Llego al penal y en la puerta de afuera, lo primero que me piden es mostrar mi identificación. Bajo seis escalones y en una mesa, cuatro mujeres revisan los artículos que quiero introducir; mi bolsa la retienen. Después de ahí, paso por una revisión corporal. Cruzo la segunda reja y bajo 20 escalones. Luego de haber cruzado otras cuatro me encuentro en el penal de Cerro Hueco. Algunos detenidos se me acercan para pedirme dinero. Otros me preguntan a quien busco y se ofrecen a localizarlo. «Voy con la gente de La Voz de Cerro Hueco», les digo, y alguien me lleva a la celda que busco. El lugar es un salón grande de 64 metros cuadrados divididos por una pared de madera. Se le han adaptado espacios de madera en un segundo piso que apenas se sostiene. En este lugar, duermen más de 55 personas, la mayoría de ellos en el suelo.

Desde hace muchos años se ha hablado de lo deficiente del sistema penitenciario mexicano. Se dice que los llamados CERESO (Centro de Readaptación Social), nombre formal de las cárceles en México, no han ofrecido alternativas viables a las personas que por diferentes razones se encuentran recluidas. En Chiapas, un alto porcentaje de los presos son indígenas. Estas personas de cultura diferente, de procedimientos de hacer justicia distintos, con un idioma materno que no es español, se enfrentan con mayores desventajas a la hora de conocer y defender sus derechos, de procurar un proceso limpio y justo de sus casos.

Si bien es cierto que el gobierno de Chiapas ha procurado tener personal que hable y entienda la cultura de los indígenas, la realidad es que eso no ha sido suficiente. Eso explica en parte la razón del surgimiento en el CERESO #1 de Tuxtla Gutiérrez, de un movimiento civil para defender los derechos de los presos políticos indígenas, llamado ‘La Voz de Cerro Hueco’, una organización mayoritariamente indígena de los grupos étnicos Tzotzil, Tzeltal, Chol y Tojolabal.

¿Cómo nació la Voz de Cerro Hueco ?

Después del levantamiento armado de enero de 1994, se incrementó el número de presos indígenas en el penal de Cerro Hueco y en otras cárceles del estado. Entre 1995 y 1996, con las agresiones (asesinatos, quema de casas, robo de ganado, etc.) en la región Norte (zona Chol) del grupo paramilitar priísta ‘Desarrollo Paz y Justicia’ en contra de simpatizantes del PRD o bases de apoyo zapatista, se detuvo con múltiples irregularidades a muchos del segundo grupo, acusándoles de diversos delitos. En este tiempo, llegaron a ser el 70% los choles que formaban parte de los detenidos a raíz de conflictos políticos.

Ante esa situación, los presos indígenas comenzaron a organizarse para buscar abogados que dieran seguimiento a sus casos. Así lo narra Gustavo Estrada Gómez, miembro desde el inicio de la Voz de Cerro Hueco: «…empezamos a platicar porque no había ninguna organización aquí y no había quien viera nuestros expedientes y resolviera nuestros casos, solamente los defensores de oficio y del fuero común y federal que de cualquier forma están de parte del gobierno…» Desde el inicio del conflicto, llegaron a ser 250 presos políticos, hoy todavía siguen detenidos alrededor de 80 en Cerro Hueco y otras cárceles del estado.

Las huelgas de hambre

Entre julio y agosto de 1996, comenzaron las pláticas internas y un primer trabajo de organización y concientización de sus derechos. Fue así que determinaron comenzar una huelga de hambre el 1o de septiembre de aquel año. Con ese evento, nace formalmente la organización contando con alrededor de 80 integrantes. Una extraña coincidencia llevaría al EZLN en la misma fecha, a abandonar la mesa de negociación en San Andrés y a decidir no regresar hasta que el gobierno cumpliera cinco condiciones (entre las que estaba la liberación de los presos políticos). Esta y otras condiciones no han sido cumplidas y los indígenas presos siguen luchando en diferentes maneras desde los rincones de sus celdas.

A finales de 1996, el gobierno del estado, para bajar la presión generada por las huelgas de hambre, dejó en libertad a varios dirigentes. Estos fueron los que iniciaron la representación externa del movimiento manteniendo contacto con las ONG, los medios de comunicación y distintos tipos de autoridades.

La Marcha Wejlel

En mayo de 1997, para romper el cerco impuesto por Desarrollo Paz y Justicia y para buscar la liberación de los presos, centenares de choles simpatizantes del EZLN y del PRD acompañados por algunos extranjeros se encaminaron hasta la capital del estado para pedir audiencia con el Gobernador. Varios obstáculos tuvieron que sortear para poder llegar a Tuxtla. Cuando finalmente llegaron, establecieron un plantón frente al palacio de Gobierno. Por espacio de casi 100 días, estuvieron esperando pero la entrevista con el gobernador nunca llegó. Negociaron con otros funcionarios y lograron la liberación de algunos dirigentes. La mayoría de los presos de la zona Norte salieron después de esta etapa. La persecución contra las bases de apoyo zapatista continuó y el número de presos volvió a incrementar. Una de las formas que el gobierno utilizó fue el desmantelamiento de los Municipios Autónomos.

La detención de Autoridades Autónomas Zapatistas

Mediante operativos policíaco-militares en 1998, el Gobierno local, bajo el discurso de hacer respetar el estado de derecho, se dio a la tarea de desmantelar los llamados ‘Municipios Autónomos’. Estos fueron declarados así por las bases de apoyo del EZLN en distintas comunidades de la zona de conflicto (ver informe de SIPAZ Año.3-Num.3). Los desmantelamientos de estos llamados municipios autónomos se dieron en un periodo de tiempo de 3 meses y fue de la siguiente manera:

• Taniperlas (Mpio. Ricardo Flores Magón) – abril 11, 1998
• Amparo Aguatinta (Mpio. Tierra y Libertad) – mayo 1, 1998
• Nicolás Ruiz (Mpio. ganado por el PRD) – junio 3, 1998
• El Bosque (Mpio. San Juan de la Libertad) – junio 10, 1998

En los operativos se detuvo a hasta 200 personas. Actualmente, todavía siguen encarceladas unas decenas.

Los desmantelamientos fueron realizados con lujo de violencia, cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos e incurriendo en irregularidades jurídicas durante el proceso. El testimonio de Don Juan, un campesino de más de 60 años (preso desde el 6 de octubre de 1997) da cuenta del impacto que estos operativos tienen en las personas: «pues a mi me da coraje porque yo no soy de esa clase que ellos (la policía) dicen, o sea, delincuente. Nos pasearon en el parque, ahí estaban todos los ejidatarios para que todos nos vieran… pensé que nos iban a humillar allí. Ahorita mi preocupación es mi mujer que está enferma por un accidente que tuvo, no tiene quien la cuide y si yo dilato aquí más pues no sé que va a pasar.»

La CNDH en su investigación del caso ‘Taniperlas‘ constató los incidentes ocurridos y las formas inadecuadas de acciones por parte de diversos funcionarios. Esto la llevó a emitir la Recomendación No. 49/98, dirigida al Gobernador de Chiapas, invitándole a que:

» …analice y revalore la situación jurídica de los ahora quejosos y afectados por …la existencia de diversas irregularidades, así como la falta de formalidades esenciales del procedimiento… «
…dicte sus ordenes, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en la detención arbitraria de… [sigue lista de personas detenidas].»

Este tipo de irregularidades apareció en distinta medida en los otros operativos que se efectuaron.

El gobierno nunca pensó en el impacto político que tendría al interior de Cerro Hueco la llegada de varias de las autoridades municipales autónomas. La estructura misma de La Voz de Cerro Hueco cambió de ser una mesa directiva a Consejo Representativo Autónomo. Este proceso tardó dos meses en tomar forma y todavía hoy se sigue consolidando. Cada domingo se reúne el Consejo y cada lunes, hay Asamblea general para tomar acuerdos y emprender iniciativas.

En esta nueva modalidad que pronto cumplirá un año, se hace cada vez más efectivo el principio zapatista de ‘mandar obedeciendo’. Así lo comenta el actual coordinador del Consejo Amado Galvez Gómez: «…cuando alguien viene para hablar con la organización, ya no se dirige solamente a una sola persona, sino que se reúne al Consejo y ellos hacen las decisiones. Ha habido un cambio muy grande en la Voz de Cerro Hueco.»

El presidente del Consejo Municipal Autónomo de «Tierra y Libertad» detenido junto con sus compañeros el 1o de mayo del 98 ahonda: «…cada región nombró a sus representantes ante el Consejo… y que seamos o no zapatistas… aquí recordamos que debemos respetarnos unos a los otros y que nuestra lucha es por la autonomía y el derecho a exigir nuestra libertad con justicia y dignidad.»

El 14 de abril de este año dejó el penal el académico Sergio Valdéz Ruvalcaba. Tuvo que pagar una fianza de 5600 pesos. Una semana antes de salir, el Sr. Valdéz nos comentaba que si salía bajo fianza sería por decisión del Consejo de La Voz de Cerro Hueco por valorar que fuera del penal su colaboración podría tener mayor impacto. Por su parte Luis Menéndez, mestizo y miembro de una ONG, otro de los detenidos en Taniperlas comentó: «permanecer en el penal es un signo hacia adentro de solidaridad humana con mis compañeros y hacia afuera de denuncia del sistema de procuración de justicia que se vive en Chiapas.»

Situación Precaria en la Cárcel

El penal de Cerro Hueco tiene capacidad para 300-400 presos, sin embargo existen detenidos alrededor de 1200, lo que hace que la mayoría vive en condiciones de hacinamiento. Los servicios médicos son esporádicos e insuficientes, el acceso a un ingreso económico que permita el sostenimiento de su familia es casi imposible. Los pocos trabajos artesanales que hacen es difícil que encuentren el mercado adecuado para vender.

Esta situación repercute obviamente en sus familias que quedaron afuera desprotegidas ya que ellos eran el sustento de la misma. Así lo comenta Ma. Antonieta, esposa de un preso de un municipio autónomo mientras le da pecho a su hija: «Sufrimos mucho y nos enfrentamos a varios tipos de problemas como la salud y alimentación de mis hijos. Tuve que solucionarlo yo sola, aunque me estuve matando de llanto y desesperación; hasta me enfermé, pero ya ni modos, que voy a hacer si el mal gobierno de por si no oye.»

Fallas en el sistema judicial

El tema de la procuración de justicia en México ha sido objeto de estudios a raíz de varios casos presentados ante instancias tanto nacionales como internacionales. Entre los últimos, se encuentran Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), así como algunas Comisiones de la ONU (Organización de Naciones Unidas). De sus informes se puede sacar como conclusión que México tiene un sistema legal muy bueno, pero que falla al momento de aplicar dichas leyes. Por muy diversas razones, entre las que están la corrupción y el manejo de intereses particulares, políticos y de estado, en la procuración de justicia se han cometido verdaderos atropellos a los derechos fundamentales de personas y grupos.

A nivel nacional, la instancia gubernamental CNDH ha documentado varios casos en todo el país. En ellos, una de las constantes que ha aparecido, es el número de irregularidades por parte de funcionarios públicos en varias etapas del proceso jurídico.

En el caso concreto de los presos de la Voz de Cerro Hueco, presentan como constante el haber sido injustamente detenidos, acusados con testimonios falsos y con evidentes irregularidades en sus procesos. Un aspecto importante es que en sus expedientes jurídicos está asentado que todos son miembros de la oposición política (organizaciones sociales independientes, bases de apoyo del EZLN o miembros del PRD), aunque supuestamente su afiliación política es irrelevante para sus cargos.

Otra constante, según Miguel Ángel de los Santos, abogado de muchos de estos presos, es que «…el agente del ministerio público actúa con una rapidez que todos sabemos no es característica del sistema jurídico mexicano. Llevan a cabo averiguaciones previas en tiempo ‘récord’ que no se ve en otros casos… El juez por ley está obligado a analizar detenida y objetivamente la averiguación preliminar, sin embargo no lo hace y corresponde a la rapidez… hasta que la policía de seguridad pública de inmediato orquesta el operativo como si ya estuvieran esperando la orden de aprensión; así sucedió en los casos de Taniperlas, Tierra y Libertad, Nicolás Ruiz y en otros casos individuales.»

Mención especial merecen los casos de homonimias (Manuel Fernández Pérez, Miguel Hernández Pérez, Antonio López Vázquez), cuyos nombres corresponden exactamente a los de otros detenidos. Por esta razón, se les han adjudicado otros delitos que han agrandado su condena. Sin embargo, las autoridades no se han abocado a investigar hasta el fondo (con el Instituto Federal Electoral o con el Registro Civil) para deslindar responsabilidades.
Según el abogado de los Santos, «Este sistema de procurar justicia ha llegado a tal punto que las personas presuntamente involucradas en algún delito, se les supone culpables hasta que ellas mismas demuestren su inocencia. Por el contrario, la ley dice que a una persona se le considera inocente hasta que quien lo acusa presente las pruebas que lo señalan responsable de dichos actos.»

En estas circunstancias, cuando no son acciones aisladas sino una forma de operar y procurar la justicia comenzando en el estructura misma de poder, es mucho más complicada la resolución jurídica de los casos de los presos políticos. La solución tendrá que ser también de tipo político.

La existencia de tantas irregularidades jurídicas y el sufrimiento humano que esto ha causado, hace importante la visita del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados y del grupo de trabajo para las Detenciones Arbitrarias como lo pidieron en marzo un centenar de ONG mexicanas durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.