Sumario

Las elecciones nacionales del pasado mes de julio constituyeron un paso significativo dentro del proceso de democratización que se vive en México. El partido en el poder, el PRI, perdió su histórica mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Desde entonces, se han podido observar varios signos de este nuevo escenario político. Por primera vez, el Informe Anual del Presidente fue respondido por un diputado de la oposición. En el nuevo Congreso, el PRI en lugar de fijar los términos del debate, ahora debe negociarlos e, incluso, en algunos casos, aceptar las decisiones de una oposición unificada. Además, los partidos de la oposición están insistiendo en discutir temas controvertidos que podrían perjudicar la administración de Zedillo.

En septiembre, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) envió a «1.111» simpatizantes a la ciudad de México para exigir la desmilitarización de Chiapas y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El propósito de la marcha zapatista era de llamar nuevamente la atención nacional sobre el conflicto que aún no se resuelve en Chiapas. Dicha marcha fue planeada para hacerla coincidir con la constitución del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Dentro de la perspectiva zapatista, el FZLN no es un partido político y no buscará el poder del Estado. Se trata más bien de un intento para organizar a la Sociedad Civil con el fin de transformar radicalmente el sistema político y económico de México.

Al principio, el Gobierno Mexicano demostró cierta resistencia frente a la presencia zapatista. Posteriormente, representantes del gobierno comentaron que no iban a impedirla y apuntaron que la constitución del FZLN significaba una incorporación acertada del EZLN a la vida política. Llamaron a una pronta reanudación de los diálogos de Paz, criticando la inflexibilidad del EZLN.

El EZLN rechazó la idea de que la constitución del FZLN significaría la canalización exclusiva del conflicto al ámbito político y con ello, el fin de su lucha armada. Insistió en que el FZLN no sería su brazo político sino una organización independiente (aunque, hasta la fecha, el FZLN tomó claramente su inspiración del grupo armado.) Sigue negándose a reanudar los diálogos de Paz mientras no se cumplan los acuerdos ya firmados. Afirmó que «La guerra sigue en el Sureste mexicano y los Zapatistas seguimos armados y listos para combatir.»

En Chiapas, varios campamentos militares fueron desmantelados y luego reinstalados unos dias más tarde. Estas señales contradictorias causaron protestas, mayor tensión y levantaron preocupaciones sobre una posible división entre las autoridades en cuanto a su política sobre el conflicto chiapaneco.

La CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) apuntó que, desde febrero de 1995, el número de puntos de presencia militar y policíaca ha aumentado en un 130%. También pidió que se redujera dicha presencia en Chiapas, como un signo del compromiso del gobierno con una solución pacífica del conflicto. El jefe de la delegación gubernamental para Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que si el EZLN retirara su declaración de guerra, el gobierno reduciría el nivel de tropas presentes en el estado.

Mientras tanto, el obispo Samuel Ruiz se ha convertido en el blanco de una campaña periodística que lo acusa de desestabilizar el proceso de Paz. Dicha campaña aparentemente pretende neutralizar el papel de mediación de la Comisión que él preside. La COCOPA, Comisión integrada por representantes del Congreso para apoyar el proceso de Paz, sigue estando paralizada. De cara a la firme oposición de la administración de Zedillo, dicha Comisión fue incapaz de lograr un consenso para presentar al Congreso su propuesta legislativa para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El nuevo Congreso ha nombrado a los nuevos integrantes. Varios partidos políticos de oposición manifestaron que iban a impulsar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

La violencia persistente y la injusticia histórica que prevalecen en Chiapas, particularmente en la zona Norte, dieron lugar a una serie de denuncias de parte de importantes organizaciones indígenas, cíviles y religiosas.

El plantón que realizaron desplazados de esta región en la capital del estado se levantó después de 87 días sin que obtuvieran respuestas a sus demandas. Se observó una creciente actividad de parte de los grupos paramilitares que constituyen un actor clave en la promoción de la violencia en Chiapas.

También se dieron iniciativas para buscar la paz. El Congreso del estado en Chiapas creó una Comisión para promover el diálogo y la resolución no violenta de los conflictos. Sin embargo se cuestionó su imparcialidad porque está encabezada por un diputado estatal que es identificado como lider del grupo armado «Paz y Justicia».

A principios de septiembre, el Encuentro Ecuménico entre evangélicos y católicos generó una oportunidad única para dialogar y lograr modestos pasos para superar las divisiones que permitieron que la religión agudizara la polarización en algunas comunidades. Vista como parte de un proceso más amplio de encuentros, esta reunión suscita esperanzas de que las iglesias sean capaces de trabajar juntas y se conviertan más bien en una fuerza en favor de la paz y la reconciliación en las comunidades. Al nivel internacional, las elecciones de julio mejoraron la imagen de México en materia democrática. Los frutos iniciales de este cambio incluyen un importante acuerdo económico con la Unión Europea y un mejoramiento efimero de la situación de las acciones mexicanas en los mercados finacieros internacionales. Dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico, los Estados Unidos acordaron enviar 20 nuevos helicópteros artillados a México.

Por otra parte, México sigue siendo muy criticado por los grupos internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Relator Especial de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas reportó durante su reciente visita, que había recibido varios testimonios de primera mano sobre casos de tortura por parte de oficiales militares. Apuntó que sólo visita países en los cuales ha concluido que la tortura no corresponde a casos aislados.

Después de la suspensión de los diálogos de San Andrés hace un año y luego del prolongado enfoque en las campañas electorales, nuevas posibilidades para el proceso de Paz surgieron en el nuevo escenario político. Se escuchan más declaraciones conciliatorias entre los actores. Queda por ver si dichas declaraciones serán traducidas en las acciones necesarias para encaminarnos hacia la Paz.

ACCIONES RECOMENDADAS

Urgir al Ejecutivo mexicano a:

• respetar los Acuerdos de San Andrés y pactos internacionales que ha firmado y en los que se contemplan ampliamente los derechos de los pueblos indígenas.
  – ordenar la reducción de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
  – reconocer y respetar la labor humanitaria que realizan los trabajadores de derechos humanos, así como la de los observadores internacionales.
  – Exhortar a la COCOPA y al Poder Legislativo a llevar adelante el Proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena para lograr la implementación efectiva de los Acuerdos de San Andrés.
• Difundir información—como este informe—y hacer presentaciones sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (52 5) 535 27 26

Carlos Medina Plascencia
Cámara de Diputados
Presidente de la Comisión
de Régimen Interno y Gobierno
Palacio Legislativo de San Lázaro
Edif. A, Col. El Parque
15969 México, DF—México
Fax: (52-5)-522-80-12/542-10-01/542-74-31

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (52 5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico

Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (52 5) 546 5350 / 546 7380

Lic. Julio C. Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (52 961) 20917

Además:

• Difundir información – como este reporte – para movilizar a la opinión pública internacional.
• estar vigilantes y preparados para contrarrestar una escalada de violencia en Chiapas.

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Actualidad

Reescribiendo la Historia

Marco nacional: primeros pasos hacia mayor democracia

Después de un sorprendente y en muchos aspectos alentador proceso electoral del que todavía se sienten los efectos, finalmente en agosto se ratificaron los resultados definitivos de las elecciones del 6 de julio. En ellas, se confirma la tendencia hacia un mayor pluralismo en México. Se habían presentado 189 demandas de juicio de inconformidad (eran 1200 en 1994).

 

Conformación de la Cámara de Diputados

Fuente: Alianza Cívica

Partido	Diputados de mayoría relativa	Diputados de representación proporcional	Total
PRI	165	74	239
PRD	70	55	125
PAN	64	57	121
PVEM	—	8	8
PT	1	6	7
TOTALES	300	200	500

 

Conformación de la Cámara de Senadores

Fuente: Alianza Cívica

Partido	Senadores en funciones	Senadores electos este año	Total
PRI	64	13	77
PAN	24	9	33
PRD	8	8	16
PVEM	—	1	1
PT	—	1	1
TOTALES	96	32	128

En este nuevo marco, el 1ero. de septiembre, después de muchas polémicas en cuanto a su formato y de fuertes presiones por parte del PRI que amenazaba con no asistir a la instalación de la Cámara de Diputados, tuvo lugar la presentación del Tercer Informe a la Nación del Presidente Ernesto Zedillo.

El discurso presidencial hizo hincapié sobre todo en la política económica, omitiendo temas de particular relevancia. Entre otras cosas, no habló sobre el tema de Chiapas, el Ejército Popular Revolucionaria (EPR) o la militarización del país.

No obstante, inaugurando un nuevo tiempo político, por primera vez el Informe Presidencial fue contestado por un diputado de la oposición. El líder del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, retomó la situación de Chiapas y la necesidad de cumplir los Acuerdos de San Andrés, así como el «mandar obedeciendo» (conocido principio zapatista) como la mejor manera de gobernar el país. Muchos analistas y los propios partidos de oposición agrupados en el llamado «bloque opositor»—según la nueva conformación del Congreso- afirman que, de ahora en adelante, el PRI—que perdió su histórica mayoría absoluta en la Cámara de Diputados- deberá aprender a negociar.

El proceso de paz según sus protagonistas

Después de varios meses de ausencia del acontecer político, el EZLN volvió a la escena nacional. En un comunicado del 8 de agosto anunció que, del 13 al 16 de septiembre, 1.111 Zapatistas acudirían a la ciudad de México. Allí exigieron pacificamente el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la desmilitarización del estado y del país, y participaron en el congreso de fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Esta organización política — en gestación desde febrero de 1996 — anunció que ese evento definiría su declaración de principios, programa de lucha, estructura y estatutos, plan de acción y eventualmente, la elección de nuevos titulares. Con esta iniciativa, los Zapatistas no pretenden ser el brazo político del EZLN ni alcanzar el poder, sino construir una herramienta para la transformación radical del sistema político y económico, y de la relación entre Estado y Sociedad Civil.

Desde el inicio del congreso, se aclaró que la delegación de Zapatistas no venía para participar directamente en la fundación del FZLN, sino como observadores. Un comunicado escrito por el sub-comandante Marcos también precisaba:

» No nos vamos a transformar en fuerza política civil y pacífica. La guerra sigue en el Sureste mexicano y los Zapatistas seguimos armados y listos para combatir […] desafiando al supremo gobierno con las armas, con la razón y con la historia».

El 8 de septiembre, para la despedida de la delegación zapatista, se concentraron en San Cristóbal de las Casas unos 15.000 indígenas, bases de apoyo y simpatizantes del EZLN. Por otra parte, varias organizaciones indígenas nacionales anunciaron que se unirían a la marcha zapatista para exigir la reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena: el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) y otras organizaciones de la Costa y los Altos de Chiapas, así como de otros estados del país.

Al principio, hubo varios intentos para dificultar la iniciativa. Las oficinas del FZLN en la ciudad de México fueron robadas. El Gobierno Federal dio señales mixtas. Por un lado, quiso exigir que los delegados zapatistas se quitaran los pasamontañas para poder arribar a la capital del país. Por el otro lado, expresó su disposición de dar plenas garantías a la marcha. Al final no hubo mayores problemas.

Paralelamente, en estos últimos meses, el EZLN ha apostado a la dimensión internacional para mantener viva la atención y la solidaridad con el movimiento.

Así mismo, a principios de agosto, tuvo lugar en Chiapas un Encuentro cultural chican@/indígena, con el propósito de «utilizar el arte y la cultura como una forma de resistencia hacia el cambio social.»

Mientras tanto, el Gobierno Federal no dejó de expresar su disposición para reanudar el Diálogo de Paz en Chiapas. El presidente Ernesto Zedillo, el 23 de julio, ante líderes latinos de Illinois llamó al EZLN «a reanudar el diálogo», le pidió reconsiderar su «rebeldía retórica«, manifestó buscar una solución sobre la base de que hay principios fundamentales que no son negociables (soberanía, integridad del territorio y unidad nacional) y pretendió tener una «inagotable paciencia».

A principios de septiembre, el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, afirmó que el Gobierno Federal quiere reanudar cuanto antes las negociaciones con el EZLN pero expresó que la propuesta actual de la COCOPA significaría una «fisura» en la estructura constitucional del Estado Mexicano y una amenaza a la soberanía nacional. Paralelamente, el jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, comentó que estaban dadas las condiciones para la incorporación de los Zapatistas a la vida institucional y a la competencia política bajo las nuevas reglas equitativas y transparentes de la democracia mexicana. Dijo que ello «enriquecería mucho el espectro de la democracia mexicana». Expresó que «hay una gran posibilidad de reiniciar el diálogo», aunque agregó que, sin embargo, «hay que mover muchas piedras del camino y creo que las elecciones fueron una muy buena señal y hay que seguir trabajando gradualmente en esto«. Más recientemente, dijo que si el EZLN retiraba su declaración de guerra, se reduciría el número de tropas federales de las comunidades de Chiapas.

También sostuvo que «con falsos dilemas y actitudes irreductibles no se resolverá el problema» (hablando de la iniciativa de ley de la COCOPA, dijo que los Zapatistas «no quieren que se le modifique ninguna coma»).

Por otra parte, los recientes movimientos de tropas en la zona de conflicto de Chiapas fueron una muestra más de los signos contradictorios que emite el Gobierno Federal. El 17 de agosto, desmantelaron 7 campamentos y relevaron a unos 5.000 militares en los Altos de Chiapas, la zona Norte y la Selva Lacandona. Dos días después, Ausencio Chávez Hernández, Subsecretario de Gobernación, dijo que el retiro de tropas de la zona de conflicto era «una muestra de la buena disposición del gobierno de la República» para reanudar las negociaciones. Sin embargo, el Comandante de la Región Militar de Chiapas precisó que sólo se trataba de un «reajuste» de las tropas, no de un retiro.

El 22 de agosto, con la reinstalación del campamento militar en San Cayetano (cercano a la sede del diálogo, el zapatista San Andrés Larráinzar), unos 300 soldados del Ejército mexicano a bordo de al menos 30 unidades militares se encararon con miles de simpatizantes zapatistas que exigían el retiro inmediato de las tropas y la entrega de las tierras a sus verdaderos dueños. La situación sigue siendo muy tensa en la zona. Durante este evento, nueve extranjeros fueron acusados de haber manipulado a los indígenas para enfrentar a los militares, lo que provocó que las autoridades migratorias iniciaran una investigación sobre 320 extranjeros que realizan en Chiapas actividades no conformes con su calidad migratoria de turistas.

Es importante agregar que recientemente se publicaron varios documentos de Inteligencia militar involucrando en el narcotráfico a altos jefes, oficiales y tropas del Ejército. Eso generó una polémica alrededor del papel del Ejército y de sus excesivas prerrogativas en el país.

Durante los últimos meses, la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) ha vivido fuertes presiones por medio de una aparente campaña por parte de la prensa local que pretende desprestigiar a su presidente, el Obispo Samuel Ruiz, y deslegitimar a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los sacerdotes y a los agentes de pastoral. Se les está acusando de intentar desestabilizar el proceso de paz.

A fines de agosto, la CONAI emitió dos comunicados. En el primero, respaldó las medidas que está tomando el EZLN para ampliar y consolidar su presencia en los espacios políticos, así como también la marcha zapatista al Distrito Federal. El segundo consistió en un Informe Especial sobre la militarización en Chiapas: «Después de la ofensiva de febrero de 1995 y hasta diciembre de 1996, los puntos de presencia militar y policíaca aumentaron en 96, por lo que ascendieron a un total de 170, lo que implicó un incremento del 130%.» También subrayó la necesidad de reducir la presencia del Ejército en Chiapas, como «signos inequívocos de la voluntad política del Gobierno Federal para fortalecer la confianza de que por la vía política y pacífica es posible el avance democrático y la construcción de una paz justa y digna en Chiapas.»

Sobre el tema, Mireille Rocatti, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que la militarización del estado de Chiapas «se debe más al incremento de la delincuencia que al problema social», afirmación que fue calificada de «desconcertante y grave» por varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos.

En lo que respeta a la COCOPA, después de las elecciones del 6 de julio sus trabajos quedaron virtualmente congelados por el tiempo que restaba a su legislatura. El 30 de julio, dicha Comisión declaró que no presentaría la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena en lo que quedaba de tiempo. Según Juan Guerra, del PRD, el fracaso de la COCOPA fue «atribuible a la cerrazón del Gobierno». En el mismo sentido, Antonio Lozano, Secretario General Adjunto del PAN, también afirmó que el gobierno no correspondió al esfuerzo de la COCOPA, y dijo que su partido impulsará los Acuerdos de San Andrés. Los nuevos integrantes de la Comisión coadyuvante se definieron en septiembre.

Por otro lado, el Partido Verde Ecologista de México exigió el retiro de las tropas del Ejército Mexicano de las zonas zapatistas y el reinicio de las negociaciones. El 22 de agosto, dirigentes del PRD se reunieron con Emilio Chuayffet, Secretario de Gobernación, para manifestarle que el diálogo se debe reactivar y le informaron que ese partido impulsará desde la Cámara de Diputados y el Senado el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Por su parte, las iglesias reafirmaron su preocupación por la situación de violencia que prevalece en Chiapas, particularmente en la zona Norte. En julio, el nuevo representante del Vaticano en México, Justo Mullor García, así como la Compañía de Jesús, expresaron su apoyo al trabajo de los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera. Del 3 al 5 de septiembre, se realizó en Chiapas el II Encuentro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación (ver «Enfoque» en este número), un signo alentador sobre el papel que pueden jugar las iglesias cristianas en el proceso de paz.

En los últimos meses, las organizaciones indígenas y no gubernamentales también se pronunciaron en varias oportunidades exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la desmilitarización: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad—formado por 180 organizaciones sociales, universitarias, políticas y eclesiales de 17 estados-, el Congreso Nacional Indígena y las participantes en el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas, en Oaxaca.

Finalmente, a principios de septiembre, la nueva dirigencia de la ARIC/Unión de Uniones, importante e histórica organización campesina de Chiapas, acordó «trabajar por la reconciliación entre las comunidades que se encuentran en la zona de conflicto, también en dar prioridad al diálogo y negociación con otras organizaciones indígenas que habitan las Cañadas de la Selva Lacandona».

Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado sigue promoviendo acciones unilaterales que, según él, atienden directamente a la raíz de los problemas y conflictos. En ese sentido, ha promovido recientemente algunos cambios a su gabinete. Habrá que esperar los resultados.

También la violencia política postelectoral ha cobrado auge en las últimas semanas. Presidencias municipales han sido tomadas (Ocosingo, Oxchuc), amenazas y atentados contra líderes sociales, bloqueos de carreteras, tierras tomadas, etc.

En la zona Norte, la situación continua deteriorándose. El 23 de julio, después de 87 días frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, desplazados de esta región levantaron su plantón sin haber obtenido respuestas a sus demandas.

Paralelamente, la violencia se recrudeció: el 21 de julio, en la comunidad de Masojá Grande fue asesinado el representante del grupo paramilitar «Paz y Justicia», Santiago Sánchez Torres, y en el camino a la cabecera municipal de Tila, mataron a Bersain Vázquez Cruz, hijo de otro dirigente de la agrupación priísta.

No hubo explicaciones claras de estas muertes: mientras «Paz y Justicia» culpa de los hechos a catequistas e integrantes de la Diócesis de San Cristóbal, otros hablan de un ajusticiamiento interno por las anomalías en el manejo de los recursos que obtenía la organización. Después de esos hechos, temiendo represalias, unas 450 personas del municipio de Tila y 2,742 en Sabanilla huyeron de sus comunidades Mientras tanto, en el ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, se denunció un repunte del grupo paramilitar «Los Chinchulines».

También últimamente, mientras las autoridades del estado lo niegan, la prensa ha empezado a hablar de la aparición de una nueva fuerza paramilitar: el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) que ya estaría operando en las regiones Altos, Selva y Norte.

El Congreso del estado lanzó una iniciativa de distensión y solución a los conflictos de la zona Norte. Esta Comisión estaría encabezada por el diputado Samuel Sánchez, quien es señalado como líder y asesor del grupo paramilitar «Paz y Justicia». Hay preocupación entre algunas comunidades choles por el riesgo que esta iniciativa pueda ser parcial.

México frente a la comunidad internacional

Gran parte de la comunidad internacional comentó favorablemente la transición democrática que se vive en México desde las elecciones del 6 de julio. Esto tiene que ver con la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea el 23 de julio, luego de una polémica sobre la cláusula democrática (sobre signos claros y concretos de avances democráticos) que requerían los europeos y que México no quería firmar. En un mismo sentido, cabe destacar que la Bolsa de valores de Nueva York reaccionó positivamente después de la presentación del III Informe del Presidente Zedillo, informe que fue considerado por Bill Clinton como «otro paso adelante» en el proceso de democratización de México.

A nivel militar, hubo señales preocupantes. El 20 de julio, el máximo jefe militar de los Estados Unidos visitó México proponiendo una mayor cooperación táctica en el campo de la lucha anti-narcotráfico y acordó enviar 20 nuevos helicópteros artillados.

Por otro lado, el Gobierno mexicano sigue siendo muy criticado por los organismos internacionales de derechos humanos. El Relator Especial para la Tortura de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, informó durante su visita en agosto que había recibido muchos testimonios de víctimas de tortura por parte de oficiales militares. El Sr. Rodley comentó que solo visita paises en los cuales ha concluido que la tortura no corresponde a casos aislados. La visita tuvo gran repercusión, y aunque Rodley aún no emitió recomendaciones, abrió el camino para los relatores de la ONU en materia de libertad de expresión y de aprehensiones y desapariciones forzadas (aunque el gobierno mexicano recientemente negó a este último el permiso para visitar el país).

En agosto, Amnistía Internacional denunció la violencia que impera en la zona Norte de Chiapas. Al final del mismo mes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU dio a conocer sus conclusiones acerca de la situación en México, que comprenden tres puntos positivos y doce negativos. Entre éstos, cabe resaltar que las autoridades mexicanas son fuertemente cuestionadas y que se denuncia la situación en Chiapas, señalando como consecuencia el empeoramiento de la precariedad de las poblaciones autóctonas de esa región.

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Análisis

Con las pláticas de paz suspendidas por más de un año y posiblemente con el esquema de diálogo de San Andrés agotado; con los primeros Acuerdos de Paz incumplidos y con un Gobierno que emite señales contradictorias respecto al conflicto chiapaneco; el EZLN, los Pueblos Indígenas, las Iglesias y otros actores sociales, a diferentes niveles han decidido volver a intentar la reanudación de los Diálogos de Paz y el restablecimiento de las relaciones sociales en las distintas áreas de conflicto del estado.

Esas fueron las razones por las que el EZLN decidió enviar a sus 1.111 delegados (mismo número de comunidades en las que los Zapatistas tienen influencia) a la aventura de marchar hasta la ciudad de México, centro político y económico del país, para que junto a otras voces pudieran demandarle al Gobierno Federal el cumplimiento de su palabra.

La marcha de los Zapatistas en la que finalmente «tomaron» el Zócalo de la ciudad de México en forma pacífica y legal después de recorrer la misma ruta que Emiliano Zapata hiciera en 1914, obligó al Gobierno Federal a romper su prolongado silencio sobre el conflicto chiapaneco; atrajo la atención de los medios de comunicación y recibió muestras de apoyo de muchos otros actores políticos y sociales, incluyendo a los partidos políticos, lo cual ayudó a revitalizar el movimiento de solidaridad con su lucha y con la del pueblo de México que busca el cambio. Poner en el centro de la agenda nacional la urgencia de la paz y la cuestión indígena como un tema directamente ligado a ella fue de vital importancia.

Toca ahora al Congreso de la Unión, a la Sociedad Civil, al formalmente constituido FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional) y al Congreso Nacional Indígena, entre otros, la continuación política y civil de esta lucha que abarca desde el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la desmilitarización de Chiapas y otros estados, la reanudación del diálogo y finalmente el logro de una paz justa y duradera para todos.

Una nueva etapa en la vida política y democrática de la nación se inauguró el pasado 6 de julio. En ella, el electorado optó por darle su confianza y su voto, ya no al partido que los ha gobernado por tantas décadas, sino distribuirlo entre otros. De esta manera, se tendrá que negociar con las demás fuerzas para poder llegar a acuerdos en beneficio de todos.

Una muestra de este nuevo escenario político se dio en el marco del III Informe a la Nación del Presidente Ernesto Zedillo. Por primera vez, el Informe fue respondido por un diputado de la oposición. El tono, la forma y el contenido del discurso de Porfirio Muñoz Ledo del PRD, ha sido calificado por analistas y académicos, como un discurso de alto nivel republicano, contradiciendo lo que muchos temían que pasara, es decir, que aprovechara para poner en serios apuros al Presidente de la República cuestionándolo sobre los asuntos más delicados que vive el país.

Con éste discurso le recordó al Presidente y a la nación que el Poder Legislativo está al mismo nivel que el Ejecutivo y que ese será en adelante el nivel en que ambos poderes se relacionen. Este nuevo tipo de relación será sin duda uno de los logros más significativos hacia la total transición democrática del país. También cabe destacar que el discurso de Muñoz Ledo incluyó, en tono respetuoso y con el fin de darles juntos (Poderes Legislativo y Ejecutivo) una respuesta pronta y adecuada, temas de vital importancia que el Informe del Presidente omitió tales como: el conflicto en Chiapas y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el EPR ( Ejército Popular Revolucionario), la militarización de más de 25 estados del país, el impacto del Tratado de Libre Comercio, los asesinatos políticos, los casos escandalosos de corrupción, etc.

Este nuevo escenario político, abierto y plural, si se mantiene, podría ofrecer a la nación un nuevo rumbo social, político y hasta económico. Sin embargo esta transición democrática no se vive por igual en los estados más conflictivos y marginados del país. No es casualidad que dichos estados sean los de mayor población indígena y los más militarizados (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo) y en donde se acusa, persigue, arresta y asesina a dirigentes populares cuyo único «delito» es pertenecer y promover cualquier forma de organización opositora.

En Chiapas, por ejemplo, la intolerancia política, la lucha por el poder y los intereses económicos, sumado al ya de por si exagerado dispositivo militar para controlar extensas zonas con marcada influencia zapatista, atemorizar a la población y desgastar el movimiento social organizado, siguen arrojando asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Habría que agregar a ello el constante operar de los grupos paramilitares en las comunidades, particularmente de la zona Norte.

Los mensajes oficiales contradictorios respecto a los movimientos de tropas del Ejército Mexicano en Chiapas han sido interpretados por algunos como la posibilidad de que haya al interior del Gobierno Federal , o incluso entre éste y las Fuerzas Armadas dos líneas para manejar el asunto «Chiapas». Por ello, una tensa y violenta paz armada es la que se vive en la entidad. Un clima enrarecido por acontecimientos que sólo contribuyen a generar confusión y a dificultar la búsqueda de alternativas al trancado proceso de diálogo. Los ataques y los intentos de desacreditación que han sufrido el Obispo Samuel Ruiz y la Diócesis de San Cristóbal acusándolos de ser los instigadores de la violencia, apuntan claramente a desplazar a la CONAI como instancia mediadora en el conflicto.

Son muchas las condiciones que deberían cumplirse para que el proceso de paz cobre fuerza de nuevo. Entre las necesidades más importantes están: el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés ya firmados, la reducción de la militarización, el desarme de los grupos paramilitares y guardias blancas, y la solución a los problemas de la zona Norte y de los presos que esto ha ocasionado.

Sin embargo la apertura política al nivel nacional ha creado nuevas posibilidades. Además, los recientes esfuerzos de líderes religiosos en Chiapas pueden llegar a ser realmente un factor que posibilite la reducción de la violencia y la intolerancia en distintas zonas del estado, principalmente en la zona Norte. Este acercamiento ayudaría a poner de manifiesto que el origen de los conflictos no es religioso y desenmascararía los verdaderos intereses de quienes mantienen y alientan las acciones violentas en las comunidades.

La comunidad internacional sigue mostrando su preocupación. La reciente visita de bases de apoyo zapatista a España e Italia han ayudado a mantener viva la solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas. Las visitas de reconocidos organismos internacionales de monitoreo a los Derechos Humanos y la descalificación que México ha recibido de ellos son señales de algo que ya no se puede sostener. Las denuncias en distintos foros internacionales sobre los casos de tortura, desaparición y racismo, son ejemplos de esto. La «ruptura del cerco» por los Zapatistas en su viaje a la ciudad de México, despertó mucho interés en otros países. Varios observadores internacionales asistieron para acompañar a los miles de mexicanos que en representación de millones de excluidos reclaman: «Nunca más un México sin nosotros».

Hoy nuevamente volvemos a sentir que hay esperanza y que la paz en Chiapas no está lejos. Por supuesto no vendrá sólo de la voluntad y disposición de una de las partes en conflicto, sino del esfuerzo de todos y sin exclusiones. Para ello se requiere una actitud de un alto compromiso con la nación y no con intereses particulares. Así lo expresó el diputado priísta y miembro de la COCOPA, Jaime Martínez Veloz:

» Lo que está en juego en Chiapas no es quién gana o quién pierde, sino la suerte de millones de mexicanos indígenas. Chiapas no es un problema de imagen, sino de los principios básicos que nos rigen como nación. Quienes están más preocupados por ganar que por resolver, deben saber que ceder no es perder».