Acuerdos de San Andrés, su implementación sigue pendiente, y con ella la posibilidad de reanudación del proceso de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Hace más de un año que el EZLN permanece en silencio, en protesta por la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos indígenas, que también rechazaron los congresos estatales con más población indígena del país, y sus principales organizaciones.

«No es pecado ser indígena»
(Texto de un cartel expuesto por manifestantes indígenas ante el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Al asumir Vicente Fox la Presidencia, el EZLN planteó tres condiciones para retornar a la mesa de negociación: el retiro de siete posiciones militares, la liberación de los presos zapatistas y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés -mediante la aprobación de la propuesta de ley de la COCOPA⁽¹⁾. La primera condición se considera cumplida, pues si bien la militarización persiste en Chiapas, las siete posiciones militares fueron retiradas en los primeros meses de 2001.

En cuanto a los zapatistas presos, en marzo y abril la COCOPA realizó gestiones ante el Ejecutivo y los gobiernos de Querétaro y Tabasco para lograr la libertad de los ocho zapatistas que permanecen presos⁽²⁾, y se anuncia su inminente liberación. Sin embargo, Miguel Angel de los Santos, abogado de los presos del EZLN, ha denunciado que existen 17 nuevos presos zapatistas, encarcelados en esta administración.

Respecto al punto más polémico: la reforma indígena, tres procesos todavía pendientes podrían llegar a modificar el escenario político. Primero, se está esperando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las más de 300 controversias constitucionales presentadas contra la ley indígena. Las audiencias de cada caso ya se iniciaron, y está previsto realizarlas entre el 6 de mayo y el 15 de junio.

La expectativa sobre este desenlace es muy alta, por cuanto el máximo órgano judicial tiene en sus manos la decisión de legitimar la reforma aprobada o de escuchar a los indígenas y rechazarla. El fallo esperado será decisivo en cuanto a la redefinición de estrategias por parte de los actores involucrados, ya que para muchos podría significar el fracaso de las vías legales y pacíficas.

En segundo lugar, a mediados de febrero 168 diputados volvieron a presentar la ley COCOPA en el Congreso federal, «para reparar el error de haber aprobado (…) una reforma que no respondió a las demandas de los pueblos indígenas». Sin embargo, es prácticamente imposible que la iniciativa prospere mientras se mantenga (hasta 2003) la actual composición del Legislativo.

Por último, está pendiente el pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo sobre las reclamaciones presentadas por sindicatos y organizaciones sociales contra el Estado mexicano, por considerar que la reforma indígena viola el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. En marzo la OIT admitió las reclamaciones, y si bien una resolución desfavorable a la reforma no tendría carácter coercitivo, puede cuestionar aún más su legitimidad, además de constituir una sanción moral.

Dos lógicas contrapuestas

Mientras tanto, el conflicto continúa en medio de dos lógicas que parecen cada vez más antagónicas: el ‘pragmatismo‘ del gobierno federal, que parece apostar a suplir la falta de acuerdos con programas económicos y leyes secundarias, y el ‘principismo‘ del EZLN, que mantiene su resistencia radical a cualquier solución parcial.

A nivel del Ejecutivo, a comienzos de marzo Xochitl Gálvez, titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas, afirmó que Fox insistirá en que se apruebe una legislación indígena más cercana a la ley COCOPA. Sin embargo, poco después fue presentado el Plan oficial para el desarrollo de los pueblos indígenas, que parece dejar de lado aspectos claves de dicha ley.

En febrero, el Comisionado para la Paz del gobierno federal, Luis H. Alvarez, anunció que los programas gubernamentales «serán la llave para solucionar el conflicto». Sin embargo, esta implementación está siendo problemática en Chiapas. En abril, Porfirio Encino, Secretario de Pueblos Indígenas del gobierno estatal pidió al EZLN que permita beneficiarse de los programas gubernamentales a organizaciones sociales que se encuentran en su zona de influencia: «Nosotros garantizamos que detrás de ello no hay una política de contrainsurgencia, simplemente que no podemos negar los apoyos a quienes lo piden y lo necesitan».

Los zapatistas se mantienen de espaldas a estas iniciativas, apostando a la construcción de la autonomía por la vía de los hechos, desde las bases de sus comunidades, y criticando duramente a quienes optan por aceptar «limosnas del gobierno».

Una zona particularmente álgida en los últimos meses ha sido la Biósfera Integral de Montes Azules, donde se han incrementado los rumores sobre la inminente expulsión de comunidades indígenas asentadas en esa zona protegida. En este caso la contradicción se da entre el gobierno federal -representado por el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, José Campillo- y el gobierno de Chiapas. En mayo el gobernador acusó a Campillo de promover el desalojo violento de las comunidades, y advirtió que su gobierno no va a ejecutar ni a permitir esa acción.

Otra fuente de confrontación y desconfianza entre gobierno y organizaciones populares continúa siendo el Plan Puebla-Panamá, presentado por el Presidente Fox como la principal propuesta de desarrollo para el sur de México y América Central. A pesar de que el plan tendrá fuertes impactos sociales, laborales y ambientales para el campesinado y los pueblos indígenas que habitan en la región, los mismos no fueron consultados en su elaboración. En consecuencia, las organizaciones populares de la región mesoamericana han expresado reiteradamente su rechazo al proyecto.

La intolerancia nuestra de cada día

Ese debilitamiento creciente de la lógica del diálogo fortalece cada día la lógica de la confrontación, y el gobierno de Chiapas -más allá de sus intentos de contrarrestarla- no puede escapar a ella. El estado vive en un clima de intolerancia social, política y también religiosa⁽³⁾.

A fines de abril, Porfirio Encino reconoció la existencia de problemas comunitarios en al menos 40 localidades en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Se enfrentan priístas con perredistas o zapatistas, pero también bases de apoyo zapatistas con organizaciones anteriormente aliadas al EZLN y hoy afines al gobierno estatal. Las causas de estos conflictos son múltiples (ver también Informe de SIPAZ, febrero 2002): las relaciones con ambos gobiernos, sus programas y subsidios; las disputas por la tierra o por el control político; las diferencias ideológicas y religiosas… Estos conflictos cobran costos cada vez más altos: desplazados, heridos, secuestros y hasta muertes.

En la zona Norte, la tensión aumentó en febrero después de la detención de Diego Vázquez, líder de la organización presuntamente paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. La Red de Defensores Comunitarios de DDHH ha denunciado reiteradamente agresiones y amenazas a sus integrantes; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones para otorgar medidas de seguridad a dirigentes amenazados.

Los conflictos por la tierra y la hegemonía política se dan particularmente en la zona Selva; alli, los municipios de Ocosingo y Altamirano han sido escenario de permanentes confrontaciones entre zapatistas y priístas, zapatistas y ORCAO⁽⁴⁾, o entre autoridades municipales oficiales y autoridades de los municipios autónomos zapatistas. En algunos municipios de los Altos (Zinacantán, Oxchuc), la confrontación se da al interior del Concejo Municipal, ya que la fracción en mayoría no permite la integración de la minoría al órgano local.

Un tema que en cambio continúa aglutinando a diversas organizaciones por encima de sus diferencias ideológicas, es la resistencia civil organizada contra la Comisión Federal de Electricidad, particularmente en las zonas Sierra, Costa, Norte y Altos. Las organizaciones civiles protestan contra el alto costo del servicio y demandan una tarifa preferencial, por ser Chiapas el principal productor de energía eléctrica del país y el estado con mayores índices de pobreza.

En este adverso ambiente político y social, el gobierno de Pablo Salazar persiste en sus esfuerzos de distensión. En los últimos meses, ha logrado instalar mesas de negociación en algunas zonas altamente conflictivas (municipios de Tila y Sabanilla) y se ha llegado a la firma de acuerdos de paz en los que han participado activamente altos funcionarios del gobierno estatal, organizaciones sociales (desde Las Abejas hasta Desarrollo, Paz y Justicia), las distintas iglesias e incluso simpatizantes zapatistas.

Estos acuerdos, sin embargo, son criticados por quienes sostienen que se trata de componendas coyunturales, pues los conflictos van a reaparecer en la medida que no se den soluciones estructurales y de largo plazo. Y para ello, sería necesario reformas profundas como las establecidas en los Acuerdos de San Andrés incumplidos.

Coincidiendo con este análisis, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de una visita a Chiapas afirmó que, a pesar de los diversos esfuerzos por lograr una reconciliación en el ámbito local, si no se resuelven los problemas planteados por el rechazo del EZLN y de buena parte del movimiento indígena a la reforma constitucional aprobada, en estos pueblos «no habrá paz social definitiva».

Por otro lado, la polarización que se vive en Chiapas ha puesto en tensión las relaciones del gobernador con las organizaciones sociales, en particular las de derechos humanos. Empezando por la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos (cuyo Presidente responsabilizó al gobernador de los atentados de que fue objeto), el Centro Fray Bartolomé de las Casas, la Red de Defensores Comunitarios y la organización norteamericana Global Exchange han denunciado la responsabilidad de las autoridades estatales en las violaciones de derechos humanos en Chiapas.

Los más pobres entre los pobres

A fines de abril se realizó en el vecino estado de Oaxaca la reunión «Emergencia Indígena», convocada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Allí la Conferencia Episcopal Mexicana presentó un informe cuyas cifras demuestran que los desafíos van mucho más allá de la legislación: 96% de los indígenas de México habitan en municipios de alta y muy alta marginación, y padecen un creciente deterioro de sus condiciones de vida.

En mayo, Rodolfo Stavenhagen afirmó que México viola de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, y señaló que los indicadores de las condiciones de vida de los indígenas muestran graves carencias en sus derechos económicos, sociales y culturales. Refiriéndose al proyecto de Declaración de los Derechos Indígenas que se discute en la ONU, sostuvo que muchos estados se resisten a ese instrumento porque consideran muy peligroso reconocer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, porque ello llevaría a que éstos decidan sobre sus territorios y la explotación de sus recursos.

El hecho es que toda América Latina se encuentra actualmente en una situación crítica. Los programas de ajuste impuestos por los organismos multilaterales significan más recesión y la exclusión de sectores cada vez más amplios de la población. Predomina un ambiente de descontento e insatisfacción social, que cobija situaciones de violencia latente.

La Cumbre de Monterrey realizada en marzo reavivó la polémica sobre el neoliberalismo predominante y los modelos alternativos para el desarrollo. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (católica) expresó que el libre mercado es una «máquina ciega» que institucionaliza la desigualdad y la exclusión. Similares cuestionamientos fueron expresados por organismos protestantes como el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Consejo Mundial de Iglesias.

Los problemas del Presidente

La búsqueda de equilibrios entre los tres poderes sigue marcada por los desencuentros entre el equipo de Fox y el Poder Legislativo. La agenda del Ejecutivo no tiene respaldo en el Congreso, y los partidos de oposición han criticado duramente al presidente por su política exterior, a la que consideran subordinada a los Estados Unidos. Fox no ha logrado hasta ahora hacer alianzas que le permitan sacar adelante sus principales iniciativas (reforma fiscal, inversión privada en los sectores petrolero y eléctrico, etc.). La SCJN también ha emitido fallos poco favorables a los intereses del presidente, como el reciente contra la inversión privada en la industria eléctrica.

En materia de derechos humanos, la administración Fox tampoco ha logrado atenuar las críticas internas, a pesar del intenso esfuerzo diplomático desplegado para mejorar su imagen internacional.

En abril, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Param Cumaraswamy sostuvo en su informe sobre México que la corrupción afecta entre 50 y 70% de los jueces federales. Según el Relator, «La impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México», y buena parte de los funcionarios judiciales a nivel local siguen subordinados a los poderes ejecutivos estatales. Las principales instancias del Poder Judicial mexicano descalificaron este informe.

En su informe anual de 2001, el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro denunció que la tortura y la violencia policíaca son recurrentes en el gobierno foxista, y que 48% de los casos de represión ocurrieron en zonas marginadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Coincidentemente, el 5 de abril la CNDH presentó el primer Diagnóstico Nacional de Tortura, donde sostiene que la misma sigue siendo una práctica cotidiana durante el proceso de detención.

A medio año del asesinato de la defensora Digna Ochoa, la investigación no ha registrado avances significativos, y las hipótesis van -según la Procuraduría General de Justicia del DF- «desde la posibilidad de un suicidio hasta la de un crimen de Estado». Mientras tanto, otra abogada de derechos humanos, Bárbara Zamora, recibió amenazas en marzo, y en abril los policías asignados para la protección de su socio Leonel Rivero fueron agredidos por desconocidos.

En marzo, la Federación Internacional para los DDHH y la Organización Mundial contra la Tortura afirmaron que la situación de los defensores de derechos humanos en México es «extremadamente difícil» y su represión se manifiesta de «manera mucho más sutil que en otros países».

En ese panorama sombrío, a fines de abril México firmó el acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH para iniciar la segunda fase del Programa de cooperación técnica . Esta etapa incluirá la apertura de una oficina permanente de ese organismo de la ONU en México y la realización de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país, que será la base para la adopción de un programa nacional en la materia.

NOTAS:

• (1) La Comisión de Concordancia y Pacificación (COCOPA) fue creada en 1995 para coadyuvar en el proceso de paz, y está integrada por legisladores de los cuatro partidos representados en el Congreso. En 1996 redactó una iniciativa de ley para integrar los Acuerdos de San Andrés en la Constitución. (Volver)
• (2) Los presos dependientes del fuero de Chiapas fueron liberados en 2001 a instancias del gobernador y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Volver)
• (3) En los municipios de San Juan Chamula y Las Margaritas se han registrado últimamente agresiones de católicos tradicionalistas a evangélicos. (Volver)
• (4) Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que agrupa a varias organizaciones campesinas. (Volver)