:: SINTESIS

A consecuencias de la masacre de 45 indígenas Tsotsiles en Acteal en diciembre del año pasado, la presión ha aumentado para que se reanude el proceso de paz en Chiapas. El gobierno mexicano formuló cargos criminales en contra de presuntos paramilitares, del presente municipal y de miembros de la Seguridad Pública. También obligó a varios funcionarios a presentar su renuncia, incluyendo al Gobernador de Chiapas y al Secretario de Gobernación a nivel federal, una personalidad de mucho peso en el partido en el poder. Subsisten dudas de que otras acusaciones vayan a ser presentadas en contra de funcionarios de mayor rango por su presunta responsabilidad criminal en la matanza.

A principios de marzo, el gobernador de Chiapas anunció una iniciativa de paz que ha sido rechazado por amplios sectores no vinculados con el PRI. Luego, en un intento para romper la parálisis que caracterizaba el proceso de paz en los 18 últimos meses, el Presidente Zedillo presentó su propia iniciativa de ley para implementar los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Su propuesta de reforma constitucional se defiere en varios aspectos del texto legislativo redactado en septiembre de 1996 por la COCOPA, la Comisión coadyuvante del Congreso. El EZLN ha aceptado dicho texto mientras el rechazo por parte del gobierno ha constituido uno de los mayores obstáculos al proceso de paz. La administración del Presidente Zedillo comentó que dicha propuesta refleja una influencia zapatista que es desproporcionadamente amplia en relación con su tamaño y el alcance geográfico de los zapatistas.

A pesar de no tener la mayoría en el Congreso, el partido en el poder, el PRI, está contando con el apoyo del partido de centro-derecha, el PAN, para tener suficientes votos y así obtener la aprobación de su reforma constitucional. No obstante, el carácter unilateral de dicha propuesta y el hecho de que parece estar alejándose de los Acuerdos de San Andrés, en particular en lo que se refiere a la autonomía indígena, exacerba la ya de por sí explosiva situación que prevalece en Chiapas. La CONAI, instancia mediadora en el conflicto, dio a conocer una crítica detallada de la propuesta gubernamental (ver documento especial). El EZLN reiteró sus 5 condiciones para reiniciar el diálogo, siendo un elemento clave el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en base al texto de la COCOPA.

En los meses pasados, otros factores han tensionado aún más el frágil tejido social chiapaneco. A excepción de los que fueron directamente involucrados en la masacre de Acteal, los grupos paramilitares siguen actuando con total impunidad en distintas zonas del estado. La presencia del Ejército mexicano ha sido reforzada pero parece que más que frenar a dichos grupos ha enfocado su atención hacia centros neurálgicos zapatistas. La publicación en la prensa de enero de un supuesto documento militar del 1994 que estaba promoviendo la asistencia de los grupos paramilitares para minar el apoyo a los zapatistas hizo eco a lo que los grupos de derechos humanos habían venido denunciando. Mientras tanto, el número de desplazados en Chiapas ha ido aumentando para alcanzar aproximadamente la cifra de 15 mil personas, lo cual constituye un alarmante problema social y político. Los asesinatos de varios líderes campesinos vinculados con grupos de oposición por parte de agresores que no han sido identificados han contribuido a fomentar una atmósfera explosiva. La propuesta unilateral de parte del gobierno federal ha sido acompañada de intentos de debilitamiento de las comisiones de mediación y coadyuvancia, la CONAI y la COCOPA. Ambas han sido acusadas repetidamente de ser parciales, e incluso oficiales del Ejército culparon al presidente de la CONAI, el obispo Samuel Ruiz, de estar en contacto directo con la estructura organizativa del EZLN.

La aprobación de la iniciativa gubernamental cuestionaría no solamente la continuidad de los diálogos de paz sino también toda su estructura legal. Eso abriría la perspectiva de que se llame al Ejército para desarmar a los insurgentes. Aunque los zapatistas no disponen de una gran fuerza militar, benefician de un alto nivel de apoyo por parte de varias áreas de la sociedad, y se puede prever que no se rendirían sin luchar. Mientras tanto, los grupos paramilitares parecen estar dispuestos a empezar una guerra para proteger sus intereses. Lo que ha sido una situación de mucha tensión podría explotar rápidamente.
En enero, manifestaciones de gran amplitud en México y en muchos otros países condenaron la matanza de Acteal. En respuesta al recrudecimiento de la crítica internacional, el gobierno mexicano fomentó una campaña contra extranjeros a través de hostigamientos, expulsiones y un intenso esfuerzo mediático. Dicha campaña nos hace temer que el gobierno quiera protegerse de la mirada internacional. Sin embargo, pretende que sólo está aplicando las leyes migratorias que impiden a los extranjeros inmiscuirse en asuntos de política interna.

El gobierno permitió la visita de unos 200 observadores internacionales. Las conclusiones incisivamente críticas de la delegación permitirán afinar el debate en Europa en cuanto al cumplimiento por parte de México del criterio relacionado a los derechos humanos, lo cual constituye una condición para que se apruebe un importante acuerdo comercial. La imagen de México ha sido aun más manchada cuando salió el informe de las Naciones Unidas que proporciona detalles sobre el amplio e impune uso de la tortura por parte del Ejército y de la Seguridad Pública.

En marzo, alrededor de 350 líderes religiosos de los Estados Unidos y de otros 13 países realizaron una declaración conjunta para que los gobiernos mexicano y norte americano emprendieran acciones para "desmilitarizar el conflicto y lograr una solución negociada en Chiapas". Dicha declaración también criticó una "pauta de tolerancia por parte del gobierno" en cuanto a actividades paramilitares.

Con el proceso de paz en crisis, los desarrollos en los próximos meses van a definir el curso futuro del conflicto y las perspectivas de una paz justa y duradera.

Acciones recomendadas

1. Urgir a la administración de Zedillo a:
   • suspender su proyecto de reforma constitucional hasta que se logre un documento consensado a base de los Acuerdos de San Andrés.
   • reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos.
   • ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
2. Exhortar a la COCOPA a realizar los mayores esfuerzos para mantener su unidad de propuesta y de acción y seguir su labor de coadyuvancia, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
3. Difundir información - como este reporte - sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 546 5350 / 546 7380

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 535 27 26

:: ACTUALIDAD

La incertidumbre en Chiapas

En marzo, con la presentación al Congreso de la Unión de una propuesta unilateral de reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena por parte del ejecutivo federal, el proceso de paz en Chiapas entró en una de sus más hondas crisis.
Mientras tanto, frente a una creciente militarización y paramilitarización del estado y con alrededor de 15 mil desplazados sin esperanza de regreso a corto plazo, Chiapas se encuentra en una situación explosiva. Con los asesinatos de algunos líderes campesinos y el surgimiento de nuevos brotes de violencia en la zona Norte se multiplicaron los focos rojos.

Propuestas del gobierno

Desde el principio del año, el gobierno federal ha estado omnipresente en los medios de comunicación. El 16 de enero, en Nayarit, el Presidente Ernesto Zedillo dijo que sería un error establecer distinciones constitucionales para los indígenas "tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos." Una semana después, en Kanasin (Yucatán), declaró que en Chiapas no habrá salidas de fuerza. El 31 de enero, en Suiza, afirmó que la violencia en Chiapas es causada por enfrentamientos entre el EZLN "y otros grupos". Consideró que el tratamiento que el gobierno ha dado al problema "ha sido ejemplar". En febrero, declaró al periódico "The New York Times" que lamentaba que el gobierno federal no tuviera una fuerte presencia en Chiapas y que "hemos sido demasiado suaves por el bien de las negociaciones", pero que eso ya no era conveniente. El 1º de marzo, el gobierno federal presentó sus cuatro observaciones

El 14 de marzo, el Presidente Zedillo firmó una iniciativa de ley que, según el ejecutivo, suma las posturas de todos los partidos, las observaciones gubernamentales y la base de la COCOPA (ver documento especial). El Secretario de Gobernación Labastida dijo que así el gobierno cumplía con los Acuerdos de San Andrés y comentó que si no se reiniciara el diálogo, el gobierno podría declarar unilateralmente la paz en Chiapas. Agregó que no les corresponde a los zapatistas decidir del sistema de México sino a todos los mexicanos.

El PRD acusó al gobierno de violentar el principio de bilateralidad de las partes. En respuesta, el PRI le culpó de querer prolongar el conflicto para manipularlo con fines electorales.

A principios de marzo, el PAN también presentó un proyecto de ley sobre reforma indígena. Una comisión integrada por representantes del PRI y del PAN será encargada de elaborar un anteproyecto en torno a ambas iniciativas. Por su parte, el senador priísta y miembro de la COCOPA, Pablo Salazar Mendiguchía, propuso que Alianza Cívica llevará a cabo una consulta en torno a las distintas propuestas.

Paralelamente, el gobierno de Chiapas dio a conocer su "Acuerdo Estatal para la Reconciliación". La iniciativa fue apoyada inmediatamente por organizaciones vinculadas al PRI mientras otros grupos la rechazaron al considerar que se trataba de un planteamiento unilateral.

Campaña contra CONAI y COCOPA

Actualmente, tanto la CONAI como la COCOPA se encuentran debilitadas. El año empezó con una nueva campaña contra el obispo Ruiz. Priístas y empresarios chiapanecos pidieron su renuncia a la CONAI. La inteligencia militar dio a conocer "pruebas" de la vinculación clero-EZLN al encontrar evangelios editados por la diócesis en casas de seguridad zapatistas cateadas en Altamirano. El comandante de la Séptima Región Militar, igualmente realizó acusaciones a titulo personal contra Samuel Ruiz.
La COCOPA también fue objeto de múltiples ataques. El presidente priísta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso criticó su trabajo por ser "ineficiente" y "protagónico". Los panistas la cuestionaron después al decir que los Acuerdos debían ser reinterpretados. Recientemente, junto con los priístas, amenazaron con retirar a sus representantes de la COCOPA si no se restablecía el diálogo.

El 11 de enero, la CONAI pidió al gobierno la disolución de los grupos paramilitares y eliminar ambigüedades y dobles mensajes. El 22, la COCOPA y la CONAI plantearon diez "condiciones indispensables" para la reanudación del diálogo, entre ellas el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; el respeto de la Ley para el Diálogo; la reducción de la militarización; el desarme de los paramilitares y el castigo a los responsables de Acteal. En marzo, a pesar de verse debilitada por la falta de consenso, la COCOPA pidió nuevamente al EZLN una reunión "urgente" y aclaró que no iba a elaborar una nueva propuesta de reforma.
El 17 de marzo, la CONAI dijo que "el procedimiento con el que se pretende llevar adelante la Reforma Constitucional (...) es incongruente y violatorio del espíritu de diálogo y paz". Además, "se aparta" de lo acordado en San Andrés (ver recuadro p.10). Según la CONAI, la forma de actuar del gobierno abre la posibilidad de que la Ley para el Diálogo desparezca y que comiencen las acciones militares. PRI y PAN criticaron la "parcialidad" de la CONAI. El coordinador gubernamental para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, comentó que dicha Comisión "incumple con su función mediadora al promover las posiciones de los zapatistas".

EZLN: Un dialogo de sordos

El EZLN se ve cada vez más aislado. En enero, expresó "No queremos todo, sólo queremos que se cumpla lo que el gobierno firmó y es del conocimiento público. Sólo queremos que la COCOPA haga honor a su palabra y defienda su iniciativa". En febrero, reiteró que no aceptará modificaciones a la propuesta de la COCOPA.

A principios de marzo, el subcomandante Marcos comentó que las condiciones planteadas en 1996 para reanudar el diálogo seguían vigentes: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y activación de la COSEVER; propuestas serias para la Mesa sobre Democracia y Justicia; cese del hostigamiento militar y paramilitar; un representante gubernamental independiente; y liberación de los presos políticos zapatistas.

El 24 de enero, 300 presos fueron liberados. Sin embargo, ninguno pertenecía a las bases de apoyo zapatistas. En las semanas siguientes, 11 presos políticos obtuvieron su libertad. Siguen detenidos 37 más.

Un "Ejercito de paz" (Pres. Zedillo, el 20 de feb.)

A principios del año, mandos militares dijeron que se aplicará "indiscriminadamente" la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo cual violaría la Ley para el Diálogo que plantea que el desarme de los zapatistas sería el desenlace del proceso de negociación. Francisco Labastida, nuevo Secretario de Gobernación, también había anunciado el desarme de "todos los grupos armados". Posteriormente, aclaró que eso no incluía al EZLN.

Se cuestionó el papel del Ejército en Chiapas cuando el semenario "Proceso" publicó un documento denunciando la estrategia contrainsurgente diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de Defensa Nacional y en particular, su actuación en la formación y promoción de los grupos paramilitares. El gobierno mexicano negó la existencia de dicho plan.
El 21 de enero, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional advirtió que el Ejército permanecerá en Chiapas "hasta que sea necesario" y afirmó desconocer la existencia de grupos paramilitares. Posteriormente, dijo que no se debe permitir que hablen las armas. Sin embargo, se observó una escalada de la militarización : nuevos retenes, intensificación en los patrullares, vuelos rasantes, etc. Según la CONAI (comunicado del 17 de marzo), alrededor de 70 mil militares se encontrarían en Chiapas actualmente. El 20 de febrero, para los 85 años de esta institución, Zedillo dijo que el Ejército mexicano será garante del diálogo y evitará siempre caer en las provocaciones.

Sociedad civil nacional y internacional

Después de Acteal, el 12 de enero la sociedad civil nacional realizó varias movilizaciones por el cese de la violencia en Chiapas. Otra iniciativa en enero fue la Peregrinación por la paz hacia la capital. Participaron unos mil 500 indígenas católicos de las 42 parroquias de la diócesis de San Cristóbal.

La comunidad internacional también manifestó su reprobación a Acteal a través de marchas, protestas y duras expresiones periodísticas. El 12 de enero, se realizaron protestas en 27 países para una Jornada de Solidaridad Mundial. En los Estados Unidos, los manifestantes demandaron el fin de la asistencia militar. En los dos últimos años, México habría enviado a 384 oficiales a la Escuela de las Américas (un centro norteamericano de adiestramiento militar y contrainsurgente).
El 15 de enero, el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando la matanza de Acteal. Señaló la inacción de las fuerzas del orden que debieron evitarla o detenerla, exigió castigo a los responsables y la desarticulación de los grupos paramilitares.
En marzo, la nueva Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green dijo en Bruselas que no existían "obstáculos" para ratificar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Paralelamente, organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas presentaron la situación de los derechos humanos en México tanto ante el Parlamento Europeo como ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A partir de febrero, se incrementó la campaña en contra de la presencia internacional en Chiapas: hostigamiento de parte de agentes de migración, difamación en los medios de comunicación, expulsión de observadores de derechos humanos y del párroco francés de Chenalhó, Michel Chanteau, que llevaba 32 años en México. Incluso un indígena de la zona Norte fue asesinado -presuntamente por el grupo paramilitar Paz y Justicia- después de haber dado su testimonio a miembros de la Comisión Civil Internacional (unos 200 observadores visitaron Chiapas a mediados de febrero).

En marzo, alrededor de 350 líderes religiosos de los Estados Unidos y otros países del mundo realizaron una declaración a iniciativa de SIPAZ para que los gobiernos mexicano y norte americano emprendieran acciones con el fin de "desmilitarizar el conflicto y lograr una solución negociada en Chiapas".

:: ANÁLISIS

¿ Es posible una paz unilateral?

Nunca como hoy el fantasma de la guerra había rondado Chiapas desde el inicio de los diálogos de paz en 1995. Nunca como hoy los actores habían polarizado tanto sus posturas como en estos primeros meses del año. La iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena del ejecutivo federal enviada unilateralmente al Congreso de la Unión pone en entredicho el marco jurídico y el procedimiento de los diálogos de paz.

Ahora el gobierno federal pretende por sí sólo "cumplir" con los Acuerdos de San Andrés, lo cuál resulta paradójico, ya que por más de dos años se negó a reconocer lo que su delegación había firmado, por lo menos en la forma en que la COCOPA lo presentó. Actualmente el gobierno está enfrentando mucha presión tanto a nivel nacional como internacional para resolver el conflicto en Chiapas. Acusaciones de violaciones a derechos humanos, violencia política creciente, incertidumbre e inestabilidad han debilitado a la administración Zedillo, lo cual tiene particular relevancia teniendo en el horizonte las elecciones presidenciales del año 2000. Con esto el gobierno intenta encontrar un atajo a la resolución del conflicto. Para eso ha orquestado toda una campaña en los medios, especialmente en la mayoría que él controla, arremetiendo contra el EZLN por "obstaculizar la paz", la CONAI "por perder imparcialidad" y la COCOPA "por no haber hecho bien su trabajo".

De ser aprobada dicha iniciativa se omite el principio de bilateralidad lo cual pone en riesgo el proceso de pacificación y el papel en éste de los mediadores y coadyuvantes. En tal caso existiría la posibilidad preocupante de derogar la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas" que permitiría el desarme "legal" de los zapatistas y el uso de la fuerza militar en caso de que se negasen.

De consumarse estos hechos en esta hora de alto riesgo, la probabilidad de reanudar el conflicto armado entre el EZLN y el Ejército federal sería muy alta.Y dado que no es fácil distinguir entre la milicia zapatista y la población civil se podría esperar un conflicto tipo guerra de guerrillas en donde las comunidades indígenas se verían orilladas a vivir una prolongada campaña de contrainsurgencia.

En estos términos tan lamentablemente poco esperanzadores suenan con singular terror y crudo realismo las palabras del senador priísta y miembro de la COCOPA Pablo Salazar Mendiguchía: "Nadie puede hoy garantizar que no se repita otro Acteal".
Recordemos que por los lamentables acontecimientos ocurridos en la comunidad de Acteal en el municipio de Chenalhó y de otros eventos de singular violencia en ésta y en otras zonas del estado de Chiapas, lo único seguro que han generado en este primer trimestre de 1998 paradójicamente es una enorme incertidumbre social.

En Chiapas continúa una guerra que algunos llaman de "baja intensidad", aunque de costos muy altos para las comunidades indígenas. Son ellas quienes vienen aportando las víctimas y quienes más sufren por la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano. De la misma manera, se ven afectadas por las agresiones y amenazas constantes del creciente número de los llamados "grupos paramilitares" que operan al margen de la ley y a veces hasta con el apoyo de los mismos cuerpos de seguridad, como quedó evidenciado en los acontecimientos de diciembre pasado en Chenalhó y como se afirmó del grupo "Paz y Justicia" en la zona Norte desde hace dos años.

El papel de los observadores internacionales en las zonas del estado de mayor violencia se vuelve más importante frente a tantos abusos a los derechos humanos. La actual campaña contra extranjeros ha tenido como consecuencia la expulsión del país de decenas de personas en los últimos dos años, entre las que destacan por número, quienes han estado prestando por mucho tiempo servicios pastorales a las comunidades indígenas a través de la diócesis de San Cristóbal. El gobierno está acusando a los extranjeros de inmiscuirse en política interna. Sin embargo, y sobre todo en vista de la naturaleza del trabajo que realizan los observadores internacionales en la zona, el alcance e intensidad de esta campaña nos hace temer que el gobierno federal quiera seguir sosteniendo y "administrando" una guerra sin testigos.

En este contexto, el "Acuerdo Estatal para la Reconciliación" promovido por el Gobernador de Chiapas ha sido leido por muchos sectores y entre ellos los partidos de oposición, como un intento de mostrar una pronta respuesta a la comunidad internacional por la preocupación que levantó la masacre en Acteal y de preparar el terreno de cara a las elecciones locales de octubre y seguramente las presidenciales del año 2000.

La comunidad internacional ha estado más atenta, jugando un papel muy importante sobretodo a partir de los lamentables hechos de Acteal. Particularmente la Unión Europea ha enviado reclamos y preocupaciones sobre el incremento de la violencia y el poco avance en el proceso de paz. En el marco de la ratificación del Acuerdo Comercial con México estas declaraciones pueden resultar de mucho peso político sobre el gobierno mexicano para reanudar los diálogos y hacer avanzar una paz que garantice un desarrollo equilibrado y justo del pueblo mexicano, en especial de aquellos sectores -como los pueblos indígenas- más marginados y empobrecidos.

Nunca en la historia de este país el tema de los derechos de los pueblos indígenas había estado en el centro de la atención nacional. Mientras ese histórico debate se está dando en el Congreso de la Unión lo que está en juego es la guerra o la paz en Chiapas. En ese sentido en entrevista telefónica el senador Salazar nos comentó: "Cualquier iniciativa puede ser perfecta tecnicamente, pero de nada sirve si no es en favor de la paz".

:: ENFOQUE

Días desesperados: Los Desplazados Internos de Chiapas de la zona Norte a Los Altos

En 1995, desde la aparición de grupos paramilitares como Paz y Justicia y Los Chinchulines en la zona Norte, miles de indígenas ch'oles abandonaron sus casas por causa de la violencia y de las amenazas de muerte. A fines de 1997, había más de 4 mil 200 desplazados en esa zona.

Durante el año pasado, nuevos grupos paramilitares empezaron a aparecer en otras regiones como Los Altos, generando un aumento significativo de las personas desplazadas. Entre mayo y diciembre, aproximadamente 6 mil tsotsiles y tseltales huyeron de sus comunidades en el municipio de Chenalhó, en Los Altos. Después de la masacre de Acteal el 22 de diciembre pasado, 4 mil personas más abandonaron sus casas al ser amenazadas por grupos paramilitares. Se estima que actualmente los desplazados internos de Chiapas serían más de 14 mil.

En la zona Norte, la mayoría de los desplazados se ubica en los municipios de Tila y Sabanilla. En la región de Los Altos se cuentan 14 comunidades desplazadas alrededor de Polhó, sede del municipio autónomo zapatista, municipio de Chenalhó. El campamento de refugiados más grande se encuentra en Polhó mismo. También se encuentran otros campamentos en Acteal y X'oyep, y tres lugares más en San Cristóbal de Las Casas.

La mayoría de los desplazados en Los Altos pertenecen a la Sociedad Civil Las Abejas o son simpatizantes del EZLN, mientras en la zona Norte muchos son miembros o simpatizantes del PRD. Según cuentan los mismos desplazados, con frecuencia el fenómeno se origina cuando los militantes del PRI exigen la adhesión por la fuerza a miembros de otros partidos y organizaciones y les imponen cooperaciones que van desde 30 a 300 pesos semanales, dinero que se utiliza para comprar armas. El ultimátum es terminante : "cooperar, huir o morir."

Hay que señalar que no todos los desplazados pertenecen a la misma parte en el conflicto. Según algunas fuentes, recientemente unas familias ch'oles que pertenecen al grupo paramilitar Paz y Justicia fueron expulsadas del municipio de Tila y centenares de priístas fueron desplazados en Ocosingo, Chilón, Altamirano y Chenalhó por zapatistas y simpatizantes zapatistas. No obstante, y aunque no existen cifras oficiales, un simple conocimiento o recorrido por esas zonas pone en evidencia que el número de desplazados simpatizantes del partido oficial es sensiblemente menor.

Una vida de tristeza

Un factor común que une a todos los desplazados es el sufrimiento. Cuando huyen de sus comunidades, dejan todas sus pertenencias. Y cuando llegan a sus refugios, encuentran una existencia sin esperanza: las enfermedades comunes se agudizan; el abrigo, el techo y la comida son precarios e insuficientes; los desplazados no tienen actividades económicas productivas; a menudo no hay agua; y pocas veces hay escuelas.

Un ejemplo grave de lo que significa ser desplazado es X'oyep, un campamento de más o menos mil personas integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas. Llegaron a X'oyep a pie, la mayoría caminando toda la noche en el lodo y la lluvia. incluso un bebe nació en el camino. Una mujer dijo, "Siempre hay tristeza [aquí]. Queremos regresar a nuestras casas".
Cada una de las 32 familias originarias de X'oyep ha recibida algunos desplazados, aunque no hay espacio suficiente en las pocas casas. Las mujeres, con sus dos molinos y pocos "comales" (recipiente para preparar comida), tienen que echar tortillas día y noche para que haya para todos.

El hacinamiento y la falta de agua, sumados al frio del invierno en Los Altos, provocan enfermedades. Aproximadamente un 80% de los niños y un 60% de los adultos padecen fiebre. Gripe, enfermedades respiratorias, disentería, diarrea, gastroenteritis y tifus se multiplican, y hay alto riesgo de cólera. A diario los cuatro promotores de salud prestan atención a los cientos de enfermos, pero sin medicina suficiente es un trabajo en vano. En tan sólo dos semanas, hubo seis fallecimientos por enfermedades curables.
Para agravar la situación, la violencia en el municipio de Chenalhó hizo perder el 90% de la cosecha de café. Con lágrimas que reflejaban su tristeza, María, una desplazada de Quextic refugiada en San Cristobal, nos comentó: "Mi cafetal se quedó ... muy bonita la fruta."

A fines de enero, 115 desplazados de la comunidad de Canolal, pertenecientes a Las Abejas, llegaron a las afueras de San Cristóbal para sumarse al campamento donde ya estaban más de cien desplazados de Quextic. Ahora 239 personas conviven en unos dormitorios, compartiendo un solo comedor. No tienen dinero, ni trabajo, ni esperanza. Algunas de sus casas fueron quemadas por los agresores, y sus animales, cosechas y bienes domésticos robados. No están acostumbrados al frío de San Cristóbal, y las enfermedades proliferan. María, que perdió a su hija en la masacre de Acteal y ahora cuida a sus tres nietos huérfanos, reflexiona: "Parece que no somos cristianos. Parece que somos animales."

El embrollo de la ayuda humanitaria

La mayoría de los refugiados no acepta ayuda del gobierno federal por falta de confianza en él. Por ejemplo, los representantes de X'oyep reclamaron que los materiales para letrinas entregados por el gobierno estaban rotos y en estado deplorable. Además, una mujer nos mostró dulces con hongos y gusanos que el gobierno había enviado para los niños.
Por el mismo temor, las comunidades rechazan la ayuda que viene del Ejército mexicano. El 2 de enero, militares llegaron a X'oyep para ofrecer alimentos pero la comunidad se negó a aceptarlos. Al día siguiente, los militares regresaron con refuerzos y esta vez trataron de entrar en la comunidad, pero la gente se movilizó organizadamente para impedirles el paso. Según su testimonio, los soldados levantaron los vestidos de cinco mujeres, golpearon a algunos hombres y pisaron los pies de la gente descalza. En eso momento llegó un helicóptero; por las máscaras que portaban los soldados parecía que iban a lanzar gas lacrimógeno. A pesar del peligro, la comunidad desarmada, con las mujeres y los niños al frente, no permitió que el helicóptero aterrizara ni que pasaran los soldados.

Los militares no fueron muy lejos. En el camino a X'oyep un grupo de aproximadamente quince soldados con brazalete "Labor Social" ha ensanchado el camino durante unas semanas. un kilómetro antes de llegar a X'oyep, se encuentra un puesto militar donde se ofrece comida preparada y atención medica. Recibe un promedio de cuatro visitas diarias y a veces nadie viene. Una mujer de X'oyep nos apuntó que la única cosa para la que sirve el Ejército allá es para intimidar a la gente. "Tuvimos miedo por las armas ... y no queremos vivir con el Ejército. Sería mejor que se salieran de aquí. No queremos que se quede aquí para vivir porque no vinieron a resolver el problema."

En Chiapas existe una historia larga de cooptación y clientelismo por la cual el gobierno federal da asistencia puntual en ciertas coyunturas, pidiendo a cambio el apoyo incondicional de la gente. Varios grupos desplazados, por ejemplo Las Abejas, se niegan a recibir esa ayuda oficial porque dicen que si la aceptaran el gobierno les exigiría callarse y no hacer más denuncias. Además, varias personas nos comentaron que si aceptan dicha ayuda, el mismo gobierno va a utilizar eso como propaganda. Por otro lado, llega ayuda humanitaria a los desplazados desde fuentes no gubernamentales — de las iglesias, de las ONG mexicanas y de algunas organizaciones internacionales — y de la Cruz Roja Mexicana. El problema es que esa ayuda humanitaria a veces es inadecuada o impropia. Según las autoridades del municipio autónomo de Polhó, por ejemplo, los desplazados recibieron en enero medicinas de la Cruz Roja Mexicana que tenían fecha de caducidad ya vencida o a punto de vencer, y por eso comentaron: "Si no pudieron matarnos con bala, ahora quieren matar a nuestras mujeres y niños con medicinas inservibles y peligrosas."

Amenazas incesantes

Los desplazados refugiados en San Cristóbal dicen que siguen siendo amenazados por los paramilitares priístas, que se acercan al campamento para intimidarlos con frases como: "Vamos a acabar de una vez con la Sociedad Civil [Las Abejas]." Repetidamente los desplazados han expresado su temor por haber visto en las calles a las mismas personas que los estaban amenazando en su comunidad de origen: "Allí andan contentos, andan tranquilos [los agresores]."

Ultimamente, la situación sigue complicándose. Cabe tener en cuenta que los desplazados a veces tienen miembros de su propia familia que profieren amenazas. Vicente, de Quextic, tiene un cuñado priísta que "anda armado con su cuerno de chivo [AK-47]" y que participó en la masacre de Acteal, en la que murió María, una prima de Vicente que estaba embarazada.

Perspectivas inciertas

En Sabanilla, los desplazados han realizado una serie de encuentros de negociación con el Secretario de Gobierno del estado. Como consecuencia, en febrero algunos desplazados de la zona Norte regresaron a sus lugares de origen. No obstante, muchos más siguen esperando el castigo de los culpables y un ambiente más seguro para regresar. Piden, por ejemplo, que los paramilitares sean desarmados.

Mientras tanto, las consecuencias físicas y mentales son cada vez más preocupantes. Los desplazados expresan sentimientos profundos de dolor y sufrimiento. "Yo no sé donde voy a morir," fueron las palabras de incertidumbre de un joven. Y a pesar de eso, este pueblo sigue de pie, resistiendo, defendiendo la vida y enseñándonos lo que es la dignidad.

El vuelo de Las Abejas Sigue

Llevando la paz en tiempos de guerra

El 22 de diciembre del año pasado 45 indígenas desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, fueron masacrados por grupos paramilitares. La noticia de esta matanza brutal dio la vuelta al mundo y generó gran indignación tanto a nivel nacional como internacional: "¿cómo se puede matar a estos indígenas inocentes e indefensos, en un momento de oración y ayuno para la paz?". Las víctimas eran miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, organización que lucha por una paz digna y justa a través de medios pacíficos.
¿ Quiénes son los miembros de esta organización? ¿Por qué optaron por y siguen en la vía no-violenta? ¿Eran inocentes e indefensos? ¿Sabían de las consecuencias vinculados con esa manera de luchar? Hoy queremos presentar un perfil de Las Abejas y de su lucha pacífica a través del testimonio de los catequistas católicos del grupo que también sirven como voceros.

Historia

La historia de Las Abejas empezó en 1992, cuando en la comunidad Tzanembolom, municipio de Chenalhó, se dio un conflicto de tierra entre familiares. Un lote de tierra heredada debía ser dividido entre un hermano y dos hermanas. El hermano no quiso compartir la herencia con sus hermanas por ser mujeres y quiso que ellas renunciaran a su derecho hereditario sobre la tierra. Como es costumbre, la comunidad hizo una asamblea y tomó la decisión de repartir la tierra en tres partes iguales. El hermano no estaba de acuerdo y prometió parte de la propiedad a unos amigos (incluso de otras comunidades). Este grupo empezó a amenazar con violencia al resto de la comunidad.

Como respuesta, los habitantes de Tzanembolom tomaron la iniciativa de visitar las comunidades vecinas para proponerles formar una organización que les diera la posibilidad de defenderse ante posibles ataques. El 9 de diciembre de 1992 llegaron a Tzajalchen representantes de 22 comunidades para formar la organización Las Abejas. Después de la reunión tres personas fueron agredidas a balazos. Una de ellas murió y dos resultaron gravemente heridas. En lugar de arrestar a los presuntos agresores (el hermano disconforme y sus amigos) las autoridades detuvieron sin orden de aprensión a cinco personas que habían participado en la reunión acusándolas de ser los responsables de la violencia en la región. Los presos fueron trasladados a San Cristóbal de Las Casas.

Las Abejas organizaron una peregrinación a San Cristóbal, donde se instalaron en plantón en la Plaza Catedral. "Durante cinco días marchamos desde ahí al lugar donde se encontraban los presos, con oraciones, tambores y música indígena. Después se sumaron a nosotros los hermanos y hermanas indígenas de Simojovel, San Andrés, Chalchihuitán y Pantelhó".

Finalmente, la Procuraduría de Justicia del Estado se vio obligada a liberar a los detenidos por falta de evidencia.

Las Abejas

Las Abejas explican su nombre así: "Nos juntamos en 1992 porque somos una multitud y queremos construir nuestra casa como el panal de las abejas, donde todos trabajemos en colectivo y que gocemos de lo mismo, producir miel para todos. Así somos como las abejas en una sola caja, no nos dividimos y caminamos junto con nuestra reina, que es el reino de Dios, aunque sabíamos desde un principio que el trabajo iba a ser lento pero seguro". Existe también otra interpretación para el símbolo de la abeja: "Es un animalito chiquito que pica. Nuestra lucha es una lucha de punzadas pacíficas".

Después de este primer éxito, Las Abejas siguieron organizándose. Ahora tienen presencia en 25 comunidades de Chenalhó y cuentan con 4 mil miembros, la gran mayoría de religión católica. Durante su existencia de más de cinco años, Las Abejas han fortalecido otras organizaciones en la región, como comités de salud, derechos humanos, alternativas para la comercialización y abasto de café, grupos de mujeres y conjuntos musicales. Por otro lado, Las Abejas se mantienen en "resistencia civil": no pagan las cuotas de energía eléctrica, ni el impuesto a la tierra y decidieron no recibir apoyo del gobierno mientras no se cumplan los Acuerdos de San Andrés y no haya paz justa y digna en Chiapas: "Tampoco obedecemos al gobierno municipal y estatal, porque no lo elegimos y no hacen justicia".

Las Abejas y los zapatistas

Después del levantamiento zapatista en 1994, Las Abejas participaron en los Cinturones de Paz (protección desarmada ofrecida por civiles) durante las negociaciones entre el gobierno y el EZLN. Empero Las Abejas no se volvieron zapatistas, sino que decidieron mantenerse como movimiento civil: "Así como nuestro cuerpo tiene dos ojos, dos manos, dos piernas, la sociedad tiene que tener sus dos piernas. El EZLN es una y nosotros como civiles somos la otra. No somos EZLN porque no respondemos a sus órdenes. Tenemos que hacer la lucha pacífica y no con las armas".

Los zapatistas aceptan el camino de Las Abejas, porque "para ellos la participación de la sociedad civil es muy importante". Las Abejas decidieron participar en el FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional) como Sociedad Civil Las Abejas. Los zapatistas y Las Abejas tienen las mismas metas, pero "nuestra forma es diferente. Creemos en la Palabra de Dios. Sabemos leer la Biblia: tenemos que amar a nuestro enemigo, no podemos matar. Sobre todo, todos somos pobres campesinos, hermanos y hermanas". En los conflictos, Las Abejas siempre buscan el diálogo: "Tenemos el mismo idioma, por eso podemos hablar para resolver nuestros conflictos". Saben muy bien los riesgos que corren, porque, como dicen: "...somos el colchón entre el gobierno y los zapatistas..., si este colchón se rompe es más fácil para el gobierno atacar a los hermanos del EZLN".

La violencia que no cesa

Durante la violencia desatada en el municipio de Chenalhó en los últimos meses de 1997, Las Abejas pintaron en sus fachadas: "sociedad civil, zona neutral". Para ellos "neutral" significa que no quieren ser parte de la violencia entre priístas y zapatistas. Lo hicieron porque "no queremos problemas, no manejamos armas, queremos dialogar. Sabemos de otras maneras de luchar. Pero los priístas no lo respetaron, quemaron nuestras casas y robaron nuestra cosecha".

La mayoría de los miembros de Las Abejas tuvo que abandonar sus viviendas y sus comunidades por las amenazas, hostigamientos y agresiones de los paramilitares. Ahora viven en campamentos en Acteal, X'oyep, Tzajalchen y San Cristóbal. En estos campamentos rechazan la ayuda humanitaria proveniente del gobierno: "primero queremos que se castigue a todos los autores de la matanza", afirman.

Martirio en Acteal

Todas las víctimas de la matanza de Acteal eran de Las Abejas. Según ellos, los atacantes les eligieron porque sabían "que no tenemos armas para defendernos. Después de ataques anteriores de priístas a zapatistas, también murieron algunos priístas". Las víctimas sabían que iban a ser atacadas, porque habían recibido avisos el día anterior. "Pero decidimos confiar en Dios y empezamos a rezar en la iglesia. Ahora sabemos que son martirios. Vamos a construir un santuario para ellos en Acteal. Sabemos que Dios les recibió a los 45 y que está preparando para recibirnos a nosotros también. Porque la lucha sigue. No tenemos miedo de morir. Estamos dispuestos a morir, pero no a matar. Si Dios nos permite unos días más ahí, está bien. Si no, está bien también".

Las Abejas no es un grupo débil e indefenso, como algunas personas dicen y como lo vieron los mismos paramilitares asesinos. Al contrario: en un escenario crecientemente dominado por la lógica de la violencia, Las Abejas se ha convertido en un actor peligroso y amenazante, "armado con el amor de Dios", que rompe con la filosofía de "ojo por ojo" y desenmascara, con su actitud pacifista, la violencia ilegítima del poder al que se enfrenta. "Unos de nosotros murieron, sembrando la semilla de la paz para los otros. Sabemos que la lucha sigue en nuestros hijos. Y ahora todo el mundo nos conoce y nos entiende. A pesar de lo que ocurrió en Acteal, creemos en nuestra lucha".

A tres meses de Acteal: avances y fallas

Tres meses después de la masacre de Acteal en diciembre de 1997, cuyo balance fue de 45 muertos y 25 heridos, la investigación para identificar a los responsables todavía se encuentra en una etapa inicial.

La PGR revela irregularidades

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron varias irregularidades e ilegalidades que empezaron meses antes de la masacre. Según declaraciones de funcionarios de la Seguridad Pública (policía estatal) destacada en la comunidad de Los Chorros, municipio de Chenalhó, ese mismo destacamento protegió a grupos civiles armados de filiación priísta y les ayudó a conseguir y transportar armas de grueso calibre. El comandante Felipe Vázquez Espinoza dijo que había a su vez recibido ordenes "de la superioridad" para realizar esas actividades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se hizo presente en la zona desde mayo del año pasado, había pedido a las autoridades del estado medidas cautelares para proteger a la población desplazada por la violencia. Al igual que otras organizaciones de derechos humanos, la CNDH considera que de haberse tomado a tiempo las medidas requeridas, la matanza se hubiera podido evitar.

Por otra parte, un "informe preliminar" de la PGR revela que los cadáveres fueron levantados en la madrugada del 22 al 23 de diciembre sin preservación del lugar de los hechos, sin intervención de los peritos en criminalística de campo, sin documentación fotográfica de los cuerpos y sin dar fe de dónde se localizaron los casquillos. Todas esas irregularidades de procedimiento se dieron en presencia de las autoridades de la Seguridad Pública y del Ministerio Público de la Procuraduría de Chiapas.

Declaraciones contradictorias

En sus declaraciones ante la CNDH, los funcionarios del gobierno del estado y los altos funcionarios policiacos incurrieron en diversas contradicciones e inconsistencias - llegando a acusarse entre sí - con el propósito de evadir responsabilidades directas. En particular el general Jorge Gamboa Solís, ex-coordinador de policías, alteró documentos que podrían contener información relevante para esclarecer los hechos.

El Secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, incurrió en una serie de contradicciones sobre la hora en que aseguró haber ordenado la investigación de los acontestimientos violentos ocurridos en la comunidad de Acteal.

En cuanto al levantamiento de los cuerpos, existen tres versiones distintas que involucran entre otros al ex-Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquin Gálvez, al Subprocurador de Justicia Indígena David Gómez Hernández y al comandante de Seguridad Pública de la zona. "Esas versiones coinciden", como mencionó el coordinador de la CNDH de San Cristóbal de Las Casas en entrevista con SIPAZ, "en un solo punto: ninguna declaración sustenta lo que se hubiera debido hacer".

Primeras consecuencias

La PGR detuvo a unas 90 personas presuntamente vinculadas al multihomicidio, entre ellos al presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz y elementos de la Seguridad Pública. El Ministerio Público federal ha ejercitado acción penal en contra de once elementos de la Seguridad Pública por su presunta responsabilidad en delitos de transportación y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de homicidio calificado y lesiones calificadas cometidas por omisión. Mientras tanto, han sido removido de sus cargos el Secretario de Gobernación a nivel federal, el Gobernador, el Secretario y el Subsecretario de Gobierno de Chiapas, entre otros funcionarios estatales involucrados. A fines de marzo, la Secretaría de Gobierno de Chiapas informó que se desahogaba el procedimiento administrativo contra catorce ex-funcionarios.

En cuanto a la indemnización de los deudos de las víctimas, los autoridades han enfrentado diversas dificultades. Todavía no han sido identificados todos los destinatarios - faltan actas de nacimiento, se usan nombres diferentes de los que salen en los registros y además pueden variar en su ortografía - mientras que los ya identificados rechazan las indemnizaciones ofrecidas porque "no queremos que unos reciban y otros no". Por ahora, el ejecutivo estatal depositó un total de casi dos millones de pesos de indemnización en una cuenta de banco para que generara intereses hasta que todos los destinatarios sean identificados y se hayan valorado los grados de invalidez de los heridos.

Descontento con los avances

En una entrevista con SIPAZ el coordinador de la CNDH en San Cristóbal de Las Casas, Luis Jiménez Bravo, expresó una opinión común: "La PGR empezó bien, identificando presuntos autores materiales, pero sigue sus investigaciones con su propio ritmo. Esperamos que suban en la escalera de los niveles, que se siga con los autores intelectuales."

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen que resulta evidente la probable responsabilidad penal, indirecta o por omisión, del ex-Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del ex-Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro. Señalan asimismo que existiría responsabilidad en última instancia del Ejército mexicano y del propio Presidente Ernesto Zedillo como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México, ya que la institución militar tenía y tiene conocimiento - e incluso vinculaciones informales, según numerosos testigos - sobre la actividad de los grupos paramilitares en Chiapas.

Un alto costo para el gobierno

Los remociones y detenciones de los últimos meses ilustran el alto costo político que ha tenido la masacre. El ex-Secretario de Gobernación era uno de los más importantes políticos del PRI y un probable candidato para las elecciones presidenciales del 2000. Su sustitución fue un duro golpe a la administración del Presidente Zedillo.

Aunque esas reacciones del gobierno mexicano han sido importantes, hay que tener en cuenta que con la masacre de Acteal, los ojos del mundo están otra vez fijados sobre México y que la presión ha sido muy alta. Mas allá de las consecuencias administrativas y penales directas, hemos visto acciones gubernamentales a nivel estatal y federal que parecen ser intentos de desviar esa presión - como la campaña en contra de extranjeros, el Acuerdo Estatal para la Reconciliación o la propuesta del ejecutivo sobre Derechos y Cultura Indígena [ver Actualidad, p. 1] - y que provocan dudas sobre si los gobiernos federal y estatal van a impulsar un cambio significativo. A fines de marzo, sigue pendiente iniciar una auditoría administrativa de la Procuraduraduría General de Justicia de Chiapas. Funcionarios de alto nivel todavía no han sido detenidos. Tampoco han sido desmantelados los grupos paramilitares que siguen rondando la zona. Sin embargo, como dijo el escritor Carlos Monsiváis, "la matanza de Acteal no ha desaparecido, es imborrable." Por eso, las actuaciones oficiales seguirán bajo la supervisión de la sociedad civil y la opinión internacional, que se mantienen pendientes de que se haga justicia.

Ley en materia de Derechos y Cultura Indígena

Nota: Este texto fue preparado por el equipo de SIPAZ en 1998. Tres años después las propuestas y los comentarios siguen siendo relevantes por la nueva coyuntura y la discusión en el Congreso de la Unión.

PROPUESTAS y CONTRAPROPUESTAS

1. Introducción
2. Síntesis de puntos de divergencia
3. Cuadro comparativo que enfoca en los puntos de divergencia, presentando

• los Acuerdos de San Andrés
• la Propuesta de la COCOPA
• la Iniciativa del Ejecutivo Federal de marzo de 1998
• los cuatro observaciones del Gobierno de enero 1998 a la iniciativa de la COCOPA
• el texto de la CONAI "En defensa de los indígenas, en defensa de la negociación para la paz, en defensa de lo acordado" del 17 de marzo de 1998

1. Introducción

Acuerdos de San Andrés y la nueva iniciativa del Gobierno

Después del levantamiento zapatista en enero de 1994, empezaron negociaciones entre el Gobierno Mexicano y el EZLN. En 1995 se acordó una agenda de 5 temas. Para el primer tema "Derechos y Cultura Indígena" ambas partes firmaron el 16 de febrero de 1996 los "Acuerdos de San Andrés Larráinzar". Frente al incumplimiento de dichos acuerdos por el Gobierno, el EZLN se retiró de las negociaciones en septiembre de 1996.

Para superar la crisis, la COCOPA elaboró una iniciativa de ley tendiente a implementar dichos acuerdos. El 29 de noviembre de 1996 la COCOPA presentó su iniciativa a ambas partes y pidió solamente un sí o un no al documento completo.

El EZLN la aceptó rechinando, pero el Gobierno entregó como respuesta un documento con 27 comentarios. Empero, el EZLN no aceptó esta contrapropuesta, porque divergía de los acuerdos firmados en puntos a su entender esenciales. Desde septiembre 1996 el diálogo está suspendido.

En febrero de 1998 el Gobierno Mexicano redujo a cuatro sus 27 observaciones a la iniciativa de la COCOPA de noviembre de 1996. Según el Ejecutivo, en la iniciativa de la COCOPA habría tres riesgos fundamentales: a la unidad nacional, a la integridad del territorio y a los derechos de todos los Mexicanos. Empero, según analistas y especialistas, las cuatro observaciones retoman casi todas las observaciones del Gobierno de diciembre de 1996 y tocan el corazón de los Acuerdos de San Andrés.

En marzo de 1998 el Gobierno Mexicano presentó su propia iniciativa de ley para cumplir los Acuerdos de San Andrés. Dicha iniciativa incluyó las "cuatro observaciones". El Presidente Zedillo la mandó el 15 de marzo de 1998 al Congreso.

El 17 de marzo la CONAI emitió un documento "En defensa de los pueblos indígenas, en defensa de la negociación para la paz, en defensa de lo acordado" en el cual criticó la iniciativa unilateral del Gobierno y expresó su preocupación por la militarización en Chiapas.

Esa iniciativa unilateral del Gobierno se da en un contexto de creciente tensión, militarización y violencia y, según unos analistas, pone en riesgo el proceso de paz. La información sobre este tema en la prensa es a menudo muy confusa y por eso queremos presentarles nuestra síntesis de las diferentes propuestas y sus divergencias. Esperamos que dicha síntesis ayude a entender las diferentes posturas de la COCOPA, del Gobierno Mexicano y de la CONAI.

II. Puntos de divergencia

1) Autonomía

1a) Precisión de la Relación entre Autonomía y Estado

El Gobierno incluye en su texto una aclaración de que la autonomía debe respetar las disposiciones de la Constitución y la unidad del Estado Mexicano, mientras que el texto de la COCOPA señala que la autonomía se da "como parte del Estado", lo que según el Gobierno no precisa suficientemente la relación de la autonomía con los principios, instituciones y organización del Estado.

1b) Reducción del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a las comunidades

El texto del Ejecutivo reduce el ejercicio de la autonomía a las comunidades, y no a los pueblos indígenas. Según la CONAI, eso es una violación tanto de los Acuerdos de San Andrés como del convenio No. 169 de la OIT.

2) Convalidación de juicios, procedimientos y decisiones

Los Acuerdos de San Andrés y la Propuesta de la COCOPA establecen que los juicios, procedimientos y decisiones de los pueblos indígenas sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales estatales, mientras que la Iniciativa del Ejecutivo Federal dice que sean convalidables.

El Gobierno considera que la determinación de la convalidación de manera imperativa configuraría fueros indígenas especiales, los cuales no están previstos en los Acuerdos de San Andrés.

Por su parte, la CONAI sostiene que el cambio introducido por el Ejecutivo abre paso a la discrecionalidad de las autoridades oficiales para determinar cuándo se convalidan o no las decisiones indígenas.

3) Tenencia de tierra

3a) Modalidad de la tenencia

El Gobierno critica que el texto de la COCOPA menciona como la única modalidad de tenencia de la tierra la colectiva y lo valora como negligencia respecto de los demás modalidades consagradas en el Art. 27º de la Constitución.

3b) Termino territorio

El Gobierno opina que el texto de la COCOPA utilizó el término "territorio" de manera exclusiva y excluyente del resto del territorio nacional. En su iniciativa, el gobierno suprime la palabra "territorio" como ámbito en que puede ejercerse el derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute de sus recursos naturales. Esa omisión específica es valorada por la CONAI como un desconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su tierra.

4) Medios de comunicación

El Gobierno critica que el texto de la COCOPA en vez de prever una ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios, establece un derecho constitucional directo al respecto. Opina que esto daría lugar a un fuero especial para los pueblos indígenas, lo que explícitamente rechazan los Acuerdos de San Andrés.

5) Educación

El Gobierno critica que el texto de la COCOPA incluye a los Estados y Municipios en la definición de los programas educativos, y lo interpreta como una excepción a la facultad del Ejecutivo Federal establecida en el artículo 3º constitucional (fracción III) que no estaba prevista en los Acuerdos de San Andrés. Entonces, propone que los programas educativos sean definidos y desarrollados por el Ejecutivo Federal, en consulta con las comunidades indígenas.

6) Definición del carácter indígena

Mientras que el texto de la COCOPA menciona el criterio para definir el carácter indígena de un municipio o una comunidad establecido en los Acuerdos de San Andrés (la conciencia de la identidad indígena, criterio definido en el Convenio 169 de la OIT), el Gobierno, en su iniciativa, omite ese criterio, justificándolo con la afirmación de que un municipio no puede reconocer su pertenencia a otra instancia distinta a la entidad federativa de la que forma parte, "de acuerdo a lo establecido en el art. 115 constitucional".

7) Elección de autoridades

El texto de la COCOPA reconoce a los habitantes de las comunidades indígenas el derecho de definir los procedimientos para la elección de sus autoridades. El texto del Gobierno omite ese reconocimiento por considerar que eso equivale al establecimiento de una forma de Gobierno no reconocida en la Constitución y tampoco en los Acuerdos de San Andrés. En cambio, según la CONAI, la omisión del reconocimiento de ese derecho viola los Acuerdos, porque según ella, los Acuerdos sí reconocen ese derecho.

8) Reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público

Mientras que el texto de la COCOPA , como lo hacen los Acuerdos de San Andrés, reconoce a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, el texto del Gobierno omite ese reconocimiento.

9) Naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas

Mientras que el texto de la COCOPA habla de un reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, el texto del Ejecutivo Federal habla de un otorgamiento. La CONAI considera que esta diferencia es filosóficamente importante, pues reconocer (en lugar de otorgar) implica aceptar la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos como algo anterior a la existencia misma del Estado mexicano.

10) Asociación para la coordinación de acciones

La propuesta de la COCOPA y los Acuerdos de San Andrés reconocen el derecho de los municipios indígenas a la asociación para la coordinación de sus acciones. La iniciativa del Ejecutivo Federal reduce ese derecho a lo ya actualmente consignado en el articulo 115 vigente, que es la asociación para la más eficaz prestación de servicios públicos.

11) Autogobierno indígena

Retomando parte del texto de los Acuerdos de San Andrés, el texto de la COCOPA habla de un derecho a la autonomía para elegir a autoridades y ejercer formas de Gobierno interno en los ámbitos de la autonomía. El Ejecutivo Federal borró la última referencia a la autonomía porque opina que es repetitiva y que da la idea de que haya dos autonomías diferentes.

III. Cuadro comparativo

Glosario

Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): Convenio internacional ratificado por México el 5 de sept. de 1990. Es parte de la legislación mexicana y a la vez parte de la legislación internacional.

PN: "Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate de decisión nacional", parte de los Acuerdos de San Andrés.

PP: "Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondiente al punto 1.4 de las reglas de procedimiento", parte de los Acuerdos de San Andrés.

1) Autonomía

a) Precisión de la relación entre autonomía y estado

b) Reducción del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a las comunidades