ACTUALIDAD: Efervescencia social en el Sur de México

Las manifestaciones del movimiento magisterial en exigencia de una mesa de diálogo con la Secretaria de gobernación (Segob) se han enmarcado en un contexto de escalada de violencia represiva.

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

El 19 de junio, en Nochixtlán (Oaxaca) elementos policiales reprimieron violentamente a maestras, maestros y demás personas de la sociedad civil organizados contra la reforma educativa. En total 9 personas encontraron la muerte, 45 quedaron heridas de bala y 2 siguen desaparecidas. Tras esa represión se instaló una mesa de diálogo entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y una representación del magisterio. Lo único acordado fue la decisión de esclarecer los hechos y la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas. En ningún momento se trató de retomar la reforma. Por lo cual, las manifestaciones y bloqueos de Oaxaca y Chiapas se mantuvieron, siendo por sumarse las y los maestros de Guerrero y Michoacán.

Cabe mencionar que las represiones por fuerzas policiales causaron también la muerte de un docente en Chiapas en 2015 y dos en Guerrero en 2016. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado de la fuerza pública, el incremento de las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio y la detención arbitraria de al menos 75 personas -entre las cuales figuran varios líderes magisteriales. Parte de las y los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad competentes a delitos graves del fuero federal.

Al cierre de este informe dado la postura gubernamental negativa de echar atrás la reforma educativa pocos avances se habían logrado (ver Enfoque).

Sector Salud, también en huelga

Mantas en el campamento del sector salud en San Cristóbal de las Casas, que está en paro por el desabasto de insumos © SIPAZ

En San Cristóbal de Las Casas (Chiapas), desde el 7 de junio, unas 3.000 trabajadoras y trabajadores del sector Salud están en paro por el desabastecimiento de insumos, la falta de personal, y por reclamar mejores prestaciones sociales. Realizaron dos marchas y mantuvieron un plantón fuera de las unidades de salud. Al momento del cierre de este informe, aun no tenían respuesta positiva a sus demandas.

El 22 de junio, al entrar en vigor la primera fase del nuevo Sistema Universal de Salud, que propuso Enrique Peña Nieto en 2013, el sector Salud llamó a un paro nacional y marchó en alrededor de 70 ciudades para demostrar su rechazo. El movimiento #Yosoymédico17 (iniciado en 2014 en Guadalajara, Jalisco, en respaldo a 16 doctores acusados de negligencia) denunció que este nuevo sistema, en realidad, “busca de manera disfrazada privatizar la salud”.

En el marco de estas protestas, entre el 17 y el 21 de junio, Artículo 19 documentó 16 agresiones contra periodistas en Oaxaca y la Ciudad de México por reportar sobre los hechos, incluyendo el homicidio de Elpidio Ramos Zárate del periódico “El Sur” en Juchitán, Oaxaca y cuatro otras tentativas de homicidio.

Otros conflictos sociales

Según la revista Proceso, existen más de 250 conflictos sociales por todo el país vinculados en su mayoría al Plan Nacional de Infraestructura (PNI) (2013). El PNI prevé la construcción de megaproyectos y cientos de obras tal cual como 16 nuevos gasoductos y 21 proyectos eléctricos, parques eólicos, hidro y termoeléctricas. En oposición a esos planes detonaron al menos 52 movimientos sociales o comunitarios cuyos protagonistas sufren recurrentes represiones y agresiones. Las cuales Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo, consideran parte de una “estrategia de control social de la población”. Ante este contexto, a nivel nacional, se llevó a cabo en la Ciudad de México el lanzamiento de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, integrada por 179 organizaciones y colectivos.

Elecciones en medio de las protestas

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

El 5 de junio pasado, se llevaron a cabo elecciones para gobernador en doce estados, alcaldes en 2.445 municipios, diputados locales y diputados constituyentes de la Ciudad de México. Expertos aseguran que los resultados reflejan el mapa político de la elección presidencial de 2018, destacando que ningún partido llegó a un 30% de las votaciones.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en la presidencia, ganó 5 de las 12 gubernaturas. Perdió estados que en 90 años no habían conocido otro color político en beneficio del Partido Acción Nacional (PAN), el cual gano 7 gubernaturas (3 en alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Analistas consideran los resultados como fruto de un voto de castigo contra el PRI por su corrupción, su incapacidad a detener la inseguridad y la crisis económica.

El PRD sufrió un severo revés electoral. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no consiguió ninguna gubernatura tampoco. Sin embargo se convirtió en la primera fuerza política en la Ciudad de México al obtener 36,2% de las votaciones en la elección de la Asamblea Constituyente. La abstención en esta elección fue particularmente notable con un 71,7%.

Las campañas electorales fueron marcadas por las descalificaciones entre contendientes y por la poca transparencia en el manejo de los gastos electorales. Además, resultó que en el Estado de Tamaulipas, considerado el más violento del país, 59 candidatos se retiraron por temor a represalias de la delincuencia organizada.

Caso Ayotzinapa: sin avance

Mural en el evento cultural que se llevó a cabo el 26 de junio en San Cristóbal de las Casas a 21 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa © SIPAZ

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) terminó su trabajó en México y en su último informe reveló varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa. Señaló que “la lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, […] la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”. Confirmó la participación de elementos de la Policía Federal y del 27° Batallón Militar de Iguala en la desaparición. Señaló que la PGR entregó pruebas sospechosas: los huesos que se encontraron en el basurero de Cocula aparecieron después de una visita no reportada; también se encontraron 42 casquillos de bala.

El 27 de abril la embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, urgió a México “a tomar seriamente todas las recomendaciones que contiene el reporte”. Enfatizó que “más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe refuerza la crucial importancia de los esfuerzos de México por fortalecer la rendición de cuentas y la vigencia del estado de derecho”. Esta exigencia se suma a las que han venido haciendo gobiernos extranjeros y organismos multilaterales por varios meses. En junio, miles de personas marcharon en la Ciudad de México, en la denominada Jornada Global por Ayotzinapa y por la Defensa de la Educación Pública. Acompañaron la acción miles de maestros y maestras, integrantes de otras organizaciones sociales y sindicales, entre otros. Los manifestantes convocaron a la unidad de todos los sectores a fin de reclamar al gobierno federal la deficiente administración del país.

Poco después, padres de los 43 fueron víctimas de un ataque en un traslado entre Cuernavaca y la Ciudad de México cuando lanzaron piedras al bus en el que viajaban logrando romper dos vidrios. Su abogado indicó que han recibido amenazas verbales y de texto, en el sentido de que los van a matar desde hace dos meses.

Tampoco se registran avances en materia de derechos humanos

En mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial arrojando que hay más de 35.000 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman, Luis Raúl González Pérez, señaló que la cifra podría ser mucho mayor porque “no existe información completa, actualizada y verificable”. Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua serían las entidades que acumulan el mayor número de municipios expulsores de personas como consecuencia de la delincuencia.

El Congreso de la Unión sigue sin entregar la ley sobre tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Organizaciones civiles criticaron dicho retraso de entrega y rechazaron la llamada “miscelánea penal”, un conjunto de iniciativas de reforma a varios códigos y leyes que podría propiciar actos de tortura.

Tres soldados implicados en la ejecución de Tlatlaya (Estado de México) -perpetrada en junio de 2014 y en la que perdieron la vida 22 civiles- no irán a juicio por supuestamente falta de “mayores elementos probatorios”. Cerca de 90 organizaciones indicaron: “nos confirma que en México la justicia para las víctimas a violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares están muy lejos de ser una realidad”.

A finales de junio, el informe Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional fue presentado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem). Plantea que Veracruz, Oaxaca y Chiapas son los más violentos contra migrantes, y subraya que el Estado mexicano incumple con sus obligaciones de respeto de los derechos humanos de las personas en tránsito.

Reformas interpretados por analistas como riesgo de mayor represión

En marzo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional que permite al presidente de la República y al Congreso suspender garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública”. Se teme que con ello cualquier protesta social podría ser motivo para cancelar derechos a la libertad de reunión, de protesta y de expresión, así como a la privacidad, a la información, al tránsito y a la comunicación.

En abril, la Cámara de Diputados presentó una reforma al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que permitirán cateos a domicilios particulares e intervenciones a llamadas telefónicas de ciudadanos. Es más definió que los militares serán inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Oaxaca: más allá del magisterio

La Fiscalía General de Oaxaca reportó que de enero a marzo se registraron 182 homicidios dolosos, la mayoría en la región de la Costa. Según EDUCA, “(l)os procesos electorales en Oaxaca […] se miden por el número de muertos que arrojan, pero este proceso político tiene un nuevo componente: la penetración del crimen organizado en los comicios”.

En Oaxaca existen también conflictos por tierra, territorio y recursos naturales. Dos estudios de EDUCA, basados en información oficial, muestran que hay 35 proyectos mineros activos, 407 concesiones mineras que aún no se explotan y casi medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudio. Los pueblos se siguen organizando en defensa de la Madre Tierra. Por ejemplo, en abril se realizó en Ixtepec el 1^er. Foro Regional en defensa de la vida y el territorio “Sin oro y plata se vive, sin agua no”.

La participación electoral en Oaxaca fue alrededor de 59%. Tras la victoria de la gubernatura por Alejandro Murat Hinojosa de la alianza PRI-PVEM-PANAL con el 32%, cientos de ciudadanas y ciudadanos se manifestaron en una marcha llamada “Oaxaca está de luto” con una pancarta que preguntaba: “Ser gobernador con el 18% ¿Es está la democracia que nos ofrecen?”.

En cuanto a impunidad, el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sigue irresuelto. El viudo de Bety Cariño dijo que habrá justicia hasta que estén presos el total de los implicados (fueron detenidos 4, faltarían 9). Se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Chiapas: otro estado convulsionado

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

Miembros del Movimiento Pedrano Chenalhó protagonizaron a lo largo del mes de abril una serie de protestas contra la alcaldesa Rosa Pérez Pérez en exigencia de su destitución por “incumplir con sus promesas de campaña”. Tomaron la alcaldía, la sede del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), bloquearon los accesos a la cabecera municipal y tomaron la caseta de cobro de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas; incluso llegaron a encadenar el Congreso del Estado, reteniendo a sus funcionarios por varias horas. El 25 de mayo un grupo de pobladores encapuchados de Chenalhó irrumpió violentamente en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas dónde se llevaba a cabo un proceso de negociación por lo mismo, retuvo a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado y al diputado Carlos Penagos y los llevó para exhibirlos en la plaza de la cabecera municipal de Chenalhó. Ramírez Aguilar fue vestido con el traje regional de las mujeres como “acto de humillación”. Al día siguiente, los funcionarios fueron liberados luego de que el Congreso local aceptara la renuncia de la alcaldesa y se nombrara a Manuel Sántiz Álvarez como edil sustituto.

La violencia de este conflicto post electoral provocó la muerte de dos personas incluyendo a una menor de edad. Además a 80 familias de la comunidad Puebla “inconformes por la renuncia de Rosa Pérez Pérez les quemaron sus casas y los agredieron” y 14 familias de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal acabaron desplazadas.

En los municipios de Oxchuc, Ixtapa y Frontera Comalapa ocurrieron conflictos post electoral similares. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la destitución de los 7 consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas por omitir aplicar las reglas de paridad de género durante los últimos comicios y por contratar a una empresa para desarrollar un sistema electrónico de votación desde el extranjero que validó el registro de casi 17.000 votantes chiapanecos en el exterior sin comprobar que radicaran allí.

Peregrinación del Pueblo Creyente en solidaridad al magisterio en Tuxtla Gutiérrez © SIPAZ

En mayo, miles de indígenas de Simojovel se movilizaron en exigencia de paz y seguridad ciudadana en respuesta a los ataques violentos por parte de un grupo de entre 100 y 150 personas del PRI y de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Integrantes del Pueblo Creyente señalaron como responsables quienes desde hace años han estado hostigándoles por oponerse al tráfico de drogas, a la corrupción, al negocio del alcohol y al caciquismo.

En cuanto a tierra y territorio, en abril las y los desplazados del poblado de Primero de Agosto denunciaron el cercado de las tierras de donde fueron desplazados en febrero de 2015. También expusieron haber recibido amenazas de ejidatarios de Miguel Hidalgo, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica (CIOAC-H) “portando armas de fuego, machetes y todos uniformado de gorras amarilla del PRD (sic)”. Las y los ejidatarios de Tila denunciaron provocaciones con disparos al aire con armas de alto poder por parte de un grupo de unas 100 personas “vinculadas al ayuntamiento y al grupo paramilitar Paz y Justicia”. El Centro ProDH señaló que este grupo atacó “dos bloqueos de caminos que los ejidatarios pusieron por seguridad”, presionaron a pobladores para que se unieran a su movimiento bajo amenaza de quemar sus casas. En junio uno de los ejidatarios fue herido por un policía municipal, denunciaron los ejidatarios, señalando también la continuación de las amenazas por parte de opositores a la salida del ayuntamiento del ejido Tila.

Peregrinación de la Misión Santísima Trinidad (La Arena) y del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas CDLI Xinich’ contra el olvido de la masacre de Viejo Velasco y en defensa de la Madre Tierra. Chiapas © SIPAZ

En abril se realizó, por una parte, la peregrinación contra el olvido de la masacre de Viejo Velasco y en defensa de la Madre Tierra, por otra parte se hizo pública la obtención de un amparo de las comunidades de Los Llanos y San José El Porvenir, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas contra el proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque. En mayo, la parroquia de Zinacantán igualmente convocó a una peregrinación en contra la privatización del agua y el despojo de su manantial, ante la amenaza de construcción de una presa hidroeléctrica.

Entre otros problemas en materia de derechos humanos, en abril el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) reportó la reciente desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, municipio de Altamirano, y el asesinato de Héctor Sántiz López de El Carrizal, municipio de Ocosingo. Vincularon la desaparición forzada y los asesinatos de sus integrantes y otras 4 personas en Ocosingo a “intereses oligarcas” sobre los recursos naturales del territorio.

Organizaciones sociales denunciaron la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez, de 18 años, originario de la comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, Chiapas. En mayo fue detenido por personas que se presentaron como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos policíacos sin identificar, en el trayecto de Comitán de Domínguez a Playa del Carmen, donde iba a buscar trabajo. No llevaba credencial de elector pero mostró su acta de nacimiento original y su CURP, para demostrar su nacionalidad mexicana. El INM ha negado que haya registro de Maximiliano en el sistema y no ha proporcionado mayor información para coadyuvar en su búsqueda. Organizaciones de derechos humanos temen que pueda corresponder a un nuevo modus operandi de la delincuencia organizada

Guerrero: la violencia sigue a la orden del día en Guerrero.

Varias denuncias de procesos organizativos en el estado salieron en el plazo cubierto por este informe. 7 comuneras y comuneros miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) cerca de Acapulco “resultaron heridos de bala, golpes y pedradas por dos jóvenes originarios del poblado La Concepción la noche del 30 de abril”, informó La Jornada. Los agresores estarían relacionados con empresarios gravilleros contra quienes parte de la comunidad mantiene una disputa por la explotación del río Papagayo.

Después de casi tres años en prisión, fueron liberadas seis autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Ayutla de los Libres-. Éstos fueron detenidos en 2013, junto a Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, quien fuera liberada en marzo del año en curso. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC-Casa de Justicia San Luis Acatlán denunciaron que las autoridades detenidas fueron “criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC” y que las acusaciones “se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”. Sin embargo, al menos tres integrantes más de la CRAC-PC siguen privados de su libertad. Nestora Salgado García informó que desde su liberación, ella y su familia han sido víctimas de agresiones y amenazas en su contra: en mayo ametrallaron la casa de su hija a quien retiraron las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Frenando un proceso alentador para los pueblos organizados en contra de las mineras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó un amparo promovido por la comunidad indígena San Miguel del Progreso que después de lograr la cancelación de las concesiones mineras en su territorio cuestionaba la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. Habitantes de dicha comunidad y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señalaron que tanto la Secretaría de Economía, la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente.

La impunidad sigue por lo demás a la orden del día, con el caso de la masacre de El Charco (18 años), de la de Aguas Blancas (21 años) o bien, más reciente, con la falta de investigación diligente en torno a los hechos que enmarcaron la jornada electoral de junio de 2015 en Guerrero, dónde Antonio Vivar Díaz fue ejecutado arbitrariamente y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.