:: SUMARIO
En los últimos meses, la situación
en Chiapas ha permanecido tensa y con frecuencia violenta.
Entretanto, los sucesos políticos tanto dentro como
fuera de la región han reducido las esperanzas de
lograr avances significativos hacia la paz antes de que termine
el período del presidente Zedillo en diciembre.
Durante su visita a Europa en enero, el presidente Zedillo
hizo declaraciones sorprendentemente francas menospreciando
al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional),
descartando su importancia en la resolución de los
problemas de Chiapas y afirmando ominosamente que la ofensiva
militar que él desencadenó en febrero de 1995 “logró hacerlos
sentarse a dialogar”.
El 30 de diciembre, el Vaticano anunció el traslado
del Obispo coadjutor Raúl Vera de San Cristóbal
de Las Casas a Saltillo, en el norte de México. El
Obispo Samuel Ruiz había presentado su renuncia en
noviembre, pero todavía no ha sido aceptada por el
Vaticano y no se ha nombrado a su sucesor. El traslado de
Vera, que estaba en la línea para suceder a Ruiz,
y la incertidumbre resultante, generaron temores respecto
al posible efecto sobre las perspectivas de paz y la seguridad
de miles de agentes pastorales, religiosos y laicos, que
se sentían de alguna manera protegidos por la vasta
influencia de la diócesis encabezada por Samuel Ruiz.
La declaraciones del Nuncio Apostólico de que la decisión
se basaba puramente en razones eclesiales exceden toda credulidad.
Lo cierto es que por años la práctica pastoral
de la diócesis ha sido causa de preocupación
en algunos círculos del Vaticano, y que el Obispo
Vera estaba comprometido con la continuidad de la actual
línea diocesana. Al mismo tiempo, la decisión
de trasladar a Vera fue sumamente inusual; parece probable
que se basó en el interés del Vaticano de mejorar
sus relaciones con el gobierno mexicano, para el cual Samuel
Ruiz ha sido considerado un obstáculo político
por mucho tiempo.
Entretanto, varias comunidades han vivido estallidos
de violencia entre grupos pro gubernamentales y pro
zapatistas. En el
municipio de Chilón, 52 familias fueron desplazadas
de sus casas por un grupo paramilitar. La constante presión
militar sobre las comunidades indígenas ha ido en
aumento por el arribo de cientos de integrantes de un nuevo
cuerpo de seguridad, la Policía Federal Preventiva
(perteneciente a la Secretaría de Gobernación
o del Interior).
Los casos relacionados con la masacre de Acteal en
1997 continúan
el intrincado camino del proceso judicial. Dos funcionarios
del gobierno estatal fueron sentenciados a seis años
de cárcel por su responsabilidad en la masacre; uno
de los acusados como autores intelectuales del crimen fue
sentenciado a 35 años, en tanto que la revocación
de las sentencias a 35 años previamente impuestas
a 24 indígenas están pendientes de revisión.
Mientras, dos mil miembros de las Abejas
-el grupo que fue blanco de la masacre- realizaron en diciembre
una peregrinación
en el municipio de Chenalhó, ofreciendo
símbolos
de paz en campamentos militares y retenes.
Las elecciones nacionales serán
el 2 de julio y las estatales para gobernador de Chiapas
serán
el 20 de agosto. Independientemente de su resultado,
las elecciones
representan un elemento de incertidumbre e inestabilidad,
especialmente en el explosivo contexto de Chiapas.
Con la oposición dividida entre el Partido Acción
Nacional (PAN) de centro derecha y la coalición de
centro izquierda encabezada por el PRD (Partido de la Revolución
Democrática), el gobernante PRI (Partido Revolucionario
Institucional) está bien situado para ganar las elecciones
presidenciales. En Chiapas, toda la oposición se ha
unido en respaldo a la candidatura del senador disidente
del PRI, Pablo Salazar, quien parece tener buenas posibilidades
de ganar, aunque algunos analistas se preguntan si esa eventual
victoria de la oposición sería respetada. Las
condiciones electorales de Chiapas constituyen un desafío
que requiere de un importante esfuerzo de observación
externa.
En una situación crecientemente tensa y polarizada,
donde el espacio de negociación prácticamente
ha desaparecido, la opción por la solución
militar persiste como posibilidad. El gobierno podría
decidir aprovechar el ‘interregno’ entre
las elecciones y la transferencia de poderes
en diciembre para
lanzar una bien focalizada ofensiva en Chiapas.
Por su parte, el EZLN, enfrentado al prolongado
estancamiento del proceso
de paz, puede elegir tomar las armas otra vez.
Aunque ninguna de estas opciones parece razonable
ni probable, tampoco pueden
ser descartadas.
La campaña del gobierno contra los observadores internacionales
continúa. En las primeras cinco semanas del año,
60 extranjeros recibieron citatorios acusándolos
de violar las leyes mexicanas.
En una embestida general contra las organizaciones
no gubernamentales, el presidente Zedillo
afirmó en Suiza: “No necesitamos
a los autonombrados representantes de la sociedad civil,
ahora llamados ‘organizaciones no gubernamentales’,
para hablar en nombre de los países pobres
en desarrollo.”
Mientras, continúa el repiqueteo de la crítica
internacional sobre la situación de los derechos humanos
en México. Durante su visita a México en noviembre,
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, expresó varias preocupaciones, entre
ellas la excesiva militarización en Chiapas. Al concluir
su visita a México en febrero, la presidenta del Grupo
de Trabajo de Naciones Unidos para los Pueblos Indígenas,
Erika Irene Daes, hizo un llamado al gobierno mexicano para
que cumpla los Acuerdos de San Andrés firmados hace
cuatro años. También en febrero, la Relatora
Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales,
Asma Jahangir, presentó el informe de su visita de
julio pasado. En sus conclusiones afirma que en México
los gobiernos federal y locales, el ejército, los
grupos paramilitares y los grupos opositores armados ejecutan
a personas inocentes a lo largo del país, especialmente
en Chiapas y Guerrero; en casos como las matanzas de Acteal
y El Bosque (Chiapas), los autores materiales e intelectuales
aún no han sido capturados; y los defensores de derechos
humanos reciben poca protección y trabajan
en un clima de violencia.
En el campo económico, en noviembre representantes
de México y la Unión Europea firmaron un acuerdo
comercial de largo alcance. Aunque el acuerdo aún
debe ser ratificado por el Senado mexicano y los parlamentos
de los países miembros de la Unión Europea,
representa un paso importante para la política de
libre comercio de la administración Zedillo. Se ha
proporcionado escasa información sobre los impactos
concretos que dicho acuerdo tendrá sobre los campesinos
y obreros mexicanos, y el tema no se ha beneficiado de un
debate público significativo. El tratado incluye una
cláusula que exige el compromiso de las partes con
el respeto a la democracia y los derechos humanos; sin embargo,
no establece ningún mecanismo claro para
evaluar su cumplimiento.
ACCIONES RECOMENDADAS
- Urgir a la administración
de Zedillo a:
- ordenar el regreso inmediato
de los milita-res a sus cuarteles, y asegurar
que el Ejér-cito respete los derechos
y las libertades de los ciudadanos; como
una señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar;
- reconocer y respetar la labor
humanitaria y la contribución
al proceso de paz que realizan los
defensores de derechos humanos y los
observadores
internacionales.
- al Gobernador del Estado,
Roberto Albores Guillén:
- que cese el hostigamiento
a las comunidades indígenas
y a las organizaciones de oposición a través
de los operativos en zonas ya de por sí altamente
conflictivas.
- Al Senado de la República:
- que apruebe la propuesta
de la ley de los derechos y cultura indígena
de la COCOPA, haciendo prevalecer el interés
superior de la paz sobre las posiciones
partidistas.
- Difundir información - como este informe - sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Favor de escribir a:
Lic. Ernesto
Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783 Roberto
Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: (int-52) (961) 20917
El Senado de la República
Paseo de la Reforma # 10
06030 México, DF - México
Fax. (int-52) (5) 130 2292
(copias de sus cartas a:)
Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06030 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 140 3288
::ACTUALIDAD
CHIAPAS: Tenso inicio del nuevo siglo
El 30 de diciembre, el Vaticano anunció la
remoción
del Obispo Coadjutor Raúl Vera de San Cristóbal
de las Casas a Saltillo, en el norte de México. El
Obispo Samuel Ruíz había entregado su renuncia
en noviembre, aunque el Vaticano no la ha aceptado todavía.
Tampoco ha nombrado un nuevo sucesor. La transferencia de
Raúl Vera generó preocupaciones con respecto
a su efecto sobre el proceso de paz y la seguridad de miles
de fieles, tanto religiosos como laicos, que se han sentido
en cierta medida protegidos por la influencia del Obispo
Ruíz.
Más tensiones a nivel regional
Las dos últimas semanas de 1999 en Chiapas se caracterizaron
por una notaria falta de sentimientos festivos en las comunidades
chiapanecas. Representantes del gobierno estatal hicieron
creer en esos días que el EZLN preparaba un ataque,
justificando así la llegada de cientos de elementos
de la Policía Federal Preventiva a Chiapas. El Procurador
de Justicia del Estado, Eduardo Montoya Liévano, informó que
además fue reforzada la seguridad y vigilancia, a
través de los patrullajes de las Bases de Operaciones
Mixtas, en la zona de influencia del EZLN.
Aunque tanto la Secretaría de Gobernación como
el EZLN negaron que existieran razones para un estado de
alerta en Chiapas, Liévano expresó que “más
vale prevenir que lamentar” y agregó que “diversos
sectores empresariales urgieron la prolongación indefinida
de la vigilancia preventiva”, refiriéndose al ‘Programa
Milenio’. Los distintos partidos políticos de
la oposición consideraron este Programa como un nuevo
instrumento de la militarización en Chiapas.
Violencia en comunidades indígenas
El 2 de diciembre, un enfrentamiento entre priístas
y simpatizantes zapatistas en Petalcingo, municipio de Tila
(zona Norte) causó 15 heridos. La disputa se originó por
un desacuerdo sobre el pago de la luz eléctrica. En
la segunda semana de diciembre de 1999, hubo otro enfrentamiento,
con saldo de un herido grave y cinco lesionados.
El 5 de enero, militantes priístas retuvieron a 29
simpatizantes del EZLN en la comunidad de Tzanembolom, municipio
de Chenalhó. Los priístas pidieron a las autoridades
la aprehensión de 3 de los indígenas por delitos
cometidos antes de la masacre de Acteal. El 18 de enero se
dio a conocer que se dictó auto de formal prisión
a dos de los detenidos, acusados de haber asesinado a 2 priístas
antes de la masacre de Acteal. Los demás detenidos
fueron puestos en libertad.
Alrededor de la misma fecha, como consecuencia de la
expulsión
de 52 familias en el municipio de Chilón y el encarcelamiento
de tres personas, la Procuraduría General de Justicia
del estado creó una fiscalía especial para
investigar dichos actos y evitar nuevos focos de violencia
en la entidad. Los hechos fueron perpetrados presuntamente
por un nuevo grupo de paramilitares que opera entre la Selva
y el Norte de Chiapas.
El 2 de febrero, se informó que presuntos campesinos
perredistas emboscaron a un grupo de priístas cuando
se dirigían a recuperar tierra en la comunidad Tierra
Colorada, municipio de Suchiapa, supuestamente ocupada por
los perredistas. El saldo de esta emboscada fue de dos personas
priístas muertas y siete gravemente heridas.
Reacciones comunitarias
Ante la tensa situación en la entidad, hubo acciones
de protesta de distinta índole. El 28 de diciembre,
unos 2 mil miembros de Las Abejas (el grupo cuyos miembros
fueron masacrados en Acteal en 1997) realizaron una peregrinación,
ofreciendo velas a los militares en retenes y campamentos
militares en Chenalhó. Para amanecer el año
nuevo, aproximadamente 5 mil indígenas de los Altos
de Chiapas se reunieron el Aguascalientes de Oventic para
celebrar el sexto aniversario del levantamiento armado zapatista.
La Comandancia del EZLN no estuvo presente por razones de
seguridad.
Mientras tanto, y para no olvidar, después de cinco
meses, la protesta civil pacífica continúa
en la comunidad de Amador Hernández (vea el informe
de SIPAZ, año IV nr. 4, noviembre de 1999): el 5 de
enero la “fuerza área zapatista atacó el
campamento del Ejército federal ... con aviones de
papel”. Los avioncitos llevaban mensajes para los militares: “Soldados,
nosotros sabemos que por pobreza vendieron su vida y sus
almas. Soy pobre también, como millones somos pobres,
pero están peores ustedes, porque están defendiendo
al que nos explota[...]”.
Acteal
En la primera semana de diciembre, dos ex funcionarios
públicos
fueron sentenciados a seis años de prisión
por haber protegido a los paramilitares que realizaron la
matanza de Acteal en 1997. El ex agente del Ministerio Público,
Roberto Arcos Jiménez, fue acusado de no haber actuado
en contra de los civiles que se estaban armando en la zona.
El ex primer oficial de la Policía de Seguridad Pública,
Absalón Gordillo Díaz, fue acusado de portar
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Unos días después, un juez federal revocó por
irregularidades judiciales la sentencia de 35 años
de prisión dictada en contra de 24 de los indígenas
detenidos por su presunta vinculación en el caso de
Acteal, entre ellos el ex-presidente municipal de Chenalhó.
Los 24 detenidos siguen encarcelados y el proceso judicial
sigue adelante.
El 7 de febrero, uno de los presuntos autores intelectuales
de la masacre, el indígena Antonio Vázquez
Secum, fue sentenciado a 35 años de prisión,
por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado.
Vázquez Secum, según investigaciones oficiales,
era el líder priísta de la comunidad de Quextic,
municipio de Chenalhó, y padre de Agustín Vázquez
Secum, el último de los 17 indígenas que habrían
sido ‘ejecutados’ por simpatizantes zapatistas.
El gobernador
También a fines de año, el escenario regional
se vio conmovido por la posible restitución del gobernador
de Chiapas. Albores Guillén fue cuestionado tanto
a nivel federal como por el Congreso estatal por mostrar
abiertamente su apoyo -incluso material- en favor del precandidato
presidencial del PRI, Francisco Labastida. Sin embargo, Albores
logró movilizar en su apoyo a las principales corporaciones
transportistas y grupos económicos del estado para
evitar ser removido.
Declaraciones sobre ONG nacionales e internacionales
En las primeras cinco semanas del año 2000, más
de 60 extranjeros que visitaron Chiapas fueron citados por
el Instituto Nacional de Migración, imputándoles
presuntos actos violatorios de las leyes mexicanas pero sin
explicarles cuáles eran dichos actos. Los extranjeros
que asistieron a los citatorios fueron sometidos por más
de cinco horas a interrogatorios que incluían preguntas
sobre su filiación religiosa y otras con carácter
de inteligencia militar. Al término de los interrogatorios,
el INM se negó a entregar una copia de las declaraciones
de los imputados, impidiéndoles llevar a cabo una
defensa apegada a derecho.
En enero, el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, José Luis Soberanes, durante una
visita a Chiapas, expresó la necesidad de que sea
revisado el artículo 33 constitucional, que entre
otros asuntos faculta al Ejecutivo federal a expulsar a ciudadanos
extranjeros sin previo juicio. Con respecto a las ONG mexicanas,
Soberanes manifestó que “tenemos gran cantidad
de ONG que para nosotros deben ser material valiosísimo” para
cumplir con la defensa de los derechos fundamentales. Se
mostró crítico con respecto a los organismos
internacionales, y expresó que “muchas veces
ellos, por carecer de información precisa, hacen cosas,
hay recomendaciones o puntos de vista, que no están
de acuerdo con la realidad. [Tenemos que] dar la información,
los datos necesarios, para que sus recomendaciones, sugerencias
o puntos de vista se apeguen a la realidad.”
En diciembre, el Papa Juan Pablo II manifestó que
los derechos humanos no tienen fronteras y que por eso son
necesarias las intervenciones internacionales en los países
donde se cometen crímenes contra la humanidad. Mientras
que el Papa elogió a las organizaciones humanitarias
no gubernamentales y a los organismos religiosos que promueven
la paz, el presidente Zedillo, en el Foro Económico
Mundial en Davos, Suiza (24 de enero), expresó que “nosotros
no necesitamos de los representantes autonombrados de la
sociedad civil, ahora llamados ONG, para hablar en nombre
de la gente pobre de los países en desarrollo”.
El Presidente y Chiapas
El presidente Ernesto Zedillo fue aún más lejos
en sus comentarios sobre Chiapas. En una entrevista en Europa,
a finales de enero, manifestó que los zapatistas no
tienen ni “un gramo de buena fe”, y que si los
zapatistas deciden o no reanudar las negociaciones “es
una parte muy menor de la solución” del conflicto
en Chiapas. Refirió que en febrero de 1995 amenazó al
EZLN “con la represión y eso logró que
se sentaran a dialogar”. Lo importante, insistió,
no es un diálogo con “los señores del
EZ”, sino resolver el problema de desarrollo y pobreza
de la entidad. Agregó que lo que cuenta para él
es haber trabajado para superar las condiciones de atraso
en aquella entidad “y lo otro (refiriéndose
al EZLN), en una perspectiva histórica, será un
incidente”.
El diputado perredista e integrante de la COCOPA, Gilberto
López y Rivas, expresó que las declaraciones
del presidente Zedillo en Europa revelan claramente que la
negativa al diálogo en Chiapas no parte del grupo
armado, sino del propio gobierno y significan el “entierro” de
cualquier tentativa de restablecer los lazos con los zapatistas.
Más ámbito internacional
Contrastando con los comentarios oficiales, representantes
de la ONU que visitaron México, incluyendo Chiapas,
realizaron declaraciones que ponen en entredicho tales
comentarios. En noviembre, Mary Robinson, la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de la ONU (vea pag. 5 de este
informe), expresó su preocupación por la
excesiva militarización en Chiapas. En contrapartida,
y poco después de abandonar el país, el gobierno
federal desplegó más tropas militares en
la entidad, según denunciaron varios legisladores
locales de la oposición. En los primeros días
de febrero, la presidenta relatora del Grupo de Trabajo
sobre Pueblos Indios de la ONU, Erika Irene Daes, al concluir
su visita a México, pidió al gobierno mexicano
que cumpliera con los Acuerdos de San Andrés. El
2 de febrero de 2000, Asma Jahangir, la relatora sobre
ejecuciones extrajudiciales, presentó su informe
de su visita en julio de 1999 en el que concluye, entre
otras cosas, que; los gobierno federal y locales, el Ejército,
los grupos paramilitares y grupos armados de oposición
realizan ejecuciones de personas inocentes en todo el país,
principalmente en Chiapas y Guerrero; en los casos de Acteal
y El Bosque (Chiapas), no se ha capturado a todos los responsables
intelectuales y materiales; los defensores de derechos
humanos en el país tienen poca protección
y trabajan en un clima de violencia.
Noticias económicas
El 24 de noviembre de 1999, los representantes del gobierno
mexicano y de la Unión Europea, integrada por 15
países con más de 360 millones de consumidores,
firmaron un acuerdo comercial.
En 1999, México firmó tratados comerciales
con varios países. La difusión de información
sobre la firma de estos acuerdos, y sobre sus posibles consecuencias
para los trabajadores y campesinos mexicanos, ha sido muy
poca. En México, los diferentes grupos de la sociedad
civil o parlamentarios de la oposición política
tampoco han sido consultados, o sólo en forma aislada
y poca significativa. En los medios de comunicación
mexicanos se presenta la entrada en vigor de dicho tratado
como la solución más indicada para muchos problemas
económicos de México. A pesar de que fue presentado
como un hecho, la verdad es que tanto el Senado de México
como los diferentes parlamentos europeos todavía tienen
que ratificar el convenio. Aunque el acuerdo con la UE tiene
una cláusula de democracia y de derechos humanos,
no hay manera formal o transparente para su evaluación,
como no existen mecanismos concretos de monitoreo.
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- - - - - - - - - - - - - - - - DON RAUL
Mons. Raúl Vera transferido a Saltillo
Desde su llegada a Chiapas como Obispo
Coadjutor en agosto de 1995, hasta el sorpresivo anuncio
de su remoción
que no le va a permitir suceder a Samuel Ruiz como Obispo
de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,
Raúl Vera ha mantenido una postura de obediencia a
la Santa Sede.
El pasado 30 de diciembre el Nuncio Apostólico Justo
Mullor anunció la nominación de Raúl
Vera a la Diócesis de Saltillo, subrayando que la
decisión fue tomada por “razones puramente eclesiales”.
El hecho de que Monseñor Vera deje San Cristóbal “no
disminuirá en algún modo el compromiso de la
iglesia en favor de la paz civil y de la promoción
espiritual y humana de todos los miembros que componen la
población de Chiapas”, agregó.
En una declaración conjunta dada a conocer el mismo
día, los Obispos Ruiz y Vera destacaron los aspectos
positivos del pronunciamiento oficial: “miramos con
claridad que hay un respaldo a la actividad pastoral; se
alaba la colaboración que el Coadjutor desempeñó en
la Diócesis; que no hay duda que el próximo
Obispo impulsará el proceso de la Diócesis
en favor de la cultura indígena y de los pobres. Encarecemos
vivamente a nuestros fieles y a todos los agentes de pastoral
de nuestra Diócesis, a no apartarse de esta lectura
e interpretación afirmadas en el comunicado y que
acatando obsequiosamente la voluntad del Santo Padre, no
cesemos de continuar nuestro proceso eclesial, ya encaminado,
y en nuestro trabajo infatigable desde nuestra fe, por la
justicia, el derecho y el respeto a la dignidad humana”.
Para algunos sectores de la sociedad civil la remoción
de Monseñor Vera interfiere de una manera contundente
en el proceso de Paz. Para el mismo Obispo Vera, “la
paz en Chiapas es la paz del país, porque la estructura
que ha creado la pobreza y los abusos de la justicia y el
orden antidemocrático con el que han sido tratados
los indígenas en Chiapas, han desarrollado una estructura
nacional”.
En una carta pastoral antes del anuncio de la remoción
de Monseñor Vera, Monseñor Ruiz había
señalado la existencia de “fuerzas con intereses
no eclesiales” que han trabajado intensamente para
asegurar la remoción de Monseñor Vera. También
declaró “de no darse continuidad en el proceso
diocesano tememos que esto entorpecería el proceso
de Paz y golpearía aún más a las comunidades,
a los servidores y a los agentes de pastoral, con riesgo
de sus propias vidas.”
Las bases eclesiales, aunque en primer instancia reaccionaron
con tristeza y frustración, también se declararon
dispuestas para acompañar al nuevo obispo, sea cual
fuere la persona nombrada por el Papa Juan Pablo II. Confían
en la fuerza que ya ha tomado el trabajo a nivel comunitario:
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas cuenta
con el mayor número de diáconos indígenas
en el mundo (cerca de 400) y con alrededor de 8000 catequistas.
Como una muestra de agradecimiento al trabajo del Obispo
Ruiz, alrededor de 15 mil feligreses participaron en la emotiva
celebración del 40 aniversario episcopal del Tatic
Samuel el 25 de enero pasado.
Sin embargo, la noticia en la primera quincena de
febrero sobre el traslado del Nuncio Mullor al
Vaticano fue
otro motivo de preocupación. El ha sido visto como una
voz moderada y sensible y no muy protagónica en la
remoción de Mons. Vera. Por lo tanto, su salida de
México puede ser interpretada como parte de un plan
para asegurarse de que en México la Iglesia Católica
de corte progresista no va a ser un obstáculo en los
planes ‘modernizadores’ del gobierno mexicano.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - MARY ROBINSON
Inquieta a la ONU la situación de los Derechos Humanos
en México y Chiapas
Durante su visita a México, realizada en noviembre
de 1999, Mary Robinson, la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
la ONU, observó que “todavía queda camino
que recorrer para que la impunidad, los problemas de impartición
de justicia, la exclusión de los grupos indígenas,
la actividad de los grupos paramilitares, y los ataques contra
los derechos humanos queden atrás”. Además
mencionó que la creciente militarización de
las funciones de la seguridad pública en el país,
así como la imposibilidad de juzgar a militares en
tribunales civiles cuando han cometido violaciones a los
derechos humanos de civiles, contribuyen a agravar el clima
de impunidad.
En preparación de la visita, más de cien ONGs
mexicanas se reunieron por primera vez en un foro de concertación
para elaborar una serie de propuestas jurídicas, administrativas
y políticas para entregar a la Alta Comisionada. Además
de ese consenso, se logró tener reuniones con funcionarios
del gobierno, entre ellos los secretarios de Gobierno, Defensa
y Marina, así como con el Procurador General de la
República y el de Justicia Militar.
Antes de dejar México, la Alta Comisionada y la Canciller
Rosario Green firmaron una Carta de Intención sobre
Cooperación Técnica para la Promoción
de los Derechos Humanos. Pocos días después
de la salida de Robinson, el ejército Mexicano reanudó los
patrullajes aéreos y terrestres en comunidades indígenas
chiapanecas.
Por otra parte, el nuevo ombudsman, José Luis Soberanes
sostuvo que, aunque comparte la opinión de Robinson
sobre la persistencia de la impunidad en México, la
situación "no es tan grave". A pesar de
las declaraciones de funcionarios del gobierno para minimizar
el hecho, la multiplicación de las visitas de representantes
de la ONU y el alto perfil de la última tienen un
significado de profundo alcance en el ámbito internacional.
:: ENFOQUE
“YA NO NOS CALLAMOS”
Promotores y Defensores de derechos humanos de las comunidades
indígenas de Chiapas
En las comunidades indígenas de Chiapas, ser un promotor
de derechos humanos más que una distinción
es un servicio. La grave situación de violación
a los derechos humanos en esta entidad y la aparente incapacidad
del gobierno de responder a ello hacen de este servicio un
desafío urgente. El concepto de derechos humanos como
el consecuente trabajo de los llamados “Promotores/Defensores
de Derechos Humanos” es relativamente nuevo en las
comunidades. Como dice Rodrigo (promotor en la región
de Ocosingo): “Cuando empecé no entendía
nada sobre el derecho mexicano, las garantías individuales.
El cambio que entiendo con nuestros antepasados es que ellos
lucharon por el derecho a la tierra, pero no por otros derechos
como el libre tránsito, el derecho de la mujer, el
derecho a la vida o a la libertad. En nuestras comunidades,
cuando empezamos, los viejos estaban espantados, luego emocionados
y decían: ‘qué bien que ahí están
los derechos humanos’.”
Sergio (promotor en la región de Ocosingo) agrega:
“nuestros
padres no sabían ni leer, ni escribir. Andaban cerrados
los ojos. Escuchaban a sus patrones, los finqueros, los ricos.
Ellos les enseñaban a trabajar para que coma el patrón.
Trabajaban como mozos. Había mucho sufrimiento. Ahorita
hay un cambio grande. Ya sabemos más o menos hablar
el español, ya tenemos terrenos donde comer y vivir.
Pero el gobierno no nos deja la libertad de solicitar un
pedazo de tierra más para nuestros hijos. Pero ahora
conocemos los artículos de la Reforma agraria y podemos
defendernos.”
Siendo indígenas y viviendo en zonas de conflicto,
estos promotores y defensores encuentran muchas barreras
para poder desarrollar su trabajo: el racismo, el hostigamiento
y las amenazas son parte integral de su cotidianidad.
Llegar a “abrir los ojos”
Con una escolaridad que en promedio no llega al tercer
año
de primaria, se estima que existen actualmente alrededor
de 500 promotores y defensores de derechos humanos en Chiapas.
Mientras el promotor desarrolla un trabajo de educación
e información, el defensor enfoca el suyo en aspectos
legales: sistematizar la información sobre violaciones
de derechos humanos en las zonas en que trabajan, plantear
denuncias, buscar pruebas, verificar expedientes, estar presente
durante la presentación de los casos o visitar a los
presos.
Ricardo (promotor en la zona Norte) nos da un ejemplo:
“Cuando
vino Mary Robinson [ver artículo en este informe],
hicimos una investigación de la zona. Sólo
tuvimos 20 días para hacerlo y era tiempo de cosecha
de café, entonces sólo hicimos unas visitas,
no pudimos visitar todas. Encontramos muchos casos de violaciones
por parte de las autoridades del gobierno y del ejército.
Fueron 9 casos de violaciones a los derechos humanos que
le presentamos.” Después del Congreso Indígena de 1974, se desarrolló una
mayor articulación de la lucha de los pueblos indígenas
en la reivindicación de sus demandas sociales, particularmente
de tierra. Eso generó una reacción represiva
por parte del Estado que intentó acallar su voz. La
iglesia católica, atenta a sus demandas, enfocó su
trabajo de promoción humana en la difusión
y defensa de los derechos humanos.
Así por ejemplo, en Ocosingo, lugar de mayor presencia
del EZLN y del ejército mexicano, se creó el
centro Fray Pedro Lorenzo de la Nada que hoy en día
cuenta con la colaboración de 32 promotores. Empezaron
con un primer curso de capacitación sobre garantías
individuales en la segunda mitad de 1995, un tema que se
siguió trabajando hasta la fecha; ahora están
pidiendo uno sobre derecho penal.
De la misma manera, algunas iglesias evangélicas comenzaron
un trabajo similar ante el fenómeno de las expulsiones
religiosas. Desde julio 1996, los pastores evangélicos
y aproximadamente 1.600 representantes comunitarios trabajan
en los temas de no-violencia, tolerancia y reconciliación.
A estos intermediarios, no les llaman promotores ni defensores
de derechos humanos. El Lic. Esdras Alonso González,
abogado y líder evangélico de la organización
Visión Aguila 2000 A.C. indica que, desde los anos
70, manejan el concepto de derechos humanos. Pero para ellos,
este trabajo no es un cargo especial como en otras comunidades.
Los demás aspectos sociales y la organización
de proyectos económicos son de igual importancia.
Para el trabajo legal, Visión Aguila 2000 cuenta con
3 abogados que llevan los casos que les llegan a través
de los intermediarios.
La desconfianza y la desventaja de los indígenas frente
al sistema judicial mexicano (por el idioma y la falta de
conocimiento de sus propios derechos) explican la necesidad
de promover la capacitación en derechos humanos. El
Lic. Esdras manifiesta: “¿La ley? No funciona
en la práctica, no la aplican. ¿El gobierno?
No nos ayuda. Incluso, puedes traducir documentos legales
y de formación en los lenguajes indígenas,
pero no sirven finalmente cuando las autoridades no cumplen
con las diferentes leyes”
Los promotores y defensores reciben su entrenamiento
por parte de centros de derechos humanos integrados
principalmente por mestizos. No todos son de índole religioso. Por
ejemplo, los “defensores de derechos comunitarios indígenas” capacitados
por el abogado Miguel A. De los Santos (miembro de la Comisión
Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos
Humanos) empezaron su trabajo a finales de 1998. Unos 17
defensores hoy en día cubren las cuatro regiones de
La Selva, Los Altos, la zona Norte y la Costa.
Por el momento, se cuentan muy pocas mujeres promotores/defensores
de derechos humanos. Un defensor explica: “Tienen pena
y no hablan mucho español.“ Las posibilidades
de participación política de las mujeres en
las zonas de conflicto queda trunco por presiones familiares
o comunitarias, combinadas con la poca experiencia que tienen
(o que les permiten tener) y por la maternidad que les reclama
otras prioridades.
Encuentro entre dos culturas
Como todos los demás cargos comunitarios, los promotores
son elegidos por la comunidad. Esta última también
les apoya con recursos económicos para poder salir
y hacer su trabajo. Ser promotor/defensor de derechos humanos
también tiene que ser una forma de vida, como lo expresó uno
de ellos: “tenemos que ser ejemplos de lo que enseñamos,
mostrar respeto a los derechos humanos."
Una crítica que a veces se escucha sobre el trabajo
de los promotores/defensores de derechos humanos indígenas,
es que se enfocan demasiado en lo malo que viene ‘desde
afuera’ cuando también existen problemas en
las mismas comunidades. Rodrigo nos explica: “como
promotores de derechos humanos, el trabajo es con la gente
de afuera. Pero también podemos trabajar con nuestra
gente. Por ejemplo, cuando el auxiliar municipal se pone
a resolver un problema, lo podemos ayudar a ver qué tipo
de problema es y cuál sería el mejor castigo.
Sólo lo hacemos si la autoridad nos invita. [...]
No sólo buscamos impartir los derechos humanos, sino
también rescatar una parte de nuestra tradición,
de nuestras costumbres. No se trata de dejarlas y ya ‘nos
vamos con las garantías individuales’.” Para
los problemas internos, existen otros cargos comunitarios
y en último recurso, la asamblea comunitaria tiene
la última palabra.
Sobre el supuesto choque entre los valores comunitarios
indígenas
y las ‘nuevas’ garantías individuales,
Sergio observa que “no choca porque si unimos los derechos
individuales, sale una sola voz. Ahí es donde se hace
la fuerza.”
Dificultades, hostigamiento y amenazas
Las experiencias con las instancias judiciales oficiales
no siempre son positivas. En algunos casos, el racismo
hacia los defensores indígenas es manifiesto. Se
les cuestiona su legitimidad: “En la cárcel
de San Cristóbal no nos dejaron entrar para visitas.
Nos acusan de ser ‘wesachero’ (no profesional),
es como decir un falso abogado.”
O bien se intenta minimizar sus demandas: “En el ´96
[en la zona Norte] perdimos 3400 ganados y 75 caballos. No
pudimos encontrar solución ante el gobernador. Pusimos
una demanda, pero él dijo que no podía hacer
nada porque había pasado más de un año.
Pero vimos en la ley que sí se puede hacer una demanda
aún después de un año. Miguel Angel
[de los Santos] dijo que había que llevar las demandas
de todas las comunidades ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos para pedir compensación. Todavía
estamos trabajando en esto. En lugar el gobierno nos ofrece
proyectos de 20 gallinas y 20 cerdos. Es poquito. Una vaca
cuesta 5000 pesos.”
Sobre el tratamiento que reciben por parte de militares
en retenes, uno de los defensores manifiesta: “Los soldados
no siempre quieren escuchar. Hacen bromas y muchas preguntas.
Más que todo sobre la grabadora. Revisaron mi mochila.
Me preguntaron ‘¿y por qué tienes esto,
para qué te sirve?’, y todo el rollo. Me dijeron
que no tenía derecho de tenerla. Yo respondí que
sí porque es trabajo de la sociedad civil. Tengo derecho
de grabarte a ti, porque ustedes no tienen derecho de quitármela.
Me la devolvió.” (Eduardo, promotor en la zona
Norte)
En la zona Norte también los defensores viven hostigamiento
por parte del grupo paramilitar Paz y Justicia y reciben
amenazas abiertas de parte de este grupo (ver Enfoque SIPAZ
Informe IV nº1). Eduardo nos comenta: “Los de
Paz y Justicia dicen que me sacaron una orden de aprehensión
porque asalté a un muchacho y que van a mandar la
Seguridad Pública. Pero no hice nada mal. Es sólo
porque estoy defendiendo a la gente. [...]Un compañero
desapareció hace 3 años. Los de Paz y Justicia,
cuando han tomado, dicen que ya está muerto. Y uno
de Paz y Justicia me amenazó si siguiera con este
caso. [...] Me amenazaron que me van a matar. Tuve que hacer
una demanda ante el Ministerio Público. El procurador
no nos tomó en cuenta. Nunca vino a investigar.”
Enfrentar las dificultades
Frente a las autoridades oficiales, promotores y defensores
no siempre son bien valorados aunque señalan que
no ayuda enojarse sino más bien mostrarles un buen
ejemplo. O como compartió Manuel (promotor en las
Cañadas): “Una vez no nos querían dejar
entrar. Yo hablé y pregunté ‘porqué me
corres cuando mis derechos están pegados en la puerta
y dicen que tengo derecho a estar.’ Pero finalmente
salimos. Hay que trabajar lento, no enojarnos ahí.” Con
respecto a los retenes y el hostigamiento de los soldados,
Rodrigo nos comentó: “No entramos a la discusión
porque nos van a amenazar más.”
Por la naturaleza de su trabajo, los defensores se
encuentran en la primera línea de esta guerra encubierta que
lacera a Chiapas: “Nuestro trabajo es riesgoso porque
sabemos que el gobierno nos va a seguir los pasos. El gobierno
quiere que estemos siempre ciegos y que nos quedemos en su
poder. Por eso nuestro trabajo requiere un gran esfuerzo.” (Marcelino,
promotor en la región de Ocosingo)
Ante un trabajo tan exigente en tiempo y dedicación,
y en el contexto de una guerra de baja intensidad, en ocasiones
los promotores expresan cansancio y desánimo: “A
veces cuando veo la intimidación del gobierno, me
siento triste. Es un golpe para nuestro trabajo ser encarcelados.
A veces me voy abajo pero sé que mi trabajo es muy
importante. Muchas veces es la misma comunidad que nos anima: ‘Aguanta
para poder llevar adelante nuestra lucha’. También
los encuentros [con los demás promotores] ayudan.
Vemos la necesidad de unirnos más. ‘Nadie va
a tener miedo y vamos a guardar la idea y la mente. Vamos
a seguir con el trabajo como lo habíamos empezado,
agarrarnos de las manos y levantarnos’.” (Rodrigo)
Pero a pesar de todo lo anterior, vuelven a manifestar
que “ya
no lo aceptamos más. Y ya no tenemos miedo. Ahora
se los decimos en su cara. Paso por un reten aquí y
saco la Constitución. Les muestro las partes que evidencian
que es en contra de la Constitución que me hacen todas
estas preguntas, que nos paran así en la carretera.” (Eduardo)
Los defensores manifiestan tener conocimiento de los diferentes
tratados y organismos internacionales: “la constitución
ya existía desde antes pero yo no lo sabía.
Cuando mi papá trabajaba en un rancho, no se sabía
de la Constitución, de la OEA [Organización
de los Estados Americanos], de la ONU [Organización
de las Naciones Unidas], o de la OIT [Organización
Internacional del Trabajo]. Éramos muy inocentes.
Después del movimiento del 94, empecé a abrir
los ojos.” (Marcelino habla nada más usando
las siglas mostrando así su conocimiento del asunto)
¿Derechos humanos y reconciliación?
Una paradoja en cuanto a derechos humanos es que en
Chiapas el concepto ha sido vinculado a una parte
en el conflicto
(los zapatistas o PRDistas), agravando de esta manera la
ya de por sí alta polarización que prevalece
en las comunidades. En las zonas de conflicto, a menudo,
se hace la pregunta: “¿Uds. son ‘Derechos
Humanos’?” y en función de la respuesta,
la recepción será totalmente distinta...
Nosotros valoramos sin embargo que el trabajo de derechos
humanos tiene mucho potencial hacia el acercamiento y la
reconciliación en las comunidades. Ricardo nos comparte
un ejemplo: “En una comunidad de Yajalón,
hay dos defensores del PRD. Fue detenido un priísta
y acusado de robar ganado. Lo llevaron al Ministerio Público.
Los hermanos del detenido fueron a ver a uno de los dos
defensores del PRD. El defensor llamó al Lic. Miguel
Angel. Él dijo ‘allí lo ven ustedes,
si no les ha tratado mal, le pueden echar la mano’.
Ese priísta nunca ha agredido a nadie, entonces
decidieron defenderlo. Fueron a Yajalón y lo liberaron. “
Conclusión
La existencia de Promotores/Defensores de Derechos
Humanos indígenas es sintomática de una situación
crítica y de un sistema de justicia que no funciona
como lo han corroborado informes de la ONU, OEA, Amnistía
Internacional, Human Rights Watch, etc. Pero también
es un indicador positivo de que la gente se organiza, de
que está consciente e informada sobre la situación
en que vive, y de que asume su responsabilidad de tomar
mayor control.
Si bien los Promotores/Defensores de Derechos Humanos tienen
que enfrentar dificultades y amenazas de todo tipo, se caracterizan
por su determinación y perseverancia. O como uno de
ellos expresó: “Ahora sí sé cuáles
son mis derechos. Porque los aprendimos estos años.
Y abrimos la boca. Ya no nos callamos”. (Eduardo)
La situación de derechos humanos es tan grave no sólo
en Chiapas sino en todo México que se requeriría
que la sociedad civil toda se convirtiera en promotores y
defensores de los derechos humanos. Todo este trabajo se
ha enfocado apenas en los derechos civiles y garantías
individuales; pero hay igual necesidad de promover y defender
los derechos políticos, sociales y económicos
particularmente en el marco de los Acuerdos de Comercio Internacional
que tienen un impacto significativo en los derechos de la
población mayoritaria.
[* por la falta de seguridad en las zonas de conflicto donde
trabajan los promotores/defensores de derechos humanos, cambiamos
sus nombres]
:: ANALISIS
CHIAPAS: Delicado período de transición
Incertidumbre es la palabra más adecuada para caracterizar
la actual coyuntura de Chiapas. El período pre electoral
que vive el país reviste características
muy especiales en este estado, debido a la alianza opositora
que allí se está consolidando para disputar
el gobierno de la entidad. Simultáneamente, la inminente
salida de la diócesis de San Cristóbal de
las Casas de sus dos obispos genera una tensa expectativa
respecto al futuro, no sólo de la diócesis
sino también del proceso de paz que la misma ha
impulsado desde el alzamiento zapatista.
Si bien el principal tema de atención a nivel nacional
ha sido en estos meses el conflicto de la UNAM, Universidad
Nacional Autónoma de México, en el Distrito
Federal, varios analistas consideraron que la forma violenta
en que el gobierno federal puso fin a la ocupación
y al proceso de negociación con los huelguistas
augura un desenlace similar para el conflicto de Chiapas.
Incluso algunos encontraron preocupantes correspondencias
entre este proceso y el que en febrero de 1995 interrumpió el
diálogo incipiente con el EZLN para desencadenar
la persecución de sus dirigentes y la militarización
de la zona de conflicto.
Ya que en las elecciones presidenciales (2 de julio) y
las elecciones para gobernador de Chiapas (20 de agosto)
se acercan, el mundo político se gira cada vez más
alrededor de la dinámica electoral. Las recientes
elecciones internas que el PRI realizó tanto a nivel
nacional como estatal demostraron, por un lado, la eficacia
del partido de Estado para controlar el aparato electoral,
y por otro, la apatía de la ciudadanía ante
un proceso que se ve con poca credibilidad y donde el resultado
se conoce de antemano.
Según algunos analistas independientes, la alianza
opositora encabezada por el senador escindido del PRI Pablo
Salazar Mendiguchía (chiapaneco, evangélico
y ex miembro destacado de la COCOPA) tiene probabilidades
de crecer de aquí a las elecciones de agosto. En
los últimos meses está recibiendo el apoyo
creciente de las organizaciones sociales del estado, y
cuenta ya con el de todos los partidos de oposición.
Esta propuesta de oposición tiene posibilidades
reales de disputar al PRI el gobierno del estado.
Sin embargo, las opiniones son también pesimistas
al señalar que no existen en Chiapas ni a nivel
nacional condiciones favorables para que el triunfo en
las urnas de Salazar sea respetado: la tradición
de fraude que ha caracterizado al sistema electoral mexicano
poco cambió en Chiapas después de las reformas
electorales de 1996. Por otra parte, si accediera al poder,
Salazar tendría que gobernar por lo menos hasta
2001 con un Congreso estatal y la mayoría de los
ayuntamientos controlados por el PRI, además del
factor adicional de inestabilidad que representaría
la presencia del Ejército, de los grupos paramilitares
y otros grupos de poder económico.
En cualquier caso, habrá que seguir muy de cerca
el desarrollo de la campaña electoral en Chiapas
hacia la instancia electoral de agosto. Sería deseable
que en la misma existiera una importante presencia de observadores
tanto nacionales como internacionales, para garantizar
respeto a la voluntad popular y el menor grado posible
de irregularidades.
A esta incierta coyuntura electoral, se suma el vacío
de poder en la diócesis de San Cristóbal.
Es difícil aceptar el argumento vaticano de que
la remoción del obispo auxiliar Raúl Vera
-sucesor natural y por derecho de Samuel Ruiz- “fue
por razones puramente eclesiales”. Si al Vaticano,
representado en la figura del conservador Secretario de
Estado Angelo Sodano, le interesa respaldar la continuidad
del trabajo de Ruiz, le hubiera bastado con confirmar a
Vera como sucesor, dada la profunda identifiación
de éste con la línea actual de la diocesís.
De hecho, desde hace años, la línea pastoral
que ha llevado adelante la diócesis, con un fuerte
acento en la promoción social, la organización
y el protagonismo de los indígenas, ha sido causa
de preocupación para el Vaticano. Pero es dificil
entender esta preocupación separada de la importancia
que tiene para el Vaticano desarrollar sus relaciones diplomáticas
con un gobierno mexicano que ha visto a la diócesis
como fuente de muchos problemas políticos.
Los analistas consideran que es probable que el nuevo obispo –cuyo
nombramiento se esperaba al cierre de este Informe- apunte
a bajar el perfil social y político de la diócesis,
su labor de denuncia de la situación de los derechos
humanos y la militarización, y su compromiso con
el proceso de paz y los derechos de los pueblos indígenas.
De ser así, el nuevo titular deberá enfrentarse
a una Iglesia sólidamente enraizada en las comunidades
indígenas, con un tejido social articulado en una
red de más de 400 diáconos y 8000 catequistas
indígenas, y organizada programáticamente
alrededor de las definiciones del III Sínodo diocesano,
que le dan a esas realidades un lugar destacado en su misión.
No obstante, teniendo en cuenta que la diócesis
es un referente importante para el pueblo creyente católico
y aun para sectores evangélicos, así como
para las ONGs y las organizaciones populares que luchan
por un cambio en Chiapas, su debilitamiento puede significar
un golpe para esos actores, que ya vienen sufriendo un
desgaste continuado desde el inicio del conflicto, como
resultado de la estrategia contrainsurgente del gobierno
federal y su operador, el Ejecutivo estatal.
El alejamiento de Samuel Ruiz de Chiapas es otro motivo
de preocupación para el futuro del proceso de paz,
dado que su liderazgo ha sido fundamental para detener
la violencia, buscar caminos de diálogo y negociación
y evitar una salida militar al conflicto. En un escenario
cada vez más polarizado y tenso, donde el espacio
de negociación prácticamente ha desaparecido,
el riesgo es que la lógica militar se imponga finalmente
sobre la política, ya sea porque el gobierno decida
aprovechar el interregno de estos meses para dar un golpe
certero, o porque el propio EZLN, ante el estancamiento
prolongado del proceso, elija retomar el camino de las
armas. Si bien ninguna de las dos opciones parece razonable
ni probable, no dejan de ser un escenario posible.
Como siempre, la actitud vigilante de la comunidad internacional
será fundamental en el transcurso de este delicado
período. En ese sentido, habrá que dar seguimiento
al cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las
importantes recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada
para los derechos humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, Mary Robinson, y de otras expertas
de ese organismo que también visitaron México
en el último año, pronunciándose de
manera muy crítica sobre la situación de
los derechos humanos en Chiapas y en otros estados.
:: ACTIVIDADES DEL EQUIPO
Noviembre 1999 - Febrero 2000
Entre otras:
Visitas y Contactos
- Varias visitas a la zona Norte (comunidades del
municipio de Tila) para hablar con campesinos, desplazados
retornados,
representantes de varias iglesias y organizaciones
sociales, líderes de Desarrollo Paz y Justicia
y autoridades locales.
- Visitas a comunidades de Los Altos para hablar con
actores religiosos.
- Asistimos a los aniversarios de las Abejas en Tzajalchen
y de la masacre en Acteal
- Visita a la selva de Palenque por invitación
de Xi Nich a la entrega a esta organización del
premio de DDHH por el gobierno de Francia.
- Organización del programa y acompañamiento
a una delegación internacional de lideres religiosos
en México DF, San Cristóbal y Los Altos.
- Organización del programa y acompañamiento
al reverendo Paul Rutgers (líder presbiteriano
de EEUU) representante de los 300 líderes religiosos
del mundo que firmaron el pronunciamiento “Escojan
la Vida” en reconocimiento al trabajo del Obispo
Samuel Ruíz y en apoyo a la Diócesis de
San Cristóbal de Las Casas.
- Visitas a México DF para reuniones con ONGs,
representantes diplomáticos, CNDH, actores religiosos
y candidatos de partidos políticos. Visitamos
con una delegación
ecuménica y también con el Comité Directivo
de Sipaz.
- Organización del programa, acompañamiento
y/o entrevistas con representantes diplomáticos
de los gobiernos de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos
en su visita a Chiapas.
Información
- Elaboración y difusión
de una Acción
Urgente sobre las amenazas y hostigamientos al Centro de
DDHH Pro Juárez en México DF.
- Gira de cinco semanas de un miembro
del equipo por Alemania, en donde además recibió el
Premio de DDHH de la ciudad de Weimar por su trabajo de
acompañamiento
en América Latina y Chiapas.
Educación
- Reuniones con ONGs en Chiapas para
planificar ciclos de talleres sobre Transformación
Alternativa de Conflictos y el seguimiento de estos.
- Empiezo de un ciclo de talleres
con educadores en la Casa de la ciencia.
- Participación en el 1er. Encuentro de Promotores
de Salud Mental en Chiapas
Varios
- Reunión del Comité Directivo
con el equipo de Chiapas en San Cristóbal y viajes
a y reuniones juntos en la Zona Norte, Los Altos y México
DF.
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