Sumario y Actualidad

Chiapas: elecciones en un campo minado

Los analistas de todas las tendencias coinciden en que las recientes elecciones del 6 de julio para renovar el Congreso y elegir algunos gobernadores -principalmente y por primera vez, el del Distrito Federal- serán un parte aguas en la historia de la lucha democrática en México. El hecho de que por primera vez la capital del país sea gobernada por la oposición, y que ésta tenga en el Congreso un peso real que contrarreste la histórica hegemonía del partido oficial, constituye un avance por demás significativo para la transición hacia un sistema político plural, que permita la alternancia en el poder de diferentes opciones partidarias.

En la nueva geografía electoral, el PRI perdió su histórica mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Según los datos difundidos al momento de cierre de este informe, al partido gobernante le corresponderían hasta 238 diputaciones, al PAN 124 y al PRD 123. El abstencionismo a nivel nacional fue del 40%, uno de los más bajos de la historia.

En Chiapas, sin embargo, estas elecciones estuvieron marcadas por la violencia y el abstencionismo (según Alianza Cívica, más del 65%). Hasta último momento persistieron las contradicciones y polémicas entre quienes sostenían que existían condiciones para realizarlas -fundamentalmente, el Instituto Federal Electoral y los mandos militares del estado- y quienes denunciaban la falta de garantías: Consejeros ciudadanos, el PRD, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Alianza Cívica, organizaciones indígenas y campesinas.

Entre la falta de condiciones, se mencionaban: ubicación de casillas cerca de campamentos militares, en comunidades priístas o controladas por el grupo armado «Paz y Justicia»; rechazo de muchas comunidades zapatistas a la instalación de las casillas; ataques y emboscadas de grupos armados; aumento de los patrullajes y la presencia militar en las zonas Altos, Selva y Norte.

Rompiendo su prolongado silencio, el 1 de julio el EZLN dio a conocer un extenso comunicado, en el cual:

• reitera la concepción política del zapatismo: democracia radical más allá de los partidos, nueva relación entre electores y elegidos, protagonismo de los nuevos actores emergentes de la sociedad civil (movimiento indígena, organizaciones no partidarias);
• caracteriza al «México nuevo», destacando el agotamiento del sistema de partido de Estado, el deterioro del presidencialismo y su pérdida de legitimidad;
• sostiene que «las comunidades indígenas, zapatistas y no zapatistas, del sur y sureste mexicano han decidido no participar» en el acto electoral: como protesta por la militarización y el ambiente de guerra civil promovido por los gobiernos federal y locales;
• como protesta por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre los derechos democráticos de los pueblos indios;
• como llamado de atención a los partidos políticos por su falta de propuestas serias y trabajo político en el seno del movimiento indígena nacional.

Ya antes de este pronunciamiento, en las comunidades zapatistas de la Selva la decisión de no votar era unánime. También en la zona Norte, simpatizantes zapatistas declararon que no concurrirían a las urnas por la inseguridad y la violencia que reina en la región. En otros municipios donde persisten conflictos postelectorales desde 1995 -como San Andrés Larráinzar- o donde coexisten autoridades oficiales y «rebeldes«, la oposición -también mayoritariamente zapatista- declaró que no asistiría al acto electoral porque no confía en un sistema que siempre beneficia al oficialismo.

Por las razones antes expresadas, se esperaban en el sureste mexicano algunas irregularidades. Lamentablemente, el pequeño número de observadores electorales en Chiapas no pudo cubrir ni el 50 % de las casillas. Aunque las cifras todavía no son definitivas, se calcula que de las 200 casillas que no se instalaron en todo el país, casi el 80% dolorosamente corresponden a Chiapas (Alianza Cívica habla de alrededor de 160 casillas no instaladas); a ello se suma la quema y robo de papelería, los bloqueos de algunas carreteras y otras acciones para impedir o dificultar el voto, por lo que Chiapas constituyó el estado más problemático para las autoridades del Instituto Federal Electoral.

Alianza Cívica observó además, en menor grado, otras irregularidades en Chiapas, como la inducción y la falta de secreto en el voto, la falta o no correspondencia de los funcionarios electorales de casillas con las listas publicadas, propaganda de algún partido político en casillas y acarreo de votantes.

Una semana después de la elección, todavía estaban impugnados los resultados en los tres distritos correspondientes a las zonas de conflicto (Altos, Norte y Selva). En ellos, el nivel de irregularidades podría determinar la anulación de los comicios. La mayor quema de papeles y urnas para impedir la instalación de casillas se dio en la Selva, la zona de mayor influencia zapatista.

Los observadores han interpretado este hecho en el contexto de violencia, impunidad, injusticia, guerra y ocupación militar que se vive en Chiapas, y fundamentalmente de descrédito en el sistema electoral y en las instituciones políticas, que a tres años del alzamiento no han respondido a las demandas indígenas.

Conflictos de No Tan Baja Intensidad

Mientras el proceso de paz continúa congelado, la violencia en Chiapas ha aumentado en los últimos meses hasta límites verdaderamente alarmantes. La polarización creciente y los enfrentamientos entre civiles en diferentes comunidades, principalmente de la zona norte, y los saldos en muertos, heridos y desplazados, son ya parte de las noticias cotidianas a las que la opinión pública se va acostumbrando peligrosamente.

En los últimos dos años, más de 4000 desplazados internos, alrededor de 300 muertos y un centenar de presos fue el saldo de la violencia en la zona Norte de Chiapas. Sólo en los primeros tres meses del año, 2419 personas tuvieron que abandonar sus comunidades, 768 fueron detenidas y 22 asesinadas (datos de CONPAZ).

Los conflictos que en un principio se limitaban a los cuatro municipios de población chol -Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua-, hoy se han extendido a otros vecinos -Palenque, El Bosque, Chilón-, llegando a afectar algunos de los Altos -Chenalhó, Pantelhó- y del Centro -Venustiano Carranza.

El grupo priísta «Paz y Justicia», antes concentrado en el municipio de Tila, está actuando con singular beligerancia en el de Sabanilla, donde entre el 22 y el 24 de junio realizó ataques y emboscadas a simpatizantes zapatistas, dejando un saldo de cuatro muertos (incluidos dos menores de 11 y 15 años), ocho heridos y decenas de desplazados. Los hechos parecen ser una venganza por la muerte no aclarada de un integrante de «Paz y Justicia», ocurrida el 15 de junio.

En el municipio de Chilón, a un año de los ataques sufridos en Bachajón, los pobladores han denunciado la reactivación del grupo armado «Los Chinchulines», que recientemente ha hostigado a varias familias, quemado dos casas y amenazado de muerte al presidente municipal perredista.

Resulta notable que la masiva presencia de la policía estatal y el ejército federal en la zona Norte no sirva para impedir o poner fin a estos hechos de violencia. Por el contrario, la población civil ha denunciado que las fuerzas de seguridad sólo contribuyen a agudizar los antagonismos entre los indígenas.

Otro factor de división y conflicto es la política proselitista y discriminatoria en la distribución de los recursos gubernamentales. En su reciente visita a Chiapas, el Presidente Zedillo anunció que en 1997 este estado recibirá 2.200 millones de dólares, el mayor presupuesto otorgado por el gobierno federal a ningún estado. Sin embargo, se sabe que los programas económicos se canalizan generalmente con criterios clientelistas a través de organizaciones pro gubernamentales, como ARIC-Oficial y SOCAMA.

Por otro lado, la movilización popular se centró, en los últimos dos meses, en la caravana «Wejlel» (que significa «libertad» en chol). El 25 de abril, unos 200 desplazados choles de la zona Norte de Chiapas rompieron el cerco de «Paz y Justicia» y marcharon hacia la capital del estado en demanda de libertad para los presos políticos, cese de la violencia paramilitar y de la persecución política, indemnización por los bienes robados y destruidos por los priístas, garantías y apoyo para el retorno de los desplazados, etc. Desde entonces, los delegados de los desplazados y los representantes del movimiento de presos políticos «La Voz de Cerro Hueco» mantienen un plantón ante el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

A partir de allí se inició un complejo proceso de negociaciones con el gobierno estatal, cuyo único resultado, hasta el momento, ha sido la liberación de 31 presos (incluidos los 24 de San Pedro Nixtalucum; SIPAZ Año 2 No.2), quedando todavía 61, la mayoría de la zona norte. Como han señalado reiteradamente los abogados defensores, se trata de sentencias judiciales realizadas sin las garantías del debido proceso (delitos prefabricados, acusaciones sin pruebas, confesiones bajo tortura, etc.). La única finalidad que se persigue es la eliminación de los opositores al partido oficial. Es interesante anotar que ningún priísta se encuentra preso, aun cuando pesan graves acusaciones contra algunos dirigentes de «Paz y Justicia».

El Proceso de Paz según sus protagonistas

Si bien el cambio de la delegación gubernamental para el Diálogo de San Andrés ha sido una señal positiva de parte del gobierno federal -atendiendo el reclamo de los zapatistas-, hasta el momento no se han conocido propuestas concretas para la reanudación del Diálogo. Pedro Joaquín Coldwell ha manifestado su disposición de reunirse con todas las partes implicadas en el proceso y escuchar las diferentes valoraciones a fin de conocer mejor la situación.

El EZLN, por su parte, guarda silencio sobre el proceso de paz. No se ha pronunciado sobre la designación del nuevo delegado gubernamental, ni sobre la última propuesta de la COCOPA. Su postura ha sido, en los últimos meses, no tomar ninguna iniciativa hasta que el gobierno federal dé muestras claras de su voluntad real de cumplir con las condiciones exigidas por los zapatistas.

Paralelamente, las bases civiles del EZLN se han mostrado activas en el proceso de consolidación de los municipios rebeldes y regiones autónomas, delimitando sus territorios, eligiendo y renovando sus autoridades en verdaderos actos políticos presididos por sus comandantes. En las zonas más conflictivas, se observa también una tendencia de los civiles zapatistas a responder a las provocaciones y agresiones armadas, lo que significa una amenaza para el cese al fuego todavía vigente.

En abril, después de la muerte del senador Heberto Castillo, uno de los miembros más destacados de la COCOPA, ésta volvió a tomar la iniciativa para buscar una salida al estancamiento del proceso de paz, proponiendo la instalación de una «mesa de coyuntura» donde, con la participación amplia de todos los actores involucrados, se abordara el tratamiento y solución de los conflictos en la zona Norte.

La CONAI, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil chiapanecas recibieron favorablemente esta propuesta. Lamentablemente, ni el gobierno federal ni el estatal la apoyaron. El segundo, por el contrario, propuso a los representantes de la zona Norte la creación de tres mesas diferentes para negociar por separado los temas económico, jurídico y político. De esta manera, el gobierno del estado se constituye en árbitro del conflicto, cuando en realidad es parte en el mismo. El resultado de esta maniobra está a la vista: a casi tres meses, ninguna de las mesas fue instalada.

Otros elementos muestran el afianzamiento de una línea dura en el gobierno del estado, que no parece buscar otra cosa que la confrontación y la agudización de los conflictos:

• el Congreso estatal, sin previo aviso, sustituyó a su representante en la COCOPA, el diputado priísta Juan Roque Flores, quien se había caracterizado por mantener una postura independiente y progresista en el organismo mediador. Su sustituto, en cambio, se ha ubicado en la COCOPA «como una contraparte gubernamental», al decir de uno de sus integrantes;
• el mismo Congreso ha impulsado unilateralmente las actividades de una Comisión de Remunicipalización y Redistritación, cuya labor ha generado rechazo por parte de las bases civiles del EZLN y agudizado los enfrentamientos entre ellas y los priístas.

El 8 de junio la CONAI emitió un pronunciamiento donde afirma que

«El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés ha puesto en crisis, no sólo el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, sino la misma vía de la negociación política como camino de solución pacífica de todos los conflictos. Si lo que se pacta no se cumple, se afecta la confianza y se vuelve imposible cualquier avance».

La CONAI expresa también su preocupación por la violación creciente de los derechos humanos y la escalada de violencia en los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero, donde a fines de mayo se registraron enfrentamientos entre el EPR y el ejército federal. Las principales víctimas de estos sucesos son, como de costumbre, la población civil y las organizaciones populares, contra las que se desata la represión indiscriminada; las cifras de muertos, detenidos y desaparecidos crecen de manera alarmante entre las comunidades indígenas de estos estados.

Finalmente, la CONAI exhorta a todos los actores políticos y a la sociedad civil a movilizar sus recursos y capacidades para lograr:

• la reforma constitucional para cumplir con los Acuerdos de San Andrés
• la liberación de los presos por motivos políticos
• el establecimiento de la mesa de coyuntura propuesta por la COCOPA para solucionar los conflictos regionales, especialmente el de la zona Norte
• la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos firmados
• el respeto a la voluntad ciudadana y popular en el acto electoral del 6 de julio.

A fines de junio, la prensa de Chiapas desató una nueva campaña de ataques y difamación contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan apoyando al proceso de paz. Las acusaciones sobre enriquecimiento y uso de fondos provenientes de la solidaridad internacional para «acciones antigubernamentales y desestabilizadoras», usando información confidencial sobre esos fondos, mostraron que la diócesis y las ONGs son objeto de actos de espionaje.

México pierde puntos en la opinión internacional

El gobierno mexicano sigue siendo objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos por el incremento de las violaciones a los mismos y la impunidad en que se mantienen, principalmente cuando se trata de violencia política cometida contra opositores en los estados y regiones más conflictivos del país.

Entre abril y mayo, la expulsión del territorio mexicano de casi veinte observadores internacionales que realizaban visitas a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero -incluidos miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura- causó profunda preocupación y malestar en la comunidad internacional.

El 30 de abril, Human Rights Watch-Americas presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Con abundante documentación de casos relativos a la violencia política en las zonas Norte y Selva de Chiapas, el documento afirma que «La impunidad sigue siendo la regla general para los violadores de los derechos humanos y partidarios del gobierno». También sostiene que, en el caso de las autoridades estatales de Chiapas, se da «una práctica sistemática de aplicación discriminatoria de la justicia».

Al respecto, el mismo Jorge Madrazo, Procurador General de la República -y anterior Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- ha señalado en más de una oportunidad que la administración de justicia en México atraviesa por una grave crisis de eficacia y credibilidad.

En su informe de 1996, Amnistía Internacional sostiene que en México hay decenas de prisioneros de conciencia condenados sin el debido proceso; que el año pasado hubo decenas de ejecuciones extrajudiciales, veinte detenciones-desapariciones y que las fuerzas de seguridad torturaron a centenares de detenidos, incluyendo menores, periodistas, miembros de minorías étnicas, defensores de los derechos humanos.

El 4 de mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó duramente el informe presentado por el gobierno mexicano, calificándolo de «teórico, impreciso y carente de datos». El Comité «constató con preocupación la profunda dicotomía entre la ley y su aplicación».

Similares reacciones provocaron en la opinión internacional las negativas y resistencias del gobierno mexicano a que la Academia Mexicana de Derechos Humanos recibiera subsidios de la Unión Europea para monitorear el proceso electoral en el Distrito Federal.

Contribuyendo aún más al deterioro de su imagen internacional, el gobierno mexicano está impulsando en el seno de la OEA una campaña para modificar los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de impedir que las organizaciones no gubernamentales puedan presentar denuncias contra los gobiernos que violan los derechos humanos.

Por otro lado, si bien la histórica visita del Presidente Clinton a México se interpretó como un respaldo del gobierno norteamericano al Presidente Zedillo -principalmente a su política económica-, los encuentros de Clinton con la oposición y de Madeleine Albright con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos fueron señales de que la Administración norteamericana no es indiferente al proceso de transición democrática que se vive en México, ni a los nuevos actores políticos y sociales que lo impulsan. El Presidente Clinton elogió también los comicios de julio y sus resultados como un avance de ese proceso.

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Análisis

El frágil y violento escenario de Chiapas nuevamente se vio desplazado por el acontecer político nacional. Y es que no era para menos. El reciente período electoral acaparó la atención de los medios y de la opinión pública nacional, desde el inicio de las campañas al comienzo del año hasta estos días posteriores a la elección.

Sin lugar a dudas, los comicios electorales del 6 de julio pasado, y en esto coinciden autoridades federales, electorales, partidos políticos, organizaciones cívicas, observadores nacionales e internacionales, han sido los más copiosos, transparentes, tranquilos y apegados a derecho en la historia moderna de México.

La jornada electoral que muchos califican de histórica, ha arrojado un nuevo y significativo escenario político en el marco de la democratización del país. Los avances de la oposición, particularmente el PRD y el PAN en las gubernaturas de la ciudad de México y los estados de Nuevo León y Querétaro respectivamente, así como el aumento en sus posiciones en la cámara baja del Congreso, hablan de una nueva correlación de fuerzas a nivel nacional y de un viraje importante que posibilita una nueva y mejor forma de hacer política en México.

En esta nueva configuración plural, competitiva y equilibrada del espectro político nacional, reflejada particularmente en el Congreso, se podría enraizar una nueva esperanza para dar un rumbo diferente a los principales problemas de la nación: la política económica tan cuestionada, el desempleo, la conflictividad social y por supuesto el proceso de paz en Chiapas.

Es comprensible que el acto electoral no tuviera en los estados de mayor marginación, conflictividad y alta población indígena como Chiapas, Guerrero y Oaxaca , la misma significación que en el Distrito Federal, en donde los ciudadanos estrenaron su derecho a elegir a sus gobernantes.

La militarización, la violencia política, el deterioro de la calidad de vida y de la convivencia comunitaria, la indiferencia oficial respecto de las demandas indígenas plasmadas en los Acuerdos incumplidos de San Andrés, constituyen las preocupaciones primordiales de las comunidades indígenas de Chiapas.

Sus formas de vida y de gobierno, de organización social y administración de la justicia, pasan por otros tiempos y otras lógicas que las determinadas por las coyunturas electorales y el sistema político. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de reconocer, comprender y respetar la realidad peculiar de los pueblos indígenas incorporando a la Constitución los primeros Acuerdos firmados en San Andrés hace un año y medio.

Con esa cuenta pendiente, es comprensible que los pueblos indios de Chiapas hayan visto con indiferencia y escepticismo un proceso electoral al que sienten ajeno. Sin embargo, varios analistas señalan que lo ocurrido en Chiapas el 6 de julio pone en evidencia que no es posible avanzar en el proceso de democratización en México ignorando que en ese estado persiste un hondo y no resuelto conflicto.

Por otro lado, la crisis prolongada del proceso de paz ha contribuido a agudizar los efectos de la guerra de baja intensidad que ya lleva tres años. La creciente polarización y división al interior de las comunidades indígenas constituye el éxito más visible de la estrategia contrainsurgente. Ese éxito no radica en el simple debilitamiento de las bases de apoyo del EZLN, sino en un daño mucho más profundo y de más largo plazo, ya que apunta a la destrucción misma de la cultura indígena en lo que ella tiene de más genuino: la organización social, económica y política en torno a las relaciones comunitarias.

Al mismo tiempo, la polémica y accidentada jornada electoral, así como sus cuestionables resultados, ha acentuado los antagonismos entre fracciones a nivel de las comunidades indígenas.

En este proceso de deterioro de la convivencia social y de radicalización de los conflictos ideológicos -ya sean partidarios o religiosos-, el gobierno del estado de Chiapas tiene una responsabilidad muy directa. Su estrategia de dilatar las mesas de negociación para desgastar al interlocutor, de hacer jugar a la policía estatal un papel de acicate para agudizar los enfrentamientos entre civiles, o de condicionar la entrega de recursos a las comunidades a su adhesión al partido oficial, pone en evidencia su voluntad de hacer fracasar el proceso de paz. En este momento, la mayor debilidad de ese proceso es que las negociaciones sobre la zona Norte están en manos del Ejecutivo de Chiapas.

Es necesario elevar el nivel de la negociación y sacarla de los estrechos límites del estado, para que el conflicto de Chiapas vuelva a ser un tema de la agenda nacional. Un fracaso del proceso de paz en Chiapas sería un mensaje peligroso en un México convulsionado donde el descontento social se expresa cada vez más por medios violentos. En cambio, de destrabarse el proceso de paz, Chiapas podría convertirse en un laboratorio de resolución de los conflictos políticos por medios pacíficos, y donde se consolidara una nueva relación de la nación mexicana con sus pueblos indios. Así lo expresó el diputado priísta de la COCOPA Jaime Martínez Veloz al día siguiente de los comicios en «La Jornada»:

«En este momento de triunfo cívico, debemos recordar la deuda que hace unos días nos recordaba, como lo ha hecho en los últimos años, el EZLN: hay un compromiso con los mexicanos indígenas que debe cumplirse para hablar plenamente de madurez democrática en México».

Pasada la euforia electoral, tanto el Ejecutivo federal como el nuevo Legislativo, con una COCOPA renovada, deberían abocarse a reanudar los esfuerzos negociadores para avanzar en la búsqueda de una paz digna y justa en Chiapas.