Síntesis

A consecuencias de la masacre de 45 indígenas Tsotsiles en Acteal en diciembre del año pasado, la presión ha aumentado para que se reanude el proceso de paz en Chiapas. El gobierno mexicano formuló cargos criminales en contra de presuntos paramilitares, del presente municipal y de miembros de la Seguridad Pública. También obligó a varios funcionarios a presentar su renuncia, incluyendo al Gobernador de Chiapas y al Secretario de Gobernación a nivel federal, una personalidad de mucho peso en el partido en el poder. Subsisten dudas de que otras acusaciones vayan a ser presentadas en contra de funcionarios de mayor rango por su presunta responsabilidad criminal en la matanza.

A principios de marzo, el gobernador de Chiapas anunció una iniciativa de paz que ha sido rechazado por amplios sectores no vinculados con el PRI. Luego, en un intento para romper la parálisis que caracterizaba el proceso de paz en los 18 últimos meses, el Presidente Zedillo presentó su propia iniciativa de ley para implementar los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Su propuesta de reforma constitucional se defiere en varios aspectos del texto legislativo redactado en septiembre de 1996 por la COCOPA, la Comisión coadyuvante del Congreso. El EZLN ha aceptado dicho texto mientras el rechazo por parte del gobierno ha constituido uno de los mayores obstáculos al proceso de paz. La administración del Presidente Zedillo comentó que dicha propuesta refleja una influencia zapatista que es desproporcionadamente amplia en relación con su tamaño y el alcance geográfico de los zapatistas.

A pesar de no tener la mayoría en el Congreso, el partido en el poder, el PRI, está contando con el apoyo del partido de centro-derecha, el PAN, para tener suficientes votos y así obtener la aprobación de su reforma constitucional. No obstante, el carácter unilateral de dicha propuesta y el hecho de que parece estar alejándose de los Acuerdos de San Andrés, en particular en lo que se refiere a la autonomía indígena, exacerba la ya de por sí explosiva situación que prevalece en Chiapas. La CONAI, instancia mediadora en el conflicto, dio a conocer una crítica detallada de la propuesta gubernamental (ver documento especial). El EZLN reiteró sus 5 condiciones para reiniciar el diálogo, siendo un elemento clave el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en base al texto de la COCOPA.

En los meses pasados, otros factores han tensionado aún más el frágil tejido social chiapaneco. A excepción de los que fueron directamente involucrados en la masacre de Acteal, los grupos paramilitares siguen actuando con total impunidad en distintas zonas del estado. La presencia del Ejército mexicano ha sido reforzada pero parece que más que frenar a dichos grupos ha enfocado su atención hacia centros neurálgicos zapatistas. La publicación en la prensa de enero de un supuesto documento militar del 1994 que estaba promoviendo la asistencia de los grupos paramilitares para minar el apoyo a los zapatistas hizo eco a lo que los grupos de derechos humanos habían venido denunciando. Mientras tanto, el número de desplazados en Chiapas ha ido aumentando para alcanzar aproximadamente la cifra de 15 mil personas, lo cual constituye un alarmante problema social y político. Los asesinatos de varios líderes campesinos vinculados con grupos de oposición por parte de agresores que no han sido identificados han contribuido a fomentar una atmósfera explosiva. La propuesta unilateral de parte del gobierno federal ha sido acompañada de intentos de debilitamiento de las comisiones de mediación y coadyuvancia, la CONAI y la COCOPA. Ambas han sido acusadas repetidamente de ser parciales, e incluso oficiales del Ejército culparon al presidente de la CONAI, el obispo Samuel Ruiz, de estar en contacto directo con la estructura organizativa del EZLN.

La aprobación de la iniciativa gubernamental cuestionaría no solamente la continuidad de los diálogos de paz sino también toda su estructura legal. Eso abriría la perspectiva de que se llame al Ejército para desarmar a los insurgentes. Aunque los zapatistas no disponen de una gran fuerza militar, benefician de un alto nivel de apoyo por parte de varias áreas de la sociedad, y se puede prever que no se rendirían sin luchar. Mientras tanto, los grupos paramilitares parecen estar dispuestos a empezar una guerra para proteger sus intereses. Lo que ha sido una situación de mucha tensión podría explotar rápidamente.

En enero, manifestaciones de gran amplitud en México y en muchos otros países condenaron la matanza de Acteal. En respuesta al recrudecimiento de la crítica internacional, el gobierno mexicano fomentó una campaña contra extranjeros a través de hostigamientos, expulsiones y un intenso esfuerzo mediático. Dicha campaña nos hace temer que el gobierno quiera protegerse de la mirada internacional. Sin embargo, pretende que sólo está aplicando las leyes migratorias que impiden a los extranjeros inmiscuirse en asuntos de política interna.

El gobierno permitió la visita de unos 200 observadores internacionales. Las conclusiones incisivamente críticas de la delegación permitirán afinar el debate en Europa en cuanto al cumplimiento por parte de México del criterio relacionado a los derechos humanos, lo cual constituye una condición para que se apruebe un importante acuerdo comercial. La imagen de México ha sido aun más manchada cuando salió el informe de las Naciones Unidas que proporciona detalles sobre el amplio e impune uso de la tortura por parte del Ejército y de la Seguridad Pública.

En marzo, alrededor de 350 líderes religiosos de los Estados Unidos y de otros 13 países realizaron una declaración conjunta para que los gobiernos mexicano y norte americano emprendieran acciones para «desmilitarizar el conflicto y lograr una solución negociada en Chiapas». Dicha declaración también criticó una «pauta de tolerancia por parte del gobierno» en cuanto a actividades paramilitares.

Con el proceso de paz en crisis, los desarrollos en los próximos meses van a definir el curso futuro del conflicto y las perspectivas de una paz justa y duradera.

Acciones recomendadas

• Urgir a la administración de Zedillo a: suspender su proyecto de reforma constitucional hasta que se logre un documento consensado a base de los Acuerdos de San Andrés.
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos.
• ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
• Exhortar a la COCOPA a realizar los mayores esfuerzos para mantener su unidad de propuesta y de acción y seguir su labor de coadyuvancia, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
• Difundir información – como este reporte – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Correo electrónico: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 546 5350 / 546 7380

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 535 27 26

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Actualidad

La incertidumbre en Chiapas

En marzo, con la presentación al Congreso de la Unión de una propuesta unilateral de reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena por parte del ejecutivo federal, el proceso de paz en Chiapas entró en una de sus más hondas crisis.

Mientras tanto, frente a una creciente militarización y paramilitarización del estado y con alrededor de 15 mil desplazados sin esperanza de regreso a corto plazo, Chiapas se encuentra en una situación explosiva. Con los asesinatos de algunos líderes campesinos y el surgimiento de nuevos brotes de violencia en la zona Norte se multiplicaron los focos rojos.

Propuestas del gobierno

Desde el principio del año, el gobierno federal ha estado omnipresente en los medios de comunicación. El 16 de enero, en Nayarit, el Presidente Ernesto Zedillo dijo que sería un error establecer distinciones constitucionales para los indígenas «tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos.» Una semana después, en Kanasin (Yucatán), declaró que en Chiapas no habrá salidas de fuerza. El 31 de enero, en Suiza, afirmó que la violencia en Chiapas es causada por enfrentamientos entre el EZLN «y otros grupos». Consideró que el tratamiento que el gobierno ha dado al problema «ha sido ejemplar». En febrero, declaró al periódico «The New York Times» que lamentaba que el gobierno federal no tuviera una fuerte presencia en Chiapas y que «hemos sido demasiado suaves por el bien de las negociaciones», pero que eso ya no era conveniente. El 1º de marzo, el gobierno federal presentó sus cuatro observaciones

El 14 de marzo, el Presidente Zedillo firmó una iniciativa de ley que, según el ejecutivo, suma las posturas de todos los partidos, las observaciones gubernamentales y la base de la COCOPA (ver documento especial). El Secretario de Gobernación Labastida dijo que así el gobierno cumplía con los Acuerdos de San Andrés y comentó que si no se reiniciara el diálogo, el gobierno podría declarar unilateralmente la paz en Chiapas. Agregó que no les corresponde a los zapatistas decidir del sistema de México sino a todos los mexicanos.

El PRD acusó al gobierno de violentar el principio de bilateralidad de las partes. En respuesta, el PRI le culpó de querer prolongar el conflicto para manipularlo con fines electorales.

A principios de marzo, el PAN también presentó un proyecto de ley sobre reforma indígena. Una comisión integrada por representantes del PRI y del PAN será encargada de elaborar un anteproyecto en torno a ambas iniciativas. Por su parte, el senador priísta y miembro de la COCOPA, Pablo Salazar Mendiguchía, propuso que Alianza Cívica llevará a cabo una consulta en torno a las distintas propuestas.

Paralelamente, el gobierno de Chiapas dio a conocer su «Acuerdo Estatal para la Reconciliación». La iniciativa fue apoyada inmediatamente por organizaciones vinculadas al PRI mientras otros grupos la rechazaron al considerar que se trataba de un planteamiento unilateral.

Campaña contra CONAI y COCOPA

Actualmente, tanto la CONAI como la COCOPA se encuentran debilitadas. El año empezó con una nueva campaña contra el obispo Ruiz. Priístas y empresarios chiapanecos pidieron su renuncia a la CONAI. La inteligencia militar dio a conocer «pruebas» de la vinculación clero-EZLN al encontrar evangelios editados por la diócesis en casas de seguridad zapatistas cateadas en Altamirano. El comandante de la Séptima Región Militar, igualmente realizó acusaciones a titulo personal contra Samuel Ruiz.

La COCOPA también fue objeto de múltiples ataques. El presidente priísta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso criticó su trabajo por ser «ineficiente» y «protagónico». Los panistas la cuestionaron después al decir que los Acuerdos debían ser reinterpretados. Recientemente, junto con los priístas, amenazaron con retirar a sus representantes de la COCOPA si no se restablecía el diálogo.

El 11 de enero, la CONAI pidió al gobierno la disolución de los grupos paramilitares y eliminar ambigüedades y dobles mensajes. El 22, la COCOPA y la CONAI plantearon diez «condiciones indispensables» para la reanudación del diálogo, entre ellas el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; el respeto de la Ley para el Diálogo; la reducción de la militarización; el desarme de los paramilitares y el castigo a los responsables de Acteal. En marzo, a pesar de verse debilitada por la falta de consenso, la COCOPA pidió nuevamente al EZLN una reunión «urgente» y aclaró que no iba a elaborar una nueva propuesta de reforma.

El 17 de marzo, la CONAI dijo que «el procedimiento con el que se pretende llevar adelante la Reforma Constitucional (…) es incongruente y violatorio del espíritu de diálogo y paz». Además, «se aparta» de lo acordado en San Andrés (ver recuadro p.10). Según la CONAI, la forma de actuar del gobierno abre la posibilidad de que la Ley para el Diálogo desparezca y que comiencen las acciones militares. PRI y PAN criticaron la «parcialidad» de la CONAI. El coordinador gubernamental para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, comentó que dicha Comisión «incumple con su función mediadora al promover las posiciones de los zapatistas».

EZLN: Un dialogo de sordos

El EZLN se ve cada vez más aislado. En enero, expresó «No queremos todo, sólo queremos que se cumpla lo que el gobierno firmó y es del conocimiento público. Sólo queremos que la COCOPA haga honor a su palabra y defienda su iniciativa». En febrero, reiteró que no aceptará modificaciones a la propuesta de la COCOPA.

A principios de marzo, el subcomandante Marcos comentó que las condiciones planteadas en 1996 para reanudar el diálogo seguían vigentes: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y activación de la COSEVER; propuestas serias para la Mesa sobre Democracia y Justicia; cese del hostigamiento militar y paramilitar; un representante gubernamental independiente; y liberación de los presos políticos zapatistas.

El 24 de enero, 300 presos fueron liberados. Sin embargo, ninguno pertenecía a las bases de apoyo zapatistas. En las semanas siguientes, 11 presos políticos obtuvieron su libertad. Siguen detenidos 37 más.

Un «Ejercito de paz» (Pres. Zedillo, el 20 de feb.)

A principios del año, mandos militares dijeron que se aplicará «indiscriminadamente» la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo cual violaría la Ley para el Diálogo que plantea que el desarme de los zapatistas sería el desenlace del proceso de negociación. Francisco Labastida, nuevo Secretario de Gobernación, también había anunciado el desarme de «todos los grupos armados». Posteriormente, aclaró que eso no incluía al EZLN.

Se cuestionó el papel del Ejército en Chiapas cuando el semenario «Proceso» publicó un documento denunciando la estrategia contrainsurgente diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de Defensa Nacional y en particular, su actuación en la formación y promoción de los grupos paramilitares. El gobierno mexicano negó la existencia de dicho plan.

El 21 de enero, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional advirtió que el Ejército permanecerá en Chiapas «hasta que sea necesario» y afirmó desconocer la existencia de grupos paramilitares. Posteriormente, dijo que no se debe permitir que hablen las armas. Sin embargo, se observó una escalada de la militarización : nuevos retenes, intensificación en los patrullares, vuelos rasantes, etc. Según la CONAI (comunicado del 17 de marzo), alrededor de 70 mil militares se encontrarían en Chiapas actualmente. El 20 de febrero, para los 85 años de esta institución, Zedillo dijo que el Ejército mexicano será garante del diálogo y evitará siempre caer en las provocaciones.

Sociedad civil nacional y internacional

Después de Acteal, el 12 de enero la sociedad civil nacional realizó varias movilizaciones por el cese de la violencia en Chiapas. Otra iniciativa en enero fue la Peregrinación por la paz hacia la capital. Participaron unos mil 500 indígenas católicos de las 42 parroquias de la diócesis de San Cristóbal.

La comunidad internacional también manifestó su reprobación a Acteal a través de marchas, protestas y duras expresiones periodísticas. El 12 de enero, se realizaron protestas en 27 países para una Jornada de Solidaridad Mundial. En los Estados Unidos, los manifestantes demandaron el fin de la asistencia militar. En los dos últimos años, México habría enviado a 384 oficiales a la Escuela de las Américas (un centro norteamericano de adiestramiento militar y contrainsurgente).

El 15 de enero, el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando la matanza de Acteal. Señaló la inacción de las fuerzas del orden que debieron evitarla o detenerla, exigió castigo a los responsables y la desarticulación de los grupos paramilitares.

En marzo, la nueva Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green dijo en Bruselas que no existían «obstáculos» para ratificar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Paralelamente, organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas presentaron la situación de los derechos humanos en México tanto ante el Parlamento Europeo como ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A partir de febrero, se incrementó la campaña en contra de la presencia internacional en Chiapas: hostigamiento de parte de agentes de migración, difamación en los medios de comunicación, expulsión de observadores de derechos humanos y del párroco francés de Chenalhó, Michel Chanteau, que llevaba 32 años en México. Incluso un indígena de la zona Norte fue asesinado -presuntamente por el grupo paramilitar Paz y Justicia- después de haber dado su testimonio a miembros de la Comisión Civil Internacional (unos 200 observadores visitaron Chiapas a mediados de febrero).

En marzo, alrededor de 350 líderes religiosos de los Estados Unidos y otros países del mundo realizaron una declaración a iniciativa de SIPAZ para que los gobiernos mexicano y norte americano emprendieran acciones con el fin de «desmilitarizar el conflicto y lograr una solución negociada en Chiapas».

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Análisis

¿Es posible una paz unilateral?

Nunca como hoy el fantasma de la guerra había rondado Chiapas desde el inicio de los diálogos de paz en 1995. Nunca como hoy los actores habían polarizado tanto sus posturas como en estos primeros meses del año. La iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena del ejecutivo federal enviada unilateralmente al Congreso de la Unión pone en entredicho el marco jurídico y el procedimiento de los diálogos de paz.

Ahora el gobierno federal pretende por sí sólo «cumplir» con los Acuerdos de San Andrés, lo cuál resulta paradójico, ya que por más de dos años se negó a reconocer lo que su delegación había firmado, por lo menos en la forma en que la COCOPA lo presentó. Actualmente el gobierno está enfrentando mucha presión tanto a nivel nacional como internacional para resolver el conflicto en Chiapas. Acusaciones de violaciones a derechos humanos, violencia política creciente, incertidumbre e inestabilidad han debilitado a la administración Zedillo, lo cual tiene particular relevancia teniendo en el horizonte las elecciones presidenciales del año 2000. Con esto el gobierno intenta encontrar un atajo a la resolución del conflicto. Para eso ha orquestado toda una campaña en los medios, especialmente en la mayoría que él controla, arremetiendo contra el EZLN por «obstaculizar la paz», la CONAI «por perder imparcialidad» y la COCOPA «por no haber hecho bien su trabajo».

De ser aprobada dicha iniciativa se omite el principio de bilateralidad lo cual pone en riesgo el proceso de pacificación y el papel en éste de los mediadores y coadyuvantes. En tal caso existiría la posibilidad preocupante de derogar la «Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas» que permitiría el desarme «legal» de los zapatistas y el uso de la fuerza militar en caso de que se negasen.

De consumarse estos hechos en esta hora de alto riesgo, la probabilidad de reanudar el conflicto armado entre el EZLN y el Ejército federal sería muy alta.Y dado que no es fácil distinguir entre la milicia zapatista y la población civil se podría esperar un conflicto tipo guerra de guerrillas en donde las comunidades indígenas se verían orilladas a vivir una prolongada campaña de contrainsurgencia.

En estos términos tan lamentablemente poco esperanzadores suenan con singular terror y crudo realismo las palabras del senador priísta y miembro de la COCOPA Pablo Salazar Mendiguchía: «Nadie puede hoy garantizar que no se repita otro Acteal».

Recordemos que por los lamentables acontecimientos ocurridos en la comunidad de Acteal en el municipio de Chenalhó y de otros eventos de singular violencia en ésta y en otras zonas del estado de Chiapas, lo único seguro que han generado en este primer trimestre de 1998 paradójicamente es una enorme incertidumbre social.

En Chiapas continúa una guerra que algunos llaman de «baja intensidad», aunque de costos muy altos para las comunidades indígenas. Son ellas quienes vienen aportando las víctimas y quienes más sufren por la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano. De la misma manera, se ven afectadas por las agresiones y amenazas constantes del creciente número de los llamados «grupos paramilitares» que operan al margen de la ley y a veces hasta con el apoyo de los mismos cuerpos de seguridad, como quedó evidenciado en los acontecimientos de diciembre pasado en Chenalhó y como se afirmó del grupo «Paz y Justicia» en la zona Norte desde hace dos años.

El papel de los observadores internacionales en las zonas del estado de mayor violencia se vuelve más importante frente a tantos abusos a los derechos humanos. La actual campaña contra extranjeros ha tenido como consecuencia la expulsión del país de decenas de personas en los últimos dos años, entre las que destacan por número, quienes han estado prestando por mucho tiempo servicios pastorales a las comunidades indígenas a través de la diócesis de San Cristóbal. El gobierno está acusando a los extranjeros de inmiscuirse en política interna. Sin embargo, y sobre todo en vista de la naturaleza del trabajo que realizan los observadores internacionales en la zona, el alcance e intensidad de esta campaña nos hace temer que el gobierno federal quiera seguir sosteniendo y «administrando» una guerra sin testigos.

En este contexto, el «Acuerdo Estatal para la Reconciliación» promovido por el Gobernador de Chiapas ha sido leido por muchos sectores y entre ellos los partidos de oposición, como un intento de mostrar una pronta respuesta a la comunidad internacional por la preocupación que levantó la masacre en Acteal y de preparar el terreno de cara a las elecciones locales de octubre y seguramente las presidenciales del año 2000.

La comunidad internacional ha estado más atenta, jugando un papel muy importante sobretodo a partir de los lamentables hechos de Acteal. Particularmente la Unión Europea ha enviado reclamos y preocupaciones sobre el incremento de la violencia y el poco avance en el proceso de paz. En el marco de la ratificación del Acuerdo Comercial con México estas declaraciones pueden resultar de mucho peso político sobre el gobierno mexicano para reanudar los diálogos y hacer avanzar una paz que garantice un desarrollo equilibrado y justo del pueblo mexicano, en especial de aquellos sectores -como los pueblos indígenas- más marginados y empobrecidos.

Nunca en la historia de este país el tema de los derechos de los pueblos indígenas había estado en el centro de la atención nacional. Mientras ese histórico debate se está dando en el Congreso de la Unión lo que está en juego es la guerra o la paz en Chiapas. En ese sentido en entrevista telefónica el senador Salazar nos comentó: «Cualquier iniciativa puede ser perfecta tecnicamente, pero de nada sirve si no es en favor de la paz».