ENFOQUE: Alertas de violencia de género: entender el problema para poder atenderlo
03/09/2017
ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de mayo a mediados de agosto de 2017)
03/09/2017
El 8 y 9 de agosto, en el marco del 23° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tuvo lugar en Chilpancingo el Foro sobre desaparición forzada “Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”.
En está ocasión, expertas y expertos en la materia, representantes de organizaciones internacionales y nacionales, así como comités, y familiares de personas desaparecidas participaron en el debate sobre la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, y para compartir sus experiencias y nutrirse de ellas con fin de encontrar fuerzas para continuar las búsquedas por la reaparición con vida de sus seres queridos.
“¿Dónde están nuestros hijos”, manta en el marco de una movilización ante las desapariciones forzadas © SIPAZ – Archivo
El proyecto de Ley General sobre desapariciones forzadas resulta de una propuesta emitida en 2015 por un amplio grupo de representantes de colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos con amplia experiencia en diversos temas de derechos humanos. Juntos elaboraron un documento para orientar a las autoridades mexicanas sobre cómo implementar de manera efectiva, en su legislación y en la práctica, las obligaciones que han contraído en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), así como, otros estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este documento se titula “Elementos esenciales para la elaboración de la ley general sobre personas desaparecidas en México” y sus autores son las y los protagonistas del cambio, luchan por la vida y la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, revelar la verdad, obtener una reparación integral, evitar que ocurran nuevas desapariciones en el país y terminar con el dolor que los oprime.
El 27 de abril de 2017, tras semanas de negociaciones, se aprobó la Ley General sobre Desaparición Forzada en México destacada como “descorazonada” por muchos colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos, debido a importantes omisiones y recortes que el Senado le aplicó a la propuesta original. Una de las demandas centrales en el borrador inicial era la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), que incluiría tanto a funcionarios del gobierno como representantes de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas nacionales y migrantes, a representantes de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos (nombrados por las mismas) y a académicas y académicos. La Ley aprobada por el Senado, sin embargo, determina que el CNBPD será únicamente integrado por funcionarios del gobierno. La desnaturalización de la propuesta inicial dividió al conjunto que la impulsaba. Las organizaciones que llevaron adelante la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (CNCDF) concluyeron que no pueden avalar el dictamen de Ley por sus múltiples carencias. “Estamos ante una propuesta de ley incompleta que de aprobarse así requerirá varias reformas y reformas y que retrasarán su implementación real. Esta ley no favorece el conocimiento dela verdad porque no hay una comisión de búsqueda y además propicia impunidad al no haber castigo a la cadena de mando detrás de una desaparición” (Zita Loyo integrante de la CNCDF). Mientras que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDMX) prefirió un “50% de algo ahora a 100% de nada” y seguir exigiendo al gobierno que se vaya reformulando en lo sucesivo. La portavoz del MNDMX, Yolanda Morán Isáis (cuyo hijo fue desaparecido por efectivos de inteligencia militar), explicó: “A nosotros nos urgía tener la ley, porque si no la sacábamos ahorita, no lo íbamos a lograr por las elecciones que vienen en los estados, luego viene la selección de candidatos para 2018 y luego las elecciones de 2018; creíamos que si no salía en este periodo nos íbamos a tardar en sacarla o de plano se iban a sentar en ella como otras leyes”. Lamentó que los senadores y el Ejecutivo “quedaran a deber” a las familias con los temas torales.
Para que esta ley “corta” sea aprobada de manera definitiva, falta la validación de la Cámara de diputados. Cabe destacar que a pesar del desacuerdo entre los familiares de desaparecidos en cuanto a aceptar o no la Ley todos, coinciden en que esta ley no será la solución, sino solo una herramienta más en la búsqueda de sus desaparecidos y su fuerza seguirá siendo la lucha tenaz.
En México, según el Registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, existen más de 32.000 víctimas. De las desapariciones registradas por la Procuraduría General de la República (PGR), es decir del fuero federal, el 58% se observan en sólo tres estados, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. ¡El 46% de los registros totales (fuero común y fuero federal) corresponden a desapariciones de jóvenes dentro de 10 y 29 años!. Por ello se habla de una crisis de desapariciones forzadas en México.
La desaparición forzada es un delito consistente en privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero. Por eso, se considera una violación múltiple grave y permanente a varios derechos humanos: el derecho a la libertad, al reconocimiento de su persona jurídica, a la integridad personal, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de tratos crueles inhumanos y degradantes. Tlachinollan destaca su calificación como crimen de lesa humanidad. Es una afectación permanente que no sólo sufre la víctima sino también sus familiares a quienes se les están violando su derecho al acceso a la verdad y a la justicia. Son estos familiares y colectivos los que tuvieron la voz durante el foro para compartir como han enfrentado la crisis ante estados donde “realmente no hay estado de derecho”. “El gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apuestan a que nos cansemos para cerrar nuestros expedientes. Nosotros tenemos que hacer todo, nos volvimos abogados, peritos, investigadores, contadores porque nuestros representantes no hacen nada”, declaró una familiar de desaparecido durante el foro. Esos colectivos y familiares han logrado hacer frente a la crisis con sus búsquedas ciudadanas, por ejemplo, han localizado a centenares de cuerpos, obtenido sus identificaciones y han devuelto la paz y el descanso tanto a las víctimas como a sus familiares. Son estos colectivos y familiares los que tienen la fuerza, los que han logrado generar esta luz de esperanza por miles de personas que pasan por la misma situación. Son estos colectivos y estos familiares los cuales articulándose e intercambiando sus estrategias se vuelven cada vez más fuertes frente al muro de la impunidad.
