El 20 de agosto el estado de Chiapas eligió nuevo gobernador. Pablo Salazar Mendiguchía, de la Alianza por Chiapas logró el triunfo con 535.860 votos (51.50%) y Sami David, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó 475.267 votos (45.68%). De 24 distritos donde se realizaron las elecciones, el candidato opositor ganó en 15 y el oficialista en 9.

De acuerdo al Instituto Federal Electoral (IFE) los ciudadanos habilitados para votar fueron 2 millones 90 mil 545 empadronados, de los cuales menos del 50 por ciento votó. El abstencionismo fue 10 por ciento superior al registrado en las elecciones presidenciales de julio.

La Alianza por Chiapas, que como en ninguna otra ocasión concentró a ocho partidos de todas las tendencias, triunfó en las ciudades más importantes: Tuxtla Gutiérrez (capital del estado), Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Estas fueron las elecciones más vigiladas en la historia de México: más de 4 mil observadores nacionales y casi un centenar de internacionales -acreditados por el Consejo Estatal Electoral, CEE- se desplazaron por todo el territorio chiapaneco.

La jornada electoral

A pesar de los incidentes violentos, amenazas, rumores y fuertes ataques verbales entre opositores y oficialistas que caracterizaron el ambiente antes de los comicios, la jornada electoral se desarrolló con inusual tranquilidad en este estado. No hubo los habituales retenes del Ejército ni de Migración, y los soldados se acuartelaron en los campamentos que hay en la zona.

Los zapatistas, que no se pronunciaron en esta elección, tampoco realizaron acciones para impedir u obstaculizar el voto en su zona de influencia, como lo hicieron en 1997. Se notaron altos niveles de abstencionismo en su principal zona de influencia: la Selva, en donde en medio de una calma casi general, votó menos de la mitad del electorado, y el PRI ganó por una escasa ventaja en el distrito de Ocosingo, con una diferencia de 1.305 votos a favor de este partido.

En las zonas Norte y Altos la tensión fue mayor y más evidente. En la primera (bastión tradicional del grupo presuntamente paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia), no obstante el clima de tensión y amenazas, y pese a que el proceso electoral fue controlado sobre todo por los líderes oficialistas, la Alianza por Chiapas obtuvo una gran victoria.

En estas zonas, alrededor de cinco mil desplazados tuvieron que trasladarse a votar en sus lugares de origen o en las cabeceras distritales, ya que no se instalaron casillas especiales en los campamentos donde se encuentran los mismos.

Irregularidades y avances en el proceso electoral

A pesar de las múltiples dificultades administrativas que lo desbordaron, el CEE actuó con más independencia e imparcialidad que no tenían los órganos electorales en México -y menos aún en Chiapas- antes de las reformas que empezaron en 1996.

No obstante el avance señalado de ese organismo estatal, se receptaron denuncias en la compra, coacción o inducción del voto, el uso de programas sociales del gobierno con fines proselitistas, el acarreo de votantes, la violación del secreto del voto, sobre todo en las zonas rurales, que son la mayor parte del territorio.

Al poco tiempo de realizadas las elecciones, el 16 de octubre el Congreso estatal aprobó con la mayoría del voto priísta y el de la oposición en contra, una serie de reformas electorales que fueron calificadas como un retroceso democrático. Estas reformas comprenden: no permitir las alianzas de los partidos que participen en las contiendas electorales por las presidencias municipales y diputaciones, cambiar la figura de consejero ciudadano por consejero electoral, y cambiar la estructura del Tribunal Estatal Electoral. Por estar en desacuerdo con las mismas, el presidente del Consejo Estatal Electoral, Eduardo Pineda, presentó su renuncia, mientras que los partidos políticos de la oposición expresaron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucionales.

Conflictos agrarios

La campaña pre electoral transcurrió en un ambiente de gran tensión por diferentes conflictos vinculados a la tierra.

Faltando apenas dos semanas para el día del sufragio, la violencia iba creciendo de tono. En los predios de Progreso y Paraíso, municipio de Yajalón, aproximadamente 60 familias zapatistas fueron desalojadas violentamente por un grupo civil y armado que vestía de uniforme, y que fue calificado de paramilitar. En Ocosingo, se incrementaron las disputas agrarias entre priístas, zapatistas e independientes

En el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, los pobladores presentaron -en junio pasado, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CDHFBC-, una queja contra el Ejército Mexicano ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue aceptada. La causa se debe al despojo y daño ecológico provocados por el Ejército cuando entró en esta población el 9 de agosto de 1999. Actualmente, según los ejidatarios, de 5 hectáreas que ocupaban en un comienzo han pasado a ocupar 8. Esta causa también se tramita ante el juez federal.

Mediante decreto ejecutivo publicado el 18 de octubre, el presidente Zedillo expropió 3.5 hectáreas del ejido Amador Hernández. Según señala dicho decreto, estas hectáreas serán destinadas a la construcción de instalaciones militares. Ante este hecho, el CDHFBC dijo que la expropiación revela que la entrada del Ejército en ese lugar fue para desarrollar labores de contrainsurgencia. Afirmó que confía en que el poder judicial de la federación no se prestará para confirmar una violación de los derechos sociales.

Resultados electorales finales de 2 de julio de 2000

Una vez elegidos los nuevos senadores y diputados federales, el Congreso de la Unión quedó integrado de la siguiente manera (principales partidos políticos):

Acuerdos de San Andrés

En varias declaraciones el presidente electo, Vicente Fox, dijo que retiraría el Ejército de Chiapas, pero solo previo el restablecimiento del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además manifestó que el problema de Chiapas es regional y no nacional, pero que había que resolverlo. Según Fox, éste es el momento propicio para reanudar las conversaciones y hallar una solución pacífica a la problemática de este estado. En este sentido, aseveró que una de las tareas prioritarias cuando asuma el poder el 1o. de diciembre, será enviar al Congreso la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que se basa en los Acuerdos de San Andrés, para que sea discutida y aprobada. Algunos diputados priístas han dicho que apoyarán la iniciativa. Sin embargo, es probable que se presentarán otras propuestas paralelas, y el destino de la COCOPA queda en duda.

En este mismo marco, el ex comisionado para la paz en Chiapas, Marco Antonio Bernal, manifestó que actualmente no hay condiciones para el diálogo, y para que esto suceda primero hay que trabajar y llevar los Acuerdos de San Andrés al Congreso.

El 11 de agosto, la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas, Erica Irene Daes, presentó en el pleno de la Subcomisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe sobre la visita que hiciera a México en abril pasado, invitada por el presidente Zedillo. En él recomienda al gobierno federal la implementación de los Acuerdos de San Andrés, y a las dos partes (gobierno y EZLN) el regreso al diálogo. Señala además que la militarización en las poblaciones indígenas y el creciente uso del Ejército en funciones policiacas crea situaciones de violencia, una atmósfera de miedo y violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a los derechos de estar libres de arrestos y detenciones arbitrarias.

Se espera la recomposición de la Cocopa, instancia coadyuvante al proceso de paz en Chiapas, y queda por ver la línea que tomará la misma ante el conflicto.

Fox y las ONGs

Marcando una clara diferencia con sus antecesores, el presidente electo, Vicente Fox, desarrolló contactos con varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la sociedad mexicana. Una primera reunión tuvo lugar en agosto en el Distrito Federal (en la que participó Sipaz). Posteriormente, Fox se reunió con ONGs en Canadá y en los Estados Unidos. En septiembre el equipo de transición de Fox anunció que se propone realizar una reforma legislativa para permitir que las ONGs mexicanas participen en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Hechos inusuales

En agosto, casi de manera paralela a las derrotas electorales del oficialismo, en Chimalhuacán, estado de México, se produjo una refriega sangrienta entre dos turbas priístas que provocó un saldo de 10 muertos, 42 heridos y 245 detenidos. Fue calificada de responsable Guadalupe Buendía, «La Loba», quien habría ejercido el poder absoluto en dicho lugar desde 1996.

En un hecho inusual, en una entrevista con los medios de comunicación el 29 de septiembre, el general del Ejército, Enrique Canovas Buenrostro, que tiene bajo su mando aproximadamente a 10 campamentos militares asentados en la zona de influencia zapatista en la región de Los Altos, reconoció que existen grupos paramilitares en el estado de Chiapas. Indicó que éstos operan en la región Norte y Selva, y que en la región de los Altos se vive un ambiente de mucha tranquilidad.

En septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió órdenes de presentación en contra de miembros de presuntos grupos paramilitares que operan en los municipios de Yajalón y Venustiano Carranza. Según informes de esta dependencia existen 12 órdenes de aprehensión contra un grupo y 10 contra otro. Sin embargo, y a pesar de los testimonios y otras pruebas que indican que funcionan como grupos paramilitares, la PGR aseguró que solo se trataba de asaltantes.

El 28 de octubre, en medio de un impresionante operativo policial, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 11 miembros del supuesto grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, y Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF). Entre éstos se hallaban los dirigentes Samuel Sánchez, ex diputado priísta local y Marcos Albino Torres, ex cabo del Ejército. También fue capturado Mario Cruz Pérez, líder del grupo invasor al predio Paraíso, municipio de Yajalón.

Según la PGR, están acusados de delitos de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo. De acuerdo a la misma, las investigaciones que venían realizando se incrementaron a partir del desalojo realizado en Yajalón. Los detenidos culparon a organizaciones nacionales e internacionales de presionar al gobierno para realizar este operativo en su contra. Según la prensa local, altas autoridades estatales (de la administración priísta saliente) ofrecieron apoyo económico y político, incluso el mejor auxilio judicial, a los detenidos.

Informe de Zedillo

El primero de septiembre el Presidente Zedillo dio a conocer su último Informe anual, que fue criticado por la oposición por haber omitido el conflicto de Chiapas.Entre otras observaciones, el presidente electo Fox comentó que no tocó temas que fueron críticos durante los últimos cinco años, como el conflicto de Chiapas y las masacres de Acteal y de Aguas Blancas.

Escándalo político

Un día antes de la presentación del Informe de Zedillo, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, fueron detenidos bajo la acusación de tener nexos con el narcotráfico. El general Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de Justicia Militar, dijo que podrían ser condenados a 50 años de prisión de ser hallados culpables.

Giras de Fox

Entre agosto y octubre, el presidente electo, Vicente Fox, realizó viajes a América Central (Costa Rica, San Salvador y Nicaragua); América del Sur (Chile, Argentina, Brasil y Uruguay); América del Norte (Canadá y Estados Unidos); Europa (España, Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra); y Colombia para entrevistarse con los gobiernos y empresarios, «presentar el nuevo rostro de México», y tratar los acuerdos comerciales con los países que los mantiene.

Elecciones en Tabasco

En medio de cuestionadas elecciones, el 22 de octubre fue declarado oficialmente nuevo gobernador de Tabasco, que colinda con Chiapas, el candidato priísta Manuel Andrade. En esta contienda electoral su opositor más fuerte fue el candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, César Raúl Ojeda. Según el Instituto Electoral de Tabasco, el PRI obtuvo 298.969 votos y el PRD 290.968. Representantes del PRD denunciaron que se había producido un fraude y no avalaron las elecciones. Dijeron que llevarían el caso hasta los organismos del Poder Judicial Federal. Asimismo, expresaron que esperaban una declaración del presidente electo, Vicente Fox, quien no se había manifestado al respecto.