieron a declarar: algunas en calidad de inculpados, otras de testigos.

Por otro lado, antes de la salida de la caravana zapatista, los ganaderos de Chiapas anunciaron su intención de obstaculizar el paso de la marcha si no se les indemnizaba por las tierras de que habían sido despojados a partir del conflicto (1994). Asimismo, solicitaron ser incluidos en los diálogos de paz, a cuya petición se unieron los dirigentes de PyJ.

Conflictividad social

Al inicio de abril, después de varias semanas de trabajo, la organización civil Las Abejas anunció su retiro de la mesa de negociaciones con el gobierno del estado y las autoridades municipales de Chenalhó, por considerar que no hay condiciones por hacer avanzar la negociación. Las reuniones se dieron con el objetivo de encontrar una solución al problema de los desplazados internos de la organizacion citada y a otros conflictos en el municipio. Exigieron que el gobierno federal resuelva el problema de los paramilitares en la zona y que garantice una solución jurídica justa con respecto a la masacre.

En los primeros meses de su gestión, el gobernador Pablo Salazar está siendo objeto de numerosas demandas y reclamos de diferentes grupos y sectores de la sociedad: liberación de líderes sindicales y campesinos presos en el estado, garantías para el retorno de los miles de desplazados que hay en Chiapas, reubicación de algunos de ellos víctimas de persecución religiosa, entrega de tierras prometidas por el gobierno anterior, etc.

En marzo, campesinos indígenas de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y simpatizantes zapatistas de la comunidad de San Salvador (Ocosingo), se enfrentaron en disputa por un predio, con el saldo de tres heridos. En la tercera semana de abril, aproximadamente 300 personas encapuchadas y armadas, supuestos militantes del PRD, invadieron un predio en el municipio de Chilón, exigiendo una solución al hecho de que el gobierno anterior otorgó el título de esas tierras a dos grupos distintos.

El 18 de abril, ganaderos, pequeños propietarios y ejidatarios desplazados que no pertenecen al EZLN marcharon por San Cristóbal de las Casas para exigirle al Congreso de la Unión que no apruebe la ley indígena de la COCOPA, porque provocaría más división en Chiapas. Jorge Constantino Kanter, líder ganadero, insistió en que el Presidente y el gobernador permitan a los mestizos y a otros sectores ser escuchados, y anunció una marcha hacia la capital del país para exigir exponer sus opiniones en la tribuna del Congreso de la Unión.

Un día después, los once miembros de la Unión de Comunidades Indígenas Agropecuarias y Forestales (UCIAF, grupo escindido de Paz y Justicia) que habían sido encarcelados en octubre pasado, fueron exonerados de delitos graves por falta de pruebas. Después de la exoneración, los acusados pagaron 22 mil pesos cada uno para alcanzar su libertad bajo fianza por los delitos de daños y despojo.

El 19 de abril, ocho miembros de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, una organización campesina priísta, fueron asesinados en una emboscada en un predio del municipio de Venustiano Carranza, a unos 70 kilómetros de la llamada zona de conflicto. El gobernador manifestó su extrañeza por los hechos ocurridos y agregó: «Se vuelve a repetir lo que ocurrió cuando fui miembro de la COCOPA, cada vez que había en el proceso de paz una buena noticia, inevitablemente ocurrían muy malas noticias».

Mientras tanto, el 3 de abril la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) confirmó que las auditorías realizadas a la administración de Albores Guillén, anterior gobernador de Chiapas, arrojan serias irregularidades, sobre todo en el manejo de los fondos especiales destinados por el gobierno federal a las regiones con presencia del EZLN. Informó que el resultado de las auditorías estará listo a finales de abril.