:: SUMARIO

Pablo Salazar Mendiguchía, candidato de la Alianza por Chiapas, fue elegido gobernador de Chiapas el 20 de agosto. Salazar ganó con el 51.5% de los votos y Sami David, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo el 45.7%. La derrota representó un inesperado revés para el PRI, que ha dominado la política chiapaneca desde hace décadas.

Al igual que muchos líderes opositores en México, Salazar fue militante del PRI durante toda su vida política, ocupando cargos a nivel estatal y federal, hasta que salió del partido en 1999 para liderar la campaña opositora para gobernador. Uno de los factores claves que contribuyeron a esa salida fue el manejo por parte del PRI del conflicto en Chiapas. Como senador del PRI, Salazar fue miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), una instancia legislativa de apoyo al proceso de paz en Chiapas. Allí jugó un papel importante en la redacción de la propuesta de ley de esa comisión para implementar los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996. El Presidente Ernesto Zedillo rechazó la propuesta de la COCOPA y presentó una contrapropuesta. Ninguna de las dos fue sometida a votación, y el diálogo permanece suspendido.

Notablemente, Salazar articuló en torno a su candidatura una alianza opositora que incluyó prácticamente a todos los partidos de oposición, en Chiapas.

A partir de una plataforma de cambios, logró convencer a una ciudadanía escéptica de que era posible quebrar la hegemonía del PRI sobre la política de Chiapas. A medida que las encuestas le daban una ventaja considerable, crecía la preocupación de que el PRI, conocido en Chiapas por sus tácticas violentas y su recurso al fraude, simplemente no aceptaría la derrota. Los temores aumentaron al acercarse las elecciones, debido al incremento de las disputas agrarias y las acciones paramilitares en distintas regiones.

Finalmente, a pesar de las denuncias de presiones, intimidación e irregularidades de diverso tipo, la jornada electoral se desarrolló en general de manera pacífica, el escrutinio fue transparente, y el PRI reconoció la voluntad popular. Por su parte, el EZLN mantuvo silencio durante la campaña, y el abstencionismo fue notoriamente mayor en las zonas zapatistas.

A pesar del importante respaldo electoral recibido, Salazar tendrá que gobernar con la mayoría del Congreso estatal y de los ayuntamientos en manos del PRI. Al mismo tiempo, no le será fácil mantener la cohesión entre las diversas fuerzas que lo apoyaron. Y los retos que enfrenta son enormes: superar la pobreza y la marginación, promover el desarrollo económico, controlar la violencia política y reconstruir el tejido social. Por otro lado, su compromiso de gobernar incluyendo a sectores como los indígenas y campesinos, da esperanza en un nuevo tipo de política en Chiapas.

La victoria de la oposición en Chiapas se benefició de la de Vicente Fox en julio. Cuando tome posesión el 1º. de diciembre, Fox será el primer presidente no priísta en 71 años. Ningún partido tendrá una mayoría en las dos cámaras del Congreso. En la nueva Cámara de Diputados, el Partido de Acción Nacional (PAN) tiene 213 bancadas, el PRI 210 y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 44. En el Senado, el PRI tiene 59, el PAN 46 y el PRD 15.

Uno de los retos más grandes para Fox y Salazar es el conflicto en Chiapas. Fox ha indicado que uno de sus primeros actos como presidente será mandar la propuesta de la COCOPA al Congreso. También ha manifestado su intención de reanudar el diálogo con el EZLN y reducir la presencia masiva del ejército en Chiapas (actualmente, unos 70.000 efectivos - una tercera parte - de las tropas federales). Sin embargo, la aprobación de la propuesta de la COCOPA se verá dificultada en el nuevo Congreso, y Fox no ha dejado en claro si hará el esfuerzo necesario para lograr un resultado favorable. En cuanto a la presencia militar en Chiapas, se trata de un asunto muy polémico. A Fox le gustaría condicionar el retiro del ejército a que los zapatistas regresen a la mesa de diálogo. Por su parte, el EZLN no ha respondido a las ofertas del equipo de Fox, pero en el pasado señaló pre condiciones para reiniciar el diálogo que se basan en su falta de confianza en el proceso de paz (acuerdos sin cumplimiento) y en la necesidad urgente de poner fin al hostigamiento hacia las comunidades indígenas (presencia militar).

El nuevo gobernador, aunque no podrá ordenar el retiro del ejército ni resolver el conflicto con el EZLN, puede contribuir a generar la confianza y mejorar las condiciones necesarias para un verdadero diálogo.

La detención con cargos federales el 28 de octubre de 11 miembros de presuntos grupos paramilitares en la zona Norte de Chiapas, puede indicar limitaciones en la impunidad que estos grupos han gozado. Sin embargo, el hecho de que altas autoridades estatales (de la administración priísta saliente) están acudiendo a su defensa solo hace hincapié a las limitaciones persistentes en el estado de derecho.

Mientras tanto, la más reciente de una serie de investigaciones de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México, evidenció el alto grado de preocupación internacional sobre esa región. En agosto, Erica Irene Daes, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, informó a la Sub-comisión de Derechos Humanos sobre la visita realizada en abril 2000. El informe observó que la militarización de las comunidades indígenas y el creciente uso del ejército en operaciones policiales aumenta el ambiente de miedo y de violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección contra la detención arbitraria.

ACCIONES RECOMENDADAS

1. Felicitar al Presidente electo Vicente Fox por su victoria y su intención anunciada de presentar al Congreso de la Unión la propuesta de la COCOPA para implementar los Acuerdos de San Andrés y de reanudar el diálogo con el EZLN.
2. Observando la falta de consenso en el Congreso sobre el proyecto de la COCOPA, exhortar a Fox a hacer los esfuerzos necesarios para asegurar la aprobación de una legislación consistente con el texto y el espíritu de los Acuerdos de San Andrés.
3. Considerando que la presencia masiva del ejército ocasiona tensiones explosivas en las comunidades indígenas, abogar para que el presidente electo -al asumir- retire de inmediato un número significativo de campamentos militares de las zonas donde su presencia está provocando mayor tensión. Hacer notar que esta acción no solo serviría para reducir las tensiones sino también como una medida para generar la confianza que mejoraría las condiciones para la reanudación del proceso de paz.
4. Difundir mayor información -como este informe- sobre la situación que prevalece en Chiapas.

FAVOR ESCRIBIR A:

(hasta el 1º. de diciembre)
Lic. Vicente Fox
Reforma 525, Colonia Lomas de Chapultepec
Código postal 11000 México DF, México
Fax: (int-52)(5)520 7125

(después del 1º. de diciembre)
Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF, México
Fax (int-52)(5)515 4783

:: ACTUALIDAD

Elecciones en Chiapas: histórico triunfo de la oposición

El 20 de agosto el estado de Chiapas eligió nuevo gobernador. Pablo Salazar Mendiguchía, de la Alianza por Chiapas logró el triunfo con 535.860 votos (51.50%) y Sami David, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó 475.267 votos (45.68%). De 24 distritos donde se realizaron las elecciones, el candidato opositor ganó en 15 y el oficialista en 9.

De acuerdo al Instituto Federal Electoral (IFE) los ciudadanos habilitados para votar fueron 2 millones 90 mil 545 empadronados, de los cuales menos del 50 por ciento votó. El abstencionismo fue 10 por ciento superior al registrado en las elecciones presidenciales de julio.

La Alianza por Chiapas, que como en ninguna otra ocasión concentró a ocho partidos de todas las tendencias, triunfó en las ciudades más importantes: Tuxtla Gutiérrez (capital del estado), Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Estas fueron las elecciones más vigiladas en la historia de México: más de 4 mil observadores nacionales y casi un centenar de internacionales -acreditados por el Consejo Estatal Electoral, CEE- se desplazaron por todo el territorio chiapaneco.

La jornada electoral

A pesar de los incidentes violentos, amenazas, rumores y fuertes ataques verbales entre opositores y oficialistas que caracterizaron el ambiente antes de los comicios, la jornada electoral se desarrolló con inusual tranquilidad en este estado. No hubo los habituales retenes del Ejército ni de Migración, y los soldados se acuartelaron en los campamentos que hay en la zona.

Los zapatistas, que no se pronunciaron en esta elección, tampoco realizaron acciones para impedir u obstaculizar el voto en su zona de influencia, como lo hicieron en 1997. Se notaron altos niveles de abstencionismo en su principal zona de influencia: la Selva, en donde en medio de una calma casi general, votó menos de la mitad del electorado, y el PRI ganó por una escasa ventaja en el distrito de Ocosingo, con una diferencia de 1.305 votos a favor de este partido.

En las zonas Norte y Altos la tensión fue mayor y más evidente. En la primera (bastión tradicional del grupo presuntamente paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia), no obstante el clima de tensión y amenazas, y pese a que el proceso electoral fue controlado sobre todo por los líderes oficialistas, la Alianza por Chiapas obtuvo una gran victoria.

En estas zonas, alrededor de cinco mil desplazados tuvieron que trasladarse a votar en sus lugares de origen o en las cabeceras distritales, ya que no se instalaron casillas especiales en los campamentos donde se encuentran los mismos.

Irregularidades y avances en el proceso electoral

A pesar de las múltiples dificultades administrativas que lo desbordaron, el CEE actuó con más independencia e imparcialidad que no tenían los órganos electorales en México -y menos aún en Chiapas- antes de las reformas que empezaron en 1996.

No obstante el avance señalado de ese organismo estatal, se receptaron denuncias en la compra, coacción o inducción del voto, el uso de programas sociales del gobierno con fines proselitistas, el acarreo de votantes, la violación del secreto del voto, sobre todo en las zonas rurales, que son la mayor parte del territorio.

Al poco tiempo de realizadas las elecciones, el 16 de octubre el Congreso estatal aprobó con la mayoría del voto priísta y el de la oposición en contra, una serie de reformas electorales que fueron calificadas como un retroceso democrático. Estas reformas comprenden: no permitir las alianzas de los partidos que participen en las contiendas electorales por las presidencias municipales y diputaciones, cambiar la figura de consejero ciudadano por consejero electoral, y cambiar la estructura del Tribunal Estatal Electoral. Por estar en desacuerdo con las mismas, el presidente del Consejo Estatal Electoral, Eduardo Pineda, presentó su renuncia, mientras que los partidos políticos de la oposición expresaron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucionales.

Conflictos agrarios

La campaña pre electoral transcurrió en un ambiente de gran tensión por diferentes conflictos vinculados a la tierra.

Faltando apenas dos semanas para el día del sufragio, la violencia iba creciendo de tono. En los predios de Progreso y Paraíso, municipio de Yajalón, aproximadamente 60 familias zapatistas fueron desalojadas violentamente por un grupo civil y armado que vestía de uniforme, y que fue calificado de paramilitar. En Ocosingo, se incrementaron las disputas agrarias entre priístas, zapatistas e independientes

En el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, los pobladores presentaron -en junio pasado, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CDHFBC-, una queja contra el Ejército Mexicano ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue aceptada. La causa se debe al despojo y daño ecológico provocados por el Ejército cuando entró en esta población el 9 de agosto de 1999. Actualmente, según los ejidatarios, de 5 hectáreas que ocupaban en un comienzo han pasado a ocupar 8. Esta causa también se tramita ante el juez federal.

Mediante decreto ejecutivo publicado el 18 de octubre, el presidente Zedillo expropió 3.5 hectáreas del ejido Amador Hernández. Según señala dicho decreto, estas hectáreas serán destinadas a la construcción de instalaciones militares. Ante este hecho, el CDHFBC dijo que la expropiación revela que la entrada del Ejército en ese lugar fue para desarrollar labores de contrainsurgencia. Afirmó que confía en que el poder judicial de la federación no se prestará para confirmar una violación de los derechos sociales.

Resultados electorales finales de 2 de julio de 2000

Una vez elegidos los nuevos senadores y diputados federales, el Congreso de la Unión quedó integrado de la siguiente manera (principales partidos políticos):

Acuerdos de San Andrés

En varias declaraciones el presidente electo, Vicente Fox, dijo que retiraría el Ejército de Chiapas, pero solo previo el restablecimiento del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además manifestó que el problema de Chiapas es regional y no nacional, pero que había que resolverlo. Según Fox, éste es el momento propicio para reanudar las conversaciones y hallar una solución pacífica a la problemática de este estado. En este sentido, aseveró que una de las tareas prioritarias cuando asuma el poder el 1o. de diciembre, será enviar al Congreso la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) que se basa en los Acuerdos de San Andrés, para que sea discutida y aprobada. Algunos diputados priístas han dicho que apoyarán la iniciativa. Sin embargo, es probable que se presentarán otras propuestas paralelas, y el destino de la COCOPA queda en duda.

En este mismo marco, el ex comisionado para la paz en Chiapas, Marco Antonio Bernal, manifestó que actualmente no hay condiciones para el diálogo, y para que esto suceda primero hay que trabajar y llevar los Acuerdos de San Andrés al Congreso.

El 11 de agosto, la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas, Erica Irene Daes, presentó en el pleno de la Subcomisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe sobre la visita que hiciera a México en abril pasado, invitada por el presidente Zedillo. En él recomienda al gobierno federal la implementación de los Acuerdos de San Andrés, y a las dos partes (gobierno y EZLN) el regreso al diálogo. Señala además que la militarización en las poblaciones indígenas y el creciente uso del Ejército en funciones policiacas crea situaciones de violencia, una atmósfera de miedo y violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a los derechos de estar libres de arrestos y detenciones arbitrarias.

Se espera la recomposición de la Cocopa, instancia coadyuvante al proceso de paz en Chiapas, y queda por ver la línea que tomará la misma ante el conflicto.

Fox y las ONGs

Marcando una clara diferencia con sus antecesores, el presidente electo, Vicente Fox, desarrolló contactos con varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la sociedad mexicana. Una primera reunión tuvo lugar en agosto en el Distrito Federal (en la que participó Sipaz). Posteriormente, Fox se reunió con ONGs en Canadá y en los Estados Unidos. En septiembre el equipo de transición de Fox anunció que se propone realizar una reforma legislativa para permitir que las ONGs mexicanas participen en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Hechos inusuales

En agosto, casi de manera paralela a las derrotas electorales del oficialismo, en Chimalhuacán, estado de México, se produjo una refriega sangrienta entre dos turbas priístas que provocó un saldo de 10 muertos, 42 heridos y 245 detenidos. Fue calificada de responsable Guadalupe Buendía, "La Loba", quien habría ejercido el poder absoluto en dicho lugar desde 1996.

En un hecho inusual, en una entrevista con los medios de comunicación el 29 de septiembre, el general del Ejército, Enrique Canovas Buenrostro, que tiene bajo su mando aproximadamente a 10 campamentos militares asentados en la zona de influencia zapatista en la región de Los Altos, reconoció que existen grupos paramilitares en el estado de Chiapas. Indicó que éstos operan en la región Norte y Selva, y que en la región de los Altos se vive un ambiente de mucha tranquilidad.

En septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió órdenes de presentación en contra de miembros de presuntos grupos paramilitares que operan en los municipios de Yajalón y Venustiano Carranza. Según informes de esta dependencia existen 12 órdenes de aprehensión contra un grupo y 10 contra otro. Sin embargo, y a pesar de los testimonios y otras pruebas que indican que funcionan como grupos paramilitares, la PGR aseguró que solo se trataba de asaltantes.

El 28 de octubre, en medio de un impresionante operativo policial, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 11 miembros del supuesto grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, y Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF). Entre éstos se hallaban los dirigentes Samuel Sánchez, ex diputado priísta local y Marcos Albino Torres, ex cabo del Ejército. También fue capturado Mario Cruz Pérez, líder del grupo invasor al predio Paraíso, municipio de Yajalón.

Según la PGR, están acusados de delitos de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo. De acuerdo a la misma, las investigaciones que venían realizando se incrementaron a partir del desalojo realizado en Yajalón. Los detenidos culparon a organizaciones nacionales e internacionales de presionar al gobierno para realizar este operativo en su contra. Según la prensa local, altas autoridades estatales (de la administración priísta saliente) ofrecieron apoyo económico y político, incluso el mejor auxilio judicial, a los detenidos.

Informe de Zedillo

El primero de septiembre el Presidente Zedillo dio a conocer su último Informe anual, que fue criticado por la oposición por haber omitido el conflicto de Chiapas.Entre otras observaciones, el presidente electo Fox comentó que no tocó temas que fueron críticos durante los últimos cinco años, como el conflicto de Chiapas y las masacres de Acteal y de Aguas Blancas.

Escándalo político

Un día antes de la presentación del Informe de Zedillo, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, fueron detenidos bajo la acusación de tener nexos con el narcotráfico. El general Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de Justicia Militar, dijo que podrían ser condenados a 50 años de prisión de ser hallados culpables.

Giras de Fox

Entre agosto y octubre, el presidente electo, Vicente Fox, realizó viajes a América Central (Costa Rica, San Salvador y Nicaragua); América del Sur (Chile, Argentina, Brasil y Uruguay); América del Norte (Canadá y Estados Unidos); Europa (España, Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra); y Colombia para entrevistarse con los gobiernos y empresarios, "presentar el nuevo rostro de México", y tratar los acuerdos comerciales con los países que los mantiene.

Elecciones en Tabasco

En medio de cuestionadas elecciones, el 22 de octubre fue declarado oficialmente nuevo gobernador de Tabasco, que colinda con Chiapas, el candidato priísta Manuel Andrade. En esta contienda electoral su opositor más fuerte fue el candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, César Raúl Ojeda. Según el Instituto Electoral de Tabasco, el PRI obtuvo 298.969 votos y el PRD 290.968. Representantes del PRD denunciaron que se había producido un fraude y no avalaron las elecciones. Dijeron que llevarían el caso hasta los organismos del Poder Judicial Federal. Asimismo, expresaron que esperaban una declaración del presidente electo, Vicente Fox, quien no se había manifestado al respecto.

:: ENFOQUE

"Desplazados vivimos…":

Una realidad que pide una respuesta

En su visita al campamento X'oyep el 11 de agosto, el entonces candidato para gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, dijo: "Dentro de nueve días habrá una elección y vamos a ganar, habrá un gobierno nuevo de reconciliación y paz, y lo primero que haré es establecer contacto con las comunidades de desplazados, para lograr la reconciliación...Se los suplico, resistan un poco mas, resistan de aquí a diciembre, porque el próximo gobierno los va a apoyar".

Los desplazados internos en Chiapas representan una de las situaciones más complicadas que Salazar, ahora gobernador electo, tendrá que enfrentar a partir de su toma de posesión en el mes de diciembre del 2000. En las zonas de conflicto (Altos, Selva y Norte) existen actualmente grupos desplazados de diversos sectores de la población (miembros de organizaciones civiles, perredistas, bases zapatistas, priístas, católicos y evangélicos). El fenómeno de los desplazados se aceleró en el estado a partir del levantamiento armado en 1994. Según CIEPAC: Población Desplazada en Chiapas, 1999, existen 21.059 desplazados en Chiapas. En solo el municipio de Chenalhó, hay 9.125 (Fuente: idem).

Algunos desplazados viven en comunidades que les han prestado tierras para que puedan trabajar (zona Norte). Otros han formado campamentos donde habitan un gran número de familias en un terreno muy reducido. Ellos no tienen acceso a su milpa y reciben ayuda humanitaria de instituciones como la Cruz Roja Internacional y Cáritas de la Iglesia Católica. Es el caso de los miembros desplazados de las Abejas que llevan más de tres años en los Campamentos X'oyep, Tzajalchén y Acteal, en el municipio de Chenalhó.

Al inicio de 1997 hubo en ese municipio una escalada de violencia donde varios priístas y zapatistas resultaron muertos. A partir de septiembre de ese año comenzaron a salir de sus comunidades de origen centenares de miembros de Las Abejas. En ellas, según su testimonio, grupos de afiliación priísta les exigían que pagaran cuotas para comprar armas. Al no querer hacerlo fueron amenazados y dejaron sus lugares de origen para agruparse en los campamentos de desplazados. Sus representantes cuentan: "Cuando llegamos en el campamento X'oyep, es tiempo de agua. Cocinamos y vivimos afuera, bajo la lluvia”. Después de la masacre de Acteal, en diciembre de ese mismo año, el número de desplazados aumentó y también la presencia del ejército, contando 21 campamentos militares en el municipio (Fuente: idem).

Los originarios de Yibeljoj, una comunidad de Chenalhó, describieron su vida en el Campamento X´oyep así: "No hay buenas casas, tenemos mucho sufrimiento, dormimos en el suelo". "Dormimos en casas con techos de plástico, antes había tablitas”. "Antes había leña pero ahora ya se ha terminado. Las mujeres y los niños se enferman por la preocupación de sus necesidades…Somos los que sentimos el sufrimiento y ya no aguantamos”.

"Desplazados vivimos… "

Las Abejas desplazadas han participado en varias manifestaciones para dar a conocer sus necesidades y exigir las condiciones para su retorno. El 10 de agosto de este año, unos cientos de indígenas hicieron una marcha para pedir que el gobierno actúe en contra de los presuntos grupos paramilitares y cumpla con su compromiso de pagar indemnizaciones a los desplazados.

Ahora, muchos de ellos se han integrado en la Peregrinación Jubilar 2000 para rogar, juntos con otros indígenas chiapanecos, que se alcancen las condiciones necesarias para un eventual retorno. Los 250 peregrinos tzotziles, ch'oles, tzeltales y tojolabales, representando las principales etnias de Chiapas están caminando con este lema: "Caminando nacimos… Peregrinos somos… Desplazados vivimos… El camino nos pertenece, a él entregamos nuestros pasos".

Los participantes fueron convocados por las Abejas y la organización Xi'Nich' (ver glosario) a una movilización que tienen como objetivo mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su ánimo para "seguir luchando por la paz justa y digna de los pueblos indios". Comenzaron a caminar el 14 de octubre desde la comunidad de Acteal y piensan llegar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México el 12 de diciembre, recorriendo una distancia de casi 1.300 kilómetros.

Entre las peticiones centrales de los participantes indígenas está el retorno de los grupos desplazados y otras cuestiones relacionadas con él, como por ejemplo: la desaparición de los grupos paramilitares en Chiapas, la desmilitarización en el estado y en el país, la reconciliación comunitaria, la libertad de los indígenas presos políticos y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

En X’oyep, sin embargo, 96 familias, originarias del poblado de Yibeljoj, decidieron que no podían esperar un retorno negociado con las autoridades y con las garantías mínimas de seguridad, ya que no aguantaron las dificultades que enfrentaban en este campamento, y que iban a hacer una reubicación, creando otro campamento con mejor acceso a agua y leña. Cargaron sus pertenencias unos diez kilómetros por camino de vereda, con lodo por la temporada de lluvia. Se dirigieron a un lugar cercano a su comunidad de origen. No quisieron volver a vivir en ella, "porque ahí están los paramilitares, tenemos miedo, también por los ejércitos (soldados del Ejército Mexicano) que están en la carretera". Por eso dicen "seguimos siendo desplazados”.

Falta de seguridad

La seguridad es un tema prioritario en movimientos como esa reubicación o un posible retorno. La Cruz Roja Internacional no participó en el acompañamiento de las familias de Yibeljoj el 17 de octubre, pues consideró que no había las condiciones, ni de seguridad, ni materiales necesarios para que este grupo de familias pasara a una situación mejor. Pierre Ferrand, jefe de subdelegación de la Cruz Roja Internacional, opinó: “Respetamos la decisión de los desplazados, pero no acompañamos la reubicación de los desplazados de X’oyep, porque esto no fue producto de una negociación entre las partes, ni con el Estado. Tampoco hubo diálogo con los habitantes de Yibeljoj con lo cual se podría haber construido un mínimo de seguridad”.

Los mismos desplazados afirman esa falta de condiciones de seguridad pero a la vez se refieren a otros factores. "Aquí tenemos miedo, pero por la necesidad salimos. De por sí no es por gusto que salimos". Varias ONGs, aunque reconocieron los riesgos que existen todavía por la tensión en la zona y la presencia de grupos paramilitares, decidieron acompañarlos. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mandó observadores para acompañar la reubicación.

Por su parte, Antonio Pérez Arias, el presidente municipal de Chenalhó, en el diario Cuarto Poder, opinó que ya existían las garantías suficientes para el retorno de las Abejas desplazadas. En este marco se puede mencionar las actas firmadas en julio de este año por él y los habitantes priístas de varias comunidades del municipio que pretenden garantizar la seguridad física de los desplazados que vienen a trabajar en su parcela o que retornan a vivir en sus casas. Sin embargo, representantes de las Abejas consideran que no son suficientes. "No confiamos en esas actas porque…cuando entramos en nuestra comunidad para cosechar maíz, se escuchan disparos".

Esperando la respuesta del gobierno

Aparte de la seguridad, los desplazados de Yibeljoj están viendo que otras necesidades han aparecido en su nuevo lugar. "Estamos igualitos como en '97". Uno de sus representantes dice que “el sufrimiento que teníamos era el del agua y la leña, ahorita se solucionó aquí (en el nuevo campamento) con el río y los árboles pero sólo una parte". Las familias en este nuevo campamento están durmiendo en casitas hechas de palitos de madera y plásticos. Otras familias ni tienen casas. "Estamos destruyendo nuestras casas en X'oyep para traer los materiales acá. Pero hay gente en X'oyep que vivían en una casa entre tres, cuatro hasta cinco familias. Aquí, cada una está en su lote. Entonces, no les tocó a todos lámina. Están prestando un lugar para dormir".

Por esta razón, los desplazados están exigiendo que se paguen las indemnizaciones por el robo y la destrucción de sus pertenencias en 1997. "Cuando salimos (de Yibeljoj en '97), dejamos maíz, sillas, mesas, molinos de maíz y todas las cosas de la cocina". En el caso de Yibeljoj, las casas de las Abejas existen todavía. Pero para los desplazados de otras comunidades cuyas casas fueron quemadas después de que se desplazaron, las indemnizaciones representarían una manera de evitar, en un eventual retorno, las malas condiciones de vida que enfrentan actualmente los originarios de Yibeljoj.

Los grupos desplazados de Chenalhó y del estado representan una realidad sin respuesta para el nuevo gobierno, para quien su mayor desafío es garantizar la seguridad en la zona, cumplir con las indemnizaciones y ayudar en la reconstrucción del tejido social.

Mientras tanto, los desplazados siguen esperando: "Vamos a ver primero el gobierno de Pablo Salazar, quien dijo en X'oyep que si gana, desarmaría a los paramilitares. Es lo que dijo. Si va a cumplir, vamos a regresar."

:: ANALISIS

México: los desafíos de la transición democrática

La transición democrática propiciada por la victoria de la oposición en las elecciones federales de julio y en las de agosto en Chiapas abre nuevas perspectivas. Los resultados electorales no garantizan de inmediato la resolución de múltiples problemas pendientes: pobreza creciente, impunidad y violencia política, y un conflicto estancado en Chiapas, por mencionar algunos de los más apremiantes. Pero podría sentar las bases para que esos problemas sean procesados en una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana. Tanto a nivel federal como estatal, el reto es similar: atender las necesidades de la población en su conjunto por encima de los intereses partidarios, y aprender a funcionar como democracia madura mediante una negociación permanente entre fuerzas políticas.

Correlaciones de fuerzas

Las elecciones federales de julio han dado lugar a un mapa político nuevo y más complejo. Poco después del triunfo, Fox aclaró que no pretende gobernar para el Partido de Acción Nacional (PAN), la principal fuerza que lo llevó a la presidencia. Por su parte, este partido afirmó que no recibirá líneas presidenciales. Además, el presidente ya no podrá respaldarse en una mayoría absoluta e incondicional en las Cámaras. Ningún partido podrá imponerse sobre los demás sin negociar, lo cual constituye un avance democrático, aunque también dificultará los acuerdos para impulsar las reformas necesarias. El gobierno de Vicente Fox no podrá fortalecerse sino en base a su capacidad para convencer a los demás grupos políticos de la legitimidad y pertinencia de sus propuestas de cambios.

En este nuevo marco, todos los partidos entraron en una fase de reposicionamiento y el juego de alianzas queda por definirse. Los resultados de julio y los de agosto en Chiapas representan un significativo debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió la presidencia después de más de 70 años en el poder. La gran interrogante es qué papel optará por jugar el PRI, por primera vez fuera del Ejecutivo, pero manteniendo importantes cuotas de poder en los gobiernos estatales y municipales, así como sólidos vínculos con las estructuras caciquiles de base y con los grupos de poder económico. El reto para la bancada priísta es ahora recomponer la unidad del partido después de que la derrota generó fisuras y pugnas internas en la búsqueda de un nuevo liderazgo. No dejan de preocupar las posibles consecuencias imprevisibles en estos tiempos de reacomodos: los violentos enfrentamientos entre fracciones priístas en Chimalhuacán, estado de México, han sido señalados como una ilustración de este riesgo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su lado, a pesar de haber ganado otra vez la gobernatura de la capital en las elecciones de julio, ha sido sacudido por su derrota federal. El principal partido de izquierda también está atravesando un difícil periodo de redefinición estructural e ideológica.

Tiempos de cambio

La onda de choque incluso parece haber llegado a sacudir a las Fuerzas Armadas, institución que parecía monolítica. En estos tiempos de transición, se viven luchas internas entre las diferentes fracciones: algunos pregonan la necesidad de una depuración mientras otros apoyan el mantenimiento del "viejo orden".

La detención de Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo, dos generales de la línea dura acusados de vinculos con el narcotráfico, parece indicar una nueva correlación de fuerzas, ya que ambos pertenecían a una cúpula militar hasta ese momento intocable.

Otros elementos anuncian un cambio y el afán de llegar a una democracia más consolidada y transparente: es el caso del fallo de la Suprema Corte exigiendo al presidente Zedillo dar cuentas del financiamiento de su campaña en las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 1994, y del manejo de varios escándalos implicando a personas de alto nivel dentro de su gobierno.

También cabe señalar la apertura mostrada por Fox hacia las organizaciones no-gubernamentales (ONGs). Su intención anunciada de incluirlas en el proceso de formular e implementar políticas públicas y sus reuniones con esos grupos parecen indicar una nueva actitud del poder político hacia la sociedad civil. Fox señaló que las reuniones son un primer paso, pero queda por ver hasta qué punto representan un interés en una relación realmente sustantiva.

EZLN: la opción de la no-intervención

Antes de las elecciones presidenciales, el EZLN se limitó a decir que respetaría el proceso electoral y sus resultados. Después de la victoria de la oposición en julio, se podía esperar un cambio de actitud. Sin embargo, el EZLN mantuvo absoluto silencio respecto al proceso electoral de Chiapas, a pesar de que por primera vez la oposición tenía posibilidad cierta de triunfar. En los hechos, se notó un aumento de su participación, pero en el conjunto, pocos zapatistas votaron, favoreciendo con eso que el PRI ganara en zonas bajo influencia del EZLN.

Desafíos para el nuevo gobierno estatal

El amplio y diverso espectro político de los grupos que promovieron a Pablo Salazar constituye un primer desafío para el nuevo gobierno. Además, sus propuestas de cambios podrían verse obstaculizadas por el control que el PRI mantendrá sobre el Congreso estatal y la mayoría de los ayuntamientos por lo menos hasta las próximas elecciones de noviembre del 2001. Queda por verse cómo se reposicionarán actores hasta la fecha vinculados al gobierno del PRI: organizaciones campesinas, sindicatos obrero y magisterial, medios de comunicación y los grandes grupos de poder económico del estado.

Algunas tareas pueden parecer titánicas para el nuevo gobernador: revertir la pobreza y la exclusión social, impulsar el desarrollo, reconstruir el tejido social, resolver las explosivas disputas agrarias, controlar a los grupos armados, etc. Pero a la vez, su triunfo ha creado un nuevo espacio político en el cual han sido invitados a participar actores sociales -incluso indígenas y campesinos- que históricamente han sido marginados. Sin duda, de la habilidad de los distintos sectores de la sociedad civil chiapaneca para articular creativamente sus demandas en la construcción de un nuevo proyecto político para Chiapas, dependerá en buena medida la suerte de la transición democrática en ese estado y en el país. La interrogante es si Salazar podrá mantener ese movimiento ciudadano que logró nuclear en torno a sí. ¿Cómo podrá responder a las demandas y expectativas de sectores sociales y políticos tan diversos, y hasta enfrentados históricamente?

El conflicto en Chiapas después de las elecciones

En los asuntos pendientes de ambos gobiernos seguramente estará la resolución del conflicto en Chiapas. Ciertamente, la victoria de la oposición a nivel federal y local abre nuevas perspectivas en este sentido. La cada vez menor presencia del tema en los medios de comunicación no debe ocultar que las causas que lo originaron siguen en pie y la situación sigue siendo explosiva. En muchos casos, las condiciones de vida de los indígenas incluso han empeorado. Además, el acelerado deterioro del tejido social hace que hoy en día sean muchos los conflictos en Chiapas, aunados al del EZLN. La situación es cada vez más compleja y las respuestas tendrán que definirse desde los dos niveles de poder, federal y estatal.

Si bien Salazar no puede ordenar la retirada del Ejército -que responde al gobierno federal-, ni está en sus manos la solución del conflicto con el EZLN, el gobernador podría convertirse en un facilitador que ayude a crear las condiciones para reanudar el diálogo.

Controvertido silencio del EZLN

El silencio del EZLN hacia las propuestas del presidente electo (incluyendo la posibilidad de un diálogo directo) ha sido cuestionado como una falta de voluntad de negociación. Existen otras explicaciones. Puede ser que el EZLN espere hasta que el presidente electo tome posesión. Otra posibilidad es que considere que no existen condiciones para dialogar mientras la presencia masiva del Ejército mexicano persiste.

Asimismo, la derrota del PRI en las urnas y no por la vía de las armas ha sido vista por algunos como un cuestionamiento al camino que eligió el EZLN, mientras otros recalcan que la derrota no hubiera sido posible sin el trabajo de concientización democrática del EZLN. El movimiento zapatista tiene todavía que tomar cartas en el nuevo escenario democrático.

Diálogo pendiente

De hecho, el EZLN ya "habló". Desde septiembre del 96, planteó condiciones para reanudar el diálogo y seguramente que para ellos éstas deben ser atendidas primero. Así las cosas, el panorama ya no es tan alentador: ambos actores parecen esperar una prueba de la voluntad del otro como condición previa para dar nuevos pasos.

Esta dificultad aparece ya al considerar la primera condición de los zapatistas: la desmilitarización y desparamilitarización de la zona. El presidente electo condiciona el retiro de las tropas a un pacto con los zapatistas para reanudar el diálogo. De hecho, difícilmente se puede pensar en una "retirada total" del Ejército. En muchas comunidades divididas, una parte de la población pide su protección, y puede aparecer como el único instrumento para controlar a los paramilitares, cuando la estructura política y jurídica local sigue siendo dominada por el PRI. Sin embargo, una manera de ir reconstruyendo la confianza con un mínimo costo estratégico para el gobierno sería retirar de inmediato algunos de los campamentos militares que generan más tensión (Amador Hernández por ejemplo).

Otro punto clave son los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN desde 1996. La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) redactó una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena condicionando la elaboración del documento a que fuera definitivo. En los años posteriores, varios partidos presentaron sus propios textos (el del PRI fue retomado por el presidente Zedillo). Si bien Fox dijo que presentará la iniciativa de la COCOPA al Congreso, parece claro que sin obtener acuerdos previos, la propuesta tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada. Además, el PAN ya aclaró que no retirará su propuesta. Por lo tanto, además de la voluntad ya expresada, se requiere del nuevo gobierno un compromiso claro y un fuerte trabajo de cabildeo.

Al fin y al cabo, queda mucho por inventar en las nuevas relaciones políticas que México requiere para enfrentar constructivamente los desafíos de la transición. La comunidad internacional puede ser un actor importante de presión para que el nuevo gobierno federal enfrente su responsabilidad hacia el conflicto chiapaneco y otros asuntos nacionales pendientes que garanticen un avance real en este proceso de democratización.

Actividades de SIPAZ en Chiapas

Agosto - Octubre 2000

Entre otras:

Visitas y Contactos:

• Primera Asamblea General de SIPAZ con miembros de la coalición de Europa, Norteamérica y América Latina para evaluar y planificar nuestro trabajo.
• Atención a varias delegaciones de Europa y Norteamérica para darles a conocer la coyuntura en Chiapas y el trabajo de SIPAZ.
• Visita a la zona Norte para hablar con los distintos actores políticos y religiosos en el contexto pre-electoral.
• Observación de las elecciones estatales en las zonas Norte, Altos y Selva con tres equipos internacionales.
• Participación en una reunión de ONGs en el Distrito Federal con Vicente Fox.
• Reuniones en el Distrito Federal con el senador Luis H. Álvarez, encargado del tema de Chiapas en el equipo de transición de Fox, y con el ex-obispo de San Cristóbal Samuel Ruiz.
• Visita post-electoral a la zona Norte para entrevistarnos con diversos actores en el marco de la nueva coyuntura política.
• Organización de la agenda y coordinación de visitas del primer secretario político de la embajada británica y de una delegación del gobierno alemán a Chiapas.
• Participación como observadores en el Encuentro Sur - Norte: Los Pueblos de América Construyendo Alternativas ante el Neoliberalismo en San Cristóbal, del 9 al 12 de octubre.
• Acompañamiento a un grupo de desplazados de las Abejas durante su reubicación de un campamento a otro en el municipio de Chenalhó.

Información:

• Gira de un miembro del equipo en los EE.UU. del 2 al 12 de octubre para participar en una conferencia internacional sobre iniciativas de paz y hablar con ONGs, iglesias, organismos internacionales y con la prensa.
• Gira de un miembro del equipo por Alemania por cuatro meses para presentar la situación en Chiapas y el trabajo de SIPAZ a ONGs, grupos de solidaridad y representantes gubernamentales.
• Publicación de un artículo en NACLA Report on the Americas sobre los resultados de las elecciones estatales.
• Elaboración de un informe sobre la observación electoral realizada el 20 de Agosto

Educación:

• Organización de un taller de CAPACITAR del 12 al 14 de septiembre para ONGs y representantes de comunidades indígenas sobre Trauma, Sanación y Transformación.
• Asesoría en un taller de Transformación de conflictos con mujeres líderes en Las Margaritas.
• Facilitación de talleres de Transformación de Conflictos con educadores de la Casa de la Ciencia y para el Centro de Investigación y Apoyo a la Mujer (CIAM).
• Facilitación de un taller con representantes de comunidades pertenecientes a organizaciones indígenas y campesinas de la zona Cañadas (Análisis de conflictos y búsqueda de estrategias pacíficas).