:: SUMARIO
La situación en Chiapas -y a nivel
nacional- no ha cambiado mucho en los últimos meses,
ya sea en cuanto al tema de la reforma constitucional sobre
derechos indígenas o a la situación en materia
de derechos hu-manos; y ciertamente, tampoco ha mejorado
en cuanto a la problemática agraria y a los conflictos
sociales vinculados a ella.
En cuanto a la reforma indígena, todavía se
está esperando la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación respecto a las más
de 300 controversias constitucionales presentadas en contra
de la reforma indígena aprobada hace un año.
Las audiencias individuales finalizarán el 15 de junio.
El desenlace de este proceso ha generado una gran expectativa
en las organizaciones indígenas y sociales.
Por otro lado, en febrero, 168 diputados
volvieron a presentar la ley COCOPA ante el Congreso federal,
pero hay pocas posibilidades
de que sea aprobada sin un cambio en el Poder Legislativo
(hasta 2003). También está pendiente el pronunciamiento
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
las reclamaciones presentadas contra México por la
violación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas
y tribales. La OIT admitió en marzo las reclamaciones,
y se espera que una resolución de condena a la reforma
indígena sig-nifique una sanción moral para
el Estado mexicano, además de cuestionar aun más
la legitimidad de la ley.
A pesar de los cambios de gobiernos que
se dieron hace más
de un año, tanto a nivel nacional como estatal, la
situación de los derechos humanos no ha mejorado significativamente.
El Relator Especial de la ONU para los
Derechos de los Pueblos Indígenas, R. Stavenhagen afirmó que México
viola de manera sistemática los derechos de los pueblos
indígenas. Por su parte, el Relator Especial de la
ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, P. Cumaraswamy
sostuvo en su informe sobre México que la corrupción
afecta entre 50 y 70% de los jueces federales, y que persiste
la impunidad.
En su informe anual de 2001, el Centro
de DDHH Miguel Agustín
Pro denunció que la tortura y la violencia policíaca
son recurrentes en el gobierno foxista. Similar conclusión
tuvo el primer Diagnóstico Nacional de Tortura, presentado
en abril por la oficial Comisión Nacional de DDHH.
A medio año del asesinato de la
defensora Digna Ochoa, la investigación no ha registrado
avances significativos, y las hipótesis van -según
la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal “desde la
posibili-dad de un suicidio hasta la de un crimen de Estado”.
Como un hecho alentador en este sombrío
panorama, México firmó el acuerdo con la Oficina
de la Alta Comisionada para los DDHH para iniciar la segunda
parte
del Programa de cooperación técnica, que incluirá la
apertura de una oficina permanente del organismo de la ONU
en México y la realización de un diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En Chiapas, organizaciones de derechos
humanos han denunciado la responsabilidad de autoridades
estatales en violaciones
de derechos humanos. El gobernador Pablo Salazar criticó el
trabajo de dichas organizaciones.
Muchas organizaciones sociales denuncian
la tensión
que se vive en la Biósfera Integral de Montes Azules,
por la persistencia de rumores de una inminente expulsión
de comunidades indígenas asentadas en esa zona protegida.
El propio gobernador Salazar denunció que el Procurador
Federal de Protección al Medio Ambiente está promoviendo
el desalojo de las comunidades, y anunció que su gobierno
no va a permitir esa acción. En todo caso, es indudable
que resulta problemático tener leyes estrictas para
la preservación del medio ambiente en una región
donde la demanda de tierras no cesa.
Y seguramente las demandas de tierras
no cesarán
mientras no se den soluciones estructurales de fondo, que
contemplen todos los aspectos de la problemática agraria:
el alto crecimiento demográfico, los escasos recursos
naturales, la expansión de la ganadería, las
dificultades para una explotación más eficiente
de la tierra y la falta de capacitación y empleos
en otros sectores para la población indígena.
Para el Presidente Fox, la solución a estos problemas
sería el Plan Puebla-Panamá, presentado como
la principal propuesta de desarrollo para el sur de México
y América Central. Sin embargo, organizaciones populares
y ONGs critican este plan por considerarlo funcional a los
intereses estratégicos norteamericanos y al modelo
económico neoliberal dominante; y porque, a pesar
de los fuertes impactos sociales y ambien-tales que tendrá,
los pueblos no han sido consultados para su elaboración.
En Chiapas, después de ocho años de conflicto
y seis de estancamiento del proceso de paz, predomina una
lógica de confrontación e intolerancia social,
política y también religiosa. El gobierno estatal
reconoce la existencia de problemas intercomunitarios en
al menos 40 comunidades de los municipios de Ocosingo, Altamirano
y Las Margaritas.
Las causas de estos conflictos -que se
dan incluso entre organizaciones que antes estaban aliadas-
son múltiples:
las relaciones con ambos gobiernos y la aceptación
o no de sus programas y subsidios; las diferentes formas
de construcción de la autonomía; las disputas
por la tierra o por el control político sobre un determinado
territorio; las diferencias ideológicas y religiosas,
etc. El antagonismo creciente lleva a menudo a dirimir las
diferencias mediante la violencia y con un alto costo: desplazados,
heridos, secuestros y hasta muertes.
El gobierno federal parece apostar a suplir
la falta de acuerdos con los zapatistas mediante programas
económicos
y leyes secundarias. Por su parte, el EZLN mantiene su silencio
obstinado y su resistencia a cual-quier solución parcial,
apostando a la construcción de la autonomía
por la vía de los hechos, desde las ba-ses de sus
comunidades. Eso significa, entre otras cosas, no aceptar
las “limosnas del gobierno” y criticar fuertemente
a los que aceptan los programas económicos oficiales.
A pesar de este adverso ambiente político y social,
el gobierno estatal de Pablo Salazar persiste en sus es-fuerzos
de distensión y reconciliación. En algunas
zonas altamente conflictivas ha logrado instalar mesas de
negociación para la firma de acuerdos de paz, en los
que han participado organizaciones sociales antagóni-cas,
las distintas iglesias y autoridades locales. Dichos acuerdos,
sin embargo, son criticados por quienes sostienen que se
trata de componendas coyunturales, que no abordan los problemas
estructurales ni apun-tan a soluciones de largo plazo. Y
que para esto se requieren reformas profundas, como las establecidas
en los Acuerdos de San Andrés incumplidos.
Acciones recomendadas
- 1. Escribir al presidente Fox expresándole su preocupación
- porque la reforma constitucional sobre
derechos indígenas
se ha convertido en un obstáculo para reanu-dar el
proceso de paz y avanzar hacia una solución
al conflicto de Chiapas;
- por la falta de avances en la investigación del
asesinato de Digna Ochoa; exhortarle a tomar medidas eficaces
para que el Ejército, los órganos federales
y los gobiernos estatales involucrados colaboren con la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, a fin de
llevar a los responsables ante la justicia y po-ner
fin a las
amenazas contra los defensores de derechos humanos.
- Escribir a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación
expresándole respetuosamente su esperanza de que resolverá las
controversias constitucionales en materia indígena
teniendo en cuenta las demandas plantea-das por los pueblos
indígenas, los compromisos asumidos por el gobierno
federal en los Acuerdos de San Andrés de febrero 1996,
y las obligaciones contraídas por el Estado mexicano
al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
- Difundir información -como la contenida en este
informe- sobre la situación en Chiapas y en México.
POR FAVOR, ESCRIBIR A:
Lic. Vicente Fox, Presidente de la
República
Residencia
Oficial de los Pinos
11850 México, D.F., México
Fax: (+52) 55 55 15 17 94
Sitio en internet para opiniones
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Calle Pino Suárez #2
Col. Centro, Delegación Cuauhtemoc
México D.F., México
Fax: (+52) 55 55 22 44 45
:: COYUNTURA
Chiapas: Para poder dialogar hay que
saber escucharA seis años de la firma de los
Acuerdos de San Andrés,
su implementación sigue pendiente, y con ella la posibilidad
de reanudación del proceso de paz entre el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal.
Hace más de un año que el EZLN permanece en
silencio, en protesta por la aprobación de la reforma
constitucional sobre derechos indígenas, que también
rechazaron los congresos estatales con más población
indígena del país, y sus principales organizaciones.
“No es pecado ser indígena”
(Texto de un cartel expuesto por manifestantes indígenas ante el edificio
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Al asumir Vicente Fox la Presidencia, el EZLN planteó tres
condiciones para retornar a la mesa de negociación:
el retiro de siete posiciones militares, la liberación
de los presos zapatistas y el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés -mediante la aprobación de la
propuesta de ley de la COCOPA(1). La primera condición
se considera cumplida, pues si bien la militarización
persiste en Chiapas, las siete posiciones militares fueron
retiradas en los primeros meses de 2001.
En cuanto a los zapatistas
presos, en marzo y abril la COCOPA realizó gestiones
ante el Ejecutivo y los gobiernos de Querétaro y Tabasco
para lograr la libertad de los ocho zapatistas que permanecen
presos(2), y se anuncia
su inminente liberación. Sin embargo, Miguel Angel
de los Santos, abogado de los presos del EZLN, ha denunciado
que existen 17 nuevos presos zapatistas, encarcelados en
esta administración.
Respecto al punto más polémico: la reforma
indígena, tres procesos todavía pendientes
podrían llegar a modificar el escenario político.
Primero, se está esperando el fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sobre las más
de 300 controversias constitucionales presentadas contra
la ley indígena. Las audiencias de cada caso ya se
iniciaron, y está previsto realizarlas entre el 6
de mayo y el 15 de junio.
La expectativa sobre este desenlace es
muy alta, por cuanto el máximo órgano judicial tiene en sus manos
la decisión de legitimar la reforma aprobada o de
escuchar a los indígenas y rechazarla. El fallo esperado
será decisivo en cuanto a la redefinición de
estrategias por parte de los actores involucrados, ya que
para muchos podría significar el fracaso de las vías
legales y pacíficas.
En segundo lugar, a mediados de febrero
168 diputados volvieron a presentar la ley COCOPA en el Congreso
federal, “para
reparar el error de haber aprobado (...) una reforma que
no respondió a las demandas de los pueblos indígenas”.
Sin embargo, es prácticamente imposible que la iniciativa
prospere mientras se mantenga (hasta 2003) la actual composición
del Legislativo.
Por último, está pendiente el pronunciamiento
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
las reclamaciones presentadas por sindicatos y organizaciones
sociales contra el Estado mexicano, por considerar que la
reforma indígena viola el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales. En marzo la OIT admitió las
reclamaciones, y si bien una resolución desfavorable
a la reforma no tendría carácter coercitivo,
puede cuestionar aún más su legitimidad, además
de constituir una sanción moral.
Dos lógicas contrapuestas
Mientras tanto, el conflicto continúa en medio de
dos lógicas que parecen cada vez más antagónicas:
el ‘pragmatismo’ del gobierno federal, que parece
apostar a suplir la falta de acuerdos con programas económicos
y leyes secundarias, y el ‘principismo’ del EZLN,
que mantiene su resistencia radical a cualquier solución
parcial.
A nivel del Ejecutivo, a comienzos de
marzo Xochitl Gálvez,
titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención
de los Pueblos Indígenas, afirmó que Fox insistirá en
que se apruebe una legislación indígena más
cercana a la ley COCOPA. Sin embargo, poco después
fue presentado el Plan oficial para el desarrollo de los
pueblos indígenas, que parece dejar de lado aspectos
claves de dicha ley.
En febrero, el Comisionado para la Paz
del gobierno federal, Luis H. Alvarez, anunció que los programas gubernamentales “serán
la llave para solucionar el conflicto”. Sin embargo,
esta implementación está siendo problemática
en Chiapas. En abril, Porfirio Encino, Secretario de Pueblos
Indígenas del gobierno estatal pidió al EZLN
que permita beneficiarse de los programas gubernamentales
a organizaciones sociales que se encuentran en su zona de
influencia: “Nosotros garantizamos que detrás
de ello no hay una política de contrainsurgencia,
simplemente que no podemos negar los apoyos a quienes lo
piden y lo necesitan”.
Los zapatistas se mantienen de espaldas
a estas iniciativas, apostando a la construcción de la autonomía
por la vía de los hechos, desde las bases de sus comunidades,
y criticando duramente a quienes optan por aceptar “limosnas
del gobierno”.
Una zona particularmente álgida en los últimos
meses ha sido la Biósfera Integral de Montes Azules,
donde se han incrementado los rumores sobre la inminente
expulsión de comunidades indígenas asentadas
en esa zona protegida. En este caso la contradicción
se da entre el gobierno federal -representado por el titular
de la Procuraduría Federal de Protección al
Medio Ambiente, José Campillo- y el gobierno de Chiapas.
En mayo el gobernador acusó a Campillo de promover
el desalojo violento de las comunidades, y advirtió que
su gobierno no va a ejecutar ni a permitir esa acción.
Otra fuente de confrontación y desconfianza entre
gobierno y organizaciones populares continúa siendo
el Plan Puebla-Panamá, presentado por el Presidente
Fox como la principal propuesta de desarrollo para el sur
de México y América Central. A pesar de que
el plan tendrá fuertes impactos sociales, laborales
y ambientales para el campesinado y los pueblos indígenas
que habitan en la región, los mismos no fueron consultados
en su elaboración. En consecuencia, las organizaciones
populares de la región mesoamericana han expresado
reiteradamente su rechazo al proyecto.
La intolerancia nuestra de cada día
Ese debilitamiento creciente de la lógica del diálogo
fortalece cada día la lógica de la confrontación,
y el gobierno de Chiapas -más allá de sus intentos
de contrarrestarla- no puede escapar a ella. El estado vive
en un clima de intolerancia social, política y también
religiosa(3).
A fines de abril, Porfirio Encino reconoció la existencia
de problemas comunitarios en al menos 40 localidades en los
municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Se enfrentan
priístas con perredistas o zapatistas, pero también
bases de apoyo zapatistas con organizaciones anteriormente
aliadas al EZLN y hoy afines al gobierno estatal. Las causas
de estos conflictos son múltiples (ver también
Informe
de SIPAZ, febrero 2002): las relaciones con ambos
gobiernos, sus programas y subsidios; las disputas por la
tierra o por el control político; las diferencias
ideológicas y religiosas... Estos conflictos cobran
costos cada vez más altos: desplazados, heridos, secuestros
y hasta muertes.
En la zona Norte, la tensión aumentó en febrero
después de la detención de Diego Vázquez,
líder de la organización presuntamente paramilitar
Desarrollo, Paz y Justicia. La Red de Defensores Comunitarios
de DDHH ha denunciado reiteradamente agresiones y amenazas
a sus integrantes; y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos emitió recomendaciones para otorgar medidas
de seguridad a dirigentes amenazados.
Los conflictos por la tierra y la hegemonía política
se dan particularmente en la zona Selva; alli, los municipios
de Ocosingo y Altamirano han sido escenario de permanentes
confrontaciones entre zapatistas y priístas, zapatistas
y ORCAO(4), o entre autoridades municipales oficiales y autoridades
de los municipios autónomos zapatistas. En algunos
municipios de los Altos (Zinacantán, Oxchuc), la confrontación
se da al interior del Concejo Municipal, ya que la fracción
en mayoría no permite la integración de la
minoría al órgano local.
Un tema que en cambio continúa aglutinando a diversas
organizaciones por encima de sus diferencias ideológicas,
es la resistencia civil organizada contra la Comisión
Federal de Electricidad, particularmente en las zonas Sierra,
Costa, Norte y Altos. Las organizaciones civiles protestan
contra el alto costo del servicio y demandan una tarifa preferencial,
por ser Chiapas el principal productor de energía
eléctrica del país y el estado con mayores índices
de pobreza.
En este adverso ambiente político y social, el gobierno
de Pablo Salazar persiste en sus esfuerzos de distensión.
En los últimos meses, ha logrado instalar mesas de
negociación en algunas zonas altamente conflictivas
(municipios de Tila y Sabanilla) y se ha llegado a la firma
de acuerdos de paz en los que han participado activamente
altos funcionarios del gobierno estatal, organizaciones sociales
(desde Las Abejas hasta Desarrollo, Paz y Justicia), las
distintas iglesias e incluso simpatizantes zapatistas.
Estos acuerdos, sin embargo, son criticados
por quienes sostienen que se trata de componendas coyunturales,
pues
los conflictos van a reaparecer en la medida que no se den
soluciones estructurales y de largo plazo. Y para ello, sería
necesario reformas profundas como las establecidas en los
Acuerdos de San Andrés incumplidos.
Coincidiendo con este análisis, Rodolfo Stavenhagen,
Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos
Indígenas, después de una visita a Chiapas
afirmó que, a pesar de los diversos esfuerzos por
lograr una reconciliación en el ámbito local,
si no se resuelven los problemas planteados por el rechazo
del EZLN y de buena parte del movimiento indígena
a la reforma constitucional aprobada, en estos pueblos “no
habrá paz social definitiva”.
Por otro lado, la polarización que se vive en Chiapas
ha puesto en tensión las relaciones del gobernador
con las organizaciones sociales, en particular las de derechos
humanos. Empezando por la misma Comisión Estatal de
Derechos Humanos (cuyo Presidente responsabilizó al
gobernador de los atentados de que fue objeto), el Centro
Fray Bartolomé de las Casas, la Red de Defensores
Comunitarios y la organización norteamericana Global
Exchange han denunciado la responsabilidad de las autoridades
estatales en las violaciones de derechos humanos en Chiapas.
Los más pobres entre los pobres
A fines de abril se realizó en el vecino estado de
Oaxaca la reunión “Emergencia Indígena”,
convocada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Allí la
Conferencia Episcopal Mexicana presentó un informe
cuyas cifras demuestran que los desafíos van mucho
más allá de la legislación: 96% de los
indígenas de México habitan en municipios de
alta y muy alta marginación, y padecen un creciente
deterioro de sus condiciones de vida.
En mayo, Rodolfo Stavenhagen afirmó que México
viola de manera sistemática los derechos de los pueblos
indígenas, y señaló que los indicadores
de las condiciones de vida de los indígenas muestran
graves carencias en sus derechos económicos, sociales
y culturales. Refiriéndose al proyecto de Declaración
de los Derechos Indígenas que se discute en la ONU,
sostuvo que muchos estados se resisten a ese instrumento
porque consideran muy peligroso reconocer el derecho a la
libre autodeterminación de los pueblos indígenas,
porque ello llevaría a que éstos decidan sobre
sus territorios y la explotación de sus recursos.
El hecho es que toda América Latina se encuentra
actualmente en una situación crítica. Los programas
de ajuste impuestos por los organismos multilaterales significan
más recesión y la exclusión de sectores
cada vez más amplios de la población. Predomina
un ambiente de descontento e insatisfacción social,
que cobija situaciones de violencia latente.
La Cumbre de Monterrey realizada en marzo
reavivó la
polémica sobre el neoliberalismo predominante y los
modelos alternativos para el desarrollo. La Comisión
Episcopal de Pastoral Social (católica) expresó que
el libre mercado es una “máquina ciega” que
institucionaliza la desigualdad y la exclusión. Similares
cuestionamientos fueron expresados por organismos protestantes
como el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Consejo
Mundial de Iglesias.
Los problemas del Presidente
La búsqueda de equilibrios entre los tres poderes
sigue marcada por los desencuentros entre el equipo de Fox
y el Poder Legislativo. La agenda del Ejecutivo no tiene
respaldo en el Congreso, y los partidos de oposición
han criticado duramente al presidente por su política
exterior, a la que consideran subordinada a los Estados Unidos.
Fox no ha logrado hasta ahora hacer alianzas que le permitan
sacar adelante sus principales iniciativas (reforma fiscal,
inversión privada en los sectores petrolero y eléctrico,
etc.). La SCJN también ha emitido fallos poco favorables
a los intereses del presidente, como el reciente contra la
inversión privada en la industria eléctrica.
En materia de derechos humanos, la administración
Fox tampoco ha logrado atenuar las críticas internas,
a pesar del intenso esfuerzo diplomático desplegado
para mejorar su imagen internacional.
En abril, el Relator Especial de la ONU
sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Param Cumaraswamy
sostuvo en su informe
sobre México que la corrupción afecta entre
50 y 70% de los jueces federales. Según el Relator, “La
impunidad y la corrupción parecen no haber perdido
fuerza en México”, y buena parte de los funcionarios
judiciales a nivel local siguen subordinados a los poderes
ejecutivos estatales. Las principales instancias del Poder
Judicial mexicano descalificaron este informe.
En su informe anual de 2001, el Centro
de DDHH Miguel Agustín
Pro denunció que la tortura y la violencia policíaca
son recurrentes en el gobierno foxista, y que 48% de los
casos de represión ocurrieron en zonas marginadas
de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Coincidentemente, el 5 de
abril la CNDH presentó el primer Diagnóstico
Nacional de Tortura, donde sostiene que la misma sigue siendo
una práctica cotidiana durante el proceso de detención.
A medio año del asesinato de la defensora Digna Ochoa,
la investigación no ha registrado avances significativos,
y las hipótesis van -según la Procuraduría
General de Justicia del DF- “desde la posibilidad de
un suicidio hasta la de un crimen de Estado”. Mientras
tanto, otra abogada de derechos humanos, Bárbara Zamora,
recibió amenazas en marzo, y en abril los policías
asignados para la protección de su socio Leonel Rivero
fueron agredidos por desconocidos.
En marzo, la Federación Internacional para los DDHH
y la Organización Mundial contra la Tortura afirmaron
que la situación de los defensores de derechos humanos
en México es “extremadamente difícil” y
su represión se manifiesta de “manera mucho
más sutil que en otros países”.
En ese panorama sombrío, a fines de abril México
firmó el acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada
para los DDHH para iniciar la segunda fase del Programa de
cooperación técnica . Esta etapa incluirá la
apertura de una oficina permanente de ese organismo de la
ONU en México y la realización de un diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos en el país,
que será la base para la adopción de un programa
nacional en la materia.
NOTAS:
(1) La Comisión de
Concordancia y Pacificación
(COCOPA) fue creada en 1995 para coadyuvar en el proceso
de paz, y está integrada por legisladores de los cuatro
partidos representados en el Congreso. En 1996 redactó una
iniciativa de ley para integrar los Acuerdos de San Andrés
en la Constitución. (Volver)
(2) Los presos dependientes
del fuero de Chiapas fueron liberados en 2001 a instancias
del gobernador y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado. (Volver)
(3) En los municipios de
San Juan Chamula y Las Margaritas se han registrado últimamente
agresiones de católicos
tradicionalistas a evangélicos. (Volver)
(4) Organización
Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que agrupa a varias
organizaciones campesinas. (Volver)
:: ENFOQUE
Mitos y realidades de la problemática agraria en
Chiapas
«Nos quitan las tierras y en ellas, con ellos de patrones,
levantamos aeropuertos y nunca viajaremos en avión.
Construimos autopistas y nunca tendremos automóvil.
(…) Levantamos centros comerciales y nunca tendremos
dinero para comprar en ellos. Construimos zonas urbanas con
todos los servicios y sólo las veremos de lejos. (…)
En suma, levantamos un mundo que nos excluye, uno que nunca
nos aceptará y que, sin embargo, no existiría
sin nosotros.»
(Palabras del EZLN en el Instituto Politécnico, México
DF, 16/3/01)
A más de ocho años del levantamiento zapatista,
el problema agrario en Chiapas sigue siendo un tema central
en la mayoría de los conflictos y divisiones que se
han venido agudizando con el paso del tiempo. En este estado
que ocupa el primer lugar de marginación del país,
más de las dos terceras partes de la población
siguen viviendo de las actividades agropecuarias. Esto reafirma
el carácter primordial de las disputas agrarias. Los
retos son sin embargo mucho mayores y tienen que ver con
un sistema económico que deja al campesinado -mayoritariamente
indígena- con escasas alternativas.
El impacto del levantamiento de 1994
Pese a que en 1992 el gobierno federal
declaró el
fin del reparto agrario, el levantamiento armado de 1994
actuó como catalizador de la lucha por la tierra en
Chiapas, y fue una excelente oportunidad para que el movimiento
social intensificara sus demandas. La invasión de
tierras se aceleró, no sólo por parte de grupos
zapatistas sino también de otras organizaciones. «La
formación a finales de enero de 1994 del Consejo Estatal
de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) abrió un
período de movilización campesina que involucró a
por lo menos ocho mil demandantes de tierras de once organizaciones.
En los primeros seis meses de 1994 fueron invadidos 340 predios
privados que abarcan más de 50.000 hectáreas».
(Harvey)
En 1996 se firmaron Acuerdos Agrarios
con 62 organizaciones campesinas y 85 grupos independientes.
El gobierno se comprometía
a dar soluciones a las demandas de tierras. Por otro lado,
las organizaciones campesinas se comprometían a no
realizar más invasiones, a desocupar las tierras que
no fueran susceptibles de adquisición y a dar por
satisfecha la demanda agraria. No obstante, la magnitud del
problema era evidente cuando se comparaba la cantidad de
hectáreas invadidas (más de 50.000) con la
cantidad que estaban dispuestos a vender los propietarios
(11.910). El gobierno pretendió terminar con el problema
agrario a corto plazo; sin embargo, las invasiones de tierra
han continuado, y probablemente continuarán mientras
no se den soluciones estructurales de fondo. (Reyes).
Estas negociaciones tuvieron sin embargo
un impacto: hasta 1995, muchas organizaciones campesinas
apoyaban al EZLN en
su lucha; pero las relaciones se rompieron después
que algunas organizaciones decidieron sentarse a negociar
acuerdos parciales con el gobierno.
Otros factores en la ecuación
Sería imposible desarrollar toda la complejidad del
problema de la tierra en Chiapas en un artículo de
esta extensión. Por eso haremos una breve enumeración
de algunos de sus componentes (ver también el recuadro
para la parte histórica).
Primero, el conflicto agrario está intensamente politizado.
Muchas de las reivindicaciones por la tierra se han visto
acompañadas por la exigencia de democracia, justicia
y respeto a los derechos humanos. Eso se justifica aun más
porque los desalojos suelen acompañarse de abusos
como la detención arbitraria, y hasta se han cometido
asesinatos que quedan sin esclarecimiento.
Segundo, al contrario de lo que muchos
piensan, el problema de los latifundios ya no es relevante
en la zona de conflicto. «La
propiedad social y las pequeñas propiedades privadas
menores a 5 hectáreas representaban en 1990 más
del 77% del total de las tierras, alcanzando incluso más
del 90% en muchos municipios de los Altos». (Viqueira)
Por otro lado, el crecimiento demográfico constante
hace que la porción de tierras de los campesinos sea
cada vez menor. Ello incentiva su utilización para
el autoconsumo, lo que a su vez afecta la productividad de
la tierra. De hecho, en las zonas donde predomina el minifundio
(donde las tierras cultivadas son de superficie reducida),
más del 75% de la población suele ganar menos
de un salario mínimo (Viqueira).
Tercero, aunque el gobierno reparta todas
las tierras existentes (y de hecho, se pregona que así lo ha hecho), mientras
el ritmo de crecimiento de la población se mantenga
(2.12% al año), se necesitará cada vez más
tierra. Hoy en día, 51% de la población chiapaneca
tiene menos de 20 años. Por lo tanto, la demanda de
tierras no terminará nunca si no se ofrece alternativas
para el desarrollo económico o la ocupación
de la población activa. No en vano la migración
hacia las ciudades o hacia Estados Unidos ha ido creciendo
en los últimos años.
Cuarto, existen pocas oportunidades de
empleo fuera del sector agropecuario. Y la población indígena
tiene poca probabilidad de acceder a ellas por las limitaciones
educativas existentes.
Quinto, las tierras que se entregaron
eran de por sí poco
fértiles; los sistemas de riego son escasos, y la
ganadería ha acelerado el proceso de deterioro de
las zonas cultivables. Por otro lado, es problemático
tener leyes estrictas para la preservación del medio
ambiente en una región donde la demanda de tierras
no cesa. El caso más conocido es la biósfera
de Montes Azules (zona Selva), donde sigue pesando la amenaza
de desalojo para más de 40 comunidades indígenas.
Legalidad vs. Legitimidad
Las disputas por la tierra entre campesinos
son tan antiguas como la política priísta de otorgar las mismas
tierras a más de un grupo solicitante, para dividir
y debilitar las posibilidades organizativas del sector. Más
aún, después de 1994 los repartos de tierras
fueron parte de una política de contrainsurgencia
destinada a aislar y cercar a los zapatistas. Existen varios
casos en los que se otorgaron predios que habían sido
invadidos por los zapatistas a organizaciones campesinas
vinculadas al gobierno.
Otra dificultad se presenta actualmente
por las divisiones entre organizaciones anteriormente aliadas: ¿las tierras
recuperadas (es decir, invadidas por los zapatistas a partir
de 1994) son de propiedad comunal? En más de un caso,
otra organización -aliada con el EZLN- gestionó la
propiedad de estas tierras ante el gobierno, aunque para
el beneficio de todos (incluyendo zapatistas). Hoy en día,
en un marco de creciente división entre las organizaciones,
el conflicto se da entre legalidad (derechos de propiedad)
y legitimidad; una frase que se podrá escuchar con
frecuencia en la zona Selva de parte de los zapatistas es: «Nosotros
derramamos la sangre».
Una de las preocupaciones del EZLN es
que las organizaciones con las que está actualmente confrontado podrían
vender terrenos a terceros, de acuerdo con la reforma constitucional
de 1992 que permite la venta de las tierras comunales. Los
carteles en Cuxuljá (escenario reciente de una dura
disputa de este tipo) son una ilustración de ello: «La
tierra es nuestra madre, no se compra ni se vende», «La
tierra no es mercancía, venderla traición sería».
Muchas veces, por detrás de las disputas de tierras,
lo que encontramos es más bien una lucha por el control
político o la hegemonía sobre un determinado
territorio y sus habitantes.
Por otro lado, una fuente adicional de
tensiones es que, para poder beneficiarse de algunos programas
gubernamentales,
los campesinos tienen que presentar derechos de propiedad
sobre sus tierras. Eso choca con el sistema de propiedad
ejidal que sigue prevaleciendo en las zonas indígenas.
¿Un problema sin solución?
Aunque la lucha agraria en Chiapas no
es más contra
los latifundios -por la escasez de éstos-, la desigualdad
sigue siendo enorme. Indudablemente la demanda agraria no
cesará, por los aspectos ya mencionados: el crecimiento
demográfico, los escasos recursos naturales, la expansión
de la ganadería, las dificultades para una explotación
más eficiente de la tierra y la falta de capacitación
y empleos en otros sectores; todo lo cual se puede traducir
como la nula alternativa del sistema al problema campesino.
A fines de abril, el Secretario para los
Pueblos Indios del gobierno de Chiapas, Porfirio Encino,
reconoció que
se habían detectado problemas intercomunitarios en
al menos 40 localidades en los municipios de Ocosingo, Altamirano
y Las Margaritas. También afirmaba que más
allá de la problemática agraria, «la
raíz de estos problemas tiene que ver con el diálogo
[suspendido entre el gobierno federal y el EZLN] y el no
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés».
En este sentido, vale la pena recordar
una de las críticas
que se han hecho a la reforma constitucional sobre derechos
indígenas aprobada por el Congreso federal el año
pasado, o al Plan Puebla-Panamá: los indígenas
ya no quieren ser objeto de políticas asistencialistas,
sino ser sujetos y parte de la discusión; no sólo
respecto a las políticas agrarias, sino a todo lo
que tiene que ver con su desarrollo económico y social.
El momento requiere por lo tanto de un replanteamiento amplio,
no de soluciones parciales o de corto plazo.
Problemática agraria: múltiples rezagos históricos
No cabe duda que en la problemática actual pesan
mucho las políticas del pasado, que se han caracterizado
en gran medida por aspectos represivos y reformas agrarias
planteadas más bien «como un ‘arreglo’ discrecional
entre los terratenientes locales y el gobierno federal. Dicha
política se desarrolló adecuando las necesidades
del sistema en cada momento y estaba dirigida a proteger
a la gran propiedad agraria, asegurando de paso el voto rural
para el partido oficial». (García de León)
Si bien uno de los logros de la Revolución Mexicana
a principios del siglo XX fue iniciar la Reforma Agraria
para dar tierras a los campesinos, en Chiapas los terratenientes
organizaron exitosamente la contrarrevolución para
proteger sus privilegios. Las leyes agrarias de los años ‘20
también les beneficiaban a ellos.
No es sino hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas
(1934-1940) cuando se llevan a cabo repartos agrarios significativos
en el estado. Para 1940 había menos de la mitad de
las fincas que existían en 1900; sin embargo, las
tierras de mejor calidad seguían en manos de los finqueros
(Gómez y Kovic). Al mismo tiempo, la política
agraria se dirigía al impulso de la actividad ganadera
en la región.
Entre 1940 y 1965, la política nacional de sustitución
de importaciones dio prioridad al sector industrial sobre
el agrícola. El resultado fue que entre 1965 y 1980,
la producción agraria nacional bajó del 14%
al 7% del PIB; ello ocasionó que el país se
hiciera dependiente de la importación de la mitad
del consumo nacional de maíz (Collier).
A partir de 1970 -bajo el Presidente Echeverría- se
fomentó la colonización de tierras en la zona
Selva de Chiapas. Pero pronto los desequilibrios emergieron
otra vez, cuando la población creció más
que la proporción de tierras de que estaba dotada
(Collier).
Un momento clave en la lucha por los derechos
colectivos fue el Congreso Indígena de 1974: los campesinos se
dieron cuenta que tenían los mismos problemas y decidieron
organizarse para demandar tierras (Gómez y Kovic).
El desarrollo del zapatismo se beneficiaría posteriormente
de este creciente proceso organizativo.
Para proteger los intereses de los latifundios,
el gobierno de Chiapas entregó en los años ’80 unos
cinco mil certificados de inafectabilidad ganadera, protegiendo
así más de un millón de hectáreas
contra las demandas de tierras por parte de las organizaciones
sociales.
Durante todos estos años, además, las dotaciones
de tierras se realizaron manteniendo «vínculos
de corrupción con los propietarios afectados y con
los campesinos beneficiados, a quienes se les pedía
lealtad política y no continuar favoreciendo las demandas
y ocupaciones». (García de León)
BIBLIOGRAFÍA:
Collier, George A.: Reforms of Mexico’s
agrarian code: Impacts on the Peasantry. Background of
the rebellion in
Chiapas. (1994).
García de León, Antonio: Fronteras interiores.
Chiapas: una modernidad particular (2002).
Gómez Cruz P.J. y Kovic C.M: Con un pueblo vivo en
tierra negada (1989-1993). (1994).
Harvey, Neil: The Chiapas Rebellion. The struggle for land
and democracy. (1998).
Reyes Ramos, María Eugenia: El reparto de tierras
y la política agraria en Chiapas. 1914-1988 (1992),
y Espacios disputados. Transformaciones Rurales en Chiapas
(1998).
Viqueira, Juan Pedro: Los peligros del Chiapas imaginario.
(Letras Libres, enero 1999)
:: Actividades de SIPAZ
Marzo - Mayo 2002
Entre otros:
Contactos e información
- Visitas a las zonas Selva y Norte para dialogar con diversos
actores sociales y religiosos.
- Atención a varias delegaciones internacionales para
darles a conocer la coyuntura en Chiapas y el trabajo de
SIPAZ: Iglesias Unidas de Cristo, Pax Christi Italia, delegación
de alto perfil de Noruega y Programa Suizo por la Paz
(PROPAZ).
- Coordinación de una visita del Embajador de Alemania
a comunidades indígenas de los Altos y de una reunión
con organizaciones de Chiapas.
- Reuniones en la ciudad de México con asesores,
ONGs y Embajadas.
- Entrevista con Juan González Esponda, Comisionado
para la Reconciliación del gobierno de Chiapas.
- Estadía de una colaboradora de SIPAZ en el Campamento
Civil por la Paz de Moisés Gandhi (zona Selva).
Diálogo interreligioso
- Reuniones con líderes religiosos del municipio
de Chenalhó y con el Grupo Plural Ecuménico.
- Seguimiento del proyecto de "Pasantías de intercambio
y formación entre líderes religiosos de Chenalhó y
las Comisiones de Paz de Nicaragua".
- Visitas a varias comunidades del municipio para dar
a conocer este proyecto.
- Participación en oraciones ecuménicas por
la paz en San Cristóbal de las Casas y Los Chorros
(municipio de Chenalhó).
Educación para la Paz
- Participación en la Red por la Paz, un espacio
de acción y reflexión que busca apoyar procesos
de reconciliación y paz a nivel de organizaciones
y comunidades de Chiapas.
- Participación en la organización del Segundo
Encuentro sobre Experiencias de Reconciliación Comunitaria
y Paz (24-26 de mayo en San Cristóbal de las Casas).
- Serie de tres talleres en Transformación de Conflictos
con los alumnos de los CEDECOs (Centros de Desarrollo Comunitario)
en San Cristóbal de las Casas.
Internacional
- Participación en un taller de intercambio de
experiencias de paz a nivel centroamericano, en el marco
del proyecto
Reflecting on Peacebuiding Practices, en Guatemala.
- Participación en el IV Encuentro de la Red Latinoamericana
de Constructores de Paz, en Perú.
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