El «No Pago» de la luz y la «Tarifa Vida Mejor»

«Tarifa Vida Mejor» © SIPAZ

En este mes de diciembre se cumple un año desde que el gobierno del Estado de Chiapas firmó un Convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de suministrar la electricidad a la población mexicana. Con este acuerdo se puso en marcha el programa conocido como ‘Tarifa Vida Mejor’ (TVM), vigente hasta el 2006. Sus objetivos según el gobernador de Chiapas serían: poner fin a la «cultura del ‘no pago’, iniciar la era de la ‘corresponsabilidad’ y (…) alcanzar una tarifa justa de luz para todos los chiapanecos». Acordó el perdón para quienes se encontraran presos por la lucha social contra las tarifas injustas de luz, y el desistimiento de todas las acciones legales iniciadas contra ellos.

La subida de las tarifas eléctricas y las consecuencias derivadas del impago representan uno de los principales problemas existentes en las comunidades del estado de Chiapas. Así lo han manifestado los diferentes grupos con quienes hemos conversado en la reciente visita a la zona Norte (municipio de Tila). En el mismo sentido, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Roberto Barrios (competente en dicha región) nos comentó que los conflictos con la luz y la CFE han sido el principal problema tratado durante su primer año de funcionamiento.

La ‘sobrefacturación‘ de la luz no es único de los municipios de la zona Norte, ni tampoco del estado chiapaneco. En el estado de Tabasco (fronterizo con Tila) el 52% de la población no paga la luz desde hace 10 años, representando uno de los movimientos de resistencia más importantes del país. Fue iniciado por López Obrador (en aquel momento candidato a la gubernatura estatal por el Partido Revolucionario Democrático, y actual Gobernador del Distrito Federal) ante el fraude electoral que dio la gubernatura estatal al representante del Partido Revolucionario Institucional (El Universal, 30 de octubre de 2004).

Pero, recordemos que el municipio de Tila sufrió la mayor violencia tras el levantamiento zapatista. Allí se conformó el grupo «Desarrollo, Paz y Justicia» acusado de cometer actos paramilitares, generando temor, desplazamientos y muerte entre quienes no pertenecían a dicho grupo y formaban parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o de otras organizaciones opuestas al gobierno priista, como los perredistas o ‘Abu Xu’ (coalición de grupos de la sociedad civil).

En la actualidad, la sobrefacturación de la luz está afectando a todos los grupos existentes en las comunidades, aunque las respuestas frente al problema difiere según la organización a la que pertenezcan. Este problema agudiza las fracturas sociales existentes por el conflicto, y es motivo de preocupación para quienes conocemos la región.

En las comunidades de la zona Norte, las casas cuentan con una media de 3 focos por familia; solo una minoría cuentan con aparatos electrónicos, como refrigerador o televisión; sólo utilizan la luz entre las 19 y 21 horas del día, ya que su ritmo de vida coincide más con el horario solar. En muchas de ellas, la luz llegó recientemente, incluso en algunas como Jolnixtié el disfrute de este servicio durante la época más dura del conflicto, era exclusivo de los priistas.

En un primer momento recibían facturas de 15 o 20 $ (pesos mexicanos) por familia, pero en los últimos tiempos empezaron a llegarles de 50, 80, 300 o 500$ (pesos mexicanos), sin que ello correspondiera a un aumento proporcional del consumo eléctrico por parte de las familias. Hablamos de familias donde ni siquiera cuentan al mes con un salario mínimo (1200 pesos mexicanos, aprox. 120 $ USA) por lo que para ellas es imposible responder a recibos tan elevados, derivando en deudas de miles de pesos.

A la dificultad de pago, hay que añadir la presencia de funcionarios de la CFE para cortar bajantes como represalia por el impago, generando reacciones violentas por parte de una población indignada e impotente de cargar con un coste de luz desproporcionado respecto a las condiciones económicas en las que sobreviven.

En este contexto se presenta la ‘TVM‘ como la vía para dar una salida dialogada a este conflicto. En este programa se establece un mínimo de consumo bimestral (300 o 400 Kw/hora dependiendo de la región del Estado), a partir del cual los consumidores se beneficiarían de un descuento del 51% por los primeros 150 kw y por los siguientes 100 kw, del 12%. La falta de información adecuada hizo pensar a muchos consumidores que esta nueva tarifa se establecería sin contar con los adeudos, es decir, partiendo de cero. Por el contrario, la firma del Convenio implica reconocer el ‘historial de consumo’ y por tanto, la deuda acumulada. Para sorpresa de muchos, las deudas llegan a ser tan elevadas, que aunque el gobierno asuma un porcentaje de dicha cantidad, siguen representando sumas de dinero imposibles de asumir por la falta de liquidez de las economías familiares.

En la actualidad, quienes aceptaron la TVM y no pueden hacer frente a las facturas, ven cortada su luz de forma definitiva. El programa no ha dado los resultados deseados ya que la mayor parte de las personas ‘en resistencia’ lo han rechazado y se han mantenido en el ‘no pago’.

Diferentes resistencias frente a las tarifas injustas

En la zona Norte encontramos diferentes resistencias. Por una parte, las bases de apoyo zapatistas no pagan la luz desde 1994 como parte de su movimiento de resistencia frente a todos los impuestos y cobros del gobierno. Representa un instrumento más de presión para exigir al gobierno el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (firmados por el Gobierno Federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996). Reivindican la luz como propiedad colectiva de la nación, y por ello, exigen la redistribución pública de la misma. Las JBG están asumiendo el mantenimiento de los transformadores y sustituyendo así la falta de servicio de la CFE en sus territorios.

Por otro lado, se encuentra el ‘movimiento de resistencia civil’, creado específicamente para la organización de la resistencia contra el pago de la luz. En el municipio de Tila, la mayoría es sociedad civil que durante el conflicto se organizó contra el gobierno, y que por ello, tuvieron que desplazarse ante la violencia de los ‘Paz y Justicia‘. El inicio de su resistencia se da al retornar a sus casas, y tras haber conseguido salvar sus vidas, recibir facturas con todas las deudas acumuladas durante el tiempo de su desplazamiento. La imposibilidad de pagar cantidades tan altas, y la indignación por tener que ser deudores de la CFE tras haber sido forzosamente desplazados de su territorio, motivó su desobediencia frente a la CFE, y posteriormente su unión al movimiento de resistencia civil. No pagarán mientras no se establezca una tarifa justa. Dicho movimiento pertenece a la Alianza Estatal de Resistencia Civil del Estado de Chiapas, creada en abril de este año, con el fin de luchar por una tarifa justa,»consecuente con las condiciones económicas» de la población. Consideran la TVM como un engaño para conseguir el pago de las deudas ya que no establece una tarifa justa verdadera.

Algunos priistas, tradicionalmente pegados al gobierno, aceptando proyectos o ayudas económicas, también han dejado de pagar la luz ( incluso aunque aceptaron la ‘TVM‘) ante la imposibilidad de asumir las facturas. En este caso, no se organizan ni se articulan con el resto de movimientos de resistencia.

Existen excepciones como en el Municipio Autónomo de San Juan de La Libertad, donde los diferentes grupos políticos (bases zapatistas, perredistas, priistas, o del Partido del Trabajo- PT) se han organizado para reparar el transformador y mantener el servicio para todos.

¿Por qué pagar tanto por un recurso natural tan básico?: la privatización

La luz forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentales para gozar de una vida digna. La energía eléctrica en México fue considerada servicio público desde la época del Presidente Lázaro Cárdenas, quien inició la nacionalización de la Industria Eléctrica, finalizada hasta 1960. La CFE fue constituida como un órgano descentralizado a finales de los 40’s, encargado de proveer el suministro eléctrico a los mexicanos, excluyendo así a empresas de capital privado. Considerada propiedad del pueblo mexicano, estaba destinada al beneficio social.

La política nacional energética es reformulada a partir de 1992 con la reforma del artículo 27 Constitucional que abre la puerta a las inversiones privadas en el país.

Según el Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y de Acción Comunitaria (CIEPAC), Chiapas genera entre el 45 y 65% de la energía hidroeléctrica del país. Las contradicciones estallan al comprobar que mientras la mayor parte de la energía producida en Chiapas es destinada a la ciudad de México y su zona conurbada, según la JBG de La Realidad, el 90 % de las comunidades de su región de la Selva carecen de servicio eléctrico.

A pesar de estas desigualdades sociales y económicas, las políticas federales no responden a las necesidades locales, sino a los intereses marcados por las exigencias de ‘desarrollo’ y consumo de los países más industrializados. El alto consumo energético de los Estados Unidos y la falta de recursos energéticos propios explica su interés por las áreas de libre comercio en el continente americano, dentro de las cuales crear mercados regionales energéticos que puedan cubrir sus necesidades en las próximas décadas. Para CIEPAC la resistencia al pago eléctrico puede configurarse como uno de los obstáculos para la implementación en la región del Plan Puebla-Panamá (PPP), en el que se enmarca la creación de un mercado eléctrico regional a través de la implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). Así, en el 2007 se espera contar con una línea de transmisión de alta capacidad que una los sistemas del sector desde Panamá a México, y de México a Estados Unidos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el objetivo es crear ‘una interconexión mesoamericana que atraiga la participación del sector privado para el desarrollo del mercado eléctrico de la región’ y con el fin de mejorar así la ‘eficiencia económica del proceso completo de suministro’. (LaJornada, «Los frentes del PPP», 18 de octubre de 2004)

El grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional Estadounidense emitió un informe en el que señalaba: «La producción y cooperación incrementadas de energía estadounidense, canadiense y mexicana mejoraría nuestra seguridad energética y, a través de nuestros vínculos económicos en la economía del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, adelantaría fundamentalmente la seguridad económica de cada país». Además, afirmaba que las reformas constitucionales de 1992 posibilitan que las empresas privadas generen electricidad para su propio consumo y vendan el excedente a la CFE.

En este contexto regional de mercados ‘libres‘, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal emitió un Decreto donde se modifican las tarifas, eliminando parte de los subsidios (publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2002). La medida ayudaría según el gobierno por una parte, a concentrar los subsidios en los usuarios con consumos más bajos, y por otra, a recaudar más recursos para que el suministro público fuera de mayor calidad. Ambos objetivos no se cumplieron porque son los usuarios de menor consumo quienes más están sufriendo la modificación de las tarifas; y según los testimonios de las comunidades, la CFE sigue caracterizándose por no prestar el mantenimiento y trato adecuados. Meses más tarde, en agosto de 2002, el ejecutivo federal presentó una propuesta de reforma del artículo 27 en el que se abre la posibilidad a los particulares de generar energía, facultad reservada tradicionalmente a la Nación, manteniendo la exclusividad federal solo en la prestación del servicio público.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2003, decretó la suspensión provisional del anterior decreto. Esta decisión abría la puerta a la interposición de recursos de amparo contra la sobrefacturación, en cuanto se debían de reponer la tarifas subsidiadas y haber regresado la diferencia a los usuarios.

Se impulsó en Chiapas la interposición de recursos de amparo, pero no prosperaron por la actitud fraudulenta del abogado encargado de tramitarlos.

La Desobediencia Civil: Un Camino De Resistencia

Hemos podido constatar que la ‘TVM‘ es un factor de aumento de la conflictividad en zonas como Tila donde ya existe un tejido social destruido por la guerra sufrida. Desde las propias instituciones gubernamentales se han generado presiones directas e indirectas sobre la población para que acepte la TVM, insistiendo en las ventajas de la misma y en la conveniencia de aceptarla. Los propios funcionarios de la CFE han forzado a la población a firmar, amenazándoles con no arreglar los transformadores en caso de negarse. En algunas comunidades el propio ‘comisariado‘ (autoridad comunitaria) ha presionado a las familias para que firmen el Convenio, y en otras, dicha firma se ha exigido como requisito para acceder a proyectos o ayudas gubernamentales.

A todo ello, se suma la falta de calidad del suministro: los apagones son cotidianos en las comunidades. Se sufren continuas bajadas y subidas de voltaje que dañan los aparatos electrónicos. La medición del consumo no se comprueba directamente en las comunidades, lo que puede explicar la incomprensibilidad de los usuarios cuando comprueban las facturas desiguales recibidas entre vecinos, pagando menos quienes más electrodomésticos poseen; o mucho más cuando algunos no reciben ni facturas.

La resistencia organizada intenta defenderse de las acciones represivas, pero la mayor vulnerabilidad en estos casos la sufren quienes no tienen el respaldo de una estructura organizativa como el EZLN o el movimiento de resistencia civil, y están sufriendo cortes definitivos de luz como sucede en algunos barrios del municipio de Yajalón. Los líderes de la resistencia civil han sufrido cortes ‘selectivos’ de luz, pero gracias a su organización han conseguido presionar para tener nuevamente el servicio.

La desobediencia organizada se ha presentado como una respuesta de sobrevivencia de la sociedad ante las leyes o decisiones injustas de las autoridades. En este caso, se da ante una política de tarifas y sobretodo, contra una política de servicios públicos que ha olvidado la función social de la misma. Esta vía aparece como la única opción cuando el resto de caminos se cierran, entre ellos el jurídico, lento, costoso, y al que se une la falta de credibilidad de las instituciones estatales.

El movimiento de resistencia señala la privatización del sector energético como la razón principal que explica las elevadas tarifas eléctricas: «el gobierno busca mostrarle a los inversionistas extranjeros, que la CFE es un negocio jugoso que cobra altas tarifas» (Documento de las Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia). La otra explicación dominante defiende que el impago generalizado sería un argumento perfecto para justificar la insolvencia de la CFE y por tanto, la necesidad de introducir capital privado.

En este contexto, el Convenio ‘TVM‘ además de conflictivo, representa una propuesta parcial y limitada al no incidir en las políticas energéticas, decididas en espacios políticos internacionales, lejos de las realidades comunitarias, y donde la voz de la sociedad civil no fue incluida en las negociaciones para establecer la TVM.

Estas resistencias son parte de la oposición de la sociedad civil a la privatización de la energía eléctrica. Permiten entender las razones por las que el levantamiento zapatista coincidió con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y enmarcar el significado de su lucha dentro del movimiento global opuesto a la mercantilización de los recursos básicos como la luz, el petróleo, el agua o la biodiversidad. Estas experiencias son pasos importantes en la recuperación de la autonomía, encaminada a construir su proyecto de vida soñado, en el que los pueblos decidan sobre las políticas que afectan su cotidianidad