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Entre julio y agosto de 2006, se denunciaron tres muertes dentro de cárceles de Chiapas. Dos ocurrieron en «El Amate» (Centro de Readaptación Social, Cereso 14) y una en la prisión de Chiapa de Corzo. Todas han sido presentadas por las autoridades y el Ministerio Público como muertes naturales, descartando la tortura a pesar de que las autopsias desvelan elementos sospechosos. Como ejemplo, José Gabriel Velázquez Pérez, carpintero de 34 años, falleció el 27 de agosto en la cárcel de Chiapa de Corzo debido a traumatismo y hemorragia masiva interna en su abdomen, probablemente provocados a golpes. Fue detenido en la casa de su madre; durante su detención, los oficiales usaron gas lacrimógeno, y en el traslado a la cárcel de Chiapa de Corzo fue golpeado por oficiales de la fuerza pública. Según el testimonio de la esposa de José, le había dicho:«Sácame de aquí porque me estoy muriendo, quiero oxígeno, me están pegando, sácame, sácame me están pegando los policías». Unas horas después se hizo público su deceso.

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Estos son ejemplos de un fenómeno mucho más amplio. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que la cultura de la tortura sigue muy presente en México. Se trata por tanto de un fenómeno muy difícil de erradicar, ya que la tortura se encuentra institucionalizada y directamente unida al ejercicio del poder en muchos órganos del Estado mexicano. Los sistemas judicial y penitenciario no escapan a este fenómeno y muestran graves contradicciones con las leyes mexicanas y con los derechos fundamentales de las personas presas y detenidas reconocidos internacionalmente.

Impunidad: un problema endémico

El uso de la tortura puede atribuirse en parte a las insuficiencias del sistema de investigación criminal y forense. Según el informe del 2001 del Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy, la impunidad en México «alcanza niveles de entre 95% y 98%». Describe esta situación como endémica, llegando a suponer una negación del Estado de Derecho. Las violaciones de los derechos humanos que fomentan y garantizan la impunidad han sido vistas con preocupación por varias ONG’s, la ONU y la Corte Interamerican⁽¹⁾ quienes han exhortado a las autoridades mexicanas a detener esta situación.

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Amnistía Internacional señala diversos rasgos de la impunidad que suelen rodear las violaciones de derechos humanos: en primer lugar, las limitaciones en la forma en que se llevan los casos civiles de la procuraduría. Segundo, el hecho de que los casos de violaciones de derechos humanos en los que estén involucrados miembros del Ejército sean juzgados en cortes militares. Podemos señalar el caso de la detención ilegal, violación y tortura de tres mujeres tzeltales entonces de 12, 15 y 17 años cerca de Altamirano, Chiapas en junio de 1994. Ninguno de los responsables, militares según los testimonios, ha sido castigado y el caso ha sido llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, la consideración como evidencia de las confesiones forzadas por parte de los jueces.

Sobre este último punto, no pocas veces las personas presas son forzadas por fuerzas de seguridad y autoridades carcelarias a dar determinados testimonios mediante torturas. Un ejemplo: el 4 de Julio de 2006, Gonzalo Sánchez López y Manuel Gómez Santis fueron detenidos y golpeados por elementos policíacos. Según sus testimonios, les fueron puestas bolsas de plástico en la cabeza provocándoles semi-asfixia y llegando a provocar el desmayo de Manuel. Finalmente firmaron una declaración autoinculpatoria. Manuel fue llevado al pueblo donde ocurrió el homicidio del que se les culpaba, y le introdujeron el cañón de una pistola en la boca para que confesara dónde había escondido el cuerpo, que no fue encontrado. Ambos siguen encarcelados.

Otros rasgos preocupantes subrayados por Amnistía son la falta de acceso legal de los pueblos indios aunque el 10% de la población mexicana sea indígena (alrededor de un 30% en Chiapas, siendo la mayoría de los presos en este estado indígenas). A pesar de que está previsto por la ley, en la práctica existe escaso acceso a intérpretes en idiomas indígenas para las personas detenidas.

Hay otros obstáculos para el acceso a la justicia y a los derechos procesales más básicos, debido a la inadecuada defensa legal en muchos casos: los defensores de oficio carecen de una preparación adecuada, no son bien pagados, están sobrecargados de trabajo y no disfrutan de la necesaria independencia de la procuraduría, poniendo en riesgo su imparcialidad. Tampoco los jueces actúan con independencia: el Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados denunció después de una visita a México en 2001 que entre el 50% y 70% de los jueces a nivel federal son corruptos, lo que «constituye un tremendo problema social». La influencia del narcotráfico está dañando también seriamente a los órganos judiciales, extendiendo la corrupción a todos los niveles.

Rezagos a la fecha

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A su llegada al poder, el gobierno de Fox (2000-2006) prometió respetar los derechos humanos y reforzar el Estado de Derecho, reformando la Constitución para lograr una presencia más manifiesta de estos principios del derecho universal en el texto. Amnistía Internacional mostró su satisfacción por esta declaración de intenciones. Sin embargo, según avanzaba el sexenio, se pudo observar que la impunidad prevalecía y prevalece al día de hoy, y que las medidas anunciadas en este sentido no se han aplicado, tal como señaló Nigel Rodley, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Tortura en marzo de 2002.

Los escasos avances logrados durante la presidencia de Fox en el ámbito legal fueron observados nuevamente en marzo de 2006 por Manfred Nowak, nuevo Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, en sus recomendaciones para el mejoramiento del cumplimiento de los deberes del estado mexicano, como parte firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De las recomendaciones hechas por el Relator Especial sobre la misma temática en 1997, pocas habían recibido seguimiento por parte del gobierno mexicano.

Las confesiones ministeriales (hechas ante la policía, sin presencia del juez) siguen siendo utilizadas como pruebas, aunque el gobierno de Fox impulsara una reforma constitucional que estableciera que las únicas declaraciones válidas fueran las realizadas ante el juez. Esta reforma fue rechazada por el Senado, al igual que la propuesta para que la presunción de inocencia en casos vinculados a la delincuencia organizada sea respetada. Otra de las recomendaciones que nunca fue cumplida es la eliminación de la figura del arraigo⁽²⁾, ampliamente utilizada en México y que permite a la policía extender las detenciones hasta 60 días, una vez presentada la persona detenida ante un procurador, incluso sin la existencia de un delito ni una responsabilidad dictaminada. Cabe señalar que, según Human Rights Watch, más del 40% de las personas presas en cárceles mexicanas se encuentran en prisión preventiva, es decir nunca han sido condenadas por un delito y están a la espera de juicio.

Otras recomendaciones ignoradas son: la indemnización a víctimas de tortura por parte de funcionarios públicos y el acceso a médicos independientes (ambas contempladas por el Protocolo de Estambul de 2001), la independencia de los jueces en los procesos contra funcionarios públicos o la limitación legal de la duración de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, tales como casos de tortura. Se mantiene una situación de facto de amnistía o impunidad para los elementos de las Fuerzas de seguridad que violan derechos fundamentales, así como para los casos de amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos.

Amnistía Internacional señala también que se siguen dando ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» que suceden sin que las personas responsables sean investigadas. Se ha observado además que continúan las prácticas de detención arbitraria, de tortura y de malos tratos por parte de agentes de la autoridad. Personas detenidas siguen muriendo a causa de torturas infligidas durante la detención. El 22 de julio 2006 el indígena tzotzil Jesús Hernández Pérez falleció en la cárcel del Amate. A su familia se le comunicó que le hizo mal la comida y que murió de una muerte natural. Su viuda vio que tenía hematomas y rasguños en la cara, y cree que era obvio que sufrió una muerte violenta, lo cual fue además confirmado por el acta de defunción. Sin embargo, se ordenó la inhumación de su cuerpo aunque exista la obligación de realizar una investigación exhaustiva de las muertes de personas bajo custodia del Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha pedido que se inicie investigación sobre los hechos.

Existencia sintomática de presos políticos

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«Nada es más revelador sobre la situación de los derechos humanos en un país que la existencia de presos políticos«, comentó Paulo Sergio Pinheiro, relator especial sobre derechos humanos de la ONU en Myanmar (Birmania). En México se desconoce el número exacto de presos políticos a día de hoy. Depende de la definición de «preso político», y de la relación con el término «preso de conciencia». Un preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea éste de la naturaleza que sea. Cuando se habla de prisioneros de conciencia, se incluye tanto a prisioneros políticos como a quienes están encarcelados debido a sus creencias religiosas o filosóficas.

Según la lista de presos políticos y de conciencia elaborada por el Comité Cerezo, existen 395 presos de este tipo en México⁽³⁾. En Chiapas, serían más de 50 presos políticos⁽⁴⁾, aunque muchos más se definen como presos de conciencia⁽⁵⁾. Los presos políticos son muchas veces miembros o lideres de organizaciones sociales, así como personas involucradas en actividades políticas de alguna manera. A menudo son acusados de secuestros u homicidios que resultan ser delitos prefabricados, y forzados a dar declaraciones como testimonio ante el juez.

El ser un preso político puede resultar una ventaja relativa comparado con otros presos que resultan más aislados y por tanto vulnerables. En el Cereso nº 14, «El Amate», varios presos que consideran que están encarcelados por apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a La Otra Campaña(campaña política pacífica iniciada por el EZLN) se han organizado bajo el nombre de «La Voz del Amate» . Constituye una continuación de «La Voz de Cerro Hueco» (según el nombre de otra cárcel que se cerró), que nació como respuesta al encarcelamiento masivo de personas tras el levantamiento del EZLN en 1994. Desde enero de 2006, el grupo viene protestando por su detención y pidiendo que se reconozca a sus miembros como presos políticos. Por otro lado, según informes de organizaciones de derechos humanos, las autoridades de la cárcel han tratado de animar a otros presos para que hostiguen y amenacen a los miembros de «La Voz del Amate».

Fuera de la cárcel, la Otra Campaña ha priorizado el tema de la defensa y liberación de sus presos, más aún después de la represión en Atenco en mayo pasado. En el marco de su gira, el Delegado Zero (subcomandante Marcos) ha visitado a varias cárceles del país.

Preocupantes condiciones carcelarias

Las condiciones en las cárceles discrepan gravemente de la legalidad. En muchas se padece la sobreocupación, existe violencia contra las personas presas y carecen de personal con el entrenamiento requerido y de instalaciones sanitarias adecuadas. Resulta especialmente alarmante que en varias prisiones se esté contratando a presos para que ejerzan como guardias o vigilantes. Suele existir un sistema paralelo de autoridad tolerado por las directores de la cárcel, con cargos ostentados por los mismos presos (por ejemplo, los ‘precisos‘). Otros elementos preocupantes son la corrupción existente (que mina la autoridad en las cárceles y deriva en abusos), por un lado, y los enfrentamientos violentos entre facciones de grupos relacionados con el narcotráfico en el interior de las prisiones. ⁽⁶⁾

Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, no cesan en su empeño de visibilizar los excesos y las deficiencias del sistema penitenciario en México. Sin embargo, no se han logrado cambios sustanciales en las políticas gubernamentales, así como tampoco la concienciación de la opinión pública en este sentido -que ve a la persona presa como culpable de transgredir el orden social y que debe por tanto cumplir con su condena-.

Existen carencias también a la hora de atender a las personas presas, desde un punto de vista psicológico o social. Desde el momento de su detención sufren una dolorosa cadena de injusticia, que incluye malos tratos y torturas, y que no produce siempre en los entornos familiar y social, en las organizaciones sociales o políticas a las que pertenezcan, la solidaridad que debieran. Tras esta cadena de sufrimiento reiterado, a veces durante años, es poco probable la reinserción y la recuperación de una vida «normal» en libertad.

A pesar del marco legal mexicano, que a través del artículo 133 de su Constitución da preferencia a los tratados internacionales firmados, y reconoce por tanto diversas convenciones internacionales que protegen los derechos humanos relativos al sistema carcelario y a la prohibición de la tortura, la práctica dista mucho de lo establecido por estas convenciones. Se dice que las cárceles son reflejo de cada sociedad, lo que invita a una reflexión mucho más de fondo. (7)

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  (Volver …)
2. Hasta ahora sólo el estado de Chihuahua ha tomado la decisión de declarar la figura de arraigo como inconstitucional. (Volver …)
3. «México: La eliminación del arraigo será un paso importante hacia la protección de los derechos humanos» (Amnistía Internacional) (Volver …)
4. LISTA DE PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA EN MÉXICO – Limeddh / Comité Cerezo (Volver …)
5. Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos (Blog Zapateando) (Volver …)
6. Ver informe de SIPAZ de Mayo de 1999 (Volver …)
7. Campaign Save a Life (Volver …)