:: ACTEAL
Acteal, un año después
CHIAPAS: UNA SITUACIÓN QUE SIGUE SIENDO EXPLOSIVA…
Se ha hablado mucho de la masacre del 22 de diciembre pasado,
tanto a nivel nacional como internacional. Acteal, municipio
de Chenalhó, un pueblo desconocido que ni siquiera
aparecía en los mapas de Chiapas, ahora es una palabra
conocida por millones de personas en el mundo. Aunque la
masacre, en que murieron 45 indígenas de la organización
Las Abejas, constituyó un caso extremo, con cada
vez mayor frecuencia en las últimas semanas, la
situación pareció a punto de estallar con
recurrentes brotes de violencia en distintas zonas.
En muchos sentidos, la situación en las comunidades
indígenas de Chiapas ha empeorado en este último
año. El ejemplo más flagrante de la intensificación
de la militarización es el municipio de Chenalhó.
Después de la massacre llegaron unos 2000 soldados
al municipio y ahora se encuentran campamentos militares
en unas decenas de comunidades principalmente en la región
que abarca el municipio autónomo de Polhó y
se calcula que hay un soldado por cada familia.
Muchos analistas han opinado que a consecuencia de la
masacre los cambios en el gobierno federal, principalmente
del
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y del coordinador
para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, así como
del gobernador del estado de Chiapas, Roberto Albores Guillen,
han significado no un mejoramiento sino un endurecimiento
en la política oficial.
Paradójicamente, las iniciativas del gobierno estatal
para pacificar el estado parecen haber generado mayores tensiones.
Por ejemplo, en la primavera del 1998, al querer restablecer
el ‘estado de derecho’ en Chiapas, el gobernador
decidió desmantelar cuatro municipios autónomos
a través de operativos policiacos-militares en cada
uno de los cuales participaron más de mil elementos
de las fuerzas armadas. En dichos operativos, se detuvieron
a decenas de simpatizantes zapatistas y en el caso de El
Bosque se dio un enfrentamiento violento entre simpatizantes
zapatistas a un lado y policías y miembros del ejército
al otro lado. En dicho enfrentamiento murieron ocho indígenas
y dos policías. Luego de los desmantelamientos se
reforzó la presencia de las fuerzas armadas en estos
lugares y se intensificó el hostigamiento contra las
bases de apoyo zapatistas.
La implantación del plan estatal de remunicipalización
anunciado en julio también ha generado muchos conflictos
en la zona ya que esto va a definir nuevos centros de poder.
Por otra parte, las elecciones locales en octubre pasado
se caracterizaron por un gran abstencionismo y un triunfo
del PRI que ganó en toda la zona de conflicto. Los
partidos de oposición denunciaron irregularidades
y fraude en todo el estado y impugnaron los resultados en
decenas de municipios. Ante la poca consideración
que se dio a sus denuncias, declararon que se iban a organizar
movilizaciones y tomas de presidencias antes del 1o de enero
cuando los nuevos legisladores tomen posesión de su
cargo. Últimamente han aumentado significativamente
los incidentes, amenazas y asesinatos en las comunidades,
por ejemplo en los municipios de Las Margaritas, El Bosque,
Nicolás Ruiz y Tumbalá.
En diferentes lugares, se ha reportado mayor actividad
de parte de los grupos paramilitares. La Procuraduría
General de la República está investigando a
16 ‘grupos civiles armados’. Una semana antes
del primer aniversario de la masacre, el gobernador de Chiapas
presentó una iniciativa de ley ‘Amnistía
para el Desarme de los Grupos Civiles del Estado de Chiapas’.
Dicha iniciativa propone amnistía a los grupos armados,
extinguiendo toda acción penal, exclusivamente por
delitos de posesión, portación y acopio de
armas de fuego y substancias explosivas. Además, incluye
la posibilidad de ofrecer trabajo a cambio del entrego de
armas. Para algunos analistas la iniciativa del gobernador
podría en el fondo intentar dejar sin castigo los
asesinatos y hostigamientos cometidos por los grupos paramilitares.
Otro aspecto preocupante en el estancado proceso
de paz fue la desaparición del mediación entre el EZLN
y el gobierno federal La autodisolución de la CONAI
(Comisión Nacional de Intermediación entre
el gobierno federal y el EZLN) en junio pasado fue presentada
por su presidente, el obispo Samuel Ruiz, como una denuncia
de la agresión permanente de parte del gobierno en
contra de dicho organismo y de la diócesis. El gobierno
federal parecía estar interesado en que la COCOPA
(Comisión de Concordia y Pacificación) asumiera
el papel de la mediación y no de coadyuvancia que
tiene. El EZLN por su parte fue muy claro en recordarle a
la COCOPA cual era su papel según la ley y les solicitó además
la creación de una nueva instancia de mediación.
Al mismo tiempo, otro actor cada vez más importante,
la sociedad civil, se comprometió en noviembre a apoyar
la consulta nacional propuesta por el EZLN sobre la implementación
de los Acuerdos de San Andrés, prevista para el 21
de marzo de 1998. El EZLN apuesta a dicha consulta para movilizar
a la sociedad civil y que ella así se convierta en
un punto de lanza para cambiar la política gubernamental
hacia los pueblos indígenas. Pero, hasta que el gobierno
no satisfaga las condiciones del EZLN para reanudar el diálogo
- como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés,
el cese a la militarización y la liberación
de los presos zapatistas - cualquier incidente puede convertirse
en un drama con consecuencias sangrientas.
La comunidad internacional sigue atenta frente
a esta situación.
El 11 de diciembre pasado la presidenta del Grupo de Trabajo
de los Pueblos Indígenas de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), Erica Irene A. Daes, expresó su
preocupación por "las violaciones y la situación
de los derechos humanos en las comunidades indígenas
de México, particularmente en Chiapas". Opinó que
el gobierno debería cumplir y implementar los Acuerdos
de San Andrés. La afirmación de Daes en gran
parte coincidió con los planteamientos realizados
por algunas organizaciones no-gubernamentales (ONG) internacionales
y por la Subcomisión para la Prevención de
Discriminación y Protección a las Minorías
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los
meses anteriores. En este marco, es preocupante que en el último
año se ha dado una intensiva campaña contra
la presencia de extranjeros que actúan como observadores
de derechos humanos.
SEGUIMIENTO JURÍDICO
A LA MASACRE
Después de la masacre del 22 de diciembre de 1997,
las autoridades detuvieron a 96 personas, incluyendo a 11
ex funcionarios públicos. A casi un año de
los hechos, todos se encuentran en prisión en espera
del juicio. Entre otros se dictó auto de formal prisión
en contra del presidente municipal priísta de Chenalhó,
Jacinto Arias Cruz, acusado de brindar armas y protección
a los ejecutores. Los cargos imputados a los ex funcionarios
son la transportación de armas de fuego de uso exclusivo
del ejército, lesiones y homicidio calificado por
omisión.
El Fiscal además acusó sistemáticamente
a los procesados del delito de "asociación delictuosa" (lo
más cercano penalmente a su consideración como
presuntos paramilitares); sin embargo, los jueces encargados
sólo han mantenido esta calificación a tres
personas, aunque el Ministerio Público ha apelado
el auto de libertad por ese delito en 38 casos. Empero, parece
poco probable que unas 90 personas ejecutaron a 45 personas
por una concurrencia azarosa de aquellas en este lugar y
horas.
Los familiares de los procesados hicieron plantones en la
capital del estado para pedir la libertad de sus presos,
hasta el momento sin resultado. El actual alcalde de Chenalhó,
Pedro Mariano Arías Pérez, nos comentó en
julio al respecto: "La mayoría son inocentes.
No confiamos en la investigación de la Procuraduría
General de la República". Por otro lado las Abejas
identificaron al menos 100 presuntos paramilitares que aún
están libres. En una conversación mantenida
con el responsable de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en Chiapas, Lic. Luis Jiménez Bueno, él
nos comentó que existen más órdenes
de aprehensión contra presuntos autores materiales
las cuales, "por no agravar más la tensa situación
en el municipio" aún están pendientes
de ejecutar, anormalidad con la que este responsable se mostró comprensivo
.
En julio los familiares de las víctimas aceptaron
una indemnización de 35 mil pesos por familiar muerto
y entre 10 y 25 mil pesos para los heridos de acuerdo con
su gravedad. Empero, para las Abejas la cantidad de esta
indemnización es irrelevante: "No nos devuelve
a nuestros muertos y no va a cambiar nuestras vidas".
A mediados de diciembre se informó de una medida
interna de inhabilitación administrativa a 11 funcionarios
públicos. Eso significa que los funcionarios no podrán
desempañar cargo público alguno entre cinco
y diez años. Recordemos que en los primeros meses
después de la matanza hubo renuncias y, en otros casos,
huidas de empleados públicos por la existencia de
ordenes de aprensión en su contra. Por ello, no es
de extrañar el comentario del responsable de la CNDH
en Chiapas cuando nos dijo que están en marcha órdenes
de aprehensión de funcionarios de alto nivel pero
que no se hacían públicos los nombres con el
fin de evitar su huida de la Justicia.
En cuanto a la explicación de los hechos, se siguen
enfrentando dos versiones. Para algunas organizaciones mexicanas
de derechos humanos, las líneas de investigación
ministerial parten de la premisa de considerar los hechos
aisladamente; así se pierde la verdadera dimensión
político-penal que supondría valorar la masacre
como un acto de genocidio o terrorismo de Estado. La versión
oficial va en el sentido de que se trataría del resultado
de un conflicto intrafamiliar o interreligioso que eximiría
de responsabilidad al gobierno federal y estatal. Según
dijo el 20 de diciembre el procurador general de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar, a publicar su informe ‘Libro
blanco sobre Acteal’: ‘… La otra gran causa
es la creación de un órgano absolutamente anti-constitucional,
que es el consejo autónomo de Polhó.. y la
inexistencia del estado de derecho en el municipio de Chenalhó".
Añadió además que pudo afirmar "que
si el Ejército mexicano hubiera tenido presencia el
22 de diciembre de 1997 en Acteal, esos hechos n nca se hubieran
presentado". El vicario de Justicia y Paz de la diócesis
de San Cristóbal de Las Casas, Gonzalo Ituarte, criticó las
conclusiones de la PGR. Señaló entre otros
que las fuerzas armadas estaban presente a centenares de
metros de la masacre y que además, acusar a los zapatistas
de ser la causa de la masacre, es hablar sobre "las
causas indirectas", olvidando la presencia y actitud
de los paramilitares como "causa directa".
DESPLAZADOS EN CHENALHÓ:
POCAS ESPERANZAS DE RETORNO
A raíz de la masacre de Acteal, se contaron más
de 6.000 nuevos desplazados en el municipio de Chenalhó.
Pero el drama del desplazamiento había empezado ya
antes de los acontecimientos trágicos de Acteal, en
septiembre/octubre ‘97 cuando unos 4000 campesinos
tuvieron que huir de sus comunidades después de haber
recibido amenazas de muerte. Entre los ahora 10000 desplazados
hay 2500 que pertenecen a la organización las Abejas.
El desplazamiento ha sido un evento traumático a muchos
niveles: por el hecho de recibir amenazas de muerte, por
las perdidas materiales (abandonar o ver destruir sus casas,
pertenencias, animales, cosechas, etc.), la separación
con los familiares (no todos decidieron salirse), la imposibilidad
de trabajar, etc.
Como lo subraya el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas en su último informe "Acteal: Entre
el Duelo y la Lucha", en Acteal se suma el trauma de
la masacre que tiene un efecto tanto a nivel personal y familiar
como comunal y social. En los primeros tiempos después
de la matanza, se sentían abatidos, no sabían
que hacer, esperaban que los demás les dijeran qué hacer.
Sentían que no valían mucho. Pero, cada persona
y comunidad cuenta con recursos naturales y culturales que
les permitirán recuperar de su trauma como el paso
del tiempo, la seguridad, el afecto y la fe. En el caso de
las Abejas, la fe es un elemento central: tienen oraciones
y ayunos con regularidad, y cada mes el día 22 se
celebra una misa, lo cual les ayuda a guardar la moral alta
a pesar de sus dificultades.
Las condiciones de vida en que viven los desplazados
no propician un desarrollo digno de la gente. Aunque
se han
mejorado desde
su llegada hace un año, el estado de salud y de higiene
(saneamiento) es todavía deficiente: existen múltiples
enfermedades, carencia de letrinas y de agua potable.
Los niños desplazados sufren también de las
consecuencia del desplazamiento, ya que no pueden asistir
a la escuela. En Acteal, las Abejas construyeron una con
láminas pero les hace falta materiales y maestros
que puedan impartir los cursos. Los niños desplazados
ya perdieron un año escolar, y si nada cambia pronto,
perderán otro.
La situación de los desplazados no es nada fácil,
y quizás lo que más les cuesta es aceptar la
dependencia que esta situación genera. Hace más
de un año, tuvieron que salir de sus comunidades sin
nada, llevando solamente la ropa que tenían puesta.
Tuvieron que depender de la ayuda humanitaria para vestirse,
protegerse del frío, para su alimentación y
medicamentos. Vicente, un representante de las Abejas nos
comentó: "Tenemos vergüenza de pedir ayuda,
no estamos acostumbrados a pedir limosna, nunca hemos pedido
nada cuando estuvimos en nuestra comunidad, ni tampoco al
gobierno. Pero no es por gusto que salimos de nuestras comunidades,
no es por gusto que pedimos ayuda". Algunas organizaciones
humanitarias como Caritas piensan que ya se terminó la
fase de emergencia y que los desplazados deben buscar la
manera de ser auto-suficientes. La ayuda humanitaria también
puede crear celos con quienes no la reciben. En una entrevista
con SIPAZ, el Lic. Jiménez Bueno de la CNDH en San
Cristóbal nos comentó que recibieron varias
cartas (dirigidas al gobernador de Chiapas) de gente de afiliación
priísta en Chenalhó que se quejaban de no recibir
la atención del gobierno estatal ya que ellos también
tenían necesidades y no recibían ninguna ayuda
humanitaria.
Además de las condiciones de vida difícil,
los desplazados viven una situación de inseguridad
cotidiana ya que los paramilitares que les amenazaron siguen "paseando" por
los campamentos. Según Vicente, los paramilitares
de afiliación priísta suman alrededor de 150
personas y están todavía presentes en 10 comunidades
del municipio. Por esta razón, los desplazados no
pueden salir libremente a trabajar sus tierras. Desde hace
dos meses, miembros desplazados de las Abejas provenientes
de Los Chorros regresaron en grupitos de 10 a sus parcelas
para preparar, por algunos días, la cosecha de su
café. Declararon al Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas que los paramilitares se estaban
rearmando y que estaban planificando otro ataque en contra
de su organización. En esas condiciones, el retorno
a sus tierras de origen es casi imposible, puesto que la
seguridad de los desplazados no puede ser garantizada.
Acción recomendada
Unirse a la campaña de la Asamblea Nacional por la
Paz para mandar cartas de Navidad por fax o correo-electrónico
al Presidente de la República mexicana, al Secretario
de Gobernación y al Gobernador del Estado de Chiapas
con el texto: "Acteal: Nunca más una Navidad
sin nosotros".
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Fax : (int-52-5) 271 1764 / 515 4783
webadmon@op.presidencia.gob.mx
Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Fax : (int-52-5) 546 5350 / 546 7380
segob@rtn.net.mx
Lic. Roberto Albores Guillen
Gobernador del Estado de Chiapas
Fax. (int-52-961) 20917
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