«Sin la lealtad de las fuerzas armadas, la lucha por mantener las libertades, la democracia, la justicia, el orden jurídico y la paz sería errática e intransitable.«
General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional

Militarización en América Latina, tendencias generales

Vehículo militar en la Comunidad de Zapata, Municipio de San Manuel, Chiapas © SIPAZ

La militarización en México se encuadra en un proceso histórico que afecta a toda América Latina. Durante la Guerra Fría, se implantó la militarización (promovida y apoyada desde los Estados Unidos debido a sus intereses políticos, económicos y comerciales) como defensa ante el «peligro comunista», que se presentaba en la región en forma de guerrilla revolucionaria. Tras la caída del Muro de Berlín, la «guerra contra las drogas» y la más reciente «guerra contra el terrorismo» han servido como justificación para implicar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, no relacionadas con la defensa exterior.

En los últimos años, varios países, y especialmente Colombia, han recibido apoyo económico y militar desde los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia⁽¹⁾, implementado desde 1999, supone la entrega de Estados Unidos de cientos de millones de dólares anuales destinados sobre todo (82%) a presupuesto militar. Ha sido muy criticado por fortalecer indirectamente a grupos paramilitares, provocar violaciones de derechos humanos y debido a que las fumigaciones aéreas de cultivos afectan seriamente a la salud y al medio ambiente. Recientemente se han dado a conocer los proyectos de los presidentes Calderón y Bush para aumentar las ayudas de los Estados Unidos a México en tecnología militar y asesoramiento (hasta 1.000 millones de dólares, según El Universal⁽²⁾), por lo que se habla ya de un «Plan México». El embajador de Colombia en México ha afirmado que en el país se vive una «colombianización buena», porque hay «respuesta muy fuerte» del Estado para combatir la criminalidad⁽³⁾.

Hoy en día, se denuncia que la implantación de políticas neoliberales en la región sigue requiriendo de una creciente militarización en América Latina. Debido a los intereses de las corporaciones transnacionales para controlar recursos (energéticos, y de forma creciente, relacionados con la biodiversidad), utilizar mano de obra barata y ampliar mercados, se sigue presionando a los gobiernos latinoamericanos para militarizar la zona. Se crea así un clima favorable a la inversión extranjera, pero peligroso para el respeto a los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas y grupos opositores.

La nueva etapa de militarización en México

Vehículo militar en la Comunidad de Zapata, Municipio de San Manuel, Chiapas © SIPAZ

La creciente movilización del ejército en la lucha contra el narcotráfico (unos 30.000 efectivos en más de una decena de estados⁽⁴⁾), anunciada por el presidente Calderón desde el inicio de su mandato como una de las medidas «estrella» para garantizar la seguridad, es ya un hecho. A pesar de ser una política iniciada en los años 90 por el presidente Zedillo, es notorio el incremento de la presencia del ejército en funciones de seguridad pública. Los vehículos y uniformes militares forman ya parte del paisaje en todo el país, y resulta virtualmente imposible realizar un viaje de varias horas por carretera sin ser detenido por un retén militar.

Justificación por parte del gobierno federal

El gran poder con que cuenta el narco es uno de los problemas más urgentes del país, especialmente por el enorme grado de violencia que provoca: más de mil personas asesinadas solamente en los primeros 5 meses de 2007⁽⁵⁾. Al encontrarse gran parte de los agentes de policía bajo las órdenes del narco (el 50 por ciento, según el periodista especializado Ricardo Ravelo), el gobierno federal ha optado por utilizar cada vez más al ejército en la lucha contra la narcodelincuencia, también debido a que la policía parece estar en inferioridad tecnológica y de armamento frente al narco.

Soldado mexicano destruyendo un plantío de amapola © Indymedia México

Críticas: anticonstitucionalidad, escasa efectividad

Las críticas han llegado desde muy diversos frentes: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido que el ejército sea «sacado de las calles y que cumpla exclusivamente su función (constitucional) de defensa de la soberanía nacional, no de la persecución de la delincuencia».

Además de la inconstitucionalidad, se han ofrecido distintos argumentos contra la implicación del ejército en estas labores: su escasa efectividad, la exposición de las fuerzas armadas a la corrupción que ha afectado de forma endémica a la policía y la escasa preparación del ejército para el trato con civiles, lo que deriva en abusos de autoridad y episodios de violencia. En palabras de la CNDH: «el Ejército no se está preparando para hacer funciones de seguridad pública, esto tiene que ser responsabilidad de los policías… hay violación a los derechos humanos y no se respeta la ley».

Diversas fuerzas de oposición interpretan a su vez que la movilización del ejército se realiza con el fin de criminalizar y reprimir la protesta social, que prevén se incremente por la oposición popular a las reformas estructurales propuestas por el Gobierno federal⁽⁶⁾.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace el siguiente balance de los últimos seis meses: la violencia sigue creciendo en todo el país, el flujo de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México aumenta continuamente y el personal militar ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos⁽⁷⁾.

Homicidios y violaciones: casos paradigmáticos

Soldado mexicano en un desfile © portierramaryaire.com

En los últimos meses, México ha vivido gravísimos casos de violencia contra civiles por parte de las fuerzas armadas. Las víctimas provienen habitualmente de los sectores más vulnerables de la sociedad: personas pobres, indígenas y, especialmente, mujeres. En febrero, según informaciones corroboradas por Amnistía Internacional, Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 72 años, fue violada repetidas veces, golpeada y torturada por varios soldados en el estado de Veracruz, y murió más tarde a consecuencia de las lesiones. Pese a que la autopsia confirma la violación tumultuaria que sufrió y que sus últimas palabras fueron «los militares se me echaron encima», la tesis gubernamental, sustentada por el presidente Calderón y el ombudsman (titular de la CNDH) Soberanes, sostiene que la anciana murió debido a úlceras gástricas. Amnistía Internacional muestra su temor⁽⁸⁾ porque la investigación quede en manos de las autoridades militares, dificultando un juicio imparcial, y porque tanto la comunidad de Ernestina como los testigos puedan sufrir intimidación. Los pobladores han reclamado la salida del ejército de la zona.

En mayo, cuatro menores de edad fueron víctimas de violación y abuso sexual por parte de integrantes del ejército mexicano en el estado de Michoacán. Todas ellas trabajaban en un restaurante, cuya dueña estaba siendo investigada por el ejército por supuestos vínculos con el narco. Los militares llegaron vestidos de negro y camuflados. Tras interrogarlas, las amarraron, golpearon y fueron subidas a un helicóptero. Durante el vuelo fueron agredidas, insultadas y amenazadas con ser lanzadas al mar. Pese a pedirla, se les negó agua para tomar: «tienes sed, a ver dame unos mamucos para que se te quite». Una vez en el cuartel, fueron sedadas. Al despertar, continuaron los interrogatorios, los abusos sexuales y las torturas. Antes de liberarlas, se les advirtió que si denunciaban lo ocurrido, sus familias pagarían las consecuencias. La CNDH ha reconocido los hechos y ha pedido que se aclaren las responsabilidades.

El 1 de junio, dos mujeres y tres niños menores de 8 años perdieron la vida en el estado de Sinaloa. Viajaban en una camioneta pickup, que recibió el impacto de 24 balazos disparados por soldados. La versión oficial señala que éstos comenzaron a disparar porque el conductor de la camioneta no obedeció la orden de parar. Éste declara que los disparos se produjeron en la oscuridad, sin previo aviso. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa afirma que «fue un homicidio… les dispararon antes de llegar» al retén⁽⁹⁾. El conductor afirma que, una vez hubieron recogido a los heridos, tres convoyes militares diferentes entorpecieron su traslado. Tardaron 9 horas en llegar al hospital, cuando el camino se realiza habitualmente en 5. Al parecer, una asistencia médica a tiempo hubiera podido salvar sus vidas. La Procuraduría General de Justicia Militar ha detenido a 19 elementos del ejército, que serán juzgados en el fuero militar.

Fuero militar: «impunidad de facto»

«Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero. (…) Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.«
Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque la Constitución ordena que se limite el fuero militar para los delitos relacionados con la disciplina militar (rebelión, espionaje o deserción⁽¹⁰⁾), en todos los casos del apartado anterior, los presuntos responsables serán juzgados por tribunales militares. No faltan críticas contra este sistema: en 1998, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU emitió un informe sobre México, en el que afirmaba que «el personal militar parece ser inmune a la justicia civil y es generalmente protegido por la justicia militar». También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado que se recurra sistemáticamente al fuero militar para juzgar a miembros del ejército: «la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas (…) y se produce una impunidad de facto». La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha señalado recientemente que el fuero militar resulta especialmente negativo en casos de violencia contra las mujeres: éstas temen acudir a los tribunales militares, convirtiéndose en «las víctimas idóneas de un sistema disfuncional»⁽¹¹⁾.

Chiapas: la militarización como contrainsurgencia

Cartel del Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, celebrado en Chiapas en Mayo de 2003

En 1996, SIPAZ señalaba que el gobierno mantenía en Chiapas a unos 60.000 efectivos, que representaban un tercio de las fuerzas armadas del país. Esta militarización de la región, a raíz del levantamiento zapatista en 1994⁽¹²⁾, ha provocado violaciones graves a los derechos humanos como ejecuciones, tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados, robos y lesiones así como un deterioro social en las comunidades indígenas con las que los militares mantienen una convivencia cotidiana⁽¹³⁾. Sin embargo, según declaraciones del gobierno federal (en 2006), el posicionamiento del ejército en Chiapas se debe exclusivamente a las necesidades que se derivan de ser un estado fronterizo, no al conflicto con el EZLN. Esta afirmación resulta discutible: según afirma CAPISE⁽¹⁴⁾ «el 75% de la ocupación militar en el estado de Chiapas se encuentra en el territorio de influencia zapatista». En 2006, SIPAZ participó en una Misión de Verificación sobre las Circunstancias de Excepción en Chiapas, coordinada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Se concluyó que la presencia del ejército en el estado no se centra en las necesidad de seguridad fronteriza, «sino sobre todo en torno al plan militar de controlar a la población indígena y a su territorio⁽¹⁵⁾«, rico en recursos naturales.

CAPISE documenta la reacción de la asamblea ejidal de Limar, municipio de Tila en la zona Norte de Chiapas, al establecimiento de una base militar en sus tierras:
«Cuando ya se habían posesionado en nuestro Ejido, los elementos del Ejército Federal comenzaron a pasar en las casas particulares para buscar mujeres (…) a algunos niños les han dado marihuana y les obligan a tener relaciones sexuales con las prostitutas que llegan en la Base de Operaciones. (…) En la comunidad no existía la venta de bebidas embriagantes, pero desde que la Base de operaciones llegó esto se ha proliferado. En las parcelas de algunos ejidatarios, los elementos del ejército federal han entrado sin permiso a trozar madera. (…) Se han escuchado disparos de armas de fuego el 13 y 17 de mayo de este año (2003) y el 27 de noviembre y que esto ha asustado a los niños y a las mujeres«

Uno de los casos de violencia más conocidos, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁽¹⁶⁾, ocurrió en 1994: un grupo de militares detuvo a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez (de 20, 18 y 16 años) y a su madre Delia Pérez de González para interrogarlas sobre su presunta pertenencia al EZLN. Las tres hermanas fueron golpeadas y violadas reiteradas veces por la mayor parte de los militares presentes, mientras los demás observaban.

«Sentí mucho dolor muy fuerte, sintiendo que me moría y luego ya no supe qué pasó, después cuando volví, vi a otro soldado sobre mí y traté de gritar. Mientras estaban encima de nosotras se reían y decían cosas como: qué sabrosas están las zapatistas y qué bueno era que nos aprovecharan, recuerdo que mis hermanas gritaban mucho, no decían cosa sólo gritos, y a veces gritaban: suéltennos.«

Antes de dejarlas ir, las amenazaron de muerte si denunciaban lo acontecido. Posteriormente, la presión por parte de su propia comunidad (donde sospechaban conductas reprochables por parte las jóvenes) las obligó a abandonar su hogar y «huir de su comunidad en medio del temor, la vergüenza y humillación»⁽¹⁷⁾. El Estado mexicano alegó que la investigación fue archivada porque las hermanas González Pérez se negaron a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia Militar para presentar su testimonio y para someterse a un nuevo examen médico ginecológico⁽¹⁸⁾ (el primero probaba la existencia de violaciones). En consecuencia, sostuvo que no hubo violación alguna de derechos humanos imputable al Estado mexicano. Sin embargo, la CIDH consideró probada la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos y pidió que se juzgue a los responsables y se repare a las víctimas. A día de hoy, las recomendaciones de la CIDH siguen sin cumplirse y los responsables siguen impunes.

Hay que recordar que todavía se siguen denunciando graves abusos por parte del ejército en Chiapas, pese a que se vive ya cierta «normalización» de su presencia y a que la policía se sigue ocupando mayoritariamente de la seguridad en el estado.

Portada Revista Proceso

Percepción pública

Según una encuesta de Parametría⁽¹⁹⁾, el 89% de la población mexicana está de acuerdo con la implicación del ejército en la lucha contra el narco y el 45% lo prefiere a la policía para cuidar de la seguridad en las calles. Resulta preocupante ver estos niveles de aceptación de una política que ha provocado ya casos de violaciones de derechos humanos tan llamativas. En Colombia, la militarización ha penetrado ya en amplias capas de la sociedad: el 75% apoyan a un presidente con vínculos paramilitares, y existen 4 millones de «informantes» y un millón de «colaboradores voluntarios» en la lucha contra el narco⁽²⁰⁾.

Conclusión: la militarización, grave peligro para la paz y los derechos humanos

La movilización del ejército en operativos no relacionados con amenazas exteriores a la soberanía nacional puede resultar contraproducente: paradójicamente, tratando de restablecer la seguridad pública, se puede generar un clima de temor e inseguridad debido a los abusos cometidos por las fuerzas armadas. Frente al problema del narco debe tenerse en cuenta que no se trata solamente de combatir a la delincuencia organizada -siempre respetando las garantías individuales de toda la ciudadanía-, sino también las condiciones de marginación y la falta de oportunidades que provocan su extensión. Otra preocupación es que la movilización del ejército juegue un papel de control y represión de los movimientos sociales. Por otro lado, estableciendo bases militares en el territorio de pueblos indígenas que rechazan su presencia se provoca tensión y se dificulta gravemente la convivencia. Finalmente, el fuero militar sigue siendo una limitante: los delitos comunes, si se va a respetar el principio básico de la igualdad ante la ley, deberían ser juzgados por tribunales ordinarios.

Notas:

1. Artículo sobre el Plan Colombia en Wikipedia (Volver…)
2. El Universal, 22 de junio de 2007 (Volver…)
3. Artículo en La Jornada (Volver…)
4. Artículo en El País (Volver…)
5. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Volver…)
6. La militarización de Calderón, en la revista Energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía (Volver…)
7. Sitio web del Centro Pro (Volver…)
8. Acción urgente de Amnistía Internacional (Volver…)
9. Artículo en La Jornada (Volver…)
10. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel. El fuero militar en México: La injusticia en las fuerzas armadas (Volver…)
11. Artículo en La Jornada (Volver…)
12. Ver Castro Apreza, Inés. Quitarle el agua al pez: la guerra de baja intensidad en Chiapas (1994-1998) (Volver…)
13. La Ocupación Militar en Chiapas: El Dilema del Prisionero. CAPISE, 2004 (Volver…)
14. Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas. (Volver…)
15. Boletín del Frayba (Volver…)
16. Caso en la CIDH (Volver…)
17. Caso en la CIDH (Volver…)
18. Marta Figueroa, abogada de las víctimas, hace ver que se trata de una estrategia habitual: exigir un nuevo examen médico-ginecológico, sabiendo que a las mujeres víctimas de violaciones, especialmente del mundo rural, las aterroriza tener que pasar nuevamente por ello. Así, su negativa es utilizada para parar el proceso judicial. (Volver…)
19. Resultado de las encuestas de Parametría (Volver…)
20. RUEDA, Danilo. Militarismo en Colombia. Intervención en el 5º Espacio Amplio de PROPAZ. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de junio de 2007. (Volver…)