Un volcán dormido, una bomba de tiempo a punto de explotar… Esas son dos de las metáforas que se han usado para describir la situación actual en Chiapas. Algunas estadísticas recientemente publicadas por el gobierno indican que dicho estado, con sus altos niveles de pobreza, analfabetismo y desempleo, ocupa el primer lugar de marginación en México. Además, en un continente donde se ha optado por el mismo modelo neoliberal, muchos están preocupados de que la debacle económica actual de Argentina podría llegar a repetirse en México.

Se han escuchado comentarios diversos respecto al primer año de gobierno del presidente Fox y del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. A nivel federal, aunque los indicadores macroeconómicos dan cuenta de cierta estabilidad, la mayoría de los problemas sociales siguen pendientes, al igual que algunos temas de derechos humanos y el sistema de procuración y administración de justicia en México.

En su primer año de gobierno, Pablo Salazar tuvo que enfrentar un sinnúmero de problemas políticos y sociales, teniendo cada vez más dificultad para conservar el apoyo de los partidos y organizaciones sociales que lo llevaron al poder. Por otra parte, las divisiones y conflictos dentro del PRI y otros partidos se han agudizado por el recambio de las dirigencias. En este contexto, resultó difícil implementar medidas eficaces para empezar a resolver los problemas profundamente enraizados de pobreza y marginación que prevalecen en el estado.

En Chiapas, la polarización y las tensiones han seguido aumentando, así como las denuncias de hostigamiento, amenazas y secuestros. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que durante el primer año de gobierno de Pablo Salazar (2001) atendió 45 casos de violaciones de derechos humanos. En enero, el mismo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue amenazado de muerte y su casa y vehículo fueron baleados. Por otro lado, al momento del cierre de este informe, el gobierno de Chiapas informó la detención de Diego Vázquez, principal dirigente de la organización paramilitar Paz y Justicia, por diversos delitos de violencia cometidos entre 1995 y 1997.

El contexto nacional se caracteriza por mucha incertidumbre y tensión, y con pocos avances visibles. Eso se puede observar particularmente en el caso de la situación de los derechos humanos. En febrero, el general José Gallardo fue puesto en libertad, después de ocho años de prisión por haber reclamado la creación del cargo de ombudsman dentro del Ejército mexicano. Aunque la liberación de Gallardo obedeció a las presiones internacionales, no se llegó a reconocer su inocencia, y todavía queda pendiente el cumplimiento de las otras recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Ver Acciones recomendadas.)

Al final del año pasado, se creó un comité intersecretarial constituído por la Procuraduría General de la República (PGR), Seguridad Pública y Defensa Nacional para coordinar esfuerzos en materia de protección a defensores de derechos humanos. No obstante, en enero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro PRODH) realizó un balance a tres meses del asesinato de abogada de derechos humanos Digna Ochoa, en el que señaló los pocos avances en la investigación, criticando la escasa colaboración brindada a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por la Secretaría de Defensa Nacional y otras instancias federales. Otras reconocidas organizaciones internacionales de derechso humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos publicaron informes recientemente en los que reconocen avances pero también asuntos pendientes en materia a derechos humanos.

Una iniciativa importante fue el informe que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales de noviembre sobre los casos de desapariciones forzadas durante la llamada «guerra sucia» en los años 70 y 80. Este informe resultó ser un paso clave en la lucha contra la impunidad.

El tema todavía sin resolver de la ley sobre derechos y cultura indígena es otro elemento de tensión, incertidumbre y expectativa. En los primeros meses de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver las más de 300 controversias constitucionales que se presentaron contra dicha ley. Si el máximo órgano judicial opta por validar la ley, podría reforzar la idea -ya de por sí defendida por algunos grupos más radicales- de que la violencia es la única vía para lograr los cambios en México.

Acciones recomendadas _^…

• Escribir al presidente Fox expresándole su preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia una solución al conflicto de Chiapas;
• por la falta de avances en la investigación del asesinato de Digna Ochoa, y exhortarle a tomar medidas eficaces para que el Ejército, los órganos federales y los gobiernos estatales involucrados colaboren con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a fin de llevar a los responsables ante la justicia y poner fin a las amenazas contra los defensores de derechos humanos.
• Escribir al presidente Fox felicitándole por la liberación del general José Gallardo, y exhortándole a cumplir con las demás recomendaciones de la CIDH: reparación integral al general, reconociendo su inocencia, así como investigación y castigo a los responsables de las acusaciones falsas y el hostigamiento que lo llevaron a la cárcel y pusieron su vida en peligro.
• Escribir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresándole respetuosamente su esperanza de que resolverá las controversias constitucionales en materia indígena teniendo en cuenta las demandas planteadas por los pueblos indígenas, los compromisos asumidos por el gobierno federal en los Acuerdos de San Andrés de febrero 1996, y las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
• Difundir información -como la contenida en este informe- sobre la situación en Chiapas.

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