2012
07/02/2013
ENFOQUE: Ejido de Tila, un ejemplo de lucha por la tierra y el territorio
24/02/2013
Como estaba previsto, entre octubre y diciembre –aunque con algunas dificultades y tensiones-, en Chiapas tomaron posesión del cargo el nuevo gobernador, los alcaldes municipales y parte del Congreso, coincidiendo con el cambio en la presidencia de la República.
De manera más sorpresiva, el 21 de diciembre (día simbólicamente clave en el marco del cambio de Baktún -o el inicio de la nueva era maya-), decenas de miles de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon en 5 ciudades del estado. Se reportaron contingentes de 5 a 15 mil bases marchando en cada lugar. El comunicado posterior de la Comandancia General zapatista hizo referencia al silencio riguroso que se mantuvo en la jornada, con las palabras: «¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo».
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El regreso del PRI a la presidencia
El pasado primero de diciembre, el -en su momento- candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto tomó posesión de su cargo como presidente de la República. En la jornada se realizaron múltiples protestas, que en la Ciudad de México se cerraron luego de siete horas de disturbios, con un saldo de 105 heridos (de los cuales 29 requirieron atención hospitalaria), y decenas de detenidos. Por su parte, el candidato presidencial de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer al nuevo presidente y optó por construir un nuevo partido sobre la base social del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), (muy activo en todo el proceso electoral). Desde otra lógica, y apenas un día después de la toma de posesión, fue dado a conocer el «Pacto por México» firmado por las principales cúpulas partidistas y que define grandes líneas estratégicas a seguir. La iniciativa ha sido cuestionada por no haber contado con participación social y podría verse como un regreso a las viejas formas de hacer política del PRI.
En sus primeros actos de gobierno (lo que fue calificado como un intento de ganar legitimidad), el nuevo presidente decidió desistir de la controversia que interpuso el ex presidente Felipe Calderón contra la Ley General de Víctimas, congelando por este medio su posible publicación. La misma entró en vigor en febrero.
De manera más amplia, gran parte del inicio de este nuevo sexenio se centra en una amplia reforma estructural de la administración pública: en enero, la Secretaría de Seguridad Pública dejó de existir, siendo asumidas sus competencias por la Secretaría de Gobernación. Esta centralización puede implicar tanto una ventaja en el sentido de la seguridad nacional desde el entendimiento de los aparatos de Estado, como un riesgo en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional recordó que: «Durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, la SSP adoptó un rol protagónico en la estrategia de combate al crimen organizado, estrategia que ha dejado alrededor de 60,000 personas asesinadas y miles de personas desaparecidas. El uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad durante este periodo». Peña Nieto ha propuesto la creación de una «gendarmería nacional», que sería una especie de policía militarizada, lo que no acabaría de marcar un cambio sustancial, dado que la lucha contra la delincuencia organizada en el sexenio pasado ha desdibujado la línea que constitucionalmente separa a las fuerzas policiales y militares. También se pretende crear el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una especie de CIA mexicana que recopilaría la información que generen todas las instancias de seguridad y procuración de justicia. Mientras tanto, siguen sin bajar las cifras vinculadas a la narco violencia y su combate: según la propia Secretaría de Gobernación, se reportaron 2.243 asesinatos en los primeros dos meses del sexenio.
Toma de posesión de Manuel Velasco Coello como gobernador
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El 8 de diciembre, Manuel Velasco Coello rindió protesta como gobernador de Chiapas. Había ganado las elecciones en julio pasado con un amplio margen, representando a la coalición de los partidos Verde (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANAL). Anunció que presentará un plan estatal de austeridad reduciendo sueldos y gastos de funcionarios de primer nivel, incluido el suyo.
Al tomar posesión también anunció que establecerá un gobierno de coalición ciudadana, plural e incluyente aunque a la fecha ha realizado pocos nombramientos y sigue funcionando con gran parte del equipo del gobernador saliente. A mediados de diciembre, no obstante, organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado acerca del nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Secretario de Seguridad Pública en Chiapas. Lo señalaron como «perpetrador en hechos de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, arraigo, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos».
Luces sobre las sombras del gobierno de Sabines
Al comparecer ante el Congreso del estado poco antes de que Juan Sabines Guerrero dejara su cargo como gobernador de la entidad, su secretario de gobierno, Noé Castañón aseveró «Entre los legados que quedan para Chiapas y los chiapanecos, el de mayor significación y trascendencia para el gobierno que termina y para el que comienza, es dejar y recibir, respectivamente, un estado de paz, con seguridad y armonía». Probablemente pocos chiapanecos compartirán esta percepción unos meses después de que se consumiera la transición ante las deudas y el desorden en el que se quedó la administración pública. En varias ciudades se han realizado marchas multitudinarias para exigir cuentas y justicia, así como contra el cobro de la tenencia vehicular que se implementó para hacer frente a la crisis financiera en la que se encuentra el estado. Según versiones estatales la deuda de Chiapas ascendería a más de 20 mil millones de pesos; sin embargo varias fuentes periodísticas afirman que podría alcanzar unos 40 mil millones. Las mismas afirman que estos recursos se desviaron por conducto de empresas fantasmas. Paralelamente, 70 de los 122 municipios chiapanecos se han declarado en quiebra y varios ex alcaldes se encuentran presos, prófugos o bajo investigación. En cuanto al ex gobernador, muy convenientemente en mayo de 2011, el Congreso local realizó unas reformas que impiden que sea llamado a cuentas en cualquier investigación administrativa o penal que se relacione con su desempeño como gobernador.
También, se empezaron a destapar varios otros cuestionamientos no sólo sobre el manejo de las finanzas públicas sino también sobre otros aspectos de su administración. La diputada Alejandra Soriano Ruiz (PRD) ha denunciado por ejemplo la persecución contra -por lo menos- 200 dirigentes sociales y campesinos, militantes de partidos opositores, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En otro rubro, en noviembre, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG) presentó el informe «Abismo entre la palabra promulgada y la acción ejercida: la gestión migratoria del gobierno de Juan Sabines Guerrero», un título que enfatiza el desfase entre los discursos oficiales y lo que realmente pasó en el sexenio anterior.
Reposicionamiento del EZLN y primeras reacciones gubernamentales
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La marcha masiva del EZLN en diciembre logró «crear» una nueva «coyuntura» (cf. Comunicado zapatista en febrero). Incluso desde un día antes, en medio de fuertes rumores de una posible movilización, el gobierno estatal había liberado a 4 presos, 2 de ellos base de apoyo zapatistas, para «contribuir a la distensión» y el fortalecimiento de clima «de tolerancia y paz» en el estado. En este marco, el gobierno estatal también planteó «la conveniencia de un mecanismo mínimo» de comunicación con las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, que permita la prevención y resolución de cualquier conflicto.
Posteriormente, en diferentes ocasiones, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de Chiapas se manifestaron con motivo de la movilización zapatista. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong declaró: «todavía no nos conocen; que no se adelanten, pues hay muchos compromisos con los pueblos indígenas de parte del presidente Enrique Peña Nieto».
El 30 de diciembre, el EZLN dio a conocer un comunicado y dos cartas. En dichos documentos, criticó fuertemente a los distintos partidos políticos, al Gobierno federal (tanto al anterior como al actual), a los gobiernos estatales y municipales. Afirmó que todos han fracasado en su intento por debilitar la resistencia indígena.
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El 1° de enero, el gobernador Manuel Velasco hizo un llamado para que se cumplan los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena firmados por el EZLN y el gobierno federal en 1996. Anunció una serie de acciones respecto a conflictos concretos, o sobre la demanda de liberación de Alberto Patishtán Gómez y de Francisco Santiz López. Tomó posición frente a dos temas sensibles en la conflictividad comunitaria. Por un lado afirmó: «Respetaremos las posesiones de tierras zapatistas que hoy tienen uso y beneficio social». Por el otro, aseguró que «todo programa estatal de desarrollo en comunidades con presencia zapatista, será cuidadoso en su proposición e implementación. No es nuestro objetivo la división de las comunidades». Si bien abordó puntos neurálgicos, la resolución de varios de ellos está fuera de sus manos y dependen de decisiones de carácter federal. Ciertamente, el 25 de enero fue liberado Francisco Sántiz López, base de apoyo zapatista, preso desde diciembre del 2011.
En enero, después de publicar una «carta gráfica» dirigida a «los críticos chafas», se dieron a conocer una serie de post data en las que el Subcomandante Marcos indicó que para muchos el EZLN no existe, si no aparece él. Después de ello, empezaron a salir una serie de comunicados firmados por él y en febrero por el Subcomandante Moisés. Cabe mencionar que los primeros fueron emitidos poco antes de que Enrique Peña Nieto llegara a Chiapas para presentar la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas. Llamativamente no es uno de los municipios más pobres del país, pero sí uno considerado como bastión zapatista. Un día después el Subcomandante Marcos publicó una carta gráfica en la cual parodió la visita de Peña Nieto.
Aunque no mencionó directamente al EZLN, por lo menos otra decisión del gobierno federal ha sido cuestionado por sus rasgos posiblemente contrainsurgentes: en enero, el secretario de Gobernación anunció la decisión de transformar la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Planteó que con ello se busca saldar la deuda social con los pueblos indígenas. No obstante desplaza al EZLN como actor céntrico.
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Si bien los comunicados que siguen saliendo han reflejado que el EZLN tiene definidas varias acciones (sobre lo que van a hacer y con quienes) no acaba de revelar la totalidad de lo que planea en el momento de la publicación de este boletín.
Por otro lado, múltiples plantones, marchas, peregrinaciones, encuentros o comunicados fueron realizados por distintas organizaciones civiles y sociales en varias partes del estado en los meses recientes. En enero, el Pueblo Creyente, proceso organizativo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizó una peregrinación en dicha ciudad. La peregrinación de unas 10 mil personas mostró su preocupación por «el arranque de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, [pues] con esta acción queda definida la estrategia del gobierno federal de no atender las necesidades estructurales del pueblo». Igualmente denunciaron «las concesiones de explotación minera que el gobierno federal ha otorgado, especialmente a empresas extranjeras, pasando por encima del derecho fundamental de los pueblos», entre otras demandas y exigencias.
En enero, la organización Sociedad Civil Las Abejas cuestionó el hecho que la Cruzada Nacional contra el Hambre sólo era parte de un «cuadro muy bonito»: «(E)l que vive de las limosnas del gobierno es un esclavo. Tenemos claro de que no nos van a beneficiar sus proyectos: nada más cambian las leyes para que los pueblos originarios queden ignorados.» Otro de los puntos que ubicó como parte del «cuadro bonito» ya mencionado es el nuevo interés expresado por autoridades hacia los acuerdos de San Andrés. Pone en tela de juicio que eso se vaya a concretar.
Guerrero: surgimiento de procesos de autodefensa ante auge de la violencia
Ante la ineficacia de las autoridades para frenar los homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones sexuales o robos, surgieron en Guerrero procesos de autodefensa que generaron fuerte cobertura mediática nacional e intentos de iniciativas similares en otras partes. El 6 de enero, cuatro municipios de la Costa Chica decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia organizada. Fueron instalados retenes y resultaron detenidas 54 personas por supuestos delitos relacionados con el crimen organizado. El 31 de enero, en Ayutla de los Libres, también se llevó a cabo la primera sesión de un «tribunal popular» en el que fueron presentados los acusados.
Ante los hechos, a inicios de febrero el gobernador Ángel Aguirre Rivero instaló la Comisión para la Armonía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, en particular para analizar «la entrega de los detenidos […] que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas». Organismos defensores de derechos humanos alertaron que con el surgimiento de los grupos de autodefensa así como con la creación de esta Comisión -que, según ellos, carece de legitimidad- se está propiciando mayor militarización de las comunidades indígenas.
El proceso de autodefensa de los pueblos en la Costa Chica está siendo liderado por la Unión de Pueblos y Organismos del Estado de Guerrero (UPOEG). La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), que funciona desde hace 17 años y tiene presencia en la misma zona y en varias otras del estado, se ha deslindado del proceso de autodefensa reiteradamente. También rechazó el decreto estatal con el que se pretende regular e institucionalizar a las policías comunitarias. Las diferencias entre ambos procesos pusieron en peligro el sistema de justicia comunitaria en su conjunto, aunque al cierre de este informe, se estaban buscando formas de acuerdos entre ambos. Que lo logren o no, el momento es delicado: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que los grupos de autodefensa en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en México, afectan la gobernabilidad y son un problema de seguridad nacional.
Mientras tanto, la violencia sigue azotando varias regiones del estado. En noviembre, Juventina Villa Mojica, dirigente de Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) denunció el asesinato de dos de sus sobrinos. Apenas dos semanas después, ella y su hijo de 10 años fueron ejecutados en una emboscada a pesar de que eran resguardados por al menos 25 policías que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año pasado. 45 familias de su comunidad de origen, La Laguna, huyeron a Puerto de las Ollas.
Por otro lado, las agresiones a defensores e intentos de desprestigio a su labor no han disminuido. En febrero por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Guerrero, que investiga las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la Guerra Sucia en los 60 y 70, denunció la vigilancia y amenazas de muerte en contra de uno de sus investigadores y el hijo de un detenido-desaparecido.
Oaxaca: proyectos extractivos y energéticos detrás del aumento de la conflictividad comunitaria
La tensión ha sido particularmente álgida en algunas comunidades en el Istmo de Tehuantepec, en las que se da una lucha en contra del proyecto eólico promovido por la empresa Mareña Renovables. El 29 de diciembre, en San Dionisio del Mar se enfrentaron opositores y personas a favor de la construcción del parque eólico, a raíz de la realización de una asamblea, a la cual se impidió el acceso al grupo opositor. El saldo del enfrentamiento fue de 12 heridos. Posteriormente se dieron dos intentos de convocar a una asamblea que avale el proyecto eólico sin éxito a la fecha. Varias organizaciones civiles y sociales han condenado «los actos intimidatorios y la campaña de linchamiento promovida por la empresa Mareña Renovables», varios funcionarios y medios en contra de los opositores.
En otra de las luchas emblemáticas por tierra y territorios en el estado, en noviembre, una misión de observación llegó a San José del Progreso con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes se han opuesto a las actividades de la empresa minera Cuzcatlán (filial de la canadiense Fortuna Silver Mines). Declaró haber constatado la violación sistemática de derechos humanos en la región, un clima de inseguridad, temor y fuerte división derivado de la operación de la minera. Afirmó que el proyecto fue impuesto toda vez que no se consultó a la población, y denunció el hostigamiento a los opositores del mismo, así como la existencia de una fuerte relación entre la compañía minera y las autoridades municipales.
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De manera más amplia, Oaxaca cuenta con los mayores índices de violaciones a los derechos humanos contra defensores en todo el país. Según Servicios para una Educación Alternativa (Educa) de enero a noviembre de 2012, se registraron 120 actos de violencia en su contra. En los últimos meses también se ha buscado dar mayor visibilidad a la situación de las defensoras. En diciembre, por ejemplo, varias organizaciones presentaron el Informe «Violencia e Impunidad Contra las Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca». Documenta 48 agresiones contra 30 defensoras en el estado en 2012. «La intimidación y hostigamiento se vuelven agresiones cotidianas, mientras que los allanamientos, amenazas de muerte, lesiones, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y difamación se vuelven más comunes», declararon las organizaciones en conferencia de prensa.
