El 14, 15 y 16 de julio pasado, en Zirahuén, Michoacán, se realizó el «Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de nuestra tierra y territorio y contra el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y el PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales)«¹.

© SIPAZ

La convocatoria a este Encuentro planteaba: «La puesta en marcha de programas como el PROCEDE y PROCECOM, efectuada la mayoría de las veces mediante actos ilegales, con engaños, manipulaciones e incluso chantajes, condicionando obras, servicios y otros programas gubernamentales, así como cometiendo una serie de irregularidades, denota la existencia de una política de Estado violatoria de Leyes vigentes tales como la Agraria, el Código Civil, el Derecho Consuetudinario Indígena, la propia Constitución Política Mexicana y una serie de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el mismo Estado Mexicano.»

Aunque el PROCEDE estaba planificado para finalizar en 2006, el programa continúa vigente. Además muchas organizaciones sociales y campesinas alertan que tan sólo se trata de una forma de implementar una política que seguirá con gobiernos posteriores, aunque sea bajo otras siglas y programas.

Un poco de historia

© SIPAZ

El PROCEDE nació el 5 de enero de 1993 con el objetivo expreso de «dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten» (http://www.pa.gob.mx).Es un programa federal interinstitucional en las que colaboran la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Al hablar del PROCEDE, no podemos dejar de referirnos a la Reforma del Artículo 27 Constitucional y a la nueva Ley Agraria (ambas emitidas en febrero de 1992). En buena medida, ambas fueron parte de las negociaciones hacia la implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que México firmó con Estados Unidos y Canadá en 1994.

Las reformas de 1992 tenían varias consecuencias para el campesinado mexicano:

«a) El fin de todo el reparto agrario que se inició después de la revolución de 1910 (…);

1. 

   © SIPAZ

   Levantar la prohibición legal que existía para las tierras ejidales o comunales que se pueden ahora vender, comprar, rentar, embargar o hipotecar y prescribir.

2. Permitir y fomentar la participación en sociedades mercantiles, de los ejidos y comunidades que posean valiosos recursos naturales asociándose con empresas o bancos, aportando los campesinos sus tierras o sus bosques y montañas los cuales ahora sí pueden ser embargados o hipotecados y enajenados». ²

De ahí, la fuerte oposición de muchas de las organizaciones campesinas a estas reformas, a las que calificaron de contrareforma y retroceso frente a las conquistas de la Revolución Mexicana: a principios de los 90s, se multiplicaron las marchas, plantones, bloqueos de carreteras y tomas de oficinas gubernamentales intentando hacerse escuchar. Cabe subrayar también la exigencia de tierra como una de las demandas básicas planteadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al levantarse en armas el 1ero de enero de 1994, fecha que no casualmente coincidió con la entrada en vigor del TLCAN.

13 años después

© SIPAZ

Según informe del Registro Agrario Nacional existen en el país 27.664 ejidos y 2.278 comunidades, que en conjunto suman 29.942, núcleos agrarios. Los ejidatarios y comuneros se estima poseen aproximadamente 9 millones de parcelas y solares, que cubren más de la mitad del territorio nacional.

Las acciones de comunicación y sensibilización a integrantes de los órganos ejidales, así como el acopio de información complementaria, ha permitido diagnosticar la viabilidad de incorporación al programa en el 100% del total nacional.

Por voluntad de sus asambleas se han incorporado al Programa el 96% de los núcleos agrarios. Un 91% ha realizado de conformidad con sus colindantes la delimitación de sus linderos como de las parcelas y solares. Se ha concluído este trabajo de medición en el 90% de los casos. Finalmente, se ha culminado la regularización del 89% del total nacional así como la certificación y/o titulación de 77,5 millones de hectáreas.

Frente a los riesgos mencionados anteriormente, cabe subrayar que se calcula que en todo México, menos de un 3% de toda la tierra ejidal y comunal certificada en esos 13 años ha pasado al llamado «Régimen de Dominio Pleno» y se ha privatizado totalmente (Fuente 2).

© SIPAZ

Existen tres estados atrasados en la aplicación del PROCEDE: el Distrito Federal (en las montañas que rodean la Ciudad de México existen todavía ejidos y comunidades que abarcan una superficie de 30,496 hectáreas), el estado de Oaxaca donde el PROCEDE lleva un avance de 52% y Chiapas, con un avance de 54% (Fuente 2, cifras a finales del 2005).

El choque de dos visiones

Los estados que llevan un menor avance nacional (Chiapas y Oaxaca) se encuentran en el Sur de México y se caracterizan por un fuerte componente indígena. En la cosmovisión ancestral indígena, la naturaleza se considera como algo integral (la «madre-tierra»), sagrado y colectivo, que por tanto no se puede vender.

Esto queda ilustrado por ejemplo en esta cita: «Es importante destacar el elemento místico en el concepto de territorio. Territorio no es un pedazo de tierra nada más, no se puede definir con una sola palabra [no existe una traducción directa en los principales idiomas indígenas de Chiapas]. Tiene que ver con donde sembramos el maíz, donde nacemos, donde nos casamos, donde tenemos los hijos. Tiene que ver con los bosques, con los animales, con los lugares sagrados, las cuevas, las lagunas, los cerros. El territorio somos los pueblos» ³

© SIPAZ

Esta concepción tiene profundos impactos en las formas organizativas vigentes a la fecha en buen número de comunidades indígenas: «Todo esto, que implica ver a la naturaleza y a la Tierra como a una madre y no como a una esclava, ha sido históricamente la forma de trabajar y de producir de las culturas mesoamericanas, y se encuentra en la base de su resistencia política requiriendo para su reproducción, el mantener y fortificar las estructuras comunitarias de decisión y colaboración solidaria, así como de preservar la percepción colectiva de que la tierra y sus recursos son propiedad de tod@s, de la comunidad en su conjunto, quien le da en usufructo y responsabilidad familiar»⁴.

La visión indígena de la tierra viene chocando con otra visión más mercantilista: la tierra ha sido reducida por el sistema económico actual a su sola dimensión material, como recurso a explotar, y ha sido fragmentada en distintos momentos de la historia mexicana bajo el amparo de la ley.

Las declaraciones del Secretario de la Reforma Agraria, Lic. Florencio Salazar Adame, en el marco del programa Teleformula, el 5 de octubre de 2005, bien podrían ilustrar esta otra lógica: «El PROCEDE tiene como objetivo por una parte evitar los conflictos agrarios y por la otra incorporar las tierras al mercado (…) Antes de la reforma del (artículo) 27, el campesino era sólo un usufructuario. Debemos revisar a Zapata para que, del sistema de producción de autoconsumo se pase a la producción para el mercado».

Críticas hechas al PROCEDE

Muchas organizaciones campesinas y civiles han denunciado el PROCEDE y el PROCECOM por las divisiones que genera en las comunidades y en los ejidos (algunos miembros aceptan, otros no). Eso es particularmente crítico en el caso de Chiapas, ya de por sí caracterizado por un tejido social fracturado por el conflicto armado y las consecuencias de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad implementada para contrarrestarlo.

© SIPAZ

En algunos casos, la decisión no se toma en asambleas ni se respetan las formas legales según las cuales debe llevarse a cabo: «Si en la primera convocatoria de asamblea no se reúne el 75% de los ejidatarios como marca la ley entonces se convoca a una segunda, pero no se ha respetado el mes entre una y otra. En la segunda asamblea disminuye de un 75 a un 50% el número de ejidatarios; es allí donde se firma una acta de asamblea con consecuencias para quienes no asistieron. Los funcionarios agrarios se justifican al decir: «Nosotros hicimos el trabajo de acuerdo a como lo decidió la comunidad, de acuerdo a la asamblea»».⁵

Muchos otros cuestionan el hecho de que propicie el acaparamiento y la venta de las tierras colectivas. «Desde mi punto de vista, una parte está bien, ya que el que el que tiene problema agrario de colindancias le puede encontrar solución. Pero al parcelar puede vender y comprar el que tiene dinero, que puede ser de la misma comunidad o no, y poco a poco va acaparando más terrenos» (Fuente 4, habitante de la región Selva-Norte de Chiapas).

O bien: «Pues ahora muchos compañeros ya no tienen dónde conseguir leña, porque las montañas también quedaron parceladas; ahora ya no pueden ir en la montaña porque ya tiene dueño» (Fuente 4, habitante de la región Selva-Norte de Chiapas)

En el 2º Encuentro Nacional, un participante dijo: «Todos somos capitalistas. El capital de nosotros es la tierra. Si se vende a otro, él va a vender hasta que caiga la tierra en las manos de los que quieren los gobernadores. Son etapas hasta que la clase alta o media tenga el terreno. Tenemos enemigos muy poderosos. Están al tanto de las leyes y saben manejarlas. Los ricos saben todos los trucos y van adelante».

Otro riesgo es que, para obtener créditos, los campesinos tienen que dejar en garantía sus tierras, y si luego no logran cumplir con el pago del crédito, pierden sus tierras: «Como ejido hay organización, hay unidad, hay fuerza; pero una vez que nos individualizan, se debilita (…) Por otro lado, nosotros no sabemos manejar los Programas; aunque yo tenga mis documentos, voy al banco y pido un préstamo, doy mi escritura, y en el momento que no puedo pagar porque no sé manejar bien los pagos, las ganancias o el trabajo, o me meto a echar trago, lo acabo mi dinero y finalmente mi escritura le va a quedar al banco». (Habitante de Bachajón, región Selva Norte, Fuente 4). Por otro lado, cuando al entrar al PROCEDE, se tiene que empezar a pagar el impuesto predial tanto por la parcela como por el solar.

© SIPAZ

También se han identificado irregularidades en la forma en que se «propone» dicho programa. Teóricamente, y en la forma como se plantea ser «El PROCEDE ha sido y será hasta su culminación, un Programa de apoyo a la iniciativa campesina, voluntario y gratuito, que atiende a solicitud de parte, bajo la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios y cuya operación se sustenta igualmente en la organización y participación activa de los ejidatarios y comuneros, que se logra a través de sus asambleas, en las que con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido, deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus tierras.» Sin embargo, se han denunciado muchos casos en los que los promotores de la Procuraduría Agraria visitan los domicilios para convencer a las familias/a los jefes de familia de ingresar al programa.

En varios casos, se ha detectado que otros programas de gobierno, como el PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) o las promesas de apoyos se han utilizado para presionar en este sentido. «Dice el licenciado que si le van a entrar al Programa, les van a llegar más apoyos; que así como están mancomunados no van a encontrar nada de proyectos, dice el licenciado. Entonces mi pueblo lo creyó y por eso le entró. Pero el apoyo que iba a llegar no hay nada; sí que nos engañó». (Fuente 4)

Otras críticas van en el sentido que la medición de las tierras no es correcta. Además, si se les determina «excedentes» entonces se les expropia sin que se les reconozca el tiempo de posesión y usufructo pacífico, mismo que les daría derecho a una prescripción positiva (Fuente 4).

Finalmente, el PROCEDE ha sido denunciado por agudizar la situación de desigualdad, inseguridad y discriminación de las mujeres campesinas: «A primera vista este nuevo Código Agrario [febrero de 1992] nos da la impresión de ser neutro en cuestión de género pues claramente el artículo 12 de esta ley nos dice ‘Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales’, cuestión que evidencia la igualdad formal que existe en el ámbito agrario, sin embargo, dicha igualdad no se ha reflejado como igualdad real. (…) En la práctica este programa ha vuelto a la política de titulación a los «jefes de familia» o simplemente a quienes se encontraban en calidad de ejidatarios individualmente, excluyendo nuevamente a las mujeres del acceso a la propiedad, en este caso, de la tierra»⁶

Organización en defensa del territorio

En el seminario sobre Derechos indígenas organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, uno de los grupos de trabajo concluyó: «Para fortalecer la defensa de nuestro territorio es necesario organizarse para no caer en las trampas del gobierno neoliberal, organizarse más en la resistencia del Pueblo».

© SIPAZ

Ciertamente los pueblos indígenas cuentan con décadas o más bien siglos de experiencia en cuestiones de resistencia. En el caso de Chiapas, desde los 70s, se ha ido fortaleciendo el movimiento indígena y campesino y han venido surgiendo organizaciones campesinas independientes.

Otro factor organizativo ha sido la realización de encuentros: 1^er Encuentro Nacional contra PROCEDE y PROCECOM «A una década de la contra-reforma agraria, Defendamos Nuestra Tierra», realizado el 5 y 6 de febrero del 2003 en la comunidad de San Felipe Ecatepec, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; el Primer Encuentro Estatal contra el PROCEDE y PROCECOM, realizado en el Ejido Petalcingo, Municipio de Tila, Chiapas, del 10 al 12 de marzo de 2006 y más recientemente el «Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de nuestra tierra y territorio y contra el PROCEDE y el PROCECOM del 14 al 16 de julio pasado, organizado en Zirahuén, Michoacán.

En este último Encuentro, se acordó crear una Red Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, y en contra del PROCEDE/PROCECOM, para mantener un intercambio permanente de experiencias, y una coordinación y apoyo mutuo en las luchas regionales y estatales.

La Declaración final también se plantea acciones: «Igualmente decidimos fortalecer la unidad comunitaria a través de sus asambleas, bajo una visión territorial y de autonomía; promover la construcción de alternativas comunitarias para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para una producción agroecológica basada en la autosuficiencia local y la soberanía alimentaria, fomentando mercados regionales que rescaten el trueque. Generaremos una intensa campaña de información y difusión, a niveles local, nacional e internacional (…). Realizaremos también diversas movilizaciones en nuestros estados y regiones, en apoyo a acciones de carácter jurídico que documentarán las acciones ilícitas cometidas por el gobierno en su afán de imponer el PROCEDE y PROCECOM.»

El llamado a la unidad fue una constante en el Encuentro y ciertamente se requerirá para hacer frente a un proceso que no acaba con el PROCEDE. La Declaración también planteaba el temor a que «para el próximo sexenio, independientemente de quién sea el próximo presidente, se profundizará la aplicación de estos programas privatizadores».

NOTAS

• 1– Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra, y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo la tiene que tomar la asamblea de ejidatarios en su totalidad.
  – Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos. (volver)
• 2 – «13 años después: el PROCEDE… ¿Procede?», Maderas del Pueblo Sureste, AC, Foro para el Desarrollo Sustentable AC, febrero de 2006) (volver)
• 3 – Seminario Permanente anual «Derecho de los Pueblos Indígenas, Primera Sesión: El derecho al territorio de los Pueblos Indígenas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, noviembre de 2005. (volver)
• 4 – «El Impacto del PROCEDE en los Recursos Naturales, la Vida Comunitaria y el Tejido Social de Comunidades Indígenas Tseltales en la Región Selva-Norte De Chiapas», Maderas del Pueblo Sureste AC, Foro para el Desarrollo Sustentable AC, febrero de 2006. (volver)
• 5 – YORAIL MAYA #4, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junio de 2002. (volver)
• 6 – Boletín del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC, abril de 2005. (volver)