Conflicto social en Oaxaca: claves de lectura
La ciudad y el estado de Oaxaca se han mantenido en el centro de la agenda política de México desde el mes de junio, un hecho relativamente sorprendente siendo Oaxaca uno de los estados más rezagados a nivel económico y político. El 14 de junio, un plantón de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que ocupaba el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue violentamente reprimido, dejando un saldo de 4 muertos y 92 heridos (cifras hechas públicas por el sindicato, sin confirmación oficial). Como consecuencia de este acto, una disputa sindical que reivindicaba mejoras salariales para los maestros se convirtió rápidamente en un conflicto mucho más amplio, que implicaba ya a muy diversos sectores y movimientos de la sociedad oaxaqueña.
El rechazo a este intento de desalojo unió a numerosos movimientos disconformes en una sola reivindicación: la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Con ese fin, se instaló un masivo plantón en la ciudad de Oaxaca (ocupando calles, edificios públicos, emisoras de radio y televisión, etc.) y se creó la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que estuvo funcionando durante cinco meses a modo de un gobierno en resistencia, no permitiendo la entrada de las fuerzas de seguridad (ampliamente percibidas en Oaxaca como ejecutoras de acciones represivas poco respetuosas con los derechos humanos durante décadas) en las zonas ocupadas, legislando diversos aspectos de la vida la ciudad y ofreciendo información alternativa a la oficial en numerosas radios y a través de Internet(1).
El domingo 29 de octubre, más de 4.000 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) ocuparon el centro histórico y varias calles de la ciudad de Oaxaca, luego de romper barricadas con unas 14 tanquetas antimotines que arrojaron agua a presión. Los saldos preliminares de este día, según algunas organizaciones sociales, hablaban de 4 muertos (incluyendo un menor de edad), decenas de heridos, alrededor de 50 detenidos y por lo menos la misma cantidad de casas cateadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) reportaba, el día 10 de noviembre, más de 80 detenciones arbitrarias y 59 desaparecidos. Éste y otros organismos de derechos humanos declararon que la presencia de la PFP, lejos de garantizar la seguridad, “ha repercutido en un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en la entidad, caracterizado por violaciones a las garantías a la vida, a la integridad y seguridad personales, a la libertad de expresión y al debido proceso”.
Según la Comisión Jurídica de la APPO, hasta el día 12 de diciembre de 2006, las cifras aproximadas por flagrantes violaciones a los derechos Humanos son:
- 220 detenidos.
- 35 desaparecidos.
- 18 personas ejecutadas.
- Cifras indeterminadas por casos de tortura.
- Más de 720 órdenes de aprehensión por ejecutar.
Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentado el día 18 de diciembre el numero de detenidos y de fallecidos es aún mas alto:
“Tenemos los registros de 349 personas detenidas, 370 lesionados y 20 fallecidos, de los cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos”(2).
Las raíces del conflicto actual
Para entender la actual crisis y la masiva movilización popular en Oaxaca, hay que tener en cuenta la situación estructural de pobreza y marginación que este estado ha sufrido durante siglos. Se trata de uno de los estados más pobres de la República junto a Chiapas y Guerrero, y el que cuenta con mayor población indígena.
En esta coyuntura, el gobierno priísta (PRI – Partido de la Revolución Institucional) de Ulises Ruiz Ortiz desde su llegada al poder en 2004 ha venido provocando una creciente disconformidad en varios sectores de la población. El actual gobernador ganó las elecciones estatales de Oaxaca con un estrecho margen y bajo sospechas de fraude, y desde el comienzo, su gestión fue denunciada como autoritaria y poco respetuosa con los derechos humanos. Movimientos campesinos e indígenas fueron reprimidos violentamente(3) y el periódico local Noticias, crítico con Ulises Ruiz, sufrió el secuestro(4) de 31 de sus empleados en las mismas instalaciones del periódico durante un mes, además de recibir constantes amenazas. Otras acusaciones incluyeron el chantaje contra los presidentes municipales no priístas para que se unieran a la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia federal, Roberto Madrazo, bajo la amenaza de ser destituidos por el congreso del estado, dominado por este mismo partido.
La movilización popular
La creación de la APPO, que reúne a más de 300 organizaciones resulta de por sí sorprendente: en el pasado, a pesar de la habitual fuerza de las movilizaciones sociales en Oaxaca, las discrepancias internas solían provocar divisiones, limitando fuertemente su impacto. Paralelamente y al amparo de este proceso, movimientos populares aglutinando partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc. de más de 20 municipios oaxaqueños tomaron sus ayuntamientos, provocando la salida de presidentes municipales afines a Ulises Ruiz y reivindicándose como únicos gobiernos legítimos.
Hacia finales de octubre, la APPO y el movimiento magisterial, que controlaron la ciudad de Oaxaca durante cerca de 5 meses, habían sufrido diversas acciones represivas: aproximadamente 10 homicidios, encarcelamiento de cinco de sus líderes, hostigamiento, amenazas, etc. A su vez, voces críticas con el movimiento denunciaron excesos violentos en las acciones de gobierno que realizan la APPO y el magisterio, especialmente en el mantenimiento de la seguridad. Algunos analistas elogiaron el movimiento oaxaqueño como verdaderamente esperanzador y como señal de un nuevo despertar de la conciencia del pueblo de Oaxaca, harto de la tiranía priísta. Se llamó al movimiento “Comuna de Oaxaca”, estableciendo el paralelismo con la Comuna de París, un gobierno popular que, aglutinando a diversos movimientos revolucionarios, gobernó esta ciudad de Francia durante dos meses en 1871(5).
Por otro lado, no faltaron las críticas, centradas sobre todo en su carácter violento (negado por la APPO), en las molestias causadas a la población por el bloqueo de las vías de comunicación y en el gremialismo de las movilizaciones magisteriales, que suelen centrar en sus propios intereses. También se trató de vincular al movimiento popular con grupos guerrilleros, pero otros denuncian que fue propaganda difundida por el gobierno de Oaxaca para justificar la entrada de la fuerza pública federal (Policía Federal Preventiva o ejército).
Para conocer más de cerca las violaciones de derechos humanos que se venían produciendo, especialmente en contra del movimiento popular, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Red Nacional ‘Todos los Derechos para Todos y Todas’ convocaron a una Misión de Observación Civil. SIPAZ participó en esta misión en el mes de septiembre, constatando graves violaciones de derechos humanos (homicidios, detenciones ilegales de líderes y consiguiente fabricación de delitos contra ellos, ataques a la libertad de expresión, amenazas que crean un clima generalizado de ansiedad, etc.) que parecen responder a una táctica premeditada del gobierno del estado para desmantelar al movimiento. Una versión preliminar del informe puede consultarse en la sección sobre Oaxaca del sitio web de SIPAZ(6).
A comienzos de 2007, la APPO sufre un desgaste considerable, especialmente visible en el descenso del número de participantes en las marchas, y centra sus reivindicaciones en la liberación de personas presas sin renunciar a la destitución de Ulises Ruiz ni a la reforma política del estado. No queda claro si puede seguir contando con su principal aliado, la sección 22 del sindicato magisterial, cuyas demandas iniciales (centradas en mejoras salariales) parecen haber sido cubiertas.
La respuesta gubernamental
Durante los meses de la crisis, el gobierno estatal parece haber apostado por la recuperación del orden público por medio de la fuerza, pidiendo apoyo a los cuerpos federales de seguridad para desalojar el plantón. Sin embargo, en un primer momento, el gobierno federal, que contaba con el delicado antecedente de San Salvador Atenco(7) el mes de mayo y necesitaba cuidar al máximo su imagen de cara a las elecciones federales de julio, apostó por el diálogo con el movimiento popular. Para ello se creó una mesa de negociación entre la APPO, el sindicato magisterial y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Sin embargo, la negociación estuvo marcada por su falta de fluidez: APPO y magisterio reclamaban la salida de Ulises Ruiz como punto innegociable y Carlos Abascal (entonces titular de la Secretaría de Gobernación) insistía en la incapacidad legal del gobierno para destituir a gobernadores.
Este bloqueo estuvo motivado en parte por los resultados en las elecciones federales del 2 julio. El voto de castigo ejercido entonces en contra del PRI en Oaxaca hizo pensar que el convocar una nueva elección estatal probablemente hubiera implicado una victoria del PRD (Partido de la Revolución Democrática). Otra opción hubiera sido que Ulises Ruiz solicitara licencia al cargo, para que el Congreso estatal (mayoritariamente priísta) eligiera a un gobernador sustituto. También hay otros intereses en juego: las negociaciones entre PRI y PAN (Partido Acción Nacional, actualmente en el poder) están marcadas por la estrecha mayoría lograda por el PAN en el congreso federal, provocando que necesite del PRI para gobernar con cierta solvencia. En septiembre, la APPO organizó una masiva caravana a la Ciudad de México, con el fin de exigir la desaparición de poderes al Senado - figura constitucional que supondría el nombramiento de un nuevo gobierno estatal.
Durante meses, Ulises Ruiz ha rechazado apartarse del cargo, lo que mantuvo bloqueado el conflicto y semi paralizada la actuación de los poderes públicos en Oaxaca, en un clima de "ingobernabilidad institucional". Desde mediados de octubre, el ejército movilizó a sus unidades en el estado de forma espectacular, incluyendo fuerzas de tierra, mar y aire(8), provocando el miedo a un desalojo violento. Por otro lado, Gobernación insistió en establecer sucesivos ultimátum, amenazando con el uso de la fuerza si los maestros no regresaban a clases inmediatamente y la APPO no entregaba la ciudad de Oaxaca(9).
El 27 de octubre, se dio una serie de hechos violentos en los cuales fueron asesinadas 4 personas (entre ellas un periodista estadounidense) y resultaron heridas varias más en distintas partes de la ciudad de Oaxaca.
En respuesta a esta situación el gobierno federal anunció el ingreso de fuerzas federales. El domingo 29, la Policía Federal Preventiva (PFP) inició desde temprana hora la entrada a la ciudad de Oaxaca y tomó el control de la plaza central durante la noche. A la par, se realizó una movilización pacífica que buscaba impedir el avance de la PFP. El día anterior, la APPO había hecho un llamado a sus bases a no caer en provocaciones. Actos de violencia fueron sin embargo reportados, con saldos divergentes según las fuentes: mientras la APPO habló de por lo menos 4 muertos, el gobierno federal ha venido diciendo que el saldo del operativo fue blanco.
Tras el operativo policial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional mostraron su preocupación y condenaron la violencia con la que se llevó a cabo. A su vez, la oficina mexicana del Alto Comisionado de Naciones Unidas lamentó los hechos y reclamó una exhaustiva investigación que aclare lo sucedido.
Notas:
- Ver sitio Web de la Asamblea Popular de Oaxaca - APPO
- Ver: La Jornada, 19/12/2006, CNDH: "sigue el conflicto en Oaxaca; no hay condiciones para observar derechos"
- Ver: SIPAZ, Oaxaca - Fechas Claves
- Ver: La Jornada, 21/08/2006, Armados, policías y porros oaxaqueños toman instalaciones del diario Noticias
- A pesar de lo novedoso de esta experiencia de gobierno popular y sus positivos avances en materia social, la Comuna de París fue finalmente reprimida, causando 30.000 muertos y 50.000 ejecutados.
- Ver: SIPAZ - Oaxaca
- Ver: La Jornada, 16/06/2006
- Ver: La Jornada 01/10/2006
- Ver: La Jornada, 14/10/2006
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