Actividades de SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2010)
31/03/2010
ENFOQUE: GUERRERO – Represión a organizaciones de derechos humanos en el marco de la militarización
30/07/2010
El 4 de julio se efectuaron elecciones a gobernadores, congresos locales y ayuntamientos en 12 estados de la República mexicana, además de ayuntamientos y congresos locales en otras entidades. Los partidos de Acción Nacional (PAN, partido de derecha actualmente en el poder) y de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) habían hecho una inusual alianza para contrarrestar los avances anunciados del Partido de la Revolución Institucional (PRI), lo que lograron incluso ganando en los estados de Oaxaca y Puebla, considerados como bastiones históricos de este partido. Las elecciones fueron consideradas como «ensayo rumbo al 2012», año de las próximas elecciones presidenciales, ya que en los comicios para la Cámara de Diputados del 2009 el PRI se había establecido como primera fuerza y desde entonces se le atribuyó altas posibilidades de volver a la Presidencia en el próximo sexenio.
Tanto el PAN como el PRI resaltaron sus victorias en esta jornada electoral. Este último argumentó que de las 12 gubernaturas en disputa, se llevó 9, aparte de mayorías en varios de los congresos locales y los ayuntamientos. Por su parte, el PAN destacó los resultados en Puebla y Oaxaca, donde terminó con la hegemonía priista de ocho décadas. El PRD por su parte perdió varias gubernaturas y en los tres estados donde la alianza con el PAN triunfó, los candidatos ganadores no salieron de su partido ni se ubican en su entorno. Por eso algunos comentaristas coincidieron en resaltar una tendencia creciente a la alternancia bipartidista (PRI y PAN), sin cambios de fondo en los proyectos de gobierno. Sin embargo, las manifestaciones convocadas por el ex candidato presidencial del PRD del 2006, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siguen movilizando a un número significativo de ciudadanos inconformes con la actual situación política, visibilizando un descontento popular que podría recolocar a AMLO como actor político relevante en los próximos comicios presidenciales.
Uno de los focos de mayor atención en este contexto electoral fue Oaxaca. En medio de acusaciones mutuas de incurrir en delitos electorales, las encuestas apuntaban a una contienda muy cerrada entre el candidato de la alianza «Unidos por el Progreso y la Paz en Oaxaca» (PAN-PRD-Convergencia-PT), Gabino Cué Monteagudo, y el abanderado del PRI y Partido Verde Ecologista de México, Eviel Pérez Magaño. Voces de la oposición temían que el gobernador saliente, Ulises Ruiz Ortiz, podría operar un fraude para mantener al PRI en el poder. Sin embargo, la victoria de Cué Monteagudo estuvo clara, y su contrincante Pérez Magaño asumió la derrota al poco tiempo. La oposición también logró ganar la mayoría en el congreso estatal.
En Chiapas, las elecciones de los 118 ayuntamientos y del congreso local se realizaron en un contexto marcado por varios incidentes de violencia y compra de votos. Previo a los comicios, en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, hechos violentos provocaron la muerte de dos personas, dos decenas de lesionados, 15 casas y unos 30 vehículos quemados. Detrás del conflicto se encuentra la disputa por la presidencia municipal. El día de las elecciones, en la cabecera de Tila fue detenido Juan José Díaz Solórzano, ex alcalde de este municipio, acusado de comprar votos a favor de la candidata a presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Luz Cruz Espinosa, y del candidato de la alianza PAN-PRD a diputado local, Antonio Morales Messner. El mismo día, en San Juan Chamula fue detenido un presunto militante del PRI que llevaba en su mochila 400 boletas electorales marcadas a favor de este partido. En el mismo municipio, habitantes de la comunidad de Rancho Narváez retuvieron durante varias horas a funcionarios por la falta de 8.000 boletas electorales, hasta que funcionarios estatales los rescataron. Además, en la madrugada del domingo electoral fue asesinado Francisco Girón Luna, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Girón Luna no tenía ningún cargo público, pero estaba vinculado a las autoridades municipales perredistas.
La alianza «Unidad por Chiapas» (PAN-PRD-Convergencia) logró ganar las ciudades más grandes del estado. De los 118 municipios, obtuvo la mayoría en 55 ayuntamientos y un total de 517.421 votos. El PRI ganó 333.963 votos y se quedó con 41 alcaldías, con candidatos propios o en alianza con el PVEM. Sin embargo, revelan poco los resultados por partido sobre la posición de los candidatos electos, pues en Chiapas los políticos en varias ocasiones han cambiado de partido si la opción de ser candidatos en su propio partido les fue cerrada.
La lucha contra el crimen organizado – el pan de cada día
© elciudadano.cl
Tema omnipresente casi desde principios del actual sexenio, la denominada «guerra contra el narcotráfico» del presidente Felipe Calderón y los enfrentamientos entre las autoridades y el crimen organizado o entre grupos opuestos del mismo siguen dominando las noticias de los medios de comunicación. Mientras el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el 16 de julio informó sobre 24, 826 muertes violentas, en la segunda sesión del foro Diálogo por la Seguridad convocado por el gobierno federal, efectuada el 3 de agosto, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, admitió que ya sumaban 28 mil. Vale preguntarse sobre el por qué de diferencias estadísticas no menores y el modo de registro en las instancias gubernamentales involucradas en esta lucha.
En torno a la violencia que México vive desde el inicio de esta «guerra«, varios acontecimientos de los meses recientes han causado debates en los medios. La explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez el 15 de julio pasado, que las autoridades atribuyeron al crimen organizado, desató una discusión en torno a si México estaba por enfrentar una nueva estrategia de «narcoterrorismo«. Días después el subsecretario del Pentágono, William Weschler, confirmó que el ejército estadounidense estaba entrenando a militares mexicanos en tácticas contra narcoterrorismo, incluyendo métodos de guerra irregular o contrainsurgencia. En la lectura del gobierno de Obama, al parecer, México está – en su lucha contra los cárteles de la droga – en un punto similar al que se enfrentan las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Resulta extraño, en este contexto, que el vecino del norte no cuenta con mecanismos eficaces para medir el impacto que ha tenido el apoyo a México a través de la Iniciativa Mérida, como reveló un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GOA, por sus siglas en inglés), dependencia investigadora del Congreso de Estados Unidos. El informe critica la falta de dichos mecanismos que permitirían evaluar los resultados, además de recordar que para la reducción del nivel de violencia en México vinculada con el crimen organizado, Estados Unidos debe trabajar en reducir el flujo de dinero de procedencia ilícita y el tráfico de armas hacia el sur, así como reducir la demanda de estupefacientes en su propio territorio.
En cuanto a los abusos cometidos por militares, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer un informe en el que detalla el número de quejas recibidas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ambas cifras aumentadas de manera significativa durante este sexenio. Aunque reconocen la publicación de estos datos por parte de la Sedena como avance, varias organizaciones de Derechos Humanos criticaron que no se hiciera mención de las serias limitaciones que implican el fuero militar.
El sistema de justicia, determinando política
Después de cuatro años, a finales de junio terminó una larga etapa de lucha política y cabildeo de parte de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, obteniendo la libertad doce presos de esta organización que habían sido encarcelados a raíz de un enfrentamiento con policías municipales, estatales y federales en los días 3 y 4 de mayo del 2006. El 30 de junio, la SCJN desechó las sentencias en su contra con el argumento que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el proceso había utilizado pruebas ilícitas, además de partir de premisas falsas cuando fincó las acusaciones.
Es de suponer que la presión ejercida por los atenquenses y quienes se habían solidarizado con ellos durante los cuatro años, aportó a que el máximo tribunal de justicia tomara esta decisión. Su detención y proceso fue marcado por un contexto en que el gobierno federal en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) presentó como uno de sus grandes proyectos la construcción de un nuevo aeropuerto capitalino en San Salvador Atenco, al que en 2002 se opusieron con éxito los luchadores sociales en defensa de su tierra. Desde esta perspectiva, el operativo policíaco de 2006, fue entendido por muchos como acto de revancha de los gobiernos federal y estatal.
Por otro lado, la SCJN avaló la liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que el 10 de octubre pasado había decretado el presidente Felipe Calderón. Declaró que el ejecutivo federal estaba facultado para tomar este tipo de decisiones, con lo cual echó abajo el principal argumento de la defensa legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La decisión, que desde el ámbito jurídico parece ser fundada, cierra el capítulo de la lucha legal que el SME había emprendido después de octubre pasado y para el sindicato es un golpe fuerte en su lucha por salvar el empleo de 44.000 trabajadores. Sin embargo, en el fondo no termina con el cuestionamiento de una decisión altamente política, que en los hechos acabaría con uno de los sindicatos más involucrados en el movimiento social y opositor tanto a los regímenes priistas como a las dos administraciones federales panistas recientes.
Oaxaca, brotes de violencia
© Lucero Mendizábal
Desde la agresión a la caravana que iba a San Juan Copala el 27 de abril, en la que fueron asesinados Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola (véase Boletín especial e informe anterior de SIPAZ), la conflictividad que existe en la zona triqui ha tenido cobertura mediática constante. El 20 de mayo, fue asesinado el líder del Movimiento Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), Timoteo Alejandro Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro, hecho del que la organización culpó al grupo rival, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del que se habían salido en 2006 para fundar su propia organización. Alejandro Ramírez era uno de los integrantes fundadores del municipio autónomo de San Juan Copala, que desde finales del 2009 padece una situación humanitaria precaria por el cerco que se atribuye a la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que ha sido señalado como grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal. Este último grupo impidió el ingreso de la Caravana «Bety Cariño y Jyri Jaakkola», que en la que el 8 de junio iban más de 300 personas para llevar víveres a la población encerrada de San Juan Copala. Anteriormente, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz había advertido de la «falta de condiciones» para que pudiera ingresar la caravana a Copala, dado que a los tres grupos con presencia en la zona se les atribuye la pertenencia de armas. La caravana no pudo llegar a su destino ya que la Ubisort bloqueó el camino, evidenciando que el gobierno de Ruiz Ortiz no puede –aparentemente– garantizar el estado de derecho en la totalidad de la entidad, o –como algunos activistas declaran– es, cuando menos, cómplice de la violencia generada por Ubisort, si no es que la induce.
Chiapas – tendencias continuas
El 27 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) presentó su Balance anual 2009. El informe «[da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.»
Mientras en Chiapas el gobierno estatal sigue dando la imagen de una administración comprometida con los Objetivos del Milenio, postulados por la Organización de Naciones Unidas, siguen presentándose conflictos comunitarios, cuyo origen puede ser la aplicación de proyectos económicos gubernamentales o bien por las divisiones generadas desde las diferencias políticas entre los grupos en resistencia y las partes afines a la estructura oficial.
Un ejemplo de la conflictividad, se dio el 21 de junio en la comunidad de El Pozo, en San Juan Cancuc, donde militantes del PRI y del PRD amenazaron con cortar el agua y la luz a un grupo de zapatistas, con el resultado de un muerto del lado oficialista. De acuerdo al comunicado de la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic, «el agente rural y los priistas y perredistas obligan a nuestros compañeros bases de apoyo a pagar el servicio de luz eléctrica, sabiendo que están en resistencia y están luchando por una causa justa y por construir sus autonomías». Según las autoridades zapatistas: «Lo sucedido en la comunidad El Pozo, así como se ve claramente, no fue un enfrentamiento así como manipulan los diferentes medios de comunicación. Ni mucho menos fue una agresión provocada por los bases de apoyo zapatistas como acusan los medios de comunicación. Ante la agresión, los compañeros tuvieron que defenderse de alguna forma, utilizando sus últimos recursos para su legítima defensa ante la agresión provocada por los priistas y perredistas de El Pozo, al ver a nuestros compañeros golpeando y partiendo la cabeza, otros arrastrándolos en la carretera». Cabe señalar que en el primer semestre de este año ya suman cinco casos en los que las autoridades zapatistas denuncian enfrentamientos comunitarios, señal de una agudización local creciente en el marco de un conflicto armado no resuelto.
Respecto al trabajo informativo, si bien en Chiapas no hay tanta omnipresencia del crimen organizado como en el norte de la República, lo que se puede observar es una amplia gama de inconformidad social con la política del gobierno estatal, que es obviada con frecuencia en las noticias. Este, por su parte, ha logrado una fuerte presencia en los medios locales y nacionales. Al darle espacio a las voces de inconformidad, el trabajo periodístico puede resultar incómodo a las autoridades, como -de acuerdo a su denuncia del pasado 23 de julio- les sucedió a los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en el estado de Chiapas de la revista Proceso y del diario capitalino La Jornada, respectivamente, que denunciaron una campaña de calumnias organizada en su contra para descalificar su trabajo, en la cual señalan, han participado activamente medios dependientes del gobierno estatal de Chiapas.
Un asunto sobre el cual guarda silencio el gobierno, cuando en otras ocasiones ha promovido fuertemente su proyecto de Ciudades Rurales Sustentables (CRS), es la posible construcción de una de ellas en el municipio de San Pedro Chenalhó. La organización Sociedad Civil Las Abejas, en su comunicado del 22 de julio, expresó su rechazo diciendo que «el proyecto de las ciudades rurales que aunque oficialmente lo niegue el mal gobierno estatal y municipal se sabe que también está ya previsto construir ciudades rurales en Chenalhó, que para muchos creen que es un desarrollo, pero para otros muchos no quieren aceptar este megaproyecto. No somos los únicos que sabemos, que este proyecto es parte del Proyecto Mesoamericano antes Plan Puebla Panamá». En el mismo sentido se pronunció la parroquia de San Pedro Chenalhó el 8 de agosto, afirmando: «Nos preocupa que el proyecto de las ciudades rurales se impongan y no se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no, y si hace cierta consulta es a base de mentiras y omisiones». La primera Ciudad Rural construida en el estado, fue Nuevo Juan del Grijalva y la segunda se está construyendo en Santiago el Pinar, municipio ubicado entre Chenalhó y San Andrés.
© Consejo Regional Autónomo de la Costa de Chiapas
La militarización, tendencia a nivel nacional y en lo local presente desde el levantamiento zapatista, sigue siendo elemento de intimidación en los procesos organizativos. Aunque las incursiones militares han disminuido en los últimos meses, no han cesado completamente. El 22 de julio, la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC), denunció que el día anterior un vehículo de la Secretaría de Marina Armada de México llegó a una de sus comunidades. El vehículo contaba con aproximadamente 40 elementos camuflados dirigido por un comandante que no se identificó. Al preguntarles sobre el motivo, el encargado informó que había recibido órdenes federales para hacer recorridos por la zona, e indicó que se realizarían patrullajes constantes por ordenes federales.
La defensa de los derechos humanos, cuando su labor implica el acompañamiento de procesos sociales de base cuya inconformidad pudiera resultar inconveniente para las autoridades, puede llevar a criminalización de este tipo de trabajo. Tal es el caso de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la ciudad de Tonalá, quien por presenciar como observador de derechos humanos una manifestación del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa en abril pasado, enfrenta una averiguación previa por el delito de «ataques a las vías de comunicación».
