:: SUMARIO
El 21 de marzo pasado, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uniendo esfuerzos
con grupos de la sociedad civil mexicana organizó una
consulta nacional sobre derechos indígenas. Antes
de la votación, 5000 delegados zapatistas se desplegaron
en los 32 estados de México. Más de 2.5 millones
de mexicanos participaron en esta votación popular,
con un 96% de respuestas afirmativas a las cuatro preguntas.
Lo más significativo fue el apoyo a la propuesta legislativa
de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación,
integrada por miembros del Congreso)) para la implementación
de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996. Cabe
recordar que dicha propuesta fue rechazada por el gobierno
federal y que el EZLN insiste en que el cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés es una condición para
la reanudación de los diálogos de paz.
Aunque esta votación popular no tiene peso legal,
podría presionar a los miembros del Congreso a que
reevaluaran la propuesta legislativa de la COCOPA. Mientras
se están acercando las elecciones presidenciales del
próximo año, la consulta además pone
nuevamente en la agenda el tema de los derechos indígenas
y del conflicto chiapaneco.
Las autoridades del Estado de Chiapas han emprendido sus
propias iniciativas para difundir la idea de que el conflicto
está disminuyendo, que el EZLN ha empezado a desarmarse
y que Chiapas está avanzando con o sin los zapatistas.
En marzo, el gobernador Roberto Albores presentó una
propuesta de ley sobre derechos y cultura indígena,
subrayando que estaba basada en los Acuerdos de San Andrés.
Fue criticada por su falta de sustancia y, frente al rechazo
del EZLN, se ve poco probable que contribuya a reducir las
tensiones. Pero sí genera ante la opinión pública
la imagen de un gobierno de está trabajando por la
paz.
Se puede decir lo mismo de la propuesta de ley de desarme
del gobernador, la cual fue aprobada por el Congreso
del estado en febrero. Aunque el texto no incluye ni
al EZLN
ni a los grupos paramilitares, sí ha permitido montar
el escenario para varios eventos altamente divulgados en
los cuales supuestos zapatistas entregaron sus armas públicamente
a cambio de asistencia económica. El EZLN ha negado
enérgicamente que eran zapatistas, denunciando más
bien que dichos individuos eran parte de grupos paramilitares
o delincuentes comunes y, en algunos casos, proveyó información
detallada sobre ellos (incluso sus nombres). No obstante,
mientras las imágenes de ‘zapatistas’ entregando
sus armas al gobernador Albores dieron la vuelta al mundo
en distintos periódicos, los desmentidos del EZLN
casi no fueron publicitados. A pesar de lo anterior, la consulta
demuestra que el apoyo a nivel local y nacional al EZLN sigue
creciendo.
En Chiapas, varios acontecimientos sugieren un posible
fortalecimiento de la posición de los zapatistas en la entidad. En
la ‘zona de conflicto’, el retorno de miles de
desplazados sigue siendo una apremiante necesidad. En la
zona Norte, en una visita reciente, SIPAZ observó que
algunas familias desplazadas de la oposición pudieron
regresar pacíficamente a sus comunidades. También,
en esta visita, se constató una sorprendente apertura
hacia el EZLN en el discurso de líderes del grupo
paramilitar 'Desarrollo, Paz y Justicia' que, en los últimos
años ha generado serios conflictos en la zona.
El 7 de abril, aumentó la tensión en San Andrés
Larraínzar cuando el alcalde electo priísta
retomó los edificios municipales respaldado por centenares
de elementos de la Seguridad Pública. Los zapatistas
que no habían participado en las elecciones locales
oficiales de octubre pasado, se retiraron sin violencia de
los edificios que habían ocupado desde el 95; pero
el día siguiente, entre 1000 y 3000 de ellos retornaron
para volver a ocuparlos. En esa ocasión, la policía
se retiró pacíficamente. El gobernador Albores
pareció dar marcha atrás cuando explicó más
tarde que el problema más que legal era político,
y, por lo tanto, que se requería una solución
política. No obstante, el gobierno sigue con su iniciativa
de ley de Remunicipalización con el aparente propósito
de socavar la influencia política zapatista.
En la investigación en curso de la masacre de Acteal
de diciembre de 1997, algunos testimonios de policías
detenidos en el marco de dicha investigación, implicaron
a este cuerpo de seguridad en la compra de armas ilegales
y en la protección de los grupos paramilitares que
las usaron. A causa de eso, dos ex-oficiales del estado fueron
acusados.
En el terreno internacional, México fue uno de los
15 países que fue sometido a un escrutinio especial
durante la reciente sesión de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Coincidiendo con
la petición de un centenar de ONG mexicanas, la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson
anunció que visitará México en octubre.
En un informe en marzo, Amnistía Internacional siguió expresando
fuertes críticas en contra de las sistemáticas
violaciones de derechos humanos, particularmente en Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, estados en los cuales existen grupos armados
de la oposición.
A corto plazo, son pocas las perspectivas de una
solución
al conflicto chiapaneco. El EZLN sigue generando iniciativas
políticas destinadas a acrecentar la atención
pública y la movilización de la sociedad civil,
cuyo papel es clave en dicha resolución. Al mismo
tiempo, el EZLN parece tener poca esperanza de negociaciones
fructíferas con el gobierno de Zedillo.
Muchos analistas políticos creen que para lo que queda
de su sexenio, el presidente Zedillo a lo sumo ha optado
por ‘administrar’ el conflicto en Chiapas más
bien que por darle una solución política o
militar. Las iniciativas políticas del gobierno federal
(que parecen apuntar hacia la paz pero que, por marginar
al EZLN en la resolución del conflicto, tienen pocas
perspectivas de éxito) parecen confirmar esta hipótesis.
Por otra parte, la fuerte militarización de la zona
permite mantener un estrecho control; el costo ha sido el
incremento de las violaciones a los derechos humanos como
lo han reportado constantemente los observadores internacionales.
Mientras por un lado existen signos de que las comunidades
buscan alejarse de la violencia para lidiar con los conflictos
locales, por el otro, la falta de soluciones a los problemas
de fondo de una asfixiante pobreza y la opresión política
hacen que sea muy probable que la tensión, la polarización
y la violencia sigan avanzando.
Acciones Recomendadas
- Exhortar a la COCOPA a aprovechar el apoyo ciudadano
a su propuesta de ley indígena para buscar la forma
para presentarla al Congreso de la Unión, haciendo
prevalecer el interés superior de la paz sobre
las posiciones partidarias.
- Exhortar al gobierno federal y estatal
resolver los casos de los presos políticos de La Voz de Cerro Hueco en
primer lugar atendiendo a la recomendación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
- Urgir a la administración de
Zedillo a:
- desarmar a los grupos civiles armados
/ paramilitares;
- reconocer y respetar la labor humanitaria y la
contribución
al proceso de paz que realizan los observadores
internacionales y los defensores de los derechos
humanos;
- ordenar una reducción substancial de las
tropas federales en las zonas de conflicto como una
señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
- Difundir información - como este reporte - sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Favor de escribir a:
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783
Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (int-52) (961) 20917
Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06018 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 140 3288
:: ACTUALIDAD
CHIAPAS: La contienda por los derechos y cultura indígena
sigue
A principios de marzo, el gobernador de Chiapas, Roberto
Albores Guillén, presentó su propia iniciativa
de ley estatal sobre derechos y cultura indígena.
Dijo que dicha iniciativa está basada en los Acuerdos
de San Andrés y en la propuesta de ley que el presidente
Zedillo entregó al Congreso de la Unión el
año pasado. Empero, la iniciativa es muy vaga y parece
pasar por alto los Acuerdos de San Andrés, en particular
respecto al derecho de libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas. Relativo a los recursos
naturales y la tierra, la iniciativa nada más estipula
castigos por ejemplo por delitos ambientales y no concede
ningún derecho a las comunidades indígenas.
La presentación se dio al mismo tiempo que las preparaciones
para la consulta popular nacional ‘por el Reconocimiento
de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la
Guerra de Exterminio’ (para detalles sobre la consulta
ver artículo especial después).
Aprobación de la ‘Ley de Amnistía’
El 25 de febrero el Congreso local aprobó la iniciativa
de ‘ley de amnistía para el desarme de los grupos
civiles en Chiapas’ y la mandó al Congreso de
la Unión para su aprobación. El gobierno estatal
organizó centenares de reuniones con comunidades y
organizaciones para promoverla y obtener el apoyo de los
chiapanecos. Un representante de una organización
de base en Chilón comentó al respecto a SIPAZ: “Solamente
se realizó la consulta gubernamental en ‘ambientes
priístas’ y se juntaron firmas de representantes
de los ejidos por comprar gente.”
La iniciativa aprobada excluye de la amnistía a integrantes
del EZLN y a organizaciones civiles con estructura, adiestramiento
o disciplinas similares a las del Ejército. A las
personas que voluntariamente entregan sus armas se ofrecen
proyectos productivos y asistencia técnica para ‘impulsar
su desarrollo económico’. El plazo para entregar
las armas será de 120 días después de
la entrada en vigor de la ley.
Mientras tanto el gobierno estatal anunció que, en
los cinco años desde el levantamiento, 15 mil simpatizantes
zapatistas salieron de las filas del EZLN y responsabilizó al
subcomandante Marcos de las deserciones. Un ejemplo de esto
sería, según el gobernador, a finales de marzo
la entrega de armas por 14 milicianos zapatistas en el municipio
de Ocosingo. Acto que fue acompañado por una gran
campaña de publicidad. El EZLN calificó el
asunto de “una farsa y un teatro” y denunció que
los 14 supuestos zapatistas eran en realidad integrantes
del grupo paramilitar MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario
Antizapatista) que está presente en esta región.
Durante los últimos meses se realizaron más
entregas de armas por supuestos zapatistas.
Signos de distensión y nuevas tensiones
En la zona Norte, la zona más conflictiva entre 1995
y 1997 por la actuación del grupo paramilitar Desarrollo
Paz y Justicia, se realizó el retorno de 14 familias
en la comunidad Cruz Palenque, municipio de Tila. Salieron
de la comunidad en 1997 bajo amenazas de priístas
y miembros de Desarrollo Paz y Justicia. Para el retorno
se firmó un acuerdo entre la comunidad y las familias
refugiadas. En una visita de SIPAZ algunos días después
del retorno, las familias retornadas informaron que todavía
no habían recibido la ayuda prometida por el gobierno
para reconstruir sus casas. En la comunidad queda aún
un poco de desconfianza entre los dos grupos, pero un representante
de una familia que pertenece a Desarrollo Paz y Justicia
expresa la buena voluntad: “Lo que nosotros ahora queremos
es que vivamos todos tranquillos. Que no haya amenaza, que
no haya temor.”
El coordinador estatal interinstitucional para la zona,
Rodolfo Anlehu, nos comentó respecto a esto y otros retornos: “Las
comunidades no pueden vivir en paz sin que los desplazados
regresen. Ahora los proyectos para el retorno de los desplazados
se hacen directamente con las autoridades en las comunidades
y no más con líderes de organizaciones [como
Desarrollo Paz y Justicia].”
El líder de Paz y Justicia en el municipio de Tila,
Diego Vázquez, afirmó: “Somos de la misma
sangre, una sola familia. Nos peleamos por equivocación….
El EZLN no es un obstáculo, no es un enemigo. Es el
defensor de los pobres, de los indios.” Otro líder,
Sabelino Torres, nos confirmó que Desarrollo Paz y
Justicia entró en un nuevo etapa de reconciliación
en la zona: “Que se olvide todo lo que pasó.
Hay rencor y odio y muertos, pero queremos empezar de nuevo.
Que no haya bloques. …. Está planeada una reunión
entre Desarrollo Paz y Justicia y Abu Xu [organización
de simpatizantes zapatistas]. Queremos empezar otra vez y
vivir según nuestras tradiciones y costumbres.” A
pesar de estas palabras conciliadoras, la tensión
sigue en el municipio de Sabanilla por ejemplo donde, según
testimonios de representantes de la iglesia católica,
Desarrollo Paz y Justicia aún mantiene el control
total.
Por otra parte, la tensión aumentó también
en el municipio de San Andrés, cuando el 7 de abril
el presidente municipal desalojó los edificios de
la presidencia municipal con la asistencia de 300 policías.
Dichos edificios estaban en posesión del consejo autónomo
zapatista desde 1995. No hubo detenciones. San Andrés
fue la sede de los diálogos entre el gobierno federal
y el EZLN en 1995 y 1996. El día después del
desalojo, un grupo de entre mil y tres mil simpatizantes
zapatistas (según las fuentes) retomó las instalaciones
sin enfrentarse con la policía que se retiró del
lugar. El gobernador decidió no usar la fuerza para
resolver el problema: “No se trata de un asunto judicial,
es de orden político” y anunció la búsqueda
de una solución por la vía del diálogo.
Dos policías implicados en el caso de la masacre de
Acteal en diciembre de 1997 hicieron declaraciones importantes,
implicando a policías en la compra de las armas con
las que se perpetró dicha masacre. Por otra parte
se acusó al ex coordinador de la Seguridad Pública,
General Jorge Gamboa Solis, de ser responsable de la impunidad
con la que priístas podían portar armas de
alto calibre en el municipio de Chenalhó. Por eso,
en febrero, se giraron ordenes de aprehensión contra
el general y el ex procurador de Justicia, Jorge Enrique
Hernández Aguilar.
En marzo, se detuvo a 24 personas integrantes del
Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP),
un grupo de inconformes en el Ejército federal. Los
miembros del CPCP organizaron una marcha en diciembre de
1998 en la capital del país para exigir reformas en
la legislación militar. Ahora son acusados por los
delitos de deserción, desobediencia, insubordinación
y difamación contra el Ejército. Los 24 nuevos
detenidos, que incluyen al líder teniente coronel
Hildegardo Bacilio Gómez, se sumaron a los diez detenidos
en los meses anteriores.
Visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos
En octubre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mary
Robinson, visitará México. Durante la sesión
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra comentó, a representantes de ONG mexicanas
que su visita a México “no dará una
salida suave al gobierno mexicano.” Además
aseguró que su visita “deberá estar
precedida por la visita de la relatora especial para Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y por una comisión
de evaluación técnica.” Un centenar
de organizaciones y redes nacionales de derechos humanos
pidieron la visita de Mary Robinson y de relatores especiales.
En la sesión que se realizó en marzo y abril,
el caso de México se encontró en la lista
de los 15 países ‘prioritarios’ para
la Comisión.
La organización de derechos humanos Amnistía
Internacional (AI) sigue haciendo fuertes críticas
al gobierno mexicano. En su informe ‘A la sombra de
la impunidad’, publicado en marzo, se habló de
las violaciones sistemáticas en todo el país
y se subrayó que son particularmente agudas en Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, donde están presentes grupos armados
de oposición. La secretaria de Relaciones Exteriores,
Rosario Green, dijo que AI no toma en cuenta ni reconoce
las avances que logró hacer el gobierno federal. El
secretario general de Amnistía Internacional, Pierre
Sané declaró: “Mientras los responsables
de las masacres en Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El
Bosque no hayan sido llevados ante la justicia y se entablen
procesos penales, sabiendo además que están
involucrados oficiales del Ejército e integrantes
de grupos paramilitares sostenidos por instancias oficiales,
la situación no ha cambiado.”
También el Departamento del Estado de los Estados
Unidos criticó en su informe anual la situación
de los derechos humanos en México. En el documento
mencionó casos como asesinatos extrajudiciales, desapariciones,
tortura y corrupción policíaca. Además
se documentó la violencia contra las mujeres y la
discriminación contra los pueblos indígenas.
En su visita a México en enero, el papa aludió al conflicto chiapaneco
diciendo: “No habrá solución hasta que reconozcamos que
la población indígena fue la primera propietaria de la tierra,
y por lo tanto los primeros con derecho sobre ella.”
Dos millones y medio de mexicanos respondieron a la consulta
zapatista
El 21 de marzo, se instalaron por iniciativa
del EZLN, 15.000 urnas en todo el país para que los mexicanos emitieran
su opinión en cuanto a los derechos de los pueblos
indígenas. Más de 2,5 millones de mexicanos
respondieron al llamado y un 96% contestaron afirmativamente
a las cuatro preguntas (ver cuadro abajo). En varias urnas,
se pudo observar la presencia de dos representantes zapatistas
(un hombre y una mujer, a veces con su hijo en brazos), encapuchados
y con sus característicos paliacates rojos. En algunos
casos, fueron protegidos por un cordón de seguridad
de la sociedad civil local.
En la quinta declaración de la Selva Lacandona en
julio de 1998, el EZLN lanzó la idea de una consulta
nacional sobre los Derechos y Cultura Indígena como
fueron convenidos en los Acuerdos de San Andrés. Durante
el encuentro con la sociedad civil, del 20 al 22 de noviembre
de 1998, se discutieron los detalles de esta consulta, pues,
era necesaria la participación y el apoyo logístico
de la sociedad civil para su realización.
Desde enero de 1999, la sociedad civil empezó a organizar
la fase de difusión de la consulta, invitando a la
formación de brigadas de promoción. En total,
según la Oficina de Contacto (que registró las
brigadas) se formaron unas 2.000 brigadas en todo México
donde participaron más de 18.000 personas. Los mexicanos
viviendo en el extranjero pudieron también emitir
sus opiniones, y se organizaron brigadas en unas 156 ciudades
de 23 países del mundo. Algunos indígenas de
EEUU también decidieron promover y participar en la
consulta, pues ellos argumentan que no existen fronteras,
y es su derecho opinar sobre los derechos y cultura de los
pueblos indígenas.
Nueve días antes de la consulta, los 5.000 delegados
(2.500 parejas) del EZLN se concentraron en los cinco Aguascalientes
de donde salieron a los 32 estados del país para hacer
la promoción de dicho evento. El Coordinador para
el Diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, declaró que
para no tener problemas, los delegados zapatistas no deberían
llevar armas y también mencionó que no permitiría
la participación de extranjeros en la consulta. Posteriormente,
en uno de los comunicados del EZLN, el sub-comandante Marcos
especificó que los delegados iban a ser bases de apoyo
o sea que tendrían cargo político y no militar.
En México, la promoción de la consulta representó un
gran desafío: cómo poder promover los derechos
y la cultura indígena en todo el país entre
gente no indígena que vive lejos de Chiapas, cómo
explicar la diferencia entre la propuesta de ley de la COCOPA
surgida de los Acuerdos de San Andrés y la propuesta
hecha por el gobierno en marzo de 1998. Además, la
promoción de la consulta se tuvo que hacer sin mucho
apoyo de los medios de comunicación. En los lugares
a donde no llegan, los rumores circulan con más facilidad.
En algunas comunidades, entre la gente humilde, se decía
que: “si participas en la consulta, los zapatistas
te van a llevar a la fuerza para ir a pelear con ellos.”
La Comisión Episcopal para la Pastoral Indígena
de la Conferencia del Episcopado Mexicano decidió apoyar
la consulta porque, aunque el llamado proviene del EZLN,
en realidad, según ellos, es una consulta para el
beneficio de los pueblos indígenas que merecen una
atención justa a sus demandas de dignidad y desarrollo.
Sin embargo, el nuncio apostólico Justo Mullor se
pronunció en contra de dicha consulta. De igual manera,
el secretario de Gobernación, Francisco Labastida
Ochoa, declaró que el evento estaba “amañado” y
que “se manejan preguntas como: ¿Prefiere ser
pobre o rico?, ¿Estar triste o contento?”
Es cierto que las preguntas eran hechas de tal manera
que era casi imposible votar “no”. Entonces, los
que no apoyaban este proceso se abstuvieron de votar. Pero
según el EZLN, los resultados no importan tanto, lo
que tiene más importancia es la movilización
masiva y la participación de la sociedad civil que
generó dicha consulta. De hecho, la participación
fue mayor que durante la primera consulta convocada por el
EZLN en 1995, durante la cual 1 millón 300 mil de
ciudadanos se expresaron.
De manera general, la consulta se desarrolló sin problemas.
En algunos casos, se denunció el hostigamiento a los
delegados zapatistas y/o a los coordinadores de brigadas
de parte de fuerzas policíacas o grupos paramilitares
en diferentes estados para impedir su realización.
En algunos municipios de Chiapas, Tabasco, Michoacan, Oaxaca
y Veracruz no se realizó la consulta porque no se
podía garantizar la seguridad de los delegados zapatistas,
pues algunos coordinadores de brigadas recibieron amenazas
de muerte dirigidas a los delegados. También después
de la consulta, los organizadores en el municipio de San
Juan Lalana, Oaxaca, recibieron amenazas de que les iban
a encarcelar. Se les acusó de ser parte del EPR (Ejercito
Popular Revolucionario).
En las comunidades que así lo decidieron, los indígenas
y campesinos pudieron expresarse mediante sus ‘usos
y costumbres’. En las comunidades del municipio de
Amatán por ejemplo, se realizaron hasta 4 asambleas:
una de hombres, una de mujeres, una de jóvenes y una
de niños (de más de 12 años). Los municipios
autónomos también realizaron asambleas donde
tomaron acuerdos por consenso. En varios municipios de Chiapas,
las asambleas comunales se realizaron entre el 15 y el 20
de marzo. Los organizadores temían que para el día
21 pudiera llegar ayuda de proyectos gubernamentales, lo
que hubiera podido desviar la atención de los campesinos
y así dificultar la participación en las asambleas.
La Fundación Rosenblueth cerró el conteo con
un 85% de las mesas y asambleas compiladas y contabilizó un
total de 2,5 millones de votos en México. Casi un
50% de las votaciones provinieron de cuatro estados; Chiapas,
D.F., Oaxaca y Veracruz. En el extranjero, se llegó a
un total de 45.000 votos. También en el extranjero
se recolectaron unos 8.000 votos de personas no mexicanas
que apoyaron la consulta.
Las reacciones a los resultados de la consulta
variaron según
las fuentes. Para el secretario de Gobernación, el
hecho que 5000 zapatistas encapuchados pudieran viajar libremente
en toda la República demuestra que no es verdad que
existe un cerco militar, una guerra de exterminio en Chiapas.
En sus declaraciones, Labastida dijo que “es incongruente
que un grupo armado ande pidiendo desmilitarización
y desarme, cuando lo que tiene que hacer primero ese grupo
es desarmarse.” Emilio Rabasa hizo eco a las ideas
de Labastida diciendo que si el EZLN quiere manifestarse
políticamente, debe dejar las armas. También
urgió al EZLN a retornar a la mesa de negociación
con el gobierno si es que dice estar a favor de la paz en
Chiapas.
Según algunos sectores de la sociedad civil, la consulta
fue un éxito, porque para ellos, esa iniciativa demostró la
capacidad de organización, de creatividad y de unidad
de miles de hombres y mujeres de todo el país. Miles
de indígenas pobres lograron hacer valer sus demandas
frente a diferentes sectores de la sociedad mexicana: estudiantes,
empresarios, trabajadores, deportistas, mujeres, etc. El
17 y 18 de abril, en un encuentro de evaluación de
la consulta, donde asistieron más de 200 personas,
se enfatizó el sentimiento de satisfacción
y fortalecimiento entre las organizadores de todas las regiones
de Chiapas: “Logramos vencer el miedo”, “Caminamos
juntas algunas organizaciones cuando normalmente no se ve
una a la otra” y “Vimos muchas nuevas caras.” En
las mismas fechas, el EZLN invitó a la sociedad civil
a un encuentro del 7 al 10 de mayo en el Aguascalientes de
La Realidad para analizar los resultados de la consulta y
discutir propuestas de seguimiento.
Consulta Nacional
” por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios
y por el fin de la Guerra de Exterminio”
- ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas
deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto
nacional y tomar parte en la construcción de un México
nuevo?
- ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas
deben ser reconocidos en la Constitución mexicana
conforme a los Acuerdos de San Andrés y la propuesta
correspondiente de la COCOPA?
- ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar
la paz verdadera por la vía del dialogo, desmilitarizando
el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles
como lo establecen la Constitución y las leyes?
- ¿Estás de acuerdo en que el pueblo
debe organizarse y exigir al gobierno que mande obedeciendo
en todos los aspectos de la vida nacional?
:: ENFOQUE
La Voz de Cerro Hueco: Un fuerte grito trás las rejas
Llego al penal y en la puerta de afuera, lo primero que
me piden es mostrar mi identificación. Bajo seis escalones
y en una mesa, cuatro mujeres revisan los artículos
que quiero introducir; mi bolsa la retienen. Después
de ahí, paso por una revisión corporal. Cruzo
la segunda reja y bajo 20 escalones. Luego de haber cruzado
otras cuatro me encuentro en el penal de Cerro Hueco. Algunos
detenidos se me acercan para pedirme dinero. Otros me preguntan
a quien busco y se ofrecen a localizarlo. “Voy con
la gente de La Voz de Cerro Hueco”, les digo, y alguien
me lleva a la celda que busco. El lugar es un salón
grande de 64 metros cuadrados divididos por una pared de
madera. Se le han adaptado espacios de madera en un segundo
piso que apenas se sostiene. En este lugar, duermen más
de 55 personas, la mayoría de ellos en el suelo.
Desde hace muchos años se ha hablado de lo deficiente
del sistema penitenciario mexicano. Se dice que los llamados
CERESO (Centro de Readaptación Social), nombre formal
de las cárceles en México, no han ofrecido
alternativas viables a las personas que por diferentes razones
se encuentran recluidas. En Chiapas, un alto porcentaje de
los presos son indígenas. Estas personas de cultura
diferente, de procedimientos de hacer justicia distintos,
con un idioma materno que no es español, se enfrentan
con mayores desventajas a la hora de conocer y defender sus
derechos, de procurar un proceso limpio y justo de sus casos.
Si bien es cierto que el gobierno de Chiapas ha procurado
tener personal que hable y entienda la cultura de los indígenas,
la realidad es que eso no ha sido suficiente. Eso explica
en parte la razón del surgimiento en el CERESO #1
de Tuxtla Gutiérrez, de un movimiento civil para defender
los derechos de los presos políticos indígenas,
llamado ‘La Voz de Cerro Hueco’, una organización
mayoritariamente indígena de los grupos étnicos
Tzotzil, Tzeltal, Chol y Tojolabal.
¿ Cómo nació la Voz
de Cerro Hueco ?
Después del levantamiento armado de enero de 1994,
se incrementó el número de presos indígenas
en el penal de Cerro Hueco y en otras cárceles del
estado. Entre 1995 y 1996, con las agresiones (asesinatos,
quema de casas, robo de ganado, etc.) en la región
Norte (zona Chol) del grupo paramilitar priísta ‘Desarrollo
Paz y Justicia’ en contra de simpatizantes del PRD
o bases de apoyo zapatista, se detuvo con múltiples
irregularidades a muchos del segundo grupo, acusándoles
de diversos delitos. En este tiempo, llegaron a ser el 70%
los choles que formaban parte de los detenidos a raíz
de conflictos políticos.
Ante esa situación, los presos indígenas comenzaron
a organizarse para buscar abogados que dieran seguimiento
a sus casos. Así lo narra Gustavo Estrada Gómez,
miembro desde el inicio de la Voz de Cerro Hueco: “...empezamos
a platicar porque no había ninguna organización
aquí y no había quien viera nuestros expedientes
y resolviera nuestros casos, solamente los defensores de
oficio y del fuero común y federal que de cualquier
forma están de parte del gobierno...” Desde
el inicio del conflicto, llegaron a ser 250 presos políticos,
hoy todavía siguen detenidos alrededor de 80 en Cerro
Hueco y otras cárceles del estado.
Las huelgas de hambre
Entre julio y agosto de 1996, comenzaron las pláticas
internas y un primer trabajo de organización y concientización
de sus derechos. Fue así que determinaron comenzar
una huelga de hambre el 1o de septiembre de aquel año.
Con ese evento, nace formalmente la organización contando
con alrededor de 80 integrantes. Una extraña coincidencia
llevaría al EZLN en la misma fecha, a abandonar la
mesa de negociación en San Andrés y a decidir
no regresar hasta que el gobierno cumpliera cinco condiciones
(entre las que estaba la liberación de los presos
políticos). Esta y otras condiciones no han sido cumplidas
y los indígenas presos siguen luchando en diferentes
maneras desde los rincones de sus celdas.
A finales de 1996, el gobierno del estado, para bajar la
presión generada
por las huelgas de hambre, dejó en libertad a varios dirigentes. Estos
fueron los que iniciaron la representación externa del movimiento manteniendo
contacto con las ONG, los medios de comunicación y distintos tipos de
autoridades.
La Marcha Wejlel
En mayo de 1997, para romper el cerco impuesto por Desarrollo
Paz y Justicia y para buscar la liberación de los
presos, centenares de choles simpatizantes del EZLN y del
PRD acompañados por algunos extranjeros se encaminaron
hasta la capital del estado para pedir audiencia con el
Gobernador. Varios obstáculos tuvieron que sortear
para poder llegar a Tuxtla. Cuando finalmente llegaron,
establecieron un plantón frente al palacio de Gobierno.
Por espacio de casi 100 días, estuvieron esperando
pero la entrevista con el gobernador nunca llegó.
Negociaron con otros funcionarios y lograron la liberación
de algunos dirigentes. La mayoría de los presos
de la zona Norte salieron después de esta etapa.
La persecución contra las bases de apoyo zapatista
continuó y el número de presos volvió a
incrementar. Una de las formas que el gobierno utilizó fue
el desmantelamiento de los Municipios Autónomos.
La detención de Autoridades Autónomas
Zapatistas
Mediante operativos policíaco-militares en 1998, el
Gobierno local, bajo el discurso de hacer respetar el estado
de derecho, se dio a la tarea de desmantelar los llamados ‘Municipios
Autónomos’. Estos fueron declarados así por
las bases de apoyo del EZLN en distintas comunidades de la
zona de conflicto (ver informe de SIPAZ Año.3-Num.3).
Los desmantelamientos de estos llamados municipios autónomos
se dieron en un periodo de tiempo de 3 meses y fue de la
siguiente manera:
- Taniperlas (Mpio. Ricardo Flores Magón) - abril
11, 1998
- Amparo Aguatinta (Mpio. Tierra y Libertad) - mayo 1,
1998
- Nicolás Ruiz (Mpio. ganado por el PRD) - junio
3, 1998
- El Bosque (Mpio. San Juan de la Libertad - junio
10, 1998
En los operativos se detuvo a hasta 200 personas. Actualmente,
todavía siguen encarceladas unas decenas.
Los desmantelamientos fueron realizados con lujo de
violencia, cometiendo una serie de violaciones a los
derechos humanos
e incurriendo en irregularidades jurídicas durante
el proceso. El testimonio de Don Juan, un campesino de más
de 60 años (preso desde el 6 de octubre de 1997) da
cuenta del impacto que estos operativos tienen en las personas: “pues
a mi me da coraje porque yo no soy de esa clase que ellos
(la policía) dicen, o sea, delincuente. Nos pasearon
en el parque, ahí estaban todos los ejidatarios para
que todos nos vieran... pensé que nos iban a humillar
allí. Ahorita mi preocupación es mi mujer que
está enferma por un accidente que tuvo, no tiene quien
la cuide y si yo dilato aquí más pues no sé que
va a pasar.”
La CNDH en su investigación del caso ‘Taniperlas’ constató los
incidentes ocurridos y las formas inadecuadas de acciones
por parte de diversos funcionarios. Esto la llevó a
emitir la Recomendación No. 49/98, dirigida al Gobernador
de Chiapas, invitándole a que:
“
...analice y revalore la situación jurídica
de los ahora quejosos y afectados por ...la existencia de
diversas irregularidades, así como la falta de formalidades
esenciales del procedimiento... “
...dicte sus ordenes, a fin de que se inicie el
procedimiento administrativo en contra de los servidores
públicos
que participaron en la detención arbitraria de...
[sigue lista de personas detenidas].”
Este tipo de irregularidades apareció en distinta
medida en los otros operativos que se efectuaron.
El gobierno nunca pensó en el impacto político
que tendría al interior de Cerro Hueco la llegada
de varias de las autoridades municipales autónomas.
La estructura misma de La Voz de Cerro Hueco cambió de
ser una mesa directiva a Consejo Representativo Autónomo.
Este proceso tardó dos meses en tomar forma y todavía
hoy se sigue consolidando. Cada domingo se reúne el
Consejo y cada lunes, hay Asamblea general para tomar acuerdos
y emprender iniciativas.
En esta nueva modalidad que pronto cumplirá un año,
se hace cada vez más efectivo el principio zapatista
de ‘mandar obedeciendo’. Así lo comenta
el actual coordinador del Consejo Amado Galvez Gómez: “...cuando
alguien viene para hablar con la organización, ya
no se dirige solamente a una sola persona, sino que se reúne
al Consejo y ellos hacen las decisiones. Ha habido un cambio
muy grande en la Voz de Cerro Hueco.”
El presidente del Consejo Municipal Autónomo de “Tierra
y Libertad” detenido junto con sus compañeros
el 1o de mayo del 98 ahonda: “...cada región
nombró a sus representantes ante el Consejo... y que
seamos o no zapatistas... aquí recordamos que debemos
respetarnos unos a los otros y que nuestra lucha es por la
autonomía y el derecho a exigir nuestra libertad con
justicia y dignidad.”
El 14 de abril de este año dejó el penal el
académico Sergio Valdéz Ruvalcaba. Tuvo que
pagar una fianza de 5600 pesos. Una semana antes de salir,
el Sr. Valdéz nos comentaba que si salía bajo
fianza sería por decisión del Consejo de La
Voz de Cerro Hueco por valorar que fuera del penal su colaboración
podría tener mayor impacto. Por su parte Luis Menéndez,
mestizo y miembro de una ONG, otro de los detenidos en Taniperlas
comentó: “permanecer en el penal es un signo
hacia adentro de solidaridad humana con mis compañeros
y hacia afuera de denuncia del sistema de procuración
de justicia que se vive en Chiapas.”
Situación Precaria en la Cárcel
El penal de Cerro Hueco tiene capacidad
para 300-400 presos, sin embargo existen detenidos alrededor
de 1200, lo que hace
que la mayoría vive en condiciones de hacinamiento.
Los servicios médicos son esporádicos e insuficientes,
el acceso a un ingreso económico que permita el sostenimiento
de su familia es casi imposible. Los pocos trabajos artesanales
que hacen es difícil que encuentren el mercado adecuado
para vender.
Esta situación repercute obviamente en sus familias
que quedaron afuera desprotegidas ya que ellos eran el sustento
de la misma. Así lo comenta Ma. Antonieta, esposa
de un preso de un municipio autónomo mientras le da
pecho a su hija: “Sufrimos mucho y nos enfrentamos
a varios tipos de problemas como la salud y alimentación
de mis hijos. Tuve que solucionarlo yo sola, aunque me estuve
matando de llanto y desesperación; hasta me enfermé,
pero ya ni modos, que voy a hacer si el mal gobierno de por
si no oye.”
Fallas en el sistema judicial
El tema de la procuración de justicia en México
ha sido objeto de estudios a raíz de varios casos
presentados ante instancias tanto nacionales como internacionales.
Entre los últimos, se encuentran Amnistía Internacional,
Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados
Americanos), así como algunas Comisiones de la ONU
(Organización de Naciones Unidas). De sus informes
se puede sacar como conclusión que México tiene
un sistema legal muy bueno, pero que falla al momento de
aplicar dichas leyes. Por muy diversas razones, entre las
que están la corrupción y el manejo de intereses
particulares, políticos y de estado, en la procuración
de justicia se han cometido verdaderos atropellos a los derechos
fundamentales de personas y grupos.
A nivel nacional, la instancia gubernamental CNDH ha documentado
varios casos en todo el país. En ellos, una de las
constantes que ha aparecido, es el número de irregularidades
por parte de funcionarios públicos en varias etapas
del proceso jurídico.
En el caso concreto de los presos de la Voz de Cerro Hueco,
presentan como constante el haber sido injustamente detenidos,
acusados con testimonios falsos y con evidentes irregularidades
en sus procesos. Un aspecto importante es que en sus
expedientes jurídicos está asentado que todos son miembros
de la oposición política (organizaciones sociales
independientes, bases de apoyo del EZLN o miembros del PRD),
aunque supuestamente su afiliación política
es irrelevante para sus cargos.
Otra constante, según Miguel Ángel de los Santos,
abogado de muchos de estos presos, es que “...el agente
del ministerio público actúa con una rapidez
que todos sabemos no es característica del sistema
jurídico mexicano. Llevan a cabo averiguaciones previas
en tiempo ‘récord’ que no se ve en otros
casos... El juez por ley está obligado a analizar
detenida y objetivamente la averiguación preliminar,
sin embargo no lo hace y corresponde a la rapidez... hasta
que la policía de seguridad pública de inmediato
orquesta el operativo como si ya estuvieran esperando la
orden de aprensión; así sucedió en los
casos de Taniperlas, Tierra y Libertad, Nicolás Ruiz
y en otros casos individuales.”
Mención especial merecen los casos de homonimias (Manuel
Fernández Pérez, Miguel Hernández Pérez,
Antonio López Vázquez), cuyos nombres corresponden
exactamente a los de otros detenidos. Por esta razón,
se les han adjudicado otros delitos que han agrandado su
condena. Sin embargo, las autoridades no se han abocado a
investigar hasta el fondo (con el Instituto Federal Electoral
o con el Registro Civil) para deslindar responsabilidades.
Según el abogado de los Santos, “Este sistema
de procurar justicia ha llegado a tal punto que las personas
presuntamente involucradas en algún delito, se les
supone culpables hasta que ellas mismas demuestren su inocencia.
Por el contrario, la ley dice que a una persona se le considera
inocente hasta que quien lo acusa presente las pruebas que
lo señalan responsable de dichos actos.”
En estas circunstancias, cuando no son acciones aisladas
sino una forma de operar y procurar la justicia
comenzando en el estructura misma de poder, es mucho
más complicada
la resolución jurídica de los casos de los
presos políticos. La solución tendrá que
ser también de tipo político.
La existencia de tantas irregularidades jurídicas
y el sufrimiento humano que esto ha causado, hace importante
la visita del relator especial de la ONU para la Independencia
de Jueces y Abogados y del grupo de trabajo para las Detenciones
Arbitrarias como lo pidieron en marzo un centenar de ONG
mexicanas durante la sesión de la Comisión
de Derechos Humanos en Ginebra.
:: ANÁLISIS
CHIAPAS: La Sociedad Civil: el tercer actor en disputa
La consulta nacional ‘por el Reconocimiento de los
Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra
de Exterminio’ promovida por el EZLN y grupos de la
sociedad civil ha sido uno de los eventos más significativos
desde el principio del año. Ha permitido al EZLN romper
con el cerco militar, político e informativo que parecía
caracterizar su posición en los últimos tiempos.
A nivel político, fue una manera de retomar la iniciativa
en el estancado proceso de paz. El cerco militar fue roto
por la salida de sus comunidades de 5.000 delegados zapatistas
que difundieron la consulta sin que el Ejército mexicano
les hubiera obstaculizado significativamente, mientras el
cerco informativo fue abierto por las actividades de dichos
delegados en todos los rincones del país.
Es la primera vez que los zapatistas consiguieron extender
su movimiento a todos los estados de la Nación, logrando
relacionarse con sectores sociales hasta la fecha bastante
lejanos de la realidad chiapaneca (desde los trabajadores,
pasando por los jóvenes e incluso con empresarios).
Una movilización tan plural y amplia parece ilustrar
que, en contra de lo que se dice en varios medios de comunicación,
el tiempo no ha desgastado los apoyos ciudadanos al zapatismo
ni ha aislado su movimiento. Evidencia también el
compromiso de muchos actores de la sociedad civil en la búsqueda
de la paz. Han invertido muchos recursos en esta iniciativa,
aun cuando la crisis económica (y cuando el país
cuenta con más de 40 millones de pobres) invitaría
a mayor individualismo. De hecho, esta dificultad, tanto
económica como de acceso a los medios masivos de comunicación
resalta aún más el valor de este esfuerzo de
organización y de participación.
Su significado podría ser transcendente en el sentido
de una nueva forma complementaria de hacer política
en donde la consulta directa al pueblo pueda contribuir a
la determinación de leyes y cambios constitucionales.
Los resultados de la consulta constituyen un claro mensaje
a los posibles candidatos presidenciales para el año
2000: el conflicto chiapaneco tendrá que ser parte
de su agenda política. Y mientras tanto, aunque los
resultados de la consulta no tienen carácter de obligación
legal, representa un llamado a los legisladores de todas
las fracciones parlamentarias, al revalorizar la propuesta
de cambios constitucionales de la COCOPA (que no ha sido
presentada al Congreso de la Unión).
El reacomodo de fuerzas políticas en el marco de la
preparación de las elecciones presidenciales en el
2000 y, aunque por el momento, los partidos políticos
parecen más bien en otro carril podría repercutir
en la resolución potencial del conflicto chiapaneco.
La conformación de nuevas alianzas entre ciertos actores
políticos seguramente modificaría la correlación
de fuerzas en el Congreso.
Varios analistas políticos piensan que, hasta las
elecciones del 2000, no se van a dar cambios en la política
del gobierno Zedillo en cuanto al conflicto chiapaneco. Según
ellos, se tratará a lo sumo de ‘administrarlo’.
Mientras se siguen escuchando mensajes de paz tanto de parte
del gobierno federal como de las autoridades estatales, muchas
de sus acciones parecen encaminadas a generar mayor conflictividad.
En efecto, el Gobierno del estado parece haber
optado por buscar solucionar el conflicto por
medio de leyes
que excluyen
al EZLN del panorama político o intentan restarle
importancia. Dichas iniciativas se dieron en fechas que empataban
con la realización de la consulta zapatista y se vieron
reforzadas por el Poder Ejecutivo Federal a través
de una serie de visitas del presidente Zedillo al estado.
Un primer ejemplo de esta tendencia ha sido la
ley de ‘Amnistía
para el desarme de los grupos civiles en Chiapas’.
Varias críticas se hicieron en cuanto a esta iniciativa:
según algunos, no hay condiciones para una amnistía;
para otros, no resulta claro quiénes todavía
caben dentro del marco de esta ley cuando excluye al EZLN
y a organizaciones civiles con estructura, adiestramiento
o disciplinas similares al Ejército (esta última
parte acercándose mucho a una definición de
lo que es un grupo paramilitar). Por otra parte, el gobierno
estatal ha organizado múltiples reuniones en toda
la entidad para promoverla, generando aún más
confusión.
Las críticas más fuertes denuncian que esta
ley solamente es parte de una campaña de propaganda
que quiere mostrar que el gobierno está trabajando
en resolver el conflicto o que sólo el EZLN, al no
querer desarmarse, está obstaculizando su resolución.
Otro ejemplo más reciente es la propuesta de ley estatal
sobre Derechos y Cultura Indígena. Nuevamente, las
críticas fueron muy fuertes al verse como una forma
más de obstaculizar al EZLN en su demanda de cumplimiento
de los Acuerdos de San Andrés en base a la propuesta
de la COCOPA. Cabe recordar que ya existen dos iniciativas
de cambios constitucionales más: una del gobierno
Zedillo, y otra del PAN. Se puede pensar que, de ser aprobada
la iniciativa de ley indígena ya propuesta por el
gobierno Zedillo el año pasado (aprovechando de su
mayoría en el Congreso) o la del PAN, no se solucionaría
el conflicto. La iniciativa estatal tampoco puede generar
muchas expectativas. Difícilmente se resolverá el
conflicto de manera unilateral, sin la participación
de los zapatistas y de todos los actores.
Otra manera de restarle espacios políticos al EZLN
pasa por la aprobación próxima de nuevos municipios
en el marco de la remunicipalización del Estado, así extendiendo
el control de las autoridades estatales sobre las comunidades
indígenas. Así se podrían generar nuevos
conflictos ya que conduce al establecimiento de los centros
de poder en bastiones priístas, fuera de toda lógica
geográfica.
Por otra parte, el desalojo del Consejo
municipal autónomo
de los edificios municipales en San Andrés Larraínzar,
lugar altamente simbólico al ser la sede de los diálogos
de paz, se ve como un elemento más dentro de una estrategia
que busca contrarrestar el desarrollo de los municipios autónomos
zapatistas. Sin embargo, no queda claro lo que llevó al
gobierno estatal a retirarse sin mayores problemas cuando
ciertamente el EZLN podría aprovechar del respaldo
que obtuvo en la consulta para seguir avanzando con su proyecto
de autonomía.
Todas estas iniciativas fueron ampliamente
cubiertas por los medios de comunicación, junto con una campaña
de propaganda bastante exitosa, cuyo objetivo era desacreditar
al EZLN. Eso se dio a través de fuertes críticas
de distintos miembros de los gobiernos estatal y federal
a la consulta nacional, y, de manera mucho más ‘espectacular’,
a través de la entrega de armas de supuestos milicianos
del EZLN al gobernador de Chiapas. Resulta que dicha entrega
fue previamente arreglada: los desertores ya no eran zapatistas
desde por lo menos 1995 o nunca lo habían sido y se
les dejó pasar varios retenes donde se aplica la ley
de armas de fuego y explosivos para poder llegar al evento.
En fin, parece contradictorio que el gobierno del estado
haya aceptado la entrega de armas a cambio de herramientas
productivas cuando su propuesta de ley de amnistía
y desarme no incluye a los zapatistas (se encuentran protegidos
por la Ley del Diálogo).
Al fin y al cabo, ambas partes siguen
buscando trasladar a la otra parte
la entera responsabilidad
por el
estancamiento del proceso de paz. En
su nuevo plan para el diálogo
entregado a la COCOPA en enero, el gobierno dice querer un
diálogo directo con el EZLN y lo considera intransigente;
se muestra abierto a una mediación nacional, que tenga
prestigio nacional, que sea discreta y profesional. Esta
opción se ve poco realista cuando el EZLN se niega
a dialogar sin el cumplimiento de las cinco condiciones planteadas
en 1996, pasando en primer lugar por la implementación
de los acuerdos ya firmados.
En el meollo de la disputa, se encuentra
la sociedad civil. Conforme se acercan
tiempos electorales,
son el centro
de atención de los partidos políticos. Para el
EZLN, resulta ser el único elemento que pueda destrabar
una situación por otra parte estancada así como
cada vez más compleja y conflictiva.
:: Actividades de SIPAZ en Chiapas
Febrero -
abril de 1999
Entre otras:
Información
- Visitamos la zona Norte (municipios de Yajalón,
Tila, Sabanilla y Tumbalá) y hablamos con desplazados
retornados, representantes de varias iglesias y organizaciones
sociales, líderes de Desarrollo Paz y Justicia
y autoridades locales y estatales.
- Visitamos los municipios de El Bosque, Simojovel y
Huitiupán
donde hablamos con organizaciones sociales y representantes
de iglesias.
- Visitamos varias veces los presos políticos organizados
en ‘La Voz de Cerro Hueco’ en el penal de
Cerro Hueco.
Contactos y visitas
- Organizamos el programa para una delegación
de Acción
Permanente por la Paz (Witness for Peace). La visita
incluyó reuniones
con varias organizaciones en San Cristóbal y
una salida a Ocosingo y a la comunidad El Chorro.
- Nos reunimos en Tuxtla Gutiérrez con la presidente
de la COPARMEX (Confederación Obrero Patronal de México,
Centro Empresarial de Chiapas) en Chiapas.
- Nos reunimos con representantes de las embajadas
de Canadá,
Francia y Gran Bretaña.
- Estuvimos como observadores en el municipio de
Amatán
durante los días de la consulta zapatista.
- Participamos en las oraciones semanales para
la paz en la Escuela Bíblica de Formación Integral -
Una Escuela Ecuménica.
Educación
- Facilitamos talleres mensuales sobre ‘Análisis
de conflictos y estrategias para la paz’ y ‘Introducción
a la no violencia’.
- Iniciamos un ciclo de taller de resolución de conflictos
con jó-venes de la diócesis de San Cristóbal
de Las Casas.
- Recibimos una capacitación interna sobre el tema ‘Manejo
del estrés y acompañamiento a personas traumatizadas’.
- Asistimos a un taller sobre ‘Resolución de
conflictos’.
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