ANALISIS: Chiapas Relegado a Segundo Plano

Hojear periódicos tanto locales como nacionales podría dejarnos la impresión de que se ha cerrado el capítulo inconcluso del levantamiento zapatista de 1994. Las próximas elecciones presidenciales (2 de julio) y para gobernador de Chiapas (20 de agosto), varios escándalos políticos que habría que vincular con las mismas para entenderlos cabalmente y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico se llevan los principales encabezados.

Si bien el tema de Chiapas aparece en la propuesta de todos los candidatos, se ve diluido entre otros, como la lucha contra la pobreza, la política comercial y la seguridad nacional. Más aún: a pesar de las necesidades y problemas que enfrenta el país por el rezago histórico de justicia social, en muchas ocasiones la batalla electoral no parece centrada en aspectos de fondo sino en ataques personales.

Por su lado, integrantes del gobierno actual han seguido minimizando la situación en Chiapas sin reconocer su posible responsabilidad en la misma. Hacen oídos sordos frente al apoyo público de muchos indígenas y otros grupos de la sociedad civil al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), expresándose en forma despectiva sobre la posibilidad o conveniencia de un diálogo con ese grupo. Para ilustrar esto, se pueden mencionar los recientes comentarios del Presidente Zedillo («el diálogo con el EZLN no resolverá el problema de Chiapas»), o del Coordinador gubernamental para el Diálogo en Chiapas Emilio Rabasa («si no hay diálogo todo quedaría en un incidente»), o del candidato presidencial del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Francisco Labastida («las leyes no se hacen desde la selva»). Dichos comentarios no ayudan a promover un posible acercamiento o contradicen el tan autodifundido afán gubernamental de reanudar el proceso de paz. Más que todo, lo comentarios del candidato Labastida indican que no piensa elevar a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés como los mismos Acuerdos lo requieren. Mientras tanto, el gobierno actual pretende ya haberlos cumplido.

También el discurso oficialista más común últimamente ha sido hablar del conflicto en Chiapas como de un problema de desarrollo económico. En este sentido, los gobiernos de las últimas décadas que han sido PRIístas no reconocen su responsabilidad en la mencionada e histórica falta de desarrollo.

En el contexto actual, el EZLN todavía no se ha posicionado respecto a los próximos comicios electorales. El riesgo al autoexcluirse completamente de este proceso sería el de limitar su margen político de negociación. En función de los resultados, podría llegar a ser visto y tratado igual que los otros grupos armados. Si eso ocurriera, el EZLN podría ver reducidos el perfil y la plataforma políticos que llegó a tener en los Acuerdos de San Andrés, y se acercaría más a la violencia como último recurso para hacerse oír.

Otro momento de inestabilidad para el proceso de paz se dará en agosto cuando, con el cambio de Congreso, se reconstituirá la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). Mientras tanto, dicha Comisión – conformada por diputados y senadores de todos los partidos presentes en el Congreso- sigue entrampada por la regla del consenso. Felipe Vicencio (diputado del PAN – Partido de Acción Nacional- e integrante de dicha Comisión) habla incluso de «situación de ‘muerte cerebral'». Además, en los últimos meses, con frecuencia las decisiones se tomaron por intereses partidarios.

Mientras tanto, el prolongado estancamiento del proceso de paz sigue teniendo consecuencias dramáticas a nivel local y comunitario. Cabe destacar que si bien en Chiapas no se da una guerra en el sentido tradicional del término, sí persiste la presencia de dos ejércitos armados (aunque de dimensiones y accionar diferentes) y las tropas federales siguen cercando la zona de conflicto.

En el ámbito eclesiástico, se ha despejado una incógnita con el nombramiento de Mons. Felipe Arizmendi, considerado como moderado, como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los más pesimistas temen que este nombramiento deje vacíos que podrían implicar riesgos y posibles consecuencias político-militares. Advierten que sin hacer aspavientos ni rupturas, el cambio de obispo podría llevar a bajar el perfil de la diócesis en espacios políticos como el del proceso de paz entre el gobierno federal y el EZLN. En la medida en que Samuel Ruiz es un gran defensor de los pueblos indígenas, su salida abre la posibilidad de que ante un perfil más bajo de la diócesis, el gobierno intente implementar una estrategia más violenta contra las comunidades indígenas y el mismo EZLN.

En cambio, desde su fe y obediencia a la jerarquía eclesial, las bases católicas expresaron su disposición para acompañar al nuevo obispo en el camino que recorrerá a su lado. Muchos de ellos confían en la fuerza y profundidad del trabajo pastoral impulsado por Samuel Ruiz, tanto en la estructura diocesana como en las comunidades indígenas. Sin embargo, nada se sabe aún sobre lo que pasará con los actuales Vicarios y otros cargos claves de la estructura diocesana.

A nivel internacional, el último año se ha caracterizado por la multiplicación de acuerdos comerciales de México con varios países. El tratado con la Unión Europea sigue siendo el más controvertido, más que todo ahora con la negativa del Parlamento italiano a ratificarlo. Eso podría impedir la entrada en vigor del tratado prevista para el primero de julio de este año.

Antonio Seguro, el presidente del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central y México se ofreció para intermediar en el conflicto chiapaneco cuando el gobierno mexicano se lo solicite. Ya son varios los actores internacionales que se han ofrecido para una mediación, pero es poco probable que el actual gobierno mexicano acepte, sobre todo si mantiene su discurso de ‘soberanía nacional’ y de negación repetida en espacios internacionales sobre la existencia de un conflicto en Chiapas.

Tanto representantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de organismos internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc.) así como instancias de gobiernos extranjeros (Departamento de Estado de los Estados Unidos) observan que en México existen serias violaciones de derechos humanos y varios problemas en el sistema judicial (corrupción, falta de independencia frente a otros poderes, impunidad, etc.). Mientras tanto, el gobierno mexicano sigue defendiéndose desde la idea de soberanía nacional incluso negando las críticas provenientes desde los niveles más altos. Aceptar las críticas podría significar debilitar al PRI frente a un proceso electoral en el que nunca como hoy las posibilidades de perder la presidencia habían sido tan reales.

En efecto, por el momento las encuestas señalan una cerrada disputa entre Fox (el candidato del PAN) y Labastida (PRI) mientras que la campaña de Cárdenas (PRD, Partido Revolucionario Democrático) no ha levantado totalmente. También indican que cualquiera de estos tres candidatos tendría posibilidades de acceder a la presidencia sin oportunidades para los demás procedentes de partidos con menor número de miembros.

Respecto al conflicto chiapaneco, los tres candidatos que encabezan las encuestas abordan tangencialmente el tema. Tal vez, el candidato del PAN haya ofrecido propuestas más tajantes: retiro del Ejército, diálogo directo del Presidente con el EZLN y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. No obstante, analizando el énfasis puesto en lo económico de la campaña de Fox, no quedan claros ni la intencionalidad ni el realismo de sus propuestas para resolver el conflicto de Chiapas.

A nivel estatal, el actual gobernador Albores no parece querer cederle el espacio al candidato del PRI Sami David en su campaña para las elecciones de agosto. Mientras tanto, Pablo Salazar, ex miembro del PRI y candidato a la gubernatura por la alianza opositora se presenta como favorito. Cada vez más organizaciones sociales de diferentes colores políticos se están sumando a su campaña. Sin embargo, a nivel federal y local, la situación sigue siendo de incertidumbre, ya sea por los antecedentes de fraude como por la dificultad que tendrían los candidatos a la hora de implementar los programas presentados en sus campañas.