:: SUMARIO
En México, como en todo el mundo,
los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos generaron
una gran conmoción. Como resultado, se redujo el interés
por otros conflictos no resueltos, incluido el de Chiapas.
Aun antes del 11 de septiembre, el proceso
de paz se había
estancado una vez más. La reforma constitucional sobre
derechos indígenas aprobada por el Congreso federal
en abril había sido calificada por el EZLN y las principales
organizaciones indígenas como una "traición".
Y los congresos de los estados con mayor población
indígena votaron en contra de la reforma. Aun así,
la administración Fox proclamó que la misma
constituía un importante avance e incluso una prueba
de que el conflicto de Chiapas se había resuelto efectivamente.
Ese discurso fue bien recibido durante la gira que el presidente
hizo por Europa, donde crece el interés por expandir
las relaciones comerciales con México.
Al mismo tiempo, el gobierno ha manifestado
reiteradamente su voluntad de reanudar las negociaciones.
Sin embargo, el
EZLN ha guardado silencio desde abril, y otras organizaciones
indígenas han rechazado con fuerza la idea, desde
que el momento que, según su visión, el gobierno
aún no ha cumplido los compromisos asumidos. En el
terreno de Chiapas, el nivel de polarización y conflictividad
continúa alto; las denuncias de las comunidades indígenas
sobre hostigamiento militar y paramilitar han aumentado;
al menos 10.000 desplazados internos permanecen sin seguridad
para regresar a sus hogares, y las negociaciones sobre los
retornos han resultado en pocos logros concretos para las
comunidades indígenas. El EZLN se encuentra "en
resistencia", rechazando toda asistencia económica
del gobierno, y al parecer apostando a seguir desarrollando
los municipios autónomos paralelos a las estructuras
oficiales de gobierno local.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos
continúan denunciando la ilegitimidad de la reforma
aprobada, e incluso desafiando su misma legalidad. Más
de 300 recursos fueron planteados ante la Suprema Corte de
Justicia, tanto por autoridades locales como estatales. También
se presentaron reclamaciones ante la Organización
Internacional del Trabajo alegando que México no cumple
sus compromisos internacionales en materia de derechos indígenas
(Convenio 169 de la OIT). Otros esfuerzos apuntan a mejorar
la ley indígena, ya sea a través de una revisión
de la misma en el Congreso, o de las leyes secundarias que
deberán elaborarse a nivel estatal para implementar
la reforma.
El tema seguramente va a definirse en
el terreno político
más que en el estrictamente legal, y las fuerzas conservadoras
continúan oponiéndose a cualquier ampliación
de la legislación. Si bien el debate ha mostrado una
novedosa independencia entre los tres poderes del Estado,
la reforma en sí misma se ha convertido en un obstáculo
de facto para la resolución del conflicto de Chiapas.
El 19 de octubre, el asesinato de la destacada
defensora de derechos humanos Digna Ochoa provocó una
fuerte condena nacional e internacional. No obstante, fue
seguido
de una ola de amenazas contra otros conocidos activistas
de derechos humanos.
Después de este crimen, el presidente Fox dispuso
la libertad de dos líderes campesinos ecologistas
del estado de Guerrero, a quienes Ochoa había defendido
de acusaciones y delitos fabricados. Esto apuntó las
sospechas hacia Guerrero, donde la abogada había sido
hostigada por el Ejército durante sus recientes visitas.
A un mes del asesinato, las organizaciones de derechos humanos
dieron a conocer su insatisfacción por el poco avance
en la investigación del mismo.
Para opacar aun más la imagen del gobierno en materia
de derechos humanos, en noviembre la Comisión Interamericana
de DDHH de la OEA le dio un ultimátum exigiendo la
libertad inmediata del General José F. Gallardo, preso
desde hace ocho años por haber propuesto la creación
de un ombudsman para el Ejército.
Las elecciones municipales y legislativas
de octubre en Chiapas dieron al PRI una cómoda mayoría en
el Congreso estatal. Una vez más, el EZLN boicoteó el
proceso electoral, y el abstencionismo llegó casi
al 50%. El gobernador Pablo Salazar, quien fuera elegido
por una coalición de oposición al PRI el año
pasado, tendrá que seguir gobernando con un Congreso
controlado por la actual oposición.
Los enfrentamientos se han incrementado
en Chiapas, incluso entre organizaciones indígenas y campesinas antes
aliadas. Las disputas son por la tierra, la hegemonía
política y las diferentes estrategias políticas,
especialmente en relación con el gobierno estatal.
Por supuesto, el telón de fondo es el conflicto no
resuelto con el gobierno federal, y los costos son similares:
heridos, muertos, secuestros, expulsiones, casas quemadas
y amenazas crecientes.
Por otro lado, hay algunas señales de distensión,
como el diálogo ecuménico en Chenalhó (región
Altos) y algunos acuerdos que permitieron la reapertura de
templos católicos en El Limar y Sabanilla (zona Norte).
A pesar de los reclamos no resueltos acerca
de las indemnizaciones y de la amenaza paramilitar, varios
grupos desplazados de
la organización civil Las Abejas -en total unas 1336
personas- retornaron a sus hogares entre agosto y octubre.
La decisión de volver fue impulsada por la creciente
escasez de agua potable, leña y alimentos en los campamentos.
Los así llamados "retornos forzados" fueron
acompañados por observadores nacionales e internacionales
y por el gobierno estatal. Hasta la fecha no ha habido incidentes,
pero existe todavía preocupación por la seguridad
de los retornados. De todos modos, estos retornos son una
excepción a la regla, pues la situación de
más de 10.000 desplazados continúa sin solución.
Después de los atentados del 11 de septiembre, la
presencia militar en Chiapas se incrementó, especialmente
en la frontera con Guatemala. La afirmación del gobierno
norteamericano de que el EZLN es una organización
terrorista fue refutada tanto por el gobernador de Chiapas
Pablo Salazar como por el Comisionado federal para la Paz,
Luis H. Álvarez. No obstante, como en todas partes,
crece la preocupación de que el aumento del temor
pueda llevar a una mayor intolerancia hacia las minorías.
El mayor impacto de los atentados ha sido económico,
agravando significativamente los efectos de la recesión
que ya existía en la economía global. En algunas
zonas de Chiapas, los productores optaron por no cosechar
el café, después que el precio cayó un
50% respecto al del año pasado, que ya era bajo. La
tradicional emigración a los Estados Unidos ha sido
siempre una válvula de escape para los mexicanos en
tiempos difíciles. Sin embargo, con la economía
de aquel país también en recesión, la
migración ha bajado al 50% desde septiembre.
ACCIONES RECOMENDADAS
Es importante que la comunidad internacional continúe
expresando su preocupación ante la ausencia de una
paz justa y duradera en Chiapas.
- Escribir al presidente Fox
expresándole:
- preocupación
porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas
se ha convertido en un obstáculo para reanudar
el proceso de paz;
- la esperanza de la comunidad internacional
en que el gobierno mexicano, a través de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, trabajará en
la revisión
de la legislación indígena para hacerla
congruente con los Acuerdos de San Andrés
y el Convenio 169 de la OIT;
- profunda preocupación por el asesinato
de Digna Ochoa y las amenazas a defensores de derechos
humanos, y la necesidad de una investigación
exhaustiva para llevar a los responsables ante la
Justicia.
- Exhortar a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a que exija al gobierno mexicano que
su legislación
en materia de derechos indígenas sea congruente
con el Convenio 169 que México ratificó en
1990.
- Difundir información -como la contenida en este
Informe- sobre la situación en Chiapas.
Escribir a:
Lic. Vicente Fox, Presidente de la
República
Residencial Oficial de los Pinos
Colonia M. Chapultepec, Delegación M. Hidalgo
11850 México, D.F., México
Fax: (+52)(5)515 1794
Sitio de internet destinado a comentarios
Juan Somavía
Director General de la OIT
4, route de Morrillons
CH-1211, Geneva 22
Switzerland
cabinet@ilo.org
Fax (41 22) 799 85 33
:: ACTUALIDAD
El conflicto de Chiapas relegado a segundo
plano
En Chiapas como en el resto del mundo,
los terribles hechos del 11 de septiembre generaron una fuerte
conmoción. Se redujeron los espacios para hablar de
otros conflictos por resolver, como el estancado proceso
de paz en Chiapas y la problemática de los pueblos
indígenas en México.
Ley indígena: la manzana de la
discordia
En este nuevo marco internacional, el tema del proceso
de paz en Chiapas fue relegado a un segundo plano. Cabe
recordar
que dicho proceso se rompió nuevamente en abril
pasado, cuando el EZLN, junto con las organizaciones indígenas
y populares calificaron de "traición" la
reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas
aprobada por el Congreso federal y ratificada por el Ejecutivo
a mediados de agosto.
El 4 de septiembre, el Comisionado para
la Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez volvió a mencionar la apertura del
gobierno para reanudar el proceso de diálogo, “pero
de ninguna manera vamos a quedarnos paralizados si [el EZLN]
no desea hacerlo, pues se impulsarán programas sociales
y se profundizará en los cambios institucionales derivados
de la reforma.” Si bien “el EZLN tiene
todo el derecho a disentir con lo aprobado por el constituyente,
esto no justifica su negativa a abrir conversaciones con
un gobierno que a todas luces ha dado muestras certificables
de su compromiso por la paz.”
Aunque el EZLN no respondió a estos comentarios (su
comunicado del 29 de abril planteaba una postura de por sí muy
clara al respecto), otras organizaciones indígenas
cuestionaron lo dicho por el Comisionado. La Asamblea Nacional
Indígena Pluriétnica por la Autonomía
(ANIPA) enfatizó: “No es posible tender puentes
de diálogo y conciliación nacional cuando una
de las dos partes, en este caso el gobierno federal, ha incumplido
su palabra de propiciar el reconocimiento constitucional
de nuestros derechos como pueblos, y en cambio aplaude la
simulación, la mentira y la burla aprobadas en el
Congreso de la Unión.”
En total se presentaron 329 controversias
constitucionales contra la ley indígena ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN). Los organismos indígenas
y civiles siguieron expresando su rechazo a la ley aprobada.
Varios llevaron la reclamación contra las reformas
a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicha instancia las examinará -así como el
informe presentado por el gobierno mexicano- y se pronunciará en
mayo del 2002.
Frente a esta situación, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) propuso que se reabriera la discusión
sobre la reforma indígena antes de finales de diciembre.
Este partido considera que no se debe esperar el fallo de
la Suprema Corte (anunciado para febrero a más tardar)
para iniciar "la reforma de la reforma". A principios
de octubre, más de 100 diputados de seis partidos
políticos firmaron el Manifiesto de San Lázaro
que del mismo modo propone rediscutir la reforma indígena.
En su gira por Europa, unos días después, el
mismo presidente Fox ofreció reabrir el tema.
El Partido de Acción Nacional (PAN) sin embargo expresó su
desacuerdo. Manuel Bartlett, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
dijo que “más allá de las ocurrencias
del presidente Fox, que ni su propio partido apoya,” la
reforma constitucional en materia indígena “está firme,
y no hay posibilidad alguna de reabrir la discusión.” Agregó que
antes de diciembre estarán listas para ser aprobadas
las reformas a 40 leyes secundarias.
La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
se dividió alrededor del asunto, reflejando las diferencias
existentes entre los partidos que la conforman. A principios
de diciembre, el organismo de coadyuvancia llegó a
plantearse la posibilidad de declararse en receso permanente.
Discursos de Fox sobre la situación
en Chiapas
En Madrid, en el marco de su gira a Europa en octubre,
el presidente Fox dijo que los zapatistas “han estado
tranquilos y en paz después de todo lo que hicimos
para buscar la pacificación en Chiapas.” Mencionó también: "Los
desplazados […] han regresado a sus comunidades,
a sus hogares, y todo está en paz y en tranquilidad.” Finalmente
agregó que al resto de los "pequeñísimos
grupos guerrilleros que aparecen de vez en cuando” en
México “los queremos cercar y echarles
el guante.”
Más tarde, en Italia, Fox aseguró que en México “hay
una nueva ley de derechos y cultura indígena que comparada
con otros países, con cualquiera, es de lo más
avanzado y vanguardista que hay.” Ya finalizando su
gira, concluyó: “Europa está claro: hoy
hay un gobierno democrático en México, que
respeta los derechos humanos, que atiende, que quiere y que
respeta a sus hermanos indígenas.”
Aumenta la preocupación por la situación de
los derechos humanos en México
En contraste con las declaraciones de Fox, el 19 de octubre
fue asesinada en la ciudad de México la abogada y
defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Al día
siguiente, más de 80 ONGs exigieron la investigación
expedita de este asesinato. Los gobiernos, los organismos
internacionales y multilaterales, la sociedad civil y las
iglesias del mundo también expresaron su repudio.
El gobierno de Fox así como el del Distrito Federal
de México (de cuya Procuraduría depende la
investigación) se comprometieron a encontrar y sancionar
a los culpables.
Poco después, el Presidente Fox indultó a
los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y
Rodolfo Montiel, detenidos y torturados por el Ejército
en 1999 y falsamente acusados. Ambos habían sido defendidos
por Digna Ochoa. De hecho, las pistas de investigación
sobre su asesinato apuntan hacia el estado de Guerrero; allí la
abogada había sido sometida a una fuerte vigilancia
militar en una visita realizada poco antes de su muerte.
A finales de noviembre, el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro realizó un balance de la investigación
a 33 días del crimen de Digna Ochoa, en el que critica
la falta de avances y de claridad en la metodología
de investigación, la "fuga de información" y
otras irregularidades y limitaciones que ponen en riesgo
la eficacia del proceso.
Mientras tanto, las amenazas a los defensores
de derechos humanos continuaron, extendiéndose a nuevas personas
el 27 de octubre: Miguel Sarre, Sergio Aguayo, Edgar Cortez,
Juan Antonio Vega y Fernando Ruiz, todos integrantes de reconocidas
instituciones de derechos humanos en México.
El 15 de noviembre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos planteó un ultimatum al gobierno
de Fox para que libere inmediatamente al general José Francisco
Gallardo, preso desde hace ocho años después
de haber propuesto la creación de la figura de "ombudsman" en
el Ejército.
Alta tensión en Chiapas
En las elecciones del 7 de octubre en Chiapas, y a pesar
de sus fuertes divisiones internas, el PRI conservó una
confortable mayoría en el Congreso de Chiapas, al
triunfar en 21 de los 24 distritos (el PRD triunfó en
dos y el PAN en uno). También ganó 72 de
las 118 alcaldías (el PRD obtuvo 19 y el PAN 11).
El abstencionismo fue de alrededor del 50%. En términos
absolutos sin embargo, la votación por el PRI bajó.
La prohibición de conformar coaliciones (como la
que llevó al triunfo al gobernador Pablo Salazar)
establecida el año pasado limitó la posibilidad
de que ganaran otros partidos. También fue muy criticada
la falta de capacitación de los funcionarios de
casillas y el papel del Instituto Estatal Electoral. Diversos
partidos políticos impugnaron los resultados de
los comicios en 14 municipios de Chiapas y se han dado
incidentes y manifestaciones de rechazo en varias zonas
del estado.
También se han multiplicado y acentuado los conflictos
entre organizaciones sociales e indígenas, incluso
entre las que hasta ahora existía afinidad ideológica.
Por ejemplo, la Organización Regional de Cafeticultores
de Ocosingo (ORCAO) entró en conflicto con el EZLN
alrededor del reparto de 800 hectáreas de tierra.
A pesar de que se buscó abrir un diálogo entre
ambas organizaciones sin intervención del gobierno,
no se ha resuelto todavía el probelma de fondo. EN
todo Chiapas, el saldo hasta ahora fue de muertes, heridos,
desplazamientos, secuestros, quemas de casas y amenazas crecientes.
Las causas de estos enfrentamientos son complejas, y tienen
que ver con problemas no resueltos de tierra, luchas por
la hegemonía en la zona y discrepancias sobre la estrategia
política hacia las instituciones oficiales, particularmente
en los procesos electorales.
Otro hecho de relevancia fue la detención el 6 de
noviembre de quien fuera el procurador chiapaneco durante
el gobierno anterior, Montoya Liévano. Se le imputa
asociación delictuosa y peculado, y haber dado protección
a escuadrones de la muerte.
En este marco de inestabilidad, se dio
el retorno de las familias desplazadas de la Organización Civil Las
Abejas (para más detalles, ver Enfoque).
No obstante, también se han dado signos positivos
que apuntan hacia una mayor distensión en algunos
puntos de conflicto: se han venido realizando oraciones ecuménicas
en Chenalhó, y en la zona Norte se ha llegado a algunos
acuerdos entre los distintos actores -con presencia del gobierno
del estado- que permitieron la reapertura del templo católico
de El Limar y de otro en Sabanilla.
A consecuencias de los atentados en Estados
Unidos…
Unos días después de los ataques, que fueron
fuertemente condenados por el gobierno de Fox, la presencia
de fuerzas castrenses fue reforzada en Chiapas, especialmente
en la frontera con Guatemala. La Organización de los
Estados Americanos (OEA), de la que México es parte,
declaró que los atentados fueron un ataque contra
todo el continente y ofreció su apoyo militar en el
marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR).
Lo ocurrido en Estados Unidos generó una polémica
en cuanto a los grupos armados en México. El gobernador
de Chiapas, Pablo Salazar rechazó que el EZLN fuera
un grupo terrorista, como se indicó en un reporte
de la agencia antidrogas estadunidense (DEA). Especificó que, “por
el contrario, son luchadores sociales que buscan una solución
a sus problemas de marginalidad, pobreza y exclusión.” El
Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Alvárez,
del mismo modo rechazó que el EZLN sea un grupo terrorista,
pero dijo que no tenía suficientes elementos para
opinar sobre otros grupos armados.
En forma más general, el Instituto Nacional Indigenista
expresó su preocupación de que los grupos minoritarios,
incluso los indígenas, sean “observados” y
cuestionados en sus derechos, bajo el argumento de la “seguridad
nacional.”
Finalmente, la desaceleración económica a
nivel mundial agravada por lo ocurrido en Estados Unidos
impacta fuertemente a México. En algunas zonas de
Chiapas (con un precio del café 50% menos que el año
pasado), los productores sencillamente decidieron suspender
la cosecha. Cuando por otra parte se están reduciendo
las posibilidades de migración hasta los Estados Unidos
(en un 50% para la población mexicana, después
del 11 de septiembre), la situación económica
es particularmente crítica para los campesinos y trabajadores
de los sectores populares.
:: ANALISIS
Chiapas: un conflicto cada vez más
difícil de resolver
Las consecuencias desatadas en el ámbito
internacional a raíz de los atentados del 11 de septiembre
en Estados Unidos relegaron a segundo plano otros conflictos
regionales, como el estancado proceso de paz en Chiapas y
con él, uno de los temas que dicho proceso había
permitido sacar a la luz: la situación de pobreza
y marginación de los 10 millones de indígenas
de México.
En su gira por Europa en octubre, el presidente
Fox minimizó el
conflicto chiapaneco, presentándolo como ya resuelto.
Este discurso encontró buena aceptación en
los países de la Unión Europea, que ven a México
como un socio comercial prometedor, en transición
hacia la democracia y con un sistema institucional cada vez
más creíble. Sin embargo, varios aspectos preocupantes
de la realidad mexicana y chiapaneca parecerían contradecir
las declaraciones optimistas del presidente Fox.
Discursos optimistas para una realidad no tan alentadora
En sus discursos en Europa, el presidente Fox habló de "tranquilidad
y paz" en Chiapas. Sin embargo, el silencio del EZLN
después de su comunicado del 29 de abril de rechazo
a la ley indígena no significa aceptación de
la situación. Como en otras ocasiones en estos casi
ocho años de conflicto, el silencio prolongado es
una forma de rechazo categórico a la postura gubernamental;
en este caso, las comunidades zapatistas han entrado nuevamente
en una etapa de "resistencia", que pasa por el
rechazo de cualquier tipo de asistencia gubernamental y por
el ejercicio de su autonomía por la vía de
los hechos.
Por otra parte, es difícil hablar de paz cuando tantas
comunidades siguen denunciando hostigamiento militar y paramilitar
y cuando se están recrudeciendo los conflictos comunitarios
hasta entre organizaciones anteriormente amigas. Después
de un tiempo de mayor optimismo al principio del año,
el prolongado estancamiento del proceso de paz agudizado
por la aprobación de una ley indígena que no
hace justicia a los Acuerdos de San Andrés, llevó a
una radicalización de las posturas, provocando nuevas
divisiones y polarización.
Como lo explicamos con más detalles
en el Enfoque, y a cambio de lo expresado por el presidente
Fox, los retornos tampoco pueden ser vistos como una solución
de fondo a la problemática de los desplazamientos
en Chiapas.
Otro timbre de alarma ha sido el asesinato
de la abogada Digna Ochoa, y la ola de amenazas crecientes
a defensores
de derechos humanos que le siguió. Estos hechos revelan
problemas institucionales serios, en particular cuando una
de las líneas de investigación apunta al Ejército.
No se puede negar, sin embargo, que se
han dado pasos hacia la construcción de una cultura democrática
en México. El debate nacional generado alrededor de
la ley indígena, y las posiciones independientes de
los tres poderes del Estado ante ella, son una muestra de
esos avances. Pero la persistencia de estructuras de poder
del viejo régimen dentro del nuevo, tanto a nivel
local y estatal como nacional, es uno de los mayores desafíos
que enfrenta la transición mexicana.
Estancamiento alrededor de la ley indígena
Por otra parte, sigue abierta la polémica sobre la
ley indígena. Si bien muchos de sus defensores insisten
en que constituye un avance respecto a la legislación
anterior, es indiscutible que no será un paso hacia
la reanudación del proceso de paz en Chiapas, sino
un nuevo obstáculo y una fuente de mayor conflicto,
en la medida que ha sido rechazada por los propios beneficiarios.
Las posiciones hasta ahora se articulan
en dos grandes bloques: los que plantean la posibilidad de
hacer una "reforma
de la reforma" (es decir, cambiar la ley aprobada),
y quienes proponen mejorar la ley vigente a través
de las leyes secundarias. Si bien esta postura parece más
pragmática, sus críticos sostienen que optar
por este camino es renunciar a la responsabilidad del Estado
de garantizar el reconocimiento de los derechos indígenas
en la Constitución federal. Además, por experiencia
histórica los indígenas no confían en
los poderes estatales, sujetos a intereses políticos
y correlaciones de fuerza variables.
Por otro lado, los recursos formales presentados
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México
o la Organización del Trabajo Internacional (OIT)
no necesariamente permitirán reabrir el tema, ya que
sus pronunciamientos son limitados por la naturaleza de esas
instituciones. Si finalmente la ley no es modificada, quienes
hasta ahora la han rechazado en términos absolutos
tendrán que redefinir su estrategia ante la implementación
de políticas y legislación secundaria derivadas
de la reforma.
Este último estancamiento del proceso de paz resulta
más complicado que nunca de destrabar: mientras el
gobierno considera que ha hecho todo lo que estaba a su alcance,
el EZLN ve la reforma indígena como una "traición",
y en las comunidades se empieza a escuchar comentarios de
que Fox "es lo mismo que Zedillo". Este distanciamiento
creciente entre gobierno y zapatistas está cada vez
más lejos de las esperanzas surgidas en los primeros
meses de la administración Fox, y cada vez más
cerca de la polarización existente durante el régimen
anterior.
En esta etapa, la ausencia de una instancia
de mediación
complica más aún la posibilidad de encontrar
canales de diálogo. La COCOPA no ha sido capaz de
superar sus divisiones internas, y sigue manifestándose
sólo como un catalizador de los desacuerdos entre
posturas partidistas.
Reacomodos después de las elecciones
en Chiapas
El mapa del poder ha seguido reorganizándose después
del último proceso electoral local. Estos comicios
se caracterizaron por la baja credibilidad del Instituto
Estatal Electoral (IEE) y el alto abstencionismo de la población.
Los analistas preveían una correlación de fuerzas
más equilibrada entre partidos, sobre todo por las
crisis internas vividas en el PRI estatal en estos últimos
meses.
La victoria de dicho partido se explica
en gran parte por los candados puestos a la conformación de coaliciones,
junto con una oferta de opciones partidarias particularmente
amplia. Mientras siguen dándose viejas prácticas
(caciquismo, compra de votos, etc.), la estructura de partidos
se está desdibujando cada vez más en Chiapas.
Eso por cierto no facilitará la gestión del
gobernador Pablo Salazar, quien tendrá que seguir
lidiando con un Congreso estatal dominado por el PRI, aun
cuando dicho partido esté más dividido que
nunca. Esta situación podrá complicar la resolución
de los múltiples asuntos que siguen pendientes en
Chiapas, a menos que ambos poderes puedan llegar a un acuerdo
político mínimo.
Otras consecuencias del 11 de septiembre
El 11 de septiembre ha exacerbado algunas tendencias que
no ayudan a avanzar en los problemas vinculados con el
proceso de paz en Chiapas. Una de las consecuencias más
inmediatas fue una mayor militarización del estado,
lo cual agregó más tensiones en un lugar
donde la presencia militar es de por sí muy alta.
Aunque la discusión para llegar a definir qué grupos
armados en México son terroristas parece haber dejado
fuera al EZLN, no se puede soslayar la preocupación
de que, junto con el miedo, crezca la intolerancia y con
ella el riesgo de que los grupos minoritarios o disidentes
sean más vulnerados en sus derechos.
El factor económico será también un
elemento de peso en los próximos meses, al aumentar
las tensiones en las comunidades entre los que seguirán
en resistencia y los que aceptan los programas de asistencia
del Estado. Por otro lado, la crisis no afectará sólo
al estado de Chiapas, en la medida que se han reducido las
posibilidades de migración hacia Estados Unidos.
:: ENFOQUE
El dilema de los desplazados en Chiapas: ¿Retorno
sin justicia?
"Francamente, el tema Chiapas está totalmente
desaparecido de la agenda europea; [...] Europa está claro:
hoy hay un gobierno democrático en México,
que respeta los derechos humanos, que atiende, que quiere
y respeta a sus hermanos indígenas."
-- Vicente
Fox (La Jornada, 22/10/01)
Hoy, a casi ocho años del levantamiento zapatista
de enero 1994 y a un año de la derrota electoral del
viejo régimen priísta, la difícil situación
de los desplazados debido al conflicto armado aún
no ha sido resuelta, a pesar de las declaraciones del presidente
Fox y a pesar de las promesas electorales de Pablo Salazar,
el nuevo gobernador de Chiapas. Aún cuando los primeros
desplazamientos ocurrieron durante la fase militar del levantamiento,
a principios de enero de 1994, la mayoría de los actuales
desplazados fueron forzados a abandonar sus hogares entre
1995 y 1998, como resultado de la actividad paramilitar,
que fue el elemento más criticado del programa contra-insurgente
del gobierno de Zedillo. En el censo de personas que fueron
obligadas a abandonar sus hogares, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó la
existencia de más de 12.000 desplazados en cinco zonas
y diez municipios de Chiapas, según datos del mes
de agosto del 2001.
Desde que abandonaron sus hogares, han
sobrevivido en circunstancias difíciles. La mayoría fue obligada a dejar
sus pertenencias y sus hogares, y a muchos les incendiaron
sus casas y les robaron sus animales cuando se fueron. Aún
cuando algunos han vuelto a trabajar sus tierras acompañados
de observadores de derechos humanos, muchos no tienen acceso
alguno a sus tierras ni a otros recursos para ganarse la
vida. En algunos casos, sus parcelas han sido ocupadas o
despojadas. Han perdido sus vínculos y han sido arrancados
de sus comunidades, y muchos siguen estando amenazados.
El retorno de las Abejas
En agosto de este año, la situación en los
campamentos de familias desplazadas pertenecientes a la Sociedad
Civil Las Abejas de Chenalhó se había deteriorado
tanto que se volvió insostenible. En X'oyep especialmente,
la gente no tenía acceso a agua potable ni leña.
Mientras este problema se agudizaba, se les notificó que
la Cruz Roja Internacional les suprimiría la ayuda
alimentaria.
Cuando le preguntamos a Francisco Herrera,
responsable de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja
en Chiapas (CICR) acerca de dichos recortes, él enfatizó que
la misión del CICR es ofrecer ayuda humanitaria de
emergencia a víctimas desplazadas por conflictos armados.
En el caso de Chenalhó, la Cruz Roja había
brindado el 100% de la ayuda alimentaria a las familias desplazadas
en la región desde que llegaron al área después
de la masacre de Acteal en diciembre de 1997. Sin embargo,
a partir de una evaluación de la situación
de los desplazados en Chenalhó llevada acabo por el
CICR en marzo y abril del presente año, se dieron
cuenta que algunas familias que recibían ayuda, tenían
acceso a sus cultivos o percibían ingresos por cosechar
su propio café. En base a dicha evaluación,
se decidió suprimir parte de la ayuda alimentaria
y reemplazarla por programas de ayuda para la agricultura,
los cuales motivarían a las familias a volver a ser
autosuficientes.
Sea cual sea la razón de los recortes, para muchas
de las Abejas desplazadas esto fue el límite; sintieron
que no tenían más alternativa que regresar
a sus comunidades, aun cuando no existieran las condiciones
apropiadas para su regreso: todavía no habían
recibido reparación de daños por las pérdidas
sufridas, ni los paramilitares responsables habían
sido desarmados o enjuiciados. Dada la posible escasez de
alimentos, tuvieron que actuar rápidamente para poder
regresar a tiempo a sembrar en sus tierras. Por tal motivo,
1.336 Abejas regresaron a sus comunidades en retornos efectuados
el 28 de agosto, el 30 de septiembre, el 11 y 22 de octubre
del presente año.
Dada la tensión aún no resuelta en las comunidades,
Las Abejas estaban muy preocupadas por su seguridad cuando
planeaban los retornos. El 24 de agosto, antes del primer
retorno, negociaron exitosamente un acuerdo con el gobierno
estatal y autoridades municipales, el cual esperan asegure
los derechos y la seguridad de los que retornan y defina
sus responsabilidades en las comunidades a las que regresan.
A diferencia de su predecesor, el gobernador Pablo Salazar
facilitó estas negociaciones y funcionarios estatales
de jerarquía estuvieron presentes en cada uno de los
retornos. Las Abejas también solicitaron a organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos acompañamiento
en cada retorno, y se estableció una presencia permanente
en varias comunidades de retornados.
Distintas reacciones
Como era de esperar, las reacciones fueron variadas. Los
que retornaron pasaron por una gama de emociones: entusiasmo
por haber regresado finalmente a los hogares que dejaron
años atrás; tristeza al dejar a aquellos
que los apoyaron durante los años difíciles
de su desplazamiento; y por supuesto, miedo de regresar
a las comunidades donde los grupos armados que los obligaron
a huir aún están libres y en posesión
de armas. Quizás la mayor preocupación se
concentra en Los Chorros, donde a fines del año
pasado un operativo de la Procuraduría General de
la República (PGR) para entrar a desarmar a los
paramilitares fue rechazado con violencia; y hasta hoy
los grupos armados permanecen intactos. De hecho, por lo
menos doce familias que debían retornar a Los Chorros
desde X'oyep cambiaron de parecer debido a rumores de posibles
represalias paramilitares. Este 21 de noviembre, en una
decisión que elevó la tensión, un
juez federal liberó a seis de los 87 prisioneros
procesados por la masacre de Acteal. De los cuatro hombres
liberados que viven en Los Chorros, dos han sido identificados
como líderes paramilitares.
Entre los grupos de desplazados, algunos
se interesaron por la manera en que Las Abejas han organizado
los retornos
y el tipo de ayuda que han recibido, con la idea de aprovechar
estas experiencias en futuros retornos a sus propias comunidades.
También despertó interés saber si quienes
regresan a las comunidades pueden o no reclamar sus tierras.
Para los que no tienen acceso a sus tierras, como es el caso
de la mayoría de las familias desplazadas en la zona
Norte, este es un asunto crucial.
Además, existe inquietud respecto a la manera como
el gobierno pudiera usar los retornos para su proprio beneficio.
Debido a que la posición del gobierno estatal es que
Las Abejas regresan a sus comunidades voluntariamente, algunos
temen que el gobierno declare que los problemas de los desplazados
han sido resueltos y que las demás comunidades también
pueden retornar sin peligro. Por ejemplo, el EZLN insiste
en que sus desplazados van a seguir en resistencia hasta
que las condiciones apropiadas para su retorno sean establecidas
(i.e., reparaciones por el desplazamiento, desarme y enjuiciamiento
de los grupos paramilitares.
¿Qué significa esto para Polhó, el
municipio autónomo zapatista contiguo a Acteal, donde
muchas de Las Abejas desplazadas han estado viviendo? Si
sus vecinos son capaces de retornar sin peligro a sus comunidades,
los desplazados zapatistas en Polhó tal vez teman
perder el apoyo de la opinión pública y las
organizaciones internacionales. De igual manera, como Las
Abejas han participado en negociaciones con el gobierno para
garantizar su retorno, existe la inquietud entre los desplazados
de que el gobierno trate de adjudicarse una victoria política
por haber "resuelto" sus problemas.
Por medio del nombre "retornos forzados", los
desplazados intentan subrayar el hecho de que las condiciones
necesarias para un retorno justo y sin peligro aún
no han sido establecidas. Sin embargo, la percepción
pública respecto a la difícil situación
de los desplazados, como lo indica la prensa local, parece
inclinarse hacia la opinión de que dichos asuntos
han sido resueltos. Aún está por verse el impacto
que estos retornos tendrán sobre el apoyo que brindan
organizaciones nacionales e internacionales a las víctimas
del conflicto de Chiapas.
Mas allá de Chenalhó
En enero de este año, el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas organizó una reunión
a la cual acudieron más de 100 personas desplazadas
provenientes de todo Chiapas. A partir de esta reunión
se formó una comisión negociadora integrada
por representantes de 16 comunidades, con el objetivo de
plantear cuatro demandas al gobierno estatal:
- que sean
enjuiciados quienes provocaron los desplazamientos;
- que se pague indemnizaciones por las pérdidas
sufridas;
- que se les proporcione una nueva parcela
o se regularice el estatuto legal de sus tierras, y
- que
se cumplan los
Acuerdos de San Andrés.
La comisión se reunió en abril y mayo con
Pablo Salazar y las instituciones gubernamentales con competencia
en los asuntos a negociar. Si bien el gobernador se muestra
dispuesto a resolver los problemas de los desplazados, existe
una brecha importante entre su visión respecto a dicha
resolución y la de los desplazados. La posición
oficial es que no hay dinero ni tierras disponibles para
las reparaciones. Lo que el gobierno ha ofrecido es ayuda
humanitaria y los servicios de la Comisión gubernamental
para la Reconciliación, la cual prefiere tratar el
problema como si se tratara de conflictos intracomunitarios
aislados, en los cuales se puede "hacer borrón
y cuenta nueva" y llegar a un acuerdo entre las partes.
Esta propuesta es inaceptable para la gente que ha sido desplazada
de sus hogares como resultado directo del conflicto armado,
ya que pretende ignorar un factor clave del problema: la
persistente impunidad de los grupos paramilitares en las
comunidades.
A pesar de estas diferencias, las reuniones
permitieron llegar a un acuerdo sobre una agenda de discusión:
justicia, tierra y desarrollo. Las negociaciones están
programadas para principios de diciembre, quedando pendiente
el resultado de un estudio por parte del gobierno sobre la
situación de los desplazados y sus comunidades de
origen. Hasta ahora el gobierno no ha ofrecido propuestas
concretas, y la comisión negociadora para los desplazados
ha expresado dudas respecto a la seriedad de las intenciones
gubernamentales en estas negociaciones. Sin embargo, aún
hay esperanzas de alcanzar resultados positivos en diciembre.
Si para entonces no hay avance, tendrán que decidir
si continúan en el proceso de negociación o
bien evaluar si otras vías de acción pudieran
ser más efectivas.
Saliendo adelante
Mientras tanto, la vida sigue para aquellos que han retornado
a sus comunidades. Aunque aún hay miedos e inquietudes,
hasta el momento no ha habido reportes de incidentes graves.
Las Abejas han creado un comité para abordar las
disputas de tierras y otras quejas que pudieran presentar
los que regresan a sus comunidades. En su mayoría,
parecería que la gente se está dedicando
a reconstruir sus vidas. Una parte importante de este proceso
es que se restablezcan relaciones dentro de las comunidades,
las cuales fueron rotas a raíz de los desplazamientos.
Un testimonio conmovedor de uno de los
equipos de observadores describe una reunión informal entre un miembro de
un grupo armado en la comunidad de Puebla y un líder
de Las Abejas en esa comunidad. Después de una charla
general y de haber leído y discutido un pasaje de
la Biblia juntos, el hombre identificado como paramilitar
solicitó el perdón de una de Las Abejas por
su participación en los desplazamientos. Esto es un
acontecimiento aislado, y el "perdón” a
nivel individual no resuelve los problemas colectivos de
justicia. Sin embargo, esto indica que, aunque las posibilidades
de que se reanude la violencia durante estos retornos forzados
son reales, el hecho de que la gente comience a restablecer
sus relaciones significa que existe también la posibilidad
de reconstrucción y renovación dentro de estas
comunidades.
Si los retornos fueron para bien o para
mal es ahora una discusión meramente teórica: los desplazados
ya no podían resistir las condiciones en las cuales
estaban viviendo, y tuvieron que tomar una decisión.
Lo que está claro es que los problemas de otros grupos
desplazados en el estado aún no han sido resueltos
con estos retornos. La comisión negociadora lo ha
dejado muy claro aún no existen las condiciones adecuadas
para el retorno de los desplazados en otras zonas, como no
existieron para Las Abejas. Hasta que las causas de fondo
de los desplazamientos sean atacadas, los problemas de los
aún miles de desplazados seguirán sin solución.
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
Agosto 2001-Noviembre
2001
Contactos e información
- Acciones Urgentes sobre las amenazas a defensores
de derechos humanos en México a partir del asesinato
de Digna Ochoa.
- Acompañamiento a los desplazados del grupo Sociedad
Civil Las Abejas de Chenalhó en el retorno a
sus comunidades.
- Visita de la Embajada de Inglaterra en el marco de
las elecciones (primer secretario político) y post-electoral (con
presencia del vice-ministro para América Latina
del gobierno inglés).
- Reuniones en la ciudad de México con asesores,
ONGs, Embajadas y la subsecretaría de Derechos Humanos
y Democracia (Secretaría de Relaciones Exteriores).
- Gira de la Coordinadora de Promoción Internacional
por cinco países de Europa. Se realizaron
entrevistas y reuniones con organismos oficiales (Organización
Internacional del Trabajo, Grupo de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas de la Oficina de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
la ONU, Parlamento Europeo, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania), organizaciones solidarias, iglesias, periodistas
y miembros de la coalición.
- Gira de un miembro del equipo por Alemania y
Suiza y participación
en las asambleas mundiales de Pax Christi
International y Brigadas Internacionales
de Paz, ambas organizaciones miembros
de SIPAZ.
Diálogo interreligioso
- Reuniones con actores religiosos del municipio de
Chenalhó y
con el Grupo Plural Ecuménico. Visitas a varias
comunidades de la zona.
- Segunda etapa del proyecto de Intercambio para la
Reconciliación
en la zona Altos en colaboración con las Comisiones
de Paz del CEPAD (Consejo de Iglesias Evangélicas
Pro Alianza Denominacional) de Nicaragua: visita de
quince días a Nicaragua de representantes de
las iglesias católica y presbiteriana de Chenalhó.
- Participación en un programa televisivo sobre
intolerancia religiosa en Chiapas.
Educación para la Paz
- Taller sobre “Reconciliación” con
los alumnos de la Escuela Bíblica de Formación
Integral (EBFI).
- Taller de la ONG estadounidense -miembro de SIPAZ-
CAPACITAR con promotores de salud en Chenalhó y
miembros de organizaciones e iglesias en San Cristóbal
de las Casas.
- Organización del Encuentro sobre Experiencias
Comunitarias de Reconciliación y Paz en Chiapas
(16-18 de noviembre en San Cristóbal de las Casas).
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