Incursión en La Selva

A tres meses del último avance militar en la Selva Lacandona (ver SIPAZ Informe anterior), en agosto la presencia del Ejército mexicano otra vez aumentó en dicha región. Los acontecimientos más importantes se dieron en Amador Hernández, municipio de Ocosingo. A esta comunidad, situada a 19 kilómetros de donde supuestamente se encuentra la comandancia zapatista, llegaron aproximadamente 500 efectivos del Ejército vía terrestre y en paracaídas. Al mismo tiempo, estudiantes y profesores de la Escuela de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaban en un encuentro nacional en defensa del patrimonio cultural convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad cercana de La Realidad. Al enterarse de la incursión, algunos de ellos se trasladaron allá para observar la situación.

Las autoridades estatales reaccionaron amenazando con librar ordenes de aprehensión contra los estudiantes, por los delitos de incitación a la violencia, obstrucción de caminos, secuestro y ataque al Ejército. Además, realizaron una fuerte campaña de desprestigio y difamación en contra de ellos, usando un amplio sector de los medios masivos de comunicación regionales y nacionales, acusándoles entre otras cosas de «manipular» a los indígenas. El Gobernador del Estado, Albores Guillén, advirtió que no aceptará más la presencia de observadores nacionales o internacionales, y que no permitirá más actos de «desestabilización«. En un comunicado del gobierno estatal agregó que «a los chiapanecos se nos está terminando la paciencia…Ya basta de chantaje y manipulación .. [por parte de los] .. agitadores [que] aprovechan los conflictos políticos y contaminan a la entidad».

Las fuentes gubernamentales y militares argumentaron que la presencia militar en Amador Hernández busca proteger a los topógrafos que harán las mediciones para el tramo de la carretera de San Quintín (donde se encuentra uno de los cuarteles militares más importantes del estado) a Amador Hernández y adelante; sin embargo, esta última comunidad no quiere dicha carretera, ya que facilitaría la entrada del Ejército a la zona.

En esos mismos días llegaron unos 6000 efectivos militares para ejecutar una campaña de reforestación en La Selva, lo cual les permitió establecer nuevos campamentos, retenes y otras construcciones militares en la zona de conflicto.

Aunque los gobernantes, bajo presión nacional e internacional, se vieron obligados a matizar sus discursos y no obstante los intentos de pacificación de la Secretaría de Gobernación, hasta la publicación de este informe los elementos militares siguen en esta comunidad.

El 26 de agosto hubo un enfrentamiento entre el Ejército y bases de apoyo zapatistas en la comunidad San José La Esperanza (municipio de Las Margaritas). Tres indígenas fueron detenidos arbitrariamente. La Secretaría de la Defensa Nacional denunció que siete elementos del Ejército habían sido heridos a machetazos.

En Morelia (municipio de Altamirano) y en Roberto Barrios (municipio de Palenque), – dos Aguascalientes zapatistas -, la tensión ha aumentado hasta alcanzar niveles preocupantes. En Morelia, una comunidad dividida hoy en día, los priístas tomaron presos a 6 simpatizantes zapatistas, destruyeron casas y desalojaron el Campamento civil por la Paz.

En julio, el Congreso local, dominado por el PRI, aprobó la creación de siete nuevos municipios y la propuesta de ley estatal de Derechos y Cultura Indígena. El Gobernador manifestó que Asi en verdad se quiere la paz en Chiapas, ya no hay pretextos, porque con la ley están garantizados la libertad y el respeto a la autonomía étnica, así que la querella entre el EZLN y el gobierno federal queda sin sustento. La oposición política y numerosas organizaciones sociales locales criticaron fuertemente esas iniciativas, argumentando que tanto por su contenido como por su caracter unilateral no ayudan a agilizar el proceso de paz.

Nueva propuesta de paz

El 7 de septiembre, el gobierno federal dio a conocer una nueva propuesta de diálogo para Chiapas. El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que estaría dispuesto a encabezar una comisión negociadora, en cualquier momento y en cualquier lugar. La propuesta fue bien recibida por muchos sectores políticos y sociales, algunos de los cuales incluso sugirieron algunas mejoras. Unos de los puntos en discusión son el reposicionamiento del Ejército, el asunto de los presuntos grupos paramilitares (investigación y castigo), y el hecho de que el gobierno siga promoviendo su propuesta de ley de Derechos y Cultura Indígena, en lugar de implementar la propuesta de la Comisión de Concordancia y Pacificación (COCOPA) de 1996, ya aceptada por el EZLN. Con respecto a la fuerte presencia militar en Chiapas, Carrasco manifestó que se tratara el tema de su reposicionamiento, cuando se reinicien las negociaciones con el EZLN. Además informó que fueron liberados 37 presuntos zapatistas, para mostrar la buena voluntad del gobierno. Sobre los prisioneros, representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) durante su viaje a Chiapas (del 11 al 13 de agosto) y después de una visita al penal de Cerro Hueco, afirmaron que al parecer, varios presos están encarcelados injustamente. El subcomandante Marcos manifestó que no va a responder con rapidez a la Carta Abierta, mientras el gobierno Ale agrega declaraciones, rectificaciones y posdatas.

Dos semanas después, Jorge Madrazo Cuéllar, el Procurador General de la República, declaró que Aen este país no existe una verdadera cultura de la legalidad y que la impunidad obedece a que no hay respeto a la ley. Evitando asegurar que portan armas, reconoció la existencia de grupos armados (15 en total) en Chiapas, diciendo que Aes altamente probable que sea Acomo consecuencia de los conflictos regionales y para la defensa de sus bienes e intereses.

Visitas y comentarios internacionales

Al final de su visita a México (23 de julio), la Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asma Jahangir, expresó su preocupación por la impunidad de los responsables de masacres y ejecuciones. Además manifestó su preocupación por la repetición de tales actos violentos, a pesar del deseo del gobierno y de las medidas tomadas para mejorar la situación: A La injusticia debida a la impunidad selectiva es una cuestión política en México. […]Es un resultado de políticas y un sistema jurídico que falla. Al parecer, la política está cambiando a favor de la justicia, pero el sistema jurídico cambia a un ritmo más lento que la voluntad política de aquellos en el Gobierno que quisieran ver impulsado el estado de derecho. Desde la llegada de la relatora se escucharon fuertes descalificaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Coordinador para el Diálogo (Emilio Rabasa), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusando a la Relatora de involucrarse en asuntos que no le corresponden, ofendiendo la soberanía de México. Las inquietudes en relación a avances parciales pero no definitivos en el sistema jurídico, fueron compartidas por Joel Solomon, Director de Investigaciones de Human Rights Watch, durante su estancia en México.

También el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al examinar en julio el cuarto informe sobre México, volvió a insistir en que los temas de Chiapas, la administración de justicia, la violencia contra la mujer, la creciente militarización y la impunidad siguen causando Ainquietud y Aprofunda preocupación. El Comité declaró que la delegación oficial no había convencido a los examinadores y agregó que la buena disposición en las respuestas y la abundante documentación que México ofreció no habían logrado despejar las dudas ni dar confianza. El Comité reconoció mejoras, como la autonomía dada a la Comisión Nacional de Derechosa Humanos, CNDH, el establecimiento de varios programas para mujeres y niños, el programa sobre presuntos desaparecidos, la liberación de algunos indígenas detenidos, la promulgación de la Ley de Defensoría Pública Federal y de la ley para prevenir y sancionar la tortura, así como algunas reformas electorales.

El gobierno mexicano mantiene un discurso tenaz sobre la soberanía nacional en cuanto a asuntos de derechos humanos, lo cual ha resultado en 144 expulsiones de extranjeros de Chiapas en 1998, expulsiones que se siguen dando hasta la fecha, y en minimizaciones de informes de organismos internacionales de derechos humanos. No obstante, a finales de agosto se dio a conocer que México analiza el proceso para su ingreso al Consejo de Europa como país observador extrarregional. México sería el cuarto país con este status especial (Estados Unidos, Canadá y Japón ya lo tienen).

Por su parte, durante su visita a Chiapas, el embajador de la Unión Europea en México, Manuel López Blanco, manifestó que las violaciones a los derechos humanos en Chiapas y otras partes del país, no impedirán que se realice el acuerdo comercial con México.

En dirección opuesta, una coalición de organizaciones no-gubernamentales mexicanas presentó informes alternativos a los oficiales sobre el cumplimiento de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, presentados por el Gobierno mexicano ante los respectivos Comités de Naciones Unidas. (Para ver el informe alternativo: http://centroprodh.org.mx/centroprodh/, a partir de finales de noviembre. Para ver el informe del gobierno, vea la pagina web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos).  En el segundo informe, las ONGs mencionan las estadísticas de pobreza, argumentando que el libre mercado y la política económica del gobierno han sido un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida en todo México.

La propuesta gubernamental de diálogo

La nueva propuesta gubernamental de diálogo consiste en los siguientes 6 puntos:

• Propone al Senado de la República que retome el tema de los cambios constitucionales sobre derechos y cultura indígena, y que reciba propuestas del EZLN, del propio gobierno y de los demás grupos involucrados en el conflicto.
• Pide al EZLN que proponga fechas para que el gobierno vaya cumpliendo lo acordado en San Andrés sobre desarrollo social de las comunidades indígenas de Chiapas.
• Solicita a las instancias de Procuración de Justicia, la liberación de miembros o simpatizantes del EZLN que no estén implicados en asesinatos o violaciones.
• Se compromete a analizar las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el hostigamiento que padecen las comunidades indígenas de Chiapas.
• Acepta la creación de una nueva instancia de intermediación civil y apartidista.
• Se compromete a enviar una comisión gubernamental negociadora que tenga capacidad de decisión.

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Actualización: Acteal

El 20 de julio, un juez estatal sentenció a 35 años de prisión a 20 presuntos integrantes del grupo que asesinó en diciembre de 1997 a 45 indígenas en Acteal. En la segunda semana de septiembre, también se dictó sentencia de 32 a 35 años a 25 implicados en la masacre, por los delitos de homicidio, lesiones y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Entre los sentenciados (todos indígenas), está el ex presidente municipal de Chenalhó.

Con estas sentencias son 55 las personas condenadas y falta por finalizar el proceso penal de otros 47 implicados en el caso. Además, estarían pendientes 90 ordenes de aprehensión, 11 de ellas correspondientes a ex funcionarios del gobierno estatal y policías del estado. Todavía queda por ver que tan lejos irá la investigación para encontrar a los autores intelectuales de la masacre; podría incluir a altos funcionarios del gobierno. Los que ya han sido sentenciados, están condenados a título individual, no por ser miembro de un grupo armado, lo cual aumentaría su condena.