El 30 de diciembre, el Vaticano anunció la remoción del Obispo Coadjutor Raúl Vera de San Cristóbal de las Casas a Saltillo, en el norte de México. El Obispo Samuel Ruíz había entregado su renuncia en noviembre, aunque el Vaticano no la ha aceptado todavía. Tampoco ha nombrado un nuevo sucesor. La transferencia de Raúl Vera generó preocupaciones con respecto a su efecto sobre el proceso de paz y la seguridad de miles de fieles, tanto religiosos como laicos, que se han sentido en cierta medida protegidos por la influencia del Obispo Ruíz.

Más tensiones a nivel regional

Las dos últimas semanas de 1999 en Chiapas se caracterizaron por una notaria falta de sentimientos festivos en las comunidades chiapanecas. Representantes del gobierno estatal hicieron creer en esos días que el EZLN preparaba un ataque, justificando así la llegada de cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva a Chiapas. El Procurador de Justicia del Estado, Eduardo Montoya Liévano, informó que además fue reforzada la seguridad y vigilancia, a través de los patrullajes de las Bases de Operaciones Mixtas, en la zona de influencia del EZLN.

Aunque tanto la Secretaría de Gobernación como el EZLN negaron que existieran razones para un estado de alerta en Chiapas, Liévano expresó que «más vale prevenir que lamentar» y agregó que «diversos sectores empresariales urgieron la prolongación indefinida de la vigilancia preventiva», refiriéndose al ‘Programa Milenio’. Los distintos partidos políticos de la oposición consideraron este Programa como un nuevo instrumento de la militarización en Chiapas.

Violencia en comunidades indígenas

El 2 de diciembre, un enfrentamiento entre priístas y simpatizantes zapatistas en Petalcingo, municipio de Tila (zona Norte) causó 15 heridos. La disputa se originó por un desacuerdo sobre el pago de la luz eléctrica. En la segunda semana de diciembre de 1999, hubo otro enfrentamiento, con saldo de un herido grave y cinco lesionados.

El 5 de enero, militantes priístas retuvieron a 29 simpatizantes del EZLN en la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó. Los priístas pidieron a las autoridades la aprehensión de 3 de los indígenas por delitos cometidos antes de la masacre de Acteal. El 18 de enero se dio a conocer que se dictó auto de formal prisión a dos de los detenidos, acusados de haber asesinado a 2 priístas antes de la masacre de Acteal. Los demás detenidos fueron puestos en libertad.

Alrededor de la misma fecha, como consecuencia de la expulsión de 52 familias en el municipio de Chilón y el encarcelamiento de tres personas, la Procuraduría General de Justicia del estado creó una fiscalía especial para investigar dichos actos y evitar nuevos focos de violencia en la entidad. Los hechos fueron perpetrados presuntamente por un nuevo grupo de paramilitares que opera entre la Selva y el Norte de Chiapas.

El 2 de febrero, se informó que presuntos campesinos perredistas emboscaron a un grupo de priístas cuando se dirigían a recuperar tierra en la comunidad Tierra Colorada, municipio de Suchiapa, supuestamente ocupada por los perredistas. El saldo de esta emboscada fue de dos personas priístas muertas y siete gravemente heridas.

Reacciones comunitarias

Ante la tensa situación en la entidad, hubo acciones de protesta de distinta índole. El 28 de diciembre, unos 2 mil miembros de Las Abejas (el grupo cuyos miembros fueron masacrados en Acteal en 1997) realizaron una peregrinación, ofreciendo velas a los militares en retenes y campamentos militares en Chenalhó. Para amanecer el año nuevo, aproximadamente 5 mil indígenas de los Altos de Chiapas se reunieron el Aguascalientes de Oventic para celebrar el sexto aniversario del levantamiento armado zapatista. La Comandancia del EZLN no estuvo presente por razones de seguridad.

Mientras tanto, y para no olvidar, después de cinco meses, la protesta civil pacífica continúa en la comunidad de Amador Hernández (vea el informe de SIPAZ, año IV nr. 4, noviembre de 1999): el 5 de enero la «fuerza área zapatista atacó el campamento del Ejército federal … con aviones de papel«. Los avioncitos llevaban mensajes para los militares: «Soldados, nosotros sabemos que por pobreza vendieron su vida y sus almas. Soy pobre también, como millones somos pobres, pero están peores ustedes, porque están defendiendo al que nos explota[…]».

Acteal

En la primera semana de diciembre, dos ex funcionarios públicos fueron sentenciados a seis años de prisión por haber protegido a los paramilitares que realizaron la matanza de Acteal en 1997. El ex agente del Ministerio Público, Roberto Arcos Jiménez, fue acusado de no haber actuado en contra de los civiles que se estaban armando en la zona. El ex primer oficial de la Policía de Seguridad Pública, Absalón Gordillo Díaz, fue acusado de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Unos días después, un juez federal revocó por irregularidades judiciales la sentencia de 35 años de prisión dictada en contra de 24 de los indígenas detenidos por su presunta vinculación en el caso de Acteal, entre ellos el ex-presidente municipal de Chenalhó. Los 24 detenidos siguen encarcelados y el proceso judicial sigue adelante.

El 7 de febrero, uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre, el indígena Antonio Vázquez Secum, fue sentenciado a 35 años de prisión, por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado. Vázquez Secum, según investigaciones oficiales, era el líder priísta de la comunidad de Quextic, municipio de Chenalhó, y padre de Agustín Vázquez Secum, el último de los 17 indígenas que habrían sido ‘ejecutados‘ por simpatizantes zapatistas.

El gobernador

También a fines de año, el escenario regional se vio conmovido por la posible restitución del gobernador de Chiapas. Albores Guillén fue cuestionado tanto a nivel federal como por el Congreso estatal por mostrar abiertamente su apoyo -incluso material- en favor del precandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida. Sin embargo, Albores logró movilizar en su apoyo a las principales corporaciones transportistas y grupos económicos del estado para evitar ser removido.

Declaraciones sobre ONG nacionales e internacionales

En las primeras cinco semanas del año 2000, más de 60 extranjeros que visitaron Chiapas fueron citados por el Instituto Nacional de Migración, imputándoles presuntos actos violatorios de las leyes mexicanas pero sin explicarles cuáles eran dichos actos. Los extranjeros que asistieron a los citatorios fueron sometidos por más de cinco horas a interrogatorios que incluían preguntas sobre su filiación religiosa y otras con carácter de inteligencia militar. Al término de los interrogatorios, el INM se negó a entregar una copia de las declaraciones de los imputados, impidiéndoles llevar a cabo una defensa apegada a derecho.

En enero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, durante una visita a Chiapas, expresó la necesidad de que sea revisado el artículo 33 constitucional, que entre otros asuntos faculta al Ejecutivo federal a expulsar a ciudadanos extranjeros sin previo juicio. Con respecto a las ONG mexicanas, Soberanes manifestó que «tenemos gran cantidad de ONG que para nosotros deben ser material valiosísimo» para cumplir con la defensa de los derechos fundamentales. Se mostró crítico con respecto a los organismos internacionales, y expresó que «muchas veces ellos, por carecer de información precisa, hacen cosas, hay recomendaciones o puntos de vista, que no están de acuerdo con la realidad. [Tenemos que] dar la información, los datos necesarios, para que sus recomendaciones, sugerencias o puntos de vista se apeguen a la realidad.»

En diciembre, el Papa Juan Pablo II manifestó que los derechos humanos no tienen fronteras y que por eso son necesarias las intervenciones internacionales en los países donde se cometen crímenes contra la humanidad. Mientras que el Papa elogió a las organizaciones humanitarias no gubernamentales y a los organismos religiosos que promueven la paz, el presidente Zedillo, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (24 de enero), expresó que «nosotros no necesitamos de los representantes autonombrados de la sociedad civil, ahora llamados ONG, para hablar en nombre de la gente pobre de los países en desarrollo».

El Presidente y Chiapas

El presidente Ernesto Zedillo fue aún más lejos en sus comentarios sobre Chiapas. En una entrevista en Europa, a finales de enero, manifestó que los zapatistas no tienen ni «un gramo de buena fe», y que si los zapatistas deciden o no reanudar las negociaciones «es una parte muy menor de la solución» del conflicto en Chiapas. Refirió que en febrero de 1995 amenazó al EZLN «con la represión y eso logró que se sentaran a dialogar«. Lo importante, insistió, no es un diálogo con «los señores del EZ«, sino resolver el problema de desarrollo y pobreza de la entidad. Agregó que lo que cuenta para él es haber trabajado para superar las condiciones de atraso en aquella entidad «y lo otro (refiriéndose al EZLN), en una perspectiva histórica, será un incidente».

El diputado perredista e integrante de la COCOPA, Gilberto López y Rivas, expresó que las declaraciones del presidente Zedillo en Europa revelan claramente que la negativa al diálogo en Chiapas no parte del grupo armado, sino del propio gobierno y significan el «entierro» de cualquier tentativa de restablecer los lazos con los zapatistas.

Más ámbito internacional

Contrastando con los comentarios oficiales, representantes de la ONU que visitaron México, incluyendo Chiapas, realizaron declaraciones que ponen en entredicho tales comentarios. En noviembre, Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por la excesiva militarización en Chiapas. En contrapartida, y poco después de abandonar el país, el gobierno federal desplegó más tropas militares en la entidad, según denunciaron varios legisladores locales de la oposición. En los primeros días de febrero, la presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indios de la ONU, Erika Irene Daes, al concluir su visita a México, pidió al gobierno mexicano que cumpliera con los Acuerdos de San Andrés. El 2 de febrero de 2000, Asma Jahangir, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, presentó su informe de su visita en julio de 1999 en el que concluye, entre otras cosas, que; los gobierno federal y locales, el Ejército, los grupos paramilitares y grupos armados de oposición realizan ejecuciones de personas inocentes en todo el país, principalmente en Chiapas y Guerrero; en los casos de Acteal y El Bosque (Chiapas), no se ha capturado a todos los responsables intelectuales y materiales; los defensores de derechos humanos en el país tienen poca protección y trabajan en un clima de violencia.

Noticias económicas

El 24 de noviembre de 1999, los representantes del gobierno mexicano y de la Unión Europea, integrada por 15 países con más de 360 millones de consumidores, firmaron un acuerdo comercial.

En 1999, México firmó tratados comerciales con varios países. La difusión de información sobre la firma de estos acuerdos, y sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores y campesinos mexicanos, ha sido muy poca. En México, los diferentes grupos de la sociedad civil o parlamentarios de la oposición política tampoco han sido consultados, o sólo en forma aislada y poca significativa. En los medios de comunicación mexicanos se presenta la entrada en vigor de dicho tratado como la solución más indicada para muchos problemas económicos de México. A pesar de que fue presentado como un hecho, la verdad es que tanto el Senado de México como los diferentes parlamentos europeos todavía tienen que ratificar el convenio. Aunque el acuerdo con la UE tiene una cláusula de democracia y de derechos humanos, no hay manera formal o transparente para su evaluación, como no existen mecanismos concretos de monitoreo.

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Don Raúl

Mons. Raúl Vera transferido a Saltillo

Desde su llegada a Chiapas como Obispo Coadjutor en agosto de 1995, hasta el sorpresivo anuncio de su remoción que no le va a permitir suceder a Samuel Ruiz como Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera ha mantenido una postura de obediencia a la Santa Sede.

El pasado 30 de diciembre el Nuncio Apostólico Justo Mullor anunció la nominación de Raúl Vera a la Diócesis de Saltillo, subrayando que la decisión fue tomada por «razones puramente eclesiales». El hecho de que Monseñor Vera deje San Cristóbal «no disminuirá en algún modo el compromiso de la iglesia en favor de la paz civil y de la promoción espiritual y humana de todos los miembros que componen la población de Chiapas», agregó.

En una declaración conjunta dada a conocer el mismo día, los Obispos Ruiz y Vera destacaron los aspectos positivos del pronunciamiento oficial: «miramos con claridad que hay un respaldo a la actividad pastoral; se alaba la colaboración que el Coadjutor desempeñó en la Diócesis; que no hay duda que el próximo Obispo impulsará el proceso de la Diócesis en favor de la cultura indígena y de los pobres. Encarecemos vivamente a nuestros fieles y a todos los agentes de pastoral de nuestra Diócesis, a no apartarse de esta lectura e interpretación afirmadas en el comunicado y que acatando obsequiosamente la voluntad del Santo Padre, no cesemos de continuar nuestro proceso eclesial, ya encaminado, y en nuestro trabajo infatigable desde nuestra fe, por la justicia, el derecho y el respeto a la dignidad humana».

Para algunos sectores de la sociedad civil la remoción de Monseñor Vera interfiere de una manera contundente en el proceso de Paz. Para el mismo Obispo Vera, «la paz en Chiapas es la paz del país, porque la estructura que ha creado la pobreza y los abusos de la justicia y el orden antidemocrático con el que han sido tratados los indígenas en Chiapas, han desarrollado una estructura nacional».

En una carta pastoral antes del anuncio de la remoción de Monseñor Vera, Monseñor Ruiz había señalado la existencia de «fuerzas con intereses no eclesiales» que han trabajado intensamente para asegurar la remoción de Monseñor Vera. También declaró «de no darse continuidad en el proceso diocesano tememos que esto entorpecería el proceso de Paz y golpearía aún más a las comunidades, a los servidores y a los agentes de pastoral, con riesgo de sus propias vidas.»

Las bases eclesiales, aunque en primer instancia reaccionaron con tristeza y frustración, también se declararon dispuestas para acompañar al nuevo obispo, sea cual fuere la persona nombrada por el Papa Juan Pablo II. Confían en la fuerza que ya ha tomado el trabajo a nivel comunitario: la Diócesis de San Cristóbal de las Casas cuenta con el mayor número de diáconos indígenas en el mundo (cerca de 400) y con alrededor de 8000 catequistas. Como una muestra de agradecimiento al trabajo del Obispo Ruiz, alrededor de 15 mil feligreses participaron en la emotiva celebración del 40 aniversario episcopal del Tatic Samuel el 25 de enero pasado.

Sin embargo, la noticia en la primera quincena de febrero sobre el traslado del Nuncio Mullor al Vaticano fue otro motivo de preocupación. El ha sido visto como una voz moderada y sensible y no muy protagónica en la remoción de Mons. Vera. Por lo tanto, su salida de México puede ser interpretada como parte de un plan para asegurarse de que en México la Iglesia Católica de corte progresista no va a ser un obstáculo en los planes ‘modernizadores‘ del gobierno mexicano.

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Mary Robinson

Inquieta a la ONU la situación de los Derechos Humanos en México y Chiapas

Durante su visita a México, realizada en noviembre de 1999, Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, observó que «todavía queda camino que recorrer para que la impunidad, los problemas de impartición de justicia, la exclusión de los grupos indígenas, la actividad de los grupos paramilitares, y los ataques contra los derechos humanos queden atrás». Además mencionó que la creciente militarización de las funciones de la seguridad pública en el país, así como la imposibilidad de juzgar a militares en tribunales civiles cuando han cometido violaciones a los derechos humanos de civiles, contribuyen a agravar el clima de impunidad.

En preparación de la visita, más de cien ONGs mexicanas se reunieron por primera vez en un foro de concertación para elaborar una serie de propuestas jurídicas, administrativas y políticas para entregar a la Alta Comisionada. Además de ese consenso, se logró tener reuniones con funcionarios del gobierno, entre ellos los secretarios de Gobierno, Defensa y Marina, así como con el Procurador General de la República y el de Justicia Militar.

Antes de dejar México, la Alta Comisionada y la Canciller Rosario Green firmaron una Carta de Intención sobre Cooperación Técnica para la Promoción de los Derechos Humanos. Pocos días después de la salida de Robinson, el ejército Mexicano reanudó los patrullajes aéreos y terrestres en comunidades indígenas chiapanecas.

Por otra parte, el nuevo ombudsman, José Luis Soberanes sostuvo que, aunque comparte la opinión de Robinson sobre la persistencia de la impunidad en México, la situación «no es tan grave». A pesar de las declaraciones de funcionarios del gobierno para minimizar el hecho, la multiplicación de las visitas de representantes de la ONU y el alto perfil de la última tienen un significado de profundo alcance en el ámbito internacional. (Volver)