:: SUMARIO
El EZLN (Ejército Zapatista de
Liberación Nacional) continuó en meses recientes
con sus iniciativas políticas en un esfuerzo por mantener
el tema de derechos indígenas en la agenda política
y por defender su posición como fuerza política
que se debe tomar en cuenta. Organizó dos foros para
el seguimiento de la consulta zapatista sobre ‘Derechos
y Cultura Indígena’ y para reforzar los vínculos
con organizaciones en todo México.
Por otra parte, el gobierno mexicano utilizó estrategias
militares y políticas para debilitar a los zapatistas.
A principios de junio, un año después del violento
desmantelamiento de 4 municipios autónomos, miembros
de la Seguridad Pública y del Ejército incursionaron
en 10 comunidades de Las Cañadas (la selva Lacandona).
En las incursiones participaron entre cien y mil militares
y policías. Como explicación a estos operativos,
las autoridades estatales y federales mencionaron la aplicación
de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra
el narcotráfico, la detención de delincuentes,
asegurar que pueda llegar la ayuda del gobierno, y, la protección
de los pobladores que así lo pidieron. Las diversas
justificaciones combinadas con el estallido de incursiones
violentas sugieren que actualmente existen objetivos políticos
y militares menos explícitos.
El gobierno mexicano continúa insistiendo en su inagotable
paciencia por encontrar una solución pacífica
al conflicto chiapaneco. Sin embargo, periódicamente
ha llevado a cabo incursiones militares y policiacas que
apuestan al desgaste físico de las comunidades zapatistas,
servir de ejemplo de lo que los zapatistas y sus aliados
pueden esperar y socavar los esfuerzos de organización
de la oposición.
Los resultados de las recientes incursiones fueron arrestos,
hostigamientos, el desplazamiento de 50 familias que
huyeron por el miedo, la destrucción de enseres domésticos
por miembros del Ejército y la instalación
de nuevos campamentos militares dentro y alrededor de las
comunidades. En los últimos meses ha habido también
numerosos reportes de una actitud más agresiva en
los retenes militares, policiacos y de migración en
la región de los Altos y la Selva.
Las incursiones en junio coincidieron con la nominación
del nuevo secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco (Francisco Labastida renunció para contender
por la candidatura del PRI a la Presidencia de la Nación
en las elecciones del 2000). Si se hizo o no intencionalmente,
el hecho es que las incursiones de esas fechas se interpretaron
como una señal de que la elección de Carrasco
no significará un cambio en la política gubernamental.
El nuevo secretario de Gobernación se reunió con
la COCOPA (la Comisión integrada por diputados para
apoyar el proceso de paz), en el que fue el primer encuentro
desde hace 10 meses, pero no se llegó a ningún
acuerdo.
Al mismo tiempo continuaron eventos propagandísticos
en los que presuntos zapatistas entregaron armas a cambio
de apoyo económico gubernamental. Por su parte, el
EZLN denunció estos eventos como una farsa. Incluso,
en algunos casos, los participantes reconocieron más
tarde que habían participado en esa mascarada a cambio
de asistencia financiera.
Estas cuestionables ‘deserciones zapatistas’ y
las operaciones policiaco-militares mencionadas anteriormente,
parecen ser parte de una estrategia gubernamental que tiene
como propósito mostrar un EZLN políticamente
irrelevante y declarar una paz unilateral. A nivel estatal,
otros hechos que apoyan esta idea incluyen las iniciativas
legislativas (anteriores a las incursiones) sobre ‘Derechos
y Cultura Indígena’, desarme, amnistía
y remunicipalización. Además, el gobierno federal
anunció un proyecto de aproximadamente 11 millones
de dólares, que incluyen un préstamo del Banco
Mundial, para beneficiar a 3000 productores en 116 comunidades
de la región de Las Cañadas, base clave del
apoyo zapatista. La asistencia gubernamental es muy polémica
en las zonas de influencia zapatista. Cualquiera que sea
otro aspecto que el proyecto cumpla, es muy probable que
genere un aumento de desacuerdo dentro de las comunidades.
En la investigación en marcha de la masacre de Acteal
del 22 de diciembre de 1997, se dictó sentencia a
Mariono Pérez Ruiz, ex-militar acusado de entrenar
al grupo paramilitar que perpetró la matanza. Sin
embargo, de la misma manera en que ocurrió con 10
ex-policías, fue condenado solamente por el delito
de portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército. Fue sentenciado a dos años de prisión,
con posibilidad de salir bajo fianza. El Ejército
declaró que efectivamente era un soldado, pero que
estaba de vacaciones cuando se le encontró vinculado
al grupo paramilitar. El sentenciado confirmó esta
versión, aunque posteriormente declaró que
el Ejército así se lo había pedido.
Como parte de la misma investigación, el 19 de julio
se condenaron a 20 detenidos a 35 años de prisión
por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves
y portación de armas de fuego sin licencia y de uso
exclusivo del Ejército mexicano.
En julio, cuatro partidos de oposición y el Senador
Pablo Salazar, que recientemente dimitió del PRI,
firmaron un acuerdo para escoger a un candidato único
en las elecciones del 2000 para Gobernador de Chiapas. La
nueva coalición representa un reto de formidable potencial
para la histórica dominación del PRI en la
política chiapaneca.
Por otro lado, la gubernamental Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) denunció que en México
sigue persistiendo la práctica de la tortura, señalando
a la Procuraduría General de la República (PGR)
y Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) como las
instancias que reciben más quejas en su contra. Por
primera vez en su historia, la CNDH dio cifras, reportando
que ha recibido 1679 quejas en contra de la SEDENA, mayormente
hechas por civiles que declararon ser víctimas de
personal militar.
En el ámbito internacional, la crítica por
el historial de los derechos humanos en México y el
manejo del conflicto en Chiapas incluyeron un reporte de
Aministía Internacional.
Con las elecciones presidenciales a tan
sólo un año
de distancia, México ya se está integrando
al período de campañas. El resultado es un
menor interés por el conflicto en Chiapas. Esto parece
beneficiar al gobierno, debido a que un debate sobre Chiapas
le perjudicaría al partido oficial por la falta de
avances desde el 94. Por eso, en vez de buscar una solución,
para el gobierno de Zedillo resulta más conveniente ‘administrar’ el
conflicto hasta las elecciones: reiterar su compromiso al
diálogo, continuar con su estrategia contrainsurgente
para desgastar o contener -por lo menos- el apoyo zapatista,
y llevar a cabo programas sociales con el propósito
de fortalecer su base electoral. Presumiblemente, el EZLN
continuará defendiendo su espacio político
tanto como pueda, pero no muestra la voluntad de regresar
al diálogo mientras sus pre-condiciones no sean cumplidas.
De esta manera, son poco prometedoras las señales
que indicarían progreso en la situación de
Chiapas y sigue en pie la delicada situación que puede
ocasionar una creciente situación conflictiva.
Acciones recomendadas
- Exhortar a la COCOPA a aprovechar el
apoyo ciudadano a su propuesta de ley indígena para buscar la forma
de presentarla al Congreso de la Unión, haciendo prevalecer
el interés superior de la paz sobre las posiciones
partidarias.
- Urgir a la administración de
Zedillo a:
- desarmar a los grupos pa-ra-militares;
- reconocer y respetar la labor humanitaria y la
contribución
al proceso de paz que realizan los observadores
internacionales y los defensores de los derechos humanos;
- ordenar una reducción substancial de las tropas
federales en las zonas de conflicto como una señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
- Difundir información - como este informe - sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Favor de escribir a:
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783
Roberto Albores Guillén
Governador de Chiapas
Fax: (int-52) (961) 20917
Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo
de la Reforma # 10, piso 17
06018 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 140 3288
:: ACTUALIDAD
CHIAPAS: Nueva ola de hostigamiento
El presidente Zedillo, durante su cuarta gira en Chiapas
en lo que va del año, afirmó que:
"el
gobierno nunca actuará con la violencia ni con la
represión frente a quienes están inconformes.
El gobierno quiere el diálogo, quiere la negociación.
[...]Afortunadamente en México no hay persecución
de ningún tipo. [...]Es por eso que nos entristece
mucho y debe preocupar a todos que existen divisiones y enfrentamientos
en algunas comunidades de Chiapas, especialmente comunidades
indígenas. Es muy triste que por intolerancia política, étnica
o religiosa sigan dándose divisiones y enfrentamientos
entre hermanos." (La Jornada, 18 de mayo)
-
Estas palabras fueron secundadas por Emilio Rabasa, el
coordinador gubernamental para el Diálogo y la Reconciliación,
cuando recalcó que
"[en Chiapas] la estrategia
[gubernamental] a un año cinco meses [después
de la masacre de Acteal], ha dado como resultado un clima
de distensiones, de estabilización . [...]Hoy[...]se
ha favorecido la concordia social y la convivencia." (La
Jornada, 30 de mayo).
Al mismo tiempo a finales de mayo, Diódoro Carrasco
Altamirano reemplazó a Francisco Labastida Ochoa como
secretario de Gobernación, quien renunció para
dedicarse plenamente a su pre-campaña presidencial.
Este cambio propició, a inicios de julio (después
de diez meses de no haber tenido contacto), una reunión
entre los miembros de la COCOPA (Comisión de Concordia
y Pacificación) y la Secretaría de Gobernación.
El diputado López y Rivas del PRD (Partido de la Revolución
Democrática) preguntó al secretario si el gobierno
federal estaría dispuesto a presentar una nueva propuesta
sobre la iniciativa de ‘Derechos y Cultura Indígena’ o
a retirar la anterior. La respuesta fue que el secretario
lo "iba a considerar", no comprometiéndose
con acuerdos concretos.
Aunque con estos hechos se reafirma por
un lado la presunta buena voluntad de los representantes
políticos, por
otro, la realidad no concuerda con esa retórica. Días
más tarde, en las dos primeras semanas de junio, se
pudo observar un aumento significativo en cuanto a incursiones
militares y policiacas realizadas en comunidades zapatistas;
detenciones arbitrarias de presuntos zapatistas; hostigamiento
por parte de los militares en los retenes e instalaciones
de nuevos campamentos militares. En cada una de las incursiones
participaron entre cien y mil militares y policías.
Como justificaciones de todos estos operativos, las autoridades
estatales y federales mencionaron la aplicación de
la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el
narcotráfico, la detención de delincuentes,
asegurar que pueda llegar la ayuda del gobierno y la protección
de los pobladores que así lo pidieron.
Se registraron incursiones en una decena
de comunidades en Las Cañadas de Ocosingo como La Trinidad y Nazareth.
Dichas incursiones causaron miedo entre la población
y debido a ello alrededor de 50 familias simpatizantes zapatistas
provenientes de Nazareth huyeron y siguen desplazadas en
una comunidad vecina. A finales de junio, durante una visita
de SIPAZ a la zona, los desplazados de Nazareth comentaron: "Tenemos
ordenes de aprehensión por delitos prefabricados.
Por eso no podemos regresar. Se quedaron algunos de nuestros
hijos y los priístas no nos dejan entrar para darles
comida."
Durante los operativos en El Censo y Pavorreal
(también
en Ocosingo), militares y policías detuvieron a algunos
presuntos zapatistas, acusados de delitos de fuero común.
Los habitantes dieron testimonios de destrucción de
casas, de enseres domésticos y de maltrato físico.
Hasta la fecha de entrega de este artículo seguían
los patrullajes del Ejército durante los cuáles,
según las autoridades de las comunidades zapatistas,
militares interrogan agresivamente a los pobladores.
En los últimos meses se notó también
una actitud más ofensiva en los retenes militares,
de policías y de autoridades migratorias. En varias
ocasiones, trabajadores de ONGs fueron intimidados o se les
negó el libre tránsito. De la misma manera,
los militares ejercen funciones de policía (detenciones)
y migración (registro de datos migratorios de extranjeros),
y oficiales de migración hacen preguntas de ‘inteligencia
militar’ (preguntando sobre contactos zapatistas).
En el informe de la Conferencia del Episcopado
Mexicano se explicó que, en el conflicto chiapaneco, el gobierno
mexicano ha utilizado dos estrategias: desgastar al EZLN
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional)
y descalificar a la diócesis de San Cristóbal,
incluyendo a sus obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.
Agregó que el estancamiento de las negociaciones se
debe a la intolerancia de las partes y al incumplimiento
de los Acuerdos de San Andrés.
Apoyos económicos
Por otro lado, en los meses de abril, mayo y junio siguieron
las campañas publicitarias gubernamentales sobre la
entrega de armas de supuestos zapatistas a cambio de apoyo
económico gubernamental. El EZLN y algunas organizaciones
sociales locales y regionales calificaron dichas entregas
como "una farsa y un teatro".
A nivel federal, el gobierno puso en marcha un programa
sin precedentes que prevé una amplia presencia gubernamental
en 116 comunidades de Las Cañadas de Ocosingo, Las
Margaritas y Altamirano. Se hará con un presupuesto
de cerca de 109 millones de pesos (aproximadamente 11 millones
de dólares), que en teoría beneficiaría
directamente a más de 3 mil productores. En el proyecto
se incluyen recursos de un préstamo proveniente del
Banco Mundial. En vista de la implacable oposición
zapatista a dejar que los programas gubernamentales se implanten
en comunidades con su influencia, el Procurador General de
Chiapas, Gral. Eduardo Montoya Liévano, recientemente
declaró que “el Gobierno garantizará que
la ayuda llegue a las comunidades, y, si es necesario usar
la fuerza pública para ello, entonces se hará.” Así,
se teme que el nuevo programa servirá para aumentar
el conflicto social en el área. Esos temores son intensificados
por el hecho que la organización que orienta al gobierno
en su política productiva en Chiapas es la Consultora
Asesoría Alternativa A.C., dirigida por Diana Orive,
hermana de Adolfo Orive, persona de línea dura que
fue arquitecto clave de la política seguida por la
administración de Zedillo en Chiapas.
Acteal
El 20 de mayo se dictó sentencia a Mariano Pérez
Ruiz, ex-militar acusado de entrenar al grupo paramilitar
que perpetró la matanza. Sin embargo, de la misma
manera en que ocurrió con 10 ex-policías, fue
condenado solamente por el delito de portación de
arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue sentenciado
a dos años de prisión, con posibilidad de salir
bajo fianza. El Ejército declaró que efectivamente
era un soldado, pero que estaba de vacaciones cuando se le
encontró vinculado al grupo paramilitar. El sentenciado
confirmó esta versión, aunque posteriormente
declaró que el Ejército así se lo había
pedido. Del mismo modo, el 19 de julio se condenó a
20 detenidos más por la masacre a 35 años de
prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones
graves y portación de armas de fuego sin licencia
y de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Otros avances incluyeron la detención de Victorio
Arias Pérez, uno de los presuntos líderes de
los paramilitares involucrados en la matanza de Acteal; y
la ejecución de tres órdenes de aprehensión
más.
Por otro lado, Amnistía Internacional solicitó al
gobierno estadounidense que investigue a Julio César
Ruíz Ferro (quien era gobernador de Chiapas cuando
ocurrió la tragedia en Acteal y que ahora trabaja
en la embajada mexicana de los EEUU), para determinar si
tuvo responsabilidad o no en la masacre. La petición
estuvo desestimada por el subsecretario para América
del Norte y Europa, Juan Rebolledo Gout, bajo el argumento
que "no hay naciones exentas de violaciones a los derechos
humanos en el mundo".
La CNDH
La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), observó que en
México sigue persistiendo la "degradante" práctica
de la tortura. Según su información, en
1998 se registraron 21 casos, en los cuales la Procuraduría
General de la República (PGR) y la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) aparecieron como las
dos principales dependencias en donde se encuentran servidores
públicos presuntamente responsables de este tipo
de hechos.
Por primera vez en su historia, la Comisión dio cifras
sobre las quejas en contra de la SEDENA. Dijo haber recibido
1679 quejas en su contra : la mayoría hechas por civiles
y menos de 400 por militares en ejercicio de su trabajo o
desertores.
Además propuso una reforma legislativa para arreglar
la confusión con respecto a cual es la autoridad más
indicada para tratar asuntos de violación de derechos
civiles, cometidos por parte de militares. El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez comentó al
respecto que el Código de Justicia Militar, bajo ninguna
circunstancia puede estar por encima de la Constitución
General (cuyo artículo 13 menciona que los asuntos
de violaciones a civiles deben ser entregados a la autoridad
civil), ni de los convenios internacionales de derechos humanos
firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado
de la República, por lo que sería innecesaria
una reforma legislativa.
La misma CNDH vivió un cambio legislativo cuando,
a principios de junio, con la aprobación de las reformas
al artículo 102 de la Constitución, recibió plena
autonomía del Ejecutivo Federal, siendo ahora el Senado
de la República el que nombre a su titular. Lo que
no se aprobó fue la ampliación de facultades
de la CNDH para trabajar asuntos laborales y electorales.
Otros asuntos
El diputado federal perredista, Gilberto
López y Rivas,
presidente en turno de la COCOPA en abril de 1999,
informó que
la fracción del PRD en la Cámara de Diputados
tiene información con respecto a que en Chiapas
se están integrando numerosos campos de entrenamiento
de grupos paramilitares, financiados por los gobiernos
federal y estatal. Dos priístas chiapanecos
destacados recomendaron la renuncia de López
y Rivas a la COCOPA, por deformar la realidad chiapaneca
y la función de esta comisión.
En respuesta, López y Rivas presentó la
información
que coleccionó a la Procuraduría General
de La República, exigiendo una investigación
profunda.
Durante el segundo encuentro entre representantes de
la sociedad civil y el EZLN (8/9 de mayo), el EZLN
invitó a las
coordinadoras nacionales, estatales, regionales y municipales
de la Consulta a que se transformaran en instancias de contacto
entre el EZLN y la sociedad civil; ello dio como resultado
un segundo foro estatal de la sociedad civil (20 de junio),
donde participaron más de 70 organizaciones
sociales mexicanas para dar seguimiento a la Consulta
zapatista.
En julio, cuatro partidos de oposición y el Senador
Pablo Salazar, que recientemente dimitió del PRI,
firmaron un acuerdo para escoger a un candidato único
en las elecciones del 2000 para Gobernador de Chiapas. La
nueva coalición, llamada el ‘Movimiento de la
Esperanza’, incluye al Partido de Acción Nacional
(PAN), al Partido de la Revolución Democrática
(PRD), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
y al Partido del Trabajo (PT). Aunque el acuerdo no estipula
quién será el candidato, Salazar ha expresado
su deseo de contender. Aún siendo un senador del PRI,
ha sido altamente crítico de la política gubernamental
con respecto al conflicto de Chiapas. La nueva coalición
representa un reto de formidable potencial para la histórica
dominación del PRI en la política chiapaneca.
A nivel internacional
En el informe anual de 1998, Amnistía Internacional
afirmó que continúa recibiendo denuncias sobre
violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército
Federal y los grupos paramilitares vinculados con el gobierno
mexicano. Agregó que unas de las violaciones más
frecuentes son el caso de los presos políticos, el
hostigamiento a dirigentes de Organismos No Gubernamentales
y la expulsión de observadores extranjeros.
En los Estados Unidos se concedió asilo a un ex-capitán
del Ejército mexicano al contender que podría
ser perseguido en México por renunciar a matar a rebeldes
zapatistas ya capturados. El ex–capitán llegó a
los Estados Unidos en 1994. Durante el proceso, que fue el
primero de esta índole, la Juez en Estados Unidos
dijo que dos reportes de derechos humanos y el testimonio
de un testigo experto demuestran que hay buenas razones para
creer que el Ejército mexicano ha torturado y matado
a rebeldes zapatistas.
Además, el 1º de julio, el Senado estadounidense
aprobó un apoyo financiero junto con el que se expresa
gran preocupación por la no solución del conflicto
en Chiapas. “La militarización de la región,
incluyendo la violencia perpetrada por grupos paramilitares
pro-gubernamentales, ha resultado en muertes civiles y ha
forzado a miles a huir de sus casas”. Notando el poco
progreso hacia una resolución, en la declaración
del Senado se urge al gobierno mexicano a acordar una fecha
para la visita del Alto Comisionado para los derechos humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y “tomar
medidas para crear las condiciones necesarias que conduzcan
a un diálogo político”.
::ENFOQUE
El regreso de corazón
Justicia y reconciliación en la tradición
indígena
“[El Estado] promoverá que el derecho positivo
mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos
de resolución de conflictos internos a los pueblos
y comunidades indígenas para aplicar la justicia sobre
la base de sus sistemas normativos internos, y que mediante
procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados
por las autoridades jurisdiccionales del Estado”
(extracto
de los “Compromisos del gobierno federal con los pueblos
indígenas”, parte de los Acuerdos de San Andrés
firmados en febrero de 1996 con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional).
Mucho se ha escrito sobre Chiapas desde el levantamiento
armado de enero de 1994. No obstante, poco se sabe de lo
cotidiano en las comunidades indígenas, de su manera
de enfrentar los ‘problemas’ (palabra con la
que identifican los conflictos, manteniéndola en español
al hablar en su propio idioma). En los medios de comunicación
y en mucho de lo que se ha publicado sobre el tema, ni siquiera
se plantea la pregunta: se da por supuesto que las soluciones
a los conflictos que han brotado en toda la región
tienen que venir necesariamente de afuera. Pero si se toma
más tiempo y se pone más atención, se
llega a entender que habría mucho que aprender de
aquellos a quienes algunos consideran ignorantes...
Autoridades al servicio del pueblo
En el manejo de las contradicciones que se dan en las comunidades
indígenas de Chiapas, la jerarquía política
y religiosa juegan un papel clave. De hecho, como lo subraya
Antonio Paoli, sociólogo que ha trabajado durante
muchos años en Chiapas, es interesante recalcar que
en tzeltal (uno de los principales idiomas indígenas
del estado), la palabra ‘autoridad’ significa ‘el
que tiene un trabajo’. El sentido es por lo tanto diferente
al de la cultura occidental: ellos conciben la autoridad
como un servicio a la comunidad. Incluso nadie les paga para
darlo, más bien ellos tienen que ‘pagar’ con
su trabajo.
Paoli agrega: “Incluso antes que nadie las autoridades
deben estar trabajando en las tareas más pequeñas,
de tal manera que hagan ‘pequeño su corazón’.
El que ‘se cree’, el que presume, no tiene verdad
en su corazón. Sólo el que se cree pequeño,
tiene verdad en su corazón. Este es un principio,
un valor fundamental para los indígenas: la humildad.”
Aunque no se da así en todas las comunidades, otro
elemento que puede resultar sorprendente para nosotros es
que para nombrar a los ‘cargos’ (autoridades)
no eligen obligatoriamente a los más competentes o
a los que se destacan por su capacidad de liderazgo. A veces,
son más bien personas marginales que parecen apartarse
de la ‘costumbre’. Asumir un ‘cargo’ es,
según ellos, una buena forma de aprendizaje y socialización
para que dichas personas lleguen a ser bats’il winik
(‘hombres verdaderos’, concepto que existe en
los principales idiomas indígenas de Chiapas).
Las autoridades no tienen tanto tiempo
para trabajar sus ‘milpas’ (los
terrenos donde cultivan maíz y frijol) y algunos deben
encargarse de los gastos de las fiestas de la comunidad.
De aquí que, para cumplir con los deberes del cargo,
es indispensable respaldarse económicamente en los
familiares, lo cual fortalece las relaciones. La cohesión
familiar es vital para evitar los conflictos o para enfrentarlos
cuando se dan.
La dimensión comunitaria está omnipresente:
en tzeltal, la idea misma de ‘pecado’ significa ‘romper
un pacto social’. Por ejemplo, no es pecado tomar alcohol,
pero sí lo es generar problema en la comunidad al
andar ‘bolo’ (borracho).
Se privilegia el diálogo y la mayoría de las
decisiones se toman por consenso. Lo que importa es que todos
hablen y digan con sus palabras, lo que piensan. Eso puede
resultar sorprendente para el kaxlan (persona no indígena)
que asista por primera vez a una asamblea comunitaria: cada
indígena puede estar hablando de 15 a 20 minutos,
e incluso varias personas al mismo tiempo. El que se calla
es porque no está de acuerdo y hay que presionarlo
a expresar su desacuerdo, pero nunca de manera directa. Se
nota incluso esa tendencia en los talleres que damos como
SIPAZ o en los cuales participamos en las comunidades, cuando
varias personas llegan a repetir más o menos lo mismo.
El punto para ellos es asegurarse que la idea es compartida
por todos.
Mediación y resolución de conflictos
Un promotor de derechos humanos en la región de Agua
Azul explicó a Paoli el proceso al servir de mediador: “Ya
sentados, les pido que ya no hablen más con este tono
de voz (gritándose). Casi siempre empiezan a ser más
razonables. Con el tono de voz, con los decibeles, calibras
la ira un poco.”.
Un líder de una de las principales organizaciones
sociales en la zona de Las Cañadas dice: “En
el momento en que tenemos un pleito, ¿qué hacemos?
[...] Tenemos que ver las causas. Si el problema es muy grave
de tratar, y si se sigue deterriorando, tenemos que buscar
a otro compañero que sepa bajar el tono a la disputa.”
En tzeltal, la palabra para ‘mediador’ significa ‘estar
en medio’. El testimonio del mismo líder nos
da cuenta de una profunda experiencia y reflexión
sobre el tema de la ‘imparcialidad’: “Tienes
que ver a la gran persona, al hombre bueno, al buen ser en
las dos partes. Si te duele tu corazón, no puedes
ser el mediador. [...] Si te duele como parte de la comunidad,
es otra cosa. Pero si te duele por uno de ellos, no. Por
eso no se puede buscar al papá o al hermano, siempre
el mediador tiene que ser de una familia distinta de las
dos partes. Por eso se necesitan muchos cargos para elegir
quien es la persona más indicada. O sea, no hay mediador ‘oficial’.
Entre todos los cargos hay que buscar el mediador.”
La última parte de su testimonio hace hincapié en
algunos valores básicos para la mediación: “Algo
muy importante es ‘tolerar, tolerar, tolerar’.
Porque te van a querer agredir, te van a querer jalar para
su lado, te van a querer doblar para que seas del uno o del
otro grupo.”
El ‘regreso del corazón’: Integración
de cambios y reconciliación
En un taller del Colectivo Educación para la Paz (CEPAZ),
cerca de Altamirano, los participantes definieron la reconciliación
en estos términos: “llegar a un acuerdo en un
problema para solucionarlo”, “vivir en paz, no
provocando problema”, “pedir perdón, disculpa
con el que se tiene pleito antes de ir a la comunidad”.
La idea de perdón requiere de mayor explicación
cuando su entendimiento es muy distinto al occidental. En
tzeltal, se habla de ‘regreso del corazón’:
el agresor pide a su víctima que le ‘regrese
su corazón’, lo cual deja ver una concepción
muy profunda de la reconciliación como reconstrucción
de las relaciones. Cabe destacar que este acto se realiza
en un ámbito comunitario.
No obstante, el perdón no es olvido. Un ejemplo de
eso es el caso de las Abejas (las 45 víctimas de la
masacre de Acteal en diciembre de 1997 pertenecían
a este grupo): poco después de la matanza, perdonaron
públicamente a los asesinos, pero eso no les impide
pedir que se haga justicia.
Justicia indígena: reparación más que
castigo
Una característica de los procesos de resistencia
indígena ha sido su capacidad de fluctuación
entre costumbre y modernidad, exclusión e integración.
En cambio, la concepción del sistema judicial occidental
está diseñada de una manera bastante rígida:
los procedimientos buscan establecer si el acusado es culpable
y las posibles sentencias, ya que se encuentran listadas
en el código penal. Pero para los indígenas,
la idea clave de la justicia es llegar a un acuerdo. Por
lo general, no se ‘aplica el derecho’ por encima
de la voluntad o del deseo de las personas. Una solución
satisfactoria tiene que evitar futuros conflictos: en efecto,
si una de las personas involucradas no se encuentra satisfecha
por el acuerdo, lo más seguro es que habrá represalias
y una espiral sin fin de venganzas en lugar de una reconciliación.
En un taller en Chilón facilitado por CEDIAC – Centro
de Derechos Indígenas (ver recuadro), el grupo de
jueces tradicionales realizó un sociodrama sobre un
problema bastante común de las comunidades: una pelea
entre un borracho y el hermano de una muchacha que intentaba
seducir. Ellos notaron: “el Ministerio Público
no busca la raíz de los problemas. En el sociodrama,
el problema no es por la mujer sino en primer lugar por la
persona que vende alcohol en la comunidad. El Ministerio
Público no preguntó quién empezó el
problema y vio nada más sus consecuencias. Así no
se puede llegar a un buen acuerdo”.
En cuanto a la idea de castigo, de un
mismo modo, no existe una perspectiva individualista sino
más bien global
e integral. En el mismo taller sobre Reconciliación
al cual fuimos invitados por CEPAZ, un indígena promotor
de derechos humanos en el municipio de Altamirano, decía
del sistema judicial mexicano: “No es una buena justicia.
Cuando se mata a alguien, el gobierno se lleva a la persona
a la cárcel. No se reconoce el derecho de la familia.
Pero todos están sufriendo: el que fue matado y el
que mató, las familias de ambos. Hay que tomar medidas
para los familiares, buscar acuerdos para que el pueblo no
se desbarate”. Otro promotor en otra zona agregaba: “Hacer
justicia es buscar la forma de quedarnos como hermanos y
dejar de pensarnos como enemigos”.
Más que un castigo, importa ‘reparar’ el
daño hecho. Para retomar el ejemplo de un asesinato,
la idea de reparación significaría que el victimario
debe hacerse responsable por la subsistencia de la familia
de la víctima durante toda su vida. Cabe mencionar
que para dichos casos actualmente prevalece el sistema judicial
federal.
Ruptura de la unidad, crisis de la autoridad
A pesar de su riqueza, en el contexto actual, los métodos
tradicionales de resolución de conflictos indígenas
parecen insuficientes para responder al nuevo orden social
en Chiapas. En situaciones donde ya estalló la violencia,
resulta difícil hallar caminos de reconciliación;
y los conflictos secundarios, incluso los que pueden parecer
menores, también se encuentran exacerbados por la
polarización que generó el conflicto ‘macro’ entre
el EZLN y el gobierno federal. Divisiones, alta tensión
entre los distintos grupos (cualquiera que sea su naturaleza,
política, económica o religiosa), incidentes
violentos, deterioro del tejido social, etc.: otras tantas
palabras que hemos podido leer o escuchar con referencia
a la situación que prevalece en Chiapas desde el 1994...
El testimonio desgarrador de un desplazado
de las Abejas de 60 años que vive en un campamento cerca de Chenalhó,
sintetiza de manera mucho más vívida lo que
queremos evocar aquí: “Mi hijo es uno de ellos.
De los paramilitares. Tiene 28 años. No sé que
está en su corazón. Dos veces llegó para
matarnos. Me dijo: 'Papá, nosotros somos priístas.
No queremos a los zapatistas ni a los civiles. Sólo
vienen para causar problemas'. Y yo le dije: 'Pero hijo,
los civiles [las Abejas] no hacen nada. Ni roban ni causan
problemas'. Pero no quiso escuchar. Una noche llegó y
me dijo: 'Papá, quemé mi mano, está caliente
mi mano. Pero todavía falta por matar. Quiero matar
más'. Sí, participó en la masacre de
Acteal. No lo tomaron preso. No sé dónde está.
Ahí está, está libre. Así es.
No sé que está en su corazón. No sé.”
Los métodos tradicionales se ven también insuficientes
en este marco de divisiones agudas, ya que no todos reconocen
a las mismas autoridades para presentar sus denuncias. Dichas
autoridades pierden fuerza cuando pertenecen o son identificados
con uno u otro grupo político; no tienen el mismo
poder de convocatoria para que comparezcan las partes siendo
que un encuentro es el primer paso en cualquier proceso de
resolución de conflictos.
Por ejemplo, en las zonas donde los zapatistas
han establecido ‘municipios
autónomos’ existen dos sistemas paralelos de
justicia: el del estado -identificado como priísta-
y el elegido por las autoridades autónomas -identificado
como zapatista. Por otro lado, el sistema oficial suele ser
más costoso, a veces corrupto o difícil de
entender para los indígenas. Ante él, los indígenas
se ven más indefensos por su mal manejo del español
y el poco conocimiento de sus derechos. Muchos tienen miedo
frente a un sistema que se percibe y ha sido arbitrario y
poco eficiente. No obstante, y aunque existen excepciones,
por juegos de intereses políticos y/o por desconfianza
ideológica, es muy poco probable que un priísta
acuda a la autoridad correspondiente en un municipio autónomo.
En otras zonas, la dificultad de integrar
las diferencias ha llevado a las comunidades a “cerrarse” más,
defendiendo hasta violentamente sus costumbres así como
a desarrollar actitudes de corrupción y prepotencia
(se habla de caciquismos).
Mientras tanto, muchas de las medidas
implementadas desde el gobierno del estado o a nivel federal
sobre derechos y
cultura indígena son más bien unilaterales,
no rescatan la palabra o lo que los mismos indígenas
verían como verdaderas soluciones a sus problemas.
La efectiva implementación de los Acuerdos de San
Andrés, fruto de las negociaciones entre el EZLN y
el gobierno federal en 1996 permitiría tomar más
en cuenta las formas de resolución propias de los
pueblos indígenas aunque los mecanismos comunitarios
tampoco son suficientes para responder a la problemática
actual.
iertamente, cuando existía mayor homogeneidad y
unidad en las comunidades, resultaba más fácil
llegar a un consenso. Pero es importante no idealizar este
tipo de funcionamiento que muchas veces ha podido significar
la exclusión de cualquier voz ‘disidente’ y
la expulsión de muchos. Por eso, consideramos importante
destacar y rescatar lo mejor de ambos mundos, aprendiendo
a desarrollar una profunda tolerancia a las diferencias.
El cargo del Melsanwanej
El trabajo que desempeña el Melsanwanej recoge las
experiencias ancestrales y las prácticas de los antepasados
mayas en las formas de hacer justicia mediante sus propias
tradiciones. Fue en 1995, cuando se empezó a formalizar
el cargo de Melsanwanej (Juez Tzeltal o ‘Arreglador’)
partiendo de una iniciativa de las comunidades con el apoyo
del CEDIAC, de la Misión Jesuita y del presidente
municipal de Chilón (en aquel momento, del PRD). Desde
entonces, se empezó a capacitar formalmente a hombres
y mujeres de las comunidades tzeltales para asumir el cargo
de Jueces Tzeltales. El trabajo de los Melsanwanej cubre
centenares de comunidades en unos cinco municipios de Chiapas.
Los Melsanwanej son elegidos para servir su comunidad, trabajando
conjuntamente con los Principales específicamente
para buscar una solución justa a los problemas que
se presenten en las comunidades, explorando los caminos posibles
para volver a encontrar la armonía perdida. Los Principales
son autoridades morales elegidas por la comunidad que velan
por la tradición heredada de los antepasados. Cuando
hacen su juramento, los Melsanwanej reciben el bastón
de mando y se hincan sobre un petate. El petate significa
que la autoridad toma cargo para mantener entrelazadas las
hojas con que está hecho el petate, es decir, para
mantener la unidad y la armonía con justicia y verdad
dentro de la comunidad. Los Melsanwanej son también
apoyados en sus trabajos por los Coltaywanej, es decir,
por los promotores de derechos humanos quienes velan y
educan
en sus comunidades sobre los derechos individuales y colectivos
y denuncian las violaciones a los mismos.
Un brote de esperanza
A finales de mayo de 1999, SIPAZ fue invitado a participar
en la celebración del primer aniversario del regreso
de desplazados en una comunidad de Los Altos de Chiapas.
Este regreso se dio después de un largo proceso de
negociación y mediación, realizado en gran
parte con el apoyo del Centro de Derechos Indígenas,
CEDIAC.
La historia del conflicto
En 1997, la comunidad aceptó un proyecto del gobierno
para la construcción de un camino desde la carretera
principal. Las familias que no estaban con el partido oficial
se opusieron a esta decisión porque temían
que esto facilitara la entrada del Ejército. Decidieron
no cooperar para realizar dicha construcción, lo cual
fue percibido como violación a un acuerdo comunitario.
Por eso, algunas personas de afiliación priísta
decidieron tomar medidas drásticas, quemando algunas
casas del otro grupo. En consecuencia, varias familias huyeron
de la comunidad y se refugiaron en la montaña. Los
agresores vendieron animales y pertenencias de las familias
que huyeron al parecer para comprar armas de alto poder.
Unos meses después, regresaron algunos desplazados,
asesinando a cuatro personas priístas. También
hubo varios heridos. Después de esta tragedia, más
familias huyeron por miedo a más violencia.
Iniciativa de reconciliación
Con la salida de las familias, la comunidad se quedó muy
triste. El dirigente de la comunidad tomó la iniciativa
de pedir ayuda a la diócesis. Así fue como
una Misión de los Jesuitas y CEDIAC empezaron un proceso
de reconciliación con la ayuda de un equipo de mediación
que incluye a dos parejas de Jueces Tzeltales (Melsanwanej)
y una pareja de Principales (autoridades tradicionales de
los pueblos indígenas). También se involucraron
a otras dependencias en este proceso de reconciliación.
Uno de los papeles de los Melsanwanej y de los Principales
es “fortalecer el corazón” de cada persona
(tanto el de las mujeres como el de los hombres), dando palabras
de aliento. A diferencia de los jueces “occidentales”,
ellos buscan lograr un acuerdo entre las partes involucradas
en lugar de solamente castigar a los responsables.
Por ello, el primer trabajo de los Jueces
Tzeltales y de los Principales fue de hablar por separado
con las dos partes.
Los desplazados les informaron que los responsables de los
asesinatos habían huido y que ellos estaban pensando
en establecer una nueva comunidad. Sin embargo, al hablar
con los Melsanwanej y sus esposas, se dieron cuenta de que
esto sería poco factible porque no tenían ni
terreno, ni dinero. Por otro lado, lo que querían
los priístas de la comunidad era el castigo de los
responsables de los asesinatos. Los Melsanwanej les dijeron
que era válida su demanda, pero que tenían
que tramitarla a través del sistema judicial (para
hacer la investigación, emitir ordenes de aprehensión,
etc.). Además les hicieron ver que ellos también
eran parte del problema al haber quemado las casas y robar
algunos animales.
Desenlace
Al principio, había mucho resentimiento en contra
de los desplazados por la muerte de los cuatro priístas.
Muchas pláticas fueron necesarias para que disminuyeran
las tensiones y para que todos aceptaran su responsabilidad.
Al final, todos estuvieron de acuerdo en que el retorno de
los desplazados era la mejor solución. Se acordó que
la comunidad iba a apoyar la reconstrucción de las
casas de los desplazados, pagar las láminas, y que
la madera se sacaría del ejido.
El regreso se realizó hace poco
más de un
año. Hasta hoy, la investigación oficial sigue
pendiente. Mientras tanto, los indígenas de la comunidad
continúan con el proceso de reconciliación.
Todavía el dolor está presente entre algunas
personas y se puede sentir la tensión ya que es un
proceso que requiere tiempo. Pero en este caso, las dos partes
involucradas siguen dispuestas a respetarse, buscando espacios
para convivir juntos.
:: ANÁLISIS
CHIAPAS: Discursos de paz, política de fuerza
En los últimos meses, el ambiente en Chiapas se ha
tensado nuevamente. El recrudecimiento de la violencia por
parte de las fuerzas de seguridad se ha dado en un contexto
en el que el movimiento zapatista ha retomado la iniciativa
y ha demostrado nuevamente su poder de convocatoria. Desde
su encuentro con representantes de la sociedad civil en noviembre
de 1998, la consulta zapatista sobre ‘Derechos y Cultura
Indígena’ en marzo pasado y los dos foros de
seguimiento de la misma (en mayo y junio), el EZLN ha podido
demostrar que sigue siendo un actor que hay que tomar en
cuenta.
A nivel estatal, la realización de estos últimos
eventos le ha permitido un nuevo acercamiento con organizaciones
sociales que, aunque no todas comparten sus medios de lucha,
plantean las mismas reivindicaciones que los zapatistas.
A nivel nacional, el EZLN ha encontrado
eco en otros movimientos populares que han marcado la actualidad:
la organización
social en contra de la privatización eléctrica
y el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma
de México (que lleva ya varios meses de huelga). Ciertamente,
el tema de Chiapas ya no despierta tanto interés como
al principio del conflicto. No obstante, el EZLN ha abierto
caminos a otras formas de organización y de hacer
política. Además, ha logrado poner y mantener
la cuestión indígena en los temas pendientes
de la agenda política nacional.
Frente a esta persistencia del movimiento
zapatista y a cinco años de buscar minarle el terreno, la respuesta
del gobierno del estado se ha venido adaptando de manera
progresiva. A principios de año, se dieron muchas
iniciativas de ley que parecían buscar una solución
al conflicto excluyendo al EZLN: ‘ley de Amnistía
para el desarme de los grupos civiles en Chiapas’, ‘ley
de Derechos y Cultura Indígena’ y el proyecto
de remunicipalización (ver Informe de mayo de 1999).
Luego, apenas una semana después de la Consulta zapatista,
empezó una ofensiva propagandística alrededor
de supuestas deserciones zapatistas. Esta campaña
tenía como propósito hacer pensar a la opinión
pública nacional e internacional que el conflicto
había perdido intensidad y que el EZLN ya no contaba
con el mismo apoyo por parte de las comunidades indígenas.
La entrega de armas y pasamontañas se repitió en
varios lugares generando mucha confusión, aunque se
reveló más tarde que los supuestos zapatistas
no lo eran desde por lo menos 1995 e incluso que algunos
nunca lo fueron. Algunos de ellos reconocieron públicamente
que se habían prestado a esta mascarada a cambio de
apoyos económicos. Con esta campaña que viene
junto con la promesa de otras ayudas, el gobierno apuesta
al desgaste de las comunidades indígenas después
de más de cinco años de resistencia. Pretende
responder (algunos dicen que aparenta responder) a las demandas
planteadas por los zapatistas... sin los zapatistas de manera
que se piense que la situación en Chiapas ya está 'bajo
control'.
Como último recurso para debilitar el movimiento
zapatista, el gobierno parece haber optado por regresar a
una estrategia de fuerza. Como en el pasado, las acciones
de hostigamiento se han dirigido no solamente en contra de
los zapatistas sino también en contra de organizaciones
sociales y campesinas (posibles aliados del EZLN).
Desde febrero de 1995, fecha en que el
Ejército federal
entra en la Selva para arrestar a la comandancia zapatista,
los gobiernos estatales y federales no han cambiado su discurso
y sus llamados a la paz y al diálogo. Sin embargo,
desde aquel entonces se han dado reiterados períodos
de hostigamiento policiaco-militar (en particular con el
desmantelamiento de cuatro municipios autónomos zapatistas
el año pasado).
En las últimas operaciones, la policía ha
jugado un papel más activo que el Ejército
debido a que este último no lo puede hacer abiertamente
en la zona ‘de conflicto’ (según la ley
para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas de marzo de 1995). El pretexto para entrar a las
comunidades es fácil de encontrar cuando la justificación
se da por la existencia de problemas -supuestos unos y reales
otros- entre zapatistas y priístas. El Ejército
sigue asumiendo un papel que no le corresponde constitucionalmente,
mostrándose cada vez más agresivo en los retenes
de la zona, en particular en los Altos.
Todos estos elementos nos hacen pensar
que las nuevas acciones podrían responder a distintos objetivos: una represión ‘moderada’ e
intimidaciones constantes que apuntarían a generar
el miedo suficiente para que la gente deje de apoyar al EZLN
(el ‘quitarle el agua al pez’ al que se refieren
los ‘manuales’ contrainsurgentes); o bien, se
podría tratar de provocar una respuesta violenta de
los zapatistas (lo cual les haría perder apoyo por
parte de la sociedad civil, o, en un caso extremo, permitiría
justificar una estrategia militar de línea más
dura).
Algunos analistas hablan de la formación de ‘grupos
paramilitares’ como parte de la estrategia contrainsurgente
del gobierno. Después de la masacre de Acteal, ampliamente
condenada por la sociedad nacional e internacional, no han
habido acciones violentas tan ‘visibles’ por
parte de grupos de esta índole. Sin embargo, se siguen
acumulando denuncias de formación y entrenamiento
de grupos armados o de amenazas proferidas por ellos. En
la región de Taniperlas, donde ocurrió el desmantelamiento
de uno de los municipios autónomos zapatistas en 1998,
nos tocó escuchar una interesante y mucho más
amplia definición de lo que son los paramilitares: «son
los que ayudan a la policía o a los militares»,
señalando a líderes de la comunidad, de organizaciones,
a simpatizantes zapatistas y hasta a promotores de derechos
humanos.
Algunos vieron el cambio en la Secretaría de Gobernación
como una señal positiva para Chiapas, debido al trabajo
de Carrasco Altamirano cuando fue gobernador de Oaxaca (donde
ya se promovió una ley de Derechos y Cultura Indígena).
Otros, sin embargo, al escucharlo decir que "no habría
cambios en la postura gubernamental de privilegiar la solución
del conflicto mediante el diálogo", lo interpretaron
como una muestra de que el gobierno seguiría con la
misma política. Una indicación de esto puede
ser el hecho de que el recrudecimiento de la violencia coincidió con
la toma de posesión de su cargo.
Un elemento preocupante en cuanto a la
posible resolución
del conflicto es que en el marco de las elecciones presidenciales
del 2000, el tema de Chiapas se ve relegado a un segundo
plano. Las primeras planas de los medios de comunicación
hablan más que todo de la contienda dentro de los
partidos para elegir a sus candidatos a la presidencia. El
hecho de que el PAN no haya asistido a la primera reunión
entre la COCOPA y el nuevo secretario de Gobernación
por desacuerdo con el PRI parece una clara demostración
de sus prioridades partidistas.
Por otra parte, no beneficiaría mucho al gobierno
federal y a su partido que Chiapas fuera un tema de debate
electoral por el poco avance que se ha tenido en la resolución
del conflicto. Para el gobierno de Zedillo, resultará más
conveniente ‘administrarlo’ hasta el 2000, siguiendo
con su política de desgaste pero evitando en la medida
de lo posible una confrontación abierta.
‘Más de lo mismo’ podría ser la
frase que resume los recientes acontecimientos en Chiapas.
Por un lado, los discursos de diálogo y paz por parte
del gobierno, y junto con ellos una política social
enmarcada en una estrategia pre-electoral. Por el otro lado,
el EZLN promoviendo acciones que le dan mayor cobertura nacional
e internacional para no quedar fuera de la agenda política,
buscando alianzas con otros movimientos.
Ante estos hechos, pocos avances se esperan
en la delicada situación del estado. Más bien al contrario
los acontecimientos y reacomodos políticos a todos
los niveles en las luchas por el poder en México podrían
generar mayores situaciones conflictivas.
:: Actividades del equipo
Mayo - Julio 1999
Entre otras:
Visitas y Contactos:
- Varias visitas a la zona Norte (municipios de Yajalón,
Tila y Tumbalá) para hablar con campesinos,
desplazados retornados, representantes de varias iglesias
y organizaciones
sociales, líderes de Desarrollo Paz y Justicia
y autoridades locales.
- Visita a la zona de las Cañadas de Taniperla para
hablar con habitantes, promotores de DDHH, Ejército
y Seguridad Pública.
- Visita a los desplazados de Nazareth en Nuevo Paraíso
(municipio de Ocosingo).
- Visita a una comunidad en Los
Altos en su primer aniversario del retorno de desplazados.
- Visita de una semana al Campamento
Civil por la Paz en X’oyep, Chenalhó.
- Reunión con representantes de la Unión Europea
en México DF y con una delegación del
Departamento de Estado de los EEUU.
Información:
- Elaboración y difusión de una Acción
Urgente sobre el aumento de la represión del Ejército
federal y la policía en comunidades indígenas
de Las Cañadas.
- Entrevistas con líderes religiosos (evangélicos
y católicos), para la preparación de un documento
sobre la situación religiosa en Chiapas.
- Organización del programa para una delegación
del ‘Council of Churches’, Colorado (EEUU), incluyendo
visitas a Venustiano Carranza, Nicolás Ruíz
y Acteal, y reuniones con varias organizaciones en San Cristóbal.
- Organización parcial del programa de dos visitas
de representantes de la embajada de los Estados Unidos.
- Recepción de delegaciones nacionales e internacionales,
entre ellos una delegación de representantes de iglesias
católicas y evangélicas de Suiza.
Educación:
- Facilitación de talleres mensuales sobre ‘No
Violencia Activa’ con la participación de
15 a 20 integrantes de diferentes ONGs que trabajan en
Chiapas.
- Participación en un taller de CEPAZ (Colectivo Educación
para la Paz) sobre ‘Resolución de Conflictos’ en
una comunidad de Altamirano.
- Apoyo a Alianza Cívica en un taller sobre ‘Análisis
de conflictos’ en Villa de las Rosas.
- Participación en un taller sobre ‘Resolución
de problemas’ según las formas tradicionales
Tzeltales en una comunidad cerca de Chilón.
- Facilitación de dos talleres sobre ‘Comunicación’ en
Yajalón y Comitán a miembros de organizaciones
de la sociedad civil.
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