:: ANÁLISIS

CHIAPAS: Tiempo de balance y nuevos retos
A 10 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO ARMADO

A diez años del levantamiento armado zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas, el momento se presta a primeros balances. En México, sin importar las afiliaciones políticas, partidistas o no, el año de 1994 constituye un parteaguas.

La revista “Proceso” dedicó en enero un número especial: “1994-2004: La gran ilusión... La gran frustración”. En esta publicación, el sociólogo, Bernard Duterme, sintetiza buena parte del espectro de las lecturas existentes sobre los zapatistas: “Ni eufórico ni definitivo, el cuadro es matizado. Por un lado, (...) catalizadores de la democratización de Chiapas y México, artesanos de la caída del partido que monopolizaba el poder desde los años veinte [Partido Revolucionario Institucional, PRI], motores de la constitución de un movimiento indígena nacional –y posiblemente latinoamericano-, afirmativo, masivo y democrático, pioneros de una nueva internacional plural, llamada hoy “altermundialista”. (...) Por otro lado, (...) los resultados de una década de conflictos más o menos abiertos y de negociaciones entre rebeldes y gobierno sólo alegran a los detractores del EZLN. Más allá de su anclaje social en Chiapas, socavado o carcomido, aparece, por lo menos amenazado. Su aterrizaje en el escenario político mexicano, regularmente aplazado, acabó volcado. En cuanto a su articulación intergaláctica con las convergencias altermundialistas, ambivalente ayer, evanescente hoy, no cumplió su promesa”.

Por su parte, al presentar su carta pastoral llamada “Una nueva hora de gracia”, Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, subrayaba: “a pesar de no haberse resuelto el conflicto en sus causas, el esfuerzo por construir la Paz con Justicia y Dignidad –en el que los actores han sido múltiples y diversos- es un patrimonio común de toda la nación y ha aportado avances, logros y nueva conciencia. Sin ser el factor único, el levantamiento del EZLN y su posterior evolución política favoreció la conciencia y la organización de muchos de los pueblos indígenas de México; facilitó el surgimiento de una nueva conciencia en el País respecto a los derechos y significado de los indígenas; animó el crecimiento y la participación de la sociedad civil; retó a la sociedad política a buscar caminos nuevos; incidió en algunos de los pocos avances en la reforma del Estado; hizo más visible la necesidad de transformación de las instituciones y de las relaciones sociales y económicas; evidenció las graves deficiencias del sistema político mexicano y el largo camino que falta por recorrer para tener una democracia digna; exigió una respuesta responsable (todavía pospuesta), a las causas del conflicto por parte de los poderes del Estado; cuestionó a las iglesias sobre su disponibilidad histórica en la búsqueda de la justicia; puso en la palestra internacional el tema de los pueblos indios en el mundo y la denuncia del sistema neoliberal y sus consecuencias”.

Nuevo reto zapatista: las Juntas de Buen Gobierno (JBG)

Como lo subraya Miguel Alvarez de Serapaz (Servicio y Asesoría para la Paz): “Después de la contra reforma indígena, no se cerró un capitulo sino un libro en el proceso. La propuesta de las JBG muestra que la estrategia zapatista ya está en este segundo tomo”. Desde hace más de 6 meses, las bases de apoyo del EZLN han volcado su energía en el fortalecimiento de los 35 municipios autónomos existentes a través de las Juntas de Buen Gobierno, un nuevo escalón de carácter regional (ver informe SIPAZ, vol. 8 nº3).

El funcionamiento de las JBG enfrenta múltiples retos. Un primero tiene que ver con la pluralidad existente en los territorios que pretenden cubrir. En muchas zonas, una parte de la población (mayoría o minoría según el caso) se opone al proyecto de autonomía zapatista. Por ejemplo, la tensión subió en diciembre, cuando en Altamirano, varias organizaciones sociales acordaron realizar movilizaciones frente a la JBG de la zona. A la fecha, se ha logrado disminuir el conflicto gracias a la intervención del gobierno estatal.

Otro eje de tensión es el tema de los servicios públicos (agua, luz eléctrica y obras en particular). Los zapatistas estando en resistencia frente a las instancias gubernamentales, se generan fricciones con el resto de la población que paga por estos servicios. Dos situaciones particularmente tensas en estos meses se dieron en Zinacantán (militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, cortaron el suministro del agua a bases de apoyo zapatista) y en San Juan Cancúc (miembros del PRI, amenazaron de expulsar a indígenas simpatizantes del EZLN que se negaban a cooperar para los servicios). Para algunos, este factor de división es un elemento clave de la nueva estrategia contrainsurgente.

Autonomías en la geografía nacional

Después de la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena en el 2001, tanto el EZLN como el Congreso Nacional Indígena (que aglutina a la mayoría de los pueblos indígenas de México) optaron por la construcción de la autonomía por la vía de los hechos.

Recientemente, un ejemplo crítico en cuanto al futuro de la autonomía se dio en Morelos cuando, en enero, ciudadanos de Tlanepantla se declararon municipio autónomo. El 14 de enero, el gobierno estatal envió policías al municipio para posibilitar que el alcalde constitucional asumiera su cargo. Se desalojó al consejo municipal autónomo y se dio un enfrentamiento que dejó una persona muerta y cientos de desplazados que regresaron tan sólo hasta marzo. El gobernador de Morelos justificó la intervención al afirmar que se había encontrado un “campo de adiestramiento tipo guerrillero”, y que se “tiene conocimiento de que el grupo opositor al gobierno municipal estaba fuertemente armado”.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel afirmó en referencia a estos hechos que es necesario que se deslinden responsabilidades “con claridad y precisión”, pero también que “no se va a permitir que nadie venga a establecer nuevas formas de gobierno a voluntad propia, a contentillo de algún grupo que no esté de acuerdo con la autoridad constitucional”. La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas advirtió que estas declaraciones: “suenan a amenaza, y ponen en riesgo experiencias como las Juntas de Buen Gobierno de los zapatistas”.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Anders Kompass, haciendo referencia al caso señaló que si los problemas poselectorales no se resuelven por la vía pacífica “se corren grandes riesgos de que se conviertan en violencia”, algo que aparece en el diagnóstico de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México.

Derechos indígenas en México: persistentes rezagos

Este diagnóstico se presentó formalmente el 8 de diciembre pasado. El presidente Fox aceptó las 32 recomendaciones derivadas del mismo y admitió que falta mucho por hacer para que la vigencia de las garantías personales sea una realidad plena en el país.

En cuanto a derechos indígenas, el diagnostico subraya: “Si bien ha habido algunos avances en la materia, también hay serios rezagos que no han sido atendidos con suficiente voluntad política. (...) En la actualidad las violaciones a los derechos humanos de los indígenas se producen por lo general en el marco de un alto grado de conflictividad, particularmente en el medio rural, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión agraria y con pugnas en torno al poder político local y regional. Se ha informado reiteradamente de la existencia de conflictos en comunidades indígenas donde ocurren actos de violencia e intervenciones de las autoridades públicas, que con frecuencia configuran violaciones a los derechos humanos. Según los informes recabados, muchas de estas violaciones permanecen impunes y provocan el agravamiento de los conflictos y el recrudecimiento de la violencia”.

Militarización persistente

A pesar de las protestas para que se retire el Ejército de las comunidades indígenas, como en Emiliano Zapata (zona Norte) en enero, la presencia militar en Chiapas sigue siendo la más alta del país, después del Distrito Federal, sede del mando militar nacional. Algunas de las consecuencias de la militarización son cada vez son más notables y cuestionadas: alcoholismo, drogadicción, prostitución y ruptura del tejido social en particular.

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), en su más reciente publicación “La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero” ubicó 91 instalaciones militares permanentes en la zona de conflicto. Afirma que: “la presencia el Ejército significa la suspensión de garantías con un costo social que endosado a las comunidades indígenas, ha sido y continua siendo, muy alto.” Denuncia que “las operaciones militares han sido irregulares, es decir, actividades bélicas que no tienen por objeto llegar a una decisión, pero sí el de hostilizar y desgastar al adversario, y pueden realizarse como hechos aislados e individuales o como parte de un plan defensivo previamente establecido, en combinación o no con operaciones regulares. A través del fuerte impacto paramilitar y el desplazamiento forzado de miles de pobladores, estas operaciones se han basado en la creación de grupos paramilitares”. Ver www.capise.org.

En cuanto a actividades con corte paramilitar, en marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC) señaló que desde finales del año pasado se han producido ataques, amenazas y homicidios no esclarecidos en los municipios San Andrés y San Juan de la Libertad (El Bosque). En esta región se ha denunciado y documentado la actuación de un grupo paramilitar conocido como Máscara Roja, grupo también acusado de ser responsable de la masacre de Acteal.

Montes Azules: constante foco rojo

El CDHFBLC informó que el jueves 22 de enero fueron quemadas 23 casas en la comunidad Nuevo San Rafael en la reserva de la biosfera de Montes Azules. El hecho ocurrió después de que decenas de integrantes de la Marina, policías y funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a la comunidad en una acción que el CDHFBLC calificó de “desproporcionada”. Denunció que la Profepa mantenía la comunidad “incomunicada” y condenó la “violación del libre tránsito en la región de Montes Azules”. Por su lado, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que las familias de Nuevo San Rafael decidieron abandonar el lugar “voluntariamente”. Sin embargo, existen versiones en el sentido de que la SRA había dividido a la población. Unos determinaron regresar a su lugar de origen, en el municipio de Sabanilla, otros decidieron permanecer en Montes Azules.

Después de estos hechos, el cercano poblado zapatista de Nuevo San Isidro que se formó desde hace casi dos años anunció: “De estas tierras sólo nos van a sacar muertos, porque no vamos a aceptar las limosnas del gobierno”. Al respecto, el presidente de la organización ‘Maderas del Pueblo del Sureste’ advirtió: “si la presión continúa y si se quiere hacer un desalojo ahí, lo que va a haber es un enfrentamiento, una masacre, porque ya es contra el Ejército Zapatista”.

A principios de febrero, cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los gobiernos federal y estatal que “paren los operativos aislados” en Montes Azules, “hasta que todos los actores involucrados sean consultados profundamente en este proceso”. Aseguraron que lo ocurrido en la comunidad San Rafael, el gobierno “orilló a los pobladores a retornar a la comunidad El Calvario, de donde habían sido desplazados con anterioridad por el grupo paramilitar Paz y Justicia”.

También se pronunciaron respecto a la reciente firma del convenio entre la Unión Europea (que otorgará 15 millones de Euros) y el gobierno de Chiapas (que aportará otros 16 millones de Euros), con el que se pretende beneficiar a 155 mil habitantes de 16 micro-regiones de la Selva Lacandona y en la que se encuentra la biosfera de Montes Azules: “el círculo de intereses internacionales (...) se cierra, y reparte” la zona entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Pese a la intención declarada de la UE de fomentar la participación directa de las comunidades y de ayudar al diálogo entre los indígenas y el gobierno, este proyecto pretende ser desarrollado en una de las zonas más problemáticas de Chiapas.

Reapertura del caso de la masacre de Acteal

El 22 diciembre pasado, en el marco del sexto aniversario de la masacre de Acteal en la que murieron 45 indígenas del grupo la sociedad civil Las Abejas, líderes de las principales iglesias evangélicas del país exigieron al ejecutivo federal reabrir el caso. Argumentan que de los 74 indígenas actualmente presos, varios de ellos evangélicos, la mayoría son inocentes y que se han presentado los elementos necesarios para probarlo.

En febrero, por considerar que el gobierno federal “está preparando el camino para liberar a los culpables de la masacre”, Las Abejas lanzaron una “Campaña contra la impunidad”. Manifestaron su desacuerdo con la reapertura del caso y denunciaron: “es una estrategia diseñada para encubrir a los autores intelectuales del genocidio realizado en Acteal”. Subrayaron que el conflicto en Chenalhó no es religioso y mencionaron que vieron con preocupación y como un antecedente la liberación en enero de siete presuntos paramilitares del grupo Paz y Justicia (zona Norte del estado).

En marzo, se iniciaron mesas de trabajo del grupo que estudiará el caso en el cual participan representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la comunidad evangélica. Abner López Pérez, pastor evangélico y director de la Sociedad Bíblica de México hizo un “fraternal llamado” a Las Abejas para que participen en esta mesa y para “buscar el total esclarecimiento de los hechos”. Adoniram Gaxiola, también pastor evangélico exigió “que reciban el castigo justo los verdaderos responsables intelectuales y materiales de los hechos, (...) a los muertos de Acteal sólo se les hará justicia cuando los verdaderos culpables sean identificados”.

El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, afirmó que “si los que están dentro fueran inocentes, cosa que habría que demostrar, pues habría que encontrar entonces a los verdaderamente culpables, por eso ojalá que este caso se maneje con mucha delicadeza porque puede generar demasiada desconfianza también en el Poder Judicial, si salieran libres los que están actualmente encarcelados”.

Electricidad, nuevo eje de tensión

En diciembre, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar anunció que más de 500 chiapanecos que enfrentan distintos tipos de procesos penales por conflictos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), producto de la resistencia al pago de luz en demanda de tarifas justas, alcanzarán su libertad o serán perdonados a través del retiro de las acusaciones por parte de las autoridades federales.

Por otro lado, desde el principio del año, la CFE impulsa el programa Tarifa “Vida Mejor”, cuyo objetivo es poner fin a la resistencia al pago de luz y regularizar la situación. Sin embargo, los conflictos entre la CFE y centenares de comunidades en el estado lejos de disminuir se han multiplicado.

En febrero, el Frente de Resistencia Jurídica y Civil Chiapaneca (Frejuch) anunció que ya suman más de tres mil juicios de amparo, 2 mil 500 demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y por lo menos siete mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 12 de marzo, el superintendente de CFE afirmó que se han “logrado ya 98 mil de los 300 mil convenios” que pretende firmar y que “la población que se mantenía en resistencia para no pagar sus deudas a la CFE, en la actualidad están contribuyendo con entusiasmo para resolver este problema”. Los grupos de resistencia a las políticas de la CFE aseguran a cambio que al menos en 78 municipios rechazan las tarifas que imponen la paraestatal y las autoridades locales. En varios municipios de la zona Altos y Norte se condicionan procesos administrativos (inscripción escolar, cartillas del servicio militar por ejemplo) a la regularización de los pagos. En Cancúc, el programa ha servido para amenazar de expulsión a las bases de apoyo zapatistas. El diputado federal Emilio Zebadúa, ex secretario de Gobierno de Pablo Salazar, reconoció que “Tarifa ‘Vida mejor’ no ha resuelto los problemas que pretendía cuando fue presentado”.

:: ENFOQUE

Los Acuerdos de San Andrés hablan Bats’i K’op⁽¹⁾

⁽¹⁾ Bats’i k’op significa literalmente “palabra verdadera”, y así nombran los indígenas a su lengua madre

El camino de los Acuerdos de San Andrés

© Foto CDHFBC

Los Diálogos de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, iniciados en 1995 entre el EZLN y el gobierno federal, fueron un intento de resolver las causas estructurales, sociales, políticas y culturales que habían provocado el levantamiento armado zapatista de 1994 y basadas en las desiguales relaciones existentes entre los pueblos indígenas, el resto de la sociedad y el Estado mexicano.

La creación de este espacio público de diálogo representó un esfuerzo para establecer un nuevo pacto social en el que fundar el proyecto de nación mexicana, basado en el reconocimiento no sólo de los derechos individuales, sino también de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los ámbitos:

• Político: gobiernos autónomos y formas propias de elección;
• Jurídico: ejercer sus sistemas normativos internos, formas de impartir justicia y decidir sobre conflictos internos;
• Social: decidir sus formas de organización social;
• Económico: disfrute de sus recursos naturales, decisión sobre sus necesidades y sobre las formas de satisfacerlas.
• Cultural: garantizar la cultura propia.

Para llevar a cabo este proceso, se establecieron seis mesas de diálogo:

1. Derechos y Cultura Indígenas;
2. Democracia y Justicia;
3. Bienestar y Desarrollo;
4. Conciliación en Chiapas;
5. Derechos de la Mujer y
6. Cese de Hostilidades.

El 16 de febrero de 1996 se logró llegar a un acuerdo en la mesa 1 de Derechos y Cultura Indígena. Los textos donde quedaron plasmados los puntos de consenso son los denominados “Acuerdos de San Andrés” (ASA).

Estos ASA constan de tres grandes partes:

1. Pronunciamiento conjunto: un documento político que define un nuevo proyecto de país basado en los siguientes principios:
   • la libre determinación y la autonomía: se debe respetar el derecho de decisión de los pueblos indios;
   • la participación: los pueblos indios son los sujetos activos del diseño, planeación y ejecución de los proyectos que decidan;
   • el pluralismo: respeto a la diversidad de los pueblos;
   • la integralidad: el gobierno debe intentar resolver los problemas completos, no sólo una parte;
   • la sustentabilidad: los proyectos y los programas no deben dañar el medioambiente ni los recursos de los pueblos.
2. Propuestas conjuntas: un documento legal que establece los cambios que se deberán de establecer en las leyes para que se pueda dar este nuevo proyecto de nación, incluyendo una reforma constitucional.
3. Compromisos para Chiapas: un documento local que establece las acciones que en este estado se deberán llevar a cabo para dar cumplimiento a los Acuerdos.

El 3 de septiembre de 1996, el EZLN decide retirarse de las mesas de negociación denunciando la falta de voluntad por parte del gobierno federal para proseguir con el diálogo en la mesa 2 y su estrategia de guerra mantenida de forma paralela al proceso de paz.

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), conformada por legisladores de los diferentes partidos políticos y encargada de ayudar en el proceso de diálogo desde marzo de 1995, redactó y presentó a las partes una propuesta de reforma constitucional que recogía los principales consensos establecidos en los ASA. Esta propuesta es la denominada “Ley COCOPA” y buscaba facilitar el regreso a las mesas de negociación. El entendimiento era que las partes aceptarían la iniciativa por completo, sin ninguna observación o corrección, o la rechazarían. En diciembre de 1996, el EZLN aceptó la iniciativa; el gobierno en cambio planteó modificaciones que cambiaban de manera sustantiva la propuesta de la COCOPA.

Desde este momento, los ASA se convirtieron en el símbolo de lucha del movimiento indígena nacional y de grandes sectores de la sociedad civil nacional que daban legitimidad a este documento tanto por su contenido (se recuperaron los resultados del Foro Nacional Indígena celebrado en enero de 1996 y que desembocó en la conformación del Congreso Nacional Indígena, CNI) como por la pluralidad desde la que nacían. En efecto, hay que recordar la amplia representación de la sociedad mexicana que se dio en las mesas de San Andrés.

En el año 2000, las elecciones presidenciales dieron el triunfo al líder del Partido de Acción Nacional, Vicente Fox, quien expresó su disposición de volver al diálogo de paz. Tras más de 70 años de gobiernos federales controlados por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) parecía abrirse una esperanza de cambio.

El EZLN estableció tres condiciones para aceptar el regreso a las mesas de negociación: el retiro de siete posiciones militares, la libertad de los presos políticos zapatistas y el cumplimiento de los ASA a través de la aprobación de la Ley COCOPA. Este hecho devolvió durante el 2001 el protagonismo a los ASA y a su cumplimiento como puerta para seguir caminando en la construcción de una paz con justicia y dignidad.

Para explicar el por qué de esta necesidad, el EZLN organizó la Marcha del Color de la Tierra o Marcha por la Dignidad Indígena recorriendo diferentes estados de la república mexicana y llegando el 11 de marzo de 2001 al Palacio legislativo, donde los comandantes zapatistas pudieron explicar ante el Congreso de la Unión las razones para la aprobación de la Ley COCOPA.

Finalmente, en el mes de abril se aprobó una reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígenas alejada de los derechos colectivos de los pueblos indígenas recogidos por la ley COCOPA: no se reconoce la autonomía de los pueblos a nivel federal sino que lo remite a las legislaturas estatales; no se reconoce el derecho colectivo sobre el territorio, ni sobre el uso y disfrute de los recursos naturales; desconociendo por tanto, derechos colectivos fundamentales ya reconocidos por el Estado Mexicano en la firma del Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes (vigente en México desde 1991).

La reforma fue rechazada por el EZLN, el CNI, intelectuales, y por grandes sectores de la sociedad civil nacional e internacional. Por una parte, se presentaron 324 controversias constitucionales frente al máximo órgano judicial de la nación, quien se declaró incompetente para juzgar sobre este acto del poder legislativo. Por otro lado, el EZLN y el CNI declararon los ASA como ley vigente en sus territorios, prosiguiendo con la construcción de sus proyectos de autonomía e iniciando un acto de desobediencia civil frente a esta reforma constitucional calificada de “traición a los pueblos indios”.

Los Acuerdos de San Andrés florecen en lengua indígena

Ocho años después de la firma de los ASA, este documento ya histórico, resurge con voz indígena, tras un trabajo colectivo e intercultural fomentado desde el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (CELALI) de Chiapas.

Este centro se creó en 1997 dando cumplimiento a los “Compromisos para Chiapas” establecidos en los ASA, y más concretamente en las acciones y medidas en el ámbito de la educación y la cultura. El CELALI impulsa y fomenta el desarrollo de las lenguas indígenas chiapanecas desde el reconocimiento de la autonomía cultural de los pueblos indígenas.

Desde este objetivo y con el esfuerzo conjunto de un equipo de asesores, traductores e investigadores sociales nace la edición bilingüe de los ASA en las diez lenguas indígenas existentes en territorio chiapaneco: zoque, tzotzil, tzeltal, tojolabal, ch’ol, lacandón, jacalteco, q’anjob’al, chuj y mam (estas cuatro últimas, lenguas guatemaltecas existentes en Chiapas tras el asentamiento en territorio chiapaneco de refugiados guatemaltecos).
Estos libros se convierten como ha señalado el historiador y antropólogo, Andrés Aubry, en un material de trabajo para las comunidades indígenas. Los traductores recibieron durante un año talleres sobre el contexto en el que se dieron los ASA. En esta etapa jugaron un papel fundamental los asesores, entre los que se encuentran algunos ex miembros de la CONAI (Comisión Nacional para la Intermediación, instancia que medió entre las partes durante los Diálogos de Paz).

Después, los traductores se fueron a las comunidades para intercambiar visiones con los propios hablantes de las lenguas. Más tarde, regresaron para trabajar con Comités Populares de Lectura, y por último, se realizaron dos plenarias con delegados de las comunidades en San Cristóbal.

Uno de los mayores retos ha sido conseguir que las lenguas indígenas crearan nuevas palabras para poder nombrar relaciones políticas y jurídicas, palabras inexistentes hasta ahora debido al estancamiento que la colonización provocó en el desarrollo de las mismas. De modo que de forma colectiva se recrearon conceptos como autonomía, derecho a la diferencia, pluriculturalidad, instancias de debate nacional, libre determinación, nuevo pacto social, pueblos indígenas, reconocimiento, reforma del estado, sistemas normativos internos, sustentabilidad, recursos naturales, territorio o usos y costumbres. Estas palabras fueron las más polémicas en las comunidades y las que mayores dificultades crearon para ser traducidas. Por ello, tienen un apartado especial como “Glosario” en esta edición bilingüe, con una explicación más amplia sobre su significado y remitiendo con números a los párrafos correspondientes del texto de San Andrés donde aparecen dichos conceptos.

Esta experiencia nos muestra cómo el lenguaje político y jurídico que forma parte del movimiento indígena actual en su discurso sigue estando “colonizado” por conceptos que vienen del castellano, y por tanto, de construcciones conceptuales ajenas a las cosmovisiones indígenas. Por ejemplo, Xuno López, miembro del CELALI, cuenta cómo la primera versión de la traducción fue desechada porque mantenía la forma tradicional de nombrar ‘gobierno’ en lengua indígena como ‘dios o dueño’, ajvalil.

De ahí que Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, considere estas traducciones como un “trabajo de liberación de las lenguas indias, de palabras que determinan un tipo de relación”.

Esta recreación de las lenguas indígenas no es valorado positivamente por todo el mundo, hay voces que cuestionan para qué cambiar palabras en castellano que los indígenas ya tienen incorporadas en su cotidianidad, y avisan de la estandarización que pueden provocar en las lenguas estos trabajos de traducción Para otros, este trabajo es un camino más, un regalo para la humanidad y un valor para las culturas indígenas al poder participar en la creación de nuevas palabras.

También ha habido dudas sobre cuánto impacto puede tener este trabajo en una estado con altos niveles de analfabetismo como Chiapas. Respecto a este factor, Andrés Aubry comparte cómo en los trabajos de traducción realizados en las comunidades, personas analfabetas querían también participar, argumentando “No sé leer ni escribir, pero sé pensar”.

Ahora se inicia un nuevo proceso: devolver este texto a las comunidades indígenas y recibir sus comentarios así como comprobar si realmente las traducciones son correctas y han logrado su objetivo.

Marcos Girón, miembro del equipo coordinador, nos comentaba que al presentar el documento ya terminado ante una organización campesina, los miembros de ésta se sorprendieron porque los Acuerdos “decían cosas buenas”. Hasta entonces habían pensado que los ASA eran solo de los “haraganes” que se levantaron en armas (refiriéndose a los zapatistas).

Esta anécdota nos muestra cuántos colectivos y personas desconocen el contenido de los ASA, lo que hace en ocasiones verlos sólo como texto de los indígenas o de los zapatistas, en vez de entenderlos como patrimonio de tod@s y para tod@s l@s mexican@s.

Los Acuerdos de San Andrés: una puerta hacia el interculturalismo

La traducción de los ASA supone un florecimiento de los mismos, “no son una mera ‘efeméride’ sino un programa vivo” y se enmarca en la estrategia de los pueblos indígenas de seguir con su ‘reconstrucción autonómica’ por la vía de los hechos (Magdalena Gómez, La Jornada, 17 de febrero de 2003).

El significado de los ASA y ahora su traducción a las lenguas indígenas chiapanecas convierten este proceso en un paso más hacia la construcción de una paz que represente el fin de la opresión a la que se han visto sometidos durante siglos los pueblos indígenas en México.

La apropiación por parte de las lenguas indígenas de un texto político de la importancia de los ASA es mucho más que un simple cambio lingüístico: representa la emancipación de las lenguas indígenas en el terreno político y más, el inicio de un verdadero interculturalismo, en el que el contacto entre las diferentes culturas se base en el diálogo y en el reconocimiento mutuo, predominando entre ellas, la igualdad, la participación, la convivencia, la autonomía y la reciprocidad.

En la presentación de esta edición bilingüe de los ASA en San Cristóbal de Las Casas, el 16 de febrero del presente año, Andrés Aubry afirmó que era una día de fiesta para ese nuevo país que está diseñado en dichos textos: “Estamos construyendo la paz. Sin el cumplimiento de los ASA no hay paz. El texto es de todos, no es del EZLN ni del gobierno. Depende del país que se vayan a realizar. No se puede disociar los ASA del proceso de paz”.

Esta experiencia demuestra que la interculturalidad puede ser una puerta hacia una paz con justicia y dignidad, partiendo del reconocimiento del otro. Esta lucha por la dignidad de las culturas indígenas ya cuenta con un “arma que no dispara balas, sino palabras y pensamientos” (Andrés Aubry).

:: ARTÍCULO

CUARTO ENCUENTRO SOBRE EXPERIENCIAS POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN:

“ unidos buscando construir una casa en donde quepamos todos”.

“Tomémonos de la mano y trabajemos juntos por una misma lucha. Preparémonos y tengamos más experiencias que nos ayuden a construir el futuro para nuestros hijos. Busquemos la paz (...) llevará tiempo, así que no nos soltemos”
(Un participante al concluir el Encuentro)

El 30, 31 de enero y 1 de febrero del 2004, la Red por la Paz de Chiapas (de la que SIPAZ es parte) convocó al Cuarto Encuentro sobre Experiencias por la Paz y la Reconciliación. Asistieron alrededor de 120 participantes de 30 municipios del Chiapas. El objetivo era propiciar un espacio para “dialogar y reflexionar sobre la situación de guerra que vivimos, lo que afecta a nuestra vida y organizaciones, así como nuestro trabajo en la búsqueda de la paz”.

“ Una guerra que puede parecer invisible”...

Para el análisis de la realidad se realizó un panel en el que participaron personas de diferentes organizaciones y regiones.

Uno de ellos expresaba: “Hay una guerra que puede parecer invisible, pero que estamos sintiendo. Nosotros lo vemos en: los programas del gobierno, sus planes para quitar fuerza a los pueblos y para meter miedo. La guerra quiere dominar la razón de los pueblos indios y la palabra de los hermanos. Por otro lado hay resistencia a los planes del gobierno y la política neoliberal. (...) El gobierno no cumplió los Acuerdos de San Andrés porque no quiere reconocer nuestros derechos. No les conviene pues tienen la idea de seguir saqueando nuestros recursos. Es importante que se sepa que con ley o sin ella, nosotros sí podemos organizarnos, valorando nuestro ser indígena y campesino, creando una buena conciencia y reconociendo nuestros propios derechos”.

Después de esta presentación, se trabajó en grupos para profundizar la reflexión. Se subrayó que la guerra tiene varias caras:

1994-2004, Proceso de Paz, proceso de guerra: recuperando avances y aprendizajes

Después de traer a la memoria los hechos más importantes, se trabajó en grupos para visibilizar lo que se ha hecho como sociedad civil en estos 10 años de conflicto. Se presentó la siguiente síntesis de los aportes civiles a la paz:

“La paz es como la semilla hay que tener paciencia y cuidarla para verla crecer...”

Nuevamente se trabajó en grupos para analizar las posturas de diversos actores en Chiapas buscando ubicar qué busca, qué hace, a quién favorece y a quién afecta lo que hacen o dejan de hacer cada uno de esos actores.

El boletín final sintetiza: “Todos dicen que quieren la paz, pero cada uno la busca de un modo diferente. Hay que ponernos los zapatos de los otros para entender cuál es su pensamiento y por qué está haciendo lo que hace. No es para decir si tiene la vedad o no la tiene, es para entenderlos mejor y así a nosotros nos ayuda a estar claros para definir nuestras acciones. El gobierno, por ejemplo, piensa que como no hay guerra ya se acabó el problema y piensa que los proyectos ayudan a construir la paz. Estamos parados en un mundo donde hay muchos grupos. Pero por ejemplo no podemos hablar de iglesia como un solo grupo, hay diferentes iglesias y cada una tiene grupos diferentes a su interior. (...) No se trata de decirles a los otros actores lo que tienen que hacer. Ellos tienen su idea. Hay que ver a nosotros qué nos falta hacer”.

Después de este trabajo, se profundizó en la pregunta: Y nosotros, ¿qué entendemos por paz? Algunas ideas fueron:

• “Vivir sin miedo, con felicidad. Es la vida que nos lleva al respeto”.
• “Es trabajar desde un sólo corazón”.
• “Para beneficio de todos. No con ejércitos. Sin dominación”.
• “Es vivir una vida digna: vivienda, trabajo, salud, educación. Es tener tierra donde trabajar y que todos tengan pan para comer. Que nadie sufra”.
• “Es vivir en armonía conmigo mismo, con mis hermanos y con la naturaleza. Es profunda, es sacar lo amargo, superar el odio, el rencor”.
• “No sólo es ausencia de conflictos. Es reconciliación en la comunidad. Es crear acuerdos para vivir en paz. Y respetar el derecho de todos, respetando la libre expresión”.

En un boletín de prensa, se rescataban algunos elementos a futuro: “Como pueblos venimos trabajando en la construcción de la paz, el amor, la justicia, buscamos la reconciliación y el diálogo, la defensa de nuestro territorio, buscando la liberación de nuestros pueblos para ya no vivir en la opresión, fortaleciendo nuestro proyecto de vida. (...) Ya no esperamos nada del gobierno para cambiar nuestra situación, el cambio lo tenemos que construir nosotros desde la base, desde nosotros”, lo cual requerirá de mucha paciencia, cuidando semillas de paz y unidad...

Para más información, consultar: http://www.laneta.apc.org/coreco/Boletfinal.htm

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

Diciembre 2003 - Marzo 2004

ACOMPAÑAMIENTO

Durante los últimos meses, el equipo de títeres “Diversidad” presentó funciones sobre el valor de la diversidad y de la reconciliación en una Asamblea de mujeres artesanas de la zona Altos y en distintos barrios de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Terminamos una nueva obra sobre el uso del agua y la protección del medio ambiente, complementando las 4 otras que ya se tienen sobre divisiones, reconciliación, derechos de la mujer y derechos del niño. Dicha obra se estrenó en el tercer Encuentro chiapaneco frente al Neoliberalismo llevado a cabo en Huitiupán del 19 al 21 de marzo.

En enero, fuimos en dos ocasiones como observadores a Emiliano Zapata, una comunidad de la zona Norte en donde la mayoría de la población realizaba manifestaciones para exigir el retiro de la base militar instalada en dicha comunidad.

A finales de marzo, el equipo fue a la Zona Norte (municipios de Tila, Sabanilla y Yajalón) para entrevistarse con los distintos actores de la zona y para preparar una gira de títeres en aquella zona.

DIALOGO INTERRELIGIOSO

En el marco del proyecto de “Pasantías de intercambio y formación entre líderes religiosos de Chenalhó y las Comisiones de Paz de Nicaragua”, dimos tres talleres de capacitación sobre negociación y mediación con actores religiosos del municipio de Chenalhó. También mantuvimos reuniones y entrevistas con actores religiosos de este municipio y de San Cristóbal de Las Casas vinculados al mismo proceso.

En diciembre, nos entrevistamos con el secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal Francia - América Latina (CEFAL) en el marco de su visita a Chiapas.

En enero, estuvimos presentes en la conferencia de prensa realizada por el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz para presentar su carta pastoral “Una nueva hora de gracia”.

Estuvimos presentes en dos actividades promovidas por el Consejo Interreligioso de Chiapas (CICH): coros de distintas iglesias y denominaciones (diciembre), y oración ecuménica (en el marco de la semana para la diversidad de los Cristianos).

EDUCACION POR LA PAZ

Conjuntamente con la Red por la Paz de Chiapas, participamos en la organización y realización del 4º encuentro sobre experiencias de Paz y Reconciliación llevado a cabo en San Cristóbal de Las Casas a finales de enero. Participaron 120 personas de 30 municipios del estado (ver http://www.laneta.apc.org/coreco/Boletfinal.htm).

A principios de marzo, participamos en el “Taller para construir un referente nacional de paz” realizado en la ciudad de México.

En marzo, en coordinación con la Comisión para la Reconciliación Comunitaria (CORECO), impartimos un taller sobre “Divisiones comunitarias y planes neoliberales” en el marco del tercer Encuentro chiapaneco frente al Neoliberalismo de Huitiupán.

CONTACTOS E INFORMACION:

Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ, principalmente de EE.UU., Alemania, Bélgica y Noruega.

En diciembre, nos entrevistamos con el Embajador de Alemania en México, Dr. Eberhard Kölsch.

En diciembre, estuvimos en la presentación del Informe anual del gobierno estatal presentado por el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.

Nos entrevistamos con distintos actores en Chiapas y México a nivel de comunidades, movimientos sociales, ONGs y gubernamental. Estuvimos en la ciudad de México en tres ocasiones. En diciembre y febrero, fuimos a Oventik para entrevistarnos con la Junta de Buen Gobierno.

Estuvimos presentando elementos de reflexión sobre los 10 años del conflicto armado en reuniones de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) y del Movimiento Independiente de Mujeres (MIM) en febrero.

Internacional

Un miembro del equipo dio presentaciones en España en La Universidad de Deusto de Bilbao (País Vasco), La Universitat de Lleida (Cataluña) y en la Universitat de Valencia (Comunidad Autónoma Valenciana) en diciembre.

En marzo, participamos en la consulta nacional sobre el papel de la sociedad civil en la prevención de conflictos armados, una consulta global que culminará con una conferencia internacional por realizarse en la sede de las Naciones Unidas en el 2004. Nos entrevistamos con los responsables de este proceso en EE.UU. y Canadá.