Con la falta de avances en el proceso de paz, la violencia en Chiapas se ha agravado en los últimos meses. Tocó fondo con la crueldad el 22 de diciembre cuando un grupo paramilitar de afiliación priísta masacró a 45 indígenas tzotziles desplazados.

Una seria escalada ya había ocurrido el 4 de noviembre cuando una caravana en donde viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera en la zona Norte de Chiapas fue emboscada.

Tres agentes pastorales quedaron heridos por el ataque que aparentemente fue realizado por un grupo paramilitar de esta zona. Dos días después la hermana del obispo Ruiz fue golpeada gravemente. Estos ataques se han acentuado en la medida que Ruiz ha sido blanco de una campaña constante de difamación, lo que ha incrementado su propia vulnerabilidad así como la del proceso de paz que él representa.

Otros conflictos sin resolución han explotado violentamente en la zona Norte. Grupos paramilitares, sea apoyados por Seguridad Pública o sea tolerados por ella, operan impunemente.

Aún más preocupante es que la violencia se ha extendido a otras regiones como Chenalhó en Los Altos de Chiapas. Docenas de personas fueron asesinadas y no menos de 5 mil fueron forzadas a huir de sus viviendas por la violencia. Una misión de observación en donde participó SIPAZ al fin de noviembre se encontró con centenares de desplazados y reportó: «…sólo cuentan con algunos plásticos rotos para guarecerse de la constante lluvia y sólo tienen la ropa que traen puesta, insuficiente y mojada. No tienen alimentos ni agua potable.»

La masacre en Acteal marcó un nuevo fondo en la grave situación de Chiapas. Los paramilitares aparecieron vestidos de negro, muchos cargando armas de alto poder de uso exclusivo del ejército. Ahuyentaron, dispararon y mutilaron a las víctimas desarmadas, incluyendo 36 mujeres y niños, durante cinco horas. Durante casi todo este tiempo la Seguridad Pública en una escuela cercana se mantuvo pasiva, ignorando las súplicas de testigos que habían logrado escapar a la carnicería.

El 23 de diciembre, el Presidente Zedillo condenó fuertemente el ataque y anunció que el gobierno federal se haría cargo de la investigación. Luego se arrestaron a unos 46 presuntos agresores, incluído el presidente municipal de Chenalhó de afiliación priísta.

Días después de la masacre, 5 mil soldados más llegaron a Chiapas, de los cuales 2 mil fueron a Chenalhó. Además, 3 mil 500 desplazados arribaron a Polhó, la base zapatista cerca de Acteal.

No obstante la presencia masiva del ejército y policía, grupos paramilitares y priístas siguieron amenazando e intimidando. Durante un incidente, testigos de la masacre fueron impedidos de viajar para dar testimonio. En otra ocasión una caravana con ayuda humanitaria para los refugiados fue detenida y unas personas fueron secuestradas durante unas horas.

Mientras tanto el ejército entró en diferentes bastiones zapatistas, incluyendo La Realidad, buscando armas e interrogando a la población. Algunos vieron esto como una violación de la ley de 1995 para el diálogo de paz. Varias comunidades indígenas protestaron contra el incremento de la presencia militar.

Algunos analistas sostienen que esos conflictos comunitarios en efecto son parte de una estrategia oficial para debilitar las comunidades que han mostrado apoyo al EZLN. Dado el previsible resultado negativo de la masacre, tanto dentro como fuera de México, parece inverosímil que haya sido ordenado por funcionarios federales. Empero, la escalada de violencia en la zona Norte y Los Altos, la atrevida emboscada a la caravana de los obispos, la creciente tensión y violencia en Chenalhó, combinado con la falta de respuesta oficial, hizo que la masacre misma fuera previsible. En lugar de frenar los grupos paramilitares el gobierno estatal concedió 4,6 millones de pesos (US$ 580.000) al grupo paramilitar más importante «Paz y Justicia».

Todo esto da la impresión que la presencia paramilitar es parte de una estrategia política de aplicar una guerra de baja intensidad, para mantener bloqueado el diálogo de paz y disipar la atención nacional y internacional. Como dijo un alto funcionario mexicano al periódico Los Angeles Times en agosto del año pasado: «Chiapas ha desaparecido como asunto público. Ha sido un tema local y limitado. No es un problema de política nacional sino de seguridad».

Desde la masacre, el gobierno mexicano continua emitiendo señales contradictorias. Por un lado el gobierno empieza una investigación al nivel federal y pide una reanudación del diálogo de paz, ofreciendo nuevas propuestas. Por otro lado, se niega a implementar los ya firmados Acuerdos de San Andrés, falla en controlar la intimidación y violencia permanente de los grupos paramilitares y se dirige a las comunidades zapatistas con acciones agresivas al margen de la ley.

Las implicaciones de la designación de Francisco Labastida Ochoa como nuevo Secretario de Gobernación son confusas. Su predecesor, Emilio Chuayffet, fue visto en general como un gran obstáculo para el progreso del diálogo. Labastida Ochoa prometió un renovado esfuerzo conjunto para lograr la paz. Empero, unos lo califican como una persona de línea dura.

Además, la incursión en las comunidades zapatistas el día de su instalación no fue vista como un buen comienzo.

De cualquier modo, el diálogo permanece suspendido, ambos lados condenando al otro. El EZLN sigue insistiendo que ciertas condiciones deben ser cumplidas antes de renovar el diálogo, incluyendo el cumplimento de los Acuerdos de 1996 sobre Derechos y Cultura Indígena. El gobierno dice que no puede aceptar la propuesta de la COCOPA, pero que sí quiere dialogar…

En octubre y noviembre hubo grandes demostraciones en Chiapas y todo México pidiendo al gobierno el cumplimiento del los Acuerdos de San Andrés. Además, por falta de progreso en el diálogo, el EZLN esta avanzando en un asunto clave de los acuerdos, mediante el establecimiento de municipios autónomos. Según el EZLN con estos esfuerzos está costruyendo su visión de futuro, mostrando su compromiso con la vía pacífica. El gobierno ve esas iniciativas como un factor de desestabilización. Los municipios autónomos han sido blanco de ataques en muchas ocasiones, incluyendo la masacre en Acteal.

El Congreso federal podría estar dispuesto a asumir un papel más activo en las siguientes semanas y meses. Mientras hasta ahora el conflicto de Chiapas no había significado mayor preocupación, hoy esto podría cambiar especialmente después de la masacre de tantos inocentes. Recientemente líderes en el Congreso pidieron la desaparición de poderes en Chiapas y una sesión extraodinaria para considerar formalmente la propuesta de la COCOPA para implementar los Acuerdos de San Andrés. Ninguna de las propuestas fue aceptada.

En el campo internacional, México sigue siendo el blanco de críticas persistentes por su violación a los derechos humanos. El secretario general de Amnistía Internacional lamentó la falta de «voluntad política para proteger los derechos humanos». Human Rights Watch anotó graves violaciones de derechos humanos y denunció que «la policía y el sistema judicial» son los responsables de muchos abusos. La masiva respuesta internacional, oficial y no-gubernamental, por la masacre de Acteal, puso otra vez a Chiapas en el centro de atención internacional y mostró la amplia y permanente preocupación internacional.

Acciones recomendadas

• Urgir al gobierno estatal de Chiapas a: desarmar a los grupos paramilitares, especialmente en la zona Norte y en Chenalhó;
• dar ayuda humanitaria a todos los desplazados en Chenalhó
• Exhortar a la COCOPA a llevar adelante el Proyecto de Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena para lograr la implementación efectiva de los Acuerdos de San Andrés.
• Urgir a la administración de Zedillo a: garantizar el cumplimiento pleno de la «Ley del Diálogo para la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas», y así evitar riesgos de enfrentamientos armados entre el EZLN y el Ejército Mexicano
• respetar los Acuerdos de San Andrés y pactos internacionales que ha firmado y en que se contemplan ampliamente los derechos de los pueblos indígenas
• reconocer y respetar la labor que realizan los trabajadores de derechos humanos así como la de observadores internacionales
• ordenar la reducción de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
• Difundir información, como este informe, sobre la situación que prevalece en Chiapas.

E-mail: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (52-5)- 546-5350/546 7380

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (52-5)- 535-27-26

Lic. Roberto Albores Guillén
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (52 961) 20917

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Actualidad

La Violencia se Extiende como Epidemia en Chiapas

Las esperanzas generadas en México por las elecciones de julio habían opacado en gran parte el carácter delicado del proceso de paz en Chiapas. Llamando otra vez la atención sobre la problemática chiapaneca, la lógica de la violencia ha prevalecido esos últimos meses, culminando con la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre, cuando paramilitares mataron a 45 personas, mayoritariamente mujeres y niños.

Según la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación), en los tres últimos años, se contabilizaron a 11.443 desplazados y tan sólo en 1997, unas 500 muertes violentas.

En la escalada de la violencia de las semanas anteriores, un primer hecho alarmante había sido el ataque realizado en contra de los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera. El 4 de noviembre, la caravana en la que viajaban fue emboscada cerca de Tila, en la zona Norte de Chiapas. Tres agentes de pastoral resultaron heridos.

Dos días después, en San Cristóbal, la hermana de Samuel Ruiz recibió en la cabeza golpes de martillo en la misma Curia. Según el obispo y la CONAI, esta agresión está directamente relacionada con el atentado y la campaña de persecución y difamación a la diócesis.

De manera más general, últimamente, la violencia ha recrudecido en varias zonas del estado. La ingobernabilidad que impera en Chiapas fue denunciada por los partidos de oposición el 27 de noviembre en el Congreso local, cuando el gobernador Ruiz Ferro presentó su Tercer Informe.

La problemática de Chenalhó (y el papel jugado en ésta por grupos paramilitares) en muchos aspectos parece una extensión de la que ha caracterizado la zona Norte del estado desde 1995. Allá, los ataques contra la diócesis de San Cristóbal se han multiplicado en octubre y noviembre: toma del templo de El Limar; paso prohibido al municipio de Sabanilla para los sacerdotes y catequistas católicos; irrupción del grupo «Paz y Justicia» en una reunión ecuménica en Salto de Agua… No obstante, el grupo paramilitar se entrevistó con el nuncio apostólico Justo Mullor durante su visita a Chiapas en diciembre.

También, cabe rescatar algunos hechos alentadores: el 17 de noviembre, representantes de unas 150 comunidades de la zona Norte se reunieron para analizar la situación de los desplazados. El 4 de diciembre, 450 indígenas de Jesús Carranza (Sabanilla), que estaban desplazados desde junio del ’96, regresaron a sus comunidades.

En diciembre, las ARIC independiente y Unión de Uniones, dos organizaciones con fuerte presencia en la zona de conflicto que se habían dividido después del ’94 firmaron un pacto para buscar la reconciliación.

El proceso de paz según sus protagonistas

Después de las elecciones de julio pasado, el presidente Zedillo, tanto en México como en el extranjero, se ha dedicado a calificar el contexto político actual de «normalidad democrática», sin hacer mucho caso de la situación que prevalece en Chiapas y otras partes del país.

El 1ero. de octubre, durante su séptima visita al estado, dijo que ya no existen las razones que pudieron justificar los hechos «tristes y dramáticos» del levantamiento armado de 1994. Anunció un «Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo Social de los Altos«, subrayando la importancia de la inversión pública en Chiapas en los últimos tres años.

Unos días después, declaró al diario francés «Le Monde» que no creía posible una solución a corto plazo en el conflicto de Chiapas, y que consideraba al subcomandante Marcos «un idealista que no ha elegido un buen método». Agregó: «Hemos invitado al EZLN a reanudar el diálogo y seguimos esperando su respuesta»; también aclaró que el gobierno podría haber respondido con la fuerza, «pero no lo ha hecho y no lo hará».

El 3 de octubre, el jefe de la delegación gubernamental para el diálogo Pedro Joaquín Coldwell declaró que la constitución de municipios autónomos «contribuye a aumentar la inconformidad y la discordia«. Después del atentado contra los obispos, reconoció que en la zona Norte se puede «temer una situación de descontrol generalizada». Sostuvo que el gobierno debe cumplir «sin regateo alguno» lo que firmó para restablecer el diálogo, «debe dar señales de que quiere negociar y el Ejército Zapatista también». Y comentó: «En realidad, ninguno de sus planteamientos de Marcos atenta contra la integridad del Estado, todos son negociables e institucionalizables». Sobre la autonomía, agregó que no pensaba que podía conducir a la «balcanización» sino que era más bien «una oportunidad que no debemos dejar pasar.» Sin embargo, en noviembre, durante una reunión con pastores presbiterianos, afirmó que la propuesta de la COCOPA «contiene errores e insuficiencias que pueden ser peligrosas». Dijo también: «Si el EZLN retirara su declaración de guerra se daría un paso importante para el diálogo».

Después de la matanza de Acteal, el gobierno federal condenó los hechos, dijo que investigará a fondo el caso, respaldó el gobierno de Ruiz Ferro, envió a nuevos militares y policías, y llamó a reactivar el proceso de paz.

El 26 de diciembre, Coldwell se entrevistó con Samuel Ruiz, presidente de la CONAI a quien entregó una propuesta para dar solución al conflicto de Chiapas: preve una reanudación inmediata del diálogo de San Andrés, la investigación del caso de Chenalhó, la presencia del Ejército con una finalidad preventiva, así como líneas políticas y sociales contra la pobreza.

El 3 de enero, tras la renuncia de Emilio Chuayffet, el presidente Zedillo nombró a un nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastido Ochoa. Le asignó diez prioridades dentro de las cuales se encuentra la problemática chiapaneca. Al cierre de este informe, nos llegó la noticia de la renuncia del gobernador de Chiapas, Ruiz Ferro, y unos funcionarios del estado.

En cuanto al Ejército, en octubre, 500 militares instalaron un nuevo campamento cerca de La Realidad con el fin de terminar el puente con la importante base militar de San Quintín. 500 civiles zapatistas del municipio rebelde San Pedro de Michoacán organizaron una manifestación de protesta.

El 28 del mismo mes, Mario Renán Castillo, encargado de las operaciones castrenses, informó que el Ejército mexicano había reducido en un 50% sus efectivos en Chiapas (información no confirmada por otras fuentes). Unos días después, el general Wabi Rosel descartó la posibilidad de una nueva ofensiva contra el EZLN.

En noviembre, el secretario de la Defensa Nacional desmintió que el Ejército adiestrara o fomentara grupos paramilitares en Chiapas y sostuvo que las fuerzas armadas cumplen con su función constitucional. No obstante, miembros del grupo paramilitar «Paz y Justicia» estuvieron presentes en la despedida del General Renán Castillo (al realizarse cambios en los altos mandos militares).

Después de la masacre de Acteal, llegaron 5.000 nuevos soldados a Chiapas (2.000 de ellos a Chenalhó), lo que provocó protestas por parte de la sociedad civil. El Ejército se encuentra en estado de alerta, realizando operaciones de decomiso incluso en la zona de conflicto. Por esa razón, el 3 de enero de 1998, el ejercitó ocupó por unas horas el bastión zapatista de la Realidad en la Selva Lacandona, causando angustia y tensión en la zona.

Después de la marcha a la ciudad de México en septiembre, el EZLN optó por impulsar el proceso de las autonomías. Así , la constitución del municipio rebelde Ernesto «Che» Guevara tenía como finalidad demostrar que la autonomía «es una realidad que estamos construyendo» y que «nuestro camino es civil y pacífico». Mientras el gobierno estatal denunció el carácter inconstitucional de dicha iniciativa, la CONAI comentó que podría generar nuevos conflictos.

En un comunicado a fines de octubre, el subcomandante Marcos dijo que la alta jerarquía católica quiere asumir un «papel más activo en el conflicto». Eso significaría reducir el papel de Samuel Ruiz y de la diócesis de San Cristóbal en el proceso de paz. El objetivo a largo plazo sería usar «su influencia sobre los indígenas mayoritariamente católicos del EZLN para ‘conducirlos’ a una pronta firma de la paz, la entrega incondicional de las armas, el deslinde y ataque en contra de la dirección política y militar del EZLN». Además, Marcos resaltó el reagrupamiento de organizaciones bajo la bandera del «tercerismo«, es decir que no serían ni gubernamentales ni zapatistas. Dos días después, los 4 obispos de Chiapas respondieron: «Son inaceptables las imputaciones que se hacen»; «La Iglesia no requiere del permiso o del aplauso de nadie para cumplir con su misión» y sus «esfuerzos de diálogo y reconciliación.» La visita del nuncio Justo Mullor de diciembre agudizó las diferencias: el EZLN boicoteó su visita en Tila y le expresó claramente que no era el bienvenido.

El 5 de noviembre, en lo que se puede leer como una extensión del zapatismo hacia la frontera con Guatemala, 2000 simpatizantes del EZLN realizaron una marcha en Frontera Comalapa para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

En su comunicado del 7 de noviembre, el subcomandante Marcos dijo que a través del atentado a los obispos, se trataba de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: «Ni mediación, ni diálogo, ni paz». Subrayó que «la estrategia gubernamental para Chiapas es administrar y alimentar el conflicto de modo que se pueda presentar a la opinión pública como una guerra entre indígenas». Y agregó: «El gobierno federal prepara la solución militar del conflicto».

Posteriormente, 10 mil indígenas de diversas regiones del estado realizaron una marcha en San Cristóbal para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

El EZLN culpó al gobierno de la matanza de Acteal. También, lo acusó de estar rumpiendo la ley de diálogo, al hostigar a zapatistas dentro de la zona de conflicto definida por dicha ley.

A fines de septiembre, se formó la nueva COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso Federal). La prensa criticó el bajo perfil de la mayoría de sus integrantes y señaló que dos de sus miembros (un priísta y un perredista «ex-priísta») están ligados a los grupos de poder chiapanecos.

A finales de diciembre, después de una visita a Chiapas y luego de una entrevista con el Procurador General de la República, Madrazo Cuéllar, la COCOPA hizo una declaración conjunta con la Secretaría de Gobernación subrayando la urgencia de reanudar el diálogo.

En octubre y noviembre, los partidos políticos dieron más prioridad a otros temas (presupuesto, reducción de impuestos, etc.) o invirtieron mucho de su tiempo en reacomodos políticos. El 14 de diciembre, durante la Primera Jornada Nacional de Solidaridad, el PRD denunció el gobierno como principal responsable de la opresión en Chiapas . Una semana después, coordinó en Chiapas una ayuda para desplazados de la zona Norte y dijo que intentaría bloquear los apoyos oficiales a Paz y Justicia (Según «La Jornada», el grupo paramilitar firmó con el gobierno del estado un acuerdo de 4.6 millones de pesos para fomentar la actividad agroproductiva). El 24 de diciembre, después de los acontecimientos de Acteal, PRD y PAN coincidieron para decir que era necesario desaparecer los poderes en Chiapas.

La CONAI, en su comunicado del 5 de noviembre, al mismo tiempo que condenó el atentado contra los obispos, comentó que «todas sus denuncias y propuestas sobre la zona Norte del estado no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, que las bandas paramilitares siguen actuando impunes, y que la ingobernabilidad se generaliza en Chiapas.»

Semanas después, el obispo Samuel Ruiz, presidente de la CONAI, dijo ante parlamentarios europeos que existen «cerrazón y contradicciones» para alcanzar una solución.

Posteriormente, comentó que en este momento no hay ningún contacto entre las partes y que no se reiniciará el diálogo mientras siga la violencia.

El 24 de diciembre, después de los hechos violentos de Acteal, la CONAI pidió a Zedillo la desaparición de los poderes en Chiapas así como detener a los paramilitares. Dos de sus integrantes, basándose en datos extraoficiales, indicaron que para cada 20 chiapanecos hay un militar.

El 12 de octubre, se realizaron manifestaciones por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en todo el país. En Ocosingo, 400 representantes de unas 40 agrupaciones sociales indígenas conformaron la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECh). Otro espacio de diálogo a nivel de las bases fue abierto a través del Encuentro por la Reconciliación y la Paz convocado por la CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria) en Ocosingo el 8 y 9 de noviembre.

En octubre Mireille Rocatti, presidenta de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), comentó que algunas ONGs internacionales esconden «intereses mezquinos» tras la defensa de los Derechos Humanos y se convierten en «instrumentos de intervencionismo sofisticado en países del Tercer Mundo». Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, está impulsando una iniciativa de ley para controlar a las instituciones independientes.

A principios de noviembre, la CONPAZ (Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales por la Paz, creada en Chiapas en enero del 94) anunció públicamente su disolución por problemas internos. Sin embargo, según miembros del equipo coordinador, «las ONGs salieron fortalecidas y más libres para determinar sus planteamientos políticos en el futuro» .

Mexico ante la comunidad internacional

A fines de septiembre, ni el presidente Zedillo ni su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet recibieron a Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, durante su visita al país. Éste denunció: «No hay voluntad política de proteger los Derechos Humanos». El gobierno mexicano negó que se hubiera concertado una cita, lo que fue desmentido por Sané. Sus críticas se diluyeron en la polémica suscitada a propósito de su «desaire«.

El 5 de octubre, en París, ONGs francesas se entrevistaron con el presidente Zedillo y cuestionaron la actitud de su gobierno ante la situación de los Derechos Humanos. Luego en Bonn, un periodista quiso saber por qué no había recibido a Pierre Sané. Zedillo desmintió tal versión de los hechos: «Sané fue a México con la intención de no verme y de crear un escándalo; y yo todavía estoy esperando una disculpa, estoy profundamente ofendido porque mintió.»

Esas críticas podrían dificultar la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea firmado el 8 de diciembre (una cláusula democrática y de derechos humanos podría llevar a suspender su aplicación en caso de que se viole alguna de sus partes). Por lo que, a principios de octubre, el gobierno mexicano creó la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, que estará encargada de analizar los casos de violaciones presentados por ONGs internacionales.

En su informe mundial, Human Rights Watch también criticó las graves violaciones de los Derechos Humanos en México. Se identifica a los «sistemas policiales y legales» como los «protagonistas» de muchos abusos.

Ultimamente, la comunidad internacional repudió la matanza de Acteal: después de la condena del presidente Clinton, se leyeron duros comentarios contra el gobierno mexicano en la prensa estadounidense. La Unión Europea emitió una condena y un exhorto a esclarecer la masacre. El secretario general de la ONU, Koffi Anan, condenó «el repugnante crimen de Chenalhó». El mismo día, el gobierno mexicano se negó a aceptar «injerencias extranjeras». El 30 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó al gobierno mexicano para que investigue el caso de Acteal y tome las medidas necesarias.

Organizaciones de Derechos Humanos pidieron la visita del Relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, quien se encarga de los «crímenes de lesa humanidad».

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Análisis

Cuatro años después del alzamiento zapatista de enero de 1994, Chiapas se encuentra hoy cada vez más lejos de una solución pacífica al conflicto que dio origen a la insurrección armada. Los espacios de negociación y de diálogo se han ido cerrando ante un incremento de la violencia cada vez más generalizada, la cual alcanzó uno de sus puntos más altos y crueles con la matanza de 45 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre pasado.

Durante este periodo, el empantanamiento del diálogo de paz ha ido exacerbando la violencia y agudizando el fenómeno de descomposición social, generando el desplazamiento de miles de indígenas paralelamente al desarrollo de los grupos paramilitares. En los últimos meses, múltiples voces habían advertido los riesgos de mayores enfrentamientos.

Frente a la falta de progreso en las negaciones, las comunidades zapatistas y otras organizaciones han seguido avanzando en la conformación de municipios autónomos. De esta manera, buscan construir en el presente las alternativas previstas, pero todavía no legisladas, en los Acuerdos de San Andrés. Estas acciones han sido consideradas por muchos como factores que pueden generar mayor tensión en varias regiones. Por su parte, representantes de los gobiernos estatal y federal han descalificado dichas acciones argumentando que detrás de ellas hay ideas de «segregación y anarquía». Esto es parte de una guerra de información y desinformación en el afán de ambas partes -EZLN y Gobierno- de inculpar al otro del estancamiento en el proceso de paz. Según el presidente del PRI al nivel estatal, la implementación del municipio autónomo de Polhó constituyó el «detonador de la violencia» en Chenalhó.

Mientras tanto, cuando el gobierno federal pretexta problemas de «técnica jurídica» para no aceptar la propuesta de ley de la COCOPA, para miles de indígenas se trata de un asunto de vida y muerte.

Si el atentado cometido en la zona Norte contra los obispos de la diócesis de San Cristóbal -así como la agresión sufrida por la hermana del obispo Samuel Ruiz- ya se podía interpretar como un ataque directo a la CONAI y así al proceso de negociación, el ambiente político y social para una posible reanudación de los diálogos de paz se vislumbra hoy aún más lejano.

La extensión y desplazamiento de la guerra entre hermanos desde la zona Norte hacia los Altos de Chiapas, hace pensar a varios analistas que los conflictos son parte de una estrategia gubernamental para justificar la presencia del ejército federal y de distintas policías estatales, cuya misión sería intimidar y desarticular a comunidades enteras que se han declarado bases de apoyo del EZLN.

Esto nos vuelve al doble discurso del Gobierno Mexicano quien por un lado llama a reanudar los diálogos de paz y por el otro, no sólo no reconoce los Acuerdos de San Andrés, sino que sigue sin contener la violencia de los grupos paramilitares. Las últimas incursiones del ejército mexicano y el decomiso de armas, así como los interrogatorios en la «zona de conflicto» van en contra de lo establecido en la ‘Ley del Diálogo para la Paz y la Reconciliacion en Chiapas’ de marzo de 1995.

La masacre en Acteal y la posterior militarizacion de la zona es un ejemplo de esa estrategia. Cabe destacar que los muertos de Acteal eran partes de las «Abejas«, un grupo que aunque reconoce las demandas de la lucha zapatista está en contra de la vía armada. En este sentido, se puede leer la masacre como parte de una misma lógica: se trataba de separar la población civil de la base organizada zapatista, al implementar una estrategia de terror que hace pensar en el caso de Guatemala durante las décadas pasadas.

Con este clima de violencia y de inseguridad extendido en varias zonas del estado, las elecciones locales previstas para octubre de este año pueden convertirse en un foco de alta peligrosidad para el ya de por sí endeble proceso de paz. Las autoridades civiles parecen rebasadas por la realidad. La situación parece tan tensa como para que pueda estallar en guerra civil en cualquier momento. Organizaciones de Derechos Humanos y partidos de oposición, hablaron de «ingobernabilidad» e incluso hasta de cambiar el gobierno del estado.

Por su parte, las policías y el ejército con la enorme presencia que tienen, no han podido garantizar la seguridad de grandes regiones de la entidad. Después de la masacre, el presidente Zedillo bien mandó a 5 mil soldados más en Chiapas, pero eso sólo contribuyó a generar más protestas, agudizando los riesgos de nuevos conflictos.

Mientras tanto, los grupos armados de corte paramilitar que operan en las zonas Norte y Altos del estado, se ven lejos del control de las autoridades, o tolerados por ellas. Incluso, la prensa denunció un vínculo financiero directo entre el gobierno local y «Paz y Justicia». Después de la matanza y de pronto más que nunca, siguen las amenazas sin que las autoridades hayan empezado a desarmar dichos grupos.

El clima de «guerra sucia» que prevalece en el estado empuja a todos, a tomar posiciones cada vez más rígidas. Aunque ambas partes -Gobierno y EZLN- han expresado reiteradamente su deseo de reanudar los diálogos de Paz, las acciones y el discurso de ambos se han ido radicalizando. En sus últimos comunicados, los zapatistas han arremetido contra actores como la Jerarquía Católica y organizaciones sociales e indígenas que siempre mostraron simpatía y solidaridad con su lucha. Hoy son cada vez más las voces que se levantan criticando algunas posturas de los zapatistas o señalando sus errores. Esto sin duda hace más grande el abismo entre sectores de la sociedad civil organizada para la búsqueda y apoyo de soluciones pacíficas al conflicto.

De hecho, si no se puede hablar de una culpabilidad directa y concertada, las autoridades locales y federales deben reconocer y asumir su responsabilidad. El presidente Zedillo parece querer pensar que se trata de un problema local del gobierno de Chiapas (a pesar de respaldarlo), eludiendo la responsabilidad del gobierno federal. Por supuesto, se debe investigar la participación del poder local, así como la de la Seguridad Pública. Pero sería minimizar la gravedad de la situación de afirmar, como lo hizo el Procurador General de la República, Jorge Madrazo, que se trata de un conflicto «intercomunitario e intrafamiliar». Tampoco se debe olvidar que la Secretaría de Gobernación estaba informada sobre la situación de Chenalhó y sobre las amenazas proferidas por parte de los grupos paramilitares en este municipio.

En un contexto tan desalentador, una chispa de esperanza se aprecia en los resultados de las elecciones de julio pasado. El tema de la paz en Chiapas no había sido un tema prioritario en la agenda de los legisladores. Hoy comienza a serlo, especialmente después de que la sangre de muchos inocentes ha sido derramada. Será necesaria más sangre y violencia en Chiapas para elevar a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas? Hasta cuándo el gobierno federal cumplirá los acuerdos que firmó y están plasmados en la propuesta de reforma constitucional de la COCOPA?. El papel del Congreso de la Unión, de los partidos políticos y de la COCOPA en las próximas semanas será determinante.

En los últimos meses, sensible a la situación que prevalece en México, la comunidad internacional no ha dejado de poner atención y de aportar su «granito de arena» para el proceso de cambio en México. En ese sentido diversos organismos internacionales de derechos humanos han solicitado al gobierno mexicano atender con mayor celeridad los asuntos de violaciones a estos derechos. Sonado fue el caso de la negativa del gobierno de recibir al secretario general de Amnistía Internacional en su viaje a México para presentar su informe y algunas recomendaciones. Igualmente llamó la atención el reclamo al presidente Zedillo de diversos organismos de derechos humanos en Francia y Alemania, por la situación que el país vive en esa misma materia.

En ese tenor, aunque en sentido contrario, no dejan de ser preocupantes las recientes declaraciones del gobernador de Chiapas (último informe de Gobierno, noviembre de 1997) y del presidente Zedillo (última visita a Chiapas, noviembre de 1997) respecto a que las causas que motivaron la rebelión zapatista están ahora suficientemente diluidas y que por lo tanto se debe llevar la negociación pacificadora «a sus últimas consecuencias». Los acontecimientos de los últimos días del año y los primeros de enero reflejan una realidad muy distinta y contraria a lo expresado por ambos gobiernos.

Después de la matanza de Acteal, la comunidad internacional (tanto las Naciones Unidas, como los Estados Unidos, la Unión Europea y los principales organismos internacionales de Derechos Humanos) ha expresado su indignación, exigiendo la identificación y el castigo de los culpables. La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó con irritación invocando la soberanía nacional y declaró que no permitirá injerencia alguna en asuntos internos. Lo grave de esto es que en los últimos años el Gobierno Mexicano ha estado en los ojos de las más altas instancias internacionales que vigilan este tipo de violaciones. Se le ha hecho ver a distintos funcionarios -a pesar de sus discursos e informes- el poco avance en esta materia y se ha señalado la impunidad en el sistema como una de las principales causas de los conflictos. Esperamos que los recientes cambios en el gabinete, especialmente en la Secretaría de Gobernación, y en la gobernación de Chiapas reflejen una política más abierta y comprometida en los hechos con soluciones políticas de fondo y una voluntad mayor de alcanzar la paz justa y digna para todos.