Hasta hace relativamente poco, el estado de Chiapas, que es considerado como uno de los más ricos del país en recursos naturales (en 2001, produjo un 47% del gas natural y un 21% del petróleo a nivel nacional⁽¹⁾), parecía haber sido olvidado por la industria minera. Sin embargo, a partir de los ’90, el gobierno federal empezó a otorgar concesiones mineras para su exploración y explotación a corporaciones transnacionales, la mayoría de ellas de capital canadiense.⁽²⁾

Mapa de las concesiones mineras en Chiapas

En lo inmediato, estas concesiones se sitúan en la Sierra Madre del Sur, sierra que abarca el sur de México y se extiende hasta Honduras y el norte de Nicaragua, regiones en las que las mismas empresas han venido trabajando.⁽³⁾

Reformas mineras: Abriendo la puerta a corporaciones transnacionales

Uno de los detonantes del aumento del número de concesiones mineras fue la reforma constitucional de 1993, que se llevó a cabo para implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLCAN, entre EEUU, Canadá y México).

Mina Marlin, mina de cielo abierto en Guatemala © NO A LA MINA

Tradicionalmente, la propiedad de la tierra no incluía en México (al igual que en el resto del continente) la propiedad sobre los recursos del subsuelo, reservada al Estado. Sin embargo, no existía legislación que regulara de forma precisa los conflictos que pudieran aparecer entre ambas esferas de propiedad, entre los pobladores y agricultores de las tierras y las empresas interesadas en la explotación del subsuelo. La reforma minera en los años 90 dio clara prioridad a los intereses de las empresas mineras, al conceder al concesionario de las tierras el derecho a «Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio»⁽⁴⁾. Además, las nuevas leyes les otorgan el derecho a usar el agua y a tirar «terreros, jales, escorias y graseros» resultantes de la explotación.

Blackfire Exploration Ltd., lema de su sitio web © Blackfire Exploration Ltd.

Los cambios en las leyes mineras, como otras reformas que abrían el paso al TLCAN, no solamente permiten la entrada de compañías extranjeras sino que desregulan profundamente la minería en México⁽⁵⁾. Estas decisiones se integran perfectamente en la doctrina neoliberal, que afirma que el desarrollo y el crecimiento son estimulados al desregular la economía y al permitir la libre circulación del capital internacional.

No obstante, el balance realizado a más de 10 años de la entrada en vigor del TLCAN plantea resultados por lo menos matizados. Entre los impactos negativos del lado mexicano se ha venido subrayando la pérdida de empleos y el aumento de los precios. Los campesinos mexicanos representan uno de los sectores más afectados. En el conjunto, si bien el TLCAN ha beneficiado a las grandes corporaciones (incluyendo las de capital mexicano), no ha logrado frenar el avance de la pobreza en el país⁽⁶⁾.

Los efectos medioambientales y sociales de las prácticas mineras actuales

Aún con cambios, la minería sigue siendo peligrosa no solamente en términos de condiciones laborales sino también en términos medioambientales (contaminación del agua y de la tierra, y deforestación) y sociales (por la destrucción de las formas tradicionales de vida basadas en el respeto a la tierra y la agricultura de subsistencia así como por las divisiones internas dentro de las comunidades afectadas donde los enfrentamientos entre facciones partidarias y contrarias a los proyectos mineros se enfrentan a menudo con violencia, con los actores externos promoviendo la agudización de los conflictos)⁽¹¹⁾. Según Gustavo Castro de la organización Otros Mundos Chiapas A.C. «La minería no es algo nuevo en Chiapas, lo que sí lo es, es la intensidad y el tipo de extracción que se llevan a cabo».⁽¹²⁾

La práctica actual más común de extracción es lo que se suele llamar «minería a cielo abierto». Según un informe publicado por el World Rainforest Movement, una red internacional de organizaciones que trabajan en la conservación de la Selva tropical:

Las minas a cielo abierto se parecen a una serie de terrazas en las que se encuentran grandes y amplios pozos en medio de un paisaje desolado y desértico, en el que no quedan ningún recurso para la vida. El trabajo empieza usualmente con quitar la vegetación y parte del suelo, antes de hacer explotar las piedras y otros materiales que se encuentran sobre los minerales hasta alcanzar el nivel de depósito, que nuevamente se dinamita para obtener pedazos más chicos»⁽¹³⁾.

Además, una vez que estos grandes montones de piedra y basura se encuentran desenterrados, todavía falta extraer los minerales de valor que se encuentran en su interior. El mineral se obtiene habitualmente pasando las materias primas a través de una solución química. En el caso de las minas de oro, se usa una solución de cianuro, que disuelve las piedras y permite llegar al oro puro. Las empresas mineras afirman que el cianuro y otros restos se desechan respetando el medio ambiente, pero es inevitable que una parte de estos químicos nocivos llegue al suelo y a las reservas de agua⁽¹⁴⁾. Este tipo de contaminación es particularmente dañina para los campesinos: el agua y los suelos contaminados amenazan no solo a su salud, sino también sus formas de vida tradicionales.

Otro de los efectos colaterales es la cantidad de piedras que se remueven. Según la campaña ‘No al Oro Sucio’ lanzada por Earthworks y OxFam, las pilas de basura tóxica pueden alcanzar 100 metros de altura y no solo dañan el suelo por los elementos químicos que contienen, sino que además ocupan espacio físico útil para las actividades agrícolas.⁽¹⁵⁾

La entrada de compañías mineras también tiene un número de impactos negativos a nivel comunitario. De manera general, estas compañías prometen una forma de pago ya sea a través de dinero o construcción de infraestructuras. No obstante, no hay ninguna forma de garantizar que cumplirán con sus promesas. Por otro lado, la vulnerabilidad y la pobreza de muchas de las comunidades afectadas no permiten una negociación de igual a igual. Las cantidades de dinero ofertadas pueden parecer grandes sumas a familias necesitadas, pero ponen en riesgo el futuro de las comunidades que pueden perder todas sus tierras.

Por ejemplo, en la municipalidad de Chicomuselo, la compañía Blackfire Exploration ha abierto una mina de barita llamada La Revancha. Cuando entró en la zona en 2006, prometió a la comunidad que construiría nuevas carreteras, instalaría electricidad, un sistema de drenaje y más infraestructura. La compañía no llegó a cumplir con lo acordado: la empresa se limitó a construir la infraestructura estrictamente necesaria para la explotación minera, sin realizar una sola obra en beneficio de la comunidad.⁽¹⁶⁾

Construyendo procesos de resistencia frente a las empresas mineras

En conjunto, la resistencia frente a empresas mineras en Chiapas y México está adquiriendo fuerza de manera progresiva pero lenta. Uno de los principales problemas a la hora de organizar este tipo de resistencia tiene que ver con la falta de conocimiento de las comunidades respecto a cuáles podrán ser los efectos de la explotación minera. A pesar de que la legislación vigente (Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1990) prevé que se informe a las comunidades detalladamente y a su debido tiempo sobre los efectos sociales y medioambientales de los proyectos de explotación, el hecho es que en la mayoría de los casos, estos efectos se hacen evidentes solo cuando la mina está abierta y funcionando, momento en el que resulta más difícil oponerse a la explotación minera⁽¹⁷⁾. Las compañías mineras saben que podrán enfrentarse a distintos grados de resistencia y por ello utilizan estrategias que pretenden frenarla desde el principio: por ejemplo buscar comprar o cooptar a una parte de la comunidad o a sus líderes con el fin de generar divisiones y limitar posibles intentos de organización.

Las comunidades tienen dos tipos de recursos a la hora de organizar los procesos de resistencia, ambos complementarios e igualmente necesarios: la vía legal (nacional e internacional), y la organización y la movilización a nivel comunitario, nacional o internacional.

En cuanto a la primera, a nivel nacional la mejor defensa de las comunidades y ejidos afectados por la explotación minera sigue siendo la Ley Agraria y los derechos que se derivan de la misma. Se les otorga el derecho a decidir como ejido o comunidad. Sin embargo, después de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y de la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), ha sido cada vez más difícil recurrir a estos mecanismos.

Cerro San Pedro, mina de cielo abierto en el estado de San Luis Potosí
© NO A LA MINA

A nivel internacional, una de las herramientas más importantes ha sido el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales ya mencionado. Dicha Convención afirma en particular que «En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades» (art. 15).

El Convenio 169 ha sido utilizado exitosamente en comunidades de Guatemala que se resistieron a la explotación minera en sus tierras. Por ejemplo, el 13 de febrero de 2007, 64 comunidades del municipio de Concepción Tutuapa realizaron consultas a través de las que la mayor parte de la población optó por rechazar la presencia minera.

Sin embargo, a pesar de que el Convenio 169 reconoce a las comunidades indígenas el derecho a ser consultadas sobre cualquier proyecto de explotación en sus tierras, no les reconoce el derecho a veto. Es decir, una negativa por parte de la comunidad obliga al Estado a explicar de forma detallada por qué decide seguir adelante con el proyecto a pesar de su negativa, y a tratar de limitar al máximo el impacto negativo de la explotación, pero no necesariamente a paralizar el proyecto.

Por otro lado, este tipo de convenciones resulta difícil de implementar. Eso se debe en parte al hecho que aunque haya sido ratificada por el Estado mexicano, no existen mecanismos coercitivos que lo obliguen a cumplir con ese compromiso. En todo caso, la organización y la movilización a nivel comunitaria, nacional o internacional serán igualmente necesarias.

El plantón de los ejidatarios de Carrizalillo en protesta de la empresa minera © CDH Tlachinollan

La organización comunitaria es clave al ser la única forma de hacer llegar la información a la población sobre los efectos de la minería, datos en base a los que pueden llegar a movilizarse optando por una u otra forma de resistencia. Uno de los principales actores en estos procesos organizativos a sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Se trata justamente de una red nacional que intenta organizar e informar a la población mexicana sobre los efectos de la minería y los modos de resistencia frente a las grandes compañías mineras.⁽¹⁸⁾

Otro actor activo en la resistencia a la minería en la Sierra de Chiapas ha sido el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS). En noviembre, organizó una movilización estatal sobre varias problemáticas (incluyendo la minería), algunos cierres de carreteras y una marcha en Motozintla, municipio en el que la compañía Linear Gold Corp. tiene varias concesiones⁽¹⁹⁾. El FNLS ha denunciado represión en su contra por organizar este proceso de resistencia. El 12 de Noviembre de 2008, destacaron: «Para el FNLS, los allanamientos realizados ayer en los hogares de nuestra compañera Yolanda Castro y nuestro compañero Jaime González, son la respuesta fascista del Estado mexicano a la denuncia pública que emitimos el pasado día 10 y a la lucha de Resistencia en contra del saqueo de minerales que pretenden realizar las empresas transnacionales del ramo».

Otro ejemplo tanto de organización como de represión es El Carrizalillo, en Guerrero. En enero de 2007, la población se organizó en la «Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo» e inició un plantón impidiendo el paso de la empresa Luismin a la mina, para exigir la revisión y renegociación de los contratos de ocupación temporal de sus tierras. A finales de enero, cien policías estatales y municipales desalojaron violentamente a los ejidatarios que se encontraban en el plantón. Posteriormente, se realizaron varios intentos de dialogo con representantes de Luismin, que finalmente culminaron en un nuevo acuerdo cuyos logros incluyen entre otros: el aumento de 1.475 pesos a 13.500 pesos anuales por hectárea, en concepto de renta; la construcción o mejoría de obras públicas (carretera, hospital comunitario, escuela) y la reinstalación de todos los trabajadores que laboran para la empresa y que estuvieron en paro durante 82 días

El 8 de Noviembre de 2008, un Encuentro Popular sobre «Agua, Energía y Alternativas Energéticas» tuvo lugar en Cacahuatepec, Guerrero, comunidad que sería afectada en caso de confirmarse la construcción de la represa hidroeléctrica de La Parota. Uno de los temas abarcados fue el de la minería. Miembros de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, pudieron compartir su experiencia con otros pueblos en resistencia del país. De un mismo modo, el 15 y 16 de noviembre, el Encuentro de Nuestras Voces de Lucha y Resistencia, realizado en Juchitán, Oaxaca, concluía también: «Nos pronunciamos por un NO rotundo a los proyectos de carreteras, presas, minas y eólicos trasnacionales, porque no son para el desarrollo comunitario, ya que nos desplazan y despojan de nuestros territorios».

La minería no es una problemática aislada sino que tiene que ver con modos de concebir la vida y modelos de desarrollo. Este tipo de proyectos tiene un impacto diferenciado en poblaciones campesinas, en el sentido de que no piensa en sus prioridades y necesidades, y resulta ser un factor que puede provocar su migración. El impacto es aún mayor en comunidades indígenas, culturalmente unidas de manera íntima a la tierra, de forma que este tipo de proyectos contribuye directamente a su desaparición como pueblos. En cualquier caso, resulta estratégico que los procesos de resistencia frente a varios megaproyectos de infraestructura (carreteras, represas, minas entre otros) puedan unirse.

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1. SIPAZ, «Chiapas en Datos: Recursos Naturales». (Volver…)
2. México, Secretaría de Economía, Dirección General de Minas, Expedición de Títulos de Concesión Minera. (Volver…)
3. Radius Gold Inc., Exploration Projects in Southern Mexico. (Volver…)
4. México, Secretaría de Economía, Legislación Minera. (Volver…)
5. Estrada, Impactos de la inversión minera canadiense en México. (Volver…)
6. Public Citizen’s Global Trade Watch, «The Ten Year Track Record of the North American Free Trade Agreement», Washington DC, 2004. (Volver…)
7. Dirección General de Minas, Expedición de Títulos. (Volver…)
8. Blackfire Exploration Ltd., Projects – The Payback Barite Mine. (Volver…)
9. Linear Gold Corp, Properties. (Volver…)
10. Dirección General de Minas, Expedición de Títulos. (Volver…)
11. No Dirty Gold Campaign, Earthworks, Dirty Gold’s Impacts. (Volver…)
12. Gustavo Castro, Otros Mundos A.C. Chiapas, entrevista con SIPAZ el 20 de noviembre de 2008. (Volver…)
13. Ricardo Carrere, World Rainforest Movement, Mining: Social and Environmental Impacts, March 2004. (Volver…)
14. No Dirty Gold Campaign, Dirty Gold’s Impacts. (Volver…)
15. Ibid. (Volver…)
16. Elio Enríquez, «La barita, otro tesoro que no ha dejado beneficios para pobladores de Chiapas», La Jornada, Mayo 5, 2008. (Volver…)
17. Gustavo Castro, Nov. 20, 2008. (Volver…)
18. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). (Volver…)
19. El Justo Reclamo Blog, «¡FIN A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!», Chiapas, México. Nov. 20, 2008. (Volver…)