:: SINTESIS

La situación de Chiapas en estos últimos meses puede describirse como la de una olla de presión hirviendo y estrechamente cerrada. El control de esta situación por parte del Ejército Mexicano se ha intensificado por medio de la instalación de más campamentos militares y de nuevos puestos de control que obstruyen el libre tránsito. Varias comunidades indígenas asentadas en la Selva desde hace varios años fueron recientemente acusadas de haber cometido "infracciones ecológicas", ordenándoles sin más retirarse del lugar. Ellos reclaman que el motivo de esta orden es que se pueda avanzar en la construcción de un corredor que conecta a dos importantes bases militares de la zona. El acoso de las fuerzas de seguridad (incluyendo vuelos rasantes) a supuestos simpatizantes Zapatistas constituye un constante hostigamiento a las comunidades indígenas, quienes ya comienzan a mostrar los impactos físicos y psicológicos que esta guerra les ha generado.

La presión militar es el principal reclamo de la continua protesta popular, la que recientemente incluyó cierres de caminos, marchas y una Consulta Nacional sobre los Derechos de la Mujer.

Otro reclamo de los Zapatistas y de las comunidades indígenas tiene que ver con la implementación de los Acuerdos de San Andrés. Firmados en 1996, siguen incumplidos por el desacuerdo en cuanto a su implementación legislativa.

Las recientes declaraciones de funcionarios de gobierno dan lugar a un pronóstico poco alentador respecto a la resolución del conflicto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue una y otra vez criticado por su poca disposición al diálogo. Además, el Presidente Zedillo declaró que "el diálogo con el EZLN no va a resolver el problema de Chiapas". Francisco Labastida, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido oficial), profundizó: "no se puede sustituir los poderes legislativos del país por un pequeño grupo de personas. Las leyes no se hacen en la Selva." Los Acuerdos de San Andrés, negociados y firmados por el gobierno federal, requieren una reforma legislativa respecto de los derechos indígenas. Al parecer, rechazar no solamente el resultado sino la legitimidad misma del proceso de negociación previo, Labastida ha dado pocas esperanzas a las posibilidades de pacificación en caso de resultar electo.

La influencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA, una comisión parlamentaria) es obstruida por desacuerdos internos de los partidos. Otro actor clave del conflicto, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, entró en una transición a partir del nombramiento de Felipe Arizmendi, Obispo de Tapachula (Chiapas), quien reemplazará al saliente Obispo Samuel Ruiz. Mons. Arizmendi, considerado moderado, dio una nota conciliatoria al comentar en su homilía de toma de posesión: "yo no voy a San Cristóbal a competir o destruir, sino más bien a complementar". Aquellos que temían la posibilidad de un cambio abrupto en la práctica pastoral de la diócesis, sintieron alivio. Otros señalaron que la influencia de la diócesis como protector de los indígenas y del esfuerzo de paz seguramente disminuirán con la salida del Obispo Ruiz, por su importante peso político.

Mientras tanto, existe un incremento en las visitas a Chiapas por parte de diplomáticos así como de las críticas provenientes del ámbito internacional sobre los pocos avances de México en materia de derechos humanos.

Luego de su visita a México en febrero pasado, Erika Daes, Presidente del Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas de la ONU, hizo un llamado al gobierno a respetar los Acuerdos de San Andrés. Sostuvo que el Ejército Mexicano debe suspender los patrullajes en Guerrero y Chiapas, retornar a sus cuarteles y focalizar la atención en conflictos de índole externa. Asimismo llamó a los grupos guerrilleros a deponer las armas y buscar el diálogo. También en febrero, la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir publicó un informe de su investigación en México el pasado julio. Concluyó que los responsables de conocidas masacres no han sido juzgados y que "la incapacidad del sistema judicial tiene como consecuencia un incremento en las violaciones de derechos humanos". Llamó al gobierno a desmilitarizar la sociedad y a abstenerse del uso de las fuerzas armadas para actividades de seguridad interna. Otras voces que criticaron la violación de derechos humanos en México durante este período, fueron el Departamento de Estado de los Estado Unidos en su informe anual y representantes del Parlamento Europeo quienes lamentaron el rol de los grupos paramilitares en Chiapas.

Funcionarios de gobierno generalmente rechazan o minimizan estas críticas. Sin embargo, en un inusual reconocimiento, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario Green admitió durante un viaje a Europa que México no ha podido terminar con las violaciones de derechos humanos ni afianzar una cultura de respeto a los mismos, así como tampoco un avance contra la impunidad.

A pesar del cada vez mayor costo para las comunidades indígenas, el conflicto en Chiapas no ha sido un punto relevante en la agenda electoral de las próximas elecciones presidenciales. Fijada la elección para el 2 de julio, el candidato del PRI, Francisco Labastida y Vicente Fox del PAN (el centro derechista Partido de Acción Nacional) se presentan como los candidatos más fuertes. Cuauhtémoc Cardenas del PRD (centro izquierdista Partido de la Revolución Democrática), actualmente entre los tres principales candidatos, ha quedado detrás de los dos primeros.

La elección para Gobernador en Chiapas el 20 de agosto próximo, está siendo fuertemente disputada por los candidatos del PRI, Sami David y Pablo Salazar, Senador de PRI que renunció a su partido y que desde entonces ha ido ganando el apoyo de una amplia base opositora. Salazar, quien se ha comprometido seriamente con el proceso de paz, aparece como el favorito, aunque la situación aún permanece impredecible. Esta incertidumbre se debe tanto al historial de fraude en Chiapas como a los obstáculos que el nuevo gobernador deberá enfrentar en el momento de implementar cambios.

En otros asuntos, la reciente deportación del veterano observador electoral Ted Lewis (a pesar de poseer credencial de observador emitida por el Instituto Federal Electoral) ha dado lugar a suponer que el Gobierno Mexicano podría expandir su campaña en contra de los observadores internacionales de derechos humanos a los observadores electorales también.

Mientras tanto, México sigue buscando activamente acuerdos internacionales en materia comercial. A mediados de febrero, México y la Unión Europa acordaron un tratado de libre comercio. Fue ratificado por la Unión Europea y el Senado mexicano. Sin embargo su implementación fue impedida debido al fracaso para obtener aprobación en el Parlamento italiano.

Prosiguieron las negociaciones de tratados de libre comercio con Japón e Israel. Como en el caso del acuerdo europeo, fuerzas opositoras y organizaciones sociales declararon haber sido dejadas fuera de las conversaciones y sin atender a sus reclamos.

ACCIONES RECOMENDADAS:

1. Instar a la administración Zedillo a:
   • Implementar las recientes recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, incluyendo: "Asegurar la desmilitarización de la sociedad y evitar utilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el estado de derecho o para erradicar la criminalidad... Terminar con la impunidad de ciertas clases o jerarquías de personas privilegiadas..."
   • Respetar la función internacionalmente reconocida de observación electoral y la autonomía del IFE (Instituto Federal Electoral) al conceder una visa al experimentado observador electoral Ted Lewis.
2. Difundir información -como este Informe- sobre la situación que prevalece en Chiapas.

:: ACTUALIDAD

"Chiapas: beligerencia militar, resistencia diplomatica"

Nuevo obispo

El 31 de marzo se dio a conocer el nombramiento del Obispo de Tapachula, Mons. Felipe Arizmendi, como sucesor de Don Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En una de sus primeras reacciones, el Obispo Arizmendi dijo: "no voy a San Cristóbal a competir ni a destruir, sino a complementar".

Representantes de esta diócesis expresaron beneplácito ante la noticia y el mismo obispo Samuel Ruiz solicitó a todos los agentes de pastoral y a los católicos de la diócesis local, la "continuación de su acompañamiento y apoyo al camino diocesano", ahora que, a partir del primero de mayo, el pastor será Mons. Arizmendi.

Movimientos castrenses

Durante este trimestre han sido frecuentes las denuncias de las comunidades sobre la presencia militar, los sobrevuelos, el número de campamentos y retenes y el hostigamiento por parte de los militares alrededor de varias comunidades indígenas en resistencia. Manifestaron además que el Ejército ha establecido una red de indígenas priístas para espiar e internarse a los poblados para fotografiar y hostigar a los simpatizantes zapatistas.
El 17 de marzo, cientos de indígenas de la Selva Lacandona que en 1994 asentaron sus poblados en la reserva de Montes Azules, fueron emplazados por las autoridades a abandonar el lugar antes de ser desalojados, acusándoles de "delitos ecológicos". El 3 de abril, decenas de agentes de la Policía Federal Preventiva arribaron al ejido Candelario (Ocosingo), acusando a los pobladores de "daño ecológico" y amenazándolos con desalojarlos si no abandonan de manera voluntaria los asentamientos que tienen en la reserva de la Selva Lacandona desde la década de los 70. La explicación de los habitantes mismos es que ellos constituyen un obstáculo en la construcción del corredor militar San Quintín-Guadalupe Tepeyac (dos de los cuarteles más importantes en la Selva).

Mientras tanto, se vieron varios ejemplos de resistencia civil de parte de los simpatizantes zapatistas, a través de bloqueos de carretera, marchas (como la del Día Internacional de la Mujer, contando con 15.000 participantes mujeres y hombres) y otras actividades (como la Consulta Nacional por los Derechos de la Mujer en el marco del Día Internacional para la Mujer y realizada en 50 municipios de Chiapas, contando con la participación de más de 85 mil personas). Las principales demandas siguen siendo el desmantelamiento de los campamentos castrenses, la cancelación de los retenes, el retiro del Ejército mexicano de la región y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Acuerdos de San Andrés

Al cumplirse cuatro años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el secretario general de la Comisión del Episcopado Mexicano (CEM), Abelardo Alvarado, observó que la situación en Chiapas es preocupante, dado que todavía no hay una nueva instancia de mediación. Agregó que la Iglesia no puede ser mediadora porque sufriría el mismo hostigamiento que don Samuel Ruiz cuando estuvo en la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).

Durante su gira por Chiapas, el presidente Zedillo aseguró que él "sí" ha cumplido con los Acuerdos de San Andrés, mientras que Francisco Labastida, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su visita al inicio de marzo, ya había cancelado cualquier posibilidad de negociar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, cambios a la iniciativa presidencial sobre los Acuerdos de San Andrés. Manifestó que "no se puede sustituir, por un pequeño grupo de gente, a los poderes legislativos del país. Las leyes no se hacen desde la Selva".

Carlos Payán y Gilberto López y Rivas, integrantes perredistas de la Comisión de Concordancia y Pacificación, la COCOPA, manifestaron que el incumplimiento del gobierno federal de los Acuerdos de San Andrés ha provocado que a cuatro años de que fueron firmados, son "virtual letra muerta", que la situación de los indígenas ha empeorado y las posibilidades de reanudar la negociación con el EZLN se complican cada vez más.
Por oposición de los senadores del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Ley Indígena elaborada por Zedillo tampoco será aprobada en este sexenio, porque, según los mismos senadores, esta ley no respondería a los acuerdos de San Andrés.

Parálisis de la COCOPA

El viejo aletargamiento de la COCOPA se ha agudizado en los últimos meses por el veto de sus miembros priístas a nuevas iniciativas, entre ellas una visita a Chiapas para investigar las denuncias sobre el aumento de la militarización. Además votaron en bloque para cancelar el Seminario Internacional sobre Negociadores de Paz en Conflictos Armados, impulsado por el senador del PRD, Carlos Payán. Tras insistir en las críticas a la representación del PRI en la Comisión, Payán observó que si esta instancia legislativa sirviera "aunque sea solamente para preservar el alto al fuego en Chiapas: eso sería un papel muy importante para que se mantuviera en la próxima legislatura".

Declaraciones oficiales

En la tercera semana de febrero, el Coordinador Gubernamental para el Diálogo, Emilio Rabasa, manifestó que el conflicto chiapaneco no se podrá resolver en este sexenio porque el EZLN se empeña en prolongarlo y que la intransigencia de los zapatistas está acabando con la paciencia de la sociedad civil.

A finales de marzo, Rabasa sostuvo además que el levantamiento del EZLN sólo sirvió para hacer "evidente a nivel nacional e internacional la dramática situación de miseria y marginación en que viven muchas comunidades indígenas en Chiapas", pero no ayudó a resolver el problema; por el contrario, la prolongación del conflicto armado ha agudizado las carencias, especialmente en las zonas en que están instalados los zapatistas. El presidente Zedillo, durante su gira número 31 en la entidad, calificó la situación en Chiapas como "una cultura de violencia que desgraciadamente todavía se sufre en algunas comunidades".

Comentarios internacionales

Durante su visita a México, en la primera semana de febrero la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Erika Daes, pidió al Gobierno Mexicano que respetara los Acuerdos de San Andrés. Opinó que en Guerrero y Chiapas, el Ejército mexicano debe suspender sus patrullajes y regresar a sus cuarteles, que se debe castigar a los responsables de las matanzas en dichos estados y se manifestó para que los grupos guerrilleros dejen las armas y "hagan un esfuerzo pacífico para dialogar con el gobierno". Agregó que la ONU podría participar como mediadora en el conflicto si el gobierno y el EZLN se lo pidieran.

Una semana después, su colega, la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, presentó en la ONU el informe sobre su viaje a México en julio de 1999. Ahí manifestó que los gobiernos federal y local, el Ejército, los grupos paramilitares y grupos armados de oposición "realizan ejecuciones de personas inocentes en todo el país, principalmente en Chiapas y Guerrero". Agregó que con respecto a las masacres en dichos estados, "no se ha capturado a todos los responsables intelectuales y materiales" y que además "la incapacidad del sistema judicial en México provoca el incremento a las violaciones de los derechos humanos". Recomendó al Gobierno Méxicano de "continuar el proceso de reformas que ya inició", pero al mismo tiempo "que desmilitarice la sociedad" y "que evite utilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el estado de derecho o para erradicar la criminalidad". El Procurador General de la República Jorge Madrazo opinó que el informe fue hecho "sin pruebas y sin objetividad". La Secretaria de Relaciones Exteriores dijo que la relatora rebasó sus funciones al analizar en su informe el papel del Ejército federal y calificó el informe como carente de equilibrio y objetividad.

El 23 de marzo la canciller Rosario Green, durante su gira europea, ya había reconocido en Portugal que México "lamentablemente" no ha sido capaz de acabar con las violaciones a los derechos humanos, ni cimentar "de manera muy sólida" una cultura de respeto a esas garantías y de combate a la impunidad.

En su informe anual, presentado a finales de febrero, el Departamento de Estado Norteamericano observó que el Gobierno Mexicano "generalmente ha respetado muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos", sin embargo persisten "serios problemas", como la corrupción de la policía, el arresto arbitrario, la ineficacia y corrupción judicial, la discriminación contra comunidades indígenas, amenazas contra los promotores de derechos humanos, entre otros.

El 2 de abril, el presidente del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central y México, Antonio Seguro, durante una visita a la entidad, se mostró dispuesto a mediar en el conflicto chiapaneco. Aunque el gobernador Albores le aseguró que no tiene conocimiento de que existan grupos paramilitares en Chiapas, Seguro planteó: "Nos parece que para que el estado de derecho se cumpla en Chiapas, se debe luchar contra los paramilitares, que son un obstáculo para que los desplazados regresen a sus hogares".

Jurisdicción internacional

A finales de febrero, desde Washington, el coordinador de la misión diplomática de México ante la Organización de los Estados Americanos, hizo saber que México no asistirá a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo. El coordinador indicó que temía ser "sentado en el banquillo de los acusados". El gobierno fue invitado por un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas. En la audiencia del 2 de marzo, estas ONG nacionales presentaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en México.

Unos días después, ocho organismos internacionales (entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch) informaron que mantienen su denuncia ante la CIDH de que el Gobierno Mexicano se niega a cumplir las recomendaciones que la CIDH le ha dirigido.

México y el comercio internacional

A mediados de febrero, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron por unanimidad el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. Un mes después, el Parlamento Europeo dio su visto bueno al acuerdo comercial. En la tercera semana de marzo, el Senado mexicano aprobó el TLC. El último obstáculo ahora es el Parlamento de Italia que no llegó a un consenso interno para ratificar el convenio. Hasta que el Parlamento no lo ratifique, el tratado no podrá entrar en vigor.

Mientras que el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, realizó un viaje a Japón para promover la firma de acuerdo comercial con este país asiático, el proceso de la firma de un acuerdo semejante avanzó más con Israel. Aunque los líderes de los dos países ya firmaron el acuerdo, el Senado mexicano no lo ha ratificado todavía.

Como en el caso de la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, la oposición y varias organizaciones sociales manifestaron que ellas habían sido dejadas de lado en las negociaciones previas.

Nueva expulsión

La deportación reciente del observador electoral norteamericano Ted Lewis por parte de las autoridades migratorias ha levantado la preocupación en algunos de que el Gobierno Mexicano esté ampliando su campaña contra observadores internacionales de derechos humanos hacia observadores del proceso electoral también. Lewis, el Director del programa de Global Exchange (EE.UU.) para México, fue deportado a pesar de haber obtenido la aprobacián del Instituto Federal Electoral (IFE) para desarrollar algunas actividades de observación vinculadas a la actual campaña electoral. El consejero del IFE, Jaime Cárdenas, expresó su inquietud de que la Secretaria de Gobernación, a través de las autoridades migratorias, esté poniendo obstáculos a los observadores extranjeros.

Creando puentes: Visitas internacionales de alto perfil a Chiapas…

En los últimos meses, un mayor número de representantes internacionales ha llegado a Chiapas: expertos de la ONU, los Embajadores de Alemania, Inglaterra y Japón, parlamentarios europeos, congresistas norteamericanos, etc. Muchos han querido abrir su agenda a otro tipo de contactos que los previstos por el gobierno federal y estatal. Varios de ellos han pedido a SIPAZ compartirles nuestro análisis y ayudarles en la organización de su agenda sobre todo con actores civiles y para visitar las comunidades.

Como manifestaron el Embajador alemán Wolf Ruthart Born y el Primer Secretario de la Embajada norteamericana, Brian Nichols, se trata de conocer todos los puntos de vista (oficiales, empresariales, eclesiales así como de la sociedad civil indígena y mestiza) para llegar a entender mejor la situación y el conflicto chiapaneco y así informar mejor a su gobierno sobre la situación real.

Las ONG locales han interpretado el aumento de las visitas de alto perfil en gran parte como una consecuencia de la pérdida de credibilidad del gobierno mexicano ante instancias internacionales. También señalan que más allá de una preocupación de fondo por la situación de los derechos humanos, se puede tratar de un interés más pragmático en cuanto a las condiciones para la inversión en la zona, ya que Chiapas es un estado atractivo a ese nivel. No obstante, siguen considerando esta afluencia como una oportunidad valiosa para dar otra versión de los hechos. Otro factor que, según las ONGs mexicanas ha influido en estas visitas, es la presión de sus contrapartes, grupos de solidaridad e iglesias en el extranjero sobre sus gobiernos con un posicionamiento cada vez más claro y estratégico.

En el marco de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y por la existencia de una cláusula democrática y de derechos humanos como parte integral de dicho tratado, las ONG más que todo ven una posibilidad de cabildear con las Embajadas de los países que conforman la Unión Europea.

Las comunidades indígenas que tuvieron la oportunidad de interactuar con los representantes oficiales también valoran la disposición de éstos a hablar con ellas. ‘Las Abejas’ que recibieron al Embajador alemán en febrero y al inglés en marzo comentaron a SIPAZ: “Nos ha limitado el gobierno, obstaculizando nuestro paso. Pero por los que nos invitan o vienen a visitar, se abre el camino para dar paso. Nos está fortaleciendo mucho nuestro corazón, sabiendo que nuestra palabra se extiende por todo el mundo.

En el mismo sentido, en febrero pasado concurrió a Chiapas Gautier Mignot, Primer Secretario de la Embajada de Francia, para entregar a la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas Xi’ Nich la Mención Especial con que cada año esa república reconoce el trabajo de diversas organizaciones y personas en todo el mundo por su defensa y promoción de los derechos humanos. En la ceremonia de entrega, los dirigentes de Xi’ Nich agradecieron la presencia de Mignot y el reconocimiento de Francia a su trabajo, en contraste con la persecución y el hostigamiento del gobierno del que ha sido objeto la organización en sus ocho años de existencia.

En cuanto a cómo perciben su papel los diplomáticos, señaló el Embajador alemán: “Estoy en México para fomentar las relaciones entre nuestros dos países. Chiapas no es un obstáculo en esa amistad con México. Es una cuestión de derechos indígenas y humanos, y tenemos que hablarlo con mucho respeto”. El espera que, gracias a este respeto, se pueda atenuar la susceptibilidad del gobierno mexicano respecto de la observación internacional. “Es un proceso de aprendizaje de ambas partes”, agrega.

Por su afán de hablar con todas las partes, estos actores pueden crear puentes entre la realidad de Chiapas y la de sus países, así como contribuir al diálogo en México.

:: ENFOQUE

Chiapas: ¿marco de un conflicto religioso?

El encono religioso exacerbado después del levantamiento de 1994 ha sido presentado a veces como el trasfondo de la conflictividad que lacera Chiapas: más de 30 000 evangélicos expulsados, más de 30 templos católicos cerrados, varios sacerdotes extranjeros deportados, situaciones de violencia abierta o latente en comunidades divididas, etc. Pero hay quienes subrayan que una lectura de este tipo es "artificial" o utilizada para encubrir intereses económicos y políticos de algunos sectores.

Ciertamente, una explicación maniquea de "buenos vs. malos" no da cuenta de la complejidad de la realidad chiapaneca. Tampoco se puede hacer generalizaciones en el ámbito religioso: no todos los católicos están de acuerdo con la línea de la diócesis de San Cristóbal (menos aún con los zapatistas); ni todos los evangélicos son priístas (menos aún paramilitares), para retomar los estereotipos más comunes que se escucha. Por ello, trataremos de asomarnos a los mitos que existen en torno a la situación religiosa e intentaremos rescatar las perspectivas de reconciliación a un nivel más amplio.

Un poco de historia

Desde la colonización española, la iglesia católica predomina en México y en toda América Latina. En la Constitución mexicana de 1824, "se considera a la religión católica apostólica y romana como la única y suficiente en todo México, sin tolerancia de ninguna otra". La situación cambió después de la Independencia con los liberales en el poder (Ley de Reforma de 1857 que exige que la Iglesia venda todas sus pertenencias) y con la Revolución Mexicana (1910-1920: implementación de leyes anti-clericales). A pesar de esto, el catolicismo ha sido y sigue siendo un componente importante de la identidad mexicana: hoy, alrededor del 75-80% de la población nacional se considera católica.

El protestantismo llegó a México a principios de 1872, pero no fue hasta la Conferencia Misionera de Cincinnati en 1914 donde América Latina fue dividida para su evangelización entre diferentes denominaciones evangélicas. El sureste Mexicano quedó bajo la jurisdicción de la Iglesia Presbiteriana del Norte (de EEUU) quien lo concedió a la Iglesia Reformada de América. También hubo contactos con misioneros presbiterianos de Guatemala. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la llegada de grupos pentecostales con una liturgia más participativa. También, han llegado otras denominaciones: adventistas, testigos de Jehová, etc.

En Chiapas, la población evangélica ha ido creciendo a un ritmo que no tiene comparación con otros estados mexicanos. Según la diócesis de San Cristóbal, en 1960 había 4.2% de evangélicos en el estado. Hoy en día, serían 23%. Del resto, 57% serían católicos romanos y 20% católicos tradicionalistas (1) o ateos. Los evangélicos representan el 40%, según varios grupos evangélicos.

El porqué del crecimiento evangélico en Chiapas

Algunos explican el crecimiento evangélico por las limitaciones prácticas del trabajo pastoral católico. El número de sacerdotes difícilmente permitió cubrir las necesidades de las miles de comunidades que conformaban la diócesis de Chiapas (que incluía a San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula). Oscar Salinas, Vicario de Pastoral de la primera subraya: "La iglesia católica abandonó a las comunidades indígenas por 100 años. En 1857, con las leyes de reforma, […] casi todas las misiones quedaron abandonadas".

La llegada de misioneros extranjeros de la Iglesia Reformada de EEUU al principio del siglo pasado es señalado como otro factor por la formación de pastores indígenas que siguieron sus pasos. Algunos han mencionado el estilo particular de las iglesias evangélicas, distinto de la iglesia católica, para crear nuevas iglesias. Según Esdras Alonso, pastor y Presidente de Visión Aguila 2000 A.C., las curaciones durante los cultos contribuyen a la conversión. También ayuda el hecho de prohibir el consumo de alcohol (disminuyendo así los problemas sociales y familiares derivados del consumo excesivo de alcohol).

En las voces más críticas, se escucha el argumento de que, entre los años 1970 y 1980, las iglesias evangélicas fueron empujadas desde los Estados Unidos en el marco de una estrategia contrainsurgente contra la Teología de la Liberación en América Latina (que era vista como "comunista"). Cf. Documentos de Santa Fé de la era Reagan. En Chiapas, esta estrategia coincidió con el viraje en la línea pastoral de la diócesis.

La opción preferencial por los pobres de la diócesis de San Cristóbal

En 1960, el obispo Samuel Ruiz llegaba a Chiapas con la intención de 'educar' a los indígenas, convencido que sólo faltaba darles zapatos y enseñarles el español para que pudieran ser felices. Sin embargo, el encuentro con los indígenas de Chiapas, el Concilio Vaticano II y posteriormente la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) iban a trasformarle profundamente.

En 1962, la diócesis empezó un programa para capacitar a indígenas, descentralizando así la acción pastoral y arraigándola más en las comunidades indígenas. Desde entonces, se sembró las bases de un entendimiento distinto de la Biblia: la teología india (2). Hoy, la diócesis cuenta con el mayor número de diáconos indígenas en el mundo (cerca de 400) y con alrededor de 8000 catequistas (eran 700 en los años 60).

La opción para los pobres ha generado disensos dentro de la misma diócesis al dar prioridad a las comunidades indígenas sobre las cabeceras municipales (donde están las clases medias, el poder económico y político). Por ejemplo, en San Cristóbal, existe un grupo de ciudadanos de la clase media-alta (denominados "auténticos coletos" (3) quienes han criticado a Samuel Ruiz en varias ocasiones e incluso agredido físicamente a la catedral).

Primeras tensiones entre evangélicos y católicos

Entre los años 1934 y 1940, empezaron a llegar los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, una iniciativa evangélica que tiene un programa de traducción de la Biblia en varios idiomas. Según algunos sociólogos y antropólogos, a partir de los años 1960, esta presencia contribuyó a generar más tensiones con los católicos tradicionalistas Samuel Ruiz explica: "La agresión al culto de las imágenes [de los santos] desarticula la organización de la comunidad indígena que se aglutina, junto con sus autoridades religiosas y cívicas, en torno a las fiestas religiosas; y la predicación milenarista que anuncia la inminencia del fin del mundo incrementa los miedos opresivos del indígena".

Reconoció que "al sentirse invadidas y agredidas, las comunidades católicas reaccionaron de manera violenta, demoliendo los lugares de culto evangélico, impidiendo la construcción de otros y expulsando a los conversos".

Expulsiones: ¿por motivos religiosos?

La mayoría de los casos de expulsiones se da entre evangélicos y católicos tradicionalistas. A finales de 1970 ocurrieron las primeras expulsiones -entre ellas, la del sacerdote católico- en San Juan Chamula. Luego expulsaron a más de 30 000 indígenas convertidos a distintas iglesias evangélicas. El actual presidente municipal de Chamula argumenta que "la religión evangélica contradice la tradición del pueblo Chamula". La afirmación alude a que no permite que sus miembros participen en las fiestas tradicionales, por lo que ya no compran velas, posh (4), refrescos, etc. Esto amenaza el poder de los caciques (5) que muchas veces son también dueños de las tiendas.

En el mismo municipio, en las últimas elecciones municipales, el PAN (Partido de Acción Nacional) obtuvo cuatro regidurías (puestos en el Consejo Municipal), pero no ha podido tomar posesión de ellas. En Chamula, no se permite a nadie estar en contra de las "tradiciones", entendiendo por éstas ser priísta y católico tradicionalista a la vez ("en San Juan Chamula, se nace priísta", recalca el actual alcalde).

Si bien Chamula es un caso extremo, intereses económicos y políticos aparecen en muchas situaciones de "intolerancia religiosa". También cabe resaltar el manejo político que se hace de las expulsiones. Recientemente, varias familias evangélicas desplazadas de Plan de Ayala (Las Margaritas) retornaron a su comunidad en presencia de representantes del gobierno estatal, el que pagó indemnizaciones y les ofreció ayuda económica para reconstruir sus casas. Sin embargo, los mismos dirigentes evangélicos, como el pastor Esdras Alonso critican al gobierno por no aplicar las leyes que permiten la libre practica del culto religioso y que prevendrían las expulsiones. A cambio, en el caso de la zona Norte, donde el gobierno firmó acuerdos para el retorno de varios desplazados (en su mayoría católicos, de una organización de oposición), después de cinco años todavía no les han pagado las indemnizaciones prometidas y algunos ni han podido regresar a sus hogares.

Encono religioso y levantamiento zapatista

Debido a su opción por los pobres, la diócesis de San Cristóbal y principalmente su obispo Samuel Ruiz fueron acusados por varios sectores mexicanos (gubernamentales, empresariales, "auténticos coletos", algunos grupos evangélicos, etc.) de promover la violencia a través de la "teología de la liberación".

Ciertamente, algunos catequistas, líderes de sus comunidades se han unido a las filas zapatistas. La diócesis fue muy clara en su posicionamiento: "Comprendemos la situación subjetiva de muchos hermanos nuestros que han optado por un camino que consideramos equivocado. Merece toda nuestra comprensión este grito de angustia de quienes entregan su vida en busca de mejores condiciones […]. Como Diócesis declaramos que la violencia obstruye el camino de las soluciones verdaderas, y desde este rechazo de la violencia, queremos acompañar al pueblo" (enero de 1994). Hay también catequistas quienes apoyan las demandas zapatistas aunque se autodenominan "bases zapatistas" (civiles).

Distintos líderes evangélicos nos comentaron que al principio de 1994 se acercaron a los mandos zapatistas con la esperanza que pudieran ayudar a resolver sus problemas de expulsiones. Incluso algunos evangélicos se unieron a la lucha. Pero muchos se sintieron excluidos del proceso de mediación encabezado por Samuel Ruiz (presidente de la Comisión Nacional de Intermediación entre 1995 y 1998) ya que no había ninguna representación evangélica en la misma.

El discurso zapatista de "mal gobierno" puede haber molestado a los grupos evangélicos quienes de manera general respetan a las autoridades, basándose en la Biblia (Romanos 13-1,2) "Sometáse cada persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidos. De modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, accarean condenación para sí mismos."

Algunos grupos evangélicos también expresan dudas en cuanto a los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, pues temen que el 'respeto de los usos y costumbres' pueda ser pretexto para la intolerancia religiosa. Ciertamente ha habido abusos en el manejo del término (en San Juan Chamula, por ejemplo).

Divisiones, rumores y politización

Ciertamente el panorama religioso es más complejo que una sencilla dicotomía entre católicos y evangélicos. En la zona Norte existen comunidades católicas independientes que no aceptan a los sacerdotes diocesanos y que pidieron al obispo de Tabasco de enviarles "sacerdotes que no son de Chiapas y que no se meten en política". Por otro lado, el párroco de Tila Heriberto Cruz cuenta que en los últimos cinco años, 24 templos católicos fueron cerrados por la organización Desarrollo, Paz y Justicia. En la comunidad de El Limar, los católicos de dicha organización tienen sus celebraciones en el templo que se han apropiado, mientras que los de la diócesis se reúnen en la casa de una catequista. En las comunidades divididas por razones políticas, es muy común tener dos servicios religiosos católicos.

En este sentido, los rumores pueden ser también un arma muy poderosa. El ejemplo más representativo es el de la masacre de Acteal donde murieron 45 indígenas. También fue sujeta a interpretaciones religiosas, ya que en un principio, se ha manejado que las víctimas eran evangélicas. Por otra parte, en la prensa nacional e internacional, se ha querido generalizar el hecho que los perpetradores de la masacre eran evangélicos. Aunque es cierto que las víctimas eran católicas, no hay certidumbre en cuanto al credo de los victimarios. Un análisis de fondo nos permite descubrir que las razones tienen mucho más que ver con aspectos políticos y económicos.

Esperanzas para el futuro

Existen signos alentadores de diálogo, reconciliación y trabajo ecuménico desde antes del levantamiento zapatista. No es algo fácil, si partimos de las distintas interpretaciones de las palabras 'ecumenismo' y 'cristiano'.Juan Sinclair, un pastor presbiteriano de los EEUU define el ecumenismo como "un compromiso común de buscar la unidad cristiana". Sin embargo, muchos evangélicos en Chiapas consideran que la palabra 'ecumenismo' viene de la iglesia católica y no se quiere acercar a ello. Por su parte, los evangélicos usan la palabra "cristianos" para autodenominarse, no siempre incluyendo a los católicos.

Es más fácil encontrar aspectos comunes entre las iglesias fijándose más en las necesidades de la gente que en los discursos teológico-pastorales. Por ejemplo, desde 1992, la diócesis de San Cristóbal comenzó un programa de apoyo a los expulsados de Chamula. Una hermana preguntó a Samuel Ruiz "¿Cómo voy a empezar este trabajo si yo soy católica y ellos evangélicos?". "Sólo tienes que amarles" le respondió. Pronto se juntaron dos programas : Syjac (en tzotzil, 'sirviendo a nuestro pueblo') y Habitat por la Humanidad. Juntos construyeron más de 250 casas para los expulsados y 2000 para los evangélicos que retornaron a Chamula. En más de una ocasión, los evangélicos han defendido a Samuel Ruiz (por ejemplo de los ataques de los 'auténticos coletos').

La organización ORIACH (Organización de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas) es otro ejemplo de trabajo ecuménico, donde los indígenas adventistas, presbiterianos, pentecostales y católicos se unieron para luchar por las mismas necesidades : regreso a su tierra y democratización interna de los pueblos indígenas.

El proyecto de traducción de la Biblia al tzotzil unió a presbiterianos y a católicos de Chenalhó alrededor de una necesidad común. El proyecto tardó más de diez años (se terminó en 1998) y trabajaron juntos a tiempo completo dos pastores presbiterianos y dos catequistas católicos.

Desde diciembre de 1997, otro proyecto que busca responder a un nivel más de base es la Escuela Bíblica de Formación Integral, una escuela ecuménica que ofrece cursos a alumnos de diferentes confesiones cristianas, a partir de necesidades comunes: salud, derechos humanos, resolución de conflictos, etc. (Ver Informe de SIPAZ, Agosto 1998, Año 3, No.3)

La religión, recurso para la paz

Más que una fuente de conflictos, la religión puede propiciar el acercamiento. El trabajo ecuménico y la reconciliación son posibles, como lo dice el misionero de la Iglesia Reformada, Rene Sterk, cuando la gente está dispuesta a recibir y reconocer al 'otro' como su hermano en Cristo y a romper con el estereotipo del supuesto enemigo, sobre todo entre indígenas de un mismo pueblo. Para llegar a la reconciliación, habrá que asumir cada quien su responsabilidad y pasar antes por la verdad, la justicia y la paz.
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(1) Los católicos tradicionalistas (o costumbristas) son los que usan de manera sincrética elementos del catolicismo en su cosmovisión maya y que, en mayoría de los casos, no reconocen la autoridad de la iglesia católica romana. (Volver)

(2) La misma diócesis no habla de "teología de la liberación" sino de "teología india". La teología de la liberación es una lectura bíblica desde el lugar de los oprimidos y que usa de las ciencias sociales herramientas para analizar la realidad. Fue desarrollada en América Latina en la década de los años 1960-1970. Según el documento del III Sínodo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la teología india se define como "una teología que busca reconocer la presencia y acción de Dios [...] que se manifiestan en la vida, en la palabra y en la sabiduría de los antepasados en las diferentes culturas". (Volver)

(3) Habitantes de San Cristóbal de las Casas que se consideran a si mismos descendientes directos de la reyesa española. (Volver)

(4) Bebida alcohólica regional. (Volver)

(5) Líderes tradicionales en las comunidades indígenas (Volver)

:: ANALISIS

Chiapas relegado a segundo plano

Hojear periódicos tanto locales como nacionales podría dejarnos la impresión de que se ha cerrado el capítulo inconcluso del levantamiento zapatista de 1994. Las próximas elecciones presidenciales (2 de julio) y para gobernador de Chiapas (20 de agosto), varios escándalos políticos que habría que vincular con las mismas para entenderlos cabalmente y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico se llevan los principales encabezados.

Si bien el tema de Chiapas aparece en la propuesta de todos los candidatos, se ve diluido entre otros, como la lucha contra la pobreza, la política comercial y la seguridad nacional. Más aún: a pesar de las necesidades y problemas que enfrenta el país por el rezago histórico de justicia social, en muchas ocasiones la batalla electoral no parece centrada en aspectos de fondo sino en ataques personales.

Por su lado, integrantes del gobierno actual han seguido minimizando la situación en Chiapas sin reconocer su posible responsabilidad en la misma. Hacen oídos sordos frente al apoyo público de muchos indígenas y otros grupos de la sociedad civil al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), expresándose en forma despectiva sobre la posibilidad o conveniencia de un diálogo con ese grupo. Para ilustrar esto, se pueden mencionar los recientes comentarios del Presidente Zedillo (“el diálogo con el EZLN no resolverá el problema de Chiapas”), o del Coordinador gubernamental para el Diálogo en Chiapas Emilio Rabasa (“si no hay diálogo todo quedaría en un incidente”), o del candidato presidencial del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Francisco Labastida (“las leyes no se hacen desde la selva”). Dichos comentarios no ayudan a promover un posible acercamiento o contradicen el tan autodifundido afán gubernamental de reanudar el proceso de paz. Más que todo, lo comentarios del candidato Labastida indican que no piensa elevar a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés como los mismos Acuerdos lo requieren. Mientras tanto, el gobierno actual pretende ya haberlos cumplido.

También el discurso oficialista más común últimamente ha sido hablar del conflicto en Chiapas como de un problema de desarrollo económico. En este sentido, los gobiernos de las últimas décadas que han sido PRIístas no reconocen su responsabilidad en la mencionada e histórica falta de desarrollo.

En el contexto actual, el EZLN todavía no se ha posicionado respecto a los próximos comicios electorales. El riesgo al autoexcluirse completamente de este proceso sería el de limitar su margen político de negociación. En función de los resultados, podría llegar a ser visto y tratado igual que los otros grupos armados. Si eso ocurriera, el EZLN podría ver reducidos el perfil y la plataforma políticos que llegó a tener en los Acuerdos de San Andrés, y se acercaría más a la violencia como último recurso para hacerse oír.

Otro momento de inestabilidad para el proceso de paz se dará en agosto cuando, con el cambio de Congreso, se reconstituirá la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). Mientras tanto, dicha Comisión - conformada por diputados y senadores de todos los partidos presentes en el Congreso- sigue entrampada por la regla del consenso. Felipe Vicencio (diputado del PAN – Partido de Acción Nacional- e integrante de dicha Comisión) habla incluso de “situación de ‘muerte cerebral’”. Además, en los últimos meses, con frecuencia las decisiones se tomaron por intereses partidarios.

Mientras tanto, el prolongado estancamiento del proceso de paz sigue teniendo consecuencias dramáticas a nivel local y comunitario. Cabe destacar que si bien en Chiapas no se da una guerra en el sentido tradicional del término, sí persiste la presencia de dos ejércitos armados (aunque de dimensiones y accionar diferentes) y las tropas federales siguen cercando la zona de conflicto.

En el ámbito eclesiástico, se ha despejado una incógnita con el nombramiento de Mons. Felipe Arizmendi, considerado como moderado, como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los más pesimistas temen que este nombramiento deje vacíos que podrían implicar riesgos y posibles consecuencias político-militares. Advierten que sin hacer aspavientos ni rupturas, el cambio de obispo podría llevar a bajar el perfil de la diócesis en espacios políticos como el del proceso de paz entre el gobierno federal y el EZLN. En la medida en que Samuel Ruiz es un gran defensor de los pueblos indígenas, su salida abre la posibilidad de que ante un perfil más bajo de la diócesis, el gobierno intente implementar una estrategia más violenta contra las comunidades indígenas y el mismo EZLN.

En cambio, desde su fe y obediencia a la jerarquía eclesial, las bases católicas expresaron su disposición para acompañar al nuevo obispo en el camino que recorrerá a su lado. Muchos de ellos confían en la fuerza y profundidad del trabajo pastoral impulsado por Samuel Ruiz, tanto en la estructura diocesana como en las comunidades indígenas. Sin embargo, nada se sabe aún sobre lo que pasará con los actuales Vicarios y otros cargos claves de la estructura diocesana.

A nivel internacional, el último año se ha caracterizado por la multiplicación de acuerdos comerciales de México con varios países. El tratado con la Unión Europea sigue siendo el más controvertido, más que todo ahora con la negativa del Parlamento italiano a ratificarlo. Eso podría impedir la entrada en vigor del tratado prevista para el primero de julio de este año.

Antonio Seguro, el presidente del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central y México se ofreció para intermediar en el conflicto chiapaneco cuando el gobierno mexicano se lo solicite. Ya son varios los actores internacionales que se han ofrecido para una mediación, pero es poco probable que el actual gobierno mexicano acepte, sobre todo si mantiene su discurso de ‘soberanía nacional’ y de negación repetida en espacios internacionales sobre la existencia de un conflicto en Chiapas.

Tanto representantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de organismos internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc.) así como instancias de gobiernos extranjeros (Departamento de Estado de los Estados Unidos) observan que en México existen serias violaciones de derechos humanos y varios problemas en el sistema judicial (corrupción, falta de independencia frente a otros poderes, impunidad, etc.). Mientras tanto, el gobierno mexicano sigue defendiéndose desde la idea de soberanía nacional incluso negando las críticas provenientes desde los niveles más altos. Aceptar las críticas podría significar debilitar al PRI frente a un proceso electoral en el que nunca como hoy las posibilidades de perder la presidencia habían sido tan reales.

En efecto, por el momento las encuestas señalan una cerrada disputa entre Fox (el candidato del PAN) y Labastida (PRI) mientras que la campaña de Cárdenas (PRD, Partido Revolucionario Democrático) no ha levantado totalmente. También indican que cualquiera de estos tres candidatos tendría posibilidades de acceder a la presidencia sin oportunidades para los demás procedentes de partidos con menor número de miembros.

Respecto al conflicto chiapaneco, los tres candidatos que encabezan las encuestas abordan tangencialmente el tema. Tal vez, el candidato del PAN haya ofrecido propuestas más tajantes: retiro del Ejército, diálogo directo del Presidente con el EZLN y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. No obstante, analizando el énfasis puesto en lo económico de la campaña de Fox, no quedan claros ni la intencionalidad ni el realismo de sus propuestas para resolver el conflicto de Chiapas.

A nivel estatal, el actual gobernador Albores no parece querer cederle el espacio al candidato del PRI Sami David en su campaña para las elecciones de agosto. Mientras tanto, Pablo Salazar, ex miembro del PRI y candidato a la gubernatura por la alianza opositora se presenta como favorito. Cada vez más organizaciones sociales de diferentes colores políticos se están sumando a su campaña. Sin embargo, a nivel federal y local, la situación sigue siendo de incertidumbre, ya sea por los antecedentes de fraude como por la dificultad que tendrían los candidatos a la hora de implementar los programas presentados en sus campañas.

:: Actividades de SIPAZ en Chiapas

Marzo - Abril 2000

Entre otras:

Visitas y Contactos:

• Visita a la zona Norte (comunidades de los municipios de Tila y Sabanilla) para hablar con campesinos, desplazados, retornados, representantes de varias iglesias y organizaciones sociales, líderes de Desarrollo Paz y Justicia y autoridades locales.
• Visita a la Zona Norte, Jolnixtie y Libertad, en el marco de una investigación sobre la situación de los niños en el contexto de Guerra de Baja Intensidad.
• Visita a la zona de las Margaritas para hablar con desplazados evangélicos.
• Visitas a comunidades de los Altos para hablar con actores religiosos.
• Organización y acompañamiento a una delegación ecuménica de EEUU y México.
• Varias visitas al penal de Cerro Hueco para entrevistarse con presos evangélicos.
• Viaje a Nicaragua de dos miembros para conocer el trabajo de las Comisiones de Paz en ese país.
• Acompañamiento al embajador británico en una visita a comunidades indígenas a los Altos.

Información

• Convocatoria, organización y facilitación de una reunión con organizaciones que trabajan con niños en Chiapas, en el marco de un estudio sobre el tema.
• Varias entrevistas con personas y organizaciones que trabajan con niños.
• Colaboración en un estudio parte del proyecto internacional “Reflexionando sobre Prácticas de Paz” de la organización ‘Collaborative Development Action’ y ‘Peace and Life Institute’.

Educación

• Organización y convocatoria de talleres sobre manejo del trauma para el equipo de SIPAZ y para ONGs con Mary Litel (de CAPACITAR de Estados Unidos)
• Facilitación de talleres de Transformación de conflictos con educadores en la Casa de la Ciencia.
• Capacitación en Nicaragua de un miembro del equipo sobre transformación de conflictos, a través de la Red Menonita de Justicia y Paz (América Central).