:: SUMARIO
Durante los primeros cinco meses del sexenio
del presidente Fox han tenido lugar importantes avances en
cuanto a revitalizar el estancado proceso de paz en Chiapas.
La esperanza se vio sin embargo seriamente sacudida cuando
el Congreso mexicano aprobó una ley de reformas constitucionales
sobre derechos y cultura indígenas que fue rechazada
inmediatamente y con vehemencia por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN).
La ley difiere significativamente del
borrador de la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA) del Congreso, apoyada por el EZLN. La propuesta
de la COCOPA intentaba implementar los Acuerdos de San Andrés
firmados en 1996 por el gobierno federal y el EZLN. Este
proyecto de ley fue el que el presidente Fox presentó al
Congreso poco tiempo después de asumir su cargo.
La ley finalmente aprobada incluye elementos
positivos que prohiben la discriminación de cualquier tipo y reconocen
la autonomía de los pueblos indígenas en ciertos
aspectos. Sin embargo, tal como fue señalado por líderes
indígenas, expertos académicos y otras personas,
no garantiza una serie de derechos legales a los pueblos
indígenas sin los cuales, se argumenta, va a ser muy
difícil lograr una autonomía real en la práctica.
En suma, la iniciativa parece reflejar
el histórico
desfase entre la realidad de los pueblos indígenas
y la de la clase política de México. Fue aprobada
por una amplia mayoría en el Congreso y congresistas
del PAN y del PRI argumentaron que es un importante paso
adelante, aun cuando tiene ciertas limitaciones. Sin embargo,
la tan esperada aprobación de este proyecto fue recibida
tanto con críticas por parte de aquellos que supuestamente
habrán de beneficiarse con él y quienes los
apoyan, como con elogios desde otras tiendas. Aún
más, cuando las limitaciones de la ley fueron conocidas,
las críticas de algunos grupos indígenas claves
hablaron de burla y traición. El propio presidente
Fox, en respuesta a las crecientes críticas, declaró: “Sin
duda, se requiere profundizar [la reforma constitucional]
en aspectos centrales, como la autonomía y la libre
determinación de los pueblos y las comunidades indígenas
como sujetos de derecho público".
El sentimiento de desilusión y traición quizás
haya sido mayor debido a las expectativas creadas como resultado
de los notables sucesos de los meses precedentes. A fines
de febrero, 24 líderes del EZLN emprendieron una marcha
de dos semanas a través de doce estados que culminó en
un acto en el Zócalo de la Ciudad de México
con la participación de aproximadamente 200.000 personas.
El objetivo principal de la marcha era presionar al Congreso
para que aprobara el proyecto de la COCOPA. Si bien encontraron
cierta hostilidad, los protagonistas de la marcha fueron
recibidos con entusiasmo en todos los lugares donde estuvieron.
Más aun, la marcha volvió a poner el conflicto
de Chiapas en el centro de la atención pública
nacional. Los 24 zapatistas participaron en el tercer Congreso
Nacional Indígena (CNI), donde los cinco mil representantes
de los 42 pueblos indígenas aceptaron el proyecto
de la COCOPA como propio y reconocieron al EZLN como pleno
representante del CNI. Dada la amplia representación
del CNI, dicha acción debilita los esfuerzos de quienes
han intentado presentar al EZLN como un grupo aislado y al
conflicto de Chiapas como un asunto local.
La Administración Fox colaboró con el clima
positivo dando la bienvenida a la marcha zapatista, prometiendo
que aseguraría la paz y la prosperidad en Chiapas
y dando respuesta, aunque parcialmente, a las tres condiciones
fijadas por el EZLN para la reanudación del diálogo:
cierre de siete campamentos del ejército mexicano,
liberación de presos del EZLN y envío al Congreso
del proyecto de la COCOPA sobre derechos y cultura indígena.
Una larga polémica respecto a si se le permitiría
o no al EZLN dirigirse a los legisladores desde la tribuna
del Congreso llevó a que el EZLN amenazara con volver
a Chiapas. En ese momento el presidente Fox intervino dando
pasos concretos que permitieran satisfacer las condiciones
del EZLN y ejerciendo presión sobre el Congreso, donde
las resistencias habían sido debilitadas por la creciente
receptividad resultante de la marcha zapatista. Finalmente
la Cámara de Diputados votó abrir sus puertas
a los zapatistas.
El 28 de marzo, en lo que constituyó un hecho histórico,
el EZLN y el CNI hablaron en el Congreso. Los líderes
del EZLN parecieron marcar el comienzo de una nueva etapa
cuando afirmaron la opción zapatista por la lucha
política y declararon: “Ahora no es el tiempo
de las armas”. Ya de regreso en Chiapas el Subcomandante
Marcos resumió su esperanzada valoración: “Hoy
está más cerca el diálogo y más
lejos el enfrentamiento”.
Mientras tanto, los sucesos en Chiapas
(asesinatos sociales y políticos) subrayaron la urgente necesidad de realizar
avances en el proceso de paz. En un caso aún no resuelto,
ocho campesinos indígenas fueron emboscados y asesinados.
Se registraron múltiples incidentes de confrontaciones
violentas entre grupos con demandas rivales sobre la tierra.
Ganaderos y otros marcharon en oposición a la iniciativa
de la COCOPA y demandaron un lugar en la mesa de negociación.
Y el nuevo gobernador, Pablo Salazar, continuó enfrentando
una lucha de poder con la legislatura y la judicatura estatales,
mientras simultáneamente se vio asediado por demandas
muchas veces opuestas provenientes de una variada gama de
grupos sociales.
La esperanza de que los avances en el
proceso de paz aliviarían
las tensiones en Chiapas y establecerían las bases
para poder enfrentar las causas fundamentales de dichas tensiones,
se vio abruptamente frustrada debido al contenido de la ley
aprobada sobre derechos indígenas y a la reacción
que generó. El EZLN dio la orden a su intermediario
designado para que suspendiera todo contacto con el gobierno
federal.
En este deteriorado clima, el gobernador
de Chiapas, Pablo Salazar, hizo un llamado al presidente
Fox y al EZLN para
que mantengan su compromiso con la paz y se eleven por encima
de los intereses y visiones de quienes ponen obstáculos
para la reanudación del diálogo.
ACCIONES RECOMENDADAS:
- Escribir al Presidente Fox, la COCOPA, la Subcomisión
de Análisis de Iniciativas Indígenas del Senado
y el EZLN, para expresar: a) su preocupación ante
este nuevo obstáculo para reanudar el proceso de paz,
el cual había recibido un impulso positivo en los
primeros meses del año; y b) la esperanza de la comunidad
internacional en que los actores claves en este proceso encontrarán
el coraje y la visión necesarios para superar este
desafío que ha puesto en riesgo al proceso de
paz en su conjunto.
- Escribir al Presidente Fox y exhortarle a que, dentro
de su competencia, utilice los medios apropiados para
asegurar que, lo antes posible, el Congreso reconsidere
el tema de
los derechos y cultura indígenas y apruebe los aspectos
fundamentales del proyecto de la COCOPA presentado en diciembre
al Congreso y que aún están pendientes.
- Difundir información, como la contenida en este
Informe, sobre la situación en Chiapas.
Escribir a:
Lic. Vicente Fox, Presidente de la
República
Residencial Oficial de los Pinos
Colonia M. Chapultepec, Delegación M. Hidalgo
11850 México, D.F., México
Fax: (+52)(5)515 1794
Sitio de internet destinado a comentarios: http://www.presidencia.gob.mx/?P=17
Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA)
Reforma No.10, Torre Caballitos, Piso 18
06030 México, D.F., México
Fax: (+52)(5)345 3288
Subcomisión de Análisis de las Iniciativas
de Ley de Derechos y Cultura Indígena
A través de C. Senador Manuel Bartlett Díaz
Reforma No.10, Torre Caballitos, Piso 16
06030 México, D.F., México
Fax: (+52)(5)345 3296 ext. 5329
Correo-e: mbartlett.spri@senado.gob.mx
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional
A través del Centro de Información Zapatista
Avenida Ignacio Allende No. 22-A
Barrio San Antonio
29250 San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, México
Fax: (+52)(9)678 1013
:: ACTUALIDAD
MÉXICO: nueva oportunidad para la paz
El 24 de febrero, 23 comandantes del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y el subcomandante Marcos,
partieron en marcha pacífica a la ciudad de México,
con el objetivo de lograr el reconocimiento constitucional
de los derechos y cultura indígenas pactados en los
Acuerdos de San Andrés y recogidos en la iniciativa
de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA).
En su travesía por 12 estados de la República,
los representantes zapatistas se entrevistaron con la mayoría
de las 56 etnias que hay en el país, y participaron
en el tercer Congreso Nacional Indígena (CNI). Numerosos
representantes de los pueblos indígenas del país
articulados en el CNI así como la sociedad civil acompañaron
su recorrido. Tanto a nivel nacional como internacional,
la caravana zapatista fue objeto de miles de simpatías,
pero también de rechazo de algunos sectores sociales,
empresariales y políticos.
Posturas diversas antes de la marcha
Unos días previos a la salida de la caravana, el Presidente
Fox llamó al pueblo mexicano a respaldarla: en respuesta,
las dos grandes corporaciones televisivas iniciaron la campaña "Unidos
por la Paz". En enero, en el Foro Económico Mundial
(Davos, Suiza), Fox dijo no atemorizarse ante la marcha zapatista,
y prometió a los inversionistas europeos alcanzar
la paz y la prosperidad para Chiapas. Según el secretario
de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, "el
corolario lógico para la pacificación en esta
entidad es el plan Puebla Panamá", un proyecto
trasnacional de desarrollo económico y comercial,
que abarcará el sur y sureste de México y América
Central.
El 19 de febrero, el canciller Jorge Castañeda afirmó en
el Parlamento Europeo que hay esperanzas reales de que el
objetivo y fin de la marcha zapatista sea la reanudación
del diálogo, la firma de un acuerdo de paz y la aprobación
de la ley de derechos y cultura indígenas. La Unión
Europea dio la bienvenida a la iniciativa de Fox de reapertura
del diálogo
Los dirigentes del PRI y del PAN se mostraban renuentes
a recibir a los representantes del EZLN en la tribuna
del Congreso
de la Unión. Incluso el coordinador del PAN, Diego
Fernández de Cevallos, llegó a expresar su
rechazo a la pretensión del Presidente Fox de ir al
Senado a defender la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA,
que presentó en el Congreso, por considerar que el
diálogo debía darse únicamente con las
comisiones dictaminadoras.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) llamó al Congreso
a escuchar con atención al EZLN y pidió a los
zapatistas que, una vez que hayan sido escuchados por los
legisladores “acepten la ley resultante sin imponer
criterios”.
Continuación del viaje y otras
manifestaciones
Paralelo a la marcha zapatista, en Cancún se desarrollaba
el Foro Económico Mundial, donde el Presidente Fox
hizo un reconocimiento a los zapatistas: "Gracias a
la movilización que inició hace siete años
(el EZLN) en Chiapas, fue posible crear una conciencia sobre
los derechos de los pueblos indígenas". Demandó, "No
más pretextos ni condiciones que sólo retrasan
la solución del conflicto". Luego, mientras decenas
de manifestantes contra dicho Foro se disponían a
retirarse, fueron duramente golpeados por la Policía
Federal Preventiva (PFP), el día 27 de febrero. Agentes
estatales y de la PFP se acusaron mutuamente de este hecho.
El 2 de marzo la caravana llegó a Nurío, Michoacán,
a participar en el tercer Congreso Nacional Indígena
que reunió a representantes de 42 pueblos indígenas.
Aproximadamente 5 mil delegados acordaron realizar un levantamiento
nacional pacífico para demandar la aprobación
de la iniciativa de ley de la COCOPA; otorgar al EZLN toda
su representatividad y acompañar con una delegación
a la marcha al Distrito Federal; rechazar el Plan Puebla
Panamá (porque, entre otros, ocultaría intereses
de corporaciones transnacionales que buscan aprovechar los
recursos de la biodiversidad y las ventajas geográficas
de la zona); y exigir una moratoria de todos los proyectos
internacionales que buscan desarrollar nuevas drogas a base
de los conocimientos indígenas, hasta que los pueblos
indios hayan discutido sobre el control de sus recursos.
El 11 de marzo, la marcha llegó al Distrito Federal,
donde aproximadamente 200 mil personas aguardaban su arribo.
Aquí Marcos advirtió que no aceptaría
la invitación del Presidente Fox a dialogar en Los
Pinos porque aún no se habían cumplido las
tres señales que pidió el EZLN para iniciar
las conversaciones con el gobierno.
El ajedrez político
Dentro del Congreso, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) respaldaba incondicionalmente el diálogo y la
aprobación de la iniciativa de ley de la COCOPA. Similar
posición mantuvieron el Partido Verde Ecologista Mexicano
(PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El PRI manifestó que
compartía las demandas del EZLN pese a algunas diferencias.
Al interior del PAN las diferencias eran irreconciliables.
Después de una polémica larga sobre el uso
de la tribuna, y cuando especialmente los legisladores del
PAN y algunos del PRI endurecieron su posición ante
la solicitud del EZLN, el Presidente Fox hizo un llamado
al Congreso para que encontrara espacios y formas para recibir
y escuchar al EZLN. En este contexto anunció el pronto
retiro del Ejército de los tres campamentos militares
que faltaban todavía (de los siete que fueron exigidos
por el EZLN en diciembre de 2000), y la liberación
de los zapatistas todavía presos.
El 22 de marzo se aprobó finalmente otorgar el uso
de la tribuna de la Cámara de Diputados al EZLN para
una reunión de trabajo de éste con los senadores
integrantes de la Subcomisión de Análisis de
las Iniciativas Indígenas, los miembros de la COCOPA
y los diputados.
A partir del 21 de marzo el Ejército empezó a
replegarse de las tres posiciones militares restantes: Río
Euseba, Guadalupe Tepeyac y La Garrucha. Según el
Ejecutivo, en las tres posiciones desocupadas se instalarán
centros de desarrollo comunitario a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social. El día 20 de abril, en presencia
de Fernando Yañez (enlace del EZLN con el Ejecutivo)
y Luis H. Alvarez (comisionado gubernamental para Chiapas),
las instalaciones de Guadelupe Tepeyac y Río Euseba
fueron oficialmente abandonadas.
Sobre los presos zapatistas, 84 fueron liberados
por el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. El 18
de abril
se
dio a conocer
que Luis H. Alvarez, el Secretario de Gobernación
Santiago Creel y los miembros de la COCOPA coincidieron en
que falta por liberar once presos vinculados con el EZLN:
cinco en Chiapas, cuatro en Tabasco y dos en Querétaro.
El EZLN habla en el Congreso
El 28 de marzo, los diputados, los miembros de la COCOPA
y de las comisiones dictaminadoras escucharon y hablaron
con los comandantes zapatistas y representantes del CNI,
en cuya reunión no estuvo presente el subcomandante
Marcos. Mientras que los diputados panistas acataron la
orden de la dirigencia nacional de no asistir, dos senadores
decidieron sí asistir a oir al EZLN.
Hablando en nombre del EZLN, la comandanta Esther defendió la
iniciativa de la COCOPA, reconoció que el Ejecutivo
ha dado muestras de paz con la desocupación militar
y afirmó que el EZLN no avanzará sobre las
siete posiciones desocupadas por el Ejército. También
pidió al Congreso que facilitara un espacio para un
primer encuentro entre el enlace zapatista y el comisionado
para la paz, para que, junto con la COCOPA, ambos certifiquen
el retiro del Ejército de las siete posiciones, y
con ello el cumplimiento de una de las tres señales
exigidas por el EZLN.
Varios de los parlamentarios prometieron dictaminar sobre
la iniciativa de la COCOPA dentro del período ordinario
de sesiones que concluye el 30 de abril. No obstante, el
PAN y el PRI plantearon que es necesario hacer cambios a
la iniciativa.
De regreso a sus comunidades, los comandantes expresaron
su alegría por los resultados obtenidos. "Hoy
está más cerca el diálogo y más
lejos el enfrentamiento", dijo Marcos, pese a que "el
EZLN mantiene la declaratoria de guerra, como salvaguarda
de su sobrevivencia".
Sube la tensión política
en Chiapas
El 6 de febrero, la Procuraduría General de la República
(PGR) halló en el municipio de Tila tres osamentas
de indígenas que habían sido torturados y asesinados.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos
denunció que el presunto grupo paramilitar Paz y Justicia
(PyJ), al que se acusa de los tres asesinatos señalados,
pretendía iniciar un operativo de venganza contra
los testigos en este caso.
En este mismo contexto, el titular de la Unidad Especializada
para la Atención de Delitos Cometidos por Probables
Grupos Civiles Armados de la PGR, Armando del Río,
afirmó que en Chiapas hay un alto grado de violencia.
Indicó que numerosos integrantes de la organización
priísta PyJ han sido señalados como presuntos
responsables de diversos hechos delictivos. Al inico de marzo,
el titular observó que 1065 personas, relacionadas
con algun grupo armado oficialmente localizado en Chiapas,
han sido llamadas a declarar ante la Unidad, de las cuales
776 vinieron a declarar: algunas en calidad de inculpados,
otras de testigos.
Por otro lado, antes de la salida de la caravana zapatista,
los ganaderos de Chiapas anunciaron su intención de
obstaculizar el paso de la marcha si no se les indemnizaba
por las tierras de que habían sido despojados a partir
del conflicto (1994). Asimismo, solicitaron ser incluidos
en los diálogos de paz, a cuya petición se
unieron los dirigentes de PyJ.
Conflictividad social
Al inicio de abril, después de varias semanas de trabajo,
la organización civil Las Abejas anunció su
retiro de la mesa de negociaciones con el gobierno del estado
y las autoridades municipales de Chenalhó, por considerar
que no hay condiciones por hacer avanzar la negociación.
Las reuniones se dieron con el objetivo de encontrar una
solución al problema de los desplazados internos de
la organizacion citada y a otros conflictos en el municipio.
Exigieron que el gobierno federal resuelva el problema de
los paramilitares en la zona y que garantice una solución
jurídica justa con respecto a la masacre.
En los primeros meses de su gestión, el gobernador
Pablo Salazar está siendo objeto de numerosas demandas
y reclamos de diferentes grupos y sectores de la sociedad:
liberación de líderes sindicales y campesinos
presos en el estado, garantías para el retorno de
los miles de desplazados que hay en Chiapas, reubicación
de algunos de ellos víctimas de persecución
religiosa, entrega de tierras prometidas por el gobierno
anterior, etc.
En marzo, campesinos indígenas de la Organización
Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y simpatizantes
zapatistas de la comunidad de San Salvador (Ocosingo), se
enfrentaron en disputa por un predio, con el saldo de tres
heridos. En la tercera semana de abril, aproximadamente 300
personas encapuchadas y armadas, supuestos militantes del
PRD, invadieron un predio en el municipio de Chilón,
exigiendo una solución al hecho de que el gobierno
anterior otorgó el título de esas tierras
a dos grupos distintos.
El 18 de abril, ganaderos, pequeños propietarios y
ejidatarios desplazados que no pertenecen al EZLN marcharon
por San Cristóbal de las Casas para exigirle al Congreso
de la Unión que no apruebe la ley indígena
de la COCOPA, porque provocaría más división
en Chiapas. Jorge Constantino Kanter, líder ganadero,
insistió en que el Presidente y el gobernador permitan
a los mestizos y a otros sectores ser escuchados, y anunció una
marcha hacia la capital del país para exigir exponer
sus opiniones en la tribuna del Congreso de la Unión.
Un día después, los once miembros de la Unión
de Comunidades Indígenas Agropecuarias y Forestales
(UCIAF, grupo escindido de Paz y Justicia) que habían
sido encarcelados en octubre pasado, fueron exonerados de
delitos graves por falta de pruebas. Después de la
exoneración, los acusados pagaron 22 mil pesos cada
uno para alcanzar su libertad bajo fianza por los delitos
de daños y despojo.
El 19 de abril, ocho miembros de la Alianza San
Bartolomé de
los Llanos, una organización campesina priísta,
fueron asesinados en una emboscada en un predio del municipio
de Venustiano Carranza, a unos 70 kilómetros de la
llamada zona de conflicto. El gobernador manifestó su
extrañeza por los hechos ocurridos y agregó: "Se
vuelve a repetir lo que ocurrió cuando fui miembro
de la COCOPA, cada vez que había en el proceso de
paz una buena noticia, inevitablemente ocurrían muy
malas noticias".
Mientras tanto, el 3 de abril la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)
confirmó que las auditorías realizadas a la
administración de Albores Guillén, anterior
gobernador de Chiapas, arrojan serias irregularidades, sobre
todo en el manejo de los fondos especiales destinados por
el gobierno federal a las regiones con presencia del EZLN.
Informó que el resultado de las auditorías
estará listo a finales de abril.
ACTUALIDAD ULTIMO MOMENTO:
La ley indígena aprobada por el Congreso desata polémica
nacional
Después de la elaboración de este informe
de SIPAZ, el Congreso de la Unión aprobó la
iniciativa legislativa sobre los derechos indígenas.
Aquí SIPAZ incluye una breve actualización,
reconociendo que ésta es limitada por el tiempo y
por los términos complejos de la ley, que requerirían
de una explicación más larga de la que este
espacio nos permite.
El 25 de abril, la Cámara de Senadores aprobó el
dictamen de ley en materia de derechos indígenas,
redactado y presentado por la Subcomisión de Análisis
de las Iniciativas Indígenas del Senado de la República.
Y el 27 de abril, la Cámara de Diputados ratificó la
aprobación del Senado, con los votos a favor del PAN,
el PRI y el PVEM, y los votos en contra del PRD y el PT
. Como aspectos positivos, el texto aprobado
prohibe expresamente toda forma de discriminación, provee garantías
para el ejercicio de los derechos de la mujer (incluido él
de participación en el gobierno local), y reconoce
la autonomía indígena en áreas como
la cultura, la educación, la lengua y el gobierno
local. No obstante, la ley aprobada difiere significativamente
del proyecto original de la COCOPA, presentado por el presidente
Fox al Congreso en diciembre 2000.
Inmediatamente, el Congreso Nacional Indígena (CNI)
en un comunicado del 27 de abril, manifestó su rechazo
al texto de ley aprobado por el Congreso, por considerar
que no es fiel a los Acuerdos firmados entre el Gobierno
Federal y el EZLN en San Andrés en febrero de 1996,
y recogidos en el proyecto de ley presentado por la COCOPA
en noviembre de ese mismo año.
El CNI señaló que "La ley [...] elimina
partes sustanciales de la Iniciativa de la COCOPA, como son:
el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho;
el reconocimiento de los territorios indígenas; el
uso y disfrute colectivo de los recursos naturales que se
encuentran en dichos territorios y la posibilidad de asociación
de comunidades y municipios indígenas".
Un grupo de investigadores y académicos de la UNAM,
el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología
e Historia concluyó que, debido a esas omisiones,
resulta que no hay territorios, ámbitos geográficos
ni instancias constitutivas del Estado mexicano en los que
se garantice el ejercicio colectivo de la autonomía,
porque los derechos reconocidos a los indígenas
carecen de un espacio en el que se puedan hacer valer.
Mientras que el presidente Fox hizo un "reconocimiento" al
Senado de la República, insistiendo en que la aprobación
de esta ley "marca el término de lo que fue el
conflicto armado", el presidente de turno de la COCOPA,
el diputado del PRD Félix Castellanos expresó que
la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión "está naciendo
muerta" porque no considera las necesidades de las etnias
ni está a la altura de sus reclamos. En cambio, el
senador del PAN Felipe de Jesús Vicencio, también
miembro de la COCOPA, consideró que el EZLN debe valorar
las condiciones en que se ha gestado la reforma constitucional,
la que "si bien no representa el final de su lucha de
reivindicación, es un paso adelante hacia el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indios" (27/4/01).
El 29 de abril, el EZLN declaró que la reforma constitucional
no responde a las demandas de los pueblos indígenas
del país, y tampoco a las del EZLN, del CNI y de la
sociedad civil. Afirmó que la reforma traiciona los
Acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley de la
COCOPA. El EZLN afirmó que el gobierno federal y los
legisladores “cierran la puerta del diálogo
y la paz” y ordenó a Fernando Yañez,
enlace zapatista, que suspenda su trabajo de correo entre
el EZLN y el gobierno federal.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Pablo
Salazar, consideró que
la aprobación de la ley indígena impulsada
por el PRI y el PAN significa un retroceso a las acciones
de paz que llevaron a cabo el gobierno federal, el estatal
y el EZLN. El mandatario estatal, quien formó parte
de la COCOPA cuando se redactó la iniciativa de ley
original, llamó al presidente Fox y al EZLN a mantener
la voluntad de paz y situarse por encima de los intereses
y visiones de grupos conservadores que obstaculizan las medidas
para reanudar el proceso de negociación en Chiapas.
Quizás como reacción a la multitud de críticas
recibidas, el Ejecutivo matizó sus expresiones, señalando
que “Sin duda, se requiere profundizar en aspectos
centrales, como la autonomía y la libre determinación
de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos
de derecho público. Todos tenemos la responsabilidad
de trabajar en aras de realizar los ajustes necesarios para
profundizar en la Reforma dentro del marco de las instituciones
democráticas”. (Noticias desde la Presidencia,
30/4/01)
Para entrar en vigencia, las reformas constitucionales
tendrán
que ser aprobadas por una mayoría de los congresos
locales, donde aparentemente se enfrentarán con una
oposición significativa de parte de grupos indígenas
y otros quienes las consideran insuficientes.
A pesar del avance alcanzado a partir de
las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo
en cuanto
a los
presos zapatistas
y las siete bases militares, en la medida
que la ley aprobada no es fiel al texto
de la COCOPA,
no se estaría cumpliendo
con una de las tres condiciones que el EZLN planteó en
diciembre para reanudar las conversaciones con el gobierno
federal. Visto el rechazo del EZLN a la ley aprobada, esto
significa que las perspectivas de reanudación del
proceso de paz, que habían recibido un impulso positivo
en los primeros meses del año (del cual da cuenta
este informe de SIPAZ), nuevamente se han ensombrecido, y
el escenario es otra vez complejo y difícil.
:: ANALISIS
CHIAPAS: nuevo impulso para el proceso de paz
"Hoy la guerra está un poco más lejos
y la paz con justicia y dignidad un poco más cerca.
Hoy está más cerca el diálogo y más
lejos el enfrentamiento"
(Subcomandante Marcos, al regresar
a Chiapas después de la "Marcha por la Dignidad
Indígena", 1er de abril de 2001)
En estas últimas semanas, después de varios
años de estancamiento de las negociaciones, han sido
muchos los pasos que se han dado hacia la posible reanudación
del proceso de paz en Chiapas. El panorama se descongestionó por
lo menos por unas semanas, aunque varias incógnitas
siguen pesando sobre las posibilidades a más largo
plazo. En abril varios brotes de violencia en Chiapas contribuyeron
a enrarecer el ambiente politico, generando dudas sobre la
solidez de los avances alrededor del diálogo.
Palabras y hechos de paz
A partir de diciembre pasado, el EZLN empezó a mover
sus fichas con buen acierto político. Su iniciativa,
al proponerse realizar una marcha a México DF con
el propósito de convencer al Congreso de la Unión
de que apruebe la iniciativa de ley de la COCOPA (ver artículo "Derechos
y Cultura Indígenas: ¿Debate jurídico
o pelea política?" en este mismo informe) fue
un movimiento que logró un impacto positivo y que
aumentó su capital político con vistas a la
reanudación del diálogo.
Desde entonces, los temas del conflicto en Chiapas y de
los derechos indígenas han recibido una cobertura sin
precedentes en los medios de comunicación nacionales
e internacionales. Una primera victoria para los zapatistas
y los pueblos indígenas en su conjunto fue haber logrado
captar, sensibilizar y mantener sus demandas en el centro
de la atención nacional por varias semanas consecutivas.
Un factor que también contribuyó fue que el
Presidente Vicente Fox, se refirió al tema de Chiapas
en casi todos sus discursos, mientras empezaba a cumplir
con las tres señales pedidas por los zapatistas.
La "Marcha por la Dignidad Indígena"
Unos días antes del inicio de la marcha, una polémica
en torno de La participación frustrada de la Cruz
Roja Internacional enrareció el ambiente. A la invitación
del EZLN a acompañar la marcha para garantizar su
seguridad, la Cruz Roja primero indicó su disponibilidad
pero después negó aceptar, dejando sospechas
en cuanto al papel del gobierno federal en esta decisión.
El resultado fue un distanciamiento entre las posiciones
de Fox y de la dirigencia zapatista. El tono de los discursos
subió, haciendo temer por el desenlace de la marcha.
Se sabía de antemano que en función de ello
las partes iban a tener que escoger entre la vía de
la negociación o la de la fuerza, entre el diálogo
o la radicalización.
A pesar de la dureza de algunos discursos en el trayecto,
el principal objetivo de la marcha zapatista era hablar
con los legisladores, lo cual puede verse como un reconocimiento
y una confianza mínima en la nueva realidad democrática
posibilitada después de las elecciones de julio de
2000.
En el tercer Congreso Nacional Indígena (CNI) en Nurío,
los representantes de 42 etnias asumieron como propias tanto
la iniciativa de ley de la COCOPA como las tres condiciones
planteadas por los zapatistas para reanudar el diálogo.
Esta decisión rompe la posibilidad de seguir viendo
al EZLN como un grupo aislado y al conflicto chiapaneco como
un asunto local. El encuentro de Nurio significa además
un crecimiento y madurez del CNI como actor relevante en
el escenario nacional, por la representatividad alcanzada
allí y la capacidad sin precedentes de articulación
de diversos grupos indígenas.
A pesar de las voces en contra que la marcha también
recibió (Partido de Acción Nacinal/PAN, sectores
del Partido Revolucionario Institucional/PRI, algunos obispos
católicos y grupos evangélicos, empresarios,
ganaderos de Chiapas, etc.), la adhesión y el reconocimiento
a la justicia de las demandas indígenas fue lo que
prevaleció.
El EZLN en la tribuna del Congreso de
la Unión
El apoyo que la marcha conquistó a través del
país y su resonancia internacional jugaron un papel
a la hora de definir el formato final del encuentro entre
la delegación zapatista y los legisladores. La dificultad
en el Congreso para definir dicho formato generó una
creciente tensión tanto en el Legislativo mismo como
en el Ejecutivo y en los representantes del ELZN. El anuncio
de los zapatistas de que regresaban a Chiapas -antes de haber
sido recibidos por el Congreso- fue otra hábil jugada
que orilló a los otros actores a hacer un último
esfuerzo para llegar a un acuerdo.
Finalmente, la presencia del EZLN en la Cámara de
Diputados y sobre todo el tono de sus discursos definieron
la apertura de una nueva etapa: los zapatistas afirmaron
su opción por la vía política y dieron
señal de ello al indicar que no avanzarían
militarmente hacia las posiciones que desocupó el
Ejército mexicano.
Los comandantes explicaron la notable ausencia del subcomandante
Marcos, reconociéndole como responsable militar pero
reafirmando que "ya no es la hora de las armas";
y, respondiendo indirectamente a una crítica muy común
sobre el papel de Marcos en el EZLN, mostraron así que
son ellos, los comandantes, los que mandan.
Los zapatistas reconocieron los esfuerzos de Fox y
como hecho significativo, apenas unas horas después de la reunión
en el Congreso, se dio un primer contacto directo entre Fernando
Yañez, designado correo oficial de los zapatistas
y el Comisionado para la Paz, Luis H. Alvarez, retomando
así formalmente los contactos con el Ejecutivo.
El Congreso, actor clave en la reanudación
del proceso de paz
El planteamiento zapatista hizo aparecer las nuevas correlaciones
de fuerza dentro del Congreso. El Partido de la Revolución
Democrática/PRD, Partido del Trabajo/PT y el Partido
Verde Ecologista de México/PVEM respaldaron la propuesta
de la COCOPA. Para el PRI, el debate reveló las contradicciones
y divisiones existentes al interior del partido. El PAN endureció su
discurso e incluso optó por no acudir al encuentro.
La línea dura marcó el camino y se evidenciaron
las diferencias entre Fox y su partido. Eso mostró que
Fox diseñó su estrategia para Chiapas sin amarrar
acuerdos firmes con su partido.
Lo acontecido sin embargo es esperanzador en cuanto a la
democratización del poder en México. Se están
equilibrando las fuerzas entre partidos así como la
relación entre el poder Ejecutivo (sobre todo la figura
presidencial) y el Legislativo. La libertad de expresión
(ejemplificada al haber dejado hablar a la delegación
zapatista y el CNI en la tribuna) es también otro
avance democrático significativo, que no se hubiera
podido imaginar un año atrás.
Los 100 días del gobierno de Fox
Cabe reconocer que muchos de los pasos dados no hubieran
sido posibles sin una actitud conciliadora y tolerante
de parte del Ejecutivo. Algunos (incluso de su propio
partido) critican fuertemente a Fox por haber concedido
demasiado
al EZLN. Piensan que fue un error colocar el tema de
Chiapas en los primeros lugares de la agenda nacional,
cuando quedó claro
en la campaña electoral de julio 2000, que no era
parte de las prioridades de los mexicanos.
Dos hipótesis se han dado para explicar esta elección
de parte del presidente Fox: según una, estaría
actuando por convicción moral, y según otra,
por cálculo político. Lo más probable
es que se trate de una combinación de ambas. Su manejo
del conflicto de Chiapas y su posible solución también
podrían ser una forma de proyectar dentro y fuera
de México la imagen de que efectivamente llegó el
cambio al país, una imagen que le sirve para poder
hacer avanzar su proyecto económico.
¿Qué sigue?
Lo más probable es que la estrategia zapatista se
enfoque a partir de ahora en dos ejes: un primero que tendrá que
ver con la reforma constitucional e institucional que derive
de la aprobación de la ley. Esto implica un trabajo
muy amplio que podrá generar más discusiones
todavía.
El otro eje podría privilegiar la vía de la
negociación alrededor de los temas pendientes. En
efecto, el formato y la agenda establecidos en 1995 para
el proceso de negociación dejan ver claramente que,
a diferencia de lo que se manejó en los medios en
un momento dado, la paz no está «a la vuelta
de la esquina». Las etapas acordadas entre el EZLN
y la administración anterior incluyen tres mesas de
diálogo más: Democracia y Justicia, Desarrollo
y Bienestar y Derechos de la Mujer.
Este proceso probablemente tardará mucho más.
Querer hacerlo más corto podría tener un efecto
contraproducente y minar la posibilidad de llegar a una paz
duradera.
Mientras tanto, hay otra presión que hace urgente
el avance del proceso de paz en Chiapas. Se hubiera esperado
que después de los recientes acontecimientos a nivel
nacional, disminuyeran la violencia y las tensiones en el
estado. Sin embargo, esos avances todavía no se reflejan
en el escenario chiapaneco, donde prevalecen una multiplicidad
de conflictos simultáneos: el creciente descontento
social alrededor de temas como la tierra; las demandas de
algunos sectores sociales por las promesas todavía
incumplidas por el nuevo gobierno estatal; los lamentables
hechos de violencia en que han perdido la vida más
de una docena de campesinos (como sucedió en Venustiano
Carranza), etc. Estos hechos, sumados a las permanentes disputas
entre los tres poderes del Estado, han llevado a algunos
críticos a poner en duda la capacidad del nuevo gobernador
de resolver situaciones adversas y de asegurar una mínima
gobernabilidad en el convulsionado estado de Chiapas.
:: ENFOQUE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS: ¿debate jurídico
o pelea política?
Los Acuerdos de San Andrés, firmados
el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista
de Liberación
Nacional (EZLN) y el gobierno federal de Ernesto Zedillo,
contienen los resultados de las negociaciones entre ambos
sobre el tema de Derechos y Cultura Indígenas. En
noviembre del mismo año, las partes acordaron que
la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
prepararía una iniciativa de ley para integrar los
Acuerdos en la Constitución. El entendimiento era
que las partes aceptarían por completo la iniciativa,
sin ninguna observación o corrección, o que
la rechazarían.
En diciembre de
1996, el EZLN acepta esa iniciativa, que presenta propuestas
para reformular los artículos
constitucionales 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116. El gobierno,
en cambio, plantea modificaciones que alteran de manera
sustantiva la propuesta de ley de la COCOPA. En enero de
1997, el EZLN
acusa al Gobierno de haber roto el procedimiento al presentar
una contrapropuesta y de no haber cumplido las condiciones
planteadas por los zapatistas cuando en septiembre de 1996
se retiraron del diálogo (entre ellas, desmilitarización,
desarme de grupos paramilitares, liberación de presos
políticos zapatistas y cumplimiento de los Acuerdos
de S.Andrés). Es hasta la toma de posesión
del presidente Vicente Fox, del Partido de Acción
Nacional (PAN), en diciembre de 2000, que se dan señales
de esperanza para una posible reanudación del diálogo.
Un nuevo presidente
Unos días
después de asumir el mando, el 5
de diciembre de 2000, el presidente Fox presenta la propuesta
de la COCOPA al Senado. Sin embargo, no es sino hasta la "Marcha
por la Dignidad Indígena" en febrero-marzo
2001, en la que 24 representantes del EZLN recorren gran
parte
del país, que el tema cobra fuerza.
El Congreso de la
Unión, a través de las diferentes
comisiones involucradas, recibe el 28 de marzo de 2001
a la delegación zapatista y a delegados del Congreso
Nacional Indígena (CNI), para que éstos
den su palabra sobre la importancia de la aprobación
de la llamada "ley COCOPA" .
Por la aprobación de la iniciativa
de la COCOPA
Un argumento con mucho eco a favor del proyecto para convertir
en ley los Acuerdos de S.Andrés es que en ellos
se comprometió el Poder Ejecutivo anterior (Zedillo)
y el actual (Fox), con el apoyo y el empuje de los representantes
del poder Legislativo que conformaron la primera COCOPA.
En palabras del diputado Batres Guadarrama, del Partido
de la Revolución Democrática (PRD): "Es
la palabra de unos y de otros, palabra empeñada
que debe cumplirse, sería absurdo que nosotros como
Congreso aprobamos una ley donde llamamos a las partes
a negociar y luego desconocemos la negociación a
la que han llegado." (Congreso, 28-03-01)
Otros hacen énfasis en que los Acuerdos y la propuesta
de ley contribuirían a la reivindicación histórica
de los pueblos indios. Sostienen también que los Acuerdos
buscan establecer una nueva relación entre el Estado
mexicano y los pueblos indios; que en la práctica
histórica no hay evidencias de que la autonomía
pueda ser destructora de la unidad nacional; que en la Constitución
están prácticamente ausentes los derechos colectivos,
concepto fundamental de la visión indígena;
y que los Acuerdos de S.Andrés y la ley COCOPA son
la condición básica para pasar de la simulación
al verdadero reconocimiento de los derechos indígenas.
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostiene
que "no se trata de realizar una nueva Constitución,
pues la vigente ha permitido la alternancia política
y la modernización del país, pero se requiere
su modernización para adecuarla a la realidad actual
de México, superar contradicciones que existen en
alguno de sus artículos." (La Jornada 27-03-01,
p.3)
Desacuerdos con la "Ley COCOPA"
Los que se oponen a la aprobación del proyecto manifiestan
que ello llevaría a la "balcanización" del
país. Que "sólo" 10% de la población
es indígena y que dentro de este grupo, muchos menos
son zapatistas. Algunos juristas y políticos sostienen
que los derechos indígenas están suficientemente
protegidos en la Constitución tal como está.
Una de las críticas o advertencias que se hacen sobre
el proyecto tiene que ver con el reconocimiento que éste
propone de los llamados “usos y costumbres” en
las culturas indígenas. Los críticos sostienen
que no todos los “usos y costumbres” son reivindicables
o convenientes para la convivencia, ya que tradicionalmente
han existido en ellos aspectos negativos como hacia la mujer
y la intolerancia hacia la diversidad religiosa o el pluralismo
político. Así, hay quienes advierten que establecer
en el texto constitucional el respeto y reconocimiento a
los usos y costumbres indígenas puede traer como consecuencia
una legitimación o incluso aumento de la discriminación
contra las mujeres indígenas así como de las
expulsiones de los indígenas evangélicos por
parte de los católicos
tradicionalistas.
El Centro de Estudios
Fiscales y Legislativos (Cefyl), del Consejo Coordinador
Empresarial, una agrupación
de la empresa privada, advirtió que la aprobación
como tal de la propuesta de la ley COCOPA impediría
la llegada de inversiones a las regiones habitadas por
grupos indígenas. En
un análisis titulado ‘La tribuna del Congreso’,
observa que la autonomía y sus "leyes privativas" (usos
y costumbres) "traería como consecuencia
la creación
de pequeños estados independientes" en México.
Según dicho Centro, ello dejaría los indígenas
expuestos a la tentación de implantar "algún
tipo de socialismo, un cooperativismo, una tiranía
disfrazada", o aplicar "tributos que no sean
proporcionales ni equitativos" (La Jornada 28-03-01,
p.8).
El asesor de la Oficina para los Pueblos Indígenas
de la Presidencia de la República (quien también
dirige el Instituto Indigenista Interamericano de la Organización
de Estados Americanos, OEA), José del Val, cuestiona
la base legal de los Acuerdos y la propuesta de la COCOPA,
porque se suscribieron y redactaron en un momento en que
se simulaban consensos y porque las discusiones "no
se dieron en libertad". Resalta: "la limitación
de la autonomía a los pueblos [indios] hace que se
ponga en duda qué quieren los indios con [la] naturaleza
[de la autonomía]. ¿Romperle la cervical al
federalismo mexicano?" (La Jornada, 28-03-01, p.10).
El EZLN responde a las críticas
En su alocución ante el Congreso de la Unión,
la comandante Esther observó que "Se acusa a
esta propuesta [la ley COCOPA] de balcanizar el país,
y se olvida que el país ya está dividido. [...]
Se acusa a esta propuesta de crear reservaciones indias,
y se olvida que de por sí los indígenas estamos
viviendo apartados [...]. Se acusa a esta propuesta de promover
un sistema legal atrasado, y se olvida que el actual sólo
promueve la confrontación, castiga al pobre y le da
impunidad al rico, condena nuestro color y convierte en delito
nuestra lengua. Se acusa a esta propuesta de crear excepciones
en el quehacer político, y se olvida que en el actual
el que gobierna no gobierna, sino que convierte su puesto
público en fuente de riqueza propia y se sabe impune
e intocable mientras no acabe su tiempo en el cargo." (Congreso,
28-03-01)
Sobre la acusación de que la aprobación del
proyecto de la COCOPA llevaría a mayor discriminación
de la mujer indígena, varios grupos indígenas
han reconocido que la situación de la mujer es un
grave problema interno. Además de destacar que esto
no es privativo de los indígenas, reivindican el derecho
de asumir la responsabilidad y combatir la discriminación
de la mujer a su propia manera. El diputado Batres Guadarrama,
del PRD, manifiesta: "La llamada Ley COCOPA ... no dice
que se reconocerán todos los usos y costumbres de
los pueblos indios, al contrario, dice que se reconocerán
aquellos que se encuentren en armonía con los derechos
humanos y la equidad en los géneros; lo que se pide
que debe de estar en esa ley, ya está." (Congreso,
28-03-01). Además, varios artículos de la propuesta
resaltan la obligación de respetar la "dignidad
e integridad de las mujeres" (art. 4II) y "garantizar
la participación [política] de las mujeres
en condiciones de equidad" (art. 4 III). Aunque el tema
de religión no sale como tal en la propuesta, varios
artículos enfatizan la obligación del respeto
a las garantías individuales y los derechos humanos.
Tanto los representantes del EZLN como los del CNI reiteran
su voluntad de trabajar duro para prevenir que se den o que
empeoren las situaciones de discriminación en las
comunidades indígenas.
¿Debate jurídico o pelea política?
La guerra de términos sobre el tema de derechos indígenas
que se desató en las últimas semanas, es un
ejercicio de legítimo debate, aunque también
pueda funcionar como una táctica dilatoria por parte
de los que se oponen al proyecto. En general, resulta que
no hay claridad o consenso entre expertos jurídicos,
intelectuales y políticos sobre el entendimiento jurídico
de los términos, ni muchos menos sobre las posibles
consecuencias prácticas. Quedan por establecerse los
mecanismos y criterios para la aplicación de esta
reforma, por ejemplo en el caso de que en una comunidad indígena
se discrimine a la mujer o a indígenas evangélicos.
Entre otros, Manuel Camacho Solís, el primer comisionado
para el diálogo con el EZLN, insiste en que el problema
fundamental es político, no de técnica jurídica,
y advierta que tendrán que decidir entre una ley indígena
con imperfecciones o una perfecta desde el punto de vista
jurídico, pero sin respaldo popular. Remarca "la
necesidad de pensar esa ley con una visión equivalente
a la que tuvieron quienes promovieron las grandes leyes mexicanas
que cambiaron el destino del país. Estas fueron más
obra de una visión política y del respaldo
de una lucha política popular que del talento de los
profesionales del derecho" (La Jornada 28-03-01, p.
5).
La paz ...
México vive un tiempo de mucho dinamismo político
y social. Y no cabe duda que habrá más. Algunos
resultados importantes se han visto en el hecho de que los
representantes del EZLN y el CNI lograron aglutinar tantas
voces distintas a favor de la aprobación de la ley
COCOPA, desde partidos políticos, organizaciones sociales,
medios de comunicación, sectores de la sociedad civil,
hasta el Ejecutivo y el pueblo mexicano en general.
Mientras tanto, hay varios entendimientos sobre cómo
ubicar la oposición a la iniciativa. Algunos explican
que se le puede entender desde los intereses económicos,
el miedo, el racismo, la desinformación, la manipulación
de información. Otros simplemente insisten en el mérito
de las preocupaciones señaladas, tal como balcanización,
derechos individuales, etc. Mientras otros rescatan más
la importancia de discutir la propuesta de ley con mucha
precisión, permitiendo a los diferentes actores dar
su opinión al respecto. Sea lo que sea, las voces
más conservadoras parecen haberse encontrado con una
contraparte que, por su creciente legitimidad y magnitud,
y a través de sus luchas pacíficas y perseverancia,
se ha convertido en un interlocutor que ya no se puede soslayar.
Reconocer los Derechos y Cultura Indígenas desde la
propuesta de la COCOPA y no de otra, es abonar directamente
al proceso de la paz y tomar un paso significativo para enfrentar
tantos siglos de marginación, pobreza e injusticia,
una realidad dolorosa que viven a diario millones de indígenas
mexicanos.
Los Acuerdos de San Andrés
Los Acuerdos de San Andrés se introdujeron al Congreso
plasmados en el proyecto de reforma constitucional de la
COCOPA. Este proyecto tiene que pasar por las comisiones
dictaminadoras del Congreso antes de ser aprobado tanto por
el Senado como por la Cámara de Diputados. Una vez
aprobado ahí, la Secretaría de Gobernación
llama a los congresos locales de los 30 estados mexicanos
para que lo voten. Con una mayoría a favor, la reforma
constitucional estará lista para ser traducida en
leyes secundarias y reglamentos oficiales.
Los Acuerdos, plasmados en el proyecto
de reforma constitucional de la COCOPA, parten del reconocimiento
del carácter
pluricultural de la nación mexicana y de los Pueblos
Indígenas como sujetos de derecho1 . En el plano municipal,
implican el reconocimiento de las comunidades indígenas
como entidades de derecho público (versus derechos
individuales).
Los derechos indígenas
reconocidos tienen su base en el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, que se expresa en la autonomía en
su sentido más
amplio. Del ejercicio de esa autonomía se derivan
los derechos a:
- decidir sus formas internas de convivencia
y organización,
- aplicar sus sistemas normativos en la
regulación
y solución de sus conflictos internos,
- fortalecer su participación y formas de representación,
- acceder de manera colectiva al uso y
disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios,
- preservar y enriquecer sus lenguas y
culturas,
- adquirir, operar y administrar sus propios
medios de comunicación,
- participar y ser tenidos en cuenta en
los planes y programas de desarrollo según sus
necesidades y especificidades culturales,
- asociarse libremente (comunidades y municipios)
para coordinar sus acciones,
- definir sus procedimientos de elección y formas
propias de gobierno interno en municipios
y comunidades3 .
En contrapartida, se establece la obligatoriedad
del Estado en los ámbitos de gobierno nacional, estatal
y municipal de promover el desarrollo equitativo y sustentable
de los
Pueblos Indígenas, la educación bilingüe
e intercultural (a través de programas de contenido
regional y en consulta con los Pueblos Indígenas)
y el combate a toda forma de discriminación.
También es obligación del Estado garantizar
el acceso pleno de los Pueblos Indígenas a la jurisdicción
del Estado, teniendo en cuenta sus prácticas jurídicas
y culturales, y asistiéndoles en todo tiempo por intérpretes
y defensores que conozcan sus lenguas y culturas. En el plano
municipal, es obligación del Estado la transferencia
de recursos, funciones y facultades a los municipios y comunidades
indias.
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
FEBRERO 2001 - ABRIL 2001
Visitas y contactos
- Visitas a la zona Norte para hablar
con varios actores políticos y religiosos sobre
la nueva coyuntura con respeto al conflicto
- Atención a varias delegaciones de Norteamérica
para darles a conocer la coyuntura en Chiapas y el
trabajo de SIPAZ
- Atención a varios periodistas de Europa para
darles elementos sobre el conflicto en Chiapas y organizarles
viajes
al campo
- Visita al Distrito Federal para hablar con embajadas
de la Unión Europea en el marco de la caravana
zapatista
- Atención al Embajador de Holanda en su viaje
a Chiapas
Información
- Publicación de un artículo sobre jóvenes
indígenas y la guerra de baja intensidad en Fellowship,
la revista del US Fellowship of Reconciliation
- Publicación de un boletín informativo: "La
marcha zapatista a la ciudad de México" (vea
la página web de SIPAZ)
- Publicación de un artículo sobre la caravana
zapatista en el Central America and Mexico Report,
la revista del Religious Task Force on Central America
and Mexico (EEUU)
Diálogo Interreligioso
- Reuniones con actores religiosos del municipio de Chenalhó y
con el Grupo Plural Ecuménico
- Aprobación de parte de actores evangélicos
y católicos de Chenalhó y de la Junta Directiva
de SIPAZ de un proyecto de paz y reconciliación en
la zona Altos en colaboración con las Comisiones
de Paz de Nicaragua
- Participación en la planificación estratégica
de la Escuela Bíblica de Formación
Integral
- Reuniones con funcionarios del gobierno estatal encargados
de asuntos religiosos
- Participación como ponente en un foro organizado
por el gobierno estatal: “Tolerancia y
Diversidad Religiosa”
Educación por la paz
- Participación en la Red por la Paz, un espacio estatal
de acción y reflexión sobre los procesos de
reconciliación comunitarios
- Inicio de un ciclo de talleres con los Centros de Desarrollo
Comunitario del Gobierno del Estado
- Facilitación de talleres de transformación
de conflictos para el Centro de Investigaciones y Acción
de la Mujer Latinoamericana y para RICAA, una
red de cooperativas de mujeres artesanas.
|
