Sumario

México es un país de frontera entre el Tercer y el Primer Mundo; Chiapas es una región rica y pobre a la vez en esta realidad mexicana.

Las negociaciones surgidas después del levantamiento zapatista de enero de 1994 en Chiapas han sido suspendidas desde septiembre por falta de avances reales en los compromisos contraidos en febrero de 1996 sobre Derechos y Cultura Indígena. Al conmemorar el tercer aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas, dos consignas reflejan los sentimientos del momento de los Pueblos Indígenas; la primera, «En Tres Años Nada Ha Cambiado», y la segunda, «Nunca Más Un México Sin Nosotros».

 

Por primera vez en su historia, México tiene la oportunidad de reconocer constitucionalmente el derecho a la libre determinación y autonomía de los Pueblos Indígenas. Después de varios impasses que parecían insuperables, los esfuerzos de las negociaciones entre el gobierno y el EZLN para otorgar autonomía a los Pueblos Indígenas, han culminado en un documento elaborado por la COCOPA que incorpora las posiciones acordadas en febrero en San Andrés Larráinzar por las dos partes. Fué concebido como un documento «final«, para ser aprobado o rechazado.

Mientras el EZLN lo aprobó con reservas, considerándolo como base sólida para la creación de un proyecto de ley de autonomía, el gobierno escogió presentar una contrapropuesta que fué tajantemente rechazada el 11 de enero por el EZLN.

El gobierno federal insiste que su propuesta es coherente con los Acuerdos de San Andrés y que al EZLN le falta compromiso para buscar consensos. Los zapatistas responden que esa propuesta «implica una grave negación del espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés,» y que los derechos que se pretende reconocer son socavados en el mismo texto con el propósito de dejar a los Pueblos Indígenas en la misma discriminación de siempre.

El debate continúa, pero al revisar los textos es dificil evitar la conclusión de que la propuesta del gobierno representa una revisión de lo previamente acordado. En todo caso, a un año de que los acuerdos fueron firmados, nada ha sucedido para mejorar las pésimas condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los Pueblos Indígenas, hecho que quita fuerza a los argumentos del gobierno.

Los Zapatistas siguen insistiendo en que los acuerdos firmados en San Andrés sean respetados. Algunos analistas opinan que el gobierno perdió una oportunidad histórica. El futuro del EZLN está vinculado estrechamente con el éxito que pueda tener la consolidación del movimiento indígena. Sin embargo, es claro que cualquiera que sea el futuro, los planteamientos que ese movimiento ha colocado en el centro de la escena política en estos tres años, indican que México nunca más será el mismo de antes del alzamiento zapatista.

Mientras muchos esperaban que el gobierno presentara algo que la contraparte interpretara como una señal de acercamiento, el rechazo de la contropropuesta ofrecida por el Presidente Zedillo, indica que la paz no está cercana.

El equipo de SIPAZ en Chiapas ve con preocupación otros signos nada alentadores para el proceso de paz.

Nos preocupa la designación de militares para importantes puestos de orden civil a nivel nacional y una creciente militarización en varios estados. Además, las fuerzas policiacas, militares y paramilitares actúan en conjunto y gozan de impunidad en todo el país, especialmente en la zona norte de Chiapas. A esto se suman la insolvencia económica y el creciente mapa de pobreza sobre el territorio nacional y la aparición de nuevas agrupaciones guerrilleras.

El aislamiento y la incertidumbre sobre el proceso de paz favorece el desgaste y la polarización en las comunidades. Una nueva ola de intimidaciones dirigidas en contra de símbolos de la sociedad civil organizada crea un clima social más propicio a la violencia que a la paz.

En este año de elecciones legislativas los partidos políticos y otras fuerzas sociales enfocaran sus esfuerzos en la contienda electoral de julio. Con ello el proceso de paz en Chiapas puede entrar en un tiempo peligroso, en el que se vean reducidos a un segundo plano la lucha de los Pueblos Indígenas y las causas que originaron el conflicto.

Al final del año, signos de esperanza han sido la consolidación del Congreso Nacional Indígena en octubre, la reciente liberación de casi todos de los presuntos zapatistas presos, y la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVE) en noviembre. La función que pueda tener la COSEVE sin un acuerdo entre las partes sigue siendo un interrogante.

Después del «NO» categórico del EZLN a la contrapropuesta del Presidente, corresponde a la COCOPA (según se comprometió publicamente) hacer llegar al Congreso de la Nación la iniciativa de ley que preparó. Y si la opinión pública es capaz de ejercer sobre el Congreso una presión tal, que se tenga que asumir en la Carta Magna esta iniciativa, estaremos en un momento histórico del país en el que se consolide más el federalismo y la democracia.
Queda claro que no va a ser nada facil.

Acciones Recomendadas

Exhortar a la COCOPA y al Poder Legislativo a llevar adelante el proyecto de ley sobre Derechos y Cultura Indígena, para lograr la implementación efectiva de los Acuerdos de San Andrés.

Urgir al Ejecutivo mexicano a:

• redoblar sus esfuerzos para lograr un acuerdo con el EZLN en cuanto a la implementación de los Acuerdos de San Andrés.
• tomar medidas inmediatas y eficaces para desarmar y castigar conforme a derecho a los grupos paramilitares en la zona norte de Chiapas, y favorecer la reconciliación en la región
• atender a las demandas específicas de la población afectada
• frenar la militarización creciente en Chiapas y otros estados del país y retirar las tropas de las comunidades
• reconocer y respetar la labor humanitaria que realizan los observadores internacionales y los trabajadores por los derechos humanos, cuya labor constituye un apoyo sustancial al proceso de paz.

 

Favor de escribir a:

COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (52 5) 535 27 26
Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
San Lázaro
15969 México, DF – México
Fax: (52 5) 542 1558

LIC. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (52 5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (52 5) 546 5350 / 546 7380

LIC. JULIO C. RUIZ FERRO
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (52 961) 20917

Además:

• difundir información – como este reporte – para movilizar a la opinión pública internacional.
• estar vigilantes y preparados para contrarrestar una escalada de violencia en Chiapas.

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Actualidad

¿De qué vale un Acuerdo?

El Diálogo de San Andrés Larráinzar permanece suspendido desde que, a principios de septiembre, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) decidió retirarse de las negociaciones hasta tanto no se cumplieran las condiciones estimadas necesarias para la credibilidad del proceso (ver SIPAZ Informe Año 1 – No. 2 ), relativas fundamentalmente al cumplimiento de los acuerdos firmados en febrero de 1996. Posteriormente se agregó también la condición de poner fin a la violencia del grupo paramilitar príista «Paz y Justicia» en la zona norte de Chiapas.

Ante esta nueva crisis del Diálogo, CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) y COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) comenzaron a desplegar importantes esfuerzos para buscar un acercamiento entre las partes. En un documento del 12 de septiembre, la CONAI realizó un análisis de las causas de esa crisis. Según el organismo presidido por el Obispo Samuel Ruiz, el modelo de negociación acordado para San Andrés en 1995 tenía algunos supuestos estratégicos que, al no cumplirse, pusieron en crisis no sólo la Mesa del Diálogo, sino todo el proceso de construcción de una paz justa y digna.

Entre esos supuestos de San Andrés, la CONAI destaca que:

• la negociación produciría acuerdos eficaces y verificables que atendieran las causas reales del conflicto;
• a mayor avance político de la Mesa, correspondería un decrecimiento de las acciones policíaco militares;
• el avance del proceso de paz en Chiapas repercutiría como impulso y aporte para los demás retos y agendas nacionales.

 

Fue así que diversas personalidades y organizaciones de la sociedad civil mexicana, respondiendo a un llamado de la CONAI, se pronunciaron en septiembre por el establecimiento de un «Diálogo Nacional por la Paz en México». En el documento apoyado por más de 200 organizaciones y 500 firmas de personalidades distinguidas, se decía:

«No puede resolverse la candente cuestión de la paz, si ésta no se vincula con la dinámica de los necesarios cambios nacionales que la hagan realidad. El tránsito a la democracia es el mejor camino para que la paz no signifique el sacrificio de la libertad y de la justicia».

La iniciativa incluía un llamado a los tres Poderes del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los grupos en armas, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a los principales actores del conflicto de Chiapas, para ser parte de ese Diálogo Nacional, entendido como

«proceso multiforme que construya espacios en los que se pongan en relación todas las propuestas civiles, partiendo de la convicción de que, en esta hora, es indispensable un pluralismo que, respetando las diferencias, avance en la construcción de consensos sociales».

La Secretaría de Gobernación, por su parte, respondió a estas iniciativas con una campaña de ataques al Obispo Samuel Ruiz, acusándolo de buscar un protagonismo y unas prerrogativas de alcance nacional que contravenían la razón de ser y el origen de la CONAI.

Mientras tanto, el clima de hostilidad entre el gobierno federal y el EZLN se acentuó todavía más a raíz del debate generado en torno a la posible participación de representantes de éste último en el Congreso Nacional Indígena, celebrado en la ciudad de México entre el 8 y el 12 de octubre y al que el EZLN fue invitado a concurrir. Mientras diversos sectores y personalidades se movilizaban bajo la consigna «Rompiendo el cerco» para organizar el viaje de los zapatistas a la capital, el gobierno advirtió que la «Ley para el Diálogo y la Pacificación» que impide apresar a los mismos se restringe a las fronteras de Chiapas, más allá de las cuales las órdenes de aprehensión siguen vigentes.

Detrás de estas amenazas y de la polémica político jurídica que generaron, quedó en evidencia la determinación del gobierno mexicano de impedir la proyección del movimiento a nivel nacional. Después de delicadas negociaciones mediadas por la COCOPA, el gobierno accedió a que una delegación del EZLN asistiera al Congreso sin ser reprimida. Los jefes zapatistas decidieron enviar como su representante a la legendaria comandanta Ramona, gravemente enferma, quien viajó hasta el Distrito Federal escoltada por miembros de la COCOPA. En la capital, además de ser ovacionada por el Congreso Nacional Indígena, Ramona participó en una serie de actos y recibió numerosas muestras de solidaridad.

Entre los meses de octubre y diciembre, la COCOPA, integrada por miembros de todos los partidos representados en el Congreso, desempeñó un papel decisivo para generar las condiciones que habilitaran un restablecimiento del proceso de negociación en Chiapas. Para ello mantuvo una serie de entrevistas con la comandancia del EZLN que resultaron en la realización de tres «Encuentros Especiales» o reuniones tripartitas entre ambos y la CONAI, en San Cristóbal de las Casas. El objetivo de esas reuniones era fundamentalmente discutir los mecanismos de implementación de las condiciones impuestas por el EZLN para la reanudación del Diálogo.

A fines de diciembre, los dos logros más significativos en ese sentido han sido la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVE, cuyo cometido es vigilar la implementacion de los acuerdos de San Andrés) y el proyecto de ley presentado por la COCOPA para incluir en una reforma constitucional los acuerdos de San Andrés (ver Enfoque, AUTONOMIA INDIGENA).

La COSEVE, que quedó formalmente instalada en San Cristóbal de las Casas el 7 de noviembre, está compuesta por ocho representantes del gobierno y de los zapatistas respectivamente, dos invitados permanentes de cada parte, un secretario técnico por delegación, un observador de la COCOPA y uno de la CONAI.

A invitación del EZLN, la Alianza Cívica Nacional, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Red Nacional de DDHH «Todos los Derechos para Todos» y el Congreso Nacional Indígena -además de reconocidas personalidades políticas e intelectuales- aceptaron integrar la COSEVE. Una vez más, el EZLN demostró su voluntad de que sea la sociedad civil, a través de sus organizaciones más prestigiosas y representativas, quien participe directamente en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en San Andrés.

Como suele suceder cada vez que el proceso de paz tiene un avance significativo, los sectores interesados en desestabilizarlo realizan o toleran acciones de violencia que enrarecen el clima político y social y aumentan la conflictividad en el estado. Poco después de instalada la COSEVE, se desató en Chiapas una verdadera ola de violencia: conflictos poselectorales en San Andrés Larráinzar, enfrentamientos ideológicos entre campesinos en Amatenango del Valle, daños en las puertas del templo de Sto. Domingo y de dos cafeterías en San Cristóbal, entre otros.

Como los más graves, destacan la represión policial sufrida por el movimiento de los maiceros que realizaban un bloqueo carretero en Laja Tendida (municipio Venustiano Carranza) en demanda de mejores precios para el maíz (que dejó un saldo de tres campesinos asesinados), y los atentados, hostigamientos y amenazas de muerte perpetrados contra la Coordinadora de Organismos Civiles por la Paz (CONPAZ), incluyendo el secuestro y tortura de uno de sus integrantes (Javier López Montoya) y su familia. Unas treinta personas de CONPAZ y otras organizaciones sociales fueron amenazadas de muerte en el mes de noviembre.

A nivel estatal, fue relevante la confirmación del interino Julio César Ruiz Ferro (del PRI) como gobernador del estado de Chiapas hasta el final del período. A pesar de que la oposición reclamaba que el interinato terminara con el llamado a elecciones extraordinarias, a principios de diciembre la mayoría priísta del Congreso confirmó al actual gobernador.

En noviembre, continuaron los esfuerzos para dar forma al proyecto de ley constitucional sobre los acuerdos en materia de derechos y cultura indígena. Después de algunos intentos frustrados de alcanzar un consenso -por las diferencias ya planteadas en San Andrés-, la COCOPA pidió a ambas partes que le entregaran sus documentos finales, a partir de los cuales los legisladores redactarían el proyecto de ley (ver Enfoque, AUTONOMIA INDIGENA), con el compromiso de ambas partes de que ese sería el texto final. Así, el 29 de noviembre la COCOPA presentó un texto que, según manifestaron los legisladores, recogía los acuerdos de febrero y era, además, un documento final que no admitía más observaciones que una respuesta de «sí» o «no». En caso de que una de las partes respondiera «no», la COCOPA daba por finalizada su labor de coadyuvancia.

El EZLN manifestó que si bien consideraba que el proyecto de la COCOPA era insuficiente en algunos puntos, lo aceptaba como una forma de seguir avanzando en el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. La Secretaría de Gobernación, después de tres días de una tensa espera, comunicó que tenía observaciones al documento y que la COCOPA debía trasmitirlas al EZLN. La dirigencia zapatista respondió que, dado que se trataba de un documento final, interpretaba las observaciones como un «no», es decir, que el gobierno se negaba a cumplir los acuerdos de San Andrés.

Haciendo un esfuerzo más para impedir el fracaso del proyecto, la COCOPA se entrevistó nuevamente con Gobernación y con el mismo Presidente Zedillo, el 6 y 7 de diciembre respectivamente. Allí se puso en evidencia que el Presidente estaba poco y mal informado sobre el proceso que había seguido esta etapa de la negociación, y que desconocía incluso el origen y el contenido del proyecto presentado por la COCOPA.

El Presidente Zedillo solicitó a los legisladores un plazo de quince días para estudiarlo y consultar con especialistas jurídicos la constitucionalidad del proyecto. También envió un mensaje verbal a la dirigencia del EZLN -a pesar de la oposición de la Secretaría de Gobernación-, comprometiéndose a dar una respuesta antes del 23 de diciembre. El día 19, los miembros de la COCOPA entregaron al EZLN, con carácter confidencial, la posición del Presidente Zedillo. A su vez, los zapatistas anunciaron que el 11 de enero darían a conocer su respuesta. El 1 de enero, tercer aniversario del levantamiento armado, el EZLN, en un escueto comunicado, convocó a sus asesores y a los miembros del Congreso Nacional Indígena a tomar parte en la discusión y el análisis de la respuesta que daría al Presidente.

El 11 de enero el EZLN rechazó «totalmente» la contrapropuesta gubernamental, considerándola «inaceptable» porque «implica una grave negación del espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés». El comunicado zapatista afirma que, «Hoy queda clara la voluntad guerrerista del señor Ernesto Zedillo…cada derecho de los pueblos indios que dice reconocer queda inmediatamente limitado y subordinado en el propio texto constitucional a leyes secundarias, con graves incongruencias jurídicas pero con un claro significado político: reduce a los indígenas a ciudadanos de segunda.(…) Además se postula reiteradamente la absoluta discrecionalidad de las autoridades, anulando el principio de participación de los pueblos indios acordado en San Andrés y recogido en la propuesta de la COCOPA». El EZLN hizo un llamado a la COCOPA a dejar de lado la propuesta del gobierno y a «defender y llevar adelante su propia propuesta.» (Para más detalles, ver Enfoque, AUTONOMIA INDIGENA).

Por su parte, el gobierno federal respondió en un comunicado de prensa que

«Ha sido preocupación del gobierno, y lo sigue siendo, emprender las reformas jurídicas necesarias para lograr una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas del país.»

El jefe de la delegación del gobierno, Marco Antonio Bernal, aseveró, «El gobierno cumplió con lo pactado en San Andrés…» y llamó a los zapatistas a traducir en hechos sus declaraciones de que desean la paz.

La COCOPA anunció que, ante la delicadeza de la situación, se tomaría el tiempo necesario para estudiar las posibilidades de ofrecer a las partes una ulterior oportunidad de acercamiento.

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Análisis

A pesar de la insistencia del gobierno mexicano de limitar el conflicto de Chiapas a sus dimensiones locales, consideramos que es imposible entender la dinámica de los hechos en este estado ni el comportamiento de los actores involucrados en el proceso, sin vincularlo al contexto nacional.

Esto parece aun más claro desde que, a medida que avanza el nuevo año, el proceso de paz en Chiapas está siendo cada vez más sobredeterminado por las elecciones legislativas que el país vivirá en julio.

En los últimos meses, diversos hechos indican una creciente pérdida de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el desplazamiento de connotadas figuras políticas y ex militares de alto rango hacia otros partidos; las victorias de la oposición (PAN y PRD) en las elecciones municipales de varios estados. Ante esta situación, el partido gobernante -entre otras medidas como la sustitución del presidente del PRI y la destitución del Procurador General de la República panista , único miembro de la oposición en el gabinete- hizo fracasar la reforma electoral consensada para alcanzar una democratización del sistema político. Después de dos años, las negociaciones terminaron en una nueva imposición de las posturas del PRI, ignorando las expectativas de la oposición.

Al avance de la oposición en el plano político se corresponde un aumento de la movilización en sus distintas expresiones, incluso las más radicales, como el incremento de las acciones del EPR (Ejército Popular Revolucionario) y el surgimiento de otros grupos armados.

Especial significación tienen diversas iniciativas de la sociedad civil que hacen cada vez más visible la voluntad de cambio de muchos sectores del país. Esas iniciativas, si bien permanecen todavía desarticuladas, representan una importante contribución al proceso de democratización y de participación ciudadana en México. Lamentablemente, parece que hasta ahora la respuesta más frecuente del gobierno es la indiferencia, la represión o las soluciones autoritarias: militarización de la seguridad pública y de otras esferas de la vida civil; estrategias contrainsurgentes que violan los derechos elementales de la población civil en los estados de más alta marginación; persecución y amenazas contra opositores sociales y políticos, defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles, etc.

Este deterioro de la situación de los derechos humanos y las garantías individuales en el país ha sido reiteradamente señalado por organizaciones internacionales que han realizado visitas in situ a México, tales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.

La persistencia de un ambiente de violencia social y política en Chiapas, así como el incremento de la militarización y el autoritarismo en otros estados, determinan a nuestro juicio un contexto nacional altamente desfavorable para cualquier proceso de negociación que aspire a resolver los conflictos desde su raíz.

La incertidumbre provocada por la prolongada suspensión del Diálogo y la postergada respuesta de Zedillo a la COCOPA en diciembre, desembocó en una nueva crisis al rechazar el EZLN, el 11 enero, la contrapropuesta gubernamental. A esto se suma el desgaste que sufren las comunidades indígenas, para quienes nada ha cambiado en tres años de negociaciones. Si bien el gobierno ha volcado gran cantidad de recursos en las zonas de conflicto, éstos han sido, además de insuficientes, utilizados con criterios clientelísticos para favorecer a sus partidarios y aumentar la división y confusión en las comunidades.

Además, la implementación de esos programas asistenciales se ha dejado en gran medida en manos del Ejército Mexicano, lo que constituye una faceta de la guerra de baja intensidad a través de la cual se está militarizando cada vez más la región. Después de multiplicar su presencia en la Selva y Los Altos, ahora las fuerzas militares están penetrando en la zona norte, estratégica para el control geopolítico del corredor que comunica a Chiapas con Tabasco.

En esta región las fuerzas de seguridad del estado (Ejército Mexicano y policía de seguridad pública) toleran y en algunos casos propician abiertamente que grupos armados ó paramilitares impongan su voluntad sobre las comunidades, principalmente con bloqueos de caminos, impedimento del libre tránsito, detenciones arbitrarias, robos y agresiones físicas. (Ver La zona norte de Chiapas: El nuevo escenario de la guerra) No parece claro qué hay detrás de este tipo de acciones, pero se supone que responden a fuertes intereses de control político y de seguridad nacional.

Varias hipótesis intentan explicar las diversas expresiones de violencia en el estado. Algunos señalan que las acciones represivas, que no por casualidad coinciden con los logros en el proceso de paz, son promovidas por un sector del gobierno del estado, representado por el Secretario de Gobierno Eraclio Zepeda, identificado como de «línea dura». Este grupo de poder tiene, a nivel local, lazos con los grupos paramilitares, los caciques ultraconservadores, y las fuerzas de seguridad. A nivel federal, se apoyaría en la línea que por detrás del discurso negociador está implementando una estrategia de contrainsurgencia para golpear a la sociedad civil organizada, crear un clima de miedo e inseguridad y desestabilizar el proceso de paz.

Detrás de la escalada de violencia que se vivió desde el mes de noviembre en Chiapas contra las organizaciones civiles, tiendas e iglesias identificadas con los intereses de los Pueblos Indígenas, varios analistas coinciden en que podrían estar los sectores más conservadores y racistas que ven en el movimiento indígena y en el EZLN una amenaza para sus intereses. Los llamados «auténticos coletos» -integrantes o afiliados de la oligarquía sancristobalense- han expresado con frecuencia, en estos tres años de conflicto, su rechazo a la Iglesia Católica bajo el Obispo Samuel Ruiz, a las organizaciones civiles locales y a los internacionalistas, por considerar a todos ellos aliados del EZLN.

Por otro lado, existiría otro grupo de poder en el gobierno del estado, representado por el gobernador Julio César Ruiz Ferro y algunos congresistas integrantes de la COCOPA, más dispuesto a llevar adelante una línea negociadora para solucionar los conflictos. En ese sentido, la confirmación de Ruiz Ferro como gobernador ha suscitado interrogantes y expectativas, ya que entre los cambios anunciados en su gabinete podría estar la remoción del Secretario de Gobierno Zepeda y otros representantes de la línea dura.

Desafíos

Por ser éste un año electoral, es casi seguro que las distintas fuerzas y actores políticos del país enfocarán sus esfuerzos en las elecciones de julio próximo. Tanto los partidos como las diferentes organizaciones sociales estarán apostando a buscar un cambio que pase principalmente por el campo electoral. En Chiapas, esa coyuntura electoral sumada a la actual crisis del Diálogo, coloca al proceso de paz en una encrucijada muy peligrosa, pues mientras la atención política esté centrada en las elecciones y campañas, el conflicto quedaría en un segundo plano, lo que no sólo comprometería aun más sus posibilidades de avance, sino también permitiría la escalada de la violencia en la región.

Ante la falta de acuerdo entre las partes para convertir en ley constitucional los compromisos asumidos hace un año en San Andrés, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué destino tendrá el proceso de paz en Chiapas?

La estrategia del gobierno federal es clara: por un lado, insistir que su propuesta pone en práctica lo acordado en San Andrés, culpar al EZLN por este último fracaso y atribuirlo a su intransigencia para negociar un consenso; por otro, derrotarlo politicamente al minimizar el espacio de San Andrés y el movimiento indígena surgido a partir de él (representado por los Foros Indígenas y el Congreso Nacional Indígena), y abriendo otras instancias estratégicas de negociación con cada etnia por separado sobre asuntos puntuales.

Para el EZLN, su suerte depende más que nunca de la que ha sido siempre su apuesta fundamental: que el movimiento indígena y la sociedad civil, a nivel nacional, se movilicen para exigir tanto al Ejecutivo como a la COCOPA, que respeten los compromisos asumidos ante la ciudadanía; el primero, cumpliendo los acuerdos que firmó hace casi un año y la segunda, presentando y defendiendo ante el Congreso su propuesta de ley, para que sea debatida en un ámbito plural y representativo de todos los sectores políticos del país.

Es necesario señalar, sin embargo, que la capacidad de convocatoria del EZLN a la sociedad civil no es la misma que en enero de 1994 frenó la guerra. Y que el movimiento indígena es hoy, más que una realidad consolidada, una potencialidad a fortalecer, sobre todo en la medida que logre unificarse y hacer frente a la estrategia gubernamental que busca dividirlo y atomizarlo.

El futuro de la COCOPA es aún más incierto. Al momento del cierre de este Informe, parece que se encuentra ante dos alternativas: cumplir lo que había anunciado en el sentido de presentar su proyecto ante el Congreso -aun con la oposición del Ejecutivo- o perder la oportunidad de, con ese acto, afirmar su independencia como Poder Legislativo en un verdadero sistema democrático. Varias voces ciudadanas, incluída la CONAI, han exhortado a la COCOPA a llevar adelante su iniciativa, para impedir el fracaso del Diálogo de San Andrés, y sentar un precedente histórico para el proceso de democratización en México.

En el primer caso, más allá del destino que tuviera el proyecto en la escena parlamentaria, la COCOPA obtendría una victoria moral por haber sido coherente con la palabra empeñada. En tal caso sería dificil, pero no imposible, lograr reformas constitucionales que puedan servir a los Pueblos Indígenas que puedan servir como un paso adelante en el tortuado proceso de paz. En el segundo, perdería el considerable capital político acumulado en los últimos meses, y podría llegar a disolverse por completo. Eso sería un golpe fuerte contra el proceso de paz.

Queda por ver que camino escogerá, o si descubre una tercera alternativa no prevista.

Para la Secretaría de Gobernación, es ésta la hora de la verdad. A pesar de la campaña lanzada en los medios masivos de comunicación para oponer su aparente voluntad negociadora a la intransigencia del EZLN, es indudable que tiene una responsabilidad directa por el estancamiento de las negociaciones, al haber rechazado la propuesta de la COCOPA para implementar los acuerdos que firmó en febrero.

En vísperas del año nuevo, en la firma del Acuerdo de Paz en Guatemala, el Presidente Zedillo habló sobre el «triunfo de la política sobre la violencia, del diálogo sobre la intransigencia y de la racionalidad sobre la sinrazón». Exhortó a «transformar los recursos del enfrentamiento en recursos para el bienestar; las divergencias irreconciliables en la pluralidad de la democracia, pluralidad para alcanzar fines comunes: justicia, libertad, legalidad, seguridad y paz».

Sería deseable que se aplicaran estos mismos criterios y valores en su propio país.