:: COYUNTURA

Elecciones en Chiapas: ¿quién ganó?

El 3 de octubre pasado se realizaron elecciones en Chiapas con el fin de elegir a 118 presidentes municipales y 40 diputados locales para el Congreso del Estado.

Las JBG (Juntas de Buen Gobierno) zapatistas cumplieron con su promesa de respetar los trabajos de los órganos electorales. Informaron de ella en agosto pidiendo que "así como nosotros respetamos a quienes quieren votar, ustedes respeten a quienes no quieren hacerlo". Con esta decisión se confirma la opción de no confrontación del movimiento zapatista.

Durante los últimos diez años, se habían registrado incidentes violentos como robo, quema de urnas y enfrentamientos entre grupos antagónicos en cada comicio local y federal. En esta ocasión, las elecciones se llevaron a cabo con relativa calma, aunque se recibieron posteriormente 12 denuncias por la posible comisión de delitos electorales. También se siguieron reportando prácticas clientelistas (repartición de despensas y dinero) y acarreos a votantes a las casillas electorales.

La participación del 3 de octubre fue bastante alta comparada con años anteriores, con un abstencionismo de más del 45 por ciento aunque el número de votos nulos superó los 73 mil (representando más de 5% de los que votaron).

Otro elemento llamativo y hasta paradójico es que la mayoría de los actores políticos consideraron haber “ganado” en estas elecciones. Aunque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso local, continúa siendo la principal fuerza política en el estado con 18 de las 40 diputaciones. A nivel municipal, el PRI arrebató al PAN (Partido de Acción Nacional) y a otros partidos varias ciudades importantes de la entidad, como la capital Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, de tener en su poder 72 de los 118 municipios ahora sólo conservará 53. Es decir, perdió en 19 municipios donde antes gobernaba.

La Alianza por Chiapas conformada por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), el PAN y el PT (Partido del Trabajo) se quedó con casi la mitad de los escaños legislativos y 27 de los municipios de Chiapas.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha obtenido más de 14 por ciento de los sufragios, lo cual le coloca muy cerca del PAN y el PRD. Seguirá gobernando en 4 municipios y estará participando en 4 gobiernos municipales más a través de su alianza con el PRI.

El actual gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, sufrió un relativo revés, ya que personas cercanas a él fueron derrotadas en estas elecciones por ejemplo en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, el principal contrapeso que tenía era la mayoría absoluta del PRI en el Congreso perdida tras estas elecciones. Eso le podría permitir fortalecer su proyecto de gobierno en los dos últimos dos años que restan a su administración.

Elección Diputados

Elecciones Municipales

PANORAMA ELECTORAL ESTATAL EN VISTAS DEL 2006

Las elecciones de octubre sirvieron de barómetro político pensando en las elecciones del 2006 donde se elegirá al sucesor del actual gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.

Los representantes de los partidos que conformaron la Alianza por Chiapas (PAN, PRD y PT) afirmaron en declaraciones públicas que sólo con alianzas se logrará vencer al PRI en el 2006. También, reconocieron el carácter polémico de las coaliciones entre partidos por lo demás “incompatibles” a nivel federal, ya que implican aliar la izquierda con la derecha. El PAN no tiene mucha presencia en zonas rurales. El PRD se encuentra dividido por luchas internas. Habrá que ver como se logra sostener esta Alianza.

En este sentido, vale la pena subrayar un desdibujamiento y debilitamiento de los partidos (en menor medida en el caso del PRI). El 27 de septiembre, unos ocho mil fieles de la Diócesis de San Cristóbal (que abarca 46 municipios de Chiapas) realizaron una marcha para exigir la liberación de varios presos suyos (ver informe anterior). En su comunicado, y refiriéndose al proceso electoral diagnosticaban que “la política, bajo los grandes intereses económicos, parece que se ha perdido el rumbo y sólo se expresa en una enfermiza lucha y búsqueda del poder por el poder, olvidándose de responder a las necesidades y a las demandas de la población en general”.

Otro elemento implica un cambio en vistas al 2006: a finales de octubre, se aprobó una iniciativa de ley proponiendo modificaciones al artículo 35 de la Constitución Política del Estado en cuanto a los requisitos para llegar a la gubernatura del estado que podrían dejar fuera a varios “pretendientes” como a Roberto Albores, del PRI, y Emilio Zebadúa, del PRD.
Incluyen por ejemplo que para contender como candidato a gobernador es requisito no haber ocupado el cargo de gobernador constitucional, provisional, interino o sustituto, y no estar sujeto a proceso penal. También se establece que el aspirante deberá tener una residencia en la entidad de un mínimo de cinco años, y ser chiapaneco de nacimiento.

La propuesta también prevé otras modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral. Propone la no participación en las contiendas electorales a los cónyuges o familiares de los gobernadores o alcaldes. Se plantea la reducción de los tiempos de campaña a dos meses y la creación de una fiscalía electoral como órgano autónomo e independiente; sin embargo, esta última sería designada por el Congreso del estado a propuesta del Ejecutivo local.

Este hecho despertó diversas reacciones de protesta, particularmente entre el PRI estatal, que en voz del coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido, Mario Carlos Culebro, calificó la medida de "antidemocrática, autoritaria, avasalladora, totalitaria, arcaica y que está en contra de la voluntad del pueblo de Chiapas".

CRECIENTE DESLEGITIMACION DE LA DEMOCRACIA PARTIDISTA

Lo que se vive en Chiapas es también reflejo de la situación a nivel nacional donde el 2006 también coincide con elecciones federales. Los principales partidos políticos se encuentran en una severa crisis de credibilidad política luego de distintos escándalos financieros recientes de los que ninguno salió ileso. También fueron cuestionados los juegos de poder apuntando a impedir una posible candidatura presidencial para el 2006 del actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al empujar su desafuero.

A mediados de noviembre, otro hecho pareció acabar de consumir la ruptura existente entre el poder ejecutivo y legislativo cuando el presidente Fox anunció que impugnará jurídicamente el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, aprobado por la Cámara de Diputados. Calificó dicho presupuesto de ''incongruente e inviable''. Afirmó que los diputados de oposición pretenden bloquear al gobierno federal e impedir que cumpla con el objetivo de mejorar el bienestar de los mexicanos. Senadores del PRI y del PRD demandaron al presidente Fox dejar de confrontarse con el Congreso de la Unión y aceptar el Presupuesto de Egresos aprobado en la Cámara de Diputados, o de lo contrario llevará al país a la ingobernabilidad.
En noviembre, otro hecho que se interpretó como muestra del debilitamiento y desprestigio de las instituciones y de la desconfianza creciente de la población hacia las mismas fue el linchamiento de dos policías en Tláhuac en el Distrito Federal. Los analistas también señalaron la responsabilidad de los medios de comunicación, en particular televisivos, al alentar un "clima de terror" para justificar la represión y la violencia. Para el director de Amnistía Internacional sección México esas expresiones violentas van en aumento, sobre todo en aquellas naciones donde existe incapacidad para garantizar un estado de derecho.

LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS

En este contexto, el 27 y 28 de noviembre, se convocó en la ciudad de México al Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia. Esta iniciativa promovida, sobre todo, pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales se proponía convocar “a todos los sectores sociales, culturales y políticos para que avancemos juntos en la elaboración de un diagnóstico sobre los grandes problemas nacionales e internacionales, trazando los aspectos esenciales de un Proyecto de Nación Alternativo y uniendo todas las resistencias frente al capitalismo salvaje y al sistema corporativo para construir una propuesta capaz de disputar la conducción de la nación a la barbarie neoliberal”.

Más de 1700 participantes de 164 organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales y políticas, etc. asistieron al espacio y acordaron “rechazar el modelo de destrucción y muerte llamado Neoliberalismo” y “continuar este Proceso de diálogo en todo el territorio nacional, con el propósito de que las luchas de resistencia se fortalezcan y nutran a su vez el proceso de formulación de un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia” (ver: www.dialogonacional1.org). Cabe subrayar que varias ponencias hicieron referencia a los caracoles zapatistas como un ejemplo positivo de los nuevos modos de participación que se deben de impulsar más allá de las acciones contestatarias.

A principios de diciembre, en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo el foro “Contra el silencio y el olvido: la voz de los pueblos indígenas de México”. Las organizaciones participantes reafirmaron la determinación de seguir su lucha contra la “contrarreforma indígena de 2001” (ley sobre derechos y cultura indígena aprobada en el 2001 y que desconocieron tanto por el EZLN como las principales organizaciones indígenas del país) y a ejercer su derecho "a ser gobierno" por la vía de los hechos.

BREVES SOBRE MONTES AZULES

En octubre, la representante especial para el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo anunció que 25 comunidades “irregulares” en la Comunidad Lacandona y Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules han firmado acuerdos para la solución del problema agrario-ambiental y que se está negociando con 18 más sobre la posibilidad de que acepten ser reubicados o regularizados vía expropiación (El Universal, 12 de octubre de 2004).

Por otro lado, a finales de octubre, el EZLN anunció su intención de reconcentrar varias de sus comunidades asentadas en el sur de la biósfera de Montes Azules pidiendo apoyo a la sociedad civil nacional e internacional para que apoye los traslados y nuevos agrupamientos.

El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) explicó esta decisión afirmando que "con el avance de las llamadas ‘juntas de buen gobierno’, gran parte de las comunidades indígenas zapatistas se han dotado de medios que mejoran sustancialmente sus condiciones de vida. Sin embargo, la lejanía y dispersión de varios de estos poblados representan dificultades importantes, por lo cual el EZLN ha acordado, con el consentimiento expreso de sus habitantes, reconcentrar algunos de los pueblos zapatistas en esa zona, para que así sean cobijados por la Junta de Buen Gobierno de la zona selva fronteriza”. El comunicado explicita también: “así podrán resistir mejor las amenazas, podrán cuidar mejor la selva, serán partícipes de los avances de las juntas de buen gobierno, y podrán participar mejor en la lucha del EZLN por el respeto y reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas”.

Los poblados que se han ido reconcentrando y por reconcentrarse (sin ser las únicas comunidades zapatistas en la zona) son Primero de Enero, San Isidro, 12 de Diciembre, 8 de Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar, Agua Dulce. Esta reconcentración que implica un reposicionamiento estratégico por parte del EZLN ha sido considerado por algunos como un repliegue y por otros como la única vía para poder defender y apoyar mejor a sus comunidades en la parte sur de la reserva. Se ha venido realizando sin violencia ni publicidad.

En noviembre, 29 familias tzotziles que provienen de los asentamientos San Isidro (parte no zapatista de la población) y Sol Paraíso fueron reubicados en el nuevo poblado Nueva Magdalena, fuera de la zona forestal protegida. Este mismo mes, los representantes de 20 de Noviembre y Nuevo México, dos poblados de los más de 40 que se tiene proyectado desalojar o reubicar rompieron negociaciones con los gobiernos federal y estatal. Expresaron: “Pensamos que estamos siendo objeto nuevamente de mentiras, que nos quieren utilizar, y por ello pedimos al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y al gobernador Pablo Salazar, dejarnos definitivamente en el lugar, sin que alteren nuestra paz social"

A finales de noviembre, diversas organizaciones sociales del municipio de Ocosingo con presencia en Montes Azules advirtieron que “si el gobierno quiere mantener el dialogo, debe ser con respecto y de primer nivel, no se aceptarán personas que no tengan capacidad de decisión”. Pidieron también el cese inmediato al hostigamiento que supuestamente el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) está ejerciendo en su contra.

PERSISTENTES PREOCUPACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

En octubre varias organizaciones Civiles expresaron su indignación por la ratificación de José Luis Soberanes, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el próximo período 2004-2009. Deploraron “la manera en la que se condujo el proceso de selección: con un acuerdo partidario a última hora, una participación sumamente limitada y reducida en cuanto al número y al tiempo concedido a las organizaciones de la sociedad civil para presentar sus opiniones y sus propuestas, a puerta cerrada (...) sin explicar los criterios en los que se basó (...) para ratificar casi automáticamente al Doctor Soberanes”. Afirmaron que “el Senado no está contribuyendo a fortalecer un organismo autónomo, sino todo lo contrario. Lo que realmente hace es poner en riesgo su legitimidad, ya de por sí cuestionada, debilitando así todo el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos en el país”.

En noviembre, la Red Chiapas de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Ley para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobada en el estado este mismo mes, considerando que genera un retroceso en la autonomía y eficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH). También cuestionaron la reciente designación de Yesmín Lima Adam como titular de dicha institución que afirman fue nombrada “sin un perfil adecuado y sin un procedimiento transparente e incluyente de la sociedad”. Subrayaron: “Estos actos del Congreso del Estado, sumados a la destitución arbitraria del Lic. Pedro Raúl López en meses recientes, y a las reformas al Código Penal del Estado en vigor desde mayo pasado, vulneran dramáticamente la vigencia de los derechos humanos en el estado de Chiapas, limitando el goce de garantías fundamentales y debilitando al organismo dedicado para su protección”. (ver: http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas)

En diciembre, Amnistía Internacional publicó un informe “Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetua la impunidad” que señala: “El gobierno de México ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso de prevenir y sancionar las violaciones de los derechos humanos en el estado mexicano. Sin embargo las violaciones, como la detención arbitraria, la tortura y malos tratos ocurridos en Guadalajara durante la Tercer Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en mayo de 2004 ponen en relieve que serios abusos de esta naturaleza, particularmente en el ámbito estatal y municipal, siguen siendo comunes en el país”. Respecto al caso, aunque la CNDH ha documentado 118 detenciones y 19 casos de tortura, las recomendaciones contenidas en dicho informe han sido rechazadas hasta la fecha por el gobernador de Guadalajara.

:: ENFOQUE

DESOBEDIENCIA AL PAGO DE LA LUZ: LUCHA LOCAL CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

EL ‘NO PAGO’ DE LA LUZ Y LA ‘TARIFA VIDA MEJOR’

En este mes de diciembre se cumple un año desde que el gobierno del Estado de Chiapas firmó un Convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de suministrar la electricidad a la población mexicana. Con este acuerdo se puso en marcha el programa conocido como ‘Tarifa Vida Mejor’ (TVM), vigente hasta el 2006. Sus objetivos según el gobernador de Chiapas serían: poner fin a la “cultura del ‘no pago’, iniciar la era de la ‘corresponsabilidad’ y (...) alcanzar una tarifa justa de luz para todos los chiapanecos”. Acordó el perdón para quienes se encontraran presos por la lucha social contra las tarifas injustas de luz, y el desistimiento de todas las acciones legales iniciadas contra ellos. (ver www.contraloriachiapas.gob.mx/tarifamejor/discursotarifa.htm).

La subida de las tarifas eléctricas y las consecuencias derivadas del impago representan uno de los principales problemas existentes en las comunidades del estado de Chiapas. Así lo han manifestado los diferentes grupos con quienes hemos conversado en la reciente visita a la zona Norte (municipio de Tila). En el mismo sentido, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Roberto Barrios (competente en dicha región) nos comentó que los conflictos con la luz y la CFE han sido el principal problema tratado durante su primer año de funcionamiento.

La ‘sobrefacturación’ de la luz no es único de los municipios de la zona Norte, ni tampoco del estado chiapaneco. En el estado de Tabasco (fronterizo con Tila) el 52% de la población no paga la luz desde hace 10 años, representando uno de los movimientos de resistencia más importantes del país. Fue iniciado por López Obrador (en aquel momento candidato a la gubernatura estatal por el Partido Revolucionario Democrático, y actual Gobernador del Distrito Federal) ante el fraude electoral que dio la gubernatura estatal al representante del Partido Revolucionario Institucional (El Universal, 30 de octubre de 2004).

Pero, recordemos que el municipio de Tila sufrió la mayor violencia tras el levantamiento zapatista. Allí se conformó el grupo “Desarrollo, Paz y Justicia” acusado de cometer actos paramilitares, generando temor, desplazamientos y muerte entre quienes no pertenecían a dicho grupo y formaban parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o de otras organizaciones opuestas al gobierno priista, como los perredistas o ‘Abu Xu’ (coalición de grupos de la sociedad civil).

En la actualidad, la sobrefacturación de la luz está afectando a todos los grupos existentes en las comunidades, aunque las respuestas frente al problema difiere según la organización a la que pertenezcan. Este problema agudiza las fracturas sociales existentes por el conflicto, y es motivo de preocupación para quienes conocemos la región.

En las comunidades de la zona Norte, las casas cuentan con una media de 3 focos por familia; solo una minoría cuentan con aparatos electrónicos, como refrigerador o televisión; sólo utilizan la luz entre las 19 y 21 horas del día, ya que su ritmo de vida coincide más con el horario solar. En muchas de ellas, la luz llegó recientemente, incluso en algunas como Jolnixtié el disfrute de este servicio durante la época más dura del conflicto, era exclusivo de los priistas.

En un primer momento recibían facturas de 15 o 20 $ (pesos mexicanos) por familia, pero en los últimos tiempos empezaron a llegarles de 50, 80, 300 o 500$ (pesos mexicanos), sin que ello correspondiera a un aumento proporcional del consumo eléctrico por parte de las familias. Hablamos de familias donde ni siquiera cuentan al mes con un salario mínimo (1200 pesos mexicanos, aprox. 120 $ USA) por lo que para ellas es imposible responder a recibos tan elevados, derivando en deudas de miles de pesos.

A la dificultad de pago, hay que añadir la presencia de funcionarios de la CFE para cortar bajantes como represalia por el impago, generando reacciones violentas por parte de una población indignada e impotente de cargar con un coste de luz desproporcionado respecto a las condiciones económicas en las que sobreviven.

En este contexto se presenta la ‘TVM’ como la vía para dar una salida dialogada a este conflicto. En este programa se establece un mínimo de consumo bimestral (300 o 400 Kw/hora dependiendo de la región del Estado), a partir del cual los consumidores se beneficiarían de un descuento del 51% por los primeros 150 kw y por los siguientes 100 kw, del 12%. La falta de información adecuada hizo pensar a muchos consumidores que esta nueva tarifa se establecería sin contar con los adeudos, es decir, partiendo de cero. Por el contrario, la firma del Convenio implica reconocer el ‘historial de consumo’ y por tanto, la deuda acumulada. Para sorpresa de muchos, las deudas llegan a ser tan elevadas, que aunque el gobierno asuma un porcentaje de dicha cantidad, siguen representando sumas de dinero imposibles de asumir por la falta de liquidez de las economías familiares.

En la actualidad, quienes aceptaron la TVM y no pueden hacer frente a las facturas, ven cortada su luz de forma definitiva. El programa no ha dado los resultados deseados ya que la mayor parte de las personas ‘en resistencia’ lo han rechazado y se han mantenido en el ‘no pago’.

DIFERENTES RESISTENCIAS FRENTE A LAS TARIFAS INJUSTAS

En la zona Norte encontramos diferentes resistencias. Por una parte, las bases de apoyo zapatistas no pagan la luz desde 1994 como parte de su movimiento de resistencia frente a todos los impuestos y cobros del gobierno. Representa un instrumento más de presión para exigir al gobierno el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (firmados por el Gobierno Federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996). Reivindican la luz como propiedad colectiva de la nación, y por ello, exigen la redistribución pública de la misma. Las JBG están asumiendo el mantenimiento de los transformadores y sustituyendo así la falta de servicio de la CFE en sus territorios.

Por otro lado, se encuentra el ‘movimiento de resistencia civil’, creado específicamente para la organización de la resistencia contra el pago de la luz. En el municipio de Tila, la mayoría es sociedad civil que durante el conflicto se organizó contra el gobierno, y que por ello, tuvieron que desplazarse ante la violencia de los ‘Paz y Justicia’. El inicio de su resistencia se da al retornar a sus casas, y tras haber conseguido salvar sus vidas, recibir facturas con todas las deudas acumuladas durante el tiempo de su desplazamiento. La imposibilidad de pagar cantidades tan altas, y la indignación por tener que ser deudores de la CFE tras haber sido forzosamente desplazados de su territorio, motivó su desobediencia frente a la CFE, y posteriormente su unión al movimiento de resistencia civil. No pagarán mientras no se establezca una tarifa justa. Dicho movimiento pertenece a la Alianza Estatal de Resistencia Civil del Estado de Chiapas, creada en abril de este año, con el fin de luchar por una tarifa justa,“consecuente con las condiciones económicas” de la población. Consideran la TVM como un engaño para conseguir el pago de las deudas ya que no establece una tarifa justa verdadera.

Algunos priistas, tradicionalmente pegados al gobierno, aceptando proyectos o ayudas económicas, también han dejado de pagar la luz ( incluso aunque aceptaron la ‘TVM’) ante la imposibilidad de asumir las facturas. En este caso, no se organizan ni se articulan con el resto de movimientos de resistencia.

Existen excepciones como en el Municipio Autónomo de San Juan de La Libertad, donde los diferentes grupos políticos (bases zapatistas, perredistas, priistas, o del Partido del Trabajo- PT) se han organizado para reparar el transformador y mantener el servicio para todos.

¿POR QUÉ PAGAR TANTO POR UN RECURSO NATURAL TAN BÁSICO?: LA PRIVATIZACIÓN

La luz forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentales para gozar de una vida digna. La energía eléctrica en México fue considerada servicio público desde la época del Presidente Lázaro Cárdenas, quien inició la nacionalización de la Industria Eléctrica, finalizada hasta 1960. La CFE fue constituida como un órgano descentralizado a finales de los 40’s, encargado de proveer el suministro eléctrico a los mexicanos, excluyendo así a empresas de capital privado. Considerada propiedad del pueblo mexicano, estaba destinada al beneficio social.

La política nacional energética es reformulada a partir de 1992 con la reforma del artículo 27 Constitucional que abre la puerta a las inversiones privadas en el país.

Según el Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y de Acción Comunitaria (CIEPAC), Chiapas genera entre el 45 y 65% de la energía hidroeléctrica del país. Las contradicciones estallan al comprobar que mientras la mayor parte de la energía producida en Chiapas es destinada a la ciudad de México y su zona conurbada, según la JBG de La Realidad, el 90 % de las comunidades de su región de la Selva carecen de servicio eléctrico.

A pesar de estas desigualdades sociales y económicas, las políticas federales no responden a las necesidades locales, sino a los intereses marcados por las exigencias de ‘desarrollo’ y consumo de los países más industrializados. El alto consumo energético de los Estados Unidos y la falta de recursos energéticos propios explica su interés por las áreas de libre comercio en el continente americano, dentro de las cuales crear mercados regionales energéticos que puedan cubrir sus necesidades en las próximas décadas. Para CIEPAC la resistencia al pago eléctrico puede configurarse como uno de los obstáculos para la implementación en la región del Plan Puebla-Panamá (PPP), en el que se enmarca la creación de un mercado eléctrico regional a través de la implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). Así, en el 2007 se espera contar con una línea de transmisión de alta capacidad que una los sistemas del sector desde Panamá a México, y de México a Estados Unidos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el objetivo es crear ‘una interconexión mesoamericana que atraiga la participación del sector privado para el desarrollo del mercado eléctrico de la región’ y con el fin de mejorar así la ‘eficiencia económica del proceso completo de suministro’. (LaJornada, “Los frentes del PPP”, 18 de octubre de 2004),

El grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional Estadounidense emitió un informe en el que señalaba: "La producción y cooperación incrementadas de energía estadounidense, canadiense y mexicana mejoraría nuestra seguridad energética y, a través de nuestros vínculos económicos en la economía del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, adelantaría fundamentalmente la seguridad económica de cada país". Además, afirmaba que las reformas constitucionales de 1992 posibilitan que las empresas privadas generen electricidad para su propio consumo y vendan el excedente a la CFE. (http://usinfo.state.gov/espanol/mexico/01082905.htm)

En este contexto regional de mercados ‘libres’, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal emitió un Decreto donde se modifican las tarifas, eliminando parte de los subsidios (publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2002). La medida ayudaría según el gobierno por una parte, a concentrar los subsidios en los usuarios con consumos más bajos, y por otra, a recaudar más recursos para que el suministro público fuera de mayor calidad. Ambos objetivos no se cumplieron porque son los usuarios de menor consumo quienes más están sufriendo la modificación de las tarifas; y según los testimonios de las comunidades, la CFE sigue caracterizándose por no prestar el mantenimiento y trato adecuados. Meses más tarde, en agosto de 2002, el ejecutivo federal presentó una propuesta de reforma del artículo 27 en el que se abre la posibilidad a los particulares de generar energía, facultad reservada tradicionalmente a la Nación, manteniendo la exclusividad federal solo en la prestación del servicio público.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2003, decretó la suspensión provisional del anterior decreto. Esta decisión abría la puerta a la interposición de recursos de amparo contra la sobrefacturación, en cuanto se debían de reponer la tarifas subsidiadas y haber regresado la diferencia a los usuarios.

Se impulsó en Chiapas la interposición de recursos de amparo, pero no prosperaron por la actitud fraudulenta del abogado encargado de tramitarlos.

LA DESOBEDIENCIA CIVIL: UN CAMINO DE RESISTENCIA

Hemos podido constatar que la ‘TVM’ es un factor de aumento de la conflictividad en zonas como Tila donde ya existe un tejido social destruido por la guerra sufrida. Desde las propias instituciones gubernamentales se han generado presiones directas e indirectas sobre la población para que acepte la TVM, insistiendo en las ventajas de la misma y en la conveniencia de aceptarla. Los propios funcionarios de la CFE han forzado a la población a firmar, amenazándoles con no arreglar los transformadores en caso de negarse. En algunas comunidades el propio ‘comisariado’ (autoridad comunitaria) ha presionado a las familias para que firmen el Convenio, y en otras, dicha firma se ha exigido como requisito para acceder a proyectos o ayudas gubernamentales.

A todo ello, se suma la falta de calidad del suministro: los apagones son cotidianos en las comunidades. Se sufren continuas bajadas y subidas de voltaje que dañan los aparatos electrónicos. La medición del consumo no se comprueba directamente en las comunidades, lo que puede explicar la incomprensibilidad de los usuarios cuando comprueban las facturas desiguales recibidas entre vecinos, pagando menos quienes más electrodomésticos poseen; o mucho más cuando algunos no reciben ni facturas.

La resistencia organizada intenta defenderse de las acciones represivas, pero la mayor vulnerabilidad en estos casos la sufren quienes no tienen el respaldo de una estructura organizativa como el EZLN o el movimiento de resistencia civil, y están sufriendo cortes definitivos de luz como sucede en algunos barrios del municipio de Yajalón. Los líderes de la resistencia civil han sufrido cortes ‘selectivos’ de luz, pero gracias a su organización han conseguido presionar para tener nuevamente el servicio.

La desobediencia organizada se ha presentado como una respuesta de sobrevivencia de la sociedad ante las leyes o decisiones injustas de las autoridades. En este caso, se da ante una política de tarifas y sobretodo, contra una política de servicios públicos que ha olvidado la función social de la misma. Esta vía aparece como la única opción cuando el resto de caminos se cierran, entre ellos el jurídico, lento, costoso, y al que se une la falta de credibilidad de las instituciones estatales.

El movimiento de resistencia señala la privatización del sector energético como la razón principal que explica las elevadas tarifas eléctricas: “el gobierno busca mostrarle a los inversionistas extranjeros, que la CFE es un negocio jugoso que cobra altas tarifas” (Documento de las Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia). La otra explicación dominante defiende que el impago generalizado sería un argumento perfecto para justificar la insolvencia de la CFE y por tanto, la necesidad de introducir capital privado.

En este contexto, el Convenio ‘TVM’ además de conflictivo, representa una propuesta parcial y limitada al no incidir en las políticas energéticas, decididas en espacios políticos internacionales, lejos de las realidades comunitarias, y donde la voz de la sociedad civil no fue incluida en las negociaciones para establecer la TVM.

Estas resistencias son parte de la oposición de la sociedad civil a la privatización de la energía eléctrica. Permiten entender las razones por las que el levantamiento zapatista coincidió con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y enmarcar el significado de su lucha dentro del movimiento global opuesto a la mercantilización de los recursos básicos como la luz, el petróleo, el agua o la biodiversidad. Estas experiencias son pasos importantes en la recuperación de la autonomía, encaminada a construir su proyecto de vida soñado, en el que los pueblos decidan sobre las políticas que afectan su cotidianidad

:: ARTÍCULO

Escuela de las Américas: no más, no more

Domingo 21 de noviembre: amanece el día nublado y lentamente empieza a llenarse la calle de gente que se va juntando frente a la entrada de la base militar de Fort Benning en Columbus Georgia, EEUU. En pocas horas nos congregamos alrededor de 16.000 personas. Todos portan una cruz blanca en sus manos. En ella se puede leer el nombre de una persona latinoamericana, con su edad y el lugar de su muerte. Tengo en mis manos una cruz blanca con el nombre de Lorenzo Gómez Perez, víctima de la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997 en Chiapas. A las 10 de la mañana empieza la marcha, dirigiéndose lentamente hacia la entrada de la base. Desde el podio, algunos cantan con melodía gregoriana los nombres de miles de víctimas, niños, niñas, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres. Las 16.000 voces contestan con un ¡PRESENTE!, y por más de dos horas marchamos lentamente hasta llegar a poner todas nuestras cruces en la malla de la entrada de la base.

Esta es la manifestación que anualmente se realiza contra la Escuela de las Américas (SOA) para denunciar la existencia de esta institución dedicada a entrenar soldados en toda América Latina. En la actualidad, cambió su nombre y es llamada oficialmente Western Hemispheric Institute for Security Cooperation WHISC (Instituto Hemisférico de Cooperación para la Seguridad). La Escuela fue fundada en Panamá en 1946 por el ejército de EEUU para ayudar a los gobiernos latinoamericanos a promover la “estabilidad” y la “democracia” en sus países respectivos, y fue traslada en 1984 a Fort Benning, Georgia, EEUU. Sin embargo, pronto perdió credibilidad cuando se denunció que sus graduados habían contribuido a establecer al menos 10 dictaduras militares y que varios habían participado en asesinatos, masacres y violaciones de derechos humanos en América Latina.

Uno de los casos más estremecedores y conocidos fue el asesinato de los seis padres Jesuitas, su asistente y su hija ocurridos en El Salvador en 1989. La Comisión de la verdad de la ONU estableció que 19 de los 27 soldados involucrados en la masacre eran graduados de la Escuela de las Américas. Lamentablemente, éste es uno de los tantos sucesos del mismo tipo sufridos en otros países como Honduras, Guatemala y Perú.

Los manuales de la Escuela publicados en 1996 demostraron que en esta institución se enseñó y adiestró a los soldados en técnicas de tortura física y psicológica, de interrogación, contra insurgencia, Guerra de Baja Intensidad, así como en cursos de francotirador, o de operaciones de comando (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria-CIEPAC).

En sus primeros 50 años de funcionamiento México envió pocos estudiantes a la Escuela de las Américas. Sin embargo, en la última década su participación se ha ido incrementando hasta que en el 1997, una tercera parte de los que se graduaron de la escuela eran mexicanos. Por lo menos 18 militares de posiciones altas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca obtuvieron su entrenamiento en dicha escuela.

Pero la protesta de este año no solo estaba dedicada a denunciar las consecuencias de esta escuela en América Latina, sino también la situación de los miles y miles de soldados estadounidenses que participan en la guerra de Iraq. La madre de un soldado desparecido en la guerra compartía la necesidad de ver en cada soldado muerto no solo una ‘baja de guerra’ sino una persona en su contexto social, con familia, amigos, trabajo, etc...

Entre los activistas había de todo: monjas, punks, estudiantes, veteranos de guerra (muchos de Vietnam), sindicalistas, niños y niñas. Cada año el acto de desobediencia ha consistido en “cruzar la línea”. Antes significaba literalmente pasar una línea dibujada en el piso que marcaba la entrada a la base, lo cual está prohibido y por tanto, hacerlo implicaba ser detenidos. Este año era necesario saltar la valla que impide la entrada a la base. Se detuvieron a veinte personas, quienes por su acto de desobediencia civil, entrar a la base y oponerse a la política de su gobierno, deberán cumplir entre 3 y 6 meses de prisión. Desde 1990, fecha en que se inició la protesta, 170 activistas han sumado juntos 85 años en la cárcel por protestar en contra de esta escuela y de su política, entre ellos destacan muchas monjas.

Para mí, esta protesta era la última parte de una gira de tres semanas en los EEUU que apenas inicié dos días después de las elecciones presidenciales. Era la primera vez en muchos años que regresaba a este país y el paso por la migración fue una experiencia extraña y atemorizante, no solo por la cara desagradable de la oficial, sino también por la toma de huellas indíces y la foto de mi rostro. Era solo el inicio de mi viaje al autodenominado país de la libertad.

Pero lo más angustioso fue encontrar a los amigos estadounidenses decepcionados y tristes tras los resultados electorales y la reelección de Bush como presidente para los próximos cuatro años. Muchos habían decidido participar y realizaron grandes esfuerzos para lograr acabar con la opción belicista que representa Bush. Alguien me dijo que había sido la primera vez que participaba en las campañas porque no aguantaba la idea de vivir 4 años más con el presidente George W. Bush. También alguna gente se fue a Florida para trabajar en la campaña demócrata para evitar un fraude como el de las pasadas elecciones. Finalmente, no se consiguió el resultado deseado.

Una de las cosas que más me sorprendió fue comprobar la polarización existente dentro de la sociedad norteamericana, agudizada por la coyuntura electoral. En la protesta había gente con playeras y pins con el texto “Protestar es un acto Patriótico”. No entendí el significado de esta expresión hasta que una amiga me explicó: “Los republicanos tienen el monopolio de la palabra ‘patriotismo’. Cuando protestamos contra nuestro gobierno pareciera que estamos en contra de nuestra patria. Para nosotros es importante demostrar que nuestra protesta no sólo es un derecho democrático sino que al hacerlo estamos ejerciendo la democracia necesaria para que puede existir nuestro país”.

En este contexto conocí dos historias que pueden ejemplificar esta polarización. Una niña, de once años, en su escuela expresó su opinión frente a la guerra de Iraq diciendo: “ya murió tanta gente, y tanta gente inocente que sería mejor si las tropas regresaran”. La maestra la castigó obligándola a quedarse en el rincón del aula. Por otro lado un profesor de universidad, me contó que tras dar un discurso en contra de la guerra de Iraq en televisión ha sido presionado para que abandone su puesto.

Después de ver esta situación, tan difícil de entender desde lejos, lo único que me reconfortó fue conocer a tanta gente que está luchando por un cambio desde su propia sociedad. Pude encontrar diferentes personas que dedican parte de su tiempo a organizaciones que trabajan en contra de la injusticia económica, social y política. Esta lucha contra la política del gobierno estadounidense desde sus propios ciudadanos forma parte del movimiento global que trata de realizar el sueño de otro mundo posible. Admiro a todo esta gente así como a las 16.000 voces que viajaron a Fort Benning, para recordar en una marcha a todos los asesinados por la SOA gritando NO MAS NO MORE.....

Por mas información:
www.soaw.org
http://www.ciepac.org/bulletins/100-200/bolec181.html
http://faculty.hope.edu/psych/psy281/soa.html
http://www.benning.army.mil/whinsec/

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

Octubre- Diciembre de 2004

ACOMPAÑAMIENTO

Entre octubre y noviembre, nos reunimos con las Juntas de Buen Gobierno de los 5 caracoles zapatistas.

Realizamos observación electoral en el municipio de Chenalhó durante la jornada electoral del 10 de octubre.

En noviembre, fuimos a la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores sobre la coyuntura en la región y para investigar sobre la resistencia al pago de la luz, tema de nuestro enfoque.

CONTACTOS E INFORMACIÓN

Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ, principalmente de EE.UU. y Europa.

En octubre, nos reunimos con miembros de la Embajada de EEUU (Chiapas) y en noviembre, con miembros de la Embajada de Alemania (México DF).

En octubre y diciembre, nos entrevistamos con distintos actores en la ciudad de México para intercambiar información sobre el contexto nacional.

En octubre, terminamos dos vídeos: uno general sobre el trabajo de SIPAZ y otro más específico sobre el proyecto de títeres que hemos venido desarrollando en colaboración con Alianza Cívica, Chiapas.

En noviembre y diciembre, participamos en dos sesiones del seminario “La obra de Immanuel Wallerstein: una gramática para comprender el mundo actual en perspectiva crítica” coordinado por el “Centro de Estudios, Información y Documentación: Immanuel Wallerstein” de la Universidad de la Tierra-Chiapas y el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI).

EDUCACION PARA LA PAZ

Seguimos participando en la Red por la Paz, un espacio de acción y reflexión que busca apoyar procesos de paz a nivel de las organizaciones y comunidades en Chiapas.

En noviembre, co-facilitamos un Encuentro de dos días de la Red mexicana de constructores de Paz, en la Ciudad de México. Se trabajaron los conceptos de Paz y Transformación de conflictos y se siguió avanzando en el diseño de un plan estratégico para el espacio.

Seguimos impartiendo talleres sobre Cultura de Paz y Derechos Humanos con los jóvenes del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) de San Cristóbal de Las Casas.

En octubre, el equipo de títeres “Diversidad” presentó funciones sobre respecto a la diversidad a más de 1.200 alumnos y alumnas de escuelas de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Mantuvimos reuniones y entrevistas con actores religiosos de Chenalhó y de San Cristóbal de Las Casas.

Asistimos al Segundo Simposio Internacional sobre Protestantismo realizado en San Cristóbal de Las Casas del 19 al 22 de octubre.

TRABAJO NACIONAL E INTERNACIONAL

El 15 y 16 de noviembre, participamos con dos ponencias en el evento “Globalización, Comercio Justo y grupos en Resistencia” que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En noviembre, participamos como ponente en las XIV Jornadas Lascasianas Internacionales, organizadas en Chetumal, Quintana Roo, y convocadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) así como por la Universidad de Quintana Roo. La temática de estas Jornadas giraba alrededor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

Asistimos como observadores al Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 27 y 28 de noviembre. El objetivo del espacio era debatir sobre los temes: Soberanía Nacional y globalización; Nuevos Modelos de Desarrollo Económico; Nuevos Modelos de Democracia; Identidades, Culturas y Educación; Justicia y Derechos Sociales; Alternativas de Organización y Alianzas.

En noviembre, un miembro del equipo realizó una gira de tres semanas en EEUU, principalmente en las ciudades de Washington y Chicago. Se reunió con varios miembros de nuestra coalición y asistió a las manifestaciones frente a la Escuela de las Américas (Fort Benning, Georgia).

En diciembre, otro miembro del equipo inició una gira en Alemania que abarcará varias ciudades de este país.