Sumario

En Chiapas, la prolongada suspensión del Diálogo entre el gobierno federal y el EZLN ha sumido al proceso de paz en su más profunda crisis hasta la fecha. En diciembre el gobierno rechazó una propuesta legislativa para la implementación de los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas y presentó un documento alternativo. El proyecto de ley rechazado había sido redactado por la COCOPA, la comisión legislativa creada para coadyuvar en el proceso de negociaciones. El gobierno insiste en que su contrapropuesta es coherente con los acuerdos firmados en febrero de 1996. Sin embargo muchos observadores discrepan y acusan al gobierno de renegar, de facto, de esos acuerdos y de socavar deliberadamente el proceso de paz.

La COCOPA insiste en que mantiene su propuesta, la cual fue presentada a las partes como un ultimatum después de meses de pláticas, y que el EZLN aceptó. No obstante, el 4 de marzo la COCOPA declaró ambiguamente que «el texto es perfectible» y declinó presentarlo al Congreso sin el apoyo del Ejecutivo.

El EZLN continúa exigiendo «condiciones mínimas» específicas para reanudar las pláticas de paz, y se muestra claramente renuente a negociar nuevos temas mientras los acuerdos existentes permanezcan incumplidos.

Mientras tanto, una escalada de violencia en Chiapas atrajo nuevamente la atención pública sobre el estancado proceso de paz y la creciente inestabilidad en el estado. En la asediada zona Norte, grupos paramilitares alineados al PRI imponen un orden represivo en algunas regiones, provocando enfrentamientos, asesinatos, robos y nuevos refugiados. El 15 de febrero una delegación de la Estación Norte para la Distensión y Reconciliación -en la que participaba un miembro de SIPAZ- fue atacada y baleada por un grupo paramilitar cuando intentaba recabar información sobre la violencia reciente. La delegación pudo escapar, pero para los habitantes de la zona que no apoyan al partido de gobierno, esta clase de violencia es una amenaza frecuente contra la cual casi no tienen defensa. Al mismo tiempo, una ola de protestas en todo Chiapas contra los altos precios de la energía eléctrica provocó la violenta represión de la policía estatal.

Dos hechos en particular resaltan la crisis del proceso de paz y la fragilidad del cese al fuego hoy vigente. Una disputa de tierras y el consiguiente bloqueo carretero cerca de Palenque devino en una confrontación en la que dos policías resultaron muertos y otros cinco heridos. Al día siguiente, dos dirigentes campesinos y dos jesuitas fueron arrestados, torturados y acusados de esos hechos. Aunque posteriormente se los dejó en libertad por falta de pruebas, los arrestos fueron vistos como un preocupante indicio de la creciente beligerancia del gobierno.

El 14 de marzo, una disputa intra-comunitaria en San Pedro Nixtalucum desembocó en un asombroso despliegue represivo cuando la policía estatal, disparando desde camionetas y helicópteros, abatió a civiles simpatizantes del EZLN. El saldo fue de cuatro campesinos muertos, muchos heridos, 27 detenidos (A uno de los cuales fue acusado de asesinar a su propio hijo!) y más de 300 personas que se agregaron a la lista de desplazados internos en Chiapas.

La impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, y el trato discriminatorio que reciben los indígenas no afiliados al PRI, evidencian las graves deficiencias de la administración de justicia.

Un incremento de la presencia militar en áreas conflictivas de Chiapas y otros estados -incluyendo zonas de la ciudad de México-, combinada con incidentes como los mencionados, refuerzan el temor de que el gobierno se incline por las soluciones militares antes que por las políticas, empleando la estrategia de guerra de baja intensidad.

Su intención de desgastar a los zapatistas y a sus bases de apoyo mientras anuncia públicamente su compromiso con una solución negociada, es doblemente riesgosa para el gobierno. En una situación de alta tensión, con oscuras perspectivas de progreso en las negociaciones y con la fuerza pública atacando y hasta masacrando a las bases civiles zapatistas, el cese al fuego parece cada vez más frágil, y la reanudación de la guerra más posible. Más aún: la contradicción entre el discurso y las acciones del gobierno le hacen perder credibilidad, tanto dentro como fuera del país.

Las elecciones legislativas -y para algunas gubernaturas- de julio serán un importante indicador de cómo el gobierno del PRI es visto dentro de México. Las encuestas actualmente muestran que por primera vez en el largo reinado del PRI, su mayoría en la cámara baja está seriamente amenazada.

A nivel internacional, el gobierno mexicano ha sido criticado recientemente en asuntos de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Su intervención diplomática para bloquear la cooperación de la Unión Europea con una ONG mexicana encargada de monitorear el proceso electoral, difícilmente mejorará su imagen.

Probablemente el endurecimiento de la postura gubernamental es, en parte, la respuesta represiva de un régimen autoritario que se siente amenazado. Y también están pesando poderosos intereses económicos nacionales e internacionales: concesiones forestales y minerales ya negociadas por el gobierno se ven amenazadas por el proyecto de autonomía para las comunidades indígenas propuesto por los Acuerdos de San Andrés.

En abril, visitas de la COCOPA y de la Conferencia Episcopal Mexicana a la zona Norte, sumadas a declaraciones conciliatorias del grupo paramilitar Paz y Justicia, han fortalecido las tenues perspectivas para la paz.

La participación de la sociedad civil mexicana en el proceso de paz ha sido fundamental para su progreso hasta la fecha. El reciente Encuentro Nacional por la Paz realizado en marzo, que reunió a 91 organizaciones de 19 estados del país, continúa esos esfuerzos.

Al mismo tiempo, la incidencia que tienen los intereses económicos internacionales en la dirección que toma el conflicto en Chiapas, subraya la importancia del compromiso activo y amplio de la comunidad internacional en la búsqueda de una paz justa y duradera.

ACCIONES RECOMENDADAS

Urgir al Ejecutivo mexicano a:

• Respetar los Acuerdos de San Andrés y pactos internacionales que ha firmado y en los que se contemplan ampliamente los derechos de los pueblos indígenas; reconocer y respetar la labor humanitaria que realizan los trabajadores de derechos humanos, así como la de los obervadores internacionales; favorecer un clima político que facilite y promueva la participación de toda la ciudadanía en el próximo período electoral.
• Exhortar a la COCOPA y al Poder Legislativo a llevar adelante el proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena para lograr la implementación efectiva de los Acuerdos de San Andrés.
• Escribir a sus congresistas o legisladores, informándoles de la situación actual en Chiapas y solicitándoles comunicar al gobierno mexicano su preocupación por la pronta culminación e implementación de un justo acuerdo de paz en Chiapas.

Favor de escribir a:

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (52 5) 535 27 26
Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
San Lázaro
15969 México, DF – México
Fax: (52 5) 542 1558

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (52 5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico

Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (52 5) 546 5350 / 546 7380

Lic. Julio C. Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (52 961) 20917

Además:

• difundir información – como este reporte – para movilizar a la opinión pública internacional.
• estar vigilantes y preparados para contrarrestar una escalada de violencia en Chiapas

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Actualidad

CHIAPAS… Entre el Olvido y la Memoria

Cuando ya todos pensábamos que la atención del país se centraría en las pre campañas electorales -especialmente en la ciudad de México-, nuevamente el rostro de la atención pública voltea a Chiapas obligado por el incremento de la violencia en varias regiones del estado, a pesar de la presencia masiva (o por causa de ella) de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Esta «guerra de baja intensidad» orquestada por el gobierno parece tener como finalidad acabar con el movimiento popular organizado, que es a su vez un importante apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Chiapas en los últimos meses esta guerra ha ocasionado el desplazamiento de cientos de familias a las montañas, varias decenas de asesinatos, emboscadas, asaltos, arrestos, etc.

Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal atraviesan hoy la más profunda y prolongada crisis de las crisis. Con el diálogo suspendido desde septiembre de 1996, los acuerdos firmados y no cumplidos desde hace más de un año, una COCOPA dividida y que ha optado por la indefinición, una CONAI venida a menos en los últimos meses, y lo peor aún: una sociedad civil desgastada y casi al margen de lo que pasa en Chiapas, el panorama que se vislumbra para los próximos meses de coyuntura electoral es poco alentador.

Las diferencias entre las partes sobre el documento para legislar en materia de Derechos y Cultura Indígena (ver SIPAZ Informe, Año 2, No.1) presentado por la COCOPA, parecerían, en términos generales, el meollo central de este asunto. Pero se entiende que hay mucho más atrás de eso. Aunque el EZLN aceptó la propuesta, el gobierno la rechazó diciendo que la autonomía definida por la COCOPA significaría crear otros Estados dentro del Estado mexicano, e hizo su contrapropuesta, la que según él es coherente con los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena.

A principios de marzo, la COCOPA finalmente emite un comunicado en el que se pronuncia sobre la incierta situación del diálogo de paz en Chiapas. Sintéticamente: a) sostiene su iniciativa de ley del 29 de noviembre de 1996. b) señala que la redacción del texto es perfectible. c) considera que puede consensurase con el EZLN y el Gobierno federal otra alternativa para resolver las diferencias actuales y d) rechaza enviar unilateralmente su propuesta al Congreso de la Unión. En respuesta a esta postura de la Comisión legislativa, varias manifestaciones se dieron a lo largo del país demandándole que cumpliera su palabra de llevar su propuesta al Congreso. El mismo EZLN en un comunicado del subcomandante Marcos, el 9 de marzo comenta:

«Este es el resumen de la situación, señores legisladores: Se acordó una reforma constitucional. No se cumplió. Se acordó que la COCOPA la elaborara. No se cumplió. Se acordó aceptar la propuesta de la COCOPA. No se cumplió. Se acordó que la COCOPA no aceptaría propuestas, sino sólo posiciones sobre su documento. No se cumplió. En ninguno de los casos el EZLN es el incumplidor.»

Y agrega finalmente:

«No dialogaremos con el gobierno federal mientras no se cumplan las condiciones mínimas que hagan del proceso de paz algo serio, justo y digno.»

Otro acontecimiento que fue interpretado como un «golpe bajo» al proceso de paz fue la cancelación o «boicoteo» de la reunión de la COSEVER (Comisión de Seguimiento y Verificación) a realizarse en San Cristóbal de las Casas el 14 de febrero pasado, a la que no asistieron los representantes del gobierno federal, en franca contradicción con lo que se había acordado.

Por otro lado, una buena parte de la atención nacional se centró durante los meses de febrero y marzo en la coyuntura electoral que en el país se avecina. La mayoría de las encuestas muestran como favoritos a quienes las patrocinan; pero lo que sí es evidente es que de los tres partidos más importantes que contienden, el PRI es el menos favorecido. Al mismo tiempo se aprecia un significativo repunte del PRD a nivel nacional, según lo dejó ver el resultado de las elecciones en el estado de Morelos, en donde obtuvo 12 municipios y varias diputaciones.

El temor del PRI a perder su histórica hegemonía puede explicar el endurecimiento del gobierno, que se manifiesta en formas alarmantes y avisadoras de un futuro próximo en el que el Estado de Derecho, que tanto maneja el Ejecutivo en su discurso, está cada vez más lejos de establecerse en México. Baste mencionar como ejemplo la negativa del gobierno a cumplir con la recomendación de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) respecto al caso del general Gallardo, detenido desde hace tres años en el campo militar No.1, sólo por recomendar que las fuerzas armadas necesitaban un Ombudsman militar que vigilara el respeto a los derechos humanos al interior de dicha institución. Además, el gobierno mexicano está empujando a nivel continental una campaña para reducir las facultades que tiene la CIDH ante los gobiernos adscritos a la OEA. En la misma línea se ubica el bloqueo del gobierno y cancillería mexicanos al donativo de casi 400 mil dólares que la Unión Europea autorizó entregar a la Academia Mexicana de Derechos Humanos para la observación electoral de los comicios a la gubernatura del Distrito Federal que incluye la ciudad de México.

También en el plano de las relaciones exteriores, la prensa destacó durante varios días el asunto de la certificación a México por parte de Estados Unidos en el combate al narcotráfico. La demora del gobierno norteamericano sobre si dar o no la certificación a México generó reacciones de todo tipo, especialmente después de la detención el 18 de febrero al general Jesús Gutiérrez Rebollo – encargado precisamente del combate al narcotráfico-, por haber sido inculpado de proteger y recibir beneficios del principal narcotraficante del Cártel de Juárez, Amado Carrillo.

Aunque el presidente Clinton otorgó dicha certificación, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una resolución descertificando a México, pero suspendió la decisión por 90 días, durante los cuales México tendrá que demostrar un «progreso sustancioso» en seis áreas para ser recertificado.

En el plano nacional, varias organizaciones y especialistas en la materia han alertado a la opinión pública sobre el aumento constante de la militarización. La sociedad civil y en particular las organizaciones sociales, los activistas de derechos humanos y las comunidades indígenas y campesinas han sido los más golpeados por este fenómeno. Las zonas del país que más se han visto afectadas son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, las Huastecas y la ciudad de México, donde sólo en la delegación de Iztapalapa cerca de 3000 soldados del ejército mexicano suplieron a los policías para que ellos recibieran un entrenamiento de varios meses por las mismas fuerzas armadas.

Tan sólo en Chiapas, reportes de prensa y de organismos no gubernamentales hablan de un incremento de campamentos militares, particularmente en las zonas Selva, Altos y Norte del estado. Esto ha traído na sistemática violación a los derechos humanos. La vigencia del accionar de grupos paramilitares en la zona Norte bajo la tolerancia de las fuerzas de seguridad sigue provocando enfrentamientos, asesinatos, robos, desplazamientos e inseguridad constante. Baste mencionar la emboscada del grupo paramilitar Paz y Justicia a una delegación de observación de la Estación Norte (en donde estuvo un miembro de SIPAZ) y periodistas en la comunidad de Paraíso, en Sabanilla; las agresiones de priístas a simpatizantes zapatistas en la comunidad Aguas Blancas; la represión violenta de la Seguridad Pública a manifestaciones pacíficas y de resistencia civil en varios puntos del estado por las altas tarifas de la luz eléctrica y por los cortes de ese servicio a poblaciones y municipios enteros.

Los hechos ocurridos el 7 de marzo en la comunidad de San Martín Chamizal centraron nuevamente la atención nacional e internacional en Chiapas, no por los dos policías muertos y los cinco heridos como resultado de una emboscada contra las fuerzas de seguridad, sino por la detención ilegal, al día siguiente en Palenque, de dos dirigentes de la organización campesina e indígena Xínich (Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez) y de dos sacerdotes jesuitas (Jerónimo A. Hernández y Gonzalo Rosas). A pesar de los testimonios que los identificaban muy lejos del lugar en el momento de la emboscada, los cuatro fueron acusados de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del estado, así como de asociación delictuosa y lesiones.

Según sus propios testimonios, fueron detenidos con lujo de violencia, torturados e incomunicados por más de 20 horas. Este hecho generó una serie de movilizaciones en el estado y una lluvia de cartas tanto en México como del extranjero dirigidas a las autoridades federales y estatales exigiendo su liberación. Finalmente el juez, al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para inculparlos de los hechos, decide dejarlos en libertad.

El 14 de marzo, también en la zona Norte de Chiapas, en la comunidad de San Pedro Nixtalucum (municipio de El Bosque), hechos sangrientos sacudieron la conciencia nacional. Lo que comenzó con acusaciones verbales entre priístas y perredistas/zapatistas sobre un hecho que se podía haber solucionado por la vía del diálogo y algunas sanciones menores, se convirtió en una verdadera masacre con la llegada de las fuerzas policiales, que sin detenerse a investigar y esclarecer los hechos, comenzaron a disparar a la población zapatista. Según testimonio de los pobladores, los disparos llegaban desde los camiones policiacos e incluso, desde helicópteros artillados que sobrevolaron la zona por varios minutos. El hecho ocasionó un saldo de 4 muertos, varios heridos y 27 detenidos. Estos hechos y el establecimiento permanente del ejército federal y la policía estatal hostigando continuamente a la población zapatista, han provocado que más de 300 personas se hayan refugiado en la montaña. (Ver «San Pedro Nixtalucum: Otra trampa contra los indígenas» .)

En los mismos días que todos estos hechos ocurrían, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado en el que reitera la voluntad del gobierno mexicano de alcanzar una salida pacífica en el conflicto de Chiapas, así como de dar solución a los problemas que dieron origen al levantamiento armado de enero de 1994. Dicho documento es parte del informe que el gobierno mexicano presentó en Ginebra, Suiza. Según la nota recogida por el diario La Jornada el 18 de marzo, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial consideró el documento «insuficiente y contradictorio con la realidad, especialmente sobre Chiapas». Mantuvo sus preocupaciones respecto a los indígenas y el problema de la tierra, la impartición de justicia, el rezago social y el conflicto. El relator especial para México Regis de Gouttes se refirió a «la impunidad con que actúan los grupos paramilitares Paz y Justicia y Los Chinchulines, quienes siguen reprimiendo a los indígenas bajo el amparo de las autoridades». Otro miembro del Comité, Rugiger Wolfrum, expresó que «los hechos indican que el proceso de paz está suspendido, que el gobierno no respetó los Acuerdos de San Andrés, e ignora el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que la COCOPA ha sido debilitada». Consideran que a pesar de lo dicho por el gobierno, «la situación de Chiapas es explosiva, como desde el inicio del conflicto y por lo tanto seguirá siendo preocupación del Comité». Finalmente el organismo emitió una recomendación al gobierno mexicano para tipificar como delito toda forma de segregación o exclusión a las comunidades indígenas.

La crisis del Diálogo ha servido a su vez como un nuevo incentivo para buscar la articulación y la convergencia de agendas, la cual se ha estado apoyando principalmente en el llamado que la CONAI hizo en septiembre pasado a un gran Diálogo Nacional que aglutine organizaciones y demandas en un solo movimiento que tenga como ejes centrales la paz, la democracia, la justicia y la dignidad.

La realización en San Cristóbal de un Encuentro Estatal por la Paz y el Diálogo Nacional en febrero fue un verdadero termómetro para medir todo el esfuerzo que hace falta para caminar en esa dirección. Aún cuando no estuvieron presentes ni el 50% de las organizaciones chiapanecas, se concluyó que es necesario redoblar esfuerzos para integrar a todos nuevamente. Este encuentro fue preparatorio del Encuentro Nacional por la Paz realizado en la ciudad de México del 14 al 16 de marzo, en el que participaron 91 organizaciones de distintas regiones del país, representantes de 19 estados y 564 personas. En él se refrendó el deseo y compromiso común de trabajar por la paz articuladamente. Se acordó también darle continuidad a estos encuentros para ir avanzando en la construcción de un México justo y democrático.

En abril, tanto la COCOPA como la Conferencia Episcopal Mexicana recorrieron la zona Norte, indicando con ello que la escalada de violencia es una preocupación creciente. Ambas delegaciones se comprometieron a continuar los esfuerzos para restablecer las pláticas de paz. Los obispos además llamaron a reducir la presencia militar en Chiapas.

En otro alentador episodio, el grupo paramilitar Paz y Justicia se reunió con los obispos para proponerles un diálogo tendiente a alcanzar la pacificación en la zona Norte. Reconociendo que las demandas del EZLN son las mismas de las comunidades divididas por el conflicto, la organización sugirió que el diálogo incluya al EZLN, a las iglesias, a los partidos políticos, al gobierno y a otros actores involucrados en el conflicto.

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Análisis

CHIAPAS… Entre el Olvido y la Memoria

SIPAZ comparte la opinión de muchos analistas mexicanos que califican la actual dinámica política de Chiapas como una «ofensiva al proceso de paz». Ya sea que la escalada de violencia obedezca a un vacío de poder por incapacidad del gobierno estatal para controlar la situación, o a una política deliberada del Ejecutivo federal, lo cierto es que, más allá del discurso, en los hechos el gobierno mexicano parece estar haciendo lo posible por herir de muerte al proceso de paz.

La detención arbitraria y violatoria de las garantías individuales que sufrieron los dirigentes de XíNich y los jesuitas en Palenque, puede ser interpretada como un intento de golpear a dos de los actores más significativos del proceso de Chiapas: el movimiento indígena- campesino y la diócesis católica de San Cristóbal. Indirectamente, el golpe apuntaba, además, a la CONAI y al EZLN, ya que el jesuita Jerónimo Hernández fue asesor de los zapatistas en el Diálogo de San Andrés.

La participación directa o aquiescente de las fuerzas de seguridad – ya sea ejército o policía- en los enfrentamientos de los primeros meses del año, es una dramática señal de la fragilidad del cese al fuego todavía vigente por ley. El incidente más grave, ocurrido en San Pedro Nixtalucum cuando la policía disparó contra las bases zapatistas, sugiere una preocupante intención: después de acorralar política y militarmente a los zapatistas, aplastar sus bases de apoyo mediante la represión, la cárcel o la muerte.

Parece bastante claro que la espiral de violencia es un ingrediente previsto en la estrategia contrainsurgente. La represión al movimiento indígena y campesino; la fabricación de delitos para eliminar a los opositores; la impunidad generalizada de todos los crímenes; la provocación de enfrentamientos y división al interior de las comunidades; todo esto configura un escenario donde la lógica de la negociación para resolver los conflictos aparece cada vez más inviable. Al mismo tiempo, el caos y la ingobernabilidad justifican la militarización de nuevas regiones que quedan bajo el control del ejército federal.

Si bien los efectos de la guerra de baja intensidad se acentúan con el transcurso del tiempo, el gobierno mexicano está desestimando un factor no menor: el desgaste que busca producir en el movimiento zapatista dejando pasar el tiempo sin que nada suceda, se está revirtiendo sobre su propia imagen. Su política de dos caras, su permanente doble discurso, le llevan a una creciente pérdida de credibilidad muy peligrosa para sus intereses electorales.

En este marco, la posición reticente del EZLN es entendible: ¿qué garantías puede tener volver a sentarse en una mesa de negociación con una contraparte que ha demostrado no estar dispuesta a tomar en serio los compromisos asumidos?

En una situación tan tensa, con las bases civiles del EZLN a veces atacadas y hasta masacradas, el cese de fuego aparece más frágil, y un enfrentamiento entre el ejército y el EZLN más posible.

Muchos se preguntan por qué el gobierno mexicano mantiene su posición intransigente, neutralizando a las instancias de mediación y verificación, arriesgando un nuevo brote de guerra, y pagando el costo político de ignorar las crecientes presiones que -desde la sociedad civil nacional hasta organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas o la propia Unión Europea- pesan sobre él para exigirle que cumpla los acuerdos firmados hace más de un año.

No se puede responder a esta pregunta sin referirse a los poderosos intereses económicos en juego: el proyecto de autonomía indígena representa una amenaza cierta para el control de los riquísimos recursos naturales existentes en la zona. Distintas fuentes han denunciado la existencia de compromisos contraídos con empresas transnacionales durante el gobierno de Carlos Salinas para extraer del suelo chiapaneco petróleo y uranio, e implementar planes forestales que dejarían rápidas y cuantiosas ganancias, al precio de deteriorar el suelo de manera irreversible. Estos compromisos, hasta ahora escondidos, se han hecho sin consultar a las comunidades indígenas afectadas.

Combinando esta información con recientes acontecimientos públicos, el antropólogo Ronald Nigh, que ha vivido muchos años en Chiapas, ofreció un análisis que ha tenido eco en otros observadores políticos en México. Aunque hasta cierto punto especula, no se lo puede descartar tan facilmente. Nigh observa: «Cuando la COCOPA presentó su propuesta de cambios constitucionales retomando los acuerdos firmados por el gobierno en materia de derechos indígenas, Zedillo pidió a los Zapatistas 15 días para estudiar el tema. El Presidente entonces, abordó [su avión] y voló, no a Washington, sino a Wall Street, donde se encontró con Henry Kissinger y otras altas celebridades financieras. Hasta su regreso él anunció su rechazo a la propuesta de legislación con una contrapropuesta, claramente diseñada para ser inaceptable, que los Zapatistas rechazaron. En menos de un mes, la Secretaria de Medio Ambiente Julia Carabias anunció un gran préstamo del Banco Mundial para «reforestación de bosques», por ejemplo, plantaciones comerciales. El gobierno mexicano había ganado la aprobación de los financieros, al precio de lanzar a Chiapas y a todo el país a un estado de incertidumbre y tensión.»

Sin embargo, no toda la responsabilidad le corresponde al Poder Ejecutivo en la crisis del proceso de paz. El Congreso, representado a través de la COCOPA, ha demostrado una vez más su subordinación al presidencialismo con el pronunciamiento emitido por esa Comisión legislativa el 4 de marzo. Allí, en un gesto calificado por muchos analistas como de «rendición«, la COCOPA da por concluido el episodio por el cual el Ejecutivo rechazó su propuesta de ley, y anuncia que pedirá cita a las partes para explorar nuevas alternativas.

En Chiapas, el Poder Judicial es responsable -en la figura del Procurador de Justicia Jorge E. Hernández Aguilar- de la ausencia de Estado de Derecho y de garantías procesales para los indígenas que son detenidos sin órdenes de aprehensión, acusados de delitos prefabricados por sus enemigos políticos, condenados sin pruebas e imposibilitados de acceder a un juicio justo e imparcial.

La suerte del proceso de paz y de quienes todavía apuestan a él, depende en buena medida de la capacidad de los distintos actores comprometidos con el cambio, de unir sus esfuerzos y articular sus propuestas en un proyecto común, más allá de sus diferencias particulares. Esta participación de la sociedad civil es precisamente lo que Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la CONAI, ha señalado como «la gran originalidad del proceso de negociación de México.» El reciente Encuentro Nacional por la Paz es un buen ejemplo del potencial transformador de la sociedad mexicana.

Se espera que estos esfuerzos de la sociedad civil, junto con las recientes iniciativas de la COCOPA y de la Conferencia Episcopal Mexicana, contribuyan a reducir los actuales niveles de violencia en Chiapas y reciban del gobierno mexicano señales claras de su voluntad de reactivar el diálogo de paz.