:: SUMARIO
Después del fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma constitucional
en materia indígena, el conflicto de Chiapas ha entrado
en una nueva fase. Organizaciones indígenas y la sociedad
civil se manifestaron en contra de dicha resolución,
mientras que el EZLN mantiene su política de silencio.
Este silencio no significa que la lucha por el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indios se haya abandonado.
Por el contrario, representa centrar su estrategia en la
construcción de la autonomía por la vía
de los hechos. La autonomía es el tema de Enfoque
de este informe.
Al hablar de autonomía es claro que no existe un modelo único,
sino distintas formas de entenderla y ejecerla. En cada caso
la construcción de la autonomía presenta dificultades
y desafíos para las comunidades y la sociedad toda;
entre ellos, la superación de los conflictos derivados
de las diferencias entre las experiencias autónomicas.
A cuatro meses de que fueran asesinados dirigentes civiles
en los municipios autónomos zapatistas, las investigaciones
no han arrojado luz sobre los hechos y los acusados siguen
prófugos. Las interpretaciones sobre los incidentes
violentos de julio y agosto difieren sustancialmente. Más
allá de si todos los hechos obedecieron o no a una
estrategia política planificada, lo indiscutible es
el contexto de alta tensión en que se inscriben, como
producto de un conflicto que no se procesa ni se resuelve,
y que lleva a interpretar las acciones de todos los actores
desde una lógica de guerra.
En septiembre fueron detenidos por la Procuraduría
de Justicia estatal 27 integrantes del grupo armado Desarrollo,
Paz y Justicia; este hecho, sumado a las divisiones que ha
sufrido en dos años, han debilitado a la organización,
al mismo tiempo que representa una fuente de tensión
en la zona Norte.
Distintas organizaciones de derechos humanos criticaron
la decisión de la Procuraduría General de la República
de disolver la Unidad Especial para la Atención de
Delitos Cometidos por Probables Grupos Armados, sin que se
haya resuelto el problema de los paramilitares en Chiapas.
La resistencia contra el modelo neoliberal fue
el centro de las movilizaciones del 12 de octubre.
En
Chiapas,
las organizaciones populares se unieron para
bloquear carreteras,
cerrar fronteras y protestar contra la reforma
indígena,
la política económica del gobierno, el Plan
Puebla-Panamá y el Área del Libre Comercio
de las Américas. El mismo día comenzó en
México la Consulta Nacional contra el ALCA, que se
inscribe en el movimiento regional y continental de lucha
contra el modelo de globalización dominante, y en
el que los pueblos indígenas han ido adquiriendo un
protagonismo creciente.
El Ejecutivo enfrenta a una oposición parlamentaria
hostil por su política exterior complaciente con Estados
Unidos. Más recientemente, otro factor de tensión
ha sido el debate iniciado por el Presupuesto federal de
2003, en el que la oposición ha criticado duramente
los recortes previstos al gasto social.
El revisionismo del período de la guerra sucia de
los ‘70s y ‘80s, que investiga la Fiscalía
Especial nombrada por el Ejecutivo, puede significar el fin
de la impunidad de dos instituciones tradicionalmente intocables
en el régimen anterior, y hoy cuestionadas: las Fuerzas
Armadas y el PRI.
En un intento por limpiar la imagen de la
institución,
la Justicia Militar condenó a los generales retirados
Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro por delitos vinculados
al narcotráfico, y próximamente los juzgará por
el asesinato de 143 personas durante la guerra sucia. Sin
embargo, las organizaciones de derechos humanos han criticado
duramente que la Justicia Militar haya asumido competencia
para juzgar estos crímenes, que fueran originalmente
denunciados ante la Fiscalía Especial.
En octubre se cumplió un año del asesinato
de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, sin que
se haya logrado su esclarecimiento.
Acciones Recomendadas
- Escribir al presidente
Fox expresándole la esperanza
de la comunidad internacional en que el Estado mexicano revisará la
reforma constitucional en materia indígena para hacerla
congruente con los compromisos asumidos en San Andrés
y ante la OIT al ratificar el Convenio 169.
- Exhortar a la OIT para
que exija al Estado mexicano que la legislación interna sobre pueblos indígenas
sea congruente con el Convenio 169.
- Urgir al gobierno estatal a que
investigue de manera imparcial y eficaz los hechos de violencia
ocurridos
en Chiapas en
agosto y someta a los culpables a la justicia.
- Difundir información -como la contenida en este
informe- sobre la situación en Chiapas y en México.
POR FAVOR, ESCRIBIR A:
Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
11850 México D.F., México
Fax: (+52. 55) 55 22 41 17
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17
Dr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22, Suiza
Fax: (+41.22) 917 90 10
cabinet@ilo.org
Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso
29009, Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, México
Fax: (+52.961) 612 0917
:: COYUNTURA
CHIAPAS: EL SILENCIO DE LA RESISTENCIA
El conflicto de Chiapas entró en una nueva etapa
después del fallo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), que de hecho validó la
reforma constitucional en materia indígena. Después
de las reacciones críticas de múltiples actores
al fallo judicial (ver Informe
de SIPAZ, agosto 2002), lo
dominante en este período es el silencio del EZLN.
Este silencio, que algunos interpretan
como omiso, para otros se entiende en el marco de la decisión política
que lo acompaña: la voluntad de construir su propio
proyecto de autonomía por la vía de los hechos
y a espaldas de la institucionalidad del Estado, que no atendió sus
demandas. Según los analistas, los pueblos indios
probaron hasta dónde podían esperar de los
tres poderes democráticos, y ahora se han volcado
a un proceso de largo plazo que apunta a la reconstrucción
de sí mismos como pueblos (ver Enfoque). El mayor
desafío que supone este proyecto es el de la unidad
del movimiento indígena.
Si bien el silencio se entiende como parte
de una estrategia de resistencia, algunos analistas consideran
que probablemente
el EZLN va a esperar la oportunidad para relanzar una nueva
iniciativa política hacia el conjunto de la sociedad
mexicana.
Mientras tanto, la resistencia zapatista
se da en medio de tensiones inevitables con las autoridades
locales oficiales,
y con las organizaciones antes aliadas y hoy en disputa por
el control territorial y político. También
la resistencia desgasta y produce en algunos casos deserciones,
e incluso la expulsión de quienes no aceptan sus exigencias.
El 17 de noviembre, al cumplirse 19 años de la fundación
del EZLN y presentarse la revista Rebeldía, el subcomandante
Marcos rompió su silencio haciendo pública
una carta en la que descalifica a los tres partidos mayoritarios
y, respondiendo a quienes dicen que 'los zapatistas están
acabados', Marcos afirma: “lo único que se les
está acabando a los zapatistas es la paciencia”.
Las víctimas de agosto: ¿objetivo
militar?
A cuatro meses de que fueran asesinados
varios dirigentes civiles en los municipios autónomos zapatistas (ver
Informe de SIPAZ, agosto
2002), las investigaciones no han
arrojado ninguna luz sobre los hechos y los acusados siguen
prófugos.
Hay distintas interpretaciones sobre los
incidentes violentos de julio y agosto. Según la procuraduría de
justicia estatal (PGJE), no existe una conexión clara
entre las muertes, que obedecerían a móviles
diferentes derivados de conflictos comunitarios. Para algunos
analistas cercanos al gobierno estatal, se trataría
de acciones del priísmo local buscando desestabilizar
al gobierno de Pablo Salazar para recuperar espacio político,
de cara a las elecciones legislativas de 2003.
Las organizaciones sociales y de oposición en un
principio se inclinaron por explicar los hechos en el marco
de la estrategia federal de desalojar a las comunidades asentadas
en la codiciada y rica zona de la biósfera de Montes
Azules. Posteriormente, muchos coincidieron en interpretar
las agresiones hacia los zapatistas, así como el incremento
de la presencia militar pocos días antes, como una
forma de probar la intención de respuesta militar
del EZLN, poco antes del fallo de la SCJN (que ya se adivinaba).
Más allá de si todos los hechos obedecieron
o no a una estrategia política planificada, lo indiscutible
es el contexto de alta tensión en que se inscriben,
como producto de un conflicto que no se procesa ni se resuelve,
y que lleva a interpretar las acciones de los actores desde
una lógica de guerra.
Un mes antes de conmemorarse el 5º aniversario de la
masacre de Acteal (22/12/97), 19 tzotziles fueron sentenciados
a 36 años de cárcel, y se espera que otros
12 acusados recibirán igual condena. El Centro de
DDHH Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) insistió en
la necesidad de profundizar en la investigación para
llegar a los responsables intelectuales de la masacre, incluidos
altos funcionarios del gobierno estatal de la época
y cuerpos militares o policiales presuntamente cómplices
de la misma.
En el municipio de San Juan Chamula se
registraron nuevos y violentos enfrentamientos entre evangélicos y católicos
tradicionalistas. En la comunidad de Tzeteltón, el
14 de noviembre se produjo una emboscada que dejó siete
tradicionalistas heridos de bala. La PGJE, que investiga
estos hechos, afirma que los mismos se deben más a
disputas por el control político entre caciques que
a intolerancia religiosa.
Pese a este clima de tensión y conflictividad en
el estado, el presidente Fox reiteró en su reciente
gira por Europa que hay paz en Chiapas y con los zapatistas,
lo cual provocó la crítica generalizada de
la oposición.
Paz y Justicia: detenciones y divisiones
Los hechos de agosto reabrieron el debate
sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Entre
los zapatistas
y otros grupos de oposición, el término ‘paramilitar’ suele
emplearse en sentido amplio para referirse a grupos armados
adversarios del EZLN. El gobernador Salazar insiste en que
los grupos armados que operan en Chiapas no son paramilitares
en sentido estricto, ya que no reciben apoyo de instituciones
estatales (como ocurría en el gobierno anterior).
Los defensores de derechos humanos, en cambio, sostienen
que sí hay connivencia entre esos grupos, algunos
caciques locales priístas (que controlan los ayuntamientos),
el Ejército y las fuerzas de seguridad. Tal sería
el caso del grupo conocido por la sigla OPDIC, vinculado
al diputado Pedro Chulín, o de Los Aguilares, una
banda de delincuentes y mercenarios.
También afirman los críticos que la procuraduría
de justicia federal (PGR) no ha tenido voluntad de ir a fondo
en la investigación y persecución de dichos
grupos. De hecho, los operativos que resultaron en la detención
de algunos de sus integrantes han sido de responsabilidad
estatal y no federal. Confirmando estas críticas,
a mediados de noviembre se anunció la disolución
de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos
Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados (creada a
raíz de la masacre de Acteal en 1997, y dependiente
de la PGR), a pesar de que, como afirmó el CDHFBC: “el
grave problema de los paramilitares no está resuelto
y la verdad aún no se conoce”.
Por otro lado, a mediados de septiembre
fueron detenidos en Tila, por orden de la procuraduría estatal, 27
integrantes del grupo armado Desarrollo, Paz y Justicia (DPJ),
incluido su dirigente Sabelino Torres, acusado de ser el
principal responsable de diversos crímenes: robo,
privación ilegal de libertad, portación de
armas de uso restringido al Ejército, lesiones y homicidios.
Entre los detenidos se encuentra Carlos Torres, ex presidente
municipal de Tila, acusado de desviar recursos municipales
hacia la organización armada.
Estas detenciones, que se suman a las
del líder Diego
Vázquez en febrero, podrían indicar el fin
de DPJ, al menos en su antigua integración. La organización
también fue descomponiéndose por sus propias
divisiones internas. El primer grupo escindido creó en
2000 la Unión de Comunidades Indígenas Agrícolas
y Forestales (UCIAF), que tiene más presencia en el
municipio de Sabanilla; y recientemente se escindió el
grupo conocido como Unión Regional de Comunidades
Campesinas e Indígenas (URCCI), integrado por el sector
legal de la organización, que gestiona programas económicos
del gobierno.
Globalización de la resistencia
Tal como se había acordado, el 12 de octubre se realizaron
movilizaciones en varios estados mexicanos. En Chiapas, coordinadoras
de la sociedad civil zapatista, organizaciones sociales,
indígenas y campesinas bloquearon carreteras, cerraron
fronteras, realizaron marchas y expresaron de diferentes
formas su rechazo a la reforma indígena, a la política
económica del gobierno, al Plan Puebla-Panamá (PPP)
y al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La protesta abarcó también algunos países
de América Central.
Del 9 al 12 de octubre se realizó el I Encuentro
Chiapaneco frente al Neoliberalismo. Fue convocado por las
principales ONGs y organizaciones sociales de Chiapas, con
el objetivo de elaborar un plan de acción común
en torno a once ejes temáticos: soberanía alimentaria,
comercio justo, tierra, agrotóxicos y transgénicos,
represas, privatización de energía y agua,
biodiversidad y biopiratería, maquiladoras, migración,
PPP, ALCA, derechos indígenas y autonomía,
militarización, etc.
El mismo 12 de octubre comenzó en México la
Consulta Nacional contra el ALCA, que culminará en
marzo de 2003. Esta consulta forma parte de la campaña
continental para impedir la concreción del acuerdo
de libre comercio impulsado por Estados Unidos. En Chiapas
ha sido acogida con entusiasmo por las principales organizaciones
y redes civiles.
Mientras tanto, se multiplican en diversos
puntos del estado las acciones contra la anunciada construcción de casi
una decena de represas hidroeléctricas previstas en
el PPP. Se considera que estas presas tendrían impactos
altamente negativos desde el punto de vista ambiental y social.
Paralelamente, continúan las movilizaciones de la
población chiapaneca contra las altas tarifas de la
Comisión Federal de Electricidad.
Esta dinámica de resistencia inscribe a Chiapas
en el movimiento regional y continental de lucha contra
un modelo de ‘desarrollo’ que ya ha demostrado
no traer beneficios a los pueblos. En esa lucha, los pueblos
indígenas han ido adquiriendo un protagonismo creciente,
ya que el modelo de globalización dominante es visto
por ellos como una amenaza no sólo a su identidad
y sus formas de organización social, sino a su misma
existencia como pueblos.
En cuanto al PPP, parece haber entrado
en un impasse después
de la decisión gubernamental de bajar su perfil pasándolo
a la esfera de Relaciones Exteriores. No obstante, los críticos
afirman que, con el nombre de PPP o sin él, las obras
previstas en el mismo ya están en marcha y tendrán
los impactos negativos que se han anunciado.
En todo caso, la falta de información y de transparencia
con que se desarrollan las negociaciones tanto del PPP como
del ALCA, genera mayor desconfianza y rechazo por parte de
la ciudadanía. Y permite vislumbrar cuáles
serán los ejes de conflictividad predominantes en
Chiapas -y en la región- en el futuro cercano.
¿
Transición o ingobernabilidad?
Al inaugurar un nuevo período legislativo, a principios
de septiembre el presidente Fox presentó su segundo
informe de gobierno ante un Congreso hostil y una opinión
pública cada vez más crítica e insatisfecha
con los magros resultados de la transición.
Uno de los principales motivos de irritación de la
oposición ha sido las relaciones con Estados Unidos.
PRI y PRD acusan al Ejecutivo de ser el gobierno mexicano
más complaciente con el poderoso vecino del Norte.
El centro de las críticas es la figura del canciller
Castañeda, acusado de haber llevado las relaciones
de México con Cuba -históricamente estrechas-
al borde de la ruptura diplomática.
Algunos analistas llegaron a hablar de “ingobernabilidad” para
referirse a la multiplicidad de frentes simultáneos
que la administración Fox no está mostrando
capacidad de atender y resolver eficazmente.
Al mismo tiempo que crecía la resistencia del Sindicato
Mexicano de Electricistas a su propuesta de reforma constitucional
para legalizar la inversión privada en el sector eléctrico,
Fox debió enfrentar a otro poderoso sindicato: el
de los petroleros. El gremio amenazó con paralizar
al país si no eran atendidas sus demandas salariales.
Sin embargo, el conflicto de fondo era la investigación
judicial en curso por el desvío de 640 millones de
pesos de la empresa estatal PEMEX hacia el sindicato del
sector, que fueron destinados a la campaña electoral
del candidato priísta Francisco Labastida, en 2000.
Pero el llamado Pemexgate se convirtió en un boomerang
que puso al Presidente ante su propio escándalo electoral,
debido a la investigación iniciada por el Instituto
Federal Electoral -que aún no ha concluido- sobre
el origen presuntamente ilegal de los millonarios recursos
empleados en la campaña electoral por el grupo Amigos
de Fox.
Otro factor de tensión ha sido el debate iniciado
por el Presupuesto federal de 2003; la oposición y
la Conferencia Nacional de Gobernadores han criticado duramente
al Ejecutivo por los recortes previstos en el gasto social
y en los recursos destinados a los estados.
Por su parte, la sociedad civil se organiza
contra la política
económica: a mediados de noviembre más de 40
organizaciones de trabajadores constituyeron el Frente Sindical
Mexicano para resistir las reformas laborales y las privatizaciones,
y un amplio espectro de organizaciones sociales anunciaron
la formación de un frente unitario de lucha contra
la política neoliberal.
Tormenta en el horizonte
Dos hechos inminentes pueden complicar
más este difícil
escenario. Por un lado, a principios de 2003 caerán
los gravámenes de los productos alimenticios entre
los socios del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. Las gremiales de productores y campesinos ya han
anunciado que la medida significará el golpe de gracia
para la ya arruinada situación del campo mexicano,
incapaz de competir con la producción subsidiada del
Norte. Aunque el gobierno ha anunciado un “blindaje
agroalimentario” para contrarrestar los efectos negativos,
los pronósticos son por demás pesimistas.
Por otro lado, el revisionismo del período de la
guerra sucia de los ‘70s y ‘80s, que investiga
la Fiscalía Especial nombrada por el Ejecutivo, puede
significar el fin de la impunidad de dos instituciones tradicionalmente
intocables en el régimen anterior, y hoy cuestionadas:
las Fuerzas Armadas y el PRI.
La estrategia del Ejército parece apuntar a limpiar
su imagen. Para ello eligió condenar a los generales
Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo (detenidos hace
dos años por vinculaciones con el narcotráfico)
en el momento en que un batallón entero ha sido desmantelado
en el norte del país por el mismo motivo.
Sin embargo, los mismos generales deberán enfrentar
próximamente juicios por el asesinato de 143 personas
en Guerrero, durante la guerra sucia. Aunque estas acusaciones
provienen de las denuncias documentadas por la Comisión
Nacional de DDHH y radicadas ante la Fiscalía Especial,
la Procuraduría General de Justicia Militar atrajo
la investigación, asumiendo competencia. Esto ha generado
críticas de organismos de derechos humanos nacionales
e internacionales, ya que la Justicia Militar no ofrece garantías
de independencia e imparcialidad y ha sido fuente de impunidad
para los crímenes cometidos por militares.
En octubre se cumplió un año
del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa,
sin que
haya habido avances en su esclarecimiento.
:: ENFOQUE
AUTONOMÍA: ¿FUENTE DE CONFLICTOS O CAMINO
HACIA LA PAZ?
"
La autonomía no es una palabra nueva sino que llevó mucho
tiempo para que nos demos cuenta que ahí está nuestra dignidad"
(Representante del Municipio Autónomo de San Andrés,
octubre 2002)
Antecedentes históricos
La demanda de autonomía se convirtió a partir
de los años ‘80 en la reivindicación
central del movimiento indígena continental, representando
la vía para ejercer el derecho a la libre determinación
de los pueblos. Desde la creación del Estado mexicano,
numerosas experiencias de autonomía se han dado en
el territorio, como una forma de resistir frente a una estructura
estatal que desconoce la diversidad cultural y social existente.
La lucha del pueblo yaqui en Sonora, el movimiento de la
Coalición Obrero-Campesina-Estudiantil del Istmo (COCEI)
en Tehuantepec, la Policía Comunitaria o el Consejo
de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (ambos en Guerrero), la
autonomía tojolab'al en Chiapas, son experiencias
de autonomía existentes antes de diciembre de 1994,
momento en que el EZLN rompe el cerco militar, constituyendo
34 municipios autónomos que, desde entonces, conviven
superpuestos y de forma paralela a los municipios constitucionales.
Desde abril de 2001, el EZLN ha permanecido
en silencio, en protesta por la aprobación de la reforma
constitucional sobre derechos indígenas, considerada
como "una traición". El fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2002,
al rechazar los recursos presentados por los pueblos indígenas
contra dicha reforma, no permite esperar una pronta reanudación
del proceso de paz.
Este estancamiento del diálogo no significa sin embargo
que los zapatistas y el resto de las organizaciones indígenas
se hayan quedado paralizados. En realidad, desde 1994 han
apostado a la construcción de la autonomía
por la vía de los hechos, un proceso poco visible
pero que va afirmándose con el tiempo.
Las principales organizaciones indígenas del país
parecen compartir la misma postura. Después del fallo
de la SCJN, el Encuentro Nacional de Pueblos Indios (Guerrero)
y el III Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional
(Estado de México) llamaron a los pueblos indios del
país a fortalecer todas las expresiones de autonomía.
En el VI Taller de Reflexión y Planeación estratégica
del Congreso Nacional Indígena (CNI), se decidió continuar
con la "política de silencio" (acordada
con el EZLN) y volver a sus comunidades "no como derrotados,
sino para reforzar la defensa de nuestros territorios e identidad".
Construir la autonomía implica también avanzar
en la creación de normatividad propia, frente a la
reforma de leyes secundarias que vendrán en cascada
tras la reforma constitucional.
Para el Instituto Nacional Indigenista,
hay una nueva y diferente demanda indígena que consiste en la reconstrucción
de los pueblos indígenas de manera interna, en su
autoafirmación como sujetos colectivos con filiación étnica
y culturas propias.
¿Qué entendemos por autonomía?
"
Desconozco un poco la palabra autonomía. A lo mejor
ser autónomo es ser libre, no sé. Les platico
mejor cómo estamos trabajando y ustedes van a decir
si eso es autonomía o no"
(Representante de la
zona de Trinitaria, octubre 2002)
El concepto de autonomía se ha debatido en forma
incansable. En ocasiones se generan discusiones teóricas
sobre qué es y qué no es autonomía.
Quizás la confusión venga de la mano de la
diversidad: podemos hablar de una autonomía, pero
hay múltiples formas de ejercerla.
En opinión de un representante del municipio de Tila
(Chiapas), para que exista la autonomía, "tiene
que existir el pueblo, o sea un grupo establecido por personas
que conforman un asentamiento. Este pueblo tiene características
propias en su forma de ser: la casa, la vivienda, la lengua,
la forma de vestir, de organizarse, la relación directa
con la tierra, la educación de los hijos, la salud,
la religión, o sea la forma de vida. La autodeterminación
es la capacidad de establecer condiciones políticas,
sociales, económicas y culturales para llegar a ser
autónomos" (octubre 2002).
Los argumentos contrarios al reconocimiento
de la autonomía
consideran que ésta puede "balcanizar" el
país, y convertir a las comunidades en entes estáticos,
atrasados en el tiempo, cerrados, así como perpetuar
costumbres que violan derechos fundamentales individuales.
Frente a ellos, la Comandante Ester del EZLN aclaraba en
el Congreso de la Unión (28/3/01) qué México
quieren los zapatistas: "(…) uno donde los indígenas
seamos indígenas y mexicanos; uno donde el respeto
a las diferencias se balancee con el respeto a lo que nos
hace iguales; uno donde las diferencias no sean motivo de
muerte, cárcel, persecución, burla, humillación,
racismo; (…) uno en donde en los momentos definitorios
de nuestra Historia, todas y todos pongamos por encima de
nuestras diferencias lo que tenemos en común, es decir,
el ser mexicanos".
También se rechaza la autonomía indígena
por considerarla contraria al principio de igualdad ante
la ley. Ante esta postura, Adelfo Regino, del CNI, afirmaba: "Los
indígenas no queremos fueros, no queremos privilegios.
Los indígenas no queremos ni deseamos separarnos de
este país o estar por encima de las leyes. Lo único
que pedimos es que se reconozca lo que ya de por sí es
un hecho en nuestras comunidades. (…) Lo que queremos
es (…) que se reconozca, pues, una realidad y que finalmente
haya eso que algunos llaman 'pluralismo jurídico'
(Congreso de la Unión, 28/3/01).
El respeto a los denominados usos y costumbres
indígenas
es una de las cuestiones más controvertidas en torno
al reconocimiento de la autonomía. Se critica la conservación
de aquéllos que discriminan a la mujer y que podrían
perpetuar las desigualdades existentes. Cabe recordar sin
embargo que en los Acuerdos de San Andrés (ASA) se
estableció el respeto a los derechos humanos como
una condición para el reconocimiento de los usos y
costumbres indígenas.
El EZLN representó un verdadero cambio en este aspecto,
desde el momento que las mujeres zapatistas dictaron su Ley
Revolucionaria de las Mujeres en 1993, exigiendo el respeto
a su capacidad de decisión y participación
e iniciando una lucha por el reconocimiento de sus derechos,
que ha influido en otras organizaciones indígenas.
De esta forma, la reivindicación de la autonomía
se convierte para muchas mujeres indígenas en la posibilidad
de transformar la situación de opresión en
la que viven: "Decimos que la autonomía es una
manera de hacer democracia, y en una democracia todas las
voces son importantes, se les tiene que respetar su derecho,
por eso los hombres indígenas no deben privarnos de
nuestros espacios, de lo que nos corresponde, si no, estarían
haciendo lo mismo que los mestizos hacen con nuestros pueblos,
pisoteando los derechos. (…) La autonomía es
por definición una propuesta de liberación,
por eso los hombres, mujeres y sociedades autonómicas
tienen que cambiar, democratizarse, reconocer internamente
la liberación de las mujeres" (Margarita Gutiérrez
y Nellys Palomo en México: experiencias de autonomía
indígena, de Aracely Burguete).
La autonomía en camino: modelo multifacético
"
Aprendimos de nuestra historia y de nuestra propia lucha
que la libertad se conquista ante todo y a pesar de todo,
ejerciéndola".
(Leopoldo de Gyves en op. cit.)
En Chiapas no se ha esperado la implementación de
los ASA para iniciar este proceso de construcción
de la autonomía. Los municipios autónomos zapatistas,
las regiones autónomas pluriétnicas, y otros
municipios y comunidades indígenas están decidiendo
cómo organizarse económica, política
y culturalmente. La autonomía en cada caso aparece
con un rostro distinto.
Los zapatistas ejercen la autonomía sin mantener
relación alguna con el gobierno -mientras no se cumplan
los ASA- y sin participar en las elecciones. Los municipios
eligen sus propias autoridades e implementan sus propios
proyectos educativos, sanitarios y económicos con
el apoyo de la sociedad civil mexicana e internacional. En
este caso, la autonomía es resistencia frente a un
gobierno que desconocen. La participación externa
permite tejer redes de solidaridad e involucrar a quienes
por la distancia podrían sentir lejano el conflicto.
Por otra parte, una excesiva dependencia del apoyo externo
puede perjudicar la supervivencia y desarrollo de los proyectos.
Otra experiencia de autonomía son las Regiones Autónomas
Pluriétnicas (RAP), constituidas a partir de diciembre
de 1994. Se diferencian de los municipios zapatistas en que
ellos sí aceptan programas gubernamentales y también
participan en elecciones. Estas diferencias han provocado
un distanciamiento entre ambos proyectos. Del mismo modo,
la aceptación o no de ayudas gubernamentales es una
fuente de divisiones en las comunidades, que muchas veces
terminan en la expulsión o en el abandono de la resistencia.
En el Foro sobre Autonomía organizado a nivel de
la Red por la Paz (ver Actividades
de SIPAZ) en San Cristóbal
de las Casas (octubre 2002), los representantes de varios
municipios chiapanecos compartieron con las ONGs sus diferentes
experiencias de autonomía.
En el municipio libre de Nicolás Ruiz, el pilar fundamental
de su autonomía está constituido por un gobierno
regido a través de sus usos y costumbres, y un reglamento
interno establecido por consenso en una asamblea general.
En La Trinitaria, la construcción de la autonomía
pasa en buena medida por la independencia económica;
por ejemplo, a través del desarrollo de su propio
proyecto de producción y comercialización de
café orgánico. Y para otros, es fundamental
empezar por construir la autonomía desde el interior
de la propia familia.
Obstáculos y desafíos
La construcción de la autonomía comunal, municipal
o regional presenta muchos retos, entre ellos: “mantener
una mayor relación entre los distintos municipios;
construir una autonomía integral involucrando todos
sus aspectos (político, social, educativo, económico,
productivo); generar procesos de lo personal a lo colectivo
y viceversa; reconocer los derechos de la mujer y su papel
en la construcción de la autonomía; lograr
un respeto entre grupos, comunidades y pueblos (unidad en
la diversidad), así como mantener la resistencia sin
caer en provocaciones contrainsurgentes”. (Conclusiones
del Foro sobre Autonomía, octubre 2002).
Estos desafíos se dan en un contexto económico,
social y político-militar a nivel nacional e internacional
que, unido a las divisiones comunitarias, puede obstaculizar
y limitar el alcance de los proyectos autonómicos: "La
guerra sucia presuntamente implementada desde los niveles
más altos de las estructuras del gobierno ha dividido
a las comunidades, donde la referencia comunitaria va siendo
desplazada por el de la organización y se convierte
en lo más importante. El reto de estas autonomías
es el cómo las organizaciones tienen que ponerse de
acuerdo para implementar proyectos de resistencia frente
al enemigo común. Las distintas organizaciones, independientemente
de la filiación política, conviven en un territorio,
donde comparten carreteras, tomas de agua, instalaciones
deportivas, infraestructura, conflictos por la tierra, mandos,
autoridades y gobierno, etc., que se disputan el control.
Esto conlleva riesgos de constantes enfrentamientos. Sin
embargo, en regiones donde las posiciones son más
unificadas y hay acuerdos incluso hasta con algunos priístas,
las autonomías funcionan. Por otro lado, algunas organizaciones
sociales que no pertenecen al EZLN y que comparten el territorio,
también pretenden ejercer el dominio bajo su lógica,
lo que trae como consecuencia el choque de proyectos y lógicas
distintas. En este sentido también entran en juego
el poder de mando de autoridades civiles, militares y tradicionales." (Boletín
Chiapas al Día, CIEPAC, 6/5/98).
La autonomía puede convertirse en un camino hacia
el logro de condiciones para la paz, a través de la
construcción de una mayor justicia social en las comunidades,
siempre que se superen los enfrentamientos en el interior
de las mismas: "Hay algo común en todas las experiencias
de construcción de la autonomía: el miedo al
divisionismo. Tenemos que aceptarnos como somos, reconocer
la diversidad de cada uno y que en el camino de la vida vamos
aprendiendo cada vez más. (representante de Chalchiuitán,
Foro sobre Autonomía, oct.2002).
Será necesario superar las confrontaciones y la distancia
entre las distintas experiencias de autonomía existentes
en Chiapas, para que esta diversidad no sea más fuente
de conflictos, sino que por el contrario, la capacidad de
construcción de alternativas se comparta y permita
así reforzar las resistencias y las luchas no violentas,
edificando las condiciones también para una paz por
la vía de los hechos.
Por otro lado, la transformación de México
en un país multicultural y pluriétnico a través
del reconocimiento de la autonomía, exige que ésta
incluya a la población no indígena: "La
autonomía también se inscribe en la nueva relación
entre los pueblos, el Estado y la sociedad nacional. Se trata
de una piedra angular en la construcción de un nuevo
proyecto de país democrático que demandan los
mexicanos. La autonomía es un valor universal y no
privativo de los pueblos indígenas. Es necesario explorar
nuevas expresiones de la autonomía para las múltiples
comunidades y colectividades que integran nuestra nación" (CNI, ¡Nunca
más un México sin nosotros!, 11/1/98).
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
Septiembre-Noviembre de 2002
Acompañamiento
- Zona Norte: El equipo de SIPAZ hizo
varias visitas a comunidades de Tila, en la zona Norte
de Chiapas. A pesar de los acuerdos
de paz que se firmaron en El Limar y Miguel Alemán,
la situación era particularmente tensa después
de la detención de varios miembros de Desarrollo,
Paz y Justicia. También nos entrevistamos con regidores
en Tila y con funcionarios del gobierno en Yajalón,
quienes atienden este municipio. Seguimos visitando al abogado
del Centro de DDHH Miguel Agustín Pro en Palenque,
a pedido de dicho centro.
- Caravanas: participamos en dos caravanas
que visitaron los municipios autónomos de Olga Isabel (Chilón)
y Ricardo Flores Magón (Ocosingo), lugares
donde ocurrieron asesinatos de zapatistas en agosto.
Contactos e información
- Coordinamos la visita del ministro de
la Embajada de Alemania a Chiapas y nos reunimos con
la nueva Embajadora
de Gran
Bretaña en San Cristóbal
de las Casas.
- El equipo atendió a varias delegaciones, periodistas
y otras visitas internacionales para darles a conocer la
coyuntura de Chiapas y el trabajo
de SIPAZ.
- Participamos en el Encuentro de la Madre
Tierra realizado en Ocosingo a principios de septiembre,
con la participación de un amplio espectro de
organizaciones de la zona.
- SIPAZ mantuvo reuniones en la ciudad
de México con asesores, ONGs
y Embajadas.
- Participamos como observadores en el
Primer Encuentro Chiapaneco Frente al Neoliberalismo,
realizado en San
Cristóbal de las Casas, del 9 al 12
de octubre.
Diálogo interreligioso
- Mantuvimos reuniones con actores religiosos
de San Cristóbal de las
Casas, del municipio de Chenalhó y con el Grupo Plural Ecuménico.
- Continúa desarrollándose el proyecto Pasantías de intercambio
y formación entre líderes religiosos de Chenalhó y las
Comisiones de Paz de Nicaragua. En noviembre, después de varios meses
de presentación del proyecto en las comunidades, se inicia una nueva
etapa de capacitación.
- Participamos en un taller sobre Cultura,
Espiritualidad y Teología
de la Paz, realizado en San Cristóbal de las Casas,
el 4 y 5 de octubre.
- El equipo continúa participando en la preparación y facilitación
de oraciones ecuménicas por la paz en San Cristóbal
de las Casas.
Educación para la Paz
- SIPAZ co-facilitó una serie de talleres sobre Transformación
de conflictos para los alumnos de los CEDECOS (Centros de Desarrollo Comunitario)
en San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas.
- Asistimos a un taller de Resolución Positiva de Conflictos y Construcción
de la Paz, convocado por el gobierno del estado en colaboración con
la Fundación Friedrich Ebert (octubre).
- SIPAZ continúa participando en la Red por la Paz, un espacio de acción
y reflexión que busca apoyar procesos de reconciliación y paz
a nivel de las organizaciones y comunidades en Chiapas. Una de las actividades
más recientes de dicho espacio fue la realización de un micro
foro sobre el tema Autonomía.
- Participamos en las reuniones de seguimiento
del primer Encuentro Nacional por la Paz con Justicia
y Dignidad,
realizado del
5 al 7 de julio en
San Cristóbal,
con vistas a la organización del segundo encuentro
a principios de 2003.
Internacional
- La Coordinadora de promoción internacional de SIPAZ se reunió con
varias ONGs y grupos de solidaridad en Washington DC y Nueva York (octubre),
y la Coordinadora del equipo de SIPAZ en Chiapas se entrevistó con
diversas organizaciones en Francia (noviembre).
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