Actividades de SIPAZ (Del 15 de Enero a finales de marzo de 2006)
28/04/2006
ENFOQUE: «La tierra no se vende, se trabaja y se defiende»
31/07/2006
El pasado 2 de julio tuvieron lugar elecciones federales en México. Sin embargo, en la noche de aquel día, el Instituto Federal Electoral (IFE) – autoridad electoral encargada del conteo de los votos- se declaró incapaz de nombrar al ganador, debido al escaso margen de diferencia entre los dos punteros, y postergó el anuncio de las tendencias. Aún así, aquella misma noche, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO, candidato de la Alianza por el Bien de Todos que agrupaba a varios partidos del centro y de la izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) como Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN, derecha) se declararon vencedores. En los siguientes días se realizó un conteo por distritos, que dio por ganador a Calderón por un estrechísimo margen menor que el 1%. Contra esta resolución se presentaron impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones. El 6 de septiembre será el día límite para que declare si hay presidente electo.
Un proceso electoral inacabado
La jornada electoral en sí había transcurrido con relativa tranquilidad. Fueron instaladas el 99.4 por ciento de las casillas (130 mil 407 de las 130 mil 488 previstas), lo que representa el nivel más alto en la historia electoral de México. Casi el 60% de los electores mexicanos participaron (el nivel de abstención fue de un 41% frente al 36% reportado en la elección del 2000). A las ocho de la noche, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, calificó la jornada electoral de «ejemplar y exitosa». Afirmó que los 3 mil 47 «incidentes» reportados (particularmente en la instalación de casillas) no afectaron el resultado de la contienda.
En las horas posteriores, las cifras publicadas en aquel momento indicaron un «empate técnico» con una leve ventaja a favor de Calderón sobre López Obrador, quien denunció una incongruencia de casi tres millones de votos faltantes. Al día siguiente, el IFE justificó este hecho por las más de once mil actas electorales que no fueron consideradas en el primer conteo por presentar «inconsistencias«. Al integrar el Instituto el conteo de estas actas, el margen entre Calderón y AMLO se redujo al 0.64%. El tercer candidato en la contienda electoral presidencial, Roberto Madrazo Pintado (de la Alianza por México que integraba el Partido de la Revolución Institucional, PRI y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM) aceptó inmediatamente su derrota.
Tal y como está previsto en la ley, el siguiente paso fue el recuento de las actas correspondientes a los 300 distritos electorales que existen en la república entre el miercoles 5 y jueves 6 de julio y bajo supervisión del IFE. A diferencia del primer conteo, AMLO mantuvo desde el arranque un margen de ventaja sobre Calderón, que se fue estrechando hasta que el candidato panista lo rebasó y consiguió un margen final de 0.58%. Al tomar la delantera, en la madrugada, Calderón lanzó un mensaje de conciliación nacional. En la mañana del jueves 6, cuando todavía faltaban 400 casillas por computar, Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnaría los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación: «Siguen funcionando el aparato y los recursos del Estado para favorecer al candidato de la derecha (…) es evidente que hubo una manipulación del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares que posibilitó el conteo rápido del IFE). Hubo poca transparencia. Le faltó independencia al IFE. Hubo consigna para que no se abrieran los paquetes electorales y una prisa inusual para resolver en menos de 24 horas una elección numéricamente reñida. No podemos reconocer el resultado. Son muchas las inconsistencias, las irregularidades. Vamos a impugnar la elección, a exigir que se abran los paquetes y se cuente voto por voto.». El día 7, de forma ilegal en tanto eso es atribución exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, declaró ganador a Felipe Calderón.
En los días siguientes, la Alianza por el Bien de Todos presentó más de 300 recursos ante el Tribunal Electoral. Abarcan irregularidades en alrededor de 50 mil de las más de 130 mil casillas instaladas. El PAN y su candidato se han opuesto a abrir los paquetes y contar voto por voto los más de 41 millones de sufragios emitidos. Ambos lados han llamado a manifestaciones sociales pacíficas. El 16 de julio, una manifestación a favor de AMLO reunió a más de un millón de personas en el Zócalo de la Ciudad de México.
El TEPJF, que –cabe recordar- falló contra el PAN por los spots televisivos difundidos contra López Obrador, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial en caso de que se viera necesario. Hasta el 31 de agosto, fecha límite para resolver las impugnaciones, el resultado electoral sigue pendiente.
Primeros balances en espera de resultados definitivos
Cualquiera de los dos candidatos presidenciales que sea declarado triunfador, AMLO o Calderón, habrá recibido el voto de sólo la quinta parte del total del electorado, la victoria más minoritaria que se haya visto para un presidente en México hasta la fecha. El dato de cerca de 14 millones de votos para cada uno de los dos primeros lugares sugeriría un escenario de división y riesgo de conflictividad social a corto y mediano plazo.
Otro aspecto en estas elecciones fue la polarización entre el Norte (mayoritariamente panista) y el Sur del país (mayoritariamente a favor de AMLO). También cabe subrayar que en elecciones el mismo 2 de julio, el PRD arrasó en el Distrito Federal manteniendo la jefatura de gobierno del Distrito Federal por tercera elección consecutiva.
Fruto de las elecciones federales (que se llevaron a cabo a la par de las presidenciales), el Congreso quedó dividido. Cualquiera de los candidatos que termine ganando las elecciones tendrá que hacerlo sin mayoría parlamentaria. De ser Calderón (primera minoría al ganar 206 de las 500 diputaciones y 52 de las senadurías en juego), tendrá que lidiar con una parte de la oposición adversa y resentida. De ser AMLO, la Alianza para el Bien de Todos apenas alcanzó 160 diputados y 36 senadores.
El PRI por su parte sólo alcanzó un 21% de la votación presidencial, siendo derrotado incluso en bastiones históricos como Oaxaca o Chiapas. Perdió cinco millones de votos en relación con la elección presidencial del a?o 2000, convirtiéndose en la tercera fuerza política nacional. Sin embargo, en el Congreso todavía podrá jugar un papel importante en las necesarias alianzas y negociaciones políticas entre los partidos, al obtener 121 diputaciones y 39 senadurías.
Finalmente, vale la pena mencionar que el partido Nueva Alianza alcanzó sorprendentemente 9 diputaciones y una senaduría, y Alternativa Socialdemócrata, 4 diputados federales.
Impacto de un turbulento contexto pre-electoral
La forma como se llevaron las campañas electorales (llegando a descalificaciones personales entre candidatos) contribuirá probablemente a una complejidad aún mayor de los escenarios postelectorales. Si bien observadores y expertos en procesos electorales descartan la posibilidad de un fraude cibernético y en las urnas por métodos clásicos, se han venido reportando evidencias de inducción al voto y de múltiples delitos electorales desde meses antes de la votación, que se intensificaron en los últimos días antes de la jornada electoral. Este hecho quedó ilustrado por los resultados de un Monitoreo de Programas Sociales, realizado en 22 estados del país por 25 ONG´s bajo la coordinación de Alianza Cívica AC. y de Global Exchange (EEUU) acerca de cómo se estaban usando diversos programas federales para el condicionamiento y compra de votos, en este caso principalmente a favor del PAN.
De hecho, en mayo tanto el PRI como el PRD denunciaron que se estaba dando una verdadera «elección de Estado», en la que todo el aparato del ejecutivo Federal, se encontraba volcado en apoyar al candidato del partido en el poder. Incluso Roberto Madrazo llamó al PRD a una alianza formal para oponerse a esta «elección de Estado».
El 6 de junio, durante el segundo debate de los candidatos presidenciales, AMLO denunció tráfico de influencias y evasión fiscal de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón. Investigaciones periodísticas posteriores sacaron a la luz que, a través de empresas de servicios informáticos de su propiedad, había tenido acceso directo y completo, tanto a padrones de beneficiarios de los principales programas federales de apoyo social, como al Padrón Electoral y al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Varios sectores empezaron a dudar de la imparcialidad del IFE en su calidad de árbitro neutral frente a sus pocas respuestas ante todos estos hechos. Semanas antes de las elecciones, varios analistas comenzaron a denunciar la posibilidad de un fraude cibernético en las elecciones.
En junio, al mismo tiempo que la mayoría de encuestas reportaba un repunte de AMLO, se inició una intensa campaña en televisión nacional, patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en los que se estigmatizaba a AMLO como «peligro» para la Nación y se inducía un «voto del miedo» a favor de Calderón. Por otro lado, en los últimos meses, las divisiones de la cúpula del PRI se agudizaron, al grado de que priístas importantes llamaron abiertamente a las bases priístas al «voto útil», considerando que Roberto Madrazo tenía nulas posibilidades de ganar las elecciones. Algunos llamaron a votar a favor de AMLO, otros lo hicieron a favor del PAN.
¿Voto del miedo en un contexto social candente?
La campaña multimillonaria de propaganda contra AMLO que financió el CEE coincidió además con un momento de alta tensión social. En efecto, en los meses previos a las elecciones, se han dado una serie de acontecimientos violentos en varias partes del país.
En mayo, el caso de Atenco fue ciertamente el más sonado (ver: www.sipaz.org). Un conflicto que tuvieron ocho vendedores ambulantes de flores con policías de la ciudad de Texcoco (estado de México) debido a la prohibición del alcalde perredista de que dichos vendedores se instalaran en un territorio concesionado ya para la construcción de un almacén Walmart derivó en una violenta confrontación. El balance de los dos brutales operativos policíacos posteriores fue de dos muertos (un menor de edad el mismo día y en junio, de otro joven que había sido herido en la cabeza por una granada de gases lacrimógenos), varios heridos, 211 detenidos y 5 extranjeros deportados. Más de 20 mujeres fueron ultrajadas sexualmente y 7 de ellas violadas por elementos de las fuerzas estatales de seguridad durante su traslado a la cárcel.
Actualmente, permanecen en la cárcel 28 de los 211 detenidos por delitos graves (secuestro equiparado de funcionarios). 146 de los detenidos salieron de la cárcel bajo fianza (814 mil 125 pesos por persona). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 150 denuncias por distintos tipos de violaciones.
En junio, el movimiento magisterial de Oaxaca movilizó a más de 40 mil maestros en un plantón que recibió las adhesiones de amplios sectores sociales del estado. Inició por demandas gremiales, pero terminó incorporando y priorizando la exigencia de la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz, a quien la mayoría de las organizaciones sociales del estado consideran responsable de la actividad represiva de las fuerzas de seguridad. Un operativo policíaco de desalojo fue resistido y rechazado por el plantón de maestros, quienes posteriormente, y tras romper pláticas con la Secretaría de Gobernación, amenazaron con boicotear las elecciones federales. No hubo problemas mayores el día de las elecciones federales en las que el PRI también fue derrotado.
En el caso de Chiapas, a principios de mayo, el gobierno estatal instrumentó dos operativos policíacos para desalojar los plantones de damnificados por el huracán Stan en Escuintla y Motozintla, donde la población civil protestaba por el incumplimiento de las promesas gubernamentales y por la tardanza en las obras de desazolve de ríos. El 8 de mayo se llevó a cabo también otro operativo para desalojar la presidencia municipal de Bochil (Altos), que fue tomada por más de un mes en protesta contra actos de corrupción del presidente municipal. Según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el saldo de este operativo represivo fue de decenas de heridos y 64 detenidos.
La Otra Campaña: cambio post Atenco
Este proceso político impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace un año sufrió un giro a raíz del enfrentamiento en Atenco. El mismo día de los hechos, el Delegado Zero (Sub Comandante Marcos) suspendió su gira nacional y determinó permanecer en la Ciudad.de México hasta que fueran liberadas todas las personas detenidas. Inmediatamente se declaró una Alerta Roja que implicó el cierre de las estructuras civiles zapatistas (Municipios Autónomos y Juntas de Buen Gobierno) en Chiapas. Sigue vigente a la fecha. El Delegado Zero participó en espacios de medios de comunicación comerciales y en una serie de movilizaciones y encuentros con diversos sectores sociales. También se realizaron movilizaciones locales en varios estados del país. En mayo, se celebraron asimismo dos reuniones sectoriales: el 4° Congreso Nacional Indígena (CNI), realizado en el estado de México y en el que participaron 800 representantes de 31 diferentes pueblos indígenas de 25 estados, y el Encuentro Nacional para difundir estrategias de Defensa Jurídica, con la participación de 30 ONG’s de 17 estados del país.
Sin embargo, la prioridad fue dada a la liberación de los detenidos en Atenco. El 28 de mayo, en una Marcha Nacional por la Liberación de los Presos y la Justicia para las Mujeres Violadas de Atenco, realizada en la ciudad México, el subcomandante Marcos declaró «para l@s zapatistas, la Otra ha pasado ya, en los hechos, a la etapa organizativa. Aunque siguen pendientes asuntos importantes de definición de su perfil, la Otra ya responde como una organización nacional (en los 32 estados), con ética (el no abandonar a l@s pres@s a su suerte), con moral alta (sobreponerse al terror que pretendió implantar la acción gubernamental en Atenco), y con capacidad de movilización autónoma e independiente (movilizaciones dislocadas y concentradas).» El número de participantes varía, dependiendo de las fuentes, entre 7 y 50.000 personas.
Al día siguiente, en una reunión nacional con adherentes de La Otra, Marcos llamó a realizar el 2 de julio «una concentración nacional para irrumpir en el proceso electoral de forma civil y pacífica», lo cual fue cuestionado por algunos intelectuales y analistas como una acción que favorecerá los intereses de la ultraderecha.
Por otro lado, se denunció que los procesos judiciales establecidos contra los detenidos durante los dos operativos y la integración de averiguaciones previas por la violación sexual de mujeres han sido objeto de múltiples retrasos, obstáculos y regateos. En cambio, únicamente 23 policías de bajo rango han sido consignados por un solo cargo no grave, por lo que fueron liberados inmediatamente bajo fianza.
A nivel internacional, el reclamo de la Otra Campaña por la represión y violación de derechos humanos en Atenco, ha tenido mayor efecto. Paralelamente a las movilizaciones nacionales, en torno a la llamada Comisión Intergaláctica de la Sexta, se realizaron a nivel internacional 124 acciones en 52 ciudades de 24 países del mundo en protesta por la violencia en Atenco.
Organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch efectuaron denuncias respecto al caso. La Comisión Civil de Observación Internacional de los Derechos Humanos (CCOIDH), que sesionó en México del 29 de mayo al 4 de junio, emitió un informe preliminar cuyas conclusiones señalan la violación de derechos ejercida contra población civil de Atenco: «el operativo policial se produjo con uso excesivo de la fuerza pública, contrario a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla». Consideró por ello, que todos los altos mandos policíacos debían ser cesados, y en contraparte, liberados todos los detenidos, con base en el principio de presunción de inocencia.
Elecciones estatales: rupturas y cambios de bandos
Las elecciones federales (principalmente las presidenciales) habían venido opacando el proceso electoral en el cual se elegirá al próximo gobernador en Chiapas el próximo 20 de agosto. La definición de los candidatos de los distintos partidos y alianzas fue marcada por tensiones, rupturas y cambios de bandos. Quedaron finalmente registrados:
- Juan Sabines por PRD/PT/Convergencia (hasta finales de abril de 2006, presidente municipal de la capital Tuxtla Gutiérrez por el PRI);
- Antonio Aguilar Bodegas por el PRI/PVEM (ex Senador, ver informe de abril de 2006);
- Francisco Rojas Toledo por el PAN (diputado federal, ex alcalde de Tuxtla entre 2001 y 2004, y excandidato a Senador);
- Gilberto Gómez Maza por el Partido Alternativa Socialdemócrata (fundador del PRD en el estado, renunció a este partido desde el 2002, en protesta por la descomposición interna y el control que el actual gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ejercía desde entonces sobre el Comité Estatal del partido).
- Emilio Zebadúa por el Partido Nueva Alianza (PANAL), exconsejero ciudadano del IFE, ex Secretario de gobierno estatal y ex diputado federal perredista, que inició su campaña electoral con apoyo de bases perredistas, en su mayoría indígenas de los Altos y de Selva.
Estos nombramientos y las rupturas que implicaron tanto para los partidos como para sus electores prefiguran un escenario de un alto grado de abstencionismo (de por sí suele fluctuar entre el 60 y 70%). En particular, la amplia zona afectada por el huracán Stan el año pasado (41 municipios, 26 de ellos de forma grave) se encontrará entonces en plena temporada de lluvia haciendo muy difícil, física y anímicamente hablando, el desplazamiento de la población para ejercer su voto. (Ver boletín «La zona de Stan: foco rojo social y electoral»).
Queda por ver también el impacto del proceso electoral federal en el contexto estatal. Otro hecho político significativo fue la suscripción por parte del candidato perredista Juan Sabines de la llamada «Declaración de Comitán», propuesta de Plan de Desarrollo para el estado, elaborada y presentada públicamente por Roberto Albores Guillén (ex gobernador priísta y ex precandidato en estos comicios estatales), que cuenta con el apoyo de una parte importante del electorado. Sabines prometió públicamente incorporar los planteamientos de esta Declaración en su Plan de Gobierno.
Según diversos analistas, dicho Plan presenta características neoliberales: por ejemplo, la construcción de una amplia red de autopistas y carreteras; la creación de un «nuevo Cancún en el norte de Chiapas» y el establecimiento de un sistema de riego con fines agroindustriales en el Soconusco y Costa. Por otro lado, incluye acciones de contrainsurgencia, como la creación de nuevos municipios constitucionales, encimándose la mayoría de ellos sobre municipios autónomos zapatistas.
