:: SUMARIO
Al cierre de este informe, se esperaba
la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) sobre la reforma constitucional
en materia indígena aprobada el año pasado.
Por considerarla una reducción de los Acuerdos de
San Andrés, la misma fue rechazada por el EZLN, los
congresos de los estados con más población
indígena, y sus principales organizaciones.
Más de 300 recursos o controversias constitucionales
fueron presentados ante la SCJN contra la reforma, un hecho
inusual e histórico, ya que nunca se había
dado un cuestionamiento tan amplio a una reforma constitucional.
En los últimos meses, muchas organizaciones de la
sociedad civil señalaron que la SCJN tiene en sus
manos la oportunidad de contribuir al proceso de paz en Chiapas,
ya que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
es una de las condiciones planteadas por el EZLN para reanudar
el diálogo.
La resolución de la SCJN llevará a los actores
a redefinir sus estrategias. Si la reforma es declarada válida,
el fallo podría ser leído por algunos como
el agotamiento de la vía política y pacífica
para resolver el conflicto. Sin embargo, quedaría
la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo,
es sabido que las resoluciones de los organismos internacionales
no tienen carácter coercitivo a nivel interno.
Del 5 al 7 de julio 2002 se realizó en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, el Encuentro Nacional por la Paz con
Justicia y Dignidad, en el que participaron más de
mil personas, indígenas y no indígenas, de
285 organizaciones, 23 estados mexicanos y 13 países.
El Encuentro constituyó una oportunidad para afianzar
el vínculo entre los movimientos indígena,
social y civil. El principal objetivo era reactivar la articulación
de iniciativas civiles respecto al conflicto de Chiapas;
pero los temas trabajados permitieron ir más allá,
afirmando así el carácter nacional e incluso
internacional de lo que está en juego en Chiapas.
Un primer tema fue el conflicto armado
en México,
sus consecuencias y el proceso de paz. El segundo fue democracia
y derechos de los pueblos indígenas, y el tercero,
desarrollo económico alternativo para las comunidades
y pueblos indígenas. Hubo también un cuarto
tema o eje transversal: la construcción de alternativas
de articulación y participación civil nacional
e internacional para alcanzar la Paz con Justicia y Dignidad.
Otro momento de fortalecimiento de la
sociedad civil organizada fue el conflicto en San Salvador
Atenco, donde los ejidatarios
rechazaban la expropiación de sus tierras para la
construcción del nuevo aeropuerto internacional en
el estado de México. Esta lucha -que recibió el
apoyo de amplios sectores sociales- logró que el gobierno
cancelara el proyecto en agosto.
El rechazo al Plan Puebla-Panamá constituyó otro
eje de convergencia popular en este período. En Veracruz,
Chiapas, Managua y Guatemala, las organizaciones sociales
e indígenas de la región mesoamericana se han
reunido para reiterar su rechazo categórico al megaproyecto.
En respuesta a las críticas, el presidente Fox y el
ex coordinador del Plan, Florencio Salazar, han declarado
que nada se hará sin el consentimiento de los habitantes
de la región.
En Chiapas, mientras tanto, se multiplican
las denuncias de los municipios autónomos zapatistas sobre el incremento
notorio de las actividades militares y paramilitares en la
zona de conflicto. Incluso se habla de la formación
de un nuevo grupo acusado de ser paramilitar (OPDIC). En
agosto se registró una preocupante escalada de violencia
en municipios autónomos ubicados en la zona Selva.
El 31 de julio de 2002, las autoridades
del municipio autónomo
Ricardo Flores Magón denunciaron una agresión
por parte del OPDIC en el ejido La Culebra, con un saldo
de 7 bases de apoyo heridos. El 7 de agosto, el zapatista
José López Sántiz fue asesinado en el
municipio autónomo 17 de Noviembre (Altamirano). El
19 de agosto, en el Crucero Quexil, municipio autónomo
San Manuel, donde las bases de apoyo del EZLN mantienen un
retén de vigilancia para evitar el tráfico
de alcohol, vehículos robados y maderas preciosas,
se generó un enfrentamiento con un saldo de 9 heridos.
El 25 de agosto, en la ranchería Amaytik (Ocosingo),
dos zapatistas que fungían como autoridades del municipio
autónomo Ricardo Flores Magón, también
resultaron asesinadas. El mismo día, otro zapatista
fue muerto en el municipio autónomo Olga Isabel (Chilón).
Este último crimen sería obra de un grupo armado
llamado "los Aguilares". En la mayoría de
los casos, los zapatistas culpan a grupos armados cercanos
al Partido Revolucionario Institucional.
Al momento del cierre de este informe,
las brigadas civiles de observación seguían investigando estos hechos.
Varias organizaciones no gubernamentales del estado denuncian
que éstos y otros hechos violentos en contra de los
municipios autónomos zapatistas tienen patrones similares.
Otro factor de preocupación es el deterioro evidente
de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones
indígenas en la zona Selva, con la multiplicación
de acusaciones mutuas y conflictos violentos entre esos grupos.
La tierra continúa siendo un factor de tensión
permanente. El gobernador Pablo Salazar reconoce que el 80%
de los problemas sociales y políticos en Chiapas están
ligados a temas agrarios. Existen focos rojos en varias zonas
del estado, principalmente en la zona Selva. A ello se suma
la amenaza de desalojo de las comunidades asentadas en la
Biósfera de Montes Azules.
Por su parte, las autoridades federales
reconocen que existen unos 5 mil conflictos agrarios en México. La masacre
en Agua Fría (Oaxaca) en junio, que causó 26
muertos y 42 heridos por conflictos agrarios entre comunidades,
llevó a la creación de un órgano interministerial
para definir una estrategia de prevención y respuesta
a potenciales conflictos agrarios.
A pesar de algunos avances, México sigue siendo objeto
de preocupación por parte de organismos nacionales
e internacionales de derechos humanos. La saliente Alta Comisionada
para los DDHH, Mary Robinson, el Representante del Secretario
General de la ONU para Desplazados Internos, Francis Deng,
y el Presidente de la Comisión Interamericana de DDHH
(OEA), Juan Méndez, visitaron México en el
trimestre. Lo mismo hicieron Amnistía Internacional,
la Federación Internacional de DDHH y la Comisión
Civil Internacional de Observación de los DDHH, coincidiendo
en que los pueblos indígenas son las principales víctimas
de las frecuentes violaciones a los derechos humanos en México.
Acciones recomendadas
- Escribir al presidente Fox expresándole :
- su preocupación porque la reforma constitucional
sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo
para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia una solución
al conflicto de Chiapas;
- la esperanza de la comunidad internacional en
que el Estado mexicano, tanto a través del Poder Ejecutivo, Legislativo
como Judicial, revisará la reforma aprobada para hacerla
congruente con los compromisos asumidos en San Andrés
y ante la OIT al ratificar el Convenio 169.
- su preocupación por el incremento de la actividad
militar en Chiapas, que no contribuye a la distensión,
sino que aumenta la conflictividad política
y social en el estado.
- Urgir a la OIT para que exhorte al Estado
mexicano a que la legislación interna sobre pueblos indígenas
sea congruente con el Convenio 169.
- Urgir al gobierno estatal a que se investigue de manera
inmediata, imparcial y eficaz los recientes hechos de
violencia ocurridos en Chiapas y [se someta a los culpables
ante] la
justicia.
- Difundir información -como la contenida en este
informe- sobre la situación en Chiapas y en México.
POR FAVOR, ESCRIBIR A:
Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
11850 México, D.F., México
Fax: (+52) 55 55 22 41 17
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17
Dr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22, Suiza
Fax: (00-41) 22 917 90 10
cabinet@ilo.org
Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er piso
Fax: (+52)-961-61-20917
salazarp@prodigy.net.mx
http://www.pablosalazar.org.mx
:: COYUNTURA
Tiempos de definición para el conflicto de Chiapas Al momento de publicación de este informe, se esperaba
la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) sobre la reforma constitucional
en materia indígena aprobada el año pasado.
Antecedentes
En febrero del 96, la primera mesa de negociación
entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) culminó con la
firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos
y Cultura Indígena. Al final de ese año, la
legislativa Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA) redactó una propuesta de reforma constitucional
en base a dichos acuerdos.
Después de muchos avatares, el proyecto fue finalmente
presentado al Congreso por el recién investido presidente
Vicente Fox, en diciembre de 2000. En abril de 2001, el Congreso
aprobó una reforma constitucional muy diferente al
proyecto original. La misma fue rechazada por el EZLN, los
congresos de los estados con más población
indígena, y sus principales organizaciones. Sin embargo,
el proceso de reforma siguió su curso, y al obtener
una mayoría de votos en las legislaturas estatales,
la ley fue finalmente promulgada en agosto de 2001.
Más de 300 recursos o controversias constitucionales
fueron presentados ante la SCJN, un hecho inusual e histórico,
ya que nunca se había dado un cuestionamiento tan
amplio a una reforma constitucional. Después de las
audiencias realizadas en mayo y junio, la SCJN está por
emitir su fallo.
En agosto, la Corte todavía estaba
analizando si tiene facultad para opinar sobre reformas constitucionales.
En los últimos meses, muchas organizaciones de la
sociedad civil han subrayado la responsabilidad y la oportunidad
que la SCJN tiene de hacer respetar los Acuerdos de San Andrés
y, de esta manera, contribuir al proceso de paz en Chiapas.
En efecto, el cumplimiento de dichos Acuerdos a través
de la iniciativa de la COCOPA es una de las condiciones planteadas
por el EZLN para reanudar el diálogo. Otros analistas
consideran la postura que asumirá la SCJN ante este
tema -tan sensible políticamente- como un parámetro
para evaluar la efectiva división de poderes en la
democracia mexicana.
El fallo de la SCJN abre dos escenarios
posibles. Si la reforma es declarada válida, se iniciaría la
adecuación de las leyes secundarias al texto constitucional.
En caso de que la Corte invalide la ley, se definiría
a partir de qué momento se tiene que rehacer el proceso:
desde la misma discusión en el Congreso federal, en
la votación de las legislaturas estatales o en el
cómputo final de los resultados. Pero ninguna opción
garantiza que se reabra la discusión sobre el contenido
de la ley.
Lo cierto es que esa resolución llevará a
los actores a redefinir sus estrategias. Como la reforma
remite la definición de autonomía a las legislaturas
estatales, sería más complicado articular una
estrategia conjunta entre los distintos pueblos indígenas
del país. Y todavía sería posible recurrir
a los organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Sin embargo, es sabido que las resoluciones
de los organismos internacionales no tienen carácter
coercitivo a nivel interno.
Por otro lado, en informes anteriores
hemos alertado sobre el peligro de que un fallo negativo
podría ser visto
como el agotamiento de las vías legales y pacíficas.
En cualquier caso, la posibilidad de reanudar el proceso
de paz en Chiapas está muy lejos. Mientras el EZLN
sigue reclamando el cumplimiento de las tres condiciones
exigidas, todavía no se logró la liberación
de los cinco presos zapatistas encarcelados en Tabasco y
Querétaro, a pesar de las gestiones de la COCOPA.
Una difícil relación
Mientras se espera el fin de este impasse, otros hechos
han puesto en evidencia la confrontación entre el Estado
y los pueblos indígenas, expresada en falta de confianza
y dificultades de comunicación.
El gobierno federal ha manifestado su
intención de
transformar el Instituto Nacional Indigenista (INI) para
que el diseño, orientación y supervisión
de las políticas aplicadas a los pueblos indígenas
queden enteramente bajo su responsabilidad. Para ello, durante
todo el mes de julio se buscó consultar a los 62 pueblos
indígenas de México sobre qué tipo de
relación desean tener con el Estado y qué tipo
de reforma esperan para el INI.
La consulta, titulada 'Pueblos Indígenas, Políticas
Públicas y Reforma Institucional', fue rechazada por
las principales organizaciones indígenas. En la declaración
de Waut, el Congreso Nacional Indígena, que aglutina
a muchas de ellas, afirmó: "No aceptaremos una
sola reforma legal e institucional mientras no se cumplan
las tres señales para el diálogo".
Hasta la canonización del indio Juan Diego, en el
marco de la visita del Papa a México, generó polémica
y críticas severas de varias organizaciones indígenas.
Algunas de ellas rechazaron la invitación para asistir
a la ceremonia de canonización, argumentando: "Los
que impulsan la canonización de Juan Diego no son
indígenas, son los mismos que se han opuesto sistemáticamente
al movimiento y a la lucha por los legítimos derechos
de las comunidades".
Otra fuerte confrontación fue el conflicto suscitado
entre el gobierno federal y los ejidatarios de San Salvador
Atenco, quienes rechazaban la expropiación de sus
tierras para la construcción del nuevo aeropuerto
internacional en el estado de México. La lucha organizada
de los campesinos -con el apoyo de doce ejidos vecinos y
otros sectores de la sociedad civil- logró finalmente
que el gobierno desistiera del proyecto.
Para algunos analistas, este conflicto
puede ser visto como una advertencia sobre lo que podría ocurrir con el
Plan Puebla-Panamá (PPP) (1). En los últimos
meses, la oposición popular al Plan ha crecido más
que los avances del mismo. En Veracruz, Chiapas, Managua
y Guatemala, las organizaciones sociales e indígenas
de la región mesoamericana se han reunido para reiterar
su rechazo categórico al megaproyecto, por considerarlo
funcional a los intereses estratégicos norteamericanos;
y porque, a pesar de los fuertes impactos sociales y ambientales
que tendrá, los pueblos no han sido consultados para
su elaboración.
Varios sectores religiosos e intelectuales
se han sumado a las críticas, a tal punto que el presidente Fox
y el ex coordinador del PPP, Florencio Salazar, han declarado
que nada se hará sin el consentimiento de los habitantes
de la región. Quizás estas afirmaciones contengan,
más allá de un sincero respeto a la voluntad
popular, una dosis de realismo: Atenco demostró que
imponer proyectos sin el consentimiento de los afectados
puede tener altos costos sociales y políticos.
El Encuentro Nacional por la Paz realizado
en julio en Chiapas (ver Enfoque), la exhortación del Papa a reconocer
los derechos de los pueblos indígenas mexicanos y
la victoria de Atenco han levantado los ánimos: se
percibe una mayor confianza de la sociedad civil organizada
en su capacidad de hacer valer sus reivindicaciones.
Grave escalada de violencia en Chiapas
En Chiapas, no obstante, se multiplican las denuncias de
los municipios autónomos zapatistas sobre el incremento
notorio de las actividades militares en la zona de conflicto
(sobrevuelos, patrullajes, hostigamiento del Ejército
hacia las comunidades).
Por otro lado, las comunidades zapatistas,
la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos y la
organización
civil Las Abejas denuncian la persistencia de la presencia
paramilitar, e incluso la posible formación de nuevos
grupos: el municipio autónomo Ricardo Flores Magón
afirma que se ha constituido en Ocosingo el grupo armado
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas
y Campesinos (OPDIC), dirigido por el actual diputado local
priísta Pedro Chulín, quien también
ha sido señalado como líder del presunto grupo
paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista
(MIRA).
En julio y agosto se registró una preocupante escalada
de violencia en municipios autónomos ubicados en la
zona Selva. El 31 de julio, las autoridades del municipio
autónomo Ricardo Flores Magón denunciaron una
agresión por parte del OPDIC en el ejido La Culebra,
con un saldo de 7 bases de apoyo heridos. El 7 de agosto,
el zapatista José López Sántiz fue asesinado
en el municipio autónomo 17 de Noviembre (Altamirano).
El 19 de agosto, en el Crucero Quexil, municipio autónomo
San Manuel, donde las bases de apoyo del EZLN mantienen un
retén de vigilancia para evitar el tráfico
de alcohol, vehículos robados y maderas preciosas,
se generó un enfrentamiento con un saldo de nueve
heridos. El 25 de agosto, en la ranchería Amaytik
(Ocosingo), dos zapatistas que fungían como autoridades
del municipio autónomo Ricardo Flores Magón
también resultaron asesinadas. El mismo día,
otro zapatista fue muerto en el municipio autónomo
Olga Isabel (Chilón). Este último crimen sería
obra de un grupo armado llamado "los Aguilares".
En la mayoría de los casos, los zapatistas culpan
a grupos armados cercanos al Partido Revolucionario Instritucional.
Al momento del cierre de este informe,
las brigadas civiles de observación seguían
investigando estos hechos.
Varias organizaciones no gubernamentales del estado denuncian
que éstos y otros hechos violentos registrados últimamente
en contra de los municipios autónomos zapatistas tienen
patrones similares.
Otro factor de preocupación es el deterioro evidente
de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones
indígenas, particularmente en la zona de las Cañadas
(Selva). Es frecuente el intercambio de acusaciones entre
autoridades de municipios autónomos y líderes
de ORCAO (2), ARIC-Independiente (3), FOS (4), etc., y las
versiones sobre los hechos de violencia protagonizados por
unos y otros se contradicen.
Aun antes de esta reciente escalada de
violencia, muchas organizaciones criticaban al gobierno estatal
por no haber
actuado de manera más contundente. Por su parte, el
gobernador Salazar explicó a la Comisión Civil
Internacional de Observación de los DDHH (CCIODH)
que su estrategia se ha dividido en dos etapas: primero,
impulsar políticas de reconciliación comunitaria,
y luego combatir la impunidad.
En esa entrevista, el gobernador también destacó sus
acciones para desmantelar el aparato represivo (con un ex
procurador de Justicia y 25 jefes de policía presos),
así como el procesamiento de 88 ex alcaldes, la prisión
de ex altos funcionarios y las órdenes de aprehensión
contra más del 20% del gabinete del gobernador anterior,
por actos de corrupción.
La tierra continúa siendo un factor de tensión
permanente. Pablo Salazar reconoce que el 80% de los problemas
sociales y políticos en Chiapas están ligados
a temas agrarios. Existen focos rojos en varias zonas del
estado, principalmente en la Selva, la mayoría de
los cuales pueden resultar en muertos, heridos y secuestrados.
A ello se suma la amenaza de desalojo de las comunidades
de la Biósfera de Montes Azules y la violencia latente
en la zona de Chimalapas (frontera con Oaxaca).
Por su parte, las autoridades federales
reconocen que existen unos 5 mil conflictos agrarios en México (362 de ellos
con riesgo de estallido social), que involucran principalmente
a los pueblos indígenas. La masacre en Agua Fría
(Oaxaca) en junio, que causó 26 muertos y 42 heridos
por conflictos agrarios entre comunidades, fue otro llamado
de atención que justificó la reunión
del secretario de Gobernación con los secretarios
de Defensa Nacional, de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
de Reforma Agraria y de Desarrollo Social para definir, en
colaboración con los gobiernos estatales, una estrategia
interinstitucional de prevención y respuesta a potenciales
conflictos agrarios.
Pese a los esfuerzos, México reprobado
en Derechos Humanos
A mediados de junio, en la primera aplicación de la
recientemente aprobada ley de transparencia informativa,
se dio acceso al público a los documentos de la Guerra
Sucia en México (70s y 80s). Encabezando la ceremonia
de apertura de dichos archivos, Fox aseguró que el
gobierno está en la búsqueda de la verdad y
de aplicar la ley, pero que no debe haber lugar para la venganza,
el revanchismo o el escarnio. Las ONGs de derechos humanos
critican que la fiscalía especial creada para investigar
ese período tiene una función limitada, ya
que no juzgará instituciones ni determinará si
los hechos se insertaron en una política de Estado.
Otra señal positiva del gobierno federal fue la creación
de dos nuevas dependencias para atender asuntos de DDHH,
en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría
General de la República, tal vez como resultado de
la mesa de diálogo entre el gobierno federal y las
ONGs, que reclaman una política de Estado en materia
de DDHH.
A pesar de estos avances, el gobierno
federal siguió recibiendo
informes críticos en los últimos meses, tanto
por parte de organismos nacionales como internacionales de
DDHH. En agosto el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro
difundió su informe sobre la tortura en el primer
semestre de 2002, en el cual registra que 35 personas fueron
torturadas por agentes policiales y militares, incluyendo
trece menores de edad y dos mujeres indígenas violadas
por militares.
México sigue siendo objeto de preocupación
también para los organismos internacionales de DDHH.
La saliente Alta Comisionada para los DDHH, Mary Robinson,
el Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados
Internos, Francis Deng, y el Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (de la Organización
de Estados Americanos), Juan Méndez, visitaron México
en el trimestre (y los dos últimos también
Chiapas).
En junio, Amnistía Internacional presentó su
informe anual correspondiente a 2001, en el que señaló abusos
e injusticias en México; y su encargado para México
también visitó Chiapas. Por su parte, la Federación
Internacional de DDHH dio a conocer el informe de la misión
de observación sobre los pueblos indígenas
realizada a fines de 2001. Allí consideró insuficiente
la reforma constitucional en materia indígena "en
relación con el contenido y el espíritu de
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y las disposiciones
del convenio 169 de la OIT", lo cual "no contribuye
al objetivo de pacificación". También
la CCIODH estuvo en México y visitó Chiapas
para presentar el informe de la misión realizada a
principios de 2002; allí afirma que poco ha cambiado
con los nuevos gobiernos en cuanto a la situación
de los pueblos indígenas, que siguen siendo las principales
víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
(1) Megaproyecto
intersectorial y transnacional de desarrollo económico
que abarcará el sur-sureste de México
y toda América Central. (Volver)
(2) Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo,
que agrupa a varias organizaciones campesinas. (Volver)
(3) Asociación Rural de Interés Colectivo,
organización indígena de las cañadas
de la Selva Lacandona. (Volver)
(4) Frente de Organizaciones de la Selva, de filiación
priísta. (Volver)
:: ENFOQUE
Encuentro Nacional por la Paz: la sociedad civil recarga
las baterías por Chiapas.
Del 5 al 7 de julio se realizó en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, el Encuentro Nacional por la Paz con
Justicia y Dignidad, en el que participaron más de
mil personas (indígenas y no indígenas) provenientes
de 285 organizaciones, 23 estados de la República
y 13 países.
El Encuentro se propuso como principal
objetivo reactivar la articulación de iniciativas de la sociedad civil
respecto al conflicto de Chiapas, con énfasis en la
defensa a los Acuerdos de San Andrés sobre derechos
y cultura indígena.
Para ello se trabajó en torno a tres grandes temas:
el primero fue el conflicto armado en México, sus
consecuencias y el proceso de paz; el segundo fue democracia
y derechos de los pueblos indígenas; el tercero, desarrollo
económico alternativo para las comunidades, municipios
y pueblos indígenas. Un cuarto tema -o eje transversal
a los otros- fue la construcción de alternativas de
articulación y participación civil nacional
e internacional para alcanzar la Paz con Justicia y Dignidad.
El momento y las razones del Encuentro
La convocatoria partió de Samuel Ruiz -obispo emérito
de San Cristóbal de las Casas-, junto con otras personalidades
y miembros de la ex Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI), a los que se fueron sumando organizaciones civiles,
intelectuales y representantes de diferentes sectores sociales.
La iniciativa surgió después de una serie de
reuniones en la ciudad de México para crear un nuevo
esfuerzo por la paz.
Según Miguel Alvarez, de Servicios y Asesoría
para la Paz (SERAPAZ), "otra razón para convocar
el encuentro es porque a corto plazo no se vislumbran posibilidades
de reanudación del diálogo... desde la sociedad
civil debía surgir la posibilidad de reactivar la
atención nacional hacia la situación de Chiapas,
debido a que la visión de la actualidad se reduce
a diferencias intercomunitarias”. (Hoy, 4/7/02).
Felipe Toussaint, de la Comisión de Apoyo a la Unidad
y la Reconciliación Comunitaria (CORECO), y otro de
los organizadores del Encuentro, considera que después
de las grandes iniciativas de 1994-96, la movilización
popular a favor de una solución pacífica al
conflicto de Chiapas se redujo significativamente. La masacre
de Acteal en 1997 generó una reacción importante,
pero decayó después del golpe a los municipios
autónomos, en 1998. Las elecciones de 2000 contribuyeron
a la dispersión y división de la sociedad civil,
que no obstante demostró una gran capacidad de movilización
durante la marcha zapatista al Distrito Federal, a principios
de 2001.
Sin embargo, el repliegue y el prolongado
silencio de la comandancia zapatista después de la aprobación
de la reforma indígena (que difiere de los Acuerdos
de San Andrés), llevaron la situación a un
impasse, que probablemente se extenderá hasta que
haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) sobre los recursos presentados
contra la ley indígena. Según Toussaint, en
esta coyuntura decisiva "era importante que la sociedad
civil diga: aquí estamos presentes y queremos seguir
trabajando a favor del proceso de paz, como un actor que
tiene que estar en el proceso de paz".
Por su parte, Gonzalo Ituarte, ex miembro
de la CONAI, comenta: "El
Gobierno de Vicente Fox no tiene en este momento claridad
del conflicto ni de un proceso de paz ni de la problemática
indígena y sus causas de fondo... Hoy no se ve disponibilidad
de un nuevo esfuerzo y en Chiapas hay polarización
y destrucción del tejido social. La paz que habla
Fox en sus viajes al extranjero, parecería que es
sólo la del silencio de las armas y no se ha entendido
que el conflicto está vigente, sigue el ejército
en sus posiciones, el EZLN sigue armado, la declaración
de guerra está vigente y se mantiene el problema de
los paramilitares. Y mientras los responsables y protectores
políticos, económicos y armados de la creación
de estos grupos no sean castigados, difícilmente puede
confiarse en condiciones mínimas para un diálogo
de paz. (La Jornada, 11/7/02).
Ausencias, silencios y disputas
Los organizadores enviaron una carta al EZLN informándole
de la realización del Encuentro y solicitando su apoyo
para que sus bases participaran; también explicaron
que su intención no era presionarlo para que modificara
su estrategia actual. En todo caso, el EZLN no se pronunció a
favor ni en contra del Encuentro, aunque fue evidente la
participación de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas.
Según comentó Toussaint, "Tal vez al EZLN
le importa ver los resultados del Encuentro, cuánta
gente se logrará reunir. Y ver si la sociedad civil
se sigue moviendo o no se sigue moviendo, porque desde el
principio cuando dejaron de ‘sonar los fusiles’ como
dicen y buscaron una solución dialogada y política,
en quien se han querido apoyar es en la sociedad civil".
Los gobiernos federal y estatal al principio
parecieron ver al Encuentro con buenos ojos. Santiago Creel,
el secretario
de Gobernación, declaró: “Espero que
lo que se reflexione en San Cristóbal de las Casas
sea algo que aporte, que enriquezca la reflexión y
el debate sobre un asunto que requiere ser estudiado, que
requiere de una reflexión permanente" (Diario
de Chiapas, 5/7/02). Por su parte, el secretario de Gobierno
de Chiapas, Emilio Zebadúa, dijo que el Encuentro “seguramente
echará luces sobre lo que consideran ellos [los participantes]
necesario para que el EZLN rompa el silencio y vuelva a dar
una señal que permita vislumbrar una oportunidad para
retornar al diálogo”. (Expreso, 11/7/02).
Sin embargo, las relaciones se fueron
tensando en los días
previos a la inauguración. En conferencia de prensa,
los organizadores manifestaron su temor de que el gobierno
del estado "pretenda capitalizar este esfuerzo de la
sociedad civil como si se realizara de manera conjunta con
ellos o como si secundara sus iniciativas acerca de la cuestión
de Chiapas". Además de marcar distancia, dejaron
claro que no se dejarían presionar por el gobierno
estatal, que, según ellos, pretendía a través
del Encuentro presionar a los zapatistas.
Si bien hubo funcionarios del gobierno
como observadores o participantes, pocos días después del Encuentro
el gobernador Salazar cuestionaba: “Son ilusos, son
ingenuos, son tontos los que creen que en Chiapas se puede
construir un proceso de reconciliación en contra del
gobierno, al margen del gobierno o aislando al gobierno”. “Fueron
propuestas de paz con lenguaje de guerra, propuestas de reconciliación
pero excluyendo al gobierno”. (Expreso, 11/7/02).
En opinión de Toussaint, "Pablo Salazar se olvida
que estas organizaciones, que de alguna manera le ayudaron
a llegar al gobierno, han mantenido su postura de actuar
con una sana autonomía frente a instancias del gobierno,
para mantener una capacidad de convocatoria y de diálogo
con los actores que están en oposición al gobierno.
(...) El proceso de paz es una responsabilidad de todos en
la que cada quien tiene su función, y la sociedad
civil tenemos nuestra función, y no tenemos que esperar
que el gobierno nos diga qué es lo que vamos a hacer".
Logros, perspectivas e interrogantes
En términos cuantitativos, el Encuentro fue un éxito
indiscutible. El historiador Andrés Aubry calificó al
encuentro como un ladrillo para la construcción de
la paz: la asistencia de más de mil personas de todas
partes fue una muestra de que la sociedad civil no se encuentra
pasiva. "La gente respondió a este evento, vino
de todas partes y en buen número (...) [El Encuentro]
muestra que la denominada sociedad civil responderá cuando
haya una emergencia” (Expreso, 10/7/02).
Según Felipe Toussaint, otro logro fue que, al mismo
tiempo que se reafirmó la defensa de los Acuerdos
de San Andrés, hubo gran interés y esfuerzos
por avanzar hacia una articulación mayor con otros
temas como los económicos (particularmente la lucha
contra el Plan Puebla-Panamá y el ALCA) y con otras
iniciativas sectoriales.
Los participantes acordaron entregar las
conclusiones del Encuentro a los ministros de la SCJN (el
14 de julio), y
realizar un segundo encuentro en seis meses, posiblemente
en el estado de Guerrero, para reafirmar el carácter
nacional del proceso.
Más allá del entusiasmo inmediato y del éxito
evidente de convocatoria, quedan interrogantes sobre el futuro
de esta iniciativa, sobre todo en cuanto a su posible impacto
sobre los actores políticos, y a la continuidad de
las líneas de acción aprobadas. Dependerá mucho
de la capacidad de las organizaciones de articular estrategias
conjuntas para llevar a la práctica los compromisos
asumidos; sobre todo en la etapa que se abrirá después
de la resolución de la SCJN.
Principales acuerdos
Los resultados de las tres mesas de trabajo se concentraron
en once puntos:
- Impulsar que todas las luchas civiles se orienten
de manera articulada a la creación de condiciones de paz, al
respeto de los derechos humanos y a la construcción
de la democracia.
- Defender los Acuerdos de San Andrés, exigiendo
el cumplimiento de las tres señales demandadas
por el EZLN.
- Fortalecer la participación y observación
civil en la lucha contra la militarización,
paramilitarización,
para la liberación de los presos políticos
y la creación de condiciones para el retorno
de los desplazados.
- Involucrar por igual a mujeres y hombres en todos
los procesos y proyectos de lucha que favorezcan
la construcción
de la paz.
- Difundir la gravedad de la situación de guerra
y de los conflictos a nivel nacional, así como
las necesidades de una verdadera paz.
- Respaldar los procesos de autonomía y de resistencia
de los pueblos indígenas.
- Impulsar procesos de unidad y participación
de la sociedad civil para la construcción
de la paz y la democracia.
- Promover valores políticos basados en el mandar
obedeciendo y que respeten la diversidad
cultural.
- Promover la participación de la sociedad civil
mexicana en los procesos de lucha continental e internacional
y contra
los proyectos globalizadores neoliberales
como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el Plan Puebla
Panamá (PPP),
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).
- Reforzar la lucha contra las privatizaciones,
defender los derechos laborales contenidos
en el artículo 123
de la Constitución y recuperar el
espíritu
original del artículo 27.
- Generar alternativas económicas que favorezcan
la autonomía, la diversidad biológica
y cultural.
Para más información sobre el Encuentro, consulte
la página web:
http://www.derechoshumanos.laneta.org/especiales/Encuentro.htm
:: APÉNDICE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RECHAZÓ LOS
RECURSOS PRESENTADOS POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS
CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
“Nosotros hemos luchado mucho, pero hemos avanzado
poco. Hemos tocado muchas puertas a nivel estatal y federal,
y hasta internacional, pero poco caso nos han hecho. ¿Por
qué no nos hacen caso las autoridades? Nuestra misma
gente nos pregunta: ¿a qué venimos a la ciudad
si nunca nos toman en cuenta? ¿Hasta cuándo
nos van a escuchar?, o ¿es necesario que se levante
otra vez el EZLN para que nos escuchen?”
(Autoridades indígenas reunidas en el Distrito
Federal el 12/9/02).
A un año de haberlas recibido, el 6 de septiembre
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
resolvió declarar improcedentes las controversias
constitucionales presentadas por diversos municipios indígenas
en contra del procedimiento de reforma constitucional en
materia de derechos indígenas (ver Coyuntura en
el informe).
Tal resolución se fundamentó en que, según
la Corte, el articulo 105 constitucional, fracción
I -que establece los asuntos de competencia de la SCJN
en materia de controversias constitucionales- no faculta
al máximo órgano judicial a revisar los procedimientos
de reforma constitucional, ya que el llamado Órgano
Reformador no es de igual naturaleza que aquellos que realizan
las funciones de gobierno (aunque lo conforman el Congreso
federal y las legislaturas de los estados). En pocas palabras,
la Corte consideró que no tiene facultad para juzgar
la constitucionalidad de las reformas a la Constitución
emanadas del Poder Legislativo.
Las reacciones
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones indígenas
de Chiapas expresaron su profunda decepción por
el fallo. En una declaración conjunta afirmaron: “....
volvemos a ser excluidos. No somos nada para ellos (...)
ninguno de los tres poderes está escuchando ni entendiendo
nuestra lucha y han cerrado las puertas para la paz con
justicia y dignidad. Y el estado Mexicano sólo está preocupado
en intereses transnacionales y en el Plan Puebla-Panamá”.
Desde el 6 de septiembre hasta hoy, las organizaciones
indígenas han venido realizando de manera pacífica
acciones de protesta locales y de carácter nacional:
marchas, bloqueos, plantones, actos y encuentros, que en
su mayor parte fueron ignorados por los grandes medios
de comunicación. En todas ellas el énfasis
estuvo en la decisión de desconocer la reforma indígena
y ejercer la autonomía que se les niega por la vía
de los hechos.
Las concentraciones principales fueron el Encuentro Nacional
de Pueblos Indios (Chilpancingo, Guerrero, 12 y 13 de septiembre)
y el III Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional
(Atlapulco, Estado de México, de 14 al 16). En el
primero, 200 representantes de 36 organizaciones convocaron
a los pueblos indios a articular su movimiento y emprender
iniciativas conjuntas para el ejercicio directo de la autonomía,
y a la sociedad civil a unir fuerzas para la construcción
de un proyecto de nación plural y democrático.
En el segundo, unos 500 delegados de 29 pueblos originarios
dieron a conocer la 1ª Declaración de M’enhuani,
en la cual afirmaron su reconocimiento de los Acuerdos
de San Andrés como única ley en materia indígena,
y llamaron a los pueblos indios a fortalecer todas las
expresiones de autonomía en las distintas regiones
del país.
Asimismo, se acordó realizar el 12 de octubre una
gran jornada de protesta y movilización nacional
e internacional. También algunas organizaciones
nucleadas en el Congreso Nacional Indígena anunciaron
que continuarán la batalla legal, interponiendo
recursos de amparo para evitar que la reforma se aplique
en sus territorios, y recurriendo a la OIT y al sistema
interamericano.
El EZLN, sin embargo, hasta el momento ha guardado silencio.
Un “silencio elocuente”, según interpretó Felipe
Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas: “ Su
respuesta la ha dado con su silencio; para ellos esa es
la forma de responder, ellos piensan que desde el momento
en que no se aceptan las propuestas que ellos han hecho,
los compromisos que se hicieron con ellos de parte del
gobierno, consideran que es inútil del diálogo”.
Una de las críticas más fuertes a la SCJN
provino de un amplio y reconocido sector de la sociedad
civil, conformado por ONGs, los principales centros de
DDHH, organizaciones sociales, académicos e intelectuales
destacados, quienes calificaron al fallo como una “burla” que
reproduce “la discriminación, el racismo y
toda la actitud colonialista” a la que han estado
sometidos los indígenas de México. El comunicado
concluye afirmando que “nadie tiene ya autoridad
moral para juzgar el camino que libremente escojan los
pueblos para conseguir sus justos propósitos de
autonomía y dignidad”.
La Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado
donde convoca a la sociedad mexicana a un Diálogo
Nacional -al que contribuya la comunidad internacional-
para buscar hacer realidad las palabras del Papa en su
reciente visita a México: “México necesita
a sus indígenas, y los indígenas necesitan
a México”. Los obispos católicos afirman: “...
como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso con
los indígenas. No es posible seguir viviendo en
un México dividido por el racismo y la discriminación;
los pueblos indios merecen con justicia un reconocimiento
a sus culturas, a su modo de ver y a su autonomía”.
Desde el mundo protestante, el líder de la Iglesia
Presbiteriana, Pastor Abner López, exhortó al
Congreso a tener la suficiente sensibilidad para revisar
las reformas constitucionales en materia indígena,
pues de otra forma será prácticamente imposible
continuar el diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno
federal. También criticó al gobierno del
presidente Fox, pues su preocupación por los pueblos
indígenas ha sido “sólo en apariencia”.
El gobierno de Chiapas sostuvo que la decisión de
la Corte “no puede ser vista como el fin del camino,
sino como el inicio de una nueva etapa de la que deben
surgir nuevas iniciativas de paz”. Afirmó también
que el Congreso de la Unión debe evaluar la posibilidad
de impulsar una reforma adicional, pues “Ningún
esfuerzo es excesivo en estos tiempos si con ello se expresa
la voluntad inquebrantable de responder a los pueblos indios
y abonar la paz”. Asimismo, afirmó que la
disposición al diálogo y la negociación
del gobierno de Chiapas “se mantienen inalterables”.
A nivel político, el rechazo categórico provino
del PRD, mientras que en el PRI se expresaron diferentes
opiniones, desde quienes pidieron abocarse de inmediato
a considerar “la reforma de la reforma” hasta
los que afirmaron que el tema no necesita ni debe ser reconsiderado.
La mayoría de los legisladores del PAN aprobaron
el fallo de la SCJN. Las expresiones al interior de la
COCOPA fueron un reflejo de esta falta de consenso respecto
al tema.
El Poder Ejecutivo –a través del Secretario
de Gobernación Santiago Creel y del Comisionado
para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez- manifestó su
estricto respeto a la resolución de la SCJN, al
mismo tiempo que “mantendrá permanentemente
abiertos los canales para un diálogo respetuoso
con el Poder Legislativo y con otros actores sociales y
políticos, a fin de consolidar el reconocimiento
de los derechos de los indígenas en el marco jurídico
nacional”. También reiteró su disposición “inalterable” a
reanudar las conversaciones con el EZLN
Análisis
El fallo de la SCJN representa un golpe
para las esperanzas de reanudación del proceso de paz en Chiapas, y
para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas
de México. Después de haberse sentido abandonados
por el Ejecutivo y traicionados por el Legislativo, los
pueblos indígenas esperaban que el Poder Judicial
les diera la razón para invalidar una reforma cuya
legalidad es cuestionable -en la medida que el procedimiento
para su aprobación estuvo viciado- y que carece
de legitimidad, puesto que fue rechazada por quienes supuestamente
son sus beneficiarios.
Llama la atención que la Corte demorara más
de un año para tomar una resolución que ni
siquiera se refirió al contenido o el procedimiento
de aprobación de la reforma impugnada, por considerar
que no tenía facultades para ello. Sin embargo,
esa decisión tan postergada se dio a conocer en
el momento de mayor conflictividad política y vulnerabilidad
social en Chiapas, inmediatamente después de una
escalada de violencia que cobró las vidas de varios
dirigentes civiles zapatistas.
En este contexto, la resolución de la SCJN, lejos
de contribuir a la distensión de la situación,
es probable que agregue un factor de radicalización
a la dinámica de confrontación que hoy se
vive en Chiapas y en otros estados del país, reafirmando
la convicción de quienes creen que las vías
legales para plantear pacíficamente sus demandas
se han cerrado.
Por otro lado, es preocupante el precedente que sienta
esta resolución para el futuro de las instituciones
democráticas mexicanas: si el máximo órgano
del Poder Judicial no se considera facultado para velar
por la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, ¿a
qué institución del Estado corresponde esa
función esencial?
Es también preocupante la señal que el Estado
mexicano envía al mundo respecto a su voluntad de
cumplir los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional
(en los Acuerdos de San Andrés) como internacional
(al ratificar el Convenio 169 de la OIT). La SCJN ha dejado
pasar una oportunidad histórica para (en un mismo
pronunciamiento) hacer valer las demandas y derechos de
los pueblos indígenas, contribuir al fortalecimiento
de la institucionalidad democrática e impulsar el
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos
por México.
Esperamos que, a pesar de este sombrío panorama,
los diferentes actores involucrados en este conflicto -que
trasciende las fronteras de Chiapas para enfrentar una
vez más al Estado mexicano con sus pueblos originarios-
harán los mayores esfuerzos para buscar, con responsabilidad
y honestidad, los caminos de entendimiento necesarios para
desbloquear la actual situación.
Asimismo, consideramos que cualquier solución, para
que sea sustentable, debe anteponer -por encima de los
intereses económicos y políticos, sectoriales
y transnacionales- el legítimo derecho de los pueblos
indígenas a ejercer sus formas de organización
social, económica y política, así como
a preservar sus territorios y los recursos naturales existentes
en ellos, que son la garantía de su existencia presente
y la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes.
:: Actividades de SIPAZ
Junio-Agosto de 2002
Acompañamiento
- El equipo de SIPAZ hizo varias visitas
a comunidades de los municipios de Tila y Sabanilla,
ambos parte de
la zona Norte de Chiapas. Desde los cambios de gobiernos
estatal y federal, la situación se ha calmado,
pero persiste la desconfianza entre los grupos. SIPAZ
mantiene relaciones con los distintos actores políticos
y religiosos para promover espacios de distensión,
respeto y acercamiento. En El Limar, escuchamos la palabra
de grupos anteriormente opuestos sobre sus esperanzas
y temores tras la reapertura del templo. Hablamos con
grupos de desplazados y bases de apoyo zapatistas en
distintas comunidades. Nos entrevistamos también
con regidores en Tila y Sabanilla y con funcionarios
del gobierno en Yajalón, quienes atienden los
municipios de Tila y Sabanilla.
- A pedido del Centro de DDHH Miguel Agustín
Pro, SIPAZ visita regularmente a su abogado en la oficina
de
la ONG en Palenque. Tras el asesinato de Digna Ochoa
(octubre 2001), varios defensores de DDHH recibieron
amenazas.
Contactos e información
- SIPAZ mantuvo reuniones en la ciudad de México
con asesores, ONGs y Embajadas.
- El equipo atendió en San Cristóbal a
varias delegaciones, periodistas y otras visitas internacionales,
para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo
de SIPAZ.
- También participamos en el Encuentro Nacional
por la Paz con Justicia y Dignidad, realizado en San Cristóbal
del 5 al 7 de julio.
Diálogo interreligioso
- Mantuvimos reuniones con
actores religiosos de San Cristóbal
de las Casas, del municipio de Chenalhó y con el
Grupo Plural Ecuménico.
- Continúa desarrollándose el proyecto Pasantías
de intercambio y formación entre líderes
religiosos de Chenalhó y las Comisiones de Paz de
Nicaragua. Durante los últimos meses, los delegados
que estuvieron en Nicaragua en septiembre de 2001 (presbiterianos
y Abejas de Chenalhó, un misionero protestante,
una religiosa católica y SIPAZ) visitaron diez comunidades
de Chenalhó para presentar en asambleas comunitarias
el proyecto, las experiencias del viaje a Nicaragua y de
las Comisiones de Paz en ese país, así como
escuchar la palabra de las comunidades. En estas reuniones
participaron un total de aproximadamente 700 hombres, mujeres
y niños de diferentes denominaciones cristianas
y tendencias políticas.
- SIPAZ participó también en una reunión
de la Comisión Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) de
la iglesia católica para presentar el mismo proyecto.
- También participamos en el Foro sobre Derecho
a la Libertad de Culto, un evento de carácter nacional,
organizado en Chiapas por la subsecretaría de
Asuntos Religiosos del gobierno del Estado.
- Asistimos a la Conferencia sobre Cristianismo
e Islam, organizada por la Misión Conjunta de Chiapas de
la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.
- El equipo continúa participando en la preparación
y facilitación de oraciones ecuménicas por
la Paz en San Cristóbal de las Casas.
Educación para la Paz
- SIPAZ co-facilitó una serie de talleres sobre
Transformación de conflictos para los alumnos de
los CEDECOs (Centros de Desarrollo Comunitario) en San
Cristóbal de las Casas y las Margaritas. Los participantes
son jóvenes, en su mayoría indígenas,
que concurren a capacitarse profesionalmente en los CEDECOs.
- También facilitamos talleres de capacitación
sobre Transformación de conflictos para los miembros
de la organización Melel Xojobal. Los talleres fueron
solicitados para fortalecer su trabajo con niños
en situación de calle, los que están experimentando
muchas formas de violencia.
- SIPAZ continúa participando en la Red por la Paz,
un espacio de acción y reflexión que busca
apoyar procesos de reconciliación y paz a nivel
de las organizaciones y comunidades de Chiapas.
Internacional
- SIPAZ participó en el VII Congreso Regional de Hacedoras
y Hacedores de Paz, organizado por la Red Regional de Justicia
y Paz (México, Centroamérica, Colombia
y el Caribe). El Salvador, 8 al 10 de agosto.
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