Sumario

En febrero de 1996, más de dos años después del alzamiento indígena en Chiapas, México, el gobierno mexicano y los rebeldes zapatistas firmaron el primero de una serie de acuerdos dirigidos a poner fin a las causas que originaron la rebelión. Durante buena parte de este tiempo, un tenso cese al fuego ha prevalecido en la zona de conflicto. Pero el hecho que llevó dos años alcanzar los primeros acuerdos refleja la profunda desconfianza entre las partes, así como la gran divergencia entre sus programas. Por una parte, los zapatistas han planteado la necesidad de cambios estructurales y de incluir en las negociaciones temas de carácter nacional. Por otra parte, el gobierno federal ha buscado bloquear el diálogo o reducir lo más posible su alcance.

Según muchos involucrados en la búsqueda de la paz, este contexto reafirma la necesidad de una fuerte presencia internacional para acompañar este complejo y difícil proceso.

Los primeros acuerdos sobre «Derechos y Cultura Indígenas» plantean una nueva relación entre el estado, los pueblos indígenas y la sociedad mexicana en su conjunto. Su implementación exige une reforma constitucional para enfatizar la protección de los derechos indígenas, así como una redefinición de los municipios que garanticen mayor autonomía local y participación política de las comunidades indígenas, así como el establecimiento de mecanismos para atender quejas. Incluye también un compromiso general del gobierno federal de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades indígenas, de respetar sus tradiciones culturales en la elección de autoridades, la administración de justicia, el uso de las lenguas nativas, etc.

El gobierno mexicano ha presentado este acuerdo como una prueba de que se ha aprendido las lecciones necesarias y de que el proceso de paz está firmemente afianzado. Por su parte, el EZLN se refirió a este acuerdo como «mínimo» y se rehusó a firmarlo ante los medios de comunicación.

En marzo, las partes retomaron la discusión sobre el proceso de verificación – que continúa siendo controvertido y frágil – así como sobre la segunda Mesa Democracia y Justicia, a la que seguirán después «Bienestar y Desarrollo» así como «Derechos de la Mujer». Si el diálogo continúa sin interrupciones, podría durar de doce a quince meses.

Las negociaciones han tenido como telón de fondo una creciente violencia política. Los grupos paramilitares (al servicio de los grandes terratenientes), la policía y el ejército federal han incrementado sus agresiones siendo sus víctimas principales los campesinos e indígenas pobres que no se afilian al partido oficial (PRI). Los grupos paramilitares que operan con gran impunidad son acusados de destruir viviendas, incendiar campos, golpear e incluso asesinar. Los agentes policiales son responsables de violentos operativos de desalojo de campesinos de tierras que estaban reclamando y ocupando. Dos de esos desalojos, el 20 y 21 de marzo dejaron un saldo de cinco campesinos y tres policías muertos y de más de cien detenidos. Las organizaciones populares sostienen que más de seiscientos campesinos han sido asesinados por conflictos agrarios en los últimos dos años en Chiapas.

Mientras tanto, 60.000 soldados –más de la tercera parte del ejército mexicano- están concentrados en Chiapas, la mayoría cerca de comunidades indígenas en zonas rurales remotas. Miembros de las comunidades han denunciado permanentemente hostigamientos e intimidaciones, limitación de la libertad de movimiento, violaciones de mujeres y otros problemas derivados de la presencia del ejército (prostitución, alcoholismo, enfermedades sexuales, abuso de drogas y degradación del medioambiente).

Activistas de derechos humanos y dirigentes de organizaciones, tanto mexicanos como extranjeros, e incluso agentes pastorales, han sido también objetos de represión y violencia. Durante 1995, cinco sacerdotes extranjeros con muchos años de servicio en la diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron expulsados o se les impidió el retorno al país. Otros extranjeros fueron forzados a abandonar el país.

Todos esos factores han aumentado el ya altísimo nivel de polarización social y han provocado severas tensiones que amenazan con frecuencia el proceso de paz. Varios analistas consideran que corresponde a una estrategia dual por parte del gobierno: por un lado, promover el diálogo y por el otro, emplear las técnicas de la guerra de baja intensidad para generar divisiones en las comunidades y presionar al EZLN para que acepte sus condiciones.

No obstante, a largo plazo, el proceso de paz es visto positivamente por todos. Representantes de los sectores más empobrecidos y marginalizados de México se han sentado a negociar de igual a igual con delegados del gobierno y han colocado sobre la mesa temas de largo alcance y varias implicaciones para Chiapas, para México e incluso para las Américas.

Mientras tanto, las víctimas históricas de la injusticia están aún aguardando que las promesas se traduzcan en hechos.

Acciones recomendadas

1. Difundir información sobre el conflicto de Chiapas –como este informe- a fin de sensibilizar y movilizar a la opinión pública internacional.
2. Dirigirse al gobierno mexicano, reconociendo los avances en el diálogo y solicitando informes sobre la implementación de los acuerdos alcanzados; pidiendo el cese de la presión militar sobre las comunidades indígenas y el respecto al trabajo de los defensores de derechos humanos tanto nacionales como extranjeros; y la libertad de los presos políticos.
3. Apoyar la presencia a corto y largo plazo de observadores internacionales.

Direcciones

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (int-52 5) 271 1764 / 515 4783

Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (int-52 5) 546 5350 / 5 546 7380

Lic. Julio C. Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (int-52 961) 20917

SIPAZ Oficina Internacional
P.O.Box 2415
Santa Cruz, CA 95063 USA
tel. & fax: (int-1) 408 – 425 1257

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Actualidad

ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

Durante varios meses de 1995, las conversaciones entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) giraron en torno a cuestiones de procedimiento y parecían no llevar a ninguna parte. Paralelamente a la mesa de negociaciones, el EZLN siguió trabajando para dinamizar a la sociedad civil y recuperar su iniciativa política. A fines de Agosto, con el apoyo de Alianza Cívica – ONG (organización No-Gubernamental) especializada en el monitoreo electoral – el EZLN convocó a una consulta popular. 1.1 millones de personas, en alrededor de 10.000 mesas de votación a lo largo del país, participaron en lo que fue interpretado como una poderosa demostración pública de apoyo a las demandas básicas de los indígenas. Cuando las conversaciones recomenzaron en septiembre, se vio que los representantes del gobierno tenían instrucciones de hacer avanzar el diálogo. Las «Reglas de Procedimiento» fueron rápidamente acordadas y el campo quedó libre para iniciar la negociación de los asuntos ligados a las raíces del conflicto.

Se acordó que el diálogo se dividiría en cuatro áreas temáticas (llamadas «mesas de trabajo»):

• Mesa 1, Derechos y Cultura Indígenas
• Mesa 2, Democracia y Justicia
• Mesa 3, Bienestar y Desarrollo
• Mesa 4, Derechos de la Mujer.

Además de dos temas complementarios: reconciliación entre los distintos sectores de la sociedad civil y la participación política y social del EZLN.

Durante la primera mesa del diálogo (cinco reuniones en un tiempo aproximado de cinco meses), una serie de factores dificultó el avance de la negociación. Hubo violaciones a los derechos humanos por parte del ejército federal: arrestos, violaciones a mujeres, intimidación a las comunidades, expulsión de extranjeros vinculados al proceso de paz (incluyendo cinco sacerdotes), etc. También se vio el fortalecimiento –al amparo de las autoridades- de las llamadas «guardias blancas» (grupos paramilitares armados por los ganaderos para servir sus intereses).

Finalmente después de diez meses de negociaciones interrumpidas se firman los primeros «acuerdos mínimos», todos ellos relacionados con Derechos y Cultura Indígenas. Mucho del contenido de estos acuerdos fueron inspirados en pactos y convenios internacionales que el gobierno mexicano ha firmado como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

En ellos, el gobierno federal se compromete a la construcción de una nueva política de relación con los pueblos indios, que incluye el reconocimiento de ellos a nivel constitucional y el respecto de su «libre determinación» y «autonomía». También se compromete a asegurar educación y capacitación, a garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, a impulsar la producción y el empleo y a proteger los indígenas migrantes. Todos los acuerdos y compromisos están sujetos a la aprobación de los gobiernos federal y estatales.

A nivel estatal, el gobierno se compromete a crear un nuevo marco constitucional en el que se incluyan la autonomía, la remunicipalización (redefinición de los límites municipales, particularmente en las regiones de población indígena mayoritaria), la ampliación de la participación y representación política de los indígenas y la elección de sus autoridades por usos y costumbres. Corresponde ahora al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados de reconocer y establecer los contenidos de la libre determinación así como los niveles y modalidades de la autonomía. Específicamente, en Chiapas, se recomienda la creación de instancias más concretas:

• Comisión para la Reforma Municipal y la Remunicipalización en Chiapas,
• Cuarta Visitaduría General a cargo de asuntos indígenas dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
• Mesa agraria conjuntamente con el gobierno federal para dar una solución justa a los conflictos agrarios,
• Defensoria de Oficio Indígena con abogados y traductores,
• Consejo Ciudadano de la Comunicación,
• Figura de Ombudsman de la Comunicación para facilitar el acceso de los indígenas a los medios de comunicación,
• Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena.

Este ha sido el primer paso en materia de acuerdos. Si las negociaciones siguen el curso que hasta hoy han llevado y sin rupturas, quizá en un lapso de entre 12 y 15 meses pudieran terminarse los temas propuestos desde el principio. Algunos sectores oficiales consideran que la firma de los acuerdos es ya una garantía definitiva en el proceso de paz.

«El conflicto ha traído un nuevo horizonte porque se está aceptando sentarse a negociar, a dialogar políticamente para solucionar los problemas. Con los acuerdos firmados se ha dado un paso importantísimo y ya se respira un clima de paz. Además, la integración de todos los partidos en los gobiernos municipales nos ha dado una mayor conciencia de la importancia y la necesidad del pluralismo, de respetar la diversidad cultural, las distintas modalidades, los usos y costumbres de los pueblos indígenas»
(Margarita Martínez, Presidenta del PRI, San Cristóbal de las Casas).

Por su parte, la delegación zapatista en voz del Comandante Tacho expresó: «En suma los acuerdos benefician al movimiento indígena nacional y los avances locales no son pocos; sin embargo, siguen siendo solo papel, pero con el Foro Nacional Indígena –organización de los pueblos indígenas de México – es posible crear un movimiento que exija cumplirlos».

Previa a la firma de estos acuerdos, el EZLN realizó una consulta a sus bases. De ella emanó la aprobación de muchos de los puntos acordados, pero manifestaron su preocupación sobre la falta de solución al grave problema agrario nacional y por eso la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, la necesidad de desarrollar una política de sustentabilidad que preserva las tierras, no solamente indemnizar por daños sino que exigen la construcción de una nueva sociedad nacional sustentada en otro modelo económico, político, social y cultural. Hasta el momento las dos partes no han podido acordar la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (prevista por las Reglas de Procedimiento), por discrepancias respecto a su integración.

Al comenzar el 20 de marzo los trabajos de la Mesa 2, la delegación gubernamental no trajo a invitados y solo a cuatros asesores, mientras el EZLN había nombrado trescientos invitados y asesores (Invitados y asesores son términos que se refieren a personas quienes, a invitación de una de las partes, aportan sus experiencias, propuestas y argumentos en el proceso del diálogo. No intervienen propiamente en la negociación).

De forma simbólica, veintisiete de los asesores invitados del EZLN eran desaparecidos políticos y otros dieciocho presuntos zapatistas presos, como forma de reclamo al gobierno para que rindiera cuentas por la vida y la libertad de estas personas.

Los temas de la Mesa 2 son de gran complejidad al implicar reformas del Estado con vistas a una verdadera y profunda democratización del sistema política en todos sus ámbitos y niveles. El asunto es por tanto objeto de un polémico debate en diversas instancias a nivel nacional, así como para los partidos políticos y el Congreso de la Unión. La instalación de la Mesa 2 estuvo amenazada por una ola de creciente violencia no nada más en Chiapas sino en todo el sur de México. En Chiapas un grupo supuestamente paramilitar integrado por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conocido como Paz y Justicia, destruyó el templo católico «El Señor de Tila» de la comunidad de Tzaquil.

En una entrevista con el periódico «La Jornada», Heriberto Cruz Vera, párroco de Tila, declaró que «por lo menos siete de las comunidades indígenas choles son hostigadas y amedrentadas constantemente por el grupo Paz y Justicia, en los últimos seis meses. Se han destruido hogares, terrenos de la siembra y cafetales de indígenas». Señaló que «existe un gran interés por dividir o expulsar a todos aquellos que no son militantes del partido oficial».

La presencia militar en la zona de conflicto sigue siendo muy fuerte. Se encuentran campamentos militares de 500 efectivos a la entrada de comunidades que no llegan a los 300 habitantes. A mediados de marzo se observó un incremento de la presencia militar y movimientos de tropas, así como la apertura de nuevas bases en la Selva Lacandona.
Para muchos, estos movimientos representan un intento por parte del gobierno para provocar la ruptura del diálogo. Algunas comunidades huyeron a las montañas por miedo de un ataque militar. En cambio, entre los ganaderos, se encuentra más apoyo para mantener o reforzar la presencia militar:

«El ejército está muy bienvenido. Nos protege de las invasiones extranjeras. En cada invasión se encuentran campesinos de todos los estados de México, inclusive de guatemaltecos indocumentados»
(ganadero de Comitán).

Por otra parte, el gobierno del estado viene desarrollando una política clientelista y divisionista, al hacer acuerdos con indígenas y campesinos mediante contratos agrarios, paralelamente al proceso de diálogo de San Andrés. Sin embargo, la mayoría de éstos han denunciado que les forzaron a firmar. El gobierno amenaza con desalojar predios invadidos que no se encuentren en los convenios agrarios y al mismo tiempo desaloja a campesinos de tierras incluidas en estos contratos.

Uno de los momentos más tensos en esta última fase del diálogo se dio por dos desalojos por parte del gobierno del estado: uno en el predio San Luis, municipio de Pichucalco (20 de marzo) y el otro en Gran Poder, municipio de Nicolás Ruiz (21 de marzo) con un saldo de ocho muertes (cinco campesinos y tres policías), una veintena de heridos y más de 100 detenidos. Los desalojos coincidieron con la declaración del presidente Zedillo en el sentido de que en Chiapas el reparto agrario ya había concluido. Esto provocó la indignación de la delegación zapatista, en particular del comandante Tacho, quien expresó refiriéndose a la delegación gubernamental en San Andrés:

«Quiero hacerles notar este dolor que sentimos por ellos, que el gobierno que representan es un gobierno de criminales, de sordos y de mudos… el del asesinato… la tortura… la desaparición… el encarcelamiento… el desalojo… Hemos visto que traen la boca, pero se han quedados mudos porque la traen llena de billetes»
(La Jornada, 22 de marzo de 1996)

Ante eso, Roberto Alvarado de la delegación gubernamental respondió:

«Lamentamos el lenguaje que aquí se ha usado… si esto sigue así, nos paramos y nos vamos».

En respuesta a los desalojos, la AEDPCH (Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco) rompió las negociaciones agrarias que sostenía con el gobierno y sus dirigentes hicieron un llamado al EZLN «para que juntos respondamos al gobierno y busquemos soluciones justas».

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas declaró:

«Reprobamos enérgicamente los operativos de desalojos que se han practicado con uso excesivo de violencia en ranchos y fincas. En ello se percibe una eficiencia excepcional por parte de elementos de la Policía de Seguridad Pública y Judicial en la ejecución de desalojos, detenciones y fabricaciones de delitos contra campesinos. No así cuando se trata de investigar y esclarecer los homicidios y abusos en agravio de éstos».

Mientras tanto, la COCOPA (grupo coadyuvante en las negociaciones integrado por legisladores del Congreso de la Unión) ha promovido la discusión de los acuerdos de la Mesa 1 en el Congreso Nacional. El gobierno de Chiapas anunció «intensifica las acciones para cumplir los acuerdos de paz y continúa sus programas que brindan los servicios de salud, educación e infraestructura a la población». La oficina de Gobernación (federal) y la Comisión de Seguimiento y Verificación darán seguimiento a los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.

El presidente de la Comisión Indígena del Episcopado mexicano anuncia que «La iglesia católica retomará las propuestas de la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas incluyéndolos en su pastoral india».

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Cronología del Conflicto

1 de enero de 1994

Un desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emerge de los escondites de la selva del sureste mexicano y toma siete ciudades en los Altos de Chiapas. El tratado de libre comercio (TLC/NAFTA) entra en vigor. Los zapatistas declaran que el TLC es «una sentencia de muerte» para los indios.

12 de enero de 1994

Después de una cruenta y corta lucha, el gobierno mexicano declara un cese al fuego unilateral y anuncia su intención de buscar una solución negociada con los rebeldes. Las estimaciones en cuanto al número de muertos van de 145 a 1000.

21 de febrero a 2 de marzo de 1994

Las negociaciones que tienen lugar en la Catedral de San Cristóbal resultan en una propuesta del gobierno federal. Los delegados zapatistas regresan para consultar a sus comunidades e informan más tarde que dicha propuesta fue rechazada por el 98% de los votantes.

6 de agosto de 1994

Seis mil representantes de organizaciones populares de todo México se reúnen en una zona de la Selva Lacandona bajo control de los zapatistas para fundar la Convención Nacional Democrática como un instrumento de la sociedad civil para luchar por la democracia y la justicia social.

21 de agosto de 1994

Ernesto Zedillo, candidato del PRI (el histórico partido gobernante) es electo presidente de México y el candidato del PRI para gobernador de Chiapas anuncia su victoria a pesar de las acusaciones de fraude. Durante este período se producen numerosas ocupaciones de tierras y tomas de presidencias municipales.

Diciembre de 1994

Poco tiempo después de la toma de posesión de Zedillo, el peso mexicano sufre una abrupta caída que lo deja en menos de la mitad de su valor previo. A pesar de estar rodeado por el ejército mexicano, el EZLN rompe el cerco militar y ocupa por un breve lapso 38 cabeceras municipales en los Altos de Chiapas. Mons. Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas y reconocido mediador del conflicto, inicia un ayuno prolongado para reducir la tensión y presionar a las partes para que reanuden las negociaciones. El ayuno culmina con un avance en este sentido.

Enero de 1995

Conmemorando un año del alzamiento, el EZLN al mismo tiempo que reinicia contactos informales con el gobierno, llama a la sociedad civil a constituir un amplio frente opositor contra el régimen imperante en México.

9 de febrero de 1995

Con el anuncio de que la fuerza armada está por ejecutar los ordenes de arresto de presuntos líderes del EZLN, Zedillo ordena al ejército de ocupar el área controlado por los zapatistas. El EZLN se repliega para evitar el enfrentamiento. Más de 20.000 campesinos huyen de sus hogares a las montañas. El ejército establece una fuerte presencia y control militar en toda la zona de conflicto. En el Distrito Federal, 100.000 personas manifiestab su oposición a la ofensiva del ejército.

Marzo de 1995

El presidente Zedillo promulga la «Ley para la Concordancia y Pacificación en Chiapas» que rescinde los ordenes de aprehensión y restablece el proceso de negociación. No obstante, muchos presuntos zapatistas permanecen –hasta hoy- en prisión.

Abril de 1995

Se reanudan los contactos entre el EZLN y el gobierno federal con la asistencia de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación presidida por el obispo Samuel Ruiz) y la COCOPA (Comisión de Concordancia y Pacificación, integrada por legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión). En los meses siguientes, sucesivas rondas de conversaciones en torno a cuestiones de procedimiento dieron pocos avances.

Agosto de 1995

Más de un millón de personas votan en una consulta popular de alcance nacional e internacional convocada por el EZLN. El voto demuestra la vigencia de la preocupación de la opinión pública por el conflicto de Chiapas y apoya las demandas de los zapatistas, pronunciándose también a favor de que el EZLN se transforme en una fuerza política pacífica e independiente.

Septiembre de 1995

En una nueva ronda de negociaciones, ambas partes acuerdan las reglas de procedimiento y la agenda de temas a discutir, agrupados en cuatro mesas de Trabajo: Mesa 1, Derechos y Cultura Indígenas; Mesa 2, Democracia y Justicia; Masa 3, Desarrollo y Bienestar; Mesa 4, Derechos de la Mujer. Además concluirán con el tema de la conciliación entre los distintos sectores de la sociedad civil y la participación política y social del EZLN.

Diciembre de 1995

Grandes movilizaciones militares en diferentes áreas de la zona de conflicto aumentan la tensión y el temor de un ataque inminente.

Enero de 1996

Conmemorando el segundo aniversario del alzamiento, el EZLN anuncia su intención de constituirse en una fuerza política, el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Se realiza el Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN que atrae a 300 representantes indígenas.

Febrero de 1996

A cabo de cinco meses de negociaciones, el gobierno y el EZLN firman los primeros acuerdos sobre derechos y Cultura Indígena en San Andrés.

Marzo de 1996

En medio de un clima de creciente violencia en el campo que amenaza la continuidad del proceso de paz, las partes acuerdan los siete subtemas de la Mesa 2, Democracia y Justicia, y se inicia la discusión de los mismos.

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Análisis

El diálogo para la paz se desarrolla en un contexto de militarización y de guerra de baja intensidad. Parece que cada vez que se abre una instancia de diálogo, antes, durante o después, una acción represiva es realizada contra las comunidades indígenas es realizada por el gobierno mexicano: intimidación, amenazas, desalojos, desaparecidos, asesinatos a cargo del ejército y de los distintos cuerpos policiacos que operan en el estado. A esto se suma el accionar de caciques locales y de grupos con corte paramilitar, que amparados en la impunidad otorgada por el gobierno, imponen la ley del terror entre indígenas y campesinos.

Según varios analistas, la finalidad de estos hostigamientos es promover la discordia y la división entre las comunidades indígenas para así presionar y debilitar al EZLN a aceptar las condiciones que el gobierno quiere imponer en el tema que se está desarrollando en el proceso de negociación. Por su parte, el EZLN aseveró que durante las negociaciones de febrero, «el gobierno ofreció disminuir la presión militar a cambio de que el EZLN renunciara a sus demandas nacionales y se conformara con soluciones locales».

Cabe señalar que la actitud con la que la delegación gubernamental se presenta ante los representantes del EZLN está lejos de favorecer un clima de diálogo y respeto mutuo. Observadores, asesores y miembros de la CONAI han manifestado que los delegados gubernamentales reiteradamente –con excepciones como en el caso de la primera plenaria resolutiva de la Mesa 1- tienen actitudes despectivas, humillantes y de verdadero racismo hacia la delegación indígena del EZLN.

Respecto a la estrategia zapatista, queremos señalar como hecho positivo los esfuerzos que han venido realizando desde el alto al fuego de 1994 para buscar salidas pacíficas y políticas al conflicto. El insistir en que el diálogo debe contemplar la solución a los problemas nacionales y no solo del estado de Chiapas ha sido uno de los temas más debatidos con el gobierno. Sin embrago sus propuestas apuntan a dar la iniciativa a la sociedad civil, para que sea ésta quien lleve adelante un programa de cambios pacíficos, articulando a los diferentes sectores de oposición, sin excluir a nadie, con un llamado a buscar la unidad y respetar la diversidad.

No obstante en la zona de conflicto, se observa una extrema polarización social. El recurso de la violencia es cada vez más recurrente –como inútil- para solucionar los problemas principalmente agrarios que se viven en el estado.

Observando este fenómeno, el presidente de la COCOPA Herberto Castillo, comentó: «Es lamentable que eso coincida en los momentos en que se desarrollan los diálogos para la paz en Chiapas, por lo que exhortamos a las autoridades federales, estatales y a las organizaciones sociales a una tregua social, para que no se efectúen acciones de tomas de tierra y desalojos que inevitablemente terminan en enfrentamientos. Estamos profundamente preocupados por esto» (Expreso, 23 de marzo de 1996).

Es importante destacar en este proceso el papel que han jugado la CONAI y la COCOPA, especialmente en momentos de extrema tensión entre las partes, particularmente a través de la Comisión de Conciliación de Textos en el marco del diálogo así como, fuera de él, cuando acciones militares o policiacas enrarecen el ambiente y dificultan los avances del proceso.

Actualmente, varios temas de fundamental importancia quedan por abordarse en las siguientes mesas de diálogo: la cuestión de la tierra, el reconocimiento de las formas de administración de justicia tradicional indígena, la participación de la mujer y la autonomía regional. Un gran desafío consiste en la implementación efectiva de los compromisos acordados por las partes en el diálogo para lo cual se hace necesario la formación de la Comisión de Seguimiento y Verificación prevista por las reglas por el diálogo.

No obstante, más allá de los logros concretos y de los puntos sobre los que no se llegó a un acuerdo, la mayoría coincide en que el diálogo es positivo si se contempla desde la perspectiva de un proceso largo y difícil. Otro aspecto positivo es el hecho que el gobierno mexicano haya aceptado sentarse a negociar con una organización indígena armada y que ésta haya logrado colocar en la mesa de negociación los grandes temas nacionales.
Estos primeros acuerdos plantean en el fondo una nueva relación entre el estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad en su conjunto. Fundamentalmente implican el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los indígenas en un país pluricutural y multiracial.

En este sentido, en los diálogos de San Andrés, se juega el destino de los Pueblos Indígenas, no sólo de Chiapas sino de todo México. San Andrés se ha convertido en un obligado punto de referencia para el gran diálogo nacional. Prueba de ello es la confluencia de los más destacados intelectuales, politólogos, sociólogos, antropólogos, líderes sociales, etc. del país, que se han hecho presentes como asesores e invitados (del EZLN principalmente) para participar en las Mesas de negociación.

El proceso de paz sigue avanzando lentamente y a veces pendiendo de un hilo. El gobierno sigue manejando un doble discurso: favorecer el diálogo por un lado y reprimir a los indígenas por el otro. Al mismo tiempo informa a otros gobiernos (como en estos días lo hizo al Parlamento Europeo) de que ya se firmaron los primeros acuerdos y que se sigue avanzando, esto con el fin de captar capitales para aliviar la deteriorada economía mexicana. El EZLN sigue resistiendo y mostrando una voluntad de diálogo moderado por la rabia provocada por la represión oficial.

La gente pobre y sencilla es finalmente la que más sufre las consecuencias de esta situación. Son desgarradores los testimonios de los indígenas que sobrevivieron a la matanza y al encarcelamiento resultantes de los recientes desalojos, y que llegaron hasta el recinto del diálogo para que los zapatistas denunciaran los hechos. Uno de ellos expresó: «Nosotros somos pobres, sólo nos dedicamos a trabajar para darle de comer a nuestros hijos. No somos violentos, ni le hacemos daño a nadie, ¿Por qué nos mataron así? Los que murieron no son animales, eran cristianos como todos. Ahora hay que sepultarlos, pero los demás vamos a seguir luchando y a seguir uniéndonos. Porque aunque seamos gente que no valga para el gobierno, nosotros tenemos dignidad».

Vemos con preocupación todos estos acontecimientos y consideramos que hay más que nunca el acceso a la información de primera mano es muy importante ya que fortalecería la solidaridad internacional en estos días.

Desafíos

Casi todos los entrevistados por SIPAZ coinciden en que el mayor desafío que enfrenta hoy el proceso de paz es el fortalecimiento de la dinámica política en contraposición con la lógica militar. Si bien se ha avanzado en este sentido, la amenaza militar está lejos de haberse revertido.

Un desafío más inmediato es que no se ha logrado instalar la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos. Esto debilita la credibilidad del proceso de paz, en la medida en la que la sociedad civil no puede ir constatando el cumplimiento de los compromisos. De continuar firmándose los acuerdos así, podría generarse una desconfianza por parte de las comunidades indígenas respecto a si se van a lograr los cambios esperados.

Finalmente, en cuanto a la opinión pública internacional, se hace necesario mantener la atención sobre Chiapas y México, así como la solidaridad con las necesidades de su pueblo.