ACTUALIDAD: Primer año de Enrique Peña Nieto, percepciones contradictorias sobre el “Mexican Momentum”
21/02/2014
ARTÍCULO: Congreso Pastoral de la Madre Tierra
21/02/2014
Tyempä Cha’an Ysacla’tiel Melelä (Ch’ol)
Tsomblej yu’un melelil xchi´uk lekil chapanel (Tsotsil)
Tzoblej ye´un xcholel chápanel sol´ jmelelil (Tseltal)
El 6 y 7 de diciembre de 2013, se juzgó al Estado mexicano en la comunidad de Susuclumil, municipio de Tila, Chiapas, por crímenes de lesa humanidad durante la llamada «guerra sucia» puesta en marcha tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994, del que se cumplieron ya 20 años.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una forma que tienen los pueblos de denunciar y visibilizar las graves violaciones de derechos humanos aún impunes cometidas por un Estado, al haber agotado los mecanismos legales para alcanzar la justicia. Su fundador, Lelio Basso, en calidad de abogado comprometido con la justicia, tomó la iniciativa de llevar a cabo diversas acciones a favor de los pueblos oprimidos con la constitución del TPP, creado precisamente porque el derecho y la justicia, en muchas circunstancias, no podían ser confiados al Estado y sus órganos. En octubre de 2011, fue admitido el Capítulo México del TPP, cuyo término será en 2014. En el estado chiapaneco se han sucedido 4 Preaudiencias, con las temáticas de «feminicidio y violencia de género en Chiapas»; sobre el caso de la masacre de Acteal; sobre la violencia contra los migrantes; y por último, «Guerra sucia como impunidad, violencia y falta de acceso a la justicia», que se llevó a cabo en dicha comunidad de Susuclumil, escenario vivo de injusticias, muerte y persecución.
Ahí se encontraron jurados, testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de las comunidades de la zona Norte del estado; comunidades de Chenalhó, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; y de la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo.
Estrategia contrainsurgente contemplada en el Plan de Campaña Chiapas 94
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En Susuclumil, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) explicó que desde el levantamiento zapatista, el gobierno ha intentado aniquilar al EZLN de tres formas. Primero militarmente, incluso con bombardeos aéreos sobre las posiciones rebeldes; después con grupos paramilitares, a través de estructuras campesinas que hacían de brazo armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder en aquellos años; y, por último, en la etapa más reciente, con dinero público gracias a una inyección de fondos sin precedentes al estado, tanto en infraestructuras como con ayudas sociales, «dirigidas sobre todo allí donde el EZLN era más fuerte».
El CDHFBC expuso que archivos desclasificados de Estados Unidos «corroboran lo sostenido por víctimas y sobrevivientes sobre la creación de grupos paramilitares». En 2009, documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) salieron a la luz pública «en los que se describe el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas». Los cables secretos «confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades simpatizantes del EZLN». Describen «una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia (Humint)’ creados a mediados de 1994 con la aprobación del presidente, Carlos Salinas de Gortari, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para promover grupos armados antizapatistas».
A partir del levantamiento zapatista en 1994, se militarizó todo el estado amparándose en el Plan de Defensa Nacional que legitimó la acción de las fuerzas armadas ante un «enemigo interno que atente contra la seguridad y soberanía nacional». El Ejército jugó un papel activo en lo que se llegó a caracterizar como Guerra de Baja Intensidad bajo las siguientes características de: confundir a la opinión pública a nivel nacional e internacional (discursos de paz, trabajo social del Ejército, limitación de los enfrentamientos de ejército a ejército, rumores, usos de los medios masivos de comunicación, limitación de las posibilidades de observación internacional, etc.); mantener un cordón militar y paramilitar de las comunidades disidentes; atemorizar a la población civil, posibles bases de apoyo del EZLN a través de acciones selectivas; y, por último, dividir y polarizar a nivel comunitario, o a través de acciones de represión e intimidaciones en contra de las organizaciones sociales o vía la cooptación y entrega de proyectos gubernamentales a grupos aliados del poder.
En Chiapas, la militarización sigue siendo alta hasta la fecha. La organización Amnistía internacional sostuvo que 35 mil soldados están afectados a nivel nacional a la lucha contra el crimen organizado. En abril de 2011, el comandante de la séptima Región Militar en la entidad concluyó que había 14.000 efectivos militares desplegados en Chiapas, y que llegaron a ser 40.000 en los años ’90.
Zona Norte: la aceptación del horror cotidiano
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Geopolíticamente, la zona Norte fue considerada lugar estratégico que comunicaba la zona de influencia zapatista con el movimiento de resistencia de los chontales en el bastión perredista en el estado de Tabasco. Esto explicó la creciente militarización de la región, buscando detener el avance del zapatismo, así como la impunidad con que nació y actuó el grupo de corte paramilitar priísta llamado Desarrollo, Paz y Justicia.
La violencia fue en aumento paralelamente a la campaña electoral de 1995 para ayuntamientos y Congreso local, con el fin de intimidar y desalentar a la oposición. En las elecciones, la oposición se abstuvo masivamente, debido a dicha violencia y la orden de no votar que dio el EZLN. Ello dio el triunfo al PRI, y resultó electo diputado local Samuel Sánchez Sánchez, maestro ch’ol de Tila y fundador de Paz y Justicia. El ayuntamiento de Tila también quedó integrado con líderes de la organización, como Marcos Albino Torres.
Los y las indígenas, durante la preaudiencia del TPP, denunciaron la implicación gubernamental en la guerra sucia. Un hombre acusó que «en marzo de 1995 se constituyó (por el presidente municipal) Paz y Justicia. Se hizo esta organización porque los priístas no estaban de acuerdo con nosotros: nosotros queríamos un cambio, que no haya injusticia, que haya igualdad, pero el gobierno nunca nos escucha. Esa es la culpa por la cual nosotros fuimos desplazados».
Las voces de los desplazados señalan que los operadores gubernamentales «tenían bien planeado nuestro desplazamiento. En agosto de 1995, en reunión con ejidatarios, se tomó el acuerdo. Los que no eran Paz y Justicia se tendrían que ir, para rendir las tierras». Los métodos de contrainsurgencia incluyen quema de casas y robo de ganado: «Toda la pertenencia quedó y vimos cómo nos estaban quemando la casa. Para salvar la vida nos tuvimos que desplazar. Las pertenencias, la cosecha, todo se perdió». Las consecuencias del desplazamiento, refieren, van más allá de tener que abandonar el hogar temporal o definitivamente: «No teníamos libertad de tránsito. Vivíamos con miedo. Había Paz y Justicia, federales, seguridad pública. Los de Paz y Justicia tomaron la escuela primaria. Ahí estuvieron cuatro meses, acompañados del ejército federal y la policía. No los llevaron a la cárcel. Al contrario, los protegió la policía».
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Asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones se multiplicaron. En el TPP, un indígena ch’ol explicó el caso de su padre, al que en 1996 le dispararon 13 veces, nueve entre la cabeza y la nuca. Una estudiante recordó la desaparición forzada de su padre. Se dirigió a su comunidad en una camioneta y cuando llegaron a la curva de Miguel Alemán, les dijeron que no podían pasar porque había muchos paramilitares. Argumentó que no le harían nada. Ahí estaban Diego Vázquez y Nicolás Gómez, dirigentes de Paz y Justicia. «Ese día se desapareció. Hasta ahora no sabemos su paradero», indicó. Un hombre denunció la desaparición de su sobrino: «En 1995 hicimos la demanda, cuando desapareció. La mandamos al MP (Ministerio Público), pero no hizo caso».
Otro hombre contó como su hermana fue violada por decenas de hombres durante horas, hasta que su cuerpo fue arrojado por un barranco cuando sólo tenía 18 años. Con frecuencia, las mujeres son las más expuestas, al ser las que se quedan en las comunidades con los niños y los ancianos cuando los hombres huyen al monte. Las amenazas de orden sexual son sistemáticas. Una mujer expresó que no olvidó la muerte de su esposo. Fue emboscado en su milpa en 1996. Ella sigue resistiendo a los partidos políticos, y su derecho a la tierra es violado, pues su solar está invadido por los familiares de su esposo muerto, «ex-paramilitares». Como es mujer, las autoridades no la toman en cuenta, explicó.
En el contexto de guerra contrainsurgente, los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia, con el apoyo y complicidad del gobierno priísta, perpetraron en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, compuestos mayoritariamente por indígenas ch’ol, 85 ejecuciones extrajudiciales, 37 desapariciones forzadas, y el desplazamiento de más de 3.500 personas entre 1995 y 2000. Los y las denunciantes, durante el TPP, pidieron conservar el anonimato porque, aún hoy, viven en medio de la militarización y la paramilitarización, la guerra sucia y la contrainsurgencia cotidiana. Un hombre ch’ol recuerda que los paramilitares alcanzaron a su hijo y le dieron un disparo en febrero de 1998. Los perpetradores eran líderes de Paz y Justicia. «Quiero que se castigue con cárcel a los culpables. No hay reparación de daño, mi hijo no es negocio», argumentó el testigo.
En octubre de 2000 fueron detenidos once integrantes de Paz y Justicia, los principales dirigentes (Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres) y otros nueve indígenas ch’ol, fueron liberados en menos de cinco meses, por «falta de evidencias». En 2002, detuvieron a Diego Vázquez Pérez, otro de los principales líderes, y 27 integrantes más, entre ellos el ex regidor priísta del municipio de Tila, y el ex alcalde priísta de Tila. Estas tres personas son los únicos líderes encarcelados hasta el momento.
Masacre de Acteal: crónica de una muerte anunciada
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En 1997 la violencia estuvo escalando en el municipio de Chenalhó, culminando con la masacre de Acteal. Los sobrevivientes recuerdan que el 22 de diciembre de ese año, un grupo de paramilitares, alrededor de 90 personas, aparecieron vestidos de negro, muchos cargando armas de alto poder de uso exclusivo del ejército. La masacre duró más de 5 horas. 45 indígenas tsotsiles (18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) murieron y 26 resultaron heridos, en su mayoría menores de edad. Varios de ellos resultaron con lesiones permanentes. Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmadas, realizando una jornada de ayuno y oración por la paz en la región. Un puesto de la Seguridad Pública se encontraba a 200 metros.
La lucha en el municipio se dio entre militantes priístas y «cardenistas» (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) de un lado, y los simpatizantes zapatistas del otro. Un tercer actor que fue víctima de estos enfrentamientos, pero que no se reconoce como parte de ninguno de ellos, es la organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal (las Abejas), grupo con las mismas demandas que los zapatistas, pero que no apoya la vía armada.
Durante el 97, la violencia se concentró en las comunidades alrededor de Polhó, municipio autónomo del EZLN de Chenalhó. Comenzó en mayo por una disputa sobre la explotación de un banco de grava y la cooperación para la construcción de un camino. En algunas comunidades, las autoridades priístas exigieron una cooperación para financiar armamento y para poder «defenderse» ante la fuerza creciente del zapatismo. Fueron secuestrados, golpeados y/o desplazados quienes se negaron. En total entre 1997 y 1998, hubo 81 personas asesinadas (más de 20 de ellas, priístas), 37 desaparecidas y más de 10 mil desplazadas.
Los denunciantes, durante la preaudiencia del TPP, señalaron que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, «porque fue una orden desde gobierno federal, estatal y municipal», encabezados entonces por Ernesto Zedillo, Julio César Ruiz Ferro y Jacinto Arias Cruz, respectivamente. «El presidente municipal, en 1997, convocó a sus agentes rurales, ancianos y caciques para explicar que el gobierno dijo que no puede ser vencido por los zapatistas». Las Abejas explicaron que los caciques y el presidente municipal del PRI iniciaron «la guerra sucia, aunque no tenemos armas (dijeron que) somos zapatistas. Fue una preparación de la masacre. Empezó la quema de casas, robo, cooperación para más armas. Pero no aceptamos para acabar con los compañeros. No nos unimos y, al ver que no aceptamos, empezó el desplazamiento», recordó.
Unos días después de la matanza se arrestaron a decenas de presuntos agresores de afiliación priísta y cardenista. También fue arrestado Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, acusado de ser el instigador de la masacre. Además el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro y el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, renunciaron en un clima de acusaciones por su falla por prevenir la masacre. Posteriormente, llegaron 5000 soldados más a Chiapas, de los cuales 2 mil se destinaron a Chenalhó. Se convirtió en el segundo municipio más militarizado con 8 campamentos militares.
Detuvieron a 87 personas, «pero el gobierno fue soltándolos» denunciaron las Abejas en el TPP. Hoy la búsqueda de justicia por las comunidades de Chenalhó ha topado con la excarcelación de decenas de indígenas acusados por la masacre, no por inocentes sino por violaciones al debido proceso, quedando en prisión apenas seis personas. Además al salir fueron «premiados con tierras, proyectos sociales, resarcimiento de ‘daños’, y la continuación de la guerra integral». Desde agosto del año pasado, las Abejas han denunciado que a raíz de las excarcelaciones «los paramilitares de Chenalhó ya están reactivados, disparando sus armas y están causando desplazamientos como en el año de 1997». Aún hoy, se siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento forzado en Chenalhó. Desde agosto de 2013, 98 personas de 17 familias católicas y bautistas del ejido Colonia Puebla se trasladaron a Acteal, en donde permanecen desplazadas/os.
Viejo Velasco: un caso más de impunidad
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El 13 de noviembre de 2006, se llevó a cabo la masacre en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la Selva Lacandona, de la que resultaron siete personas muertas, dos desaparecidas y 36 desplazadas, que hasta la fecha continúan fuera de la comunidad. Ocurrió a partir del operativo realizado por parte de la policía estatal de Chiapas, con la colaboración de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y habitantes de la comunidad Nueva Palestina. Viejo Velasco se encuentra a la orilla de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, lugar de alta biodiversidad y de explotación de turismo cultural, dado que se encuentra entre las zonas arqueológicas de Palenque y Yaxchilán, por lo tanto de intereses de inversión.
Los hechos siguen en la impunidad. En 2007 una comisión civil hizo un recorrido y encontraron dos osamentas. Dieron aviso para el levantamiento. En 2008 acudió un equipo argentino de antropología forense y dictaminó que el levantamiento fue deficiente. El Estado entregó otras osamentas, lo cual fue denunciado. Luego entregaron los restos en cajas de computadoras, para que recibieran sepultura. A consecuencia de los hechos, fueron detenidas varias personas y continúan sin ejercerse algunas órdenes de aprehensión.
La organización Maderas del Pueblo del Sureste, a 7 años de la masacre, hizo público un comunicado que señala «que este sangriento evento se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de las comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre más de cuarenta poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país».
Dictamen popular al Estado mexicano
Los jueces nombrados para la Preaudiencia Guerra sucia como impunidad, violencia y falta de acceso a la justicia, conformada por personalidades de autoridad moral, dictaminaron que, después de haber escuchado «el dolor, el miedo, la injusticia del despojo vivido y sufrido por las víctimas sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, despojo de los bienes y territorio a consecuencia de las acciones ejercidas por el gobierno mexicano […] El Estado mexicano es culpable en los tres niveles de gobierno, desde los cuerpos de seguridad pública estatales, municipales y el ejército mexicano, quienes dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es decir al grupo denominado «Desarrollo, Paz y Justicia»». Y añadieron: «De las pruebas y elementos que acreditan las anteriores violaciones a derechos humanos, se desprende la configuración de crímenes de lesa humanidad como lo es la política genocida perpetrada contra los pueblos originarios choles, tzotziles y tzeltales, acciones que continúan hasta el día de la celebración de la preaudiencia».