:: SUMARIO
Un volcán dormido, una bomba de
tiempo a punto de explotar... Esas son dos de las metáforas
que se han usado para describir la situación actual
en Chiapas. Algunas estadísticas recientemente publicadas
por el gobierno indican que dicho estado, con sus altos niveles
de pobreza, analfabetismo y desempleo, ocupa el primer lugar
de marginación en México. Además, en
un continente donde se ha optado por el mismo modelo neoliberal,
muchos están preocupados de que la debacle económica
actual de Argentina podría llegar a repetirse en México.
Se han escuchado comentarios diversos
respecto al primer año de gobierno del presidente Fox y del gobernador
de Chiapas, Pablo Salazar. A nivel federal, aunque los indicadores
macroeconómicos dan cuenta de cierta estabilidad,
la mayoría de los problemas sociales siguen pendientes,
al igual que algunos temas de derechos humanos y el sistema
de procuración y administración de justicia
en México.
En su primer año de gobierno, Pablo Salazar tuvo
que enfrentar un sinnúmero de problemas políticos
y sociales, teniendo cada vez más dificultad para
conservar el apoyo de los partidos y organizaciones sociales
que lo llevaron al poder. Por otra parte, las divisiones
y conflictos dentro del PRI y otros partidos se han agudizado
por el recambio de las dirigencias. En este contexto, resultó difícil
implementar medidas eficaces para empezar a resolver los
problemas profundamente enraizados de pobreza y marginación
que prevalecen en el estado.
En Chiapas, la polarización y las tensiones han seguido
aumentando, así como las denuncias de hostigamiento,
amenazas y secuestros. El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas informó que durante
el primer año de gobierno de Pablo Salazar (2001)
atendió 45 casos de violaciones de derechos humanos.
En enero, el mismo presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) fue amenazado de muerte y su casa
y vehículo fueron baleados. Por otro lado, al momento
del cierre de este informe, el gobierno de Chiapas informó la
detención de Diego Vázquez, principal dirigente
de la organización paramilitar Paz y Justicia, por
diversos delitos de violencia cometidos entre 1995 y 1997.
El contexto nacional se caracteriza por
mucha incertidumbre y tensión, y con pocos avances visibles. Eso se puede
observar particularmente en el caso de la situación
de los derechos humanos. En febrero, el general José Gallardo
fue puesto en libertad, después de ocho años
de prisión por haber reclamado la creación
del cargo de ombudsman dentro del Ejército mexicano.
Aunque la liberación de Gallardo obedeció a
las presiones internacionales, no se llegó a reconocer
su inocencia, y todavía queda pendiente el cumplimiento
de las otras recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). (Ver Acciones
recomendadas.)
Al final del año pasado, se creó un comité intersecretarial
constituído por la Procuraduría General de
la República (PGR), Seguridad Pública y Defensa
Nacional para coordinar esfuerzos en materia de protección
a defensores de derechos humanos. No obstante, en enero el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro
PRODH) realizó un balance a tres meses del asesinato
de abogada de derechos humanos Digna Ochoa, en el que señaló los
pocos avances en la investigación, criticando la escasa
colaboración brindada a la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, por la Secretaría de
Defensa Nacional y otras instancias federales. Otras reconocidas
organizaciones internacionales de derechso humanos como Amnistía
Internacional, Human Rights Watch y la Federación
Internacional de Derechos Humanos publicaron informes recientemente
en los que reconocen avances pero también asuntos
pendientes en materia a derechos humanos.
Una iniciativa importante fue el informe
que emitió la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales
de noviembre sobre los casos de desapariciones forzadas durante
la llamada "guerra sucia" en los años 70
y 80. Este informe resultó ser un paso clave en la
lucha contra la impunidad.
El tema todavía sin resolver de la ley sobre derechos
y cultura indígena es otro elemento de tensión,
incertidumbre y expectativa. En los primeros meses de 2002,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver
las más de 300 controversias constitucionales que
se presentaron contra dicha ley. Si el máximo órgano
judicial opta por validar la ley, podría reforzar
la idea -ya de por sí defendida por algunos grupos
más radicales- de que la violencia es la única
vía para lograr los cambios en México.
Acciones recomendadas
- Escribir al presidente Fox expresándole su preocupación
- porque la reforma constitucional sobre derechos
indígenas
se ha convertido en un obstáculo para reanudar el
proceso de paz y avanzar hacia una solución
al conflicto de Chiapas;
- por la falta de avances en la investigación del
asesinato de Digna Ochoa, y exhortarle a tomar medidas eficaces
para que el Ejército, los órganos federales
y los gobiernos estatales involucrados colaboren con la Procuraduría
de Justicia del Distrito Federal, a fin de llevar
a los responsables ante la justicia y poner fin
a las amenazas contra los defensores
de derechos humanos.
- Escribir al presidente Fox felicitándole por la
liberación del general José Gallardo, y exhortándole
a cumplir con las demás recomendaciones de la CIDH:
reparación integral al general, reconociendo su inocencia,
así como investigación y castigo a los responsables
de las acusaciones falsas y el hostigamiento que lo llevaron
a la cárcel y pusieron su vida en peligro.
- Escribir a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación
expresándole respetuosamente su esperanza de que resolverá las
controversias constitucionales en materia indígena
teniendo en cuenta las demandas planteadas por los pueblos
indígenas, los compromisos asumidos por el gobierno
federal en los Acuerdos de San Andrés de febrero 1996,
y las obligaciones contraídas por el Estado mexicano
al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
- Difundir información -como la contenida en este
informe- sobre la situación en Chiapas.
Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Colonia M. Chapultepec, Delegación M. Hidalgo
11850 México, D.F., México
Fax: (+52) 55 55 15 17 94
Sitio en internet para opiniones
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Calle Pino Suárez #2
Col. Centro, Delegación Cuauhtemoc
México D.F., México
Fax: (+52) 55 55 22 44 45
:: ACTUALIDAD
Derechos Humanos en México: Asuntos Pendientes
En diciembre 2001, el presidente Fox envió al Senado
una iniciativa para ratificar el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, que tendrá jurisdicción sobre
crímenes contra la humanidad. También la Secretaría
de Gobernación anunció la creación de
un comité intersecretarial constituido por la Procuraduría
General de la República (PGR), Seguridad Pública
y Defensa Nacional para dar seguimiento a las medidas de
protección a defensores de derechos humanos. Asimismo,
el Senado aprobó cinco instrumentos internacionales
para castigar violaciones de derechos humanos.
El general José Francisco Gallardo fue puesto en
libertad el 7 de febrero, bajo una reducción de pena,
después de más de ocho años de cárcel
por proponer la creación de un ombudsman en el Ejército.
Los organismos de derechos humanos señalaron que con
esta medida el Estado mexicano cumplió parcialmente
las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), ya que está pendiente
poner fin a la campaña de hostigamiento y persecución
contra el general, investigar y sancionar a quienes resulten
responsables por la injusta encarcelación de Gallardo,
y la debida reparación del daño. Por su parte,
el militar aseguró que continuará su lucha
legal para demostrar su plena inocencia así como por
la creación de un ombudsman militar.
Por otro lado, continúan las preocupaciones de las
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
En diciembre, Amnistía Internacional presentó un
informe en el cual sostuvo que en México se trata
a los defensores de derechos humanos como "delincuentes
o subversivos" y se les somete a formas degradantes
de persecución, llegando al asesinato, como en el
caso de Digna Ochoa. También la Federación
Internacional de DDHH, después de una misión
en diciembre, hizo una crítica a la situación
de los derechos económicos, sociales y culturales
y de los pueblos indios. En un informe de enero, Human Rights
Watch elogió los "grandes cambios" en la
actitud del gobierno mexicano respecto a los derechos humanos,
pero advirtió que aun son necesarios "avances
significativos" para resolver los abusos por parte de
los militares y someterlos al régimen de la ley.
También en diciembre el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro (Centro PRODH), evaluando el primer
año del gobierno de Vicente Fox, señaló como
preocupante que todavía se carezca de una política
de Estado en materia de derechos humanos, y que las acciones
emprendidas parecen estar animadas por la preocupación
de mantener una buena imagen internacional. Sostuvo que no
se ha dado atención a los problemas estructurales
y que persiste la impunidad y la tendencia a militarizar ámbitos
de competencia civil.
A cuatro meses del asesinato de Digna
Ochoa, todavía
no se resolvió el caso. Ante la falta de avances y
las dificultades presentadas, en diciembre el procurador
de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Batíz,
cambió al equipo de investigación en su totalidad,
poniendo la responsabilidad a cargo del subprocurador jurídico
y de derechos humanos, Renato Sales. Aun así, a fines
de enero el Centro PRODH denunció la falta de colaboración
con la investigación por parte de la Secretaría
de Defensa Nacional y de otras instancias federales. Asimismo,
todavía no se ha concretado la cooperación
ofrecida por la CIDH de brindar al equipo investigador la
asesoría de un experto en la materia.
Tras el informe que emitió la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) a finales de noviembre, continúan
las demandas de la sociedad civil para investigar a fondo
la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968 y los casos de
las desapariciones forzadas en la llamada "guerra sucia" de
los años 70 y 80. Para estas últimas se creó una
Fiscalía Especial a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
En diciembre se conocieron documentos oficiales de la PGR
que indican claramente la existencia de detenidos y desaparecidos
en 1968 y que desmienten la versión oficial de más
de tres décadas.
Durante el primer año del nuevo gobierno de Chiapas,
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas ha documentado 45 casos de violación de derechos
humanos. Si bien es una disminución importante respecto
a los gobiernos anteriores, el Centro considera que no ha
habido respuestas contundentes a esas denuncias. En un informe
especial, también denunció que en Chiapas la
policía continúa practicando torturas, amenazas
de muerte, robo y abuso de autoridad contra los indígenas,
y pidió al gobernador que exponga públicamente
su plan para la reforma integral del sistema de procuración
y administración de justicia, así como su política
de derechos humanos. En enero el gobierno de Chiapas anunció que
investigará los abusos presuntamente cometidos por
la policía estatal durante el rescate de cinco funcionarios
gubernamentales el 27 del julio pasado en el municipio Marqués
de Comillas.
En enero, Pedro Raúl López Hernández,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
fue amenazado de muerte y su casa y vehículo fueron
baleados. Según él, es objeto de persecución
por parte de funcionarios del gobierno de Chiapas. El gobernador
Pablo Salazar negó la acusación, condenó la
agresión y solicitó que la CNDH y la PGR investiguen
el caso. Tanto la CNDH como la CIDH solicitaron al gobierno
federal tomar medidas urgentes para proteger la vida de López
Hernández y su familia.
Realidades que contradicen los discursos
En diciembre, Fox dijo que México ya forma parte del "grupo
selecto de naciones que conducen la globalización
y el desarrollo de la humanidad." Paradójicamente,
un mes después anunció que este año
250 microregiones de alta marginación y migración
saldrán de la pobreza. Por su parte el secretario
del Trabajo y Previsión aseguró que la economía
crecerá 1.7% y se crearán 300.000 empleos este
año. También Fox anunció que el programa
de agricultura para los próximos cinco años
tiene como meta dejar atrás la cultura de los subsidios
y el paternalismo para sustituirla con apoyos que generan
agroindustrias y capital para la producción. El secretario
de Agricultura, Javier Usabiaga, aseguró que el campo "tiene
que ajustarse a las nuevas reglas del juego económico." La
oposición, en cambio, sostuvo que la actual crisis
argentina "demuestra el fracaso del modelo neoliberal
en América Latina," y que es una llamada de alerta
para Fox, si México quiere evitar caer en lo mismo
por seguir las "recetas" equivocadas del Fondo
Monetario Internacional.
Según cifras del censo del año 2000, Chiapas
ocupa el primer lugar de marginación a nivel nacional:
93.16% de los municipios del estado son de "muy alta" y "alta" marginación,
incluyendo zonas mestizas además de las indígenas.
En enero la Secretaría de Desarrollo Social aseguró que
destinará a Chiapas 400 millones de pesos para una
docena de programas de desarrollo (en 2001 el monto fue 360
millones de pesos).
Chiapas: "Paz Nerviosa"
En enero visitó Chiapas el presidente emérito
de los Pontificios Consejos de Justicia y Paz, el cardenal
Roger Etchegaray. En una reunión con el presidente
Fox, Etchegaray dijo que "el problema de Chiapas es
real, es un problema grave, pero es también un problema
simbólico, en el sentido de que en todos los lugares
de México se encuentran, en la base, estos problemas
sociales. Es decir, los problemas de la pobreza, el respeto
de la dignidad del hombre, de cada hombre." Dijo también
que la "paz nerviosa" que vive Chiapas le preocupa
al Papa.
A nivel de las comunidades, siguen proliferando
los conflictos (ver Enfoque). Hay
cada vez más
denuncias de hostigamiento, amenazas, secuestros y atentados
en varios municipios de las zonas Selva y Norte, y los municipios
autónomos siguen denunciando el incremento de sobrevuelos
y patrullajes militares alrededor de sus comunidades. También
continúan los conflictos poselectorales en varios
municipios del estado. En diciembre, el subsecretario de
Gobernación del estado anunció la creación
de un nuevo cuerpo para actuar en acciones contrainsurgentes
en los municipios de la zona Sierra.
Por otro lado, el 27 de enero 20 organizaciones
sociales, políticas y religiosas de la zona Norte de Chiapas,
a excepción de Paz y Justicia, firmaron en el municipio
de Tila un acuerdo en el que se comprometen a frenar la incursión
de personas armadas y las agresiones contra simpatizantes
del EZLN. En el municipio de Chenalhó, el nuevo alcalde
priísta y la nueva mesa directiva de Las Abejas ratificaron
el acuerdo de no agresión que se firmó el pasado
24 de agosto en el marco de los retornos de Las Abejas a
sus comunidades. Por su parte, la PGR inició una averiguación
en contra de varios ex funcionarios de ese municipio -incluido
el ex alcalde Antonio Pérez Arias- por haber impedido
el operativo contra paramilitares de Los Chorros en noviembre
de 2000.
El 15 de febrero, el gobierno de Chiapas
informó la
detención de Diego Vázquez, principal dirigente
chol de la organización paramilitar Paz y Justicia,
por diversos delitos de violencia cometidos entre 1995 y
1997. El operativo fue realizado por la policía estatal
al mando del propio subprocurador de Justicia, en la comunidad
de El Limar (zona Norte), un día después de
firmado el acuerdo de pacificación promovido por el
gobierno estatal entre simpatizantes del EZLN y de Paz y
Justicia. Vázquez se había negado a firmar
dicho acuerdo, que permitió la reapertura del templo
católico de esa localidad. Según las autoridades,
la detención del líder paramilitar "corresponde
a la convicción del gobierno en el sentido de que
los acuerdos de reconciliación no son certificados
de impunidad, y la Justicia llegará adonde tenga que
llegar".
Primeros avances en la lucha contra la
corrupción
En 266 auditorías realizadas sobre el ultimo año
de gestión del ex gobernador Roberto Albores, se había
detectado faltantes de 2 mil 539 millones de pesos en el
erario de Chiapas, tras de lo cual se iniciaron 1023 procedimientos
administrativos y 43 denuncias penales contra ex funcionarios.
Librado de Torre González, secretario de Agricultura
y Ganadería del gobierno de Albores, fue detenido
el 19 de diciembre acusado de asociación delictuosa,
peculado, fraude, abuso de autoridad y usurpación
y ejercicio indebido de funciones públicas. Es el
cuarto funcionario de la administración anterior detenido
a partir de dichas auditorías.
A nivel federal, las investigaciones iniciadas
en enero sobre el desvío de fondos de más de mil millones
de pesos de PEMEX a la campaña presidencial del PRI
de 2000, documentan por primera vez de manera precisa el
financiamiento del ex partido oficial mediante el erario
público.
:: ANALISIS
Chiapas: riesgoso distanciamiento de los actores
"Chiapas es un volcán
en calma que puede explotar en cualquier momento"
(Cardenal Roger Etchegaray -presidente emérito de
los Pontificios Consejos de Justicia y Paz, y emisario del
Papa- después de su visita en Chiapas a principios
de enero)
Hace un año, nuestro análisis del conflicto
chiapaneco resultaba mucho más optimista en cuanto
a posibilidades de reanudación del proceso de paz:
el EZLN anunciaba su marcha a la ciudad de México
y los nuevos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal,
daban señales alentadoras a siete años de iniciado
el conflicto (ver informes de SIPAZ de febrero y mayo de
2001).
Este proceso de acercamiento se frustró en abril
pasado con la aprobación de una reforma sobre derechos
indígenas que las organizaciones indígenas
rechazaron por ser contraria a los Acuerdos de San Andrés
firmados entre el gobierno y el EZLN en febrero de 1996.
Eso constituía un tema medular por ser una de las
condiciones planteadas por los zapatistas para reiniciar
el diálogo.
Reducción creciente de los márgenes
de maniobra
El EZLN ha guardado silencio por más de nueve largos
meses y los analistas no esperan que rompa este silencio
hasta la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) sobre las más de 300 controversias
constitucionales que se presentaron contra la ley indígena.
La influencia del máximo órgano judicial ha
crecido mucho desde el inicio del gobierno de Fox. Por su
posible contrapeso frente a los demás poderes, podría
convertirse en el árbitro de la transición.
Este compás de espera ha servido hasta ahora para
contener la tendencia creciente a la polarización
de los actores. Por eso la SCJN tiene una alta responsabilidad
ante el tema: si falla a favor de la ley, se cerrarán
más aún los márgenes para acciones políticas
y legales. Ese fallo podría dar legitimidad a los
grupos armados más radicales y hacer resurgir la opción
violenta como única vía posible. Si en cambio
la SCJN falla en contra de la ley y se reabre el tema en
el Congreso, la tensión tendrá más posibilidades
de ser manejada políticamente por los actores.
Otro margen de maniobra subsistiría aún por
la propuesta planteada por 160 diputados de rediscutir el
proyecto de reforma de la COCOPA. En un contexto internacional
poco favorable, con el Plan Puebla-Panamá ya en puertas
y con la conformación actual del Congreso, la reapertura
de la discusión alrededor de dicha ley tendría
sin embargo pocas posibilidades.
A un año de gobierno del presidente
Fox
Chiapas es sólo una de las múltiples promesas
de campaña pendientes que tiene el gobierno del presidente
Fox. Si bien ha logrado mantener cierta estabilidad macroeconómica
en medio de un contexto internacional adverso, muchos asuntos
sociales permanecen irresueltos e incluso agravándose.
En más de un ámbito, la situación se
presta a mayor inestabilidad y conflictividad.
Aunque no puede negarse algunos avances
en la transición
democrática (en particular, un mayor respeto a la
división de poderes), algunos temas se pospusieron
hasta tiempos más propicios. Es el caso por ejemplo
de la prometida reforma del Estado que se quedó archivada
por falta de apoyo en el Congreso.
Una iniciativa importante fue la presentación sorpresiva,
cuatro días apenas antes de finalizar su primer año
de gobierno, del informe de la CNDH sobre desapariciones
forzadas. Constituye un primer paso en el esclarecimiento
de los crímenes de Estado que se cometieron en las
décadas pasadas, y una decisión clave en la
lucha contra la impunidad. También se reabrieron otros
temas pendientes : masacre del 68, caso del general Gallardo,
etc. Esta tendencia no dejó de provocar malestar en
ciertos sectores del Ejército y del PRI.
A partir del asesinato de la activista
en derechos humanos, Digna Ochoa en octubre del 2001, se
han multiplicado las
amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y
militantes políticos. Más allá de los
casos puntuales, resulta cada vez más difícil
negar el carácter estructural de los problemas en
México: impunidad, limitaciones y falta de garantías
en el sistema de administración de justicia, privilegios
e incidencia creciente de las fuerzas armadas, etc. La reiteración
de casos de esta naturaleza introdujo un bemol en la relación
del gobierno de Fox con organismos internacionales de derechos
humanos, después de varios meses de relativa armonía.
A un año del gobierno estatal de
Pablo Salazar
La realidad que se observa a nivel federal presenta más
de una similitud con lo que se está viviendo a nivel
estatal: titulares del Ejecutivo gobernando sin el apoyo
de los partidos que los llevaron al poder, o con un Congreso
controlado por la oposición; reubicación de
las fuerzas y los actores políticos; contradicciones
en y entre los niveles de poder; inercias de las instituciones
y falta de experiencia de los nuevos integrantes en los gobiernos;
creciente descontento social, ...
Si bien el PRI conservó la mayoría en el Congreso
estatal, eso no significa que tenga el control como partido.
La estrategia del Ejecutivo parece haber apostado a un cabildeo
individual de los congresistas más que a una negociación
con las fracciones parlamentarias. De hecho, se están
desdibujando cada vez más las divisiones partidarias,
lo cual resulta aún más patente a nivel municipal.
En las comunidades, muchos optan por ser "oficialistas",
cualquiera sea el partido en el poder.
El PRI estatal se encuentra debilitado
por presiones ejercidas desde dos frentes: por un lado, el
recambio de dirigencias
en el que aparecen más claramente intereses personales,
lo que reaviva las tensiones entre el PRI nacional y estatal;
por otro lado, los procesos judiciales iniciados contra funcionarios
del gobierno anterior.
En este primer año, el primer gobernador no priísta
de Chiapas tuvo que gastar mucha energía en mantener
una gobernabilidad mínima, no logrando responder a
los enormes rezagos económicos y sociales, ni frenar
la conflictividad. Además, frente a la polarización
del escenario político-social, resulta particularmente
difícil promover proyectos de desarrollo sin que sea
una fuente más de tensión y división
entre los distintos sectores.
Chiapas: ¿a punto de estallar?
Mientras tanto, el estancamiento del proceso de paz sigue
cobrando altos costos a nivel local, ya que conlleva
consigo la radicalización de las posturas de los actores.
El EZLN se está distanciando cada vez más
de organizaciones locales anteriormente aliadas y ahora
afines al gobierno de Pablo Salazar. Los enfrentamientos
por asuntos agrarios y diferencias políticas - donde
los conflictos poselectorales siguen pesando- se han venido
multiplicando en varias zonas del estado, y la forma de
procesarlos pone en evidencia dramáticamente la
falta de una cultura democrática y de tolerancia.
Más allá del futuro de la ley indígena
y del proceso de diálogo, esta situación de
división y violencia creciente en las comunidades
indígenas dificultará las posibilidades de
construcción de la autonomía, un tema que podría
convertirse entonces en otra fuente de conflictos.
Por otro lado, en 2001, Chiapas volvió a ocupar el
primer lugar de marginación a nivel nacional, una
realidad preocupante que abarca no sólo a las comunidades
indígenas sino también a algunas zonas mestizas.
:: ENFOQUE
Los retos de la paz y la reconciliación en Chiapas
Si bien es cierto que en Chiapas no se ha dado un conflicto
armado abierto en años, y que el tema ya no preocupa
tanto ni al mexicano medio ni a la comunidad internacional,
los conflictos secundarios se han seguido multiplicando,
exacerbados por la polarización que generó el
conflicto entre el EZLN y el gobierno federal. La ruptura
y descomposición del tejido social se han profundizado
y los conflictos latentes son tales que ha aumentado la posibilidad
de que la situación estalle a corto o mediano plazo.
Las posibilidades de solución se han ido alejando
cada vez más: la negociación continúa
suspendida, y resulta claro que cualquier proceso de paz
no se dará a corto plazo o por la firma de un documento
entre dos actores que ya no son los únicos involucrados
en el conflicto, sino a través de una lenta y trabajosa
reconstrucción del tejido social.
Chiapas: radiografía del momento
Resulta cada vez más complicado explicar las dinámicas
que se viven en Chiapas hoy como consecuencia del conflicto
no resuelto entre zapatistas y gobierno. Después de
años de guerra de baja intensidad, violencia y desgaste,
se han diversificado los ejes de fractura que dividen a la
población. Ante esto, los espacios para intentar procesar
pacíficamente los conflictos se han reducido sustancialmente.
Las antiguas disputas que han derivado en conflictos con
el paso de los años tienen raíces y componentes
políticos, ideológicos, agrarios y religiosos.
Los zapatistas han descartado la opción electoral
como forma de llegar a los cambios estructurales que consideran
que requiere México. Si bien es cierto que no han
impedido el voto, han seguido promoviendo espacios de gobierno
paralelo (municipios autónomos). Esto ha constituido
una primera fuente de tensión cuando en ausencia de
marco legal al respecto -un aspecto de por sí incluido
en los Acuerdos de San Andrés- se dieron choques entre
el régimen político oficial y los municipios
autónomos. En muchos otros casos, cuando las comunidades
se encontraban divididas, ninguna de estas dos estructuras
pudo responder a los problemas que tuvieron que enfrentar:
no existía ninguna autoridad reconocida por todas
las partes.
La situación dio un nuevo giro después de
las elecciones del 2000 donde el PRI perdió tanto
a nivel federal como estatal. Por primera vez, la oposición
llegaba a ganar y muchas organizaciones independientes se
sumaron a esta propuesta de cambio; por eso ahora es natural
que quieran obtener beneficios de un gobierno al que apoyaron.
Por otro lado, la alternancia en el gobierno llevó a
una sorpresiva recomposición de los grupos de poder
a nivel estatal, que se adaptaron a la nueva realidad en
forma muy pragmática, por no decir oportunista.
La tensión disminuyó en
los primeros meses de los nuevos gobiernos: la marcha zapatista
al DF y su llegada
al Congreso de la Unión generaron altas expectativas
en cuanto al proceso de paz. Sin embargo, después
de la aprobación de la reforma indígena de
abril (ver informe
de SIPAZ de mayo de 2001), el EZLN se
replegó en el silencio de la selva y suspendió todo
contacto con los gobiernos federal y estatal. Así,
en muchas zonas, las personas o grupos que establecieran
alguna relación con cualquier instancia oficial (más
que todo a través de los programas de asistencia económica
y social) podrían ser acusadas de traicionar la lucha
de resistencia.
Así que hoy en día, la división no
es únicamente entre zapatistas y priístas.
Como lo hemos subrayado en varias ocasiones en nuestros análisis,
las diferencias partidistas se han venido desdibujando cada
vez más en Chiapas. Los conflictos más álgidos
actualmente se dan con organizaciones indígenas locales,
antes aliadas del EZLN.
Otra fuente de conflictividad latente
por décadas
en Chiapas y nuevamente fuente de tensión tiene que
ver con las irregularidades en la propiedad y tenencia de
la tierra en un contexto de escasez de tierras disponibles.
Era práctica frecuente de los gobiernos anteriores
otorgar los mismos títulos de propiedad a más
de una comunidad.
Durante el período anterior, además, la distribución
de recursos y programas gubernamentales se hizo con fines
de contrainsurgencia, para ganar aliados y a la vez enfrentar
a opositores y oficialistas en las mismas comunidades indígenas.
A pesar del cambio de gobierno, perdura en la memoria de
las comunidades una fuerte ideologización respecto
a la ayuda oficial. Por eso, a la hora de diseñar
estrategias para el desarrollo de las comunidades, los riesgos
siguen siendo los mismos: resulta difícil implementar
proyectos sin enfrentar más a los distintos grupos.
Por debajo de las rivalidades concretas,
se contraponen dos concepciones estratégicas: por un lado, la resistencia
zapatista que tiene en el horizonte la transformación última
de las actuales estructuras injustas; y por el otro, el aceptar
recursos de donde vengan para fortalecerse como organización
y crecer en su zona de influencia.
Según un analista de Chiapas, "los zapatistas
tienen una visión política más allá de
lo local. Pero la gente en las comunidades está ya
en un plan de sobrevivencia. La vida cotidiana se ha agravado
por las divisiones. Existe por lo tanto un eje de tensión:
seguir apostándole a una reforma nacional y a la lucha
contra el neoliberalismo, o buscar atender las necesidades
de la base".
En el plano religioso finalmente, la situación es
mucho más compleja que una división entre católicos
y evangélicos. En el enfoque de SIPAZ de mayo de 2000,
subrayábamos que más que una fuente de conflicto
en sí, el factor religioso ha sido utilizado desde
intereses políticos y económicos. En la práctica,
ello se manifiesta de diferentes maneras: una de ellas es
el control de acceso a cargos y el condicionamiento de servicios
religiosos en función de la afiliación partidaria. ¿Qué expresión
más tangible puede haber de la profundidad de las
divisiones en Chiapas, que la celebración de dos misas
para dos grupos distintos, de la misma religión y
en la misma comunidad?
Como resultado de la inexistencia de proceso
de diálogo
y la multiplicación de otros tipos de conflictos,
se ha desgarrado el tejido social y cultural en las comunidades.
La dimensión comunitaria, tan clave para vertebrar
la identidad de los pueblos indígenas, así como
recurso para procesar y resolver los conflictos, se encuentra
fracturada. En algunos casos, las divisiones y choques se
dan ya desde el ámbito familiar. No ha habido enfrentamientos
armados desde 1994, pero la guerra ha seguido su curso bajo
una forma más sutil y que limita igualmente las posibilidades
de construcción de la paz.
Cuando las palabras no alcanzan…
En un contexto de extrema polarización, es casi inevitable
que cualquier intervención -aun las que apuntan a
la distensión y a la transformación de conflictos-
sea considerada como una toma de partido. En los primeros
años del conflicto, ese fue el caso de las palabras "derechos
humanos". En la zona Norte del estado, era frecuente
que se preguntara a los visitantes: "¿Ustedes
son derechos humanos?". En función de su respuesta,
se les estaba ya ubicando como aliados o enemigos. Desde
aquel tiempo, las organizaciones de derechos humanos fueron
vistas por algunos aliados al PRI como actores parciales
en los conflictos comunitarios.
Un ejemplo de esto es el libro de la organización
Paz y Justicia, acusada de ser paramilitar: "Ni derechos
ni humanos en la zona Norte de Chiapas: La otra verdad de
los sucesos en la zona ch'ol" (1997). Allí, refiriéndose
a los grupos de derechos humanos que habían estado
presentes en la zona, se afirma: "En nada han contribuido
a la distensión de la zona, y son señalados
por los afectados, como otros protagonistas que llegaron
del extranjero con recursos a complicar más la situación
de la región".
Otra palabra controvertida fue y sigue
siendo "paz".
En más de ocho años de conflicto, todos los
actores han seguido hablando de paz. Pero los entendimientos
han variado: para el gobierno, se trata más bien de
restablecer el 'orden' existente antes del alzamiento. Esa
'pax romana' que es más bien una 'no guerra', está bastante
lejos de la "paz con justicia y dignidad" de los
zapatistas o del concepto de 'paz positiva': más allá de
la reducción de la violencia, se trata de lograr construir
la paz desde actitudes y valores cotidianos.
Actualmente, parece que ha llegado el
turno a la palabra reconciliación. De parte del gobierno estatal, o de
algunos grupos acusados de ser paramilitares -y aunque sus
discursos expresen lo contrario-, lo que se percibe es la
necesidad de un 'borrón y cuenta nueva' más
que de un proceso profundo y auténtico de reconciliación.
Pero las víctimas tienen un entendimiento distinto.
En la zona baja de Tila, escuchábamos este comentario: "Los
del gobierno quieren la reconciliación antes de la
justicia. Nosotros estamos en el proceso de obtener indemnizaciones
por haber sido desplazados. Nosotros estuvimos presos por
muchos años, pero ellos [los de Paz y Justicia] no
tienen a nadie en la cárcel. Queremos la justicia
para poder hablar de reconciliación". Un promotor
de derechos humanos de la zona de Altamirano nos decía
también: "Ahorita todos hablan de reconciliación
pero quieren hacer como si no hubiera pasado nada".
Tanto en Chenalhó como en la zona Norte, escuchamos
el mismo grito de dolor: "Queremos justicia para nuestros
muertos". A la vez, cabe destacar que en los casos donde
hubo enfrentamientos entre indígenas, no bastará con
hacer una lectura maniqueísta ('buenos y malos', 'víctimas
y victimarios') de las situaciones de violencia que han desgarrado
al estado en los últimos años. De todos modos,
resulta claro que estos procesos no se pueden dar sin la
aprobación de la gente afectada ni se pueden imponer
desde afuera como solución sostenible a mediano y
largo plazo.
Finalmente, hay algunos procesos que apuntan
a la conversión
de los victimarios, quizás asumiendo que la justicia
no vendrá por parte del Estado. En Nuevo Limar (zona
Norte), un catequista nos decía: "A los de la
UCIAF, si se acercan a nosotros no les vamos a rechazar,
aunque nos golpearon". En Jolnixtié (también
zona Norte), un miembro del PRD afirmaba: "Queremos
que se cancelen todas las ordenes de aprehensión,
porque no es justo que los de Paz y Justicia paguen, cuando
fueron forzados por el mismo gobierno a hacerlo".
Después del Primer Encuentro sobre Experiencias Comunitarias
de Reconciliación y Paz -realizado en San Cristóbal
en noviembre del 2001-, la reconciliación se mantenía
como una de las prioridades para los participantes. Es necesario
sin embargo aclarar lo que ellos entienden por esta palabra: "Se
busca solución a los problemas de una manera justa.
Es necesario que todos queden contentos, que no gane uno
y pierda otro. Reconciliarnos es volver a unirnos. Y esa
unidad no es uniformidad". Perdonar no es olvido, es "perder
el sentir de la venganza", como escuchamos en un encuentro
entre católicos y presbiterianos del municipio de
Chenalhó.
¿Qué se puede hacer?
En el contexto actual, parece inevitable la controversia
sobre qué se puede hacer por la paz en Chiapas.
Apostar a la transformación de conflictos a veces
es visto como 'contrarrevolucionario', ya que se corre
el riesgo de atender la problemática desde el ámbito
comunitario únicamente,dejando afuera la dimensión
estructural de la misma. "Es como darle una aspirina
a una persona gravemente enferma", afirmaba un miembro
de una ONG en San Cristóbal.
Ciertamente, si aspiramos a que las soluciones
sean profundas, verdaderas y duraderas, no se puede dejar
de lado la necesidad
de transformar las causas profundas que originaron los conflictos:
es decir, debe haber una transformación de las estructuras
económicas, sociales, políticas y culturales
responsables de la exclusión, la miseria, la discriminación,
la injusticia cotidiana que viven los pueblos indígenas.
Sin embargo, un miembro de otra ONG considera: "La
prioridad número uno debería ser un trabajo
para intentar superar las divisiones en las comunidades.
Lo que pasa a este nivel no necesariamente refleja los análisis
de allá arriba. Pero de qué nos sirve una ley
indígena maravillosa cuando las comunidades están
divididas, y por lo tanto no habrá posibilidad de
construir la autonomía. El gobierno podrá otorgar
la ley COCOPA, pero luego ¿qué?"...
Sólo poniendo las cosas en perspectiva es posible
mantener la esperanza en el Chiapas de hoy. Gonzalo Ituarte
-ex vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San
Cristóbal y ahora párroco del neurálgico
municipio de Ocosingo- nos decía en una entrevista: "Lo
que se vive en Chiapas es una revolución de baja intensidad.
La vanguardia está atrás de la sociedad, empujando.
Es un proceso de transformación muy lento, que quisiéramos
acelerar seguramente, pero que por ahí va. No podemos
no tener esperanza".
:: Actividades de SIPAZ
Diciembre 2001-Febrero 2002
Contactos e información
- Visita a las zonas Selva y Norte para dialogar con diversos
actores políticos y religiosos.
- Atención a varias delegaciones internacionales para
darles a conocer la coyuntura en Chiapas, el trabajo de SIPAZ
y de la Red por la Paz: dominicos de Norteamérica,
NISGUA (proyecto de acompañamiento en Guatemala) ,
Cloudforest, JEM (Jubilee Economics Ministries) y la Comisión
Civil Internacional de Observación por los Derechos
Humanos.
- Visita del Sr. Baur, del Ministerio Federal de la Cooperación
Económica Alemana.
- Atención a periodistas de Francia para darles información
sobre el conflicto en Chiapas.
- Reuniones con grupos internacionales miembros de
la coalición
SIPAZ que tienen proyectos en México: Global
Exchange, Christian Peacemaker Teams (CPT), Witness
for Peace y Peace
Brigades Internationals (PBI).
Diálogo interreligioso
- Reuniones con actores religiosos del municipio de Chenalhó y
con el Grupo Plural Ecuménico. Visitas a varias
comunidades de la zona.
- Seguimiento del proyecto de "Pasantías de intercambio
y formación entre líderes religiosos de Chenalhó y
las Comisiones de Paz de Nicaragua".
- Participación en oraciones ecuménicas por
la Paz en San Cristóbal de las Casas.
- Reunión con funcionarios del gobierno estatal
encargados de asuntos religiosos.
Educación para la Paz
- Participación en la Red por la Paz, un espacio
de acción y reflexión que busca apoyar procesos
de reconciliación y paz a nivel de la organizaciones
y comunidades de Chiapas.
- Reunión con varias organizaciones de Educación
para la Paz en Chiapas y miembros de la Fundación
Alemana para el Desarrollo Internacional.
Internacional
- Participación en el seminario "Los Derechos
Humanos y los Desafíos del siglo XXI" (Santiago
de Chile, noviembre 2001) y en el II Foro Social Mundial
(Porto Alegre, Brasil, febrero 2002).
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