Actividades de SIPAZ (De mediados de noviembre a mediados de febrero de 2011)
28/02/2011
ENFOQUE: Represas en el Sureste de México – Defender el agua es defender la vida
29/04/2011
La violencia que ha sacudido México en los últimos años, lejos de dejar de ser noticia, sigue siendo el tema de mayor preocupación nacional. Por un lado, continúa el debate de la clase política sobre cómo enfrentarla; por el otro, se dan hechos que asombran a una sociedad que por momentos pareciera haberse acostumbrado y resignado ante la violencia que aumentó a raíz de la llamada «guerra contra el narcotráfico», iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2007. Tal es el caso de una narcofosa encontrada a principios de abril en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron halladas 177 víctimas del narcotráfico, en su mayoría migrantes.
La indignación por la actuación u omisión de las autoridades en estos casos pocas veces se dirige a los cárteles de la droga, ya que cualquiera que la exprese se pondría en un estado de mayor vulnerabilidad y riesgo de ser la próxima víctima. Javier Sicilia, escritor y periodista reconocido a nivel nacional, desafió esta situación cuando escribió una «Carta abierta a políticos y criminales», después del asesinato de su hijo en Cuernavaca, Morelos. Resumida por los medios en «estamos hasta la madre de ustedes», cuestionó a los políticos su falta de capacidad para «crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida (…) porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo» y porque la mayoría de la clase política «sólo tiene (…) imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno». A los criminales les cuestionó su violencia y su falta de honor, pues «ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido.» En la misma carta, Sicilia convocó a una marcha que se realizó el 6 de abril en diferentes ciudades del país, con una participación de decenas de miles de personas.
El 12 de abril, un comunicado del Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aludió a estas manifestaciones: «el dolor y la rabia de Javier Sicilia (lejano a la distancia pero cercano en ideales desde antaño) se hacen eco que reverbera en nuestras montañas. Es de esperar y de esperanza que su legendaria tenacidad, así como ahora convoca nuestra palabra y acción, alcance a agrupar las rabias y dolores que se multiplican en suelos mexicanos». A finales de abril, el EZLN convocó a sus bases, a la Otra Campaña y al Congreso Nacional Indígena, a sumarse a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad que se llevó a cabo a inicios de mayo, o también llamada Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.
Derechos Humanos: cuestionamientos y pendientes
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentó un informe preliminar tras concluir su visita a México en marzo. Recomendó el retiro de las Fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública. Reconoció que las desapariciones en el país han sucedido en el pasado «y continúan ocurriendo en la actualidad». Organizaciones de derechos humanos sostienen que este delito ha aumentado desde que las Fuerzas Armadas empezaron a participar en labores de seguridad pública y reportan 3000 quejas.
Por otro lado, se multiplicaron cuestionamientos de plataformas internacionales que señalan el deterioro del contexto para los defensores de derechos humanos en México. 23 organizaciones de 11 países reunidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington denunciaron más de 2000 violaciones contra defensores en las Américas. Describieron una situación alarmante y detallaron que los países con más denuncias son Colombia, México y Guatemala, en ese orden. En el Parlamento Europeo en Bruselas, defensores de Derechos Humanos mexicanos denunciaron que «el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos, pero que en la realidad diaria de su trabajo la percepción no es así y por el contrario se vive en una situación continua de riesgo». Se pronunciaron sobre la necesidad de contar con un mecanismo de protección para defensores y periodistas, con participación de la sociedad civil en su diseño. Es un pendiente en el que no se ha logrado avanzar a pesar de la preocupación públicamente compartida por Gobernación al respecto. Finalmente, a principios de abril, el reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos también presentó un balance bastante negativo en el caso de México.
Chiapas: denuncias y movilizaciones
Viendo el panorama nacional, preocupa el anuncio de un nuevo proceso de militarización en la frontera de Chiapas con Guatemala. Hace pocas semanas, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) recomendó al gobierno mexicano la militarización de la frontera sur de un modo similar al de la frontera norte. En este marco y de manera inusual, el comandante de la séptima Región Militar en la entidad, Salvador Cienfuegos Zepeda, informó que actualmente se encuentran 14.000 efectivos en el estado, y que tras el levantamiento del EZLN, habrían llegado a 40.000. Agregó que las amenazas en la frontera se derivan de bandas del crimen organizado y negó la existencia de grupos de civiles armados, o que al menos éstos sean peligrosos.
El inicio del año ha sido marcado por varios comunicados del EZLN, tras un silencio mantenido desde finales de 2008. En su comunicado del 12 de abril, el Subcomandante Marcos realizó una fuerte crítica al gobierno estatal de Juan Sabines, que «persigue y reprime a los que no se unen al falso coro de loas a sus mentiras hechas gobierno, a quien persigue a los defensores de los derechos humanos en la Costa y Altos de Chiapas, y a los indígenas de San Sebastián Bachajón que se niegan a prostituir su tierra, a quien alienta la acción de grupos paramilitares en contra de las comunidades indígenas zapatistas».
En un mismo sentido, a finales de marzo, en el marco de su Asamblea Nacional realizada en San Cristóbal de Las Casas, la Red Nacional «Todos los Derechos para Todas y Todos» se pronunció sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el Sureste mexicano denunciando que «la violencia generalizada en el país y la profundización de la impunidad agudizan el contexto de represión, pobreza, criminalización, migración, despojo territorial y ataques a quienes promueven, defienden y ejercen todos los derechos para todas y todos».
© lavozdelanahuac
Que sea parte o no de una estrategia de hostigamiento en contra de «La Otra Campaña», iniciativa convocada por el EZLN en 2005, han llamado la atención los hostigamientos en contra de las organizaciones de la Costa, igualmente adherentes, en las semanas recientes. En dos ocasiones en menos de un mes, el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (Tonalá), Nataniel Hernández, fue detenido. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) manifestó «su preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores de derechos humanos, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos». Nataniel Hernández salió «bajo reservas» en el primer caso, y bajo fianza en el segundo, con un proceso que por tanto sigue abierto.
En el caso de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, el CDHFBLC publicó un informe especial «Gobierno crea y administra conflictos por el control territorial en Chiapas» sobre el enfrentamiento por el control de la caseta a la entrada de las cascadas de Agua Azul, ocurrido el pasado 2 de febrero. Denunció la estrategia del gobierno estatal de generar confrontación para tener control territorial de zonas ricas en recursos naturales. Los ejidatarios de Bachajón sostienen de igual modo que «fue financiado por los tres niveles de gobierno, elaborando un convenio con las autoridades del municipio de Tumbalá y los oficialistas de San Sebastián Bachajón para entregar al gobierno el centro ecoturístico». El 8 de abril, los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña retomaron pacíficamente la caseta. Al día siguiente, un operativo de alrededor de 800 agentes federales y estatales volvió a recuperarla. Los ejidatarios optaron por retirarse, subrayando que no lo hicieron en forma voluntaria, como sostiene la versión oficial, sino para protegerse de la agresión. También han circulado amenazas de los grupos oficialistas del ejido en contra de los defensores de derechos humanos y de las personas, en particular internacionales, que acudan de manera solidaria.
De manera general, los principales «focos rojos» y banderas de lucha en el estado siguieron girando alrededor de problemáticas vinculadas al tema «tierra y territorio». El Foro Regional en Defensa de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales, que se llevó a cabo en marzo en el municipio de Frontera Comalapa denunció varios tipos de proyectos como «represas hidroeléctricas, centros eco turísticos, proyectos mineros, siembra de monocultivos (piñón, palma africana, entre otros)» que causan «divisiones, confrontación, enfermedades, contaminación ambiental, enfrentamientos, amenazas, muertes, criminalización de la protesta social».
Después de visitar el estado, «Global Justice Ecology Project» publicó haber encontrado en Chiapas «proyectos de desarrollo económico que se imponen a las comunidades campesinas e indígenas sin ningún tipo de participación en la decisión de manera libre, previa e informada por parte de ellas. Entre estos proyectos se encuentra un programa del gobierno para delimitar las Áreas Naturales Protegidas». En un hecho que podría representar un antecedente, en marzo, habitantes del Nuevo Centro de Población Montes Azules, municipio de Palenque, realizaron un bloqueo de carretera para exigir el cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno estatal al reubicarse en 2005. Enlace, Capacitación y Comunicación subrayó: «Les ofrecieron un sueño, pero les dieron una pesadilla».
A finales de marzo, el presidente de la República Felipe Calderón inauguró una nueva Ciudad Rural Sustentable (CRS) en Santiago El Pinar, uno de los proyectos que el gobierno estatal ha promovido fuertemente. Aunque casi todos los medios retomaron sin cambios el boletín de prensa del gobierno del estado, cabe recordar que, desde sus principios, el proyecto de las CRS ha recibido fuertes críticas de la sociedad civil.
En cuanto a impunidad, en marzo, serias irregularidades fueron denunciadas en la investigación judicial por la muerte de tres indígenas y la desaparición forzada de cuatro más durante la incursión violenta de civiles y de 300 policías a la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en 2006. Por otro lado, fue liberado otro indígena sentenciado por el caso Acteal (lugar de la masacre en la que fueron asesinadas 45 personas en 1997). A la fecha aproximadamente 60 indígenas han sido exculpados por estos hechos, mientras otros 23 permanecen presos sentenciados a 35 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Oaxaca: algunos avances, muchos pendientes
En los principales avances en la lucha contra la impunidad, en abril, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental anunció que ya ha encontrado irregularidades financieras por 1.735 millones de pesos tan solo durante el último año del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. La encargada de dicha Secretaría afirmó «apenas estamos con el hilo de la madeja».
También en los avances, se podría mencionar la detención, en abril, de uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en octubre de 2010. No obstante, el procurador general de justicia del estado reconoció que los presuntos contratantes del implicado fueron ejecutados siete días después del atentado, por lo que no se ha adelantado más información en cuanto a los posibles autores intelectuales.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil han señalado varias limitaciones en la lucha contra la impunidad, por ejemplo el caso de la fallida «Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social», la cual hasta el momento se encuentra sin un nuevo fiscal. Solicitan a Gabino Cué, que se pueda avanzar en la creación de una Comisión de la Verdad que permita eche luz sobre los crímenes políticos del pasado.
Por otro lado, el 27 de abril, se cumplió un año del asesinato de Bety Cariño (integrante de la organización Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos – CACTUS) y de Jyri Jaakkola (observador internacional finlandés), mientras participaban en una caravana humanitaria que se dirigía hacia San Juan Copala. Si no se logró avanzar en este caso (aún con la muerte de un internacional), poco se puede esperar en los demás y múltiples asesinatos en la zona triqui.
En otro frente para el nuevo gobierno, se ha agudizado la tensión con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con señales que hicieron temer un regreso al escenario de 2006. El 15 de febrero, manifestantes que buscaban expresar su rechazo a la visita del presidente Calderón, chocaron con corporaciones policiacas. Al menos 28 personas resultaron lesionadas, entre profesores, reporteros, fotógrafos y policías. Al día siguiente, maestros de la Sección 22 bloquearon más de 37 puntos carreteros de la entidad en protesta por la represión. Realizaron varias movilizaciones más en las semanas posteriores.
Finalmente, en los temas espinosos también existen viejas problemáticas agrarias (caso de Chimalapas) y nuevos ejes de tensión por tierra y territorio. Por ejemplo se han realizado protestas en contra del proyecto de la presa hidráulica Paso de la Reina, y en la entrada de la mina de San José del Progreso que explota la compañía Cuzcatlán, de capital canadiense.
Guerrero: nuevo gobierno, viejos problemas
Al terminar su mandato, el gobernador Zeferino Torreblanca recibió fuertes críticas por la herencia sangrienta de su administración. El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero señalaron: «[el] gobierno de Zeferino Torreblanca optó por la represión como forma de gobernar (…), lo que se refleja en la existencia de más de 250 órdenes de aprehensión contra dirigentes y promotores sociales y defensores de derechos humanos». El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, aseguró que durante el sexenio de Torreblanca, Guerrero sufrió un retroceso en materia de derechos humanos. Registraron al menos 202 secuestros, más de 5000 homicidios, entre ellos 11 contra periodistas y 447 contra mujeres, así como 170 desaparecidos. Durante la última semana del gobierno de Torreblanca, las instalaciones del periódico El Sur de Acapulco también fueron cerradas por amenazas de muerte hacia sus empleados. El director del diario responsabilizó al gobernador por las mismas.
El primero de abril tomó posesión el nuevo gobernador, Ángel Aguirre Rivero, candidato por la alianza de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Partido del Trabajo (PT), denominada «Guerrero nos Une». A pocos días de iniciar su mandato, Aguirre Rivero se reunió con los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) para conocer sus argumentos en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica cerca de Acapulco. En reunión con el CECOP, Aguirre enfatizó que respetará la decisión de los comuneros de la zona afectados por la misma. El CECOP también celebró la anulación de la asamblea del 28 de abril del 2010, en la que, en ausencia de los opositores al proyecto y en presencia de cientos de militares, fue ‘aprobada‘ la expropiación de 1.300 hectáreas para construir la presa. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatizó: «con [la reciente resolución] suman cinco juicios resueltos a favor de los comuneros y ejidatarios opositores a La Parota».
El hecho de que la represión hacia activistas se mantenga en niveles críticos en Guerrero, fue evidenciado con el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán y testigo en contra del cacique Rogaciano Alba Álvarez en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido (2001). Después de haber testificado, tanto Torres como sus familiares recibieron hostigamientos y amenazas de muerte en varias ocasiones. El 18 de abril, Javier Torres fue emboscado y asesinado por un grupo de hombres armados, presuntamente al mando del cacique mencionado. Al enterarse de lo ocurrido, dos hermanos de Torres acudieron al lugar donde también fueron disparados. Uno de ellos resultó herido gravemente. Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la vida y la integridad de los familiares de Torres Cruz y los habitantes de la comunidad La Morena, donde vivía la víctima.
En noticias más alentadoras, se les dictó auto de libertad a tres integrantes de la radio comunitaria Ñomndaa. Habían sido acusados por el delito de privación de la libertad y se les había dictado una sentencia con una pena de 3 años y 2 meses de cárcel así como una multa de mil 753 pesos. Sin embargo, según su defensa, no existía prueba de que los acusados participaran en los hechos.
Otro hecho esperanzador, en las regiones de La Montaña y la Costa Chica arrancó la campaña en Defensa del Territorio, denominada: «A corazón abierto defendamos nuestra Madre Tierra en contra de la minería». El 28 de marzo, diversas organizaciones, radios comunitarias libres y medios alternativos se reunieron para dar inicio a las actividades en contra de la explotación minera en la zona. Tan sólo de 2005 a 2010, aproximadamente 200,000 hectáreas del territorio indígena de la zona fueron entregadas por el gobierno federal a empresas mineras extranjeras, sin que tomara en cuenta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
