:: SÍNTESIS
El 7 de septiembre, el Secretario de Gobernación,
Diodoro Carrasco, lanzó una nueva propuesta de paz
para Chiapas y declaró que, de ser reanudadas las
negociaciones, estaría dispuesto a encabezar la delegación
gubernamental. Dicha iniciativa también incluyó propuestas
para abrir un debate más amplio sobre derechos y cultura
indígena en el Senado, la liberación de algunos
presos zapatistas, la revisión de denuncias vinculadas
al hostigamiento que padecen las comunidades indígenas
de Chiapas, y la creación de una nueva instancia de
mediación.
Esta nueva propuesta contrasta con la
estrategia de línea
dura implementada por el gobierno a lo largo de los últimos
tres años. Parece indicar una renovada voluntad
de diálogo y un cambio en la posición del
gobierno. Podría contribuir a una reducción
de las tensiones en Chiapas, sobre todo si logra poner
freno a la política
cada vez más beligerante del Gobernador del Estado,
Roberto Albores.
Por otro lado, la propuesta trata de manera
inadecuada o no abarca algunos puntos claves en disputa:
la presencia
del Ejército en las comunidades indígenas,
los grupos paramilitares, y el proyecto de Ley de la COCOPA
de 1996 (Comisión de Concordia y Pacificación,
conformada por miembros del Congreso). Esos asuntos figuran
entre las condiciones fijadas por el EZLN para reanudar el
diálogo. Por eso, parece poco probable que los zapatistas
-que hasta la fecha no han contestado de manera substancial-
acepten la propuesta del gobierno.
Sólo el tiempo dirá si esta propuesta representa
un esfuerzo novedoso apuntando a romper el estancamiento
del proceso de paz. También podría haber sido
diseñado principalmente para ganar espacio político
en la carrera a las elecciones locales y presidenciales del
2000, o podría ser una acción pensada en vísperas
de la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson,
esperada en noviembre.
Entretanto, la presión militar sobre los zapatistas
y sus simpatizantes ha aumentado en algunas zonas. Por ejemplo,
en agosto, aproximadamente 500 soldados llegaron a la pequeña
comunidad de Amador Hernández a pocos kilómetros
de la base de la comandancia zapatista. Su propósito
declarado era proteger a un equipo de topógrafos que
estaba haciendo mediciones para construir una nueva carretera
que conectaría dicha comunidad con el importante campamento
militar de San Quintín. La comunidad se opuso fuertemente
a la construcción de este camino, y se unieron a sus
protestas algunos universitarios de la ciudad de México,
así como otros observadores civiles. Los miembros
de la comunidad temen las consecuencias de un acceso más
fácil o de una mayor presencia del Ejército.
El Gobierno estatal reaccionó duramente, acusando
a los estudiantes de manipular a los indígenas y amenazando
con arrestarlos. El Gobernador de Chiapas, Roberto Albores,
declaró que ya no permitirá la presencia de
observadores nacionales o internacionales. En un comunicado
de prensa posterior, agregó: "a los chiapanecos
se nos está terminando la paciencia... Ya basta de
chantaje y manipulación... [por parte de]... los agitadores
[que] aprovechan los conflictos políticos y contaminan
la entidad".
A finales de agosto, debido a la presión nacional
e internacional, el Secretario de Gobernación anunció la
suspensión de la construcción de la carretera.
Sin embargo, hasta la publicación de este informe,
el Ejército permanecía en Amador Hernandez
en contra de la voluntad de la población.
En julio, el Congreso estatal dominado
por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, aprobó una ley
sobre derechos y cultura indígena. El Gobernador Albores
manifestó: "Si en verdad se quiere la paz en
Chiapas, ya no hay pretextos, porque con la ley están
garantizados la libertad y el respeto a la autonomía étnica,
así que la querella entre el EZLN y el gobierno federal
queda sin sustento". Los partidos de oposición
criticaron esta ley por no contribuir al proceso de paz ya
que es unilateral e incongruente con los Acuerdos de San
Andrés, firmados en 1996 pero no cumplidos por el
gobierno federal.
Con respecto al proceso de Acteal (donde
el 22 de diciembre de 1997 45 personas fueron masacradas),
después de
las comparecencias de julio y septiembre, un total de 45
personas, todas indígenas, fueron sentenciadas a entre
32 y 35 años de prisión por su involucramiento
en la matanza. Entre estos sentenciados se encuentra el ex-alcalde
de Chenalhó. Un total de 55 personas ya han sido condenadas
a prisión. Otros casos siguen pendientes. Si bien
esto representa una acción judicial enérgica
poco común por parte del gobierno, algunos critican
que los funcionarios gubernamentales de más alto rango
que podrían tener cierta responsabilidad en la matanza
o en su encubrimiento no han sido investigados.
En el terreno internacional, han sido
constantes las críticas
a la situación de los derechos humanos en México,
hasta llegar a convertirse en una fuerte corriente de opinión.
Al final de su visita a México en julio pasado, la
Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de la
ONU, Asma Jahangir, expresó su preocupación
por la impunidad en los casos de matanzas y otras ejecuciones
políticas, y la probabilidad de que por lo tanto pueden
seguir repitiéndose. "La injusticia debida a
la impunidad selectiva es un problema político en
México... Es el resultado de políticas y un
sistema judicial que falla," dijo.
El Procurador General de la República, Jorge Madrazo,
reconoció el problema en septiembre cuando observó: "En
este país no existe una verdadera cultura de la legalidad",
agregando que la impunidad es un reflejo de la falta de respeto
a la ley.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights
Watch también expresaron críticas. Además,
una coalición de organizaciones no-gubernamentales
mexicanas presentó informes alternativos a los oficiales
sobre el cumplimiento de los pactos de derechos civiles y
políticos y económicos, sociales y culturales,
presentados por el Gobierno mexicano ante los respectivos
Comités de Naciones Unidas. En el segundo informe,
las ONGs mencionan las estadísticas de pobreza, argumentando
que el libre mercado y la política económica
del gobierno han sido un factor determinante en el deterioro
de la calidad de vida en todo México.
No obstante, durante su visita a Chiapas
a fines de septiembre, el embajador de la Unión Europea en México,
Manuel López, afirmó que las violaciones de
derechos humanos en Chiapas o en otras partes de México
no impedirán que se realice el acuerdo entre la Unión
Europea y México.
Acciones recomendadas
- Urgir a la administración de Zedillo a:
- ordenar el regreso inmediato de los militares
a sus cuarteles, y asegurar que el Ejército respete los derechos
y las libertades de los ciudadanos; como una señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar;
- reconocer y respetar la labor humanitaria y la
contribución
al proceso de paz que realizan los defensores
de derechos humanos y los observadores internacionales.
- al Gobernador del Estado, Roberto Albores Guillén:
- que cese el hostigamiento a las comunidades indígenas
y a las organizaciones de oposición a través
de los operativos en zonas ya de por sí altamente
conflictivas.
- Al Senado de la República:
- que apruebe la propuesta de la ley de los derechos
y cultura indígena de la COCOPA, haciendo prevalecer el interés
superior de la paz sobre las posiciones partidistas.
- Difundir información - como este informe - sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Favor de escribir a:
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783
Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (int-52) (961) 20917
El Senado de la República
Paseo de la Reforma # 10
06030 México, DF - México
Fax. (int-52) (5) 130 2292
(copias de sus cartas a:)
Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06030 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 140 3288
:: ACTUALIDAD
Asuntos pendientes para la paz en Chiapas
Incursión en La Selva
A tres meses del último avance militar en la Selva
Lacandona (ver SIPAZ Informe anterior), en agosto la presencia
del Ejército mexicano otra vez aumentó en dicha
región. Los acontecimientos más importantes
se dieron en Amador Hernández, municipio de Ocosingo.
A esta comunidad, situada a 19 kilómetros de donde
supuestamente se encuentra la comandancia zapatista, llegaron
aproximadamente 500 efectivos del Ejército vía
terrestre y en paracaídas. Al mismo tiempo, estudiantes
y profesores de la Escuela de Antropología e Historia
y de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) participaban en un encuentro nacional en defensa del
patrimonio cultural convocado por el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad cercana
de La Realidad. Al enterarse de la incursión, algunos
de ellos se trasladaron allá para observar la situación.
Las autoridades estatales reaccionaron
amenazando con librar ordenes de aprehensión contra los estudiantes, por
los delitos de incitación a la violencia, obstrucción
de caminos, secuestro y ataque al Ejército. Además,
realizaron una fuerte campaña de desprestigio y difamación
en contra de ellos, usando un amplio sector de los medios
masivos de comunicación regionales y nacionales, acusándoles
entre otras cosas de “manipular” a los indígenas.
El Gobernador del Estado, Albores Guillén, advirtió que
no aceptará más la presencia de observadores
nacionales o internacionales, y que no permitirá más
actos de “desestabilización”. En un comunicado
del gobierno estatal agregó que “a los chiapanecos
se nos está terminando la paciencia...Ya basta de
chantaje y manipulación .. [por parte de los] .. agitadores
[que] aprovechan los conflictos políticos y contaminan
a la entidad”.
Las fuentes gubernamentales y militares
argumentaron que la presencia militar en Amador Hernández busca proteger
a los topógrafos que harán las mediciones para
el tramo de la carretera de San Quintín (donde se
encuentra uno de los cuarteles militares más importantes
del estado) a Amador Hernández y adelante; sin embargo,
esta última comunidad no quiere dicha carretera, ya
que facilitaría la entrada del Ejército a la
zona.
En esos mismos días llegaron unos 6000 efectivos
militares para ejecutar una campaña de reforestación
en La Selva, lo cual les permitió establecer nuevos
campamentos, retenes y otras construcciones militares en
la zona de conflicto.
Aunque los gobernantes, bajo presión nacional e internacional,
se vieron obligados a matizar sus discursos y no obstante
los intentos de pacificación de la Secretaría
de Gobernación, hasta la publicación de este
informe los elementos militares siguen en esta comunidad.
El 26 de agosto hubo un enfrentamiento
entre el Ejército
y bases de apoyo zapatistas en la comunidad San José La
Esperanza (municipio de Las Margaritas). Tres indígenas
fueron detenidos arbitrariamente. La Secretaría de
la Defensa Nacional denunció que siete elementos del
Ejército habían sido heridos a machetazos.
En Morelia (municipio de Altamirano) y
en Roberto Barrios (municipio de Palenque), - dos Aguascalientes
zapatistas
-, la tensión ha aumentado hasta alcanzar niveles
preocupantes. En Morelia, una comunidad dividida hoy en día,
los priístas tomaron presos a 6 simpatizantes zapatistas,
destruyeron casas y desalojaron el Campamento civil por la
Paz.
En julio, el Congreso local, dominado
por el PRI, aprobó la
creación de siete nuevos municipios y la propuesta
de ley estatal de Derechos y Cultura Indígena. El
Gobernador manifestó que Asi en verdad se quiere la
paz en Chiapas, ya no hay pretextos, porque con la ley están
garantizados la libertad y el respeto a la autonomía étnica,
así que la querella entre el EZLN y el gobierno federal
queda sin sustento. La oposición política
y numerosas organizaciones sociales locales criticaron fuertemente
esas iniciativas, argumentando que tanto por su contenido
como por su caracter unilateral no ayudan a agilizar el proceso
de paz.
Nueva propuesta de paz
El 7 de septiembre, el gobierno federal
dio a conocer una nueva propuesta de diálogo para
Chiapas. El Secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano, aseguró que estaría dispuesto
a encabezar una comisión negociadora, en cualquier
momento y en cualquier lugar. La propuesta fue bien recibida
por muchos
sectores políticos y sociales, algunos de los cuales
incluso sugirieron algunas mejoras. Unos de los puntos en
discusión son el reposicionamiento del Ejército,
el asunto de los presuntos grupos paramilitares (investigación
y castigo), y el hecho de que el gobierno siga promoviendo
su propuesta de ley de Derechos y Cultura Indígena,
en lugar de implementar la propuesta de la Comisión
de Concordancia y Pacificación (COCOPA) de 1996, ya
aceptada por el EZLN. Con respecto a la fuerte presencia
militar en Chiapas, Carrasco manifestó que se tratara
el tema de su reposicionamiento, cuando se reinicien las
negociaciones con el EZLN. Además informó que
fueron liberados 37 presuntos zapatistas, para mostrar la
buena voluntad del gobierno. Sobre los prisioneros, representantes
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) durante su
viaje a Chiapas (del 11 al 13 de agosto) y después
de una visita al penal de Cerro Hueco, afirmaron que al parecer,
varios presos están encarcelados injustamente. El
subcomandante Marcos manifestó que no va a responder
con rapidez a la Carta Abierta, mientras el gobierno Ale
agrega declaraciones, rectificaciones y posdatas.
Dos semanas después, Jorge Madrazo Cuéllar,
el Procurador General de la República, declaró que
Aen este país no existe una verdadera cultura de la
legalidad y que la impunidad obedece a que no hay respeto
a la ley. Evitando asegurar que portan armas, reconoció la
existencia de grupos armados (15 en total) en Chiapas, diciendo
que Aes altamente probable que sea Acomo consecuencia de
los conflictos regionales y para la defensa de sus bienes
e intereses.
Visitas y comentarios internacionales
Al final de su visita a México (23 de julio), la
Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asma Jahangir,
expresó su preocupación por la impunidad de
los responsables de masacres y ejecuciones. Además
manifestó su preocupación por la repetición
de tales actos violentos, a pesar del deseo del gobierno
y de las medidas tomadas para mejorar la situación:
ALa injusticia debida a la impunidad selectiva es una cuestión
política en México. [...]Es un resultado de
políticas y un sistema jurídico que falla.
Al parecer, la política está cambiando a favor
de la justicia, pero el sistema jurídico cambia a
un ritmo más lento que la voluntad política
de aquellos en el Gobierno que quisieran ver impulsado el
estado de derecho. Desde la llegada de la relatora se escucharon
fuertes descalificaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Coordinador para el Diálogo (Emilio
Rabasa), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
acusando a la Relatora de involucrarse en asuntos que no
le corresponden, ofendiendo la soberanía de México.
Las inquietudes en relación a avances parciales pero
no definitivos en el sistema jurídico, fueron compartidas
por Joel Solomon, Director de Investigaciones de Human Rights
Watch, durante su estancia en México.
También el Comité de Derechos Humanos de la
ONU, al examinar en julio el cuarto informe sobre México,
volvió a insistir en que los temas de Chiapas, la
administración de justicia, la violencia contra la
mujer, la creciente militarización y la impunidad
siguen causando Ainquietud y Aprofunda preocupación.
El Comité declaró que la delegación
oficial no había convencido a los examinadores y agregó que
la buena disposición en las respuestas y la abundante
documentación que México ofreció no
habían logrado despejar las dudas ni dar confianza.
El Comité reconoció mejoras, como la autonomía
dada a la Comisión Nacional de Derechosa Humanos,
CNDH, el establecimiento de varios programas para mujeres
y niños, el programa sobre presuntos desaparecidos,
la liberación de algunos indígenas detenidos,
la promulgación de la Ley de Defensoría Pública
Federal y de la ley para prevenir y sancionar la tortura,
así como algunas reformas electorales.
El gobierno mexicano mantiene un discurso
tenaz sobre la soberanía nacional en cuanto a asuntos de derechos
humanos, lo cual ha resultado en 144 expulsiones de extranjeros
de Chiapas en 1998, expulsiones que se siguen dando hasta
la fecha, y en minimizaciones de informes de organismos internacionales
de derechos humanos. No obstante, a finales de agosto se
dio a conocer que México analiza el proceso para su
ingreso al Consejo de Europa como país observador
extrarregional. México sería el cuarto país
con este status especial (Estados Unidos, Canadá y
Japón ya lo tienen).
Por su parte, durante su visita a Chiapas,
el embajador de la Unión Europea en México, Manuel López
Blanco, manifestó que las violaciones a los derechos
humanos en Chiapas y otras partes del país, no impedirán
que se realice el acuerdo comercial con México.
En dirección opuesta, una coalición de organizaciones
no-gubernamentales mexicanas presentó informes alternativos
a los oficiales sobre el cumplimiento de los pactos de derechos
civiles y políticos y económicos, sociales
y culturales, presentados por el Gobierno mexicano ante los
respectivos Comités de Naciones Unidas. (Para ver
el informe alternativo: www.sjsocial.org/PRODH, a partir
de finales de noviembre. Para ver el informe del gobierno,
vea la pagina web del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos: www.unhchr.ch) En el segundo informe, las ONGs mencionan
las estadísticas de pobreza, argumentando que el libre
mercado y la política económica del gobierno
han sido un factor determinante en el deterioro de la calidad
de vida en todo México.
La
propuesta gubernamental de diálogo
La nueva propuesta gubernamental de diálogo consiste
en los siguientes 6 puntos:
- Propone al Senado de la República que retome el
tema de los cambios constitucionales sobre derechos y cultura
indígena, y que reciba propuestas del EZLN, del propio
gobierno y de los demás grupos involucrados en
el conflicto.
- Pide al EZLN que proponga fechas para que el gobierno
vaya cumpliendo lo acordado en San Andrés sobre desarrollo
social de las comunidades indígenas de Chiapas.
- Solicita a las instancias de Procuración de Justicia,
la liberación de miembros o simpatizantes del EZLN
que no estén implicados en asesinatos o violaciones.
- Se compromete a analizar las denuncias de organizaciones
de derechos humanos sobre el hostigamiento que
padecen las comunidades indígenas de Chiapas.
- Acepta la creación de una nueva instancia de intermediación
civil y apartidista.
- Se compromete a enviar una comisión gubernamental
negociadora que tenga capacidad de decisión.
Actualización: Acteal
El 20 de julio, un juez estatal sentenció a 35 años
de prisión a 20 presuntos integrantes del grupo que
asesinó en diciembre de 1997 a 45 indígenas
en Acteal. En la segunda semana de septiembre, también
se dictó sentencia de 32 a 35 años a 25 implicados
en la masacre, por los delitos de homicidio, lesiones y portación
de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Entre
los sentenciados (todos indígenas), está el
ex presidente municipal de Chenalhó.
Con estas sentencias son 55 las personas
condenadas y falta por finalizar el proceso penal de otros
47 implicados en
el caso. Además, estarían pendientes 90 ordenes
de aprehensión, 11 de ellas correspondientes a ex
funcionarios del gobierno estatal y policías del estado.
Todavía queda por ver que tan lejos irá la
investigación para encontrar a los autores intelectuales
de la masacre; podría incluir a altos funcionarios
del gobierno. Los que ya han sido sentenciados, están
condenados a título individual, no por ser miembro
de un grupo armado, lo cual aumentaría su condena.
Premio Nobel de la Paz visita Chiapas
Del 9 al 12 de septiembre de 1999, la premio Nobel de la
Paz de Irlanda del Norte (1977), Mairead Maguire, visitó Chiapas.
Fue invitada por SIPAZ, después de que participó en
la celebración del 30º. Aniversario de la Universidad
de Monterrey.
En San Cristóbal, Maguire habló con representantes
de varias organizaciones y viajó a Acteal el día
12 para orar con Las Abejas y escuchar sus experiencias.
Durante su conferencia de prensa, la premio Nobel de la Paz
compartió las siguientes palabras:
“[...]Con mi visita a [...] Chiapas, quisiera enfatizar
que no vengo a dar lecciones o soluciones, sino más
bien, humildemente a escuchar, aprender y compartir. Aunque
entiendo la preocupación mexicana en cuanto a la presencia
internacional en general, y en cuanto a temas que tienen
que ver con derechos humanos y desarrollo social en particular,
para mí, en los encuentros internacionales, no se
trata de imponer estrategias o quitarle a la gente la posibilidad
de solucionar sus propios problemas. Se trata más
bien de animarnos los unos a los otros, de demostrar solidaridad,
de descubrir juntos nuevas y creativas formas de resistencia
pacífica.
Mirando alrededor, hablando con la gente, he podido darme
cuenta de que hay muchos mexicanos dedicados, valientes y
con muchas habilidades, gente trabajando con todo su corazón
para mejorar sus vidas y la de sus seres queridos (familia,
comunidad étnica o la sociedad en su conjunto). Me
siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de
conocer a esta gente y de aprender más de ella.
[...]En mi país, hemos visto y vivido muchos planes
para la paz. Hace dos años, se firmaron los Acuerdos
de Viernes Santo. [...]Pero los muros [...], no han desaparecido
todavía. Se quitaron los alambres de púas y,
en lugar de ellos, se pusieron flores y plantas cerca de
dichos muros. Creo que hacer aparecer los muros naturales,
como parte del ambiente, podría ser hasta peor. Así no
debería de ser. Pienso sinceramente que el muro más
difícil de destruir es el que tenemos en nuestra mente:
el muro del miedo, el muro de la desconfianza.
Algunas partes de los Acuerdos de Viernes Santo ya se están
implementando en Irlanda; otras todavía no. Creo que
una parte depende de nuestros políticos y representantes
involucrados; por una parte de su sinceridad y humildad,
y por la otra, de su voluntad en superar la desconfianza
mutua que se remonta a muchos años atrás. También
necesitamos empezar a dejar de lado todas las armas para
poder construir nuevamente la confianza. Finalmente depende
de la gente, de su presencia, de su presión, de la
transformación de sus corazones y de su determinación
para que eso salga adelante, para hacerlo funcionar todos
juntos. También en Chiapas el reto principal es de
construir y fortalecer los procesos de reconciliación
a todos los niveles de la sociedad.
[..]Desde lo más profundo de mi ser, estoy convencida
de que la injusticia, el dolor, el sufrimiento y la ira no
deben permanecer. Si juntamos las fuerzas y energías
de toda la gente que se pueda desde distintos lugares del
mundo, creo con pasión que podemos lograr un cambio.
Dejo México con mucho optimismo, gratitud y esperanza
para el futuro tanto de este país como de Irlanda
del Norte.”
:: ANÁLISIS
Chiapas: Palabras sin Diálogo
A casi seis años del levantamiento armado zapatista
y a pocos días de terminar el milenio, la paz en
Chiapas no se asoma aún en el horizonte. La nueva
propuesta federal para reanudar el diálogo
entre el gobierno y el EZLN fue una sorpresa para muchos,
especialmente por la dura estrategia que el gobierno ha
implementado en el tratamiento del conflicto chiapaneco
en los últimos 3 años. Esta propuesta representa
un avance significativo, aunque no suficiente, de parte
del gobierno. Contribuye mínimamente a reducir la
tensión en algunas comunidades y a controlar un
poco al gobierno del estado en la forma en que está enfrentando
el conflicto. Faltará ver si la propuesta pretende
realmente romper con el impasse del diálogo o si
es una maniobra para ganar tiempo en la coyuntura electoral
que se avecina. Incluso podría ser presentada como
una apertura del gobierno a la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas, Mary Robinson, cuando visite México
del 23 al 27 de noviembre de este año.
Esta iniciativa, ampliamente difundida
en los medios de comunicación, es una pequeña
rendija al proceso de diálogo cerrado desde hace tres
años. Entre
las novedades que contiene, está la invitación
a la COCOPA a presentar su propuesta sobre Derechos y Cultura
Indígena ante el Senado. Esto, si bien tiene su valor,
no garantiza que se van a honrar los Acuerdos de San Andrés
firmados por las partes: está también en puerta,
la propuesta del Presidente Zedillo que en varios puntos,
se aleja de lo acordado en la mesa del diálogo.
Algunos senadores de oposición han expresado sus dudas
de votar por la propuesta de la COCOPA ya que, de hacerlo,
la mayoría priísta impediría que pasara.
Al proponer retomar el tema de los cambios
constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, pareciera que
la Secretaría de Gobierno no está tomando en
cuenta la dinámica que permitió llegar a los
Acuerdos de San Andrés, donde se recogieron la palabra
y experiencia de académicos, investigadores y, en
especial, de organizaciones indígenas de todo el país.
En ese sentido, mientras el gobierno federal
no acepta la propuesta de la COCOPA, como lo hizo el EZLN
en octubre del
1996, es difícil prever una resolución de este
asunto en lo que resta del sexenio. Tendría que cambiar
la voluntad del Presidente Zedillo, retirando su propia propuesta
y aceptando la de la COCOPA; o se tendría que esperar
hasta que hubiera un nuevo presidente y/o una nueva conformación
en la Cámara de Senadores en donde el PRI no tuviera
la mayoría. Ante la inminencia de las elecciones,
pasar el problema a la siguiente administración con
una propuesta de diálogo no contestada, podría
ser otra apuesta del gobierno federal que tal vez le daría
puntos para que el PRI se mantuviera en el poder.
También la iniciativa federal propone, ante la autodisolución
de la CONAI en junio de 1998, un nuevo cuerpo de mediación
civil. Ciertamente este cuerpo deberá ser aceptado
por las partes y deberá también tener el respeto
de ambos. Es importante mencionar esto porque en su momento
la CONAI fue fuertemente criticada por el gobierno, desacreditando
a sus miembros y su trabajo.
Otro aspecto positivo de la nueva propuesta
es que el mismo Secretario de Gobernación ha expresado estar dispuesto
a ser quien encabece la delegación gubernamental para
el diálogo.
Dicha propuesta, aunque es significativa
y expresa una cierta voluntad de reactivar las negociaciones
de paz, no cumple
totalmente con las condiciones zapatistas presentadas en
septiembre del `96 al abandonar la mesa de negociación.
Presumimos difícil que los zapatistas respondan afirmativamente
a dicha propuesta ya que deja de lado o toca sólo
parcialmente algunos de los asuntos neurálgicos de
este entrampado y ya largo proceso de negociación.
Un asunto que no toca la propuesta y que
es polémico
para la reanudación del proceso de diálogo
es el reposicionamiento del Ejército Mexicano en Chiapas.
Decenas de miles de soldados se encuentran en las comunidades
afectando negativamente la vida social y psicológica
de los habitantes, en especial de mujeres y niños.
Las sólidas construcciones de cuarteles que han sido
levantados en lugares estratégicos de todo el estado
indican que los militares no saldrán pronto y que,
como ellos mismos lo han expresado: "llegaron para quedarse".
Las posturas son diametralmente opuestas, ya que por un
lado el Secretario de Gobernación ha dicho que la presencia
del Ejército es un tema delicado que se discutirá una
vez que se restablezca el diálogo, mientras que para
el EZLN, una de las condiciones para la reanudación
del diálogo es la salida del Ejército de las
comunidades indígenas.
Por otro lado, la liberación de
algunos presos simpatizantes zapatistas fue leída
por muchos como un acto amañado
del gobierno del estado ya que ni soltaron a todos los que
dijeron, ni todos los que soltaron se reconocen como bases
de apoyo del EZLN (La Voz de Cerro Hueco sigue aglutinando
a alrededor de 100 presos, ver Enfoque
en el Informe año
4 nr. 2 de SIPAZ). Además, muchos de estos presos
están
acusados justamente de "delitos de sangre", los
cuales no entran en la propuesta gubernamental.
Para algunos sectores la propuesta federal
parece un simulacro de voluntad, ya que el gobierno del estado
sigue implementando
una política de fuerza y un discurso beligerante contra
el EZLN. Justifica las incursiones tanto de
la policía estatal como del mismo Ejército
con la afirmación de que "la mayoría" de
la gente en las comunidades están solicitando, "por
seguridad", la presencia de las fuerzas armadas, y diciendo
que "no van a escuchar la voz de unos cuantos e impedir
que la gente coma y progrese", como lo mencionó el
Procurador Estatal.
En el ámbito mundial sigue en tela de juicio el discurso
gubernamental respecto a los avances en la situación
de derechos humanos en el país. Si bien los ha habido,
estos no han sido suficientes para decir que hoy México
está en una situación diferente. Distintos
Comités de las Naciones Unidas, así como la
Relatora Asma Jahangir, expresaron "inquietud" y "profunda
preocupación" en varios asuntos, entre ellos
Chiapas y la administración de justicia. Aunque es
posible que estas opiniones no cambien la voluntad de los
gobiernos de hacer de México un socio comercial, sí puede
ser significativo para que en esos acuerdos se establezcan
cláusulas que inviten al gobierno Mexicano a ir más
lejos en su compromiso con la paz, la justicia y los derechos
humanos.
:: ENFOQUE
Zona Norte: violencia a flor de piel...
“Mi hija está con ellos [los de ‘Desarrollo
Paz y Justicia’, DPJ]. Ella sólo viene a verme
a escondidas para avisarme que todavía estoy amenazado
en la comunidad de donde venimos, que no puedo regresar ni
pasar por esta comunidad.”
Desplazado de la zona baja
de Tila. (1)
“En un principio toda la comunidad era de Paz y Justicia.
Nos dijeron que nos organizáramos para trabajar unidas
todas las comunidades y que nos iban a llegar créditos
para proyectos productivos y obras del gobierno. Pero los
dirigentes no cumplieron. Lo único que recibimos fue
problemas: ha habido muchos muertos. Los dirigentes de ese
grupo gozan mientras los pueblos están sufriendo.”
Ex-miembro
de DPJ (La Jornada, 05-04-99)
En 1994, el levantamiento zapatista llamó la atención
pública, nacional e internacional, principalmente
sobre las Cañadas de la Selva Lacandona, centro neurálgico
del EZLN. Pero después de las elecciones de agosto
de 1994 y las de octubre de 1995, empezó a brotar
la violencia en la zona Norte que así se convirtió en
una de las regiones más conflictivas del estado.
Hoy en día la zona Norte sigue siendo una región
poco visitada pero de alta tensión y con recurrentes
estallidos de violencia. La poca presencia de observadores
nacionales e internacionales se debe a los antecedentes de
violencia en su contra. La falta de interés en dicha
región se puede explicar por su aislamiento geográfico,
histórico, político y cultural (2). SIPAZ es
una de las pocas organizaciones que visita la zona con el
objetivo de encontrar a los diferentes actores y entender
mejor el rompecabezas que plantean.
Los grupos en pugna
Los miembros de la oposición, se autodefinen como
parte del PRD (Partido de la Revolución Democrática),
de Abu Xú (Arrieras Nocturnas)], católicos
diocesanos, bases de apoyo del EZLN, miembros de la sociedad
civil, ‘La Organización’ o ‘La Sociedad
Civil Organizada’. Empezaron a organizarse a finales
de los años 70, con la iglesia católica o por
sí solos para responder a los desastres económicos
(como el de la producción cafetalera por la caída
del precio mundial), y al desencanto de los líderes
comunitarios ante el abandono y las contradicciones percibidas
en la praxis gubernamental (2). Después del levantamiento
de 1994, algunas comunidades o partes de las mismas se hicieron
(o se reconocieron públicamente como) bases de apoyo
zapatista .
Se puede explicar la múltiple identidad de la oposición
por su mismo aislamiento. Todos estos grupos luchan por el
cambio, pero estando en un contexto de guerra, han optado
por no vincularse claramente con un grupo u otro, para evitar
más hostigamiento. Con respecto a los miembros de
DPJ, afirman que ya existían antes de 1994, “pero
antes se llamaba PRI” (indicando así su adhesión
incondicional al partido oficial).
Varios testimonios de miembros de DPJ indican que empezaron
con su organización, incluso a tomar las armas para
defenderse de los ataques de los zapatistas. Como se explica
en ‘Ni Derechos Ni Humanos’ (3): “El terror
y la muerte empezaron a campear en toda la región
ch’ol. Ya nadie trabajaba tranquilo. Había que
dedicarle tiempo completo al activismo político-religioso.
Todo era movimiento. Había que caminar bajo la sombra
de la noche, encapucharse, asaltar, robar, secuestrar, y
asesinar a líderes comunitarios contrarios a ellos,
ser todos ‘Arrieras Nocturnas’ (Abu xú)
era la consigna.”
En distintas ocasiones, se ha querido presentar el conflicto
en Chiapas, especialmente el de la Zona Norte, como un conflicto
religioso. Sin embargo, lo que hemos notado es un reforzamiento
de las divisiones políticas usando diferencias religiosas.
En algunos casos, los discursos de los mismos dirigentes
religiosos llevaron a una mayor polarización y agresividad
de parte de las bases.
En 1995, a medida que se desarrollaba la campaña
para elecciones locales, se desató la violencia (ataques,
bloqueos de carreteras, asesinatos y desplazamientos). Se
vislumbraba que la oposición política tenía
posibilidades de ganar, lo cual hubiera sido una primera
prueba de la pérdida de hegemonía del PRI en
la zona (que ya había empezado en los 70s).
El papel del gobierno y del Ejército
Varias organizaciones de derechos humanos afirman rotundamente
que DPJ (registrado en marzo de 1995 como ‘Desarrollo,
Paz y Justicia A.C.') es la fachada de una organización
paramilitar: sus relaciones con el gobierno estatal responden
a una estrategia de guerra de baja intensidad, que incluye
el apoyo de grupos conformados por gente local que siembran
el terror para destruir las bases de oposición política.
En mayo de 1999, el diputado Gilberto López y Rivas
(PRD) presentó una demanda a la Procuraduría
General de la República sobre la existencia de grupos
paramilitares en Chiapas, añadiendo documentos para
respaldar sus declaraciones. El Cuarto Informe del Grupo
Parlamentario del PRD (4), se refiere a “la aplicación
de una táctica militar de contraguerrilla conocida
como de ‘yunque y martillo’, la cual consiste
en que el ejército e instituciones policiacas adoptan
la función de fuerzas de contención (yunque)
y permiten realizar la función de golpeo de los grupos
paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes”.
También se explica que “la finalidad principal
es la de sustraer a las Fuerzas Armadas del desprestigio
de llevar a cabo una guerra desigual.”
Pedro, ex-dirigente de DPJ en la comunidad de Cruz Palenque
afirma que “los paramilitares vigilan los caminos,
cobran impuestos, emboscan, roban los bienes de los campesinos
opositores, amenazan y asesinan a quienes no les apoyan.
[...] Hay paramilitares que trabajan como policías
de Seguridad Pública y patrullan las comunidades de
la zona. Ellos reciben entrenamiento en los campamentos militares
de la región.” (Jornada, 05-04-99).
La presencia del Ejército mexicano y la Policía
de Seguridad Pública, junto con DPJ en los desalojos
de 1996 cuenta con miles de testigos. Incluso las personas
desalojadas guardaron cartuchos de las balas, que son de
uso exclusivo del Ejército. No obstante esos elementos,
las autoridades siempre han negado la existencia de grupos
paramilitares. Según ellas, sólo se trata de “grupos
de civiles armados cuyo fin es la auto-defensa”.
Después de las elecciones de 1995 (donde se registraron
fraudes y un abstencionismo de un 63%), muchos dirigentes
de DPJ fueron elegidos como funcionarios públicos,
lo cual parecía legitimar su control sobre la zona.
Samuel Sánchez Sánchez, uno de los fundadores,
resultó electo diputado y varios líderes llegaron
a integrar el Ayuntamiento de Tila.
Dos días antes de las elecciones de 1997, el Gobierno
del estado a través de la Secretaría de Gobierno,
firmó un convenio de desarrollo productivo con DPJ
por un monto de 4 600 000 pesos (US$580,000). Este convenio
fue firmado por representantes del gobierno estatal y, como ‘testigo
de honor’ por el comandante de la VII región
militar, Mario Renán Castillo. El IV Informe del PRD
informa: “Renán Castillo fue entrenado por el
Ejército estadounidense en Fort Bragg, Carolina del
Norte, una de las principales escuelas de contrainsurgencia.
De ahí que una de sus tareas principales fuera de
aplicar en Chiapas lo aprendido en cuestiones de guerra contrainsurgente” ...
(4)
Situación actual
Resulta bastante difícil obtener datos exactos sobre
la violencia en la zona Norte. Hasta ahora, el número
de asesinatos oscila entre decenas y centenares. DPJ ha sido
acusado de haber cometido la gran mayoría de las acciones
violentas. Algunos miembros de organizaciones de oposición
reconocieron que en algunas ocasiones respondieron con emboscadas
a los ataques, bloqueos, asesinatos y desplazamientos que
sufrieron por parte de DPJ. En cambio, los de DPJ se presentan
como víctimas: en “Ni Derechos Ni Humanos”,
mencionan que entre 1995 y 1997 hubo 89 asesinatos, con 66
víctimas de DPJ (3).
El testimonio del ex operador de radio de DPJ resulta abrumador: “Aquí no
hay ni paz ni justicia, sólo nos hemos matado entre
hermanos, todo por culpa del gobierno y de los dirigentes
de Paz y Justicia, que se aprovechan de la gente en su propio
beneficio. [...] Ellos roban y matan, nadie los detiene;
ya nadie los controla ni sus propios dirigentes.” (La
Jornada, 05-04-99)
Desde mediados de 1997, la violencia ha disminuido substancialmente
aunque ocurrieron algunos incidentes: asesinatos, balaceras,
bloqueos de carreteras, incurciones del Ejército.
Una explicación de esto podría ser que DPJ
logró tomar el control de la zona. El miedo infundido
entre 1995 y 1996 fue suficiente para impedir que la gente
de la oposición o observadores viajaran libremente.
Los rumores han sido uno de los mecanismos más usados
para seguir alentando el temor; traen como consecuencias
más polarización de la gente e impide en muchos
casos posibles acercamientos.
Interrogado sobre los últimos asesinatos en la zona,
Diego Vázquez (miembro fundador de DPJ) contestó: “Asi
había gente de DPJ involucrados, se les deben castigar
porque ya no se debe seguir como antes. Aquí en el
Limar están sembrando juntos los del PRD y de DPJ.
Hay un poco de convivencia, ya no debemos pelearnos” (1).
Este tipo de declaraciones sorprendentes generan cierta confusión.
La crítica situación de los desplazados
Una de las consecuencias más visibles y dramáticas
de la violencia desatada en la zona son los más de
4000 desplazados, la mayoría pertenecientes a la oposición
(1). DPJ habla de “autodesplazamientos”, considerando
que los miembros de la oposición lo hacen a propósito
para generar mayor confusión.
Muchos desplazados valoran que no existen las condiciones
para retornar. Viven sobre tierras prestadas por otros campesinos,
lo que apenas les alcanza para comer. Un desplazado de Ojo
de Agua nos comentó: “Como las tierras son escasas,
nadie quiere a los desplazados. Creo que porque ellos no
sufrieron, que por eso no tienen idea.... No entienden lo
que sufre un desplazado.... No sabemos a donde ir, ni que
hacer... Yo sólo pienso y pienso en la noche. Y me
enfermo de tanto pensar.” (1)
Los que retornaron entre 1996 y 1997 tienen mayor seguridad
en cuanto a las cosechas. Sin embargo, no están a
salvo de problemas: a menudo están presionados por
los de DPJ para incorporarse a su organización, abandonar
la religión católica, informar de sus reuniones
y deben pedir permiso para salir de la comunidad. (5)
Uno de estos retornados nos comentó: “El 18
de julio de 1996 hicieron un operativo, el Ejército,
la policía junto con los de DPJ. Balearon la iglesia,
rompieron las imágenes, saquearon las casas y robaron
nuestros animales. Nosotros fuimos al monte a escondernos.
Se murió mucha gente. A mi se me murió un hijito,
se enfermó y no pude llevarlo al médico por
temor de las emboscadas de Paz y Justicia. El 10 de octubre
de 1996 logramos nuestro retorno. Pero no hay garantías
para nuestra vida.” (1)
Otro punto crítico es la demanda planteada por los
delegados de 18 comunidades de la oposición de la
zona baja de Tila para exigir al gobierno estatal una indemnización
por la pérdida de ganados robados, casas destruídas,
cosechas perdidas, etc. que se dieron durante ataques de
DPJ con presencia de miembros de Seguridad Pública
en años anteriores. Todavía no han recibido
respuesta. El gobierno argumenta que no puede pagar porque
no fue responsable; en cambio, sí les ofrece proyectos.
Pero según Manuel de Jolnixtié: “No queremos
sus proyectos, queremos justicia, queremos que nos devuelven
lo que han robado sea en dinero o en animales. ¿Acaso
la policía y el Ejército no son del gobierno?” (1)
La reconciliación y sus desafíos
A pesar de todo lo anterior, existen algunos signos alentadores
de acercamiento. En la comunidad de Emiliano Zapata, municipio
de Tila, no obstante las divisiones (40 familias de la organización
DPJ y 25 de la oposición), lograron evitar los desplazamientos.
Uno de sus representantes nos comentó que los de DPJ
querían obligarlos a ingresar a sus filas. “Dialogamos
con ellos y logramos que nos respeten. Hicimos un acuerdo
con ellos, ya desde el inicio para que los de DPJ de otras
comunidades nos respeten también. Fue muy difícil
hacer el acuerdo, pero después de 3 meses de pláticas,
logramos tener un acuerdo con el comisariado ejidal.” (1)
El 27 de febrero de 1999, retornaron 14 familias desplazadas
a Cruz Palenque, donde fueron acogidas por 20 familias de
las 26 de DPJ que se habían quedado en la comunidad.
El ex dirigente de DPJ se arrepintió y buscó al
Coordinador Regional Interinstitucional (del Gobierno del
estado) para empezar las negociaciones. Sin embargo, seis
familias de esta comunidad siguen con DPJ y las tensiones
se mantienen. Se han dado conflictos sobre la radio comunitaria,
que está en manos de DPJ, y sobre la muerte de un
perro, matado por el hijo del líder de DPJ. Según
el hijo, fue en defensa propia, según Pedro (su tío,
dueño del perro y quien ya no pertenece a DPJ), trató de
matarle a él. Se llamó a una reunión
con el Presidente Municipal, el Coordinador Regional Interinstitucional
y dirigentes de DPJ. Hasta el momento, no se ha resuelto
el problema. Todavía no se ha dado la reunión
debido a la falta de cumplimiento del Presidente Municipal
y de representantes gubernamentales. Este ejemplo de desacuerdo
puede parecer insignificante, pero es muy sintomático
de la polarización, la precariedad y el carácter
explosivo de la situación en ésta y otras comunidades.
Un nuevo elemento en el rompecabezas: las divisiones internas
en DPJ
En los últimos meses han empezado a salir a la luz
pública las supuestas divisiones internas en la organización
de DPJ. Los inconformes (bajo el liderazgo de Cristóbal
Gómez Torres y Diego Vázquez) acusan a los
ex-dirigentes Samuel Sánchez, Marcos Albino y Raymundo
Trujillo de haber robado los más de 4 millones de
pesos que recibió la organización para proyectos
productivos, porque en más de 4 años, no han
visto ningún resultado.
Frente a estas divisiones, el Gobierno del estado ha mostrado
una extrema diligencia para llegar a las reuniones de acercamiento
entre las dos fracciones. Los analistas explican tanta solicitud
por la necesidad de preparar el terreno electoral. Sin embargo,
esa disponibilidad hacia DPJ contrasta con la ausencia gubernamental
en las reuniones para resolver conflictos en Cruz Palenque
como ya mencionamos.
Como aparece en la página 4, el gobierno federal
está haciendo un llamado al EZLN para regresar a la
mesa del diálogo. Esta iniciativa puede significar
un nuevo esfuerzo de distensión en la zona Norte,
la cual fue incluida por el EZLN como una de las condiciones
para reanudar el proceso de paz.
Según algunos analistas, otra explicación
a la actitud gubernamental en la zona es que el gobierno
tiene interés en apoyar a DPJ para evitar una nueva
degradación de la situación o la victoria de
la oposición en las próximas elecciones.
A la espera de las elecciones
Ciertamente, alienta la relativa disminución de la
violencia en la zona Norte en los últimos dos años
(en comparación con 1995 y 1996). No obstante, se
debe en gran parte al hecho de que el terror ya está implantado.
En el fondo, la situación no ha cambiado: siguen prevaleciendo
la desconfianza, la polarización y una violencia siempre
a punto de estallar. Superar el miedo al ‘otro’ o
romper con discursos como “con ellos ya no hablamos
y no vamos a hablar porque ya no sabemos lo que hay en su
corazón” requiere tiempo.
Mientras esta situación no cambie, la zona Norte
puede volver a convertirse en el escenario abierto de una
modalidad de guerra que si bien no es abierta, genera muerte
y no termina. En este contexto, informar sobre lo que pasa
en la zona puede ayudar a romper el cerco del miedo y de
los prejuicios.
De ambos lados, escuchamos: “estamos cansados, ya
no queremos más violencia. Queremos trabajar, nada
más queremos trabajar... Pero, ¿qué quieren
verdaderamente los líderes y qué tanto pueden
estar sirviendo a otros intereses? ¿A quiénes
convienen esas divisiones?
Tristemente, la conclusión del artículo del
Informe de SIPAZ de abril de 1997, ha conservado su vigencia: “Por
otra parte, el lanzamiento de la campaña electoral
y la proximidad de las elecciones [...] plantean una nueva
amenaza y un nuevo desafío para los actores políticos
en el Norte: reiterar las experiencias de 1994 y 1995 que
casi llevan a los ch’oles a una guerra civil, o asumir
la lucha política legítima y respetuosa de
las diferentes opciones electorales. Los gobierno estatal
y federal tendrán una gran responsabilidad en el curso
que los acontecimientos tomen allí.”
(1) Entrevistas
de SIPAZ en la Zona Baja de Tila entre marzo y agosto de
1999. (Volver a la 1º aparición
de la presente Nota al Pie...) (2)SIPAZ
Informe, Abril 1997, Año
2, no.2 (Volver a
la 1º aparición de la presente Nota al Pie...)
(3)“Ni Derechos Ni Humanos en la
zona Norte de Chiapas: la otra verdad de los sucesos en la
zona ch’ol, como
respuesta a la versión difundida por el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas - Enero
1994 a septiembre de 1997", Desarrollo, Paz y Justicia.
Noviembre de 1997. (Volver a
la 1º aparición de la presente Nota al Pie...) (4) “Cuarto informe sobre las
Fuerzas Armadas Mexicanas”,
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
LVII Legislatura del Congreso de la Unión, 30 de abril
de 1999. Presentado por el diputado federal Gilberto López
y Rivas en su calidad de presidente en turno de la COCOPA
ante la Procuraduría General de la República.
(Volver a
la 1º aparición de la presente Nota al Pie...)
(5) “Población
desplazada en Chiapas”,
Onécimo Hidalgo y Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
(CIEPAC), julio de 1999. (Volver a
la 1º aparición de la presente Nota al Pie...)
Documento consultado: “Ni Paz Ni Justicia o Informe
general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los
ch’oles en la zona Norte de Chiapas - Diciembre de
1994 a octubre de 1996", Centro de Derechos Humanos ‘Fray
Bartolomé de las Casas”, octubre de 1996.
:: Actividades del equipo
Julio - Octubre 1999
Entre otras:
Visitas y Contactos:
- Varias visitas a la zona Norte (comunidades del municipio
de Tila) para hablar con campesinos, desplazados retornados,
representantes de varias iglesias y organizaciones sociales,
líderes de Desarrollo Paz y Justicia y autoridades
locales.
- Visitas a comunidades de Los Altos para hablar con actores
religiosos.
- Visita a México DF para reuniones con ONGs y representantes
diplomáticos.
Información:
- Elaboración y difusión de una Acción
Urgente sobre la incursión militar en Amador Hernandez,
las Cañadas.
- Entrevistas con líderes religiosos (evangélicos
y católicos), para la preparación de un documento
sobre la situación religiosa en Chiapas.
- Organización del programa y acompañamiento
de dos delegaciones: Fellowship of Reconciliation y Witness
for Peace/SAO Watch/EPICA de EEUU.
- Organización del programa y acompañamiento
de la Premio Nobel por la Paz de Irlanda, Mairead Maguire.
- Co-organización del programa del Encuentro Interreligioso
en San Cristóbal y Acteal.
- Organización y facilitación de un intercambio
sobre acompañamiento internacional y observación
de DDHH con ONGs mexicanas e internacionales.
Educación:
- Facilitación de tres talleres de “Resolución
Alternativa de Conflictos” en Yajalón para
miembros de organizaciones de la sociedad civil y en
Simojovel (con
productores de café).
- Coordinación de un taller de ‘Jugar por la
Paz’ facilitado por Richard Rutschmann con ONGs y niños
en San Cristóbal.
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