:: SINTESIS
A consecuencias de la masacre de 45 indígenas
Tsotsiles en Acteal en diciembre del año pasado, la
presión ha aumentado para que se reanude el proceso
de paz en Chiapas. El gobierno mexicano formuló cargos
criminales en contra de presuntos paramilitares, del presente
municipal y de miembros de la Seguridad Pública. También
obligó a varios funcionarios a presentar su renuncia,
incluyendo al Gobernador de Chiapas y al Secretario de Gobernación
a nivel federal, una personalidad de mucho peso en el partido
en el poder. Subsisten dudas de que otras acusaciones vayan
a ser presentadas en contra de funcionarios de mayor rango
por su presunta responsabilidad criminal en la matanza.
A principios de marzo, el gobernador de Chiapas anunció una
iniciativa de paz que ha sido rechazado por amplios sectores
no vinculados con el PRI. Luego, en un intento para romper
la parálisis que caracterizaba el proceso de paz en
los 18 últimos meses, el Presidente Zedillo presentó su
propia iniciativa de ley para implementar los Acuerdos de
San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas.
Su propuesta de reforma constitucional se defiere en varios
aspectos del texto legislativo redactado en septiembre de
1996 por la COCOPA, la Comisión coadyuvante del Congreso.
El EZLN ha aceptado dicho texto mientras el rechazo por parte
del gobierno ha constituido uno de los mayores obstáculos
al proceso de paz. La administración del Presidente
Zedillo comentó que dicha propuesta refleja una influencia
zapatista que es desproporcionadamente amplia en relación
con su tamaño y el alcance geográfico de los
zapatistas.
A pesar de no tener la mayoría en el Congreso, el
partido en el poder, el PRI, está contando con el
apoyo del partido de centro-derecha, el PAN, para tener suficientes
votos y así obtener la aprobación de su reforma
constitucional. No obstante, el carácter unilateral
de dicha propuesta y el hecho de que parece estar alejándose
de los Acuerdos de San Andrés, en particular en lo
que se refiere a la autonomía indígena, exacerba
la ya de por sí explosiva situación que prevalece
en Chiapas. La CONAI, instancia mediadora en el conflicto,
dio a conocer una crítica detallada de la propuesta
gubernamental (ver documento especial). El EZLN reiteró sus
5 condiciones para reiniciar el diálogo, siendo un
elemento clave el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
en base al texto de la COCOPA.
En los meses pasados,
otros factores han tensionado aún
más el frágil tejido social chiapaneco. A excepción
de los que fueron directamente involucrados en la masacre
de Acteal, los grupos paramilitares siguen actuando con total
impunidad en distintas zonas del estado. La presencia del
Ejército mexicano ha sido reforzada pero parece que
más que frenar a dichos grupos ha enfocado su atención
hacia centros neurálgicos zapatistas. La publicación
en la prensa de enero de un supuesto documento militar del
1994 que estaba promoviendo la asistencia de los grupos paramilitares
para minar el apoyo a los zapatistas hizo eco a lo que los
grupos de derechos humanos habían venido denunciando.
Mientras tanto, el número de desplazados en Chiapas
ha ido aumentando para alcanzar aproximadamente la cifra
de 15 mil personas, lo cual constituye un alarmante problema
social y político. Los asesinatos de varios líderes
campesinos vinculados con grupos de oposición por
parte de agresores que no han sido identificados han contribuido
a fomentar una atmósfera explosiva. La propuesta unilateral
de parte del gobierno federal ha sido acompañada de
intentos de debilitamiento de las comisiones de mediación
y coadyuvancia, la CONAI y la COCOPA. Ambas han sido acusadas
repetidamente de ser parciales, e incluso oficiales del Ejército
culparon al presidente de la CONAI, el obispo Samuel Ruiz,
de estar en contacto directo con la estructura organizativa
del EZLN.
La aprobación de la iniciativa gubernamental cuestionaría
no solamente la continuidad de los diálogos de paz
sino también toda su estructura legal. Eso abriría
la perspectiva de que se llame al Ejército para desarmar
a los insurgentes. Aunque los zapatistas no disponen de una
gran fuerza militar, benefician de un alto nivel de apoyo
por parte de varias áreas de la sociedad, y se puede
prever que no se rendirían sin luchar. Mientras tanto,
los grupos paramilitares parecen estar dispuestos a empezar
una guerra para proteger sus intereses. Lo que ha sido una
situación de mucha tensión podría explotar
rápidamente.
En enero, manifestaciones de gran amplitud en México
y en muchos otros países condenaron la matanza de
Acteal. En respuesta al recrudecimiento de la crítica
internacional, el gobierno mexicano fomentó una campaña
contra extranjeros a través de hostigamientos, expulsiones
y un intenso esfuerzo mediático. Dicha campaña
nos hace temer que el gobierno quiera protegerse de la mirada
internacional. Sin embargo, pretende que sólo está aplicando
las leyes migratorias que impiden a los extranjeros inmiscuirse
en asuntos de política interna.
El gobierno permitió la visita de unos 200 observadores
internacionales. Las conclusiones incisivamente críticas
de la delegación permitirán afinar el debate
en Europa en cuanto al cumplimiento por parte de México
del criterio relacionado a los derechos humanos, lo cual
constituye una condición para que se apruebe un importante
acuerdo comercial. La imagen de México ha sido aun
más manchada cuando salió el informe de las
Naciones Unidas que proporciona detalles sobre el amplio
e impune uso de la tortura por parte del Ejército
y de la Seguridad Pública.
En marzo, alrededor de 350 líderes religiosos de los
Estados Unidos y de otros 13 países realizaron una
declaración conjunta para que los gobiernos mexicano
y norte americano emprendieran acciones para "desmilitarizar
el conflicto y lograr una solución negociada en Chiapas".
Dicha declaración también criticó una "pauta
de tolerancia por parte del gobierno" en cuanto a actividades
paramilitares.
Con el proceso de paz en crisis, los desarrollos en
los próximos
meses van a definir el curso futuro del conflicto y las perspectivas
de una paz justa y duradera.
Acciones recomendadas
- Urgir a la administración de
Zedillo a:
- suspender su proyecto de reforma constitucional
hasta que se logre un documento consensado a base de
los Acuerdos de
San Andrés.
- reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución
al proceso de paz que realizan los observadores
internacionales y los defensores de los derechos humanos.
- ordenar una reducción substancial de las tropas
federales en las zonas de conflicto como una señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
- Exhortar a la COCOPA a realizar los mayores
esfuerzos para mantener su unidad de propuesta
y de acción y
seguir su labor de coadyuvancia, haciendo prevalecer el interés
superior de la paz sobre las posiciones
partidarias.
- Difundir información - como este reporte - sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Favor de escribir a:
Lic.
Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico: webadmon@op.presidencia.gob.mx
Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 546 5350 / 546 7380
Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF - México
Fax: (int-52) (5) 535 27 26
:: ACTUALIDAD
La incertidumbre en Chiapas
En marzo, con la presentación al Congreso de la Unión
de una propuesta unilateral de reforma constitucional sobre
Derechos y Cultura Indígena por parte del ejecutivo
federal, el proceso de paz en Chiapas entró en una
de sus más hondas crisis.
Mientras tanto, frente a una creciente militarización
y paramilitarización del estado y con alrededor de
15 mil desplazados sin esperanza de regreso a corto plazo,
Chiapas se encuentra en una situación explosiva. Con
los asesinatos de algunos líderes campesinos y el
surgimiento de nuevos brotes de violencia en la zona Norte
se multiplicaron los focos rojos.
Propuestas del gobierno
Desde el principio del año, el gobierno federal ha
estado omnipresente en los medios de comunicación.
El 16 de enero, en Nayarit, el Presidente Ernesto Zedillo
dijo que sería un error establecer distinciones constitucionales
para los indígenas "tratándolos como si
no fueran igual que los otros mexicanos." Una semana
después, en Kanasin (Yucatán), declaró que
en Chiapas no habrá salidas de fuerza. El 31 de enero,
en Suiza, afirmó que la violencia en Chiapas es causada
por enfrentamientos entre el EZLN "y otros grupos".
Consideró que el tratamiento que el gobierno ha dado
al problema "ha sido ejemplar". En febrero, declaró al
periódico "The New York Times" que lamentaba
que el gobierno federal no tuviera una fuerte presencia en
Chiapas y que "hemos sido demasiado suaves por el bien
de las negociaciones", pero que eso ya no era conveniente.
El 1º de marzo, el gobierno federal presentó sus
cuatro observaciones
El 14 de marzo, el Presidente Zedillo firmó una iniciativa
de ley que, según el ejecutivo, suma las posturas
de todos los partidos, las observaciones gubernamentales
y la base de la COCOPA (ver documento especial). El Secretario
de Gobernación Labastida dijo que así el gobierno
cumplía con los Acuerdos de San Andrés y comentó que
si no se reiniciara el diálogo, el gobierno podría
declarar unilateralmente la paz en Chiapas. Agregó que
no les corresponde a los zapatistas decidir del sistema de
México sino a todos los mexicanos.
El PRD acusó al gobierno de violentar el principio
de bilateralidad de las partes. En respuesta, el PRI le culpó de
querer prolongar el conflicto para manipularlo con fines
electorales.
A principios de marzo, el PAN también presentó un
proyecto de ley sobre reforma indígena. Una comisión
integrada por representantes del PRI y del PAN será encargada
de elaborar un anteproyecto en torno a ambas iniciativas.
Por su parte, el senador priísta y miembro de la COCOPA,
Pablo Salazar Mendiguchía, propuso que Alianza Cívica
llevará a cabo una consulta en torno a las distintas
propuestas.
Paralelamente, el gobierno de Chiapas dio a
conocer su "Acuerdo
Estatal para la Reconciliación". La iniciativa
fue apoyada inmediatamente por organizaciones vinculadas
al PRI mientras otros grupos la rechazaron al considerar
que se trataba de un planteamiento unilateral.
Campaña contra
CONAI y COCOPA
Actualmente, tanto la CONAI como la COCOPA
se encuentran debilitadas. El año empezó con una nueva campaña
contra el obispo Ruiz. Priístas y empresarios chiapanecos
pidieron su renuncia a la CONAI. La inteligencia militar
dio a conocer "pruebas" de la vinculación
clero-EZLN al encontrar evangelios editados por la diócesis
en casas de seguridad zapatistas cateadas en Altamirano.
El comandante de la Séptima Región Militar,
igualmente realizó acusaciones a titulo personal contra
Samuel Ruiz.
La COCOPA también fue objeto de múltiples ataques.
El presidente priísta de la Comisión de Asuntos
Indígenas del Congreso criticó su trabajo por
ser "ineficiente" y "protagónico".
Los panistas la cuestionaron después al decir que
los Acuerdos debían ser reinterpretados. Recientemente,
junto con los priístas, amenazaron con retirar a sus
representantes de la COCOPA si no se restablecía el
diálogo.
El 11 de enero, la CONAI pidió al gobierno la disolución
de los grupos paramilitares y eliminar ambigüedades
y dobles mensajes. El 22, la COCOPA y la CONAI plantearon
diez "condiciones indispensables" para la reanudación
del diálogo, entre ellas el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés; el respeto de la Ley para el Diálogo;
la reducción de la militarización; el desarme
de los paramilitares y el castigo a los responsables de Acteal.
En marzo, a pesar de verse debilitada por la falta de consenso,
la COCOPA pidió nuevamente al EZLN una reunión "urgente" y
aclaró que no iba a elaborar una nueva propuesta de
reforma.
El 17 de marzo, la CONAI dijo que "el procedimiento
con el que se pretende llevar adelante la Reforma Constitucional
(...) es incongruente y violatorio del espíritu de
diálogo y paz". Además, "se aparta" de
lo acordado en San Andrés (ver recuadro p.10). Según
la CONAI, la forma de actuar del gobierno abre la posibilidad
de que la Ley para el Diálogo desparezca y que comiencen
las acciones militares. PRI y PAN criticaron la "parcialidad" de
la CONAI. El coordinador gubernamental para el diálogo,
Emilio Rabasa Gamboa, comentó que dicha Comisión "incumple
con su función mediadora al promover las posiciones
de los zapatistas".
EZLN: Un dialogo de sordos
El EZLN se ve cada vez más aislado. En enero, expresó "No
queremos todo, sólo queremos que se cumpla lo que
el gobierno firmó y es del conocimiento público.
Sólo queremos que la COCOPA haga honor a su palabra
y defienda su iniciativa". En febrero, reiteró que
no aceptará modificaciones a la propuesta de la COCOPA.
A principios de marzo, el subcomandante
Marcos comentó que
las condiciones planteadas en 1996 para reanudar el diálogo
seguían vigentes: cumplimiento de los Acuerdos de
San Andrés y activación de la COSEVER; propuestas
serias para la Mesa sobre Democracia y Justicia; cese del
hostigamiento militar y paramilitar; un representante gubernamental
independiente; y liberación de los presos políticos
zapatistas.
El 24 de enero, 300 presos fueron
liberados. Sin embargo, ninguno
pertenecía a las bases de apoyo zapatistas.
En las semanas siguientes, 11 presos políticos obtuvieron
su libertad. Siguen detenidos 37 más.
Un "Ejercito de paz" (Pres. Zedillo, el 20 de feb.)
A principios del año, mandos militares dijeron que
se aplicará "indiscriminadamente" la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo cual violaría
la Ley para el Diálogo que plantea que el desarme
de los zapatistas sería el desenlace del proceso de
negociación. Francisco Labastida, nuevo Secretario
de Gobernación, también había anunciado
el desarme de "todos los grupos armados". Posteriormente,
aclaró que eso no incluía al EZLN.
Se cuestionó el papel del Ejército en Chiapas
cuando el semenario "Proceso" publicó un
documento denunciando la estrategia contrainsurgente diseñada
en octubre de 1994 por la Secretaría de Defensa Nacional
y en particular, su actuación en la formación
y promoción de los grupos paramilitares. El gobierno
mexicano negó la existencia de dicho plan.
El 21 de enero, el titular
de la Secretaría de Defensa
Nacional advirtió que el Ejército permanecerá en
Chiapas "hasta que sea necesario" y afirmó desconocer
la existencia de grupos paramilitares. Posteriormente, dijo
que no se debe permitir que hablen las armas. Sin embargo,
se observó una escalada de la militarización
: nuevos retenes, intensificación en los patrullares,
vuelos rasantes, etc. Según la CONAI (comunicado del
17 de marzo), alrededor de 70 mil militares se encontrarían
en Chiapas actualmente. El 20 de febrero, para los 85 años
de esta institución, Zedillo dijo que el Ejército
mexicano será garante del diálogo y evitará siempre
caer en las provocaciones.
Sociedad civil nacional
y internacional
Después de Acteal, el 12 de enero la sociedad civil
nacional realizó varias movilizaciones por el cese
de la violencia en Chiapas. Otra iniciativa en enero fue
la Peregrinación por la paz hacia la capital. Participaron
unos mil 500 indígenas católicos de las 42
parroquias de la diócesis de San Cristóbal.
La comunidad internacional
también manifestó su
reprobación a Acteal a través de marchas, protestas
y duras expresiones periodísticas. El 12 de enero,
se realizaron protestas en 27 países para una Jornada
de Solidaridad Mundial. En los Estados Unidos, los manifestantes
demandaron el fin de la asistencia militar. En los dos últimos
años, México habría enviado a 384 oficiales
a la Escuela de las Américas (un centro norteamericano
de adiestramiento militar y contrainsurgente).
El 15 de enero, el
Parlamento Europeo
emitió una resolución
condenando la matanza de Acteal. Señaló la
inacción de las fuerzas del orden que debieron evitarla
o detenerla, exigió castigo a los responsables y la
desarticulación de los grupos paramilitares.
En marzo, la nueva
Secretaria de Relaciones
Exteriores,
Rosario Green dijo
en Bruselas que no
existían "obstáculos" para
ratificar el acuerdo comercial entre México y la Unión
Europea. Paralelamente, organizaciones no gubernamentales
(ONG) mexicanas presentaron la situación de los derechos
humanos en México tanto ante el Parlamento Europeo
como ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
A partir de febrero,
se incrementó la campaña
en contra de la presencia internacional en Chiapas: hostigamiento
de parte de agentes de migración, difamación
en los medios de comunicación, expulsión de
observadores de derechos humanos y del párroco francés
de Chenalhó, Michel Chanteau, que llevaba 32 años
en México. Incluso un indígena de la zona Norte
fue asesinado -presuntamente por el grupo paramilitar Paz
y Justicia- después de haber dado su testimonio a
miembros de la Comisión Civil Internacional (unos
200 observadores visitaron Chiapas a mediados de febrero).
En marzo, alrededor
de 350 líderes religiosos de los
Estados Unidos y otros países del mundo realizaron
una declaración a iniciativa de SIPAZ para que los
gobiernos mexicano y norte americano emprendieran acciones
con el fin de "desmilitarizar el conflicto y lograr
una solución negociada en Chiapas".
:: ANÁLISIS
¿
Es posible una paz unilateral?
Nunca como hoy el fantasma de la guerra había rondado
Chiapas desde el inicio de los diálogos de paz en
1995. Nunca como hoy los actores habían polarizado
tanto sus posturas como en estos primeros meses del año.
La iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena
del ejecutivo federal enviada unilateralmente al Congreso
de la Unión pone en entredicho el marco jurídico
y el procedimiento de los diálogos de paz.
Ahora el gobierno federal pretende por sí sólo "cumplir" con
los Acuerdos de San Andrés, lo cuál resulta
paradójico, ya que por más de dos años
se negó a reconocer lo que su delegación había
firmado, por lo menos en la forma en que la COCOPA lo presentó.
Actualmente el gobierno está enfrentando mucha presión
tanto a nivel nacional como internacional para resolver el
conflicto en Chiapas. Acusaciones de violaciones a derechos
humanos, violencia política creciente, incertidumbre
e inestabilidad han debilitado a la administración
Zedillo, lo cual tiene particular relevancia teniendo en
el horizonte las elecciones presidenciales del año
2000. Con esto el gobierno intenta encontrar un atajo a la
resolución del conflicto. Para eso ha orquestado toda
una campaña en los medios, especialmente en la mayoría
que él controla, arremetiendo contra el EZLN por "obstaculizar
la paz", la CONAI "por perder imparcialidad" y
la COCOPA "por no haber hecho bien su trabajo".
De ser aprobada dicha iniciativa se omite el principio
de bilateralidad lo cual pone en riesgo el proceso
de pacificación
y el papel en éste de los mediadores y coadyuvantes.
En tal caso existiría la posibilidad preocupante de
derogar la "Ley para el Diálogo, la Conciliación
y la Paz Digna en Chiapas" que permitiría el
desarme "legal" de los zapatistas y el uso de la
fuerza militar en caso de que se negasen.
De consumarse estos hechos en esta hora de alto riesgo,
la probabilidad de reanudar el conflicto armado
entre el EZLN
y el Ejército federal sería muy alta.Y dado
que no es fácil distinguir entre la milicia zapatista
y la población civil se podría esperar un conflicto
tipo guerra de guerrillas en donde las comunidades indígenas
se verían orilladas a vivir una prolongada campaña
de contrainsurgencia.
En estos términos tan lamentablemente poco esperanzadores
suenan con singular terror y crudo realismo las palabras
del senador priísta y miembro de la COCOPA Pablo Salazar
Mendiguchía: "Nadie puede hoy garantizar que
no se repita otro Acteal".
Recordemos que por los lamentables acontecimientos
ocurridos en la comunidad de Acteal en el municipio
de Chenalhó y
de otros eventos de singular violencia en ésta y en
otras zonas del estado de Chiapas, lo único seguro
que han generado en este primer trimestre de 1998 paradójicamente
es una enorme incertidumbre social.
En Chiapas continúa una guerra que algunos llaman
de "baja intensidad", aunque de costos muy altos
para las comunidades indígenas. Son ellas quienes
vienen aportando las víctimas y quienes más
sufren por la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado
Mexicano. De la misma manera, se ven afectadas por las agresiones
y amenazas constantes del creciente número de los
llamados "grupos paramilitares" que operan al margen
de la ley y a veces hasta con el apoyo de los mismos cuerpos
de seguridad, como quedó evidenciado en los acontecimientos
de diciembre pasado en Chenalhó y como se afirmó del
grupo "Paz y Justicia" en la zona Norte desde hace
dos años.
El papel de los observadores internacionales
en las zonas del estado de mayor violencia
se vuelve
más importante
frente a tantos abusos a los derechos humanos. La actual
campaña contra extranjeros ha tenido como consecuencia
la expulsión del país de decenas de personas
en los últimos dos años, entre las que destacan
por número, quienes han estado prestando por mucho
tiempo servicios pastorales a las comunidades indígenas
a través de la diócesis de San Cristóbal.
El gobierno está acusando a los extranjeros de inmiscuirse
en política interna. Sin embargo, y sobre todo en
vista de la naturaleza del trabajo que realizan los observadores
internacionales en la zona, el alcance e intensidad de esta
campaña nos hace temer que el gobierno federal quiera
seguir sosteniendo y "administrando" una guerra
sin testigos.
En este contexto, el "Acuerdo Estatal para la Reconciliación" promovido
por el Gobernador de Chiapas ha sido leido por muchos sectores
y entre ellos los partidos de oposición, como un intento
de mostrar una pronta respuesta a la comunidad internacional
por la preocupación que levantó la masacre
en Acteal y de preparar el terreno de cara a las elecciones
locales de octubre y seguramente las presidenciales del año
2000.
La comunidad internacional ha estado más atenta, jugando
un papel muy importante sobretodo a partir de los lamentables
hechos de Acteal. Particularmente la Unión Europea
ha enviado reclamos y preocupaciones sobre el incremento
de la violencia y el poco avance en el proceso de paz. En
el marco de la ratificación del Acuerdo Comercial
con México estas declaraciones pueden resultar de
mucho peso político sobre el gobierno mexicano para
reanudar los diálogos y hacer avanzar una paz que
garantice un desarrollo equilibrado y justo del pueblo mexicano,
en especial de aquellos sectores -como los pueblos indígenas-
más marginados y empobrecidos.
Nunca en la historia
de este país el tema de los derechos
de los pueblos indígenas había
estado en el centro de la atención
nacional. Mientras ese histórico
debate se está dando en el Congreso
de la Unión
lo que está en juego es la guerra
o la paz en Chiapas. En ese sentido
en entrevista telefónica el
senador Salazar nos comentó: "Cualquier
iniciativa puede ser perfecta tecnicamente,
pero de nada sirve si no es en
favor de la paz".
:: ENFOQUE
Días desesperados: Los Desplazados Internos de Chiapas
de la zona Norte a Los Altos
En 1995, desde la aparición de grupos paramilitares
como Paz y Justicia y Los Chinchulines en la zona Norte,
miles de indígenas ch'oles abandonaron sus casas por
causa de la violencia y de las amenazas de muerte. A fines
de 1997, había más de 4 mil 200 desplazados
en esa zona.
Durante el año pasado, nuevos grupos paramilitares
empezaron a aparecer en otras regiones como Los Altos, generando
un aumento significativo de las personas desplazadas. Entre
mayo y diciembre, aproximadamente 6 mil tsotsiles y tseltales
huyeron de sus comunidades en el municipio de Chenalhó,
en Los Altos. Después de la masacre de Acteal el 22
de diciembre pasado, 4 mil personas más abandonaron
sus casas al ser amenazadas por grupos paramilitares. Se
estima que actualmente los desplazados internos de Chiapas
serían más de 14 mil.
En la zona Norte, la mayoría de los desplazados se
ubica en los municipios de Tila y Sabanilla. En la región
de Los Altos se cuentan 14 comunidades desplazadas alrededor
de Polhó, sede del municipio autónomo zapatista,
municipio de Chenalhó. El campamento de refugiados
más grande se encuentra en Polhó mismo. También
se encuentran otros campamentos en Acteal y X'oyep, y tres
lugares más en San Cristóbal de Las Casas.
La mayoría de los desplazados en Los Altos pertenecen
a la Sociedad Civil Las Abejas o son simpatizantes del EZLN,
mientras en la zona Norte muchos son miembros o simpatizantes
del PRD. Según cuentan los mismos desplazados, con
frecuencia el fenómeno se origina cuando los militantes
del PRI exigen la adhesión por la fuerza a miembros
de otros partidos y organizaciones y les imponen cooperaciones
que van desde 30 a 300 pesos semanales, dinero que se utiliza
para comprar armas. El ultimátum es terminante : "cooperar,
huir o morir."
Hay que señalar que no todos los desplazados pertenecen
a la misma parte en el conflicto. Según algunas fuentes,
recientemente unas familias ch'oles que pertenecen al grupo
paramilitar Paz y Justicia fueron expulsadas del municipio
de Tila y centenares de priístas fueron desplazados
en Ocosingo, Chilón, Altamirano y Chenalhó por
zapatistas y simpatizantes zapatistas. No obstante, y aunque
no existen cifras oficiales, un simple conocimiento o recorrido
por esas zonas pone en evidencia que el número de
desplazados simpatizantes del partido oficial es sensiblemente
menor.
Una vida de tristeza
Un factor común que une a todos los desplazados es
el sufrimiento. Cuando huyen de sus comunidades, dejan todas
sus pertenencias. Y cuando llegan a sus refugios, encuentran
una existencia sin esperanza: las enfermedades comunes se
agudizan; el abrigo, el techo y la comida son precarios e
insuficientes; los desplazados no tienen actividades económicas
productivas; a menudo no hay agua; y pocas veces hay escuelas.
Un ejemplo grave de lo que significa ser
desplazado es X'oyep, un campamento de
más o menos mil personas integrantes
de la Sociedad Civil Las Abejas. Llegaron a X'oyep a pie,
la mayoría caminando toda la noche en el lodo y la
lluvia. incluso un bebe nació en el camino. Una mujer
dijo, "Siempre hay tristeza [aquí]. Queremos
regresar a nuestras casas".
Cada una de las 32 familias originarias
de X'oyep ha recibida algunos desplazados,
aunque
no hay
espacio suficiente en
las pocas casas. Las mujeres, con sus dos
molinos y
pocos "comales" (recipiente
para preparar comida), tienen que echar tortillas día
y noche para que haya para todos.
El hacinamiento y la falta de agua, sumados
al frio del invierno en Los Altos, provocan
enfermedades.
Aproximadamente un 80%
de los niños y un 60% de los adultos padecen fiebre.
Gripe, enfermedades respiratorias, disentería, diarrea,
gastroenteritis y tifus se multiplican, y hay alto riesgo
de cólera. A diario los cuatro promotores de salud
prestan atención a los cientos de enfermos, pero sin
medicina suficiente es un trabajo en vano. En tan sólo
dos semanas, hubo seis fallecimientos por enfermedades curables.
Para agravar la situación, la violencia en el municipio
de Chenalhó hizo perder el 90% de la cosecha de café.
Con lágrimas que reflejaban su tristeza, María,
una desplazada de Quextic refugiada en San Cristobal, nos
comentó: "Mi cafetal se quedó ... muy
bonita la fruta."
A fines de enero, 115 desplazados de
la comunidad de Canolal, pertenecientes
a
Las Abejas,
llegaron a las
afueras de
San Cristóbal para sumarse al campamento donde ya estaban
más de cien desplazados de Quextic. Ahora 239 personas
conviven en unos dormitorios, compartiendo un solo comedor.
No tienen dinero, ni trabajo, ni esperanza. Algunas de sus
casas fueron quemadas por los agresores, y sus animales,
cosechas y bienes domésticos robados. No están
acostumbrados al frío de San Cristóbal, y las
enfermedades proliferan. María, que perdió a
su hija en la masacre de Acteal y ahora cuida a sus tres
nietos huérfanos, reflexiona: "Parece que no
somos cristianos. Parece que somos animales."
El embrollo de la ayuda humanitaria
La mayoría de los refugiados no acepta ayuda del gobierno
federal por falta de confianza en él. Por ejemplo,
los representantes de X'oyep reclamaron que los materiales
para letrinas entregados por el gobierno estaban rotos y
en estado deplorable. Además, una mujer nos mostró dulces
con hongos y gusanos que el gobierno había enviado
para los niños.
Por el mismo temor, las comunidades
rechazan la ayuda que viene del
Ejército mexicano. El 2 de enero, militares
llegaron a X'oyep para ofrecer alimentos pero la comunidad
se negó a aceptarlos. Al día siguiente, los
militares regresaron con refuerzos y esta vez trataron de
entrar en la comunidad, pero la gente se movilizó organizadamente
para impedirles el paso. Según su testimonio, los
soldados levantaron los vestidos de cinco mujeres, golpearon
a algunos hombres y pisaron los pies de la gente descalza.
En eso momento llegó un helicóptero; por las
máscaras que portaban los soldados parecía
que iban a lanzar gas lacrimógeno. A pesar del peligro,
la comunidad desarmada, con las mujeres y los niños
al frente, no permitió que el helicóptero aterrizara
ni que pasaran los soldados.
Los militares no fueron muy lejos.
En el camino a X'oyep un grupo
de aproximadamente quince
soldados con brazalete "Labor
Social" ha ensanchado el camino durante unas semanas.
un kilómetro antes de llegar a X'oyep, se encuentra
un puesto militar donde se ofrece comida preparada y atención
medica. Recibe un promedio de cuatro visitas diarias y a
veces nadie viene. Una mujer de X'oyep nos apuntó que
la única cosa para la que sirve el Ejército
allá es para intimidar a la gente. "Tuvimos miedo
por las armas ... y no queremos vivir con el Ejército.
Sería mejor que se salieran de aquí. No queremos
que se quede aquí para vivir porque no vinieron a
resolver el problema."
En Chiapas existe una historia
larga de cooptación
y clientelismo por la cual el gobierno federal da asistencia
puntual en ciertas coyunturas, pidiendo a cambio el apoyo
incondicional de la gente. Varios grupos desplazados, por
ejemplo Las Abejas, se niegan a recibir esa ayuda oficial
porque dicen que si la aceptaran el gobierno les exigiría
callarse y no hacer más denuncias. Además,
varias personas nos comentaron que si aceptan dicha ayuda,
el mismo gobierno va a utilizar eso como propaganda. Por
otro lado, llega ayuda humanitaria a los desplazados desde
fuentes no gubernamentales — de las iglesias, de las
ONG mexicanas y de algunas organizaciones internacionales — y
de la Cruz Roja Mexicana. El problema es que esa ayuda humanitaria
a veces es inadecuada o impropia. Según las autoridades
del municipio autónomo de Polhó, por ejemplo,
los desplazados recibieron en enero medicinas de la Cruz
Roja Mexicana que tenían fecha de caducidad ya vencida
o a punto de vencer, y por eso comentaron: "Si no pudieron
matarnos con bala, ahora quieren matar a nuestras mujeres
y niños con medicinas inservibles y peligrosas."
Amenazas incesantes Los desplazados refugiados
en San Cristóbal dicen
que siguen siendo amenazados por los paramilitares priístas,
que se acercan al campamento para intimidarlos con frases
como: "Vamos a acabar de una vez con la Sociedad Civil
[Las Abejas]." Repetidamente los desplazados han expresado
su temor por haber visto en las calles a las mismas personas
que los estaban amenazando en su comunidad de origen: "Allí andan
contentos, andan tranquilos [los agresores]."
Ultimamente, la situación sigue complicándose.
Cabe tener en cuenta que los desplazados a veces tienen miembros
de su propia familia que profieren amenazas. Vicente, de
Quextic, tiene un cuñado priísta que "anda
armado con su cuerno de chivo [AK-47]" y que participó en
la masacre de Acteal, en la que murió María,
una prima de Vicente que estaba embarazada.
Perspectivas inciertas
En Sabanilla, los desplazados
han realizado una serie
de encuentros de negociación con el Secretario de Gobierno
del estado. Como consecuencia, en febrero algunos desplazados
de la zona Norte regresaron a sus lugares de origen. No obstante,
muchos más siguen esperando el castigo de los culpables
y un ambiente más seguro para regresar. Piden, por
ejemplo, que los paramilitares sean desarmados.
Mientras tanto, las
consecuencias físicas y mentales
son cada vez más preocupantes. Los desplazados expresan
sentimientos profundos de dolor y sufrimiento. "Yo no
sé donde voy a morir," fueron las palabras de
incertidumbre de un joven. Y a pesar de eso, este pueblo
sigue de pie, resistiendo, defendiendo la vida y enseñándonos
lo que es la dignidad.
El
vuelo de Las Abejas Sigue
Llevando la paz en tiempos de guerra
El 22 de diciembre
del año pasado 45 indígenas
desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, fueron
masacrados por grupos paramilitares. La noticia de esta matanza
brutal dio la vuelta al mundo y generó gran indignación
tanto a nivel nacional como internacional: "¿cómo
se puede matar a estos indígenas inocentes e indefensos,
en un momento de oración y ayuno para la paz?".
Las víctimas eran miembros de la Sociedad Civil Las
Abejas, organización que lucha por una paz digna y
justa a través de medios pacíficos.
¿
Quiénes son los miembros de esta organización? ¿Por
qué optaron por y siguen en la vía no-violenta? ¿Eran
inocentes e indefensos? ¿Sabían de las consecuencias
vinculados con esa manera de luchar? Hoy queremos presentar
un perfil de Las Abejas y de su lucha pacífica a través
del testimonio de los catequistas católicos del grupo
que también sirven como voceros.
Historia
La historia de Las Abejas empezó en 1992, cuando en
la comunidad Tzanembolom, municipio de Chenalhó, se
dio un conflicto de tierra entre familiares. Un lote de tierra
heredada debía ser dividido entre un hermano y dos
hermanas. El hermano no quiso compartir la herencia con sus
hermanas por ser mujeres y quiso que ellas renunciaran a
su derecho hereditario sobre la tierra. Como es costumbre,
la comunidad hizo una asamblea y tomó la decisión
de repartir la tierra en tres partes iguales. El hermano
no estaba de acuerdo y prometió parte de la propiedad
a unos amigos (incluso de otras comunidades). Este grupo
empezó a amenazar con violencia al resto de
la comunidad.
Como respuesta, los habitantes de Tzanembolom tomaron
la iniciativa de visitar las comunidades vecinas
para proponerles
formar una organización que les diera la posibilidad
de defenderse ante posibles ataques. El 9 de diciembre de
1992 llegaron a Tzajalchen representantes de 22 comunidades
para formar la organización Las Abejas. Después
de la reunión tres personas fueron agredidas a balazos.
Una de ellas murió y dos resultaron gravemente heridas.
En lugar de arrestar a los presuntos agresores (el hermano
disconforme y sus amigos) las autoridades detuvieron sin
orden de aprensión a cinco personas que habían
participado en la reunión acusándolas de ser
los responsables de la violencia en la región. Los
presos fueron trasladados a San Cristóbal
de Las Casas.
Las Abejas organizaron una peregrinación a San Cristóbal,
donde se instalaron en plantón en la Plaza Catedral. "Durante
cinco días marchamos desde ahí al lugar donde
se encontraban los presos, con oraciones, tambores y música
indígena. Después se sumaron a nosotros los
hermanos y hermanas indígenas de Simojovel, San Andrés,
Chalchihuitán y Pantelhó".
Finalmente, la Procuraduría de Justicia del Estado
se vio obligada a liberar a los detenidos por falta de evidencia.
Las Abejas
Las Abejas explican
su nombre así: "Nos juntamos
en 1992 porque somos una multitud y queremos construir
nuestra casa como el panal de las abejas, donde todos trabajemos
en colectivo y que gocemos de lo mismo, producir miel
para
todos. Así somos como las abejas en una sola
caja, no nos dividimos y caminamos junto con nuestra
reina, que
es el reino de Dios, aunque sabíamos desde un
principio que el trabajo iba a ser lento pero seguro".
Existe también otra interpretación para
el símbolo
de la abeja: "Es un animalito chiquito que pica.
Nuestra lucha es una lucha de punzadas pacíficas".
Después de este primer éxito, Las Abejas siguieron
organizándose. Ahora tienen presencia en 25 comunidades
de Chenalhó y cuentan con 4 mil miembros, la gran
mayoría de religión católica. Durante
su existencia de más de cinco años, Las Abejas
han fortalecido otras organizaciones en la región,
como comités de salud, derechos humanos, alternativas
para la comercialización y abasto de café,
grupos de mujeres y conjuntos musicales. Por otro lado, Las
Abejas se mantienen en "resistencia civil": no
pagan las cuotas de energía eléctrica, ni el
impuesto a la tierra y decidieron no recibir apoyo del gobierno
mientras no se cumplan los Acuerdos de San Andrés
y no haya paz justa y digna en Chiapas: "Tampoco obedecemos
al gobierno municipal y estatal, porque no lo elegimos y
no hacen justicia".
Las Abejas y los zapatistas
Después del levantamiento zapatista en 1994, Las Abejas
participaron en los Cinturones de Paz (protección
desarmada ofrecida por civiles) durante las negociaciones
entre el gobierno y el EZLN. Empero Las Abejas no se volvieron
zapatistas, sino que decidieron mantenerse como movimiento
civil: "Así como nuestro cuerpo tiene dos ojos,
dos manos, dos piernas, la sociedad tiene que tener sus dos
piernas. El EZLN es una y nosotros como civiles somos la
otra. No somos EZLN porque no respondemos a sus órdenes.
Tenemos que hacer la lucha pacífica y no con las armas".
Los zapatistas aceptan el camino de Las Abejas,
porque "para
ellos la participación de la sociedad civil es muy
importante". Las Abejas decidieron participar en el
FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional) como
Sociedad Civil Las Abejas. Los zapatistas y Las Abejas tienen
las mismas metas, pero "nuestra forma es diferente.
Creemos en la Palabra de Dios. Sabemos leer la Biblia: tenemos
que amar a nuestro enemigo, no podemos matar. Sobre todo,
todos somos pobres campesinos, hermanos y hermanas".
En los conflictos, Las Abejas siempre buscan el diálogo: "Tenemos
el mismo idioma, por eso podemos hablar para resolver nuestros
conflictos". Saben muy bien los riesgos que corren,
porque, como dicen: "...somos el colchón entre
el gobierno y los zapatistas..., si este colchón se
rompe es más fácil para el gobierno atacar
a los hermanos del EZLN".
La violencia que no cesa
Durante la violencia desatada en el municipio
de Chenalhó en
los últimos meses de 1997, Las Abejas pintaron en
sus fachadas: "sociedad civil, zona neutral". Para
ellos "neutral" significa que no quieren ser parte
de la violencia entre priístas y zapatistas. Lo hicieron
porque "no queremos problemas, no manejamos armas, queremos
dialogar. Sabemos de otras maneras de luchar. Pero los priístas
no lo respetaron, quemaron nuestras casas y robaron nuestra
cosecha".
La mayoría de los miembros de Las Abejas tuvo que
abandonar sus viviendas y sus comunidades por las amenazas,
hostigamientos y agresiones de los paramilitares. Ahora viven
en campamentos en Acteal, X'oyep, Tzajalchen y San Cristóbal.
En estos campamentos rechazan la ayuda humanitaria proveniente
del gobierno: "primero queremos que se castigue a todos
los autores de la matanza", afirman.
Martirio en Acteal
Todas las víctimas de la matanza de Acteal eran de
Las Abejas. Según ellos, los atacantes les eligieron
porque sabían "que no tenemos armas para defendernos.
Después de ataques anteriores de priístas a
zapatistas, también murieron algunos priístas".
Las víctimas sabían que iban a ser atacadas,
porque habían recibido avisos el día anterior. "Pero
decidimos confiar en Dios y empezamos a rezar en la iglesia.
Ahora sabemos que son martirios. Vamos a construir un santuario
para ellos en Acteal. Sabemos que Dios les recibió a
los 45 y que está preparando para recibirnos a nosotros
también. Porque la lucha sigue. No tenemos miedo de
morir. Estamos dispuestos a morir, pero no a matar. Si Dios
nos permite unos días más ahí, está bien.
Si no, está bien también".
Las Abejas no es un grupo débil e indefenso, como
algunas personas dicen y como lo vieron los mismos paramilitares
asesinos. Al contrario: en un escenario crecientemente dominado
por la lógica de la violencia, Las Abejas se ha convertido
en un actor peligroso y amenazante, "armado con el amor
de Dios", que rompe con la filosofía de "ojo
por ojo" y desenmascara, con su actitud pacifista, la
violencia ilegítima del poder al que se enfrenta. "Unos
de nosotros murieron, sembrando la semilla de la paz para
los otros. Sabemos que la lucha sigue en nuestros hijos.
Y ahora todo el mundo nos conoce y nos entiende. A pesar
de lo que ocurrió en Acteal, creemos en nuestra lucha".
A tres meses de Acteal:
avances y fallas
Tres meses después de la masacre de Acteal en diciembre
de 1997, cuyo balance fue de 45 muertos y 25 heridos, la
investigación para identificar
a los responsables todavía se encuentra en una etapa
inicial.
La PGR revela irregularidades
Las investigaciones de la Procuraduría General de
la República (PGR) revelaron varias irregularidades
e ilegalidades que empezaron meses antes de la masacre. Según
declaraciones de funcionarios de la Seguridad Pública
(policía estatal) destacada en la comunidad de Los
Chorros, municipio de Chenalhó, ese mismo destacamento
protegió a grupos civiles armados de filiación
priísta y les ayudó a conseguir y transportar
armas de grueso calibre. El comandante Felipe Vázquez
Espinoza dijo que había a su vez recibido ordenes "de
la superioridad" para realizar esas actividades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que
se hizo presente en la zona desde mayo del año pasado,
había pedido a las autoridades del estado medidas
cautelares para proteger a la población desplazada
por la violencia. Al igual que otras organizaciones de
derechos humanos, la CNDH considera que de haberse tomado
a tiempo
las medidas requeridas, la matanza se hubiera podido
evitar.
Por otra parte, un "informe preliminar" de la PGR
revela que los cadáveres fueron levantados en la madrugada
del 22 al 23 de diciembre sin preservación del lugar
de los hechos, sin intervención de los peritos en
criminalística de campo, sin documentación
fotográfica de los cuerpos y sin dar fe de dónde
se localizaron los casquillos. Todas esas irregularidades
de procedimiento se dieron en presencia de las autoridades
de la Seguridad Pública y del Ministerio Público
de la Procuraduría de Chiapas.
Declaraciones contradictorias
En sus declaraciones ante la CNDH, los
funcionarios del gobierno del estado y los altos funcionarios
policiacos incurrieron
en diversas contradicciones e inconsistencias
- llegando a acusarse entre sí - con el propósito de evadir
responsabilidades directas. En particular el general Jorge
Gamboa Solís, ex-coordinador de policías, alteró documentos
que podrían contener información
relevante para esclarecer los hechos.
El Secretario de Gobierno de Chiapas, Homero
Tovilla Cristiani, incurrió en una serie de contradicciones sobre la
hora en que aseguró haber ordenado la investigación
de los acontestimientos violentos ocurridos
en la comunidad de Acteal.
En cuanto al levantamiento de los cuerpos,
existen tres versiones distintas que involucran
entre
otros al ex-Subsecretario
de Gobierno, Uriel Jarquin Gálvez, al Subprocurador
de Justicia Indígena David Gómez Hernández
y al comandante de Seguridad Pública de la zona. "Esas
versiones coinciden", como mencionó el coordinador
de la CNDH de San Cristóbal de Las Casas en entrevista
con SIPAZ, "en un solo punto: ninguna declaración
sustenta lo que se hubiera debido hacer".
Primeras consecuencias
La PGR detuvo a unas 90 personas presuntamente
vinculadas al multihomicidio, entre
ellos al presidente municipal
de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz y elementos de la Seguridad
Pública. El Ministerio Público federal ha ejercitado
acción penal en contra de once elementos de la Seguridad
Pública por su presunta responsabilidad en delitos
de transportación y portación de armas de fuego
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de homicidio calificado
y lesiones calificadas cometidas por omisión. Mientras
tanto, han sido removido de sus cargos el Secretario de Gobernación
a nivel federal, el Gobernador, el Secretario y el Subsecretario
de Gobierno de Chiapas, entre otros funcionarios estatales
involucrados. A fines de marzo, la Secretaría de Gobierno
de Chiapas informó que se desahogaba
el procedimiento administrativo contra catorce
ex-funcionarios.
En cuanto a la indemnización de los deudos de las
víctimas, los autoridades han enfrentado diversas
dificultades. Todavía no han sido identificados todos
los destinatarios - faltan actas de nacimiento, se usan nombres
diferentes de los que salen en los registros y además
pueden variar en su ortografía - mientras que los
ya identificados rechazan las indemnizaciones ofrecidas porque "no
queremos que unos reciban y otros no". Por ahora, el
ejecutivo estatal depositó un total de casi dos millones
de pesos de indemnización en una cuenta
de banco para que generara intereses hasta
que todos los destinatarios
sean identificados y se hayan valorado los
grados de invalidez de los heridos.
Descontento con los avances
En una entrevista con SIPAZ el coordinador
de la CNDH en San Cristóbal de Las Casas, Luis Jiménez Bravo,
expresó una opinión común: "La
PGR empezó bien, identificando presuntos
autores materiales, pero sigue sus investigaciones
con su propio
ritmo. Esperamos
que suban en la escalera de los niveles, que
se siga con los autores intelectuales."
Organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos nacionales
e internacionales
sostienen
que resulta
evidente la probable
responsabilidad penal, indirecta
o por omisión, del
ex-Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del
ex-Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.
Señalan asimismo que existiría responsabilidad
en última instancia del Ejército mexicano y
del propio Presidente Ernesto Zedillo como Jefe Supremo de
las Fuerzas Armadas de México, ya que la institución
militar tenía y tiene conocimiento - e incluso vinculaciones
informales, según numerosos testigos
- sobre la actividad de los grupos paramilitares
en Chiapas.
Un alto costo para el gobierno
Los remociones y detenciones
de los últimos meses
ilustran el alto costo político que ha tenido la masacre.
El ex-Secretario de Gobernación era uno de los más
importantes políticos del PRI y un probable candidato
para las elecciones presidenciales del 2000. Su sustitución
fue un duro golpe a la administración
del Presidente Zedillo.
Aunque esas reacciones
del gobierno mexicano
han sido
importantes,
hay que tener en
cuenta que con
la masacre
de Acteal, los
ojos del mundo están
otra vez fijados sobre
México
y que la presión
ha sido muy alta. Mas
allá de
las consecuencias administrativas
y penales directas, hemos
visto acciones gubernamentales
a nivel estatal y federal
que parecen ser intentos
de desviar esa presión
- como la campaña
en contra de extranjeros,
el Acuerdo Estatal para
la Reconciliación
o la propuesta del ejecutivo
sobre Derechos y Cultura
Indígena [ver
Actualidad, p. 1] - y
que provocan dudas sobre
si los gobiernos federal
y estatal van a impulsar
un cambio significativo.
A fines
de marzo, sigue pendiente
iniciar una auditoría
administrativa de la
Procuraduraduría
General de Justicia de
Chiapas. Funcionarios
de alto nivel todavía
no han sido detenidos.
Tampoco han sido desmantelados
los grupos paramilitares
que siguen rondando la
zona. Sin embargo, como
dijo el escritor
Carlos Monsiváis, "la
matanza de Acteal no
ha desaparecido, es imborrable." Por
eso, las actuaciones
oficiales seguirán
bajo la supervisión
de la sociedad civil
y la opinión internacional,
que se mantienen pendientes
de que se haga justicia.
Ley
en materia de Derechos y Cultura Indígena
Nota: Este texto fue preparado por el equipo de SIPAZ en
1998. Tres años después las propuestas y los
comentarios siguen siendo relevantes por la nueva coyuntura
y la discusión en el Congreso de la Unión.
PROPUESTAS y CONTRAPROPUESTAS
- Introducción
- Síntesis de puntos de divergencia
- Cuadro comparativo que enfoca en los puntos de divergencia,
presentando
- los Acuerdos de San Andrés
- la Propuesta de la COCOPA
- la Iniciativa del Ejecutivo Federal de marzo de 1998
- los cuatro observaciones del Gobierno de enero 1998
a la iniciativa de la COCOPA
- el texto de la CONAI "En defensa de los indígenas,
en defensa de la negociación para la paz, en defensa
de lo acordado" del 17 de marzo de 1998
1.
Introducción
Acuerdos de San Andrés y la nueva iniciativa del Gobierno
Después del levantamiento zapatista en enero de 1994,
empezaron negociaciones entre el Gobierno Mexicano y el EZLN.
En 1995 se acordó una agenda de 5 temas. Para el primer
tema "Derechos y Cultura Indígena" ambas
partes firmaron el 16 de febrero de 1996 los "Acuerdos
de San Andrés Larráinzar". Frente al incumplimiento
de dichos acuerdos por el Gobierno, el EZLN se retiró de
las negociaciones en septiembre de 1996.
Para superar la crisis, la COCOPA elaboró una iniciativa
de ley tendiente a implementar dichos acuerdos. El 29 de
noviembre de 1996 la COCOPA presentó su iniciativa
a ambas partes y pidió solamente un sí o un
no al documento completo.
El EZLN la aceptó rechinando, pero el Gobierno entregó como
respuesta un documento con 27 comentarios. Empero, el EZLN
no aceptó esta contrapropuesta, porque divergía
de los acuerdos firmados en puntos a su entender esenciales.
Desde septiembre 1996 el diálogo está suspendido.
En febrero de 1998 el Gobierno Mexicano redujo a
cuatro sus 27 observaciones a la iniciativa de
la COCOPA de
noviembre de 1996. Según el Ejecutivo, en la iniciativa de la
COCOPA habría tres riesgos fundamentales: a la unidad
nacional, a la integridad del territorio y a los derechos
de todos los Mexicanos. Empero, según analistas y
especialistas, las cuatro observaciones retoman casi todas
las observaciones del Gobierno de diciembre de 1996 y tocan
el corazón de los Acuerdos de San Andrés.
En marzo de 1998 el Gobierno Mexicano presentó su
propia iniciativa de ley para cumplir los Acuerdos de San
Andrés. Dicha iniciativa incluyó las "cuatro
observaciones". El Presidente Zedillo la mandó el
15 de marzo de 1998 al Congreso.
El 17 de marzo la CONAI emitió un documento "En
defensa de los pueblos indígenas, en defensa de la
negociación para la paz, en defensa de lo acordado" en
el cual criticó la iniciativa unilateral del Gobierno
y expresó su preocupación por la militarización
en Chiapas.
Esa iniciativa unilateral
del Gobierno se da en un contexto de creciente tensión,
militarización y violencia
y, según unos analistas, pone en riesgo
el proceso de paz. La información
sobre este tema en la prensa es a menudo
muy confusa y por eso queremos presentarles
nuestra
síntesis de las diferentes propuestas
y sus divergencias. Esperamos que dicha síntesis
ayude a entender las diferentes posturas
de la COCOPA, del Gobierno Mexicano y
de la CONAI.
II.
Puntos de divergencia
1)
Autonomía
1a) Precisión de la Relación entre Autonomía
y Estado El Gobierno incluye en su texto una aclaración de
que la autonomía debe respetar las disposiciones de
la Constitución y la unidad del Estado Mexicano, mientras
que el texto de la COCOPA señala que la autonomía
se da "como parte del Estado", lo que según
el Gobierno no precisa suficientemente la relación
de la autonomía con los principios, instituciones
y organización del Estado.
1b) Reducción del ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas a las comunidades
El texto del Ejecutivo reduce el ejercicio de la autonomía
a las comunidades, y no a los pueblos indígenas. Según
la CONAI, eso es una violación tanto de los Acuerdos
de San Andrés como del convenio No. 169 de la OIT.
2) Convalidación de juicios, procedimientos y decisiones
Los Acuerdos de San Andrés y la Propuesta de la COCOPA
establecen que los juicios, procedimientos y decisiones de
los pueblos indígenas sean convalidados por las autoridades
jurisdiccionales estatales, mientras que la Iniciativa del
Ejecutivo Federal dice que sean convalidables.
El Gobierno considera que la determinación de la convalidación
de manera imperativa configuraría fueros indígenas
especiales, los cuales no están previstos en los Acuerdos
de San Andrés.
Por su parte, la CONAI sostiene que el cambio introducido
por el Ejecutivo abre paso a la discrecionalidad de
las autoridades oficiales para determinar cuándo se convalidan o no
las decisiones indígenas.
3) Tenencia de tierra
3a) Modalidad de la tenencia
El Gobierno critica que el texto de la COCOPA menciona
como la única modalidad de tenencia de la tierra la colectiva
y lo valora como negligencia respecto de los demás
modalidades consagradas en el Art. 27º de la Constitución.
3b) Termino territorio
El Gobierno opina que el texto de la COCOPA utilizó el
término "territorio" de manera exclusiva
y excluyente del resto del territorio nacional. En su iniciativa,
el gobierno suprime la palabra "territorio" como ámbito
en que puede ejercerse el derecho de los pueblos indígenas
al uso y disfrute de sus recursos naturales. Esa omisión
específica es valorada por la CONAI como un desconocimiento
del derecho de los pueblos indígenas a su tierra.
4) Medios de comunicación
El Gobierno critica que el texto de la COCOPA en vez
de prever una ley de comunicación que permita a los pueblos
indígenas adquirir, operar y administrar sus propios
medios, establece un derecho constitucional directo al respecto.
Opina que esto daría lugar a un fuero especial para
los pueblos indígenas, lo que explícitamente
rechazan los Acuerdos de San Andrés.
5) Educación
El Gobierno critica que el texto de la COCOPA incluye
a los Estados y Municipios en la definición de los programas
educativos, y lo interpreta como una excepción a la
facultad del Ejecutivo Federal establecida en el artículo
3º constitucional (fracción III) que no estaba
prevista en los Acuerdos de San Andrés. Entonces,
propone que los programas educativos sean definidos y desarrollados
por el Ejecutivo Federal, en consulta con las comunidades
indígenas.
6) Definición del carácter indígena
Mientras que el texto de la COCOPA menciona el criterio
para definir el carácter indígena de un municipio
o una comunidad establecido en los Acuerdos de San Andrés
(la conciencia de la identidad indígena, criterio
definido en el Convenio 169 de la OIT), el Gobierno, en su
iniciativa, omite ese criterio, justificándolo con
la afirmación de que un municipio no puede reconocer
su pertenencia a otra instancia distinta a la entidad federativa
de la que forma parte, "de acuerdo a lo establecido
en el art. 115 constitucional".
7) Elección de autoridades
El texto de la COCOPA reconoce a los habitantes de
las comunidades indígenas el derecho de definir los procedimientos
para la elección de sus autoridades. El texto del
Gobierno omite ese reconocimiento por considerar que eso
equivale al establecimiento de una forma de Gobierno no reconocida
en la Constitución y tampoco en los Acuerdos de San
Andrés. En cambio, según la CONAI, la omisión
del reconocimiento de ese derecho viola los Acuerdos, porque
según ella, los Acuerdos sí reconocen ese derecho.
8) Reconocimiento de las comunidades indígenas como
entidades de derecho público
Mientras que el texto de la COCOPA , como lo hacen
los Acuerdos de San Andrés, reconoce a las comunidades indígenas
como entidades de derecho público, el texto del Gobierno
omite ese reconocimiento.
9) Naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas
Mientras que el texto de la COCOPA habla de un reconocimiento
de derechos de los pueblos indígenas, el texto del
Ejecutivo Federal habla de un otorgamiento. La CONAI considera
que esta diferencia es filosóficamente importante,
pues reconocer (en lugar de otorgar) implica aceptar la existencia
de los pueblos indígenas y de sus derechos como algo
anterior a la existencia misma del Estado mexicano.
10) Asociación para la coordinación de acciones
La propuesta de la COCOPA y los Acuerdos de San Andrés
reconocen el derecho de los municipios indígenas a
la asociación para la coordinación de sus acciones.
La iniciativa del Ejecutivo Federal reduce ese derecho a
lo ya actualmente consignado en el articulo 115 vigente,
que es la asociación para la más eficaz prestación
de servicios públicos.
11) Autogobierno indígena
Retomando parte del texto de los Acuerdos de San Andrés,
el texto de la COCOPA habla de un derecho a la autonomía
para elegir a autoridades y ejercer formas de Gobierno interno
en los ámbitos de la autonomía. El Ejecutivo
Federal borró la última referencia a la autonomía
porque opina que es repetitiva y que da la idea de que haya
dos autonomías diferentes.
III. Cuadro comparativo
Glosario
Convenio 169
de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo): Convenio internacional ratificado por México
el 5 de sept. de 1990. Es parte de la legislación
mexicana y a la vez parte de la legislación internacional.
PN: "Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal
y el EZLN enviarán a las instancias de debate de decisión
nacional", parte de los Acuerdos de San Andrés.
PP: "Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y
el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate
y decisión nacional, correspondiente al punto 1.4
de las reglas de procedimiento", parte de los Acuerdos
de San Andrés.
1) Autonomía
a) Precisión de la relación entre autonomía
y estado
b) Reducción del ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas a las comunidades
| Acuerdos de San Andrés |
Texto de la COCOPA |
Iniciativa del Ejecutivo Federal |
La
autonomía es la expresión concreta del
ejercicio del derecho a la libre determinación
expresada como un marco que se conforma como parte
del Estado Nacional... El ejercicio de la autonomía
de los pueblos indígenas contribuirá a
la unidad y democratización de la vida nacional
y fortalecerá la soberanía del país.
(PP II.2 2º párr.)
Resulta pertinente reconocer el derecho de los pueblos
indígenas a la autonomía, en tanto colectividades
con cultura diferente y con aptitud para decidir sus
asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional.
(PP II.2 3er. párr.)
La legislación nacional debe reconocer a los pueblos
indígenas como los sujetos de los derechos a la
libre determinación y autonomía. (PP II.
3)
El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación
de los pueblos indígenas ... sin menoscabo de
la soberanía nacional y dentro del nuevo marco
normativo para los pueblos indígenas. (PP IV.
2)
Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
en un marco constitucional de autonomía asegrando
la unidad nacional (PN 3.1).
El Estado Mexicano se compromete a no intervenir unilateralmente
en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades
indígenas, en sus organizaciones y formas de representación
y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de recursos
naturales, en tanto se respeten el interés nacional
y público y los distintos niveles de Gobierno
e instituciones del Estado Mexicano (PN 4.5).
|
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre
determinación y, como expresión de ésta,
a la autonomía como parte del Estado Mexicano,
para:
|
Con
respeto a las demás disposiciones de esta Constitución
y a la unidad del Estado Mexicano,
los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación; la expresión concreta de ésta
es la autonomía de las comunidades indígenas
para:
|
OBSERVACIÓN I DEL
GOBIERNO FEDERAL: Aún cuando el texto de la COCOPA
habla de autonomía "como parte del Estado Mexicano",
no expresa con claridad la autonomía que debe corresponder
a los pueblos indígenas. En su texto, la autonomía
sólo se refiere a los derechos que tendrían
los pueblos indígenas en las siete fracciones del
artículo 4º, pero no precisa la relación
con el resto de los principios, instituciones y, en general,
organización del Estado Mexicano, claramente establecidos
en San Andrés. En cambio, los Acuerdos de San Andrés
son enfáticos en su referencia a los principios de
unidad nacional, soberanía nacional, interés
nacional y público y respeto a los distintos niveles
de Gobierno e instituciones del Estado Mexicano. Todo esto
no lo contiene ni precisa el texto de la COCOPA con la claridad
que lo hace los Acuerdos de San Andrés.
COMENTARIO
DE LA CONAI: Aunque la iniciativa gubernamental
reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación, reduce la expresión
concreta de ésta a la autonomía de las comunidades
indígenas. Esta reducción viola los Acuerdos
de San Andrés que establecen que la legislación
nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como
sujeto de los derechos a la libre determinación y
autonomía, También viola el Convenio Nº.
169 OIT que atribuye como sujeto de estos derechos a los
pueblos indígenas.
2) Convalidación de juicios, procedimientos y decisiones
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
El
estado promoverá (…) que
mediante procedimientos simples (…) los juicios
y decisiones (de los pueblos y comunidades indígenas)
sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales
del Estado. (PN 3.3)
Las reformas legales que se promueven deberán
partir del principio jurídico fundamental de la
igualdad de todos los Mexicanos ante la ley y los órganos
jurisdiccionales, y no creación de fueros especiales
en privilegio de persona alguna,… (PP I.3) |
Los
pueblos indígenas tienen
el derecho (…)
a la autonomía (…)
para:
(…)
Aplicar sus sistemas normativos en la regulación
y solución de conflictos internos (…);
sus procedimientos, juicios y decisiones serán
convalidados por las autoridades jurisdiccionales del
Estado; (Art. 4º II)
|
Los
pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación; la expresión
concreta de ésta es la autonomía de las
comunidades indígenas para: (…)
Aplicar sus sistemas normativos en la regulación
y solución de conflictos internos (…);
sus procedimientos, juicios y decisiones serán
convalidables, en los términos que las leyes señalen,
por lasautoridades jurisdiccionales del Estado; Art.
4º II)
|
OBSERVACIÓN
I DEL GOBIERNO FEDERAL: En los Acuerdos de San Andrés
expresamente se señala que no se pretende crear fueros
especiales y que la convalidación de sus procedimientos,
juicios y decisiones por las autoridades jurisdiccionales
será mediante "procedimientos simples".
La redacción de esta fracción en el texto de
la COCOPA configuraría fueros indígenas especiales
ya que, de manera imperativa ("serán convalidados")
y sin que exista una disposición legislativa de por
medio, determina la convalidación por las autoridades
del Estado. Esta imperatividad y omisión respecto
de los procedimientos de convalidación se apartan
de lo acordado en San Andrés (PP I.3 y PN 3.3).
COMENTARIO
DE LA CONAI: El texto de la Iniciativa Presidencial
a lo más que llega es a reconocer - lo que introduce
la idea de discrecionalidad - , que los procedimientos, juicios
y decisiones - de estos pueblos - serán "convalidables",
ignorando el texto de la COCOPA que dice que "serán
convalidados". El dejar opcional la convalidación
(…) viola los Acuerdos de San Andrés que explícitamente
establece "como garantía al acceso pleno a la
justicia…que el derecho positivo Mexicano reconozca
las autoridades, normas y procedimientos de resolución
de conflictos internos…y que mediante procedimientos
simples sus juicios y decisiones sean convalidados por las
autoridades jurisdiccionales del Estado".
3) Tenencia de Tierra
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
Se
deben buscar el reconocimiento (…) del derecho
de los pueblos indígenas al uso sostenible y
a todos los beneficios derivados del uso y aprovechamiento
de los recursos naturales de los territorios que ocupan
o utilizan. (PP III.6)
(Derecho de los pueblos indígenas de) acceder de manera colectiva
al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquéllos cuyo
dominio directo corresponda a la Nación. (PP II.6 d))
El Estado impulsará acciones de rehabilitación de los territorios
según lo define el Art. 13.2 del Convenio 169 de la OIT (totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan) (PN
4.2)
Legislar para que se "garantice la protección a la integridad
de las tierras de los grupos indígenas", tomando en consideración
las especificidades de los pueblos indígenas y las comunidades,
en el concepto de integridad territorial contenida en el Convenio 169 de
la OIT..." (PP V.1 b))
Y en tanto se respeten el interés nacional u público, los
distintes niveles de Gobierno e instituciones del Estado Mexicano no intervendran
unilateralmente en (…) los formas de aprovechamiento de los recursos
naturales. (PN 4. 5)
|
Los
pueblos indígenas tienen el derecho (…)
a la autonomía (…) para: (…)
Acceder
de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos
naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos
como la totalidad del hábitat que los pueblos
indígenas usan y ocupan,
salvo aquéllos cuyo dominio directo corresponda a la Nación;
(Art. 4º)
Modalidades de tenencia
|
|
OBSERVACIÓN III A) DEL GOBIERNO
FEDERAL: El Gobierno por supuesto que no se opone a la explotación
colectiva de la tierra. Está consagrada en el artículo
27 Constitucional. Se opone, eso sí, a que una redacción
ambigua dé lugar a que la propiedad ejidal y privada
que existe en las regiones con mayoría de población
indígena, sea sólo explotada colectivamente.
Los Acuerdos de San Andrés enmarcan el uso, disfrute
y aprovechamiento de los recursos naturales a que tienen
derecho los pueblos indígenas, en el respeto al interés
nacional y público y los distintos niveles de Gobierno
e instituciones del Estado Mexicano. Entre estas últimas,
se comprende desde luego a las distintas modalidades de tenencia
de la tierra que consagra el artículo 27 constitucional.
Toda vez que la iniciativa de la COCOPA omite la referencia
explícita, que sí contienen los Acuerdos, resto
del marco constitucional, establece como la única
modalidad, la colectiva, en detrimento de las demás.
Esto provocaría un grave problema social.
b) Termino territorio
OBSERVACIÓN III A) DEL GOBIERNO FEDERAL : La iniciativa
de la COCOPA insertó el término "territorio" -entendido
como el ámbito espacial de validez del orden jurídico
estatal- de manera exclusiva y excluyente del resto del territorio
nacional. Esto no fue el sentido de San Andrés. Por
lo que concierne a la referencia que hacen los Acuerdos al
artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT, San Andrés
lo vincula con las acciones de rehabilitación y no
para establecer el territorio indígena como un elemento
de estado, que pudiera fraccionar al territorio nacional.
COMENTARIO
DE LA CONAI: El texto presidencial omite la
referencia a que el uso y disfrute de los recursos
naturales se refiera
a sus tierras y territorios, lo que sí está explícito
en el texto de la COCOPA y en los Acuerdos de San Andrés.
4) Medios de comunicación
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
A
fin de propiciar un diálogo intercultural (…),
es indispensable dotar a los pueblos indígenas
de sus propios medios de comunicación, los cuales
son también instrumentos claves para el desarrollo
de sus culturas. Por tanto, se propondrá a las
instancias nacionales respectivas, la elaboración
de una nueva ley de comunicación que permita
a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar
sus propios medios de comunicación. (PP III.8)
(Los reformas constitucionales deberán contener
los siguientes aspectos generales): (…) Legislar
sobre (…) el acceso de los pueblos indígenas
a los medios de comunicación (PP V.1 i))
|
Los
pueblos indígenas tienen el derecho (…)
a la autonomía (…) para:
(…) Adquirir, operar y administrar sus propios
medios de comunicación. (Art. 4º VII)
|
Los
pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación; la expresión concreta
de ésta es la autonomía de las comunidades
indígenas para: (…)
Adquirir, operar y administrar sus propios medios de
comunicación, en los términos que las leyes
de la materia establezcan
|
OBSERVACIÓN
III B) DEL GOBIERNO FEDERAL: Los Acuerdos de San Andrés
prevén la expedición de una nueva ley de comunicación
que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar
y administrar sus propios medios, y no un régimen
de excepción a la facultad del Congreso de regular
dichos medios. Como puede observarse, el texto de la COCOPA
omite la referencia a esta ley, con lo cual establece un
derecho constitucional directo, en violación al régimen
en materia de medios de comunicación, su concesión
y permiso. De aquí resulta que mientras que el resto
de los Mexicanos sí deben sujetarse a este régimen,
los pueblos indígenas no lo harían, dando lugar
a un fuero especial que explícitamente rechaza "San
Andrés".
5) Educación
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
El
estado debe impulsar políticas culturales nacionales
(…) de incorporación del conocimiento
de diversas prácticas culturales en los planes
y programas de estudio de las instituciones públicas
y privadas (PN 3.4).
El estado debe asegurar a los indígenas una educación
que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas
organización (PN 3.5).
Se estima necesario elevar al rango constitucional el
derecho de todos los Mexicanos a una educación
pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia,
costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de
los pueblos indígenas. (PP III.3)
Se establece como potestad de las entidades federativas,
en consulta con los pueblos indígenas, la definición
y desarrollo de programas educativos con contenidos regionales,
en los que deben reconocerse su herencia cultural (PP
III.4)
|
Las
autoridades educativas federales, estatales y municipales,
en consulta con los pueblos indígenas, definirán
y desarrollarán programas educativos de contenido
regional, en los que reconocerán su herencia cultural.
(Art. 4º)
|
El
Ejecutivo Federal,en
consulta con las comunidades indígenas,
definirá y desarrollará programas educativos
de contenido regional, en los que se reconocerá la
herencia cultural de los pueblos indígenas
|
OBSERVACIÓN III C) DEL GOBIERNO
FEDERAL: En el texto de San Andrés se busca garantizar
la educación bilingüe e intercultural y la participación
de los pueblos indígenas para lograrlo. Con ello no
se busca romper el principio de educación nacional
y, por ende, no se cuestiona la facultad del Ejecutivo Federal
establecida en la fracción III del art. 3º constitucional,
para determinar los planes y programas de estudio, en toda
la República, con el fin de asegurar la identidad
nacional. Al incluir a los Estados y Municipios en la definición
de los programas educativos, el texto de la COCOPA hace una
excepción al artículo 3º, fracción
III constitucional, lo que nunca pretendieron los Acuerdos
de San Andrés.
6) Definición del carácter indígena
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
La
conciencia de su identidad indígena deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas. (PN 3.1)
Los Pueblos indígenas son los que (..) mantienen
identidades propias, conciencia de las mismas y… (PP
II 2)
El reconocimiento en la legislación nacional de
las comunidades como entidades de derecho público,
el derecho de asociarse libremente en municipios con
población mayoritariamente indígena y el
derecho de varios municipios para asociarse, a fin de
coordinar sus acciones como pueblos indígenas
(PN 5.2 y PP V.1.a))
|
Las comunidades
indígenas
como entidades de derecho público y los municipios
que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena,
tendrán
la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar
sus acciones. (Art. 115º IX)
|
En
cada Municipio, las comunidades indígenas tendrán
derecho a asociarse libremente…
…
los Municipios con población mayoritariamente
indígena podrán coordinarse y asociarse
para promover su desarrollo…(Art. 115º IX)
|
OBSERVACIÓN
II DEL GOBIERNO FEDERAL: El texto de la COCOPA introduce
el concepto "municipios que reconozcan su pertenencia
a un pueblo indígena". San Andrés utilizó una
expresión diferente: "municipios con población
mayoritariamente indígena". Un municipio no puede
reconocer su pertenencia a otra instancia distinta a la entidad
federativa de la que forma parte, de acuerdo a lo establecido
en art. 115 constitucional.
COMENTARIO
DE LA CONAI: El texto presidencial sólo
habla de municipios mayoritariamente indígenas, pero
omite el criterio definitorio incluido en el texto de la
COCOPA. Esta omisión viola los Acuerdos de San Andrés
y el mencionado Convenio internacional que establecen que "la
conciencia de su identidad indígena deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los
que se aplican las disposiciones" contenidas en dichos
acuerdos.
7) Elección
de autoridades
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
El
Gobierno Federal asume, el compromiso de impulsar (…)
derechos de jurisdicción. Para que se acepten
sus propios procedimientos para designar sus autoridades
y sus sistemas normativos para la resolución
de conflictos internos, con respecto a los derechos
humanos. (PN 5.1.b)
Reconocer las figuras del sistema de cargos y otras formas
de organización, métodos de designación
de representantes, y toma de decisiones en asamblea y
de consulta popular. (PP III.1 f))
Garantizar la participación de las comunidades
indígenas en la integración de los ayuntamientos
y de los municipios mayoritariamente indígenas
(PN 5.4 b))
Se establece como derecho inherente a la autonomía
el que los pueblos indígenas designen libremente
a sus representantes tanto comunitarios como en los órganos
de Gobierno municipal, así como establecer que
los agentes municipales o figuras afines sean electos
o en su caso nombrados por los pueblos y comunidades
correspondientes. (PP II.6 h))
Se propone la integración del municipio con población
mayoritariamente indígena no como un tipo diferente
de municipio, sino como aquél que en el marco
del concepto general de esta institución política
permita la participación indígena en su
composición e integración y se fomente
e incorpore a las comunidades indígenas en la
integración de los ayuntamientos. (PPII.4)
|
En
los municipios, comunidades, organismos auxiliares
del ayuntamiento e instancias afines que asuman
su pertenencia a un pueblo indígena,
se reconocerá a sus habitantes el derecho
para que definan, de acuerdo con las prácticas
políticas propias de la tradición
de cada uno de ellos, los procedimientos para
la elección de sus autoridades o representantes
y para el ejercicio de sus formas propias de
Gobierno interno, en un marco que asegure la
unidad del Estado Nacional.
La legislación local establecerá las bases
y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este
derecho. (Art. 115º X)
|
|
OBSERVACIÓN
II DEL GOBIERNO FEDERAL: San Andrés claramente se
refiere a la participación indígena dentro
de la estructura municipal existente en términos del
art. 115 constitucional, y todavía aclara expresamente
que no busca un tipo diferente de municipio. En tanto que
el texto de la COCOPA otorga a los habitantes de un municipio
el derecho para que definan los procedimientos de elección
de sus autoridades y para el ejercicio de sus formas de Gobierno
interno, sin hacer referencia al marco municipal existente,
como lo hace San Andrés. De esta manera, establece
formas de Gobierno municipal no reconocidas en la Constitución.
Además, el texto de la COCOPA reitera en esta fracción
el concepto "municipios que asuman su pertenencia a
un pueblo indígena", sobre el cual ya se comentó anteriormente.
Los Acuerdos fueron muy claros al establecer el derecho,
y su alcance, a participar en la integración del municipio
con población mayoritariamente indígena, en
la integración de los ayuntamientos y la elección
de sus representantes, todo ello en el marco de la institución
municipal que establece el artículo 115 constitucional.
COMENTARIO
DE LA CONAI: Esa omisión [ de reconocer
el derecho de definir los procedimientos para la elección
de las autoridades a los habitantes, y no a la legislación
local] viola lo acordado en San Andrés, que reconoce
el derecho de los pueblos a "designar libremente a sus
representantes, tanto comunitarios como en los órganos
de Gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas,
de conformidad con las instituciones y tradiciones propias
de cada pueblo".
8) Comunidades indígenas como entidades de derecho
público
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
| El
reconocimiento en la legislación
nacional de las comunidades como entidades de derecho
público, el derecho de asociarse libremente en
municipios con población mayoritariamente indígena
y el derecho de varios municipios para asociarse, a fin
de coordinar sus acciones como pueblos indígenas
(PN 5.2 y PP V.1.a). |
Las
comunidades indígenas
como entidades de derecho público y los municipios
que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena,
tendrán la facultad de asociarse libremente
a fin de coordinar sus acciones. (Art.115º IX)
|
En
cada Municipio, las comunidades indígenas tendrán
derecho a asociarse libremente a fin de coordinar sus
acciones para la promoción de su desarrollo
económico y social. (Art.115º IX) |
COMENTARIO
DE LA CONAI: El texto presidencial no reconoce, como lo hace
el texto de la COCOPA y está acordado en San Andrés,
a las comunidades indígenas "como entidades de
derecho público".
9) Naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
Las
reformas constitucionales que reconozcan los derechos
de los pueblos indígenas… (PP
V 1)
La creación de un nuevo marco jurídico
(…), con base en el reconocimiento de su derecho… (PP
II 1)
|
Las
constituciones y leyes (…) establecerán las modalidades pertinentes
para la aplicación de los principios señalados,
garantizando los derechos que esta Constitución
reconoce a los pueblos indígenas. (Art.4º)
|
Las
constituciones y leyes (…)
establecerán las disposiciones y modalidades pertinentes
para la aplicación de los principios señalados,
garantizando los derechos que esta Constitución
otorga a las comunidades indígenas. (Art.4º) |
COMENTARIO
DE LA CONAI: La nueva relación entre el Estado y los
pueblos indígenas acordada en San Andrés parte
de reconocer las preexistencia de dichos pueblos y de reconocer
en la Constitución sus derechos; en cambio, la iniciativa
del Ejecutivo Federal se refiere al otorgamiento de derechos,
en lugar de reconocimiento, como si se tratara de un acto
del Estado que crea esos derechos.
10) Asociación para la coordinación de acciones
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
El
gobierno federal asume el compromiso de impulsar (…) el derecho a asociarse
libremente en municipios con población mayoritariamente
indígena, así como el derecho de varios
municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones
como pueblos indígenas. (PN 5.2)
|
Las
comunidades indígenas como entidades de derecho
público y los municipios que reconozcan su
pertenencia a un pueblo indígena, tendrán
la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar
sus acciones. (Art.115º IX)
|
En
cada Municipio, las comunidades indígenas tendrán
derecho a asociarse libremente a fin de coordinar sus
acciones para la promoción de su desarrollo
económico y social.
En términos del último párrafo de
la fracción III de este artículo (vea abajo),
los Municipios con población mayoritariamente
indígena podrán coordinarse y asociarse
para promover su desarrollo. (Art.115º IX)
Fracción III del artículo 115 vigente:
Los municipios de un mismo Estado(...) podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación
de los servicios públicos que les corresponda. |
11) Autogobierno
indígena
| Acuerdos
de San Andrés |
Texto
de la COCOPA |
Iniciativa
del Ejecutivo Federal |
(Las
reformas constitucionales) deberán contener
entre otros, los siguientes aspectos generales: Legislar
sobre los derechos de los pueblos indígenas
a elegir a sus autoridades y ejercer la autoridad de
acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos
de autonomía,
garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad . (PP V.1 e))
|
Los
pueblos indígenas tienen el derecho (…)
a la autonomía (…) para:
Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de Gobierno
interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos
de su autonomía,
garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad (Art. 4º III)
|
Los
pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación; la expresión concreta
de ésta es la autonomía de las comunidades
indígenas para:
Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de Gobierno
internos de acuerdo con sus normas,
garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad (Art. 4º III)
|
OBSERVACIÓN
I DEL GOBIERNO FEDERAL: En el texto de la COCOPA, los "ámbitos
de autonomía" son los señalados en las
siete fracciones del art. 4º, incluida por lo tanto
en la III. Así lo señala expresamente la iniciativa
de la COCOPA en el párrafo 2º de este artículo.
En consecuencia, la expresión "en los ámbitos
de autonomía" ubicada en esta fracción,
además de ser innecesariamente repetitiva, da la idea
de que hay una autonomía diferente a la prevista en
el multicitado art. 4º.
:: Actividades del equipo en Chiapas
Actividades del equipo, enero - marzo 1998
Información
- Hicimos una acción urgente (junto con Global
Exchange) sobre la campaña contra la presencia internacional
en Chiapas.
- Para conocer la situación actual y recibir testimonios,
visitamos dos veces Acteal y los desplazados en X'oyep (municipio
de Chenalhó), además visitamos varias veces
los campamentos en San Cristóbal.
- Recibimos periodistas del periódico alemán "Die
Tageszeitung" y del "The New York Times".
- Dos miembros del equipo hicieron una gira por
la región
de San Francisco, California, dando 7 presentaciones sobre
SIPAZ y la situación en Chiapas. Asistieron más
de 400 personas.
Contactos y visitas
- Asistimos como observadores en el Tercer Encuentro
Ecuménico
con participantes de Chenalhó en San Cristóbal
de Las Casas.
- Acompañamos ¨"La Peregrinación para
la Paz" a México D.F. convocada por la diócesis
de San Cristóbal.
- Asistimos en el aniversario de un mes de
la masacre en Acteal.
- Acompañamos al primer Secretario de la Embajada
de Gran Bretaña a Acteal.
- Recibimos entre otras visitas de: una
delegación
de Comité Central Menonita, estudiantes del Instituto
de Monterrey, Nuevo León y varias delegaciones
de los EEUU y Canada.
- Nos entrevistamos entre otras con la
Comisión Nacional
de Derechos Humanos en San Cristóbal de Las Casas
y México D.F., diputados federales y representantes
de "Las Abejas" de Chenalhó.
Talleres
- Facilitamos dos talleres "Resolución de Conflictos" (enmarcado
en un programa global de 12 talleres) para ONG en San Cristóbal
de Las Casas, temas: "Violencia y no violencia" e "Introducción
a la resolución pacifica de conflictos".
- Presentamos dos talleres sobre salud mental
y manejo de trauma, facilitados por dos
personas especialistas
para gente
que trabajan con desplazados.
- Facilitamos talleres en el marco de la "Escuela Bíblica
Ecuménica".
- Contribuimos a un taller "Estrategias para la paz",
cuyo objetivo era responder a la problemática
de los desplazados en la zona Altos.
Varios
- Participamos en la preparación y asistimos en un
foro-debate con tres mesas (temas: Acteal, el Acuerdo Estatal
y el papel de los medios de comunicación en el conflicto
chiapaneco) en el marco del "Día de la Mujer".
- Asistimos en la reunión de la
Red de Menonitas en Honduras.
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