:: SUMARIO
Diciembre fue el inicio de las funciones
del nuevo presidente de México, Vicente Fox, y del
gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. Tanto Fox como Salazar
fueron los primeros representantes en ser elegidos en la época
posrevolucionaria sin ser miembros del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que gobernó durante largo tiempo
el país. Sus representaciones conllevan la promesa
de cambio y de solución del conflicto en Chiapas,
como temas prioritarios. El presidente Fox señaló la
importancia que le atribuye a este problema, ordenando el
desmantelamiento de 53 retenes militares en el área
de conflicto el mismo día en que asumió su
cargo, el 1º de diciembre.
Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) rompió el silencio de cinco meses
en una conferencia de prensa del 2 de diciembre. Manifestó que
la actual administración representa una oportunidad
para una nueva era de esfuerzos por alcanzar la paz. Pidió tres
señales para reanudar el diálogo: cumplimiento
de los acuerdos de San Andrés ( firmados en 1996 durante
el gobierno del ex presidente Zedillo, que no llegaron a
implementarse), liberación de los presos políticos
zapatistas, y cierre de siete bases militares ubicadas en
el área de mayor influencia zapatista.
El desmantelamiento de los retenes que
ordenó Fox,
en varios casos significó simplemente el retiro de
los soldados a sus cuarteles. Aunque esto sí provocó un
cambio en la vida de algunas comunidades indígenas
que ya no tendrían que sufrir los continuos interrogatorios
y hostigamiento a los que estaban sometidos por parte del
Ejército.
Fox nombró a Luis H. Alvarez, un hombre de reconocida
calidad moral, como Comisionado para la Paz en Chiapas y,
en respuesta al pedido de las tres señales del EZLN:
ordenó el retiro de cuatro de las siete bases solicitadas
por éste; envió al Congreso de la Unión
los Acuerdos de San Andrés elaborados por la Comisión
de Concordia y Pacificación (COCOPA), y algunos presos
políticos zapatistas fueron liberados, otros casos
están en revisión. Al término de este
informe, Fox dijo que no realizará más retiros
del Ejército, mientras el EZLN no dé una señal
de reanudación del diálogo.
Mientras tanto, la dirigencia del EZLN
dio a conocer la visita que realizará a la ciudad de México
en febrero con el fin de llevar a cabo un cabildeo en el
Congreso de la Unión para que se aprueben los Acuerdos
de San Andrés. Dicha aprobación, sin embargo,
es muy incierta, porque deberá oponerse a las otras
propuestas presentadas, incluída la del propio partido
de Fox, Partido de Acción Nacional (PAN). Para su
aprobación, Fox deberá hacer un gran esfuerzo.
No es descartable que cualquier propuesta diferente a la
de la COCOPA, pueda defraudar al EZLN.
Por otra parte, en Chiapas se vivieron
muchas tensiones antes de la toma de posesión del nuevo gobernador,
Pablo Salazar. En octubre, 11 miembros del presunto grupo
paramilitar Unión Campesina Indígena Agropecuaria
y Forestal (UCIAF) fueron arrestados, y en noviembre, la
Procuraduría General de la República (PGR)
realizó un operativo, que fue calificado de error,
cuyo propósito era buscar las armas que estaban en
manos de presuntos grupos paramilitares en Chenalhó,
Altos de Chiapas. Con la pasividad del Ejército ante
las agresiones de la comunidad a los agentes federales, los
pobladores impidieron que el operativo se efectuara, y el
saldo fue más de 20 personas heridas. Si bien estas
acciones pueden ser interpretadas de distintas maneras, prevalece
el hecho de que los grupos paramilitares continúan
siendo un factor de inestabilidad en la región.
Durante su posesión, Salazar prometió homologar
el retiro de las fuerzas policiales estatales al de las bases
militares de Chiapas, poco después derogó la
Comisión de Remunicipalización, que realizó una
labor que fue vista por los zapatistas como un ataque directo
hacia ellos, e inició una revisión de los casos
de los presos políticos zapatistas cuyos cargos son
del fuero estatal.
A los pocos días de asumir la gobernatura, se enfrentó a
una pugna de poderes con el Legislativo y Judicial estatales
dominados por el PRI. Incluso antes de que asumiera el cargo,
el poder Legislativo lanzó una ofensiva prohibiendo
las alianzas electorales multipartidistas en el futuro; se
atribuyó la facultad exclusiva de auditar a los gobiernos
municipales, que eran utilizados tradicionalmente como canales
claves para la distribución de prebendas políticas.
La pugna continuó, lo que provocó el estancamiento
de la aprobación del presupuesto del año 2001
del estado, y la oposición a las designaciones de
los funcionarios que Salazar debe hacer. Esta falta de cohesión
en el gobierno estatal, la vuelve más difícil
a la ya de por sí complicada tarea de promover la
reconciliación y reconstrución del tejido social.
En otro ámbito, la anulación, sin precedentes,
de las elecciones de octubre en el estado de Tabasco dictaminada
por un Tribunal Electoral Federal, significó otra
piedra angular para el proceso de democratización
en México. El Tribunal desechó la victoria
del candidato del PRI en virtud de las irregularidades cometidas
por este partido, y ordenó la realización de
nuevas elecciones.
En conclusión, las acciones de la administración
de Fox han dado un nuevo impulso a los esfuerzos para la
paz, aunque todavía es muy pronto para medir la fuerza
del compromiso que hizo la administración para lograr
una paz justa y duradera. Si bien se puede percibir que está en
su interés resolver el conflicto, es claro que se
está enfrentando a múltiples presiones. La
reanudación del diálogo es sólo el primero
de muchos retos que tiene por delante.
ACCIONES RECOMENDADAS:
- Escribir al presidente Fox, y:
- Felicitarle por los pasos iniciales dados para
la reanudación
del diálogo: envío de los Acuerdos de San Andrés,
liberación de los presos políticos zapatistas
y retiro del Ejército. Señalar la falta
de consenso en el Congreso para que se apruebe la
propuesta de la COCOPA.
- Solicitarle que haga los esfuerzos necesarios
para que garanticen la aprobación de las leyes consistentes
tanto en la letra como en el espíritu, con los Acuerdos
de San Andrés.
- Expresarle el cumplimiento de las promesas de campaña,
de su preocupación por las necesidades de
los pobres como su principal prioridad.
- Pedirle el restablecimiento de las condiciones
necesarias para reiniciar las conversaciones, incluyendo
más
retiros del Ejército y la liberación de los
presos políticos zapatistas, ya que el diálogo
es la única forma viable de establecer una
paz justa y duradera.
- Escribir a los miembros de la COCOPA,
instándoles
a multiplicar sus esfuerzos para que la propuesta legislativa
de Derechos y Cultura Iindígenas, de su autoría,
sea aprobada
- Difundir información, como la contenida en
este boletín, sobre la situación en Chiapas.
Escribir a:
Lic. Vicente
Fox, Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos, Puerta #1
Colonia M. Chapultepec, Delegación M.Hidalgo
CP 11850
México, D. F.- México
Fax: (+52) (5) 515 1794
Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA)
Reforma No.10, Torre Caballitos
Piso 18, Colonia Tabacalera
Delegación Cuahtémoc
CP 06030
México DF, México
Fax: (+52) (5) 345 3288
:: ACTUALIDAD
MÉXICO: nuevos tiempos, nuevos poderes
El 1o. de diciembre, el presidente electo
Vicente Fox Quesada prestó juramento en el Congreso
de la Unión, convirtiéndose en el primer presidente
de la época posrevolucionaria surgido de un partido
distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En
su primer discurso anunció que luchará contra
la corrupción y la impunidad. Se comprometió a
promover siete reformas medulares que garanticen una «democracia
eficaz y una eficacia democrática», y a llevar
a cabo una reforma del Estado que asegure un ejercicio del
poder cada vez más equilibrado. Con respecto a Chiapas,
poco antes de posesionarse ya ordenó el retiro de
53 retenes militares en las tres zonas de conflicto: Altos,
Norte y las Cañadas.
Gabinete de “orden y respeto”
Como de “orden y respeto” definió el presidente
Fox a su gabinete.
El nombramiento de Luis H. Alvarez como Comisionado para
la Paz en Chiapas, recibió el saludo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y fue calificado
como de mucho acierto y con autoridad moral para participar
en los diálogos de paz. Luis H. Alvarez fue miembro
fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA), y participó en las negociaciones y en la
firma de los Acuerdos de San Andrés. Según
el Comisionado, “el proyecto de la COCOPA (iniciativa
de ley sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborada
por esta instancia en noviembre de 1996 en base a los Acuerdos
de San Andrés) es acorde con los principios de unidad
nacional. La libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas se propone sin menoscabo
de la soberanía nacional, siempre dentro del marco
constitucional del Estado mexicano”.
Llamó la atención el nombramiento del general
Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría General
de la República (PGR). Después de casi un siglo
de tradición civil, por primera vez un militar asume
este cargo. Cuando fue procurador de Justicia Militar, dejó sin
atender una serie de acusaciones de violaciones a los derechos
humanos, según organizaciones de derechos humanos.
El EZLN rompe el silencio
En una conferencia de prensa el 2 de diciembre en la comunidad
zapatista de La Realidad, el EZLN pidió al nuevo gobierno
tres señales para reanudar el diálogo: cumplimiento
de los Acuerdos de San Andres, libertad de todos los presos
políticos zapatistas y el retiro y cierre de siete
posiciones del Ejército, “ de las 259 que mantiene
actualmente en la zona de conflicto”. Anunció que
en febrero de 2001, 23 miembros del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN,
viajarán a la ciudad de México para convencer
al Congreso de la Unión de las “bondades” de
la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA.
Aunque no lo retoman explícitamente en sus demandas,
en un comunicado el EZLN acusó al gobierno de no hacer
nada en cuanto a los grupos paramilitares. Denunció además
que el 20 de diciembre, nueve familias zapatistas de la comunidad
Santa Fe el Duraznal, municipio de Chilón, fueron
desplazadas por aquellos.
Respuestas gubernamentales
Casi inmediatamente, Fox respondió diciendo que buscará cumplir
las condiciones del EZLN. El 5 de diciembre envió al
Congreso la iniciativa de ley de la COCOPA. Posteriormente
el senador priísta Manuel Bartlett, en su carácter
de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
advirtió que no legislarán “al vapor”,
puesto que antes se debería realizar una consulta
nacional, porque el proyecto no sólo debe centrarse
en Chiapas sino en todas las entidades donde hay grupos indígenas.
En respuesta a las demandas zapatistas
del retiro de posiciones militares, la primera posición en ser abandonada fue
Amador Hernández, predio en el que el 9 de agosto
de 1999 entró el Ejército, y el 18 de octubre
de 2000, el entonces presidente Ernesto Zedillo expropió 3,5
hectáreas a los ejidatarios. El 22 de diciembre, el
presidente Fox restituyó el predio a la comunidad,
lo que fue saludado por el EZLN, y visto como una buena señal
rumbo al diálogo. El 31 de diciembre, ante una protesta
de simpatizantes zapatistas, se aceleró la salida
de los militares del cuartel Jolnachoj (San Andrés
Larrainzar). Por orden presidencial, Cuxuljá fue la
tercera posición desmantelada, el 9 de enero. Y, el
17 del mismo mes salieron del campamento militar de Roberto
Barrios.
Después del retiro del cuarto campamento militar,
el presidente Fox dijo que no habrá más repliegue
del Ejército, hasta que el EZLN dé una señal
de reanudación del diálogo.
Chiapas antes del cambio de gobernador
Luego de la detención (28 de octubre) de 11 líderes
del presunto grupo paramilitar Unión Campesina Indígena
Agropecuaria y Forestal (escisión de "Desarrollo,
Paz y Justicia"), y a pocas semanas de la posesión
del nuevo gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, el ambiente
se tensionó debido a que varias comunidades, especialmente
de la zona Norte y Altos, entre ellas los desplazados de
Tierra y Libertad, Yajalón (desalojados el 3 de agosto),
denunciaron las amenazas de que eran objeto por parte de
paramilitares.
En este clima de intranquilidad, en la
madrugada del 13 de noviembre, 150 policías judiciales federales y
20 agentes del Ministerio Público realizaron un operativo
en los Chorros, municipio de Chenalhó, en busca de
armas en manos de presuntos paramilitares. Con la pasividad
del Ejército ante las agresiones de la comunidad a
los agentes federales, los pobladores impidieron que el operativo
se llevara a cabo, con un resultado de más de 20 personas
heridas. La PGR reconoció su fracaso y dijo que continuarán
los operativos.
Toma de posesión de Pablo Salazar
El 8 de diciembre, con la presencia del presidente Vicente
Fox, Pablo Salazar Mendiguchía como el primer gobernador
no priísta en la historia posrevolucionaria, asumió la
gobernatura de Chiapas. En su primer discurso solicitó al
presidente Fox que se auditen todos los recursos federales
enviados los últimos años a Chiapas. Señaló que
hará valer el estado de Derecho y aplicará la
ley para que no haya más derramamiento de sangre.
Planteó la necesidad de conocer la verdad sobre las
masacres de Acteal y el Bosque, y “las bandas paramilitares”.
En cuanto a la conformación de su gabinete, destacan
miembros de la sociedad civil y empresarios. En la Secretaría
de Gobernación fue nombrado Emilio Zebadúa,
vocal del Instituto Federal Electoral. Porfirio Encino, de
Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente
y Democrática (ARIC-I), una organización indígena
histórica, ocupa la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Acciones del nuevo gobernador
El ejecutivo estatal prometió que homologará el
retiro de efectivos policiacos al del Ejército mexicano
de los siete puntos exigidos por el EZLN para reiniciar el
diálogo; derogó la Comisión Estatal
para la Remunicipalización creada por el anterior
gobierno, factor altamente conflictivo, pues había
creado siete nuevos municipios principalmente en las regiones
donde se encontraban los consejos autónomos del EZLN.
En este sentido, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa,
señaló que las instancias para la remunicipalización
atentaban contra una salida pacífica al conflicto
y la independencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
(STJE), porque ambas estaban a cargo del presidente del organismo,
Noé Castañón. Agregó, que los
municipios autónomos deben ser considerados en el
marco general de la revision que se hará de los Acuerdos
de San Andrés.
De otro lado, con la presencia del comisionado
para la paz, Luis H. Alvarez, fueron excarcelados 22 zapatistas
del penal
de Cerro Hueco. De un total de 103 detenidos y procesados
a partir de 1994, varios con sentencias de hasta 25 años,
está pendiente la liberación de 81 indígenas.
El Procurador de Justicia del Estado dijo que el caso de
los presuntos zapatistas se atenderá de dos maneras:
Ley de Sentencia Suspendida para quienes han sido sentenciados,
y desistimiento de la acción penal para quienes están
en proceso.
Pugna de poderes
Días antes de la toma de posesión del nuevo
gobierno estatal, la fracción parlamentaria del PRI
aprobó una serie de reformas al Código de la
Hacienda Pública, según Salazar “para
quitarle facultades al Ejecutivo para revisar las cuentas
a los ayuntamientos a través de la Controlaría
General del Estado y convertir al legislativo en el único
poder con capacidad de auditar a los gobiernos municipales”.
La bancada del PRI en el Congreso estatal
interpuso una demanda de juicio político contra Salazar y Zebadúa,
porque el nombramiento del secretario de Gobierno, Emilio
Zebadúa, sería anticonstitucional “por
no ser chiapaneco”. Hasta que no se resuelva este conflicto,
el Congreso se niega a discutir varias propuestas del Ejecutivo
(como la propuesta de revocar una reforma del Congreso de
octubre 2000 para prohibir alianzas de los partidos que participen
en las contiendas electorales por las presidencias municipales
y diputaciones, y una propuesta de reforma legislativa).
Además, aunque Salazar derogó la Comisión
de Remunicipalización, el Congreso estatal indicó que
seguirán discutiendo la segunda etapa del proyecto
de remunicipalización.
Aumentaron el presupuesto del Congreso
en el 90 por ciento, reduciendo al mismo tiempo el presupuesto
de la Secretaría
de Desarrollo Social en el 17 por ciento. El gobernador vetó este
presupuesto por considerar que contravenía disposiciones
de la Constitución Política de Chiapas. Mientras
se resuelve la pugna de poderes, en Chiapas se mantiene el
presupuesto del año 2000.
Por su parte, el presidente del STJE,
Noé Castañón,
responsabilizó al gobernador Salazar de las amenazas
de muerte en su contra y en contra de los 16 magistrados
priístas. Noé Castañón, quien
se había desempeñado como titular del STJE
durante 6 años, fue relecto por otro período
igual con el voto de la mayoría priísta de
magistrados.
Más cambios
Mediante un comunicado presidencial se dio a conocer que
se eliminaba el requisito migratorio de permiso para
ser observadores de derechos humanos en el país. Dicha
actividad estará sujeta al estado de Derecho y marco
jurídico aplicable.
Por primera vez en la historia electoral
mexicana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación anuló las
elecciones de gobernador de Tabasco (colindante con Chiapas)
por irregularidades cometidas. El posesionado candidato priísta,
fue revocado de su cargo. Después de semanas de incertidumbre
política en que el estado llegó a tener dos
gobernadores interinos, finalmente mediante un acuerdo político
entre la Secretaría de Gobernación, las dirigencias
nacionales de los partidos y el Congreso local se llegó al
nombramiento de un gobernador interino priísta con
el compromiso de convocar a elecciones en noviembre y entregar
el poder en diciembre del 2001.
En Yucatán se dio otro conflicto electoral por el
supuesto nombramiento unilateral de integrantes del Consejo
Electoral del Estado. El mismo tribunal federal intervino
para exigir al Congreso de mayoría priísta
elaborar una nueva lista de consejeros electorales más
amplia, para ser elegido al azar esta vez. La bancada priísta
se negó a hacerlo y anunció que el Consejo
anterior seguirá desempeñando su trabajo.
En Oaxaca (al lado de Chiapas) se aprobó a finales
de diciembre una Ley de Aministía que beneficia a
todas las personas involucradas con grupos guerrilleros.
De esta manera fueron excarceladas 32 personas, y 129 que
están prófugas y supuestamente tienen vinculación
con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), serán
también beneficiadas.
:: ENFOQUE
El Ejército mexicano: factor clave en el conflicto
de Chiapas
La presencia del Ejército mexicano en Chiapas, desde
el levantamiento zapatista en 1994 ha sido objeto de críticas
por parte del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), organizaciones indígenas, sociales,
de derechos humanos nacionales e internacionales y partidos
de la oposición. Por otra parte, dicha permanencia
ha sido explícitamente solicitada por varios grupos
de filiación priísta y el gobierno mexicano
ha defendido su presencia. En el marco de la actual coyuntura
política, el Ejército sigue jugando un papel
clave en las posibilidades de la reanudación del diálogo
de paz en Chiapas.
Histórico pacto
Para entender los planes y doctrinas militares en México,
habría que dar unos pasos hacia atrás en la
historia: “Hay un pacto cívico-militar en México,
vigente desde los años 40, sustentado en dos reglas
no escritas, resultantes de un hecho: en 1947, cuando quien
fuera el primer presidente civil de la revolución,
Miguel Alemán, tomó el bastón de mando
que le ofrecían los generales de la revolución,
lo hacía a cambio de un compromiso: el respeto absoluto
a la institución castrense. En correspondencia a este
compromiso se desprendió la segunda norma [...]: los
militares respetarían a capa y espada ese poder civil.
[...] Al respecto, el Ejército mexicano nunca tuvo
autonomía del sistema político, [...] por lo
que no fue factor de inestabilidad. (1)”
Planes de guerra
Los planes de guerra y doctrinas para impulsar el despliegue
de las Fuerzas Armadas se desprenden de la Constitución
y de las leyes que regulan su actividad: preparación
para la defensa externa (descrito en el llamado plan DN-I);
garantía de la seguridad interna y la paz social (plan
DN-II); y desde los años setenta, intervención
en caso de desastres naturales (el DN-III)..
Las mencionadas críticas a las Fuerzas Armadas se
relacionan mayoritariamente con el plan DN-II, cuyas misiones
son amplias: “Van desde la preparación y entrenamiento
para la guerra contra el narcotráfico, combatiéndolo
constitucionalmente en respaldo a la Procuraduría
General de la República (PGR), hasta la contrainsurgencia,
el apoyo a ineficaces fuerzas de seguridad pública
y la realización de la denominada acción cívica,
que se ocupa de vacunar y dar atención odontológica
a la población en zonas rurales marginadas, establecer
misiones de protección de la naturaleza y otras acciones.
[...] El Ejército es directamente responsable de detener
a los grupos insurgentes que han declarado la guerra al Estado,
como el EZLN, el Ejército Popular Revolucionario (EPR)
y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI), y sus acciones las emprenden en coordinación
estrecha con la Secretaría de Gobernación.
Cuando se trata de narcotráfico o de seguridad pública,
donde hay que sustituir a los ineficaces cuerpos de seguridad
pública federal o estatales y municipales, su coordinación
es con la PGR” (2). La crítica al respecto es
que la ejecución de la mencionada acción cívica
correspondería, según la Constitución
y las leyes mexicanas, a otras dependencias federales e incluso
estatales o municipales.
Chiapas: la realidad
Desde el levantamiento zapatista en 1994, el número
exacto de efectivos ha sido objeto de muchas discusiones
nunca resueltas: “mientras el gobierno y la Secretaría
de Defensa Nacional (SEDENA) han reportado de 17 a 25 mil
efectivos en diversos momentos, las organizaciones indígenas,
campesinas, de derechos humanos y civiles, han consensuado
públicamente un aproximado de 70 mil” (3). Al
mismo tiempo, se reconoce que “[...]el número
exacto de militares en Chiapas nunca lo conoceremos con verdad
y exactitud [...]. Pero existen otros criterios para medir
la militarización en términos cuantitativos
y hacer el cálculo no sólo en cuanto a la cantidad
de efectivos militares, sino sobre sus posiciones, acciones
y consecuencias para la sociedad.[...]”. Sobre sus
posiciones, los autores de “Siempre lejos, siempre
cerca” mencionan que en febrero de 2000 contaron “259
puntos geográficos: 175 posiciones fijas, 24 retenes
permanentes, 60 retenes intermitentes”, que estaban
presentes físicamente en 58 municipios, teniendo así una
presencia en 52.20% del total de ellos (4).
Las razones oficiales que se dan para la presencia del
Ejército
mexicano en Chiapas son la seguridad nacional, el combate
al narcotráfico, al terrorismo y a la ingobernabilidad,
así como el desempeño de la llamada labor social
(o acción social). Algunos ejemplos del último
son: la construcción de carreteras, trabajos de reforestación,
campamentos militares donde los militares ofrecen comida,
atención médica, información sobre planificación
familiar, cortes del pelo y reparación de construcciones
o materiales a los pobladores.
Mientras las fuentes militares hacen énfasis en la
legalidad y necesidad de su presencia, en los últimos
siete años la población indígena ha
realizado centenares de denuncias sobre interrogatorios,
hostigamiento en retenes y a través de patrullajes
y sobrevuelos constantes de aviones y helicópteros,
ocupación de edificios comunitarios como escuelas,
introducción de prostitución y enfermedades
venéreas en las comunidades, condicionamiento político
a la entrega de ayuda humanitaria, violación de niñas
y mujeres, desplazamiento forzado de la población
a través de operativos policiaco-militares, apoyo
o escudo de paramilitares, robo de maderas preciosas, obstrucción
del libre tránsito, profanación de lugares
sagrados, inyección o control de recursos económicos
clientelares a través de diversas instancias y dependencias
públicas, contaminación ambiental, actor activo
en la división de las comunidades y en la inminente
impunidad en la región, siembra de mariguana, entre
otros. Por las mismas denuncias, una gran cantidad de indígenas
de las bases simpatizantes zapatistas y grupos de desplazados
ha rechazado los servicios sociales del Ejército.
En una sistematización de 1160 cartas de denuncias
de comunidades y organizaciones indígenas del Archivo
Histórico de la Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI) de 1994 a 98, los autores de “Siempre cerca...” identificaron
a las Fuerzas Armadas y Policiacas como el agresor más
denunciado (36%) (5). Para el año 1999, el Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas concluyó que “del
total de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos
recibidos por el Centro, el 39% fueron realizadas por el
Ejército mexicano, ubicándolo en el principal
agresor. La mayoría de los casos se refirieron a violaciones
a la integridad física y a las garantías de
seguridad jurídica” (6).
Críticas internacionales
En febrero de 2000, la comisionada para Asuntos Indígenas
y de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Erika Irene Daes, pidió al Ejército
federal que regrese a sus cuarteles. En el mismo mes el informe
de la Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales,
Arbitrarias o Sumarias de la ONU, Ashma Jahangir recomendaba
que el gobierno de México “logre la desmilitarización
de la sociedad y evite delegar en las Fuerzas Armadas el
mantenimiento del orden público o la lucha contra
el delito” (7).
Unos meses después, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU manifestó que “el Comité está [...]
preocupado por la creciente intervención de los militares
en la sociedad, especialmente en los Estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades propias de
las fuerzas policiacas”. Observó además
que “El Comité está profundamente preocupado
por la inexistencia de procedimientos institucionalizados
para investigar las alegaciones de las violaciones de derechos
humanos presuntamente cometidas por militares y por las fuerzas
de seguridad y que, como consecuencia de ello, estas denuncias
a menudo no son investigadas”. Recomendó que “el
mantenimiento del orden dentro del territorio del país
debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles” y
que “el Estado debe establecer procedimientos adecuados
para que se lleven a cabo investigaciones independientes
de las denuncias de violaciones a los derechos humanos imputados
a los militares y a las fuerzas de seguridad y para que se
procese a las personas acusadas de tales violaciones [...]” (8).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó ya
en 1998 que el gobierno mexicano “ revise el contenido
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio
para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido
por la legislación internacional en la materia, en
especial por el artículo 27 de la Convención
Americana” (9).
Propuestas de cambio
Últimamente se dieron a conocer
varias propuestas de parte del gobierno federal y estatal
y del mismo Ejército
para una modernización de las Fuerzas Armadas y un
reajuste de sus actividades en Chiapas, específicamente.
En un acto inédito, y en reacción a las diversas
críticas nacionales e internacionales, el general
Cervantes Aguirre, entonces titular de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), dijo poco antes de la presentación
del último informe presidencial de Zedillo en septiembre
del 2000 que “la presencia del Ejército federal
en Chiapas es un asunto doloroso para la conciencia de los
militares”.
En preparación del periodo político del nuevo
presidente, y a invitación del mismo, la Comisión
de Estudios para la Reforma del Estado, en el documento que
entregó a Fox el 22 de noviembre de 2000, considera
que una de las “medidas urgentes” para el proceso
de paz en Chiapas, es el repliegue del Ejército de
las inmediaciones de las comunidades rurales chiapanecas. Además se recomienda “prohibir la participación
de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su misión
constitucional, como la seguridad pública y el combate
al narcotráfico; [...] reformar el artículo
93 constitucional, para prever que los jefes de los estados
mayores de las Fuerzas Armadas puedan ser citados por el
Congreso de la Unión, para que informen cuando se
discuta una ley o se estudie un negocio de su incumbencia;
y [...] fortalecer las facultades de las comisiones legislativas
en materia de defensa nacional, con el objeto de darles competencia
para revisar y auditar las partidas presupuestales ejercidas
por los mandos e instituciones militares” (10). El
presidente Fox decidirá qué sugerencias mandará al
Congreso para su discusión.
Compromisos y hechos
En diciembre de 2000 y enero de 2001, ya se han dado varios
cambios a nivel militar en la región. En las primeras
semanas después de su toma de posesión, Fox
ordenó el desmantelamiento de decenas de retenes,
y en respuesta a las condiciones planteadas por el EZLN,
ordenó el retiro de varias bases militares.
Estas iniciativas requieren de un monitoreo
de seguimiento, ya que varias organizaciones indígenas
denunciaron que los soldados de los retenes levantados siguen
con su
trabajo, vestidos de civil, al lado de la carretera; que
reinstalaron retenes ya levantados, y que refuerzan distintos
campamentos militares.
Brechas comunitarias
Los pasos del Presidente han generado cierto alivio en
múltiples
comunidades indígenas y desacuerdo en otras. El retiro
del Ejército de las comunidades indígenas ha
sido una demanda constante por parte de distintas organizaciones
y grupos de pobladores indígenas en los últimos
años. Por otro lado, varios grupos priístas
piden la permanencia del Ejército, con los argumentos
que se debe normalizar la vida pública e institucional
de Chiapas así como solucionar los aspectos que provocaron
el levantamiento en primer lugar. También dicen que
con el retiro de los militares se rompería con acuerdos
comunitarios de reconciliación.
Esta divergencia de entendimiento plantea
un reto en el sentido de que justamente, la reconciliación de los
pueblos chiapanecos será una de las prioridades más
importantes para el gobierno estatal, visto el daño
al tejido social que se ha dado desde el levantamiento, e
incluso antes.
Democratización
Sería demasiado fácil creer que la ‘desmilitarización’ de
Chiapas se resolvería con sólo un reposicionamiento
o repliegue del Ejército. Esto, para empezar, debería
ser acompañado por una garantía de que la abundante
presencia de armas y/o el hostigamiento a la población
no sea ‘copiada’ por fuerzas policiacas, y que
se desmantelen los grupos civiles armados/paramilitares como
fuente continua de mayor tensión en la región.
El gobernador Salazar ya ha indicado a mediados de diciembre
2000 que se homologará el retiro del Ejército
mexicano con el de la Seguridad Pública. Queda pendiente
la garantía del gobierno federal de que no establecerá una
presencia fuerte de elementos policiacos federales. Tales
retos y pasos requieren de una mayor estabilidad y gobernabilidad
en el estado, dificultadas por el momento por los crecientes
conflictos entre los diferentes poderes estatales (vea Actualidad
y Análisis de este informe).
Aún así, una conclusión sobre la presencia
del Ejército en Chiapas no se puede desvincular de
una más amplia que incluya la situación política
y social en la región y el resto del país.
Tomando en cuenta que, además de que le corresponde
al gobierno federal asegurar que el desempeño de actividades
en el marco de la acción cívica sea asumido
por instituciones federales y estatales, esto requiere de
un proceso de democratización del sistema político
en todo el país. Lo cual a su vez va de la mano de
la lucha contra la corrupción y la impunidad en los
diferentes niveles del gobierno.
Por el momento, varias cartas están en la mesa. En
la medida en que las Fuerzas Armadas acaten el poder político,
y en la medida en que dicho poder político cumpla
con su palabra, el Ejército podrá convertirse
en un factor que facilite la reanudación del proceso
de paz.
1 “Siempre
cerca, siempre lejos; Las Fuerzas Armadas en México”,
Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000, p. 16/1 (Volver
^...)
2 “Siempre cerca....”, p.24. (Volver
^...)
3 “Siempre cerca....”, p.132. (Volver
^...)
4 “Siempre cerca....”, p.133. (Volver
^...)
5 “Siempre cerca....”, p.124. (Volver
^...)
6 “La guerra en Chiapas: ¿Incidente en la historia?”,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
A.C., Abril 2000, p.54. (Volver ^...)
7 Recomendación 107.b, febrero
2000. (Volver ^...)
8 Comité de Derechos Humanos, 66 período
de sesiones, ONU, julio 1999. (Volver
^...)
9 “Informe sobre la situación de los DDHH en
México”, OEA/CIDH, Septiembre 1998. Recomendación
738, p.167 (Volver ^...)
10 Proceso 1255, 19 de noviembre de 2000, p.22/23. (Volver
^...)
:: ANALISIS
CHIAPAS: Señales alentadoras a 7 años del inicio
del conflicto
El conflicto en Chiapas recién cumplió 7 años.
El tercer Presidente desde su inicio, Vicente Fox, hereda
una situación de particular complejidad. Sin embargo,
por primera vez en años, se han dado señales
apuntando hacia la reanudación del diálogo
entre el gobierno mexicano y el EZLN. Estas muestras de buena
voluntad fueron dadas tanto por los nuevos gobiernos federal
y estatal como por el mismo EZLN.
Tiempos agitados antes de tomar posesión
los nuevos gobiernos
Entre su elección (julio) y su toma de posesión
(diciembre) Fox logró ocupar las primeras planas de
la prensa nacional, reiterando sus promesas de campaña,
en particular frente al tema de Chiapas. Fue un tiempo de
latencia y transición, entre expectativas, debates
y definiciones.
En Chiapas, la tensión subió en más
de una ocasión, por ejemplo en octubre, en la zona
Norte, a raíz de la detención de 11 personas
de la Unión Campesina Indígena Agropecuaria
y Forestal (UCIAF), una escisión de "Desarrollo,
Paz y Justicia", y el operativo fracasado de la Procuraduría
General de la República (PGR) en Chenalhó en
noviembre (zona Altos esta vez). El poder que mantuvieron
organizaciones acusadas de ser paramilitares en los últimos
años hizo temer una reacción y movilización
mayor de sus partidarios.
En ambas acciones, algunos analistas rescataron
la intención,
ya que muy poco se ha hecho en contra de los grupos supuestamente
paramilitares hasta la fecha. Otros lo vieron como un «regalo
de despedida del gobierno saliente» para preparar la
entrada del siguiente. Al mismo tiempo, se dio también
otra lectura: se trataba de crear desestabilización
antes de la toma de posesión de Pablo Salazar. Seguramente,
existen también otros intereses en juego (en particular,
el de la PGR que tal vez quiso probar su trabajo antes de
una posible reforma). Algunos analistas hablaron de un posible
acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
local y dichos grupos, por el cual se entregarían
voluntariamente para evitar una crisis política en
la región, y se les proporcionaría defensa
legal a cambio de sus votos. Cualquiera que sea la verdadera
explicación, el resultado sigue siendo el mismo: a
principios de diciembre, en más de una región,
varios grupos se encontraban a la defensiva, hostiles al
nuevo gobierno local.
El EZLN muestra sus cartas
Después de 4 años de estancamiento del proceso
de paz, los pasos hacia su posible reanudación se
han dado con una sorprendente celeridad. El EZLN había
calculado bien su «entrada»: después de
5 meses de silencio, habló el 30 de noviembre para
citar a los periodistas a una conferencia de prensa como
para darle a Fox la oportunidad de ajustar su discurso de
toma de posesión.
En su conferencia de prensa del día 2 de diciembre,
el EZLN pareció tener en cuenta un panorama más
favorable a su causa. Desde 1996, había planteado
cinco condiciones a la reanudación del diálogo.
Las redujo ahora a 3. De hecho, dos de las 5 ya se encuentran
cumplidas: el nombramiento de Luis H. Alvarez como Comisionado
para la Paz (el cual ha sido calificado por el EZLN de "interlocutor
válido"), y la conformación de la Comisión
de Seguimiento y Verificación (COSEVER, 1997) aunque
nunca ha funcionado por la no implementación de los
Acuerdos de San Andrés. El EZLN no retomó el
tema de los paramilitares, tal vez por darse cuenta que este
problema tardará mucho más en resolverse, o
porque el gobierno local ya ha declarado que es un asunto
prioritario para él.
Al fin y al cabo, el EZLN ofrece un paquete
más fácilmente
negociable para poder tener un diálogo directo con
el nuevo gobierno.
Respuestas gubernamentales
El Ejecutivo federal demostró su buena voluntad al
cumplir en parte con las demandas zapatistas, presentando
la propuesta de la Comisión de Concordancia y Pacificación
(COCOPA) al Congreso el 5 de diciembre, cerrando varias posiciones
militares y levantando las restricciones a observadores de
derechos humanos internacionales. Este esfuerzo fue correspondido
en el ámbito estatal cuando el gobernador Pablo Salazar
liberó varios presos zapatistas y derogó la
Comisión de remunicipalización (otra fuente
de tensión en la zona en los últimos años).
El primer repliegue militar del 1o de
diciembre generó mucha
confusión tanto dentro como fuera de México,
ya que entre el discurso de Fox en este sentido y la práctica,
sigue existiendo una brecha. A pesar del retiro de decenas
de retenes y de cuatro campamentos militares ubicados cerca
o dentro de las comunidades indígenas, y del impacto
positivo que esto generó para los habitantes locales,
la presencia militar en general no ha disminuido significativamente
todavía. No hay evidencias de que los soldados de
estos retenes y campamentos hayan salido de Chiapas.
También si los poderes ejecutivos federal y estatal
han dado muestra de su buena voluntad, la solución
definitiva de varios de los problemas pendientes compete
a otros poderes: judicial (para los presos) y legislativo
(para los Acuerdos de San Andrés).
Ciertamente, Fox hizo llegar la propuesta
de la COCOPA al Congreso: pero al proyecto le espera una
larga batalla legislativa
con final incierto. Paradójicamente, el Partido de
Acción Nacional (PAN), el principal partido que llevó a
Fox al poder, podría ser una de las principales fuentes
de resistencia. En efecto, desde la pasada administración
dicha bancada ya presentó su propia propuesta sobre
Derechos y Cultura Indígena, y el hecho de que Fox
haya presentado un texto distinto generó fricciones
(sumándose a las que de por sí ya existían).
Por primera vez, el Presidente se encuentra
frente a un Congreso pluripartidista (en que ninguno de los
partidos
cuenta con la mayoría simple) y cualquier iniciativa
tendrá que apoyarse en alianzas todavía por
definirse. En este sentido el PRI también tiene su
propia propuesta. Seguramente, el riesgo de la «balcanización» de
este partido está latente y podría generar
un mapeo político más variado frente a la propuesta
de ley de la COCOPA. El PRD (Partido de la Revolución
Democrática) por su parte también está amenazado
de divisiones, pero ha estado a favor del texto de la COCOPA
desde su elaboración.
Si finalmente no se acepta el texto (y
dicho proceso podría
llevar hasta dos años), Fox estará a salvo
de muchas de las críticas, ya que la decisión
está en manos del Congreso. Al mismo tiempo, su proyecto
económico se apoya en una mayor globalización
de la economía, y le conviene deshacerse de la herencia
de críticas internacionales sobre el tema Chiapas.
Hay que considerar también que Chiapas tiene particular
importancia para dicho proyecto, por sus recursos y por la
bandera política y de credibilidad que significaría
la reanudación de las negociaciones de paz. Son muchas
las promesas que ha hecho Fox en su campaña. Le tocarán
medidas mucho menos populares (por ejemplo en el ámbito
fiscal) o de aún mayor complejidad (como la reforma
del Estado) y en este sentido, Chiapas puede ser una reserva
de crédito político.
Después de las crisis electorales en los estados
de Tabasco y Yucatán, se abre la pregunta sobre el
grado de involucramiento que el gobierno federal está dispuesto
a tener en los estados del sureste donde el PRI, desafiando
el orden, se niega a perder parte del poder que le queda.
¿ Gobernabilidad en Chiapas?
La situación de Pablo Salazar, el nuevo gobernador
es más crítica. A escasos días de que
asumió la gobernatura de Chiapas, y a partir de las
acciones del ejecutivo estatal, se suscitó una pugna
de poderes. Tanto el poder legislativo como el judicial (los
dos con una mayoría priísta) han venido criticando
y obstaculizando varias de sus propuestas y hasta negándose
a tratar algunas de ellas.
En un documento entregado al legislativo
estatal, el ejecutivo chiapaneco acusó a los diputados priístas de
elaborar una estrategia política y económica
para fines electorales y, antes de las elecciones legislativas
y municipales de octubre del 2001, de querer aumentar su
control sobre las alcaldías. Por otra parte, los poderes
legislativo y judicial acusan de anticonstitucionales las
acciones del Gobernador, calificándolas de venganzas
políticas. Incluso hablan de amenazas de muerte en
contra del poder judicial.
Cabe destacar que cualquier iniciativa
de negociación
deberá ser un trabajo de filigrana, para cohesionar
de nuevo la vida política y social del estado y para
poder resolver problemas comunitarios y regionales, antiguos
y recientes.
En resumen
En los últimos meses, tanto en Chiapas como en México
se han iniciado procesos decisivos y necesarios que no han
tenido su desenlace todavía. Los problemas que ambos
gobiernos enfrentan no son de fácil solución.
Resulta importante garantizar una mayor gobernabilidad, y,
más que todo, avanzar en los hechos para reconstruir
una confianza mínima de las comunidades indígenas.
:: ACTIVIDADES DEL EQUIPO
Noviembre 2000 - Enero 2001
Visitas y Contactos
- Participación en un encuentro en la zona Norte de
Comunidades de Base sobre la reconciliación comunitaria.
- Atención a varias delegaciones de Norteamérica
para darles a conocer la coyuntura en Chiapas y
el trabajo de SIPAZ
- Contacto en la Zona Norte para hablar con varios actores
políticos y religiosos en el contexto
del nuevo gobierno estatal y federal.
- Organización de una visita al campo para el Subsecretario
de la Foreign and Commonwealth Office del gobierno británico.
Información
- Continuación de la gira de un miembro del equipo por
Alemania, Bélgica y Suiza para presentar la situación
en Chiapas y el trabajo de SIPAZ a ONGs,
grupos de solidaridad y representantes
gubernamentales.
- Publicación de un artículo sobre mujeres indígenas
en las zonas de conflicto para el “Women’s Peacemakers
Program 2001" (International Fellowship of Reconciliation).
- Publicación de dos artículos sobre la situación
en Chiapas en revistas holandesas.
- Entrevista con un programa radiofónico de España
en el marco de la nueva coyuntura de Chiapas.
- Reuniones con tres académicos internacionales
que realizan investigaciones del papel de SIPAZ y otras
ONGs
en el proceso de paz en Chiapas.
Interreligioso
- Reuniones con actores religiosos de la zona de Chenalhó.
- Participación en la planificación estratégica
de la Escuela Bíblica de Formación
Integral (EBFI).
- Activación de reuniones del Grupo Plural Ecuménico.
Educación
- Facilitación de talleres de Transformación
de Conflictos para educadores de la Casa de la Ciencia y
el Centro de Investigación
y Apoyo a la Mujer (CIAM).
- Convocatoria conjunta con otras organizaciones a un
espacio de reflexión sobre procesos de reconciliación
comunitarios que dio lugar a la conformación de un
Grupo de Interés estatal.
- Preparación de un diagnóstico de los conflictos
comunitarios en la zona Norte para el Grupo de Interés.
Oficina en México DF
- Apertura de la oficina en el Distrito Federal y nombramiento
de la Directora Ejecutiva.
- Participación en el seminario “Derechos Humanos,
Sociedad Civil y Prácticas Militares”.
- Reunión con el Subsecretario para la Oficina
de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento
de Estado de
Estados Unidos.
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