:: SINTESIS
La Violencia se Extiende como Epidemia
en Chiapas
Con la falta de avances en el proceso de paz, la violencia
en Chiapas se ha agravado en los últimos meses. Tocó fondo
con la crueldad el 22 de diciembre cuando un grupo paramilitar
de afiliación priísta masacró a 45 indígenas
tzotziles desplazados.
Una seria escalada ya había ocurrido el 4 de noviembre
cuando una caravana en donde viajaban los obispos Samuel
Ruiz y Raúl Vera en la zona Norte de Chiapas fue emboscada.
Tres agentes pastorales quedaron heridos
por el ataque que aparentemente fue realizado por un grupo
paramilitar de esta
zona. Dos días después la hermana del obispo
Ruiz fue golpeada gravemente. Estos ataques se han acentuado
en la medida que Ruiz ha sido blanco de una campaña
constante de difamación, lo que ha incrementado su
propia vulnerabilidad así como la del proceso de paz
que él representa.
Otros conflictos sin resolución han explotado violentamente
en la zona Norte. Grupos paramilitares, sea apoyados por
Seguridad Pública o sea tolerados por ella, operan
impunemente.
Aún más preocupante es que la violencia se
ha extendido a otras regiones como Chenalhó en Los
Altos de Chiapas. Docenas de personas fueron asesinadas y
no menos de 5 mil fueron forzadas a huir de sus viviendas
por la violencia. Una misión de observación
en donde participó SIPAZ al fin de noviembre se encontró con
centenares de desplazados y reportó: "…sólo
cuentan con algunos plásticos rotos para guarecerse
de la constante lluvia y sólo tienen la ropa que traen
puesta, insuficiente y mojada. No tienen alimentos ni agua
potable."
La masacre en Acteal marcó un nuevo fondo en la grave
situación de Chiapas. Los paramilitares aparecieron
vestidos de negro, muchos cargando armas de alto poder de
uso exclusivo del ejército. Ahuyentaron, dispararon
y mutilaron a las víctimas desarmadas, incluyendo
36 mujeres y niños, durante cinco horas. Durante casi
todo este tiempo la Seguridad Pública en una escuela
cercana se mantuvo pasiva, ignorando las súplicas
de testigos que habían logrado escapar a la carnicería.
El 23 de diciembre, el Presidente Zedillo condenó fuertemente
el ataque y anunció que el gobierno federal se haría
cargo de la investigación. Luego se arrestaron a unos
46 presuntos agresores, incluído el presidente municipal
de Chenalhó de afiliación priísta.
Días después de la masacre, 5 mil soldados
más llegaron a Chiapas, de los cuales 2 mil fueron
a Chenalhó. Además, 3 mil 500 desplazados arribaron
a Polhó, la base zapatista cerca de Acteal.
No obstante la presencia masiva del ejército y policía,
grupos paramilitares y priístas siguieron amenazando
e intimidando. Durante un incidente, testigos de la masacre
fueron impedidos de viajar para dar testimonio. En otra ocasión
una caravana con ayuda humanitaria para los refugiados fue
detenida y unas personas fueron secuestradas durante unas
horas.
Mientras tanto el ejército entró en diferentes
bastiones zapatistas, incluyendo La Realidad, buscando armas
e interrogando a la población. Algunos vieron esto
como una violación de la ley de 1995 para el diálogo
de paz. Varias comunidades indígenas protestaron contra
el incremento de la presencia militar.
Algunos analistas sostienen que esos conflictos
comunitarios en efecto son parte de una
estrategia oficial para
debilitar las comunidades que han mostrado
apoyo al EZLN. Dado
el previsible resultado negativo de la
masacre, tanto dentro
como fuera
de México, parece inverosímil que haya sido
ordenado por funcionarios federales. Empero, la escalada
de violencia en la zona Norte y Los Altos, la atrevida emboscada
a la caravana de los obispos, la creciente tensión
y violencia en Chenalhó, combinado con la falta de
respuesta oficial, hizo que la masacre misma fuera previsible.
En lugar de frenar los grupos paramilitares el gobierno estatal
concedió 4,6 millones de pesos (US$ 580.000) al grupo
paramilitar más importante "Paz y Justicia".
Todo esto da la impresión que la presencia paramilitar
es parte de una estrategia política de aplicar una
guerra de baja intensidad, para mantener bloqueado el diálogo
de paz y disipar la atención nacional y internacional.
Como dijo un alto funcionario mexicano al periódico
Los Angeles Times en agosto del año pasado: "Chiapas
ha desaparecido como asunto público. Ha sido un tema
local y limitado. No es un problema de política nacional
sino de seguridad".
Desde la masacre, el gobierno mexicano
continua emitiendo señales contradictorias. Por un lado el gobierno empieza
una investigación al nivel federal y pide una reanudación
del diálogo de paz, ofreciendo nuevas propuestas.
Por otro lado, se niega a implementar los ya firmados Acuerdos
de San Andrés, falla en controlar la intimidación
y violencia permanente de los grupos paramilitares y se dirige
a las comunidades zapatistas con acciones agresivas al margen
de la ley.
Las implicaciones de la designación de Francisco Labastida
Ochoa como nuevo Secretario de Gobernación son confusas.
Su predecesor, Emilio Chuayffet, fue visto en general como
un gran obstáculo para el progreso del diálogo.
Labastida Ochoa prometió un renovado esfuerzo conjunto
para lograr la paz. Empero, unos lo califican como una persona
de línea dura.
Además, la incursión
en las comunidades zapatistas el día
de su instalación
no fue vista como un buen comienzo. De cualquier modo, el diálogo permanece suspendido,
ambos lados condenando al otro. El EZLN sigue insistiendo
que ciertas condiciones deben ser cumplidas antes de renovar
el diálogo, incluyendo el cumplimento de los Acuerdos
de 1996 sobre Derechos y Cultura Indígena. El gobierno
dice que no puede aceptar la propuesta de la COCOPA, pero
que sí quiere dialogar…
En octubre y noviembre hubo grandes
demostraciones en Chiapas y todo
México pidiendo al gobierno el cumplimiento
del los Acuerdos de San Andrés. Además, por
falta de progreso en el diálogo, el EZLN esta avanzando
en un asunto clave de los acuerdos, mediante el establecimiento
de municipios autónomos. Según el EZLN con
estos esfuerzos está costruyendo su visión
de futuro, mostrando su compromiso con la vía pacífica.
El gobierno ve esas iniciativas como un factor de desestabilización.
Los municipios autónomos han sido blanco de ataques
en muchas ocasiones, incluyendo la masacre en Acteal.
El Congreso federal podría estar dispuesto a asumir
un papel más activo en las siguientes semanas y meses.
Mientras hasta ahora el conflicto de Chiapas no había
significado mayor preocupación, hoy esto podría
cambiar especialmente después de la masacre de tantos
inocentes. Recientemente líderes en el Congreso pidieron
la desaparición de poderes en Chiapas y una sesión
extraodinaria para considerar formalmente la propuesta de
la COCOPA para implementar los Acuerdos de San Andrés.
Ninguna de las propuestas fue aceptada.
En el campo internacional, México sigue siendo el
blanco de críticas persistentes por su violación
a los derechos humanos. El secretario general de Amnistía
Internacional lamentó la falta de "voluntad política
para proteger los derechos humanos". Human Rights Watch
anotó graves violaciones de derechos humanos y denunció que "la
policía y el sistema judicial" son los responsables
de muchos abusos. La masiva respuesta internacional, oficial
y no-gubernamental, por la masacre de Acteal, puso otra vez
a Chiapas en el centro de atención internacional y
mostró la amplia y permanente preocupación
internacional.
Acciones recomendadas
- Urgir al gobierno estatal de
Chiapas a:
- desarmar a los grupos paramilitares, especialmente
en la zona Norte y en Chenalhó;
- dar ayuda humanitaria a todos los desplazados
en Chenalhó
- Exhortar a la COCOPA a llevar adelante el Proyecto
de Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena
para lograr la implementación efectiva de
los Acuerdos de San Andrés.
- Urgir a la administración de Zedillo
a:
- garantizar el cumplimiento pleno de la "Ley del
Diálogo para la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas", y así evitar riesgos de enfrentamientos
armados entre el EZLN y el Ejército
Mexicano
- respetar los Acuerdos de San Andrés y pactos internacionales
que ha firmado y en que se contemplan ampliamente los derechos
de los pueblos indígenas
- reconocer y respetar la labor que realizan los
trabajadores de derechos humanos así como
la de observadores internacionales
- ordenar la reducción de las tropas federales en
las zonas de conflicto como una señal
verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
- Difundir información, como este informe, sobre
la situación que prevalece en Chiapas.
Lic.
Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional:
06067, México, D.F.
Fax: (52-5)-516-57-62/515-47-83
E-mail: webadmon@op.presidencia.gob.mx
Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (52-5)- 546-5350/546 7380 Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF - México
Fax: (52-5)- 535-27-26
Lic. Roberto Albores Guillén
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (52 961) 20917
:: ACTUALIDAD
La Violencia se Extiende como EpIemia en Chiapas
Las esperanzas generadas en México por las elecciones
de julio habían opacado en gran parte el carácter
delicado del proceso de paz en Chiapas. Llamando otra vez
la atención sobre la problemática chiapaneca,
la lógica de la violencia ha prevalecido esos últimos
meses, culminando con la masacre de Acteal, municipio de
Chenalhó, el 22 de diciembre, cuando paramilitares
mataron a 45 personas, mayoritariamente mujeres y niños.
Según la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación),
en los tres últimos años, se contabilizaron
a 11.443 desplazados y tan sólo en 1997, unas 500
muertes violentas.
En la escalada de la violencia de las semanas anteriores,
un primer hecho alarmante había sido el ataque realizado
en contra de los obispos de la diócesis de San Cristóbal
de las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera. El 4 de noviembre,
la caravana en la que viajaban fue emboscada cerca de Tila,
en la zona Norte de Chiapas. Tres agentes de pastoral resultaron
heridos.
Dos días después, en San Cristóbal,
la hermana de Samuel Ruiz recibió en la cabeza golpes
de martillo en la misma Curia. Según el obispo y la
CONAI, esta agresión está directamente relacionada
con el atentado y la campaña de persecución
y difamación a la diócesis.
De manera más general, últimamente, la violencia
ha recrudecido en varias zonas del estado. La ingobernabilidad
que impera en Chiapas fue denunciada por los partidos de
oposición el 27 de noviembre en el Congreso local,
cuando el gobernador Ruiz Ferro presentó su Tercer
Informe.
La problemática de Chenalhó (y el papel jugado
en ésta por grupos paramilitares) en muchos aspectos
parece una extensión de la que ha caracterizado la
zona Norte del estado desde 1995. Allá, los ataques
contra la diócesis de San Cristóbal se han
multiplicado en octubre y noviembre: toma del templo de El
Limar; paso prohibido al municipio de Sabanilla para los
sacerdotes y catequistas católicos; irrupción
del grupo "Paz y Justicia" en una reunión
ecuménica en Salto de Agua... No obstante, el grupo
paramilitar se entrevistó con el nuncio apostólico
Justo Mullor durante su visita a Chiapas en diciembre.
También, cabe rescatar algunos hechos alentadores:
el 17 de noviembre, representantes de unas 150 comunidades
de la zona Norte se reunieron para analizar la situación
de los desplazados. El 4 de diciembre, 450 indígenas
de Jesús Carranza (Sabanilla), que estaban desplazados
desde junio del 96, regresaron a sus comunidades.
En diciembre, las ARIC independiente y Unión de Uniones,
dos organizaciones con fuerte presencia en la zona de conflicto
que se habían dividido después del 94 firmaron
un pacto para buscar la reconciliación.
El proceso de paz según sus protagonistas
Después de las elecciones de julio pasado, el presidente
Zedillo, tanto en México como en el extranjero, se
ha dedicado a calificar el contexto político actual
de "normalidad democrática", sin hacer mucho
caso de la situación que prevalece en Chiapas y otras
partes del país.
El 1ero. de octubre, durante su séptima visita al
estado, dijo que ya no existen las razones que pudieron justificar
los hechos "tristes y dramáticos" del levantamiento
armado de 1994. Anunció un "Acuerdo para el Bienestar
y Desarrollo Social de los Altos", subrayando la importancia
de la inversión pública en Chiapas en los últimos
tres años.
Unos días después, declaró al diario
francés "Le Monde" que no creía posible
una solución a corto plazo en el conflicto de Chiapas,
y que consideraba al subcomandante Marcos "un idealista
que no ha elegido un buen método". Agregó: "Hemos
invitado al EZLN a reanudar el diálogo y seguimos
esperando su respuesta"; también aclaró que
el gobierno podría haber respondido con la fuerza, "pero
no lo ha hecho y no lo hará".
El 3 de octubre, el jefe de la delegación gubernamental
para el diálogo Pedro Joaquín Coldwell declaró que
la constitución de municipios autónomos "contribuye
a aumentar la inconformidad y la discordia". Después
del atentado contra los obispos, reconoció que en
la zona Norte se puede "temer una situación de
descontrol generalizada". Sostuvo que el gobierno debe
cumplir "sin regateo alguno" lo que firmó para
restablecer el diálogo, "debe dar señales
de que quiere negociar y el Ejército Zapatista también".
Y comentó: "En realidad, ninguno de sus planteamientos
de Marcos atenta contra la integridad del Estado, todos son
negociables e institucionalizables". Sobre la autonomía,
agregó que no pensaba que podía conducir a
la "balcanización" sino que era más
bien "una oportunidad que no debemos dejar pasar." Sin
embargo, en noviembre, durante una reunión con pastores
presbiterianos, afirmó que la propuesta de la COCOPA "contiene
errores e insuficiencias que pueden ser peligrosas".
Dijo también: "Si el EZLN retirara su declaración
de guerra se daría un paso importante para el diálogo".
Después de la matanza de Acteal, el gobierno federal
condenó los hechos, dijo que investigará a
fondo el caso, respaldó el gobierno de Ruiz Ferro,
envió a nuevos militares y policías, y llamó a
reactivar el proceso de paz.
El 26 de diciembre, Coldwell se entrevistó con Samuel
Ruiz, presidente de la CONAI a quien entregó una propuesta
para dar solución al conflicto de Chiapas: preve una
reanudación inmediata del diálogo de San Andrés,
la investigación del caso de Chenalhó, la presencia
del Ejército con una finalidad preventiva, así como
líneas políticas y sociales contra la pobreza.
El 3 de enero, tras la renuncia
de Emilio Chuayffet, el presidente
Zedillo
nombró a un nuevo secretario de Gobernación,
Francisco Labastido Ochoa. Le asignó diez prioridades
dentro de las cuales se encuentra la problemática
chiapaneca. Al cierre de este informe, nos llegó la
noticia de la renuncia del gobernador de Chiapas, Ruiz Ferro,
y unos funcionarios del estado.
En cuanto al Ejército, en octubre, 500 militares instalaron
un nuevo campamento cerca de La Realidad con el fin de terminar
el puente con la importante base militar de San Quintín.
500 civiles zapatistas del municipio rebelde San Pedro de
Michoacán organizaron una manifestación de
protesta.
El 28 del mismo mes, Mario Renán Castillo, encargado
de las operaciones castrenses, informó que el Ejército
mexicano había reducido en un 50% sus efectivos en
Chiapas (información no confirmada por otras fuentes).
Unos días después, el general Wabi Rosel descartó la
posibilidad de una nueva ofensiva contra el EZLN.
En noviembre, el secretario
de la Defensa Nacional desmintió que
el Ejército adiestrara o fomentara grupos paramilitares
en Chiapas y sostuvo que las fuerzas armadas cumplen con
su función constitucional. No obstante, miembros del
grupo paramilitar "Paz y Justicia" estuvieron presentes
en la despedida del General Renán Castillo (al realizarse
cambios en los altos mandos militares).
Después de la masacre de Acteal, llegaron 5.000 nuevos
soldados a Chiapas (2.000 de ellos a Chenalhó), lo
que provocó protestas por parte de la sociedad civil.
El Ejército se encuentra en estado de alerta, realizando
operaciones de decomiso incluso en la zona de conflicto.
Por esa razón, el 3 de enero de 1998, el ejercitó ocupó por
unas horas el bastión zapatista de la Realidad en
la Selva Lacandona, causando angustia y tensión en
la zona.
Después de la marcha a la ciudad de México
en septiembre, el EZLN optó por impulsar el proceso
de las autonomías. Así , la constitución
del municipio rebelde Ernesto "Che" Guevara tenía
como finalidad demostrar que la autonomía "es
una realidad que estamos construyendo" y que "nuestro
camino es civil y pacífico". Mientras el gobierno
estatal denunció el carácter inconstitucional
de dicha iniciativa, la CONAI comentó que podría
generar nuevos conflictos.
En un comunicado a fines
de octubre, el subcomandante
Marcos
dijo
que la alta jerarquía católica quiere
asumir un "papel más activo en el conflicto".
Eso significaría reducir el papel de Samuel Ruiz y
de la diócesis de San Cristóbal en el proceso
de paz. El objetivo a largo plazo sería usar "su
influencia sobre los indígenas mayoritariamente católicos
del EZLN para 'conducirlos' a una pronta firma de la paz,
la entrega incondicional de las armas, el deslinde y ataque
en contra de la dirección política y militar
del EZLN". Además, Marcos resaltó el reagrupamiento
de organizaciones bajo la bandera del "tercerismo",
es decir que no serían ni gubernamentales ni zapatistas.
Dos días después, los 4 obispos de Chiapas
respondieron: "Son inaceptables las imputaciones que
se hacen"; "La Iglesia no requiere del permiso
o del aplauso de nadie para cumplir con su misión" y
sus "esfuerzos de diálogo y reconciliación." La
visita del nuncio Justo Mullor de diciembre agudizó las
diferencias: el EZLN boicoteó su visita en Tila y
le expresó claramente que no era el bienvenido.
El 5 de noviembre,
en lo que se puede
leer
como
una extensión
del zapatismo hacia la frontera con Guatemala, 2000 simpatizantes
del EZLN realizaron una marcha en Frontera Comalapa para
exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
En su comunicado
del 7 de noviembre,
el
subcomandante Marcos
dijo
que a través del atentado a los obispos, se trataba
de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: "Ni mediación,
ni diálogo, ni paz". Subrayó que "la
estrategia gubernamental para Chiapas es administrar y alimentar
el conflicto de modo que se pueda presentar a la opinión
pública como una guerra entre indígenas".
Y agregó: "El gobierno federal prepara la solución
militar del conflicto".
Posteriormente,
10 mil indígenas de diversas regiones
del estado realizaron una marcha en San Cristóbal
para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
El EZLN culpó al gobierno de la matanza de Acteal.
También, lo acusó de estar rumpiendo la ley
de diálogo, al hostigar a zapatistas dentro de la
zona de conflicto definida por dicha ley.
A fines de
septiembre,
se formó la nueva COCOPA (Comisión
de Concordia y Pacificación del Congreso Federal).
La prensa criticó el bajo perfil de la mayoría
de sus integrantes y señaló que dos de sus
miembros (un priísta y un perredista "ex-priísta")
están ligados a los grupos de poder chiapanecos.
A finales de
diciembre,
después de una visita a Chiapas
y luego de una entrevista con el Procurador General de la
República, Madrazo Cuéllar, la COCOPA hizo
una declaración conjunta con la Secretaría
de Gobernación subrayando la urgencia de reanudar
el diálogo.
En octubre
y noviembre,
los
partidos
políticos dieron
más prioridad a otros temas (presupuesto, reducción
de impuestos, etc.) o invirtieron mucho de su tiempo en reacomodos
políticos. El 14 de diciembre, durante la Primera
Jornada Nacional de Solidaridad, el PRD denunció el
gobierno como principal responsable de la opresión
en Chiapas . Una semana después, coordinó en
Chiapas una ayuda para desplazados de la zona Norte y dijo
que intentaría bloquear los apoyos oficiales a Paz
y Justicia (Según "La Jornada", el grupo
paramilitar firmó con el gobierno del estado un acuerdo
de 4.6 millones de pesos para fomentar la actividad agroproductiva).
El 24 de diciembre, después de los acontecimientos
de Acteal, PRD y PAN coincidieron para decir que era necesario
desaparecer los poderes en Chiapas.
La CONAI,
en su comunicado
del
5 de noviembre,
al mismo
tiempo
que
condenó el atentado contra los obispos, comentó que "todas
sus denuncias y propuestas sobre la zona Norte del estado
no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, que las
bandas paramilitares siguen actuando impunes, y que la ingobernabilidad
se generaliza en Chiapas."
Semanas
después, el obispo Samuel Ruiz, presidente
de la CONAI, dijo ante parlamentarios europeos que existen "cerrazón
y contradicciones" para alcanzar una solución.
Posteriormente, comentó que en
este momento no hay ningún contacto entre las partes
y que no se reiniciará el
diálogo
mientras
siga
la violencia.
El 24
de
diciembre, después de los hechos violentos
de Acteal, la CONAI pidió a Zedillo la desaparición
de los poderes en Chiapas así como detener a los paramilitares.
Dos de sus integrantes, basándose en datos extraoficiales,
indicaron que para cada 20 chiapanecos hay un militar.
El
12
de
octubre,
se
realizaron
manifestaciones
por
el
cumplimiento
de
los
Acuerdos
de
San
Andrés en todo el país.
En Ocosingo, 400 representantes de unas 40 agrupaciones sociales
indígenas conformaron la Coordinadora de Organizaciones
Autónomas del Estado de Chiapas (COAECh). Otro espacio
de diálogo a nivel de las bases fue abierto a través
del Encuentro por la Reconciliación y la Paz convocado
por la CORECO (Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación
Comunitaria) en Ocosingo el 8 y 9 de noviembre.
En
octubre Mireille
Rocatti, presidenta
de la
CNDH (Comisión
Nacional de Derechos Humanos), comentó que algunas
ONGs internacionales esconden "intereses mezquinos" tras
la defensa de los Derechos Humanos y se convierten en "instrumentos
de intervencionismo sofisticado en países del Tercer
Mundo". Por su parte, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, está impulsando
una iniciativa de ley para controlar a las instituciones
independientes.
A
principios de
noviembre, la
CONPAZ (Coordinación
de Organizaciones no Gubernamentales por la Paz, creada en
Chiapas en enero del 94) anunció públicamente
su disolución por problemas internos. Sin embargo,
según miembros del equipo coordinador, "las ONGs
salieron fortalecidas y más libres para determinar
sus planteamientos políticos en el futuro" .
Mexico
ante la
comunidad internacional
A
fines de
septiembre, ni
el presidente
Zedillo ni
su secretario
de Gobernación Emilio Chuayffet recibieron a Pierre
Sané, Secretario General de Amnistía Internacional,
durante su visita al país. Éste denunció: "No
hay voluntad política de proteger los Derechos Humanos".
El gobierno mexicano negó que se hubiera concertado
una cita, lo que fue desmentido por Sané. Sus críticas
se diluyeron en la polémica suscitada a propósito
de su "desaire".
El
5 de
octubre, en
París, ONGs francesas se entrevistaron
con el presidente Zedillo y cuestionaron la actitud de su
gobierno ante la situación de los Derechos Humanos.
Luego en Bonn, un periodista quiso saber por qué no
había recibido a Pierre Sané. Zedillo desmintió tal
versión de los hechos: "Sané fue a México
con la intención de no verme y de crear un escándalo;
y yo todavía estoy esperando una disculpa, estoy profundamente
ofendido porque mintió."
Esas
críticas podrían dificultar la ratificación
del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea
firmado el 8 de diciembre (una cláusula democrática
y de derechos humanos podría llevar a suspender su
aplicación en caso de que se viole alguna de sus partes).
Por lo que, a principios de octubre, el gobierno mexicano
creó la Comisión Intersecretarial de Derechos
Humanos, que estará encargada de analizar los casos
de violaciones presentados por ONGs internacionales.
En
su informe
mundial, Human
Rights Watch
también
criticó las graves violaciones de los Derechos Humanos
en México. Se identifica a los "sistemas policiales
y legales" como los "protagonistas" de muchos
abusos.
Ultimamente,
la comunidad
internacional repudió la
matanza de Acteal: después de la condena del presidente
Clinton, se leyeron duros comentarios contra el gobierno
mexicano en la prensa estadounidense. La Unión Europea
emitió una condena y un exhorto a esclarecer la masacre.
El secretario general de la ONU, Kifi Anan, condenó "el
repugnante crimen de Chenalhó". El mismo día,
el gobierno mexicano se negó a aceptar "injerencias
extranjeras". El 30 de diciembre, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos emplazó al gobierno
mexicano para que investigue el caso de Acteal y tome las
medidas necesarias.
rganizaciones de Derechos Humanos pidieron
la visita del Relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales
de la ONU, quien se encarga de los "crímenes
de lesa humanidad".
:: ANÁLISIS
Cuatro años después del alzamiento zapatista
de enero de 1994, Chiapas se encuentra hoy cada vez más
lejos de una solución pacífica al conflicto
que dio origen a la insurrección armada. Los espacios
de negociación y de diálogo se han ido cerrando
ante un incremento de la violencia cada vez más generalizada,
la cual alcanzó uno de sus puntos más altos
y crueles con la matanza de 45 indígenas en Acteal,
municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre pasado.
Durante este periodo, el empantanamiento del diálogo
de paz ha ido exacerbando la violencia y agudizando el fenómeno
de descomposición social, generando el desplazamiento
de miles de indígenas paralelamente al desarrollo
de los grupos paramilitares. En los últimos meses,
múltiples voces habían advertido los riesgos
de mayores enfrentamientos.
Frente a la falta de progreso en las negaciones, las
comunidades zapatistas y otras organizaciones han seguido
avanzando
en la conformación de municipios autónomos. De
esta manera, buscan construir en el presente las alternativas
previstas, pero todavía no legisladas, en los Acuerdos
de San Andrés. Estas acciones han sido consideradas
por muchos como factores que pueden generar mayor tensión
en varias regiones. Por su parte, representantes de los gobiernos
estatal y federal han descalificado dichas acciones argumentando
que detrás de ellas hay ideas de "segregación
y anarquía". Esto es parte de una guerra de información
y desinformación en el afán de ambas partes
-EZLN y Gobierno- de inculpar al otro del estancamiento en
el proceso de paz. Según el presidente del PRI al
nivel estatal, la implementación del municipio autónomo
de Polhó constituyó el "detonador de la
violencia" en Chenalhó.
Mientras tanto, cuando el gobierno federal pretexta
problemas de "técnica jurídica" para no aceptar
la propuesta de ley de la COCOPA, para miles de indígenas
se trata de un asunto de vida y muerte.
Si el atentado cometido en la zona Norte contra los
obispos de la diócesis de San Cristóbal -así como
la agresión sufrida por la hermana del obispo Samuel
Ruiz- ya se podía interpretar como un ataque directo
a la CONAI y así al proceso de negociación,
el ambiente político y social para una posible reanudación
de los diálogos de paz se vislumbra hoy aún
más lejano.
La extensión y desplazamiento de la guerra entre hermanos
desde la zona Norte hacia los Altos de Chiapas, hace pensar
a varios analistas que los conflictos son parte de una estrategia
gubernamental para justificar la presencia del ejército
federal y de distintas policías estatales, cuya misión
sería intimidar y desarticular a comunidades enteras
que se han declarado bases de apoyo del EZLN. Esto nos vuelve al doble discurso del Gobierno
Mexicano quien por un lado llama a reanudar los
diálogos de paz y
por el otro, no sólo no reconoce los Acuerdos de San
Andrés, sino que sigue sin contener la violencia de
los grupos paramilitares. Las últimas incursiones
del ejército mexicano y el decomiso de armas, así como
los interrogatorios en la "zona de conflicto" van
en contra de lo establecido en la 'Ley del Diálogo
para la Paz y la Reconciliacion en Chiapas' de marzo de 1995.
La masacre en Acteal y la posterior militarizacion
de la zona es un ejemplo de esa estrategia. Cabe
destacar que
los muertos de Acteal eran partes de las "Abejas",
un grupo que aunque reconoce las demandas de la lucha zapatista
está en contra de la vía armada. En este sentido,
se puede leer la masacre como parte de una misma lógica:
se trataba de separar la población civil de la base
organizada zapatista, al implementar una estrategia de terror
que hace pensar en el caso de Guatemala durante las décadas
pasadas.
Con este clima de violencia y de inseguridad
extendido en varias zonas del estado, las elecciones
locales
previstas para octubre de este año pueden convertirse en un
foco de alta peligrosidad para el ya de por sí endeble
proceso de paz. Las autoridades civiles parecen rebasadas
por la realidad. La situación parece tan tensa como
para que pueda estallar en guerra civil en cualquier momento.
Organizaciones de Derechos Humanos y partidos de oposición,
hablaron de "ingobernabilidad" e incluso hasta
de cambiar el gobierno del estado.
Por su parte, las policías y el ejército con
la enorme presencia que tienen, no han podido garantizar
la seguridad de grandes regiones de la entidad. Después
de la masacre, el presidente Zedillo bien mandó a
5 mil soldados más en Chiapas, pero eso sólo
contribuyó a generar más protestas,
agudizando los riesgos de nuevos conflictos.
Mientras tanto, los grupos armados
de corte paramilitar que operan en las zonas Norte y
Altos del estado,
se ven lejos
del control de las autoridades, o tolerados por
ellas. Incluso, la prensa denunció un vínculo financiero directo
entre el gobierno local y "Paz y Justicia". Después
de la matanza y de pronto más que nunca, siguen las
amenazas sin que las autoridades hayan empezado a desarmar
dichos grupos.
El clima de "guerra sucia" que prevalece en el
estado empuja a todos, a tomar posiciones cada vez más
rígidas. Aunque ambas partes -Gobierno y EZLN- han
expresado reiteradamente su deseo de reanudar los diálogos
de Paz, las acciones y el discurso de ambos se han ido radicalizando.
En sus últimos comunicados, los zapatistas han arremetido
contra actores como la Jerarquía Católica y
organizaciones sociales e indígenas que siempre mostraron
simpatía y solidaridad con su lucha. Hoy son cada
vez más las voces que se levantan criticando algunas
posturas de los zapatistas o señalando sus errores.
Esto sin duda hace más grande el abismo entre sectores
de la sociedad civil organizada para la búsqueda y
apoyo de soluciones pacíficas al conflicto.
De hecho, si no se puede hablar de una culpabilidad
directa y concertada, las autoridades locales
y federales deben
reconocer y asumir su responsabilidad. El presidente
Zedillo parece
querer pensar que se trata de un problema local
del gobierno de Chiapas (a pesar de respaldarlo),
eludiendo
la responsabilidad
del gobierno federal. Por supuesto, se debe investigar
la participación del poder local, así como la
de la Seguridad Pública. Pero sería minimizar
la gravedad de la situación de afirmar, como lo hizo
el Procurador General de la República, Jorge Madrazo,
que se trata de un conflicto "intercomunitario e intrafamiliar".
Tampoco se debe olvidar que la Secretaría de Gobernación
estaba informada sobre la situación de Chenalhó y
sobre las amenazas proferidas por parte de los grupos paramilitares
en este municipio.
En un contexto tan desalentador, una chispa de
esperanza se aprecia en los resultados de las
elecciones de
julio pasado. El tema de la paz en Chiapas no
había sido un tema
prioritario en la agenda de los legisladores. Hoy comienza
a serlo, especialmente después de que la sangre de
muchos inocentes ha sido derramada. Será necesaria
más sangre y violencia en Chiapas para elevar a rango
constitucional los Acuerdos de San Andrés en materia
de derechos y cultura indígenas? Hasta cuándo
el gobierno federal cumplirá los acuerdos que firmó y
están plasmados en la propuesta de reforma constitucional
de la COCOPA?. El papel del Congreso de la Unión,
de los partidos políticos y de la COCOPA en las próximas
semanas será determinante.
En los últimos meses, sensible a la situación
que prevalece en México, la comunidad internacional
no ha dejado de poner atención y de aportar su "granito
de arena" para el proceso de cambio en México.
En ese sentido diversos organismos internacionales de derechos
humanos han solicitado al gobierno mexicano atender con mayor
celeridad los asuntos de violaciones a estos derechos. Sonado
fue el caso de la negativa del gobierno de recibir al secretario
general de Amnistía Internacional en su viaje a México
para presentar su informe y algunas recomendaciones. Igualmente
llamó la atención el reclamo al presidente
Zedillo de diversos organismos de derechos humanos en Francia
y Alemania, por la situación que el país vive
en esa misma materia.
En ese tenor, aunque en sentido contrario, no
dejan de ser preocupantes las recientes declaraciones
del gobernador
de
Chiapas (último informe de Gobierno, noviembre de
1997) y del presidente Zedillo (última visita a Chiapas,
noviembre de 1997) respecto a que las causas que motivaron
la rebelión zapatista están ahora suficientemente
diluidas y que por lo tanto se debe llevar la negociación
pacificadora "a sus últimas consecuencias".
Los acontecimientos de los últimos días del
año y los primeros de enero reflejan una realidad
muy distinta y contraria a lo expresado por ambos gobiernos.
Después de la matanza de Acteal, la comunidad internacional
(tanto las Naciones Unidas, como los Estados Unidos, la Unión
Europea y los principales organismos internacionales de Derechos
Humanos) ha expresado su indignación, exigiendo la
identificación y el castigo de los culpables. La Secretaría
de Relaciones Exteriores reaccionó con irritación
invocando la soberanía nacional y declaró que
no permitirá injerencia alguna en asuntos internos.
Lo grave de esto es que en los últimos años
el Gobierno Mexicano ha estado en los ojos de las más
altas instancias internacionales que vigilan este tipo de
violaciones. Se le ha hecho ver a distintos funcionarios
-a pesar de sus discursos e informes- el poco avance en esta
materia y se ha señalado la impunidad en el sistema
como una de las principales causas de los conflictos. Esperamos
que los recientes cambios en el gabinete, especialmente en
la Secretaría de Gobernación, y en la gobernación
de Chiapas reflejen una política más abierta
y comprometida en los hechos con soluciones políticas
de fondo y una voluntad mayor de alcanzar la paz justa y
digna para todos.
:: ENFOQUE
Chenalhó: Crónica de una masacre anunciada
En septiembre de 1997 estalló un conflicto latente
en el municipio de Chenalhó. Por ello miles de
indígenas huyeron de sus comunidades a causa de
la violencia desatada por parte de grupos paramilitares.
El conflicto tocó fondo al fin de diciembre del
año pasado en Acteal cuando decenas de paramilitares
masacraron a 45 desplazados.
Los antecedentes
La lucha se da entre militantes priístas y "cardenistas" (Partido
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional)
de un lado y los simpatizantes zapatistas del otro. Un
tercer actor que ha sido víctima de estos enfrentamientos
pero que no se reconoce como parte de ninguno de ellos
son "las Abejas", grupo con las mismas demandas
que los zapatistas, pero que no apoya la vía armada.
Las violencias se concentraron en las comunidades alrededor
de Polhó, sede del municipio rebelde y autónomo
de Chenalhó. Esta zona dispone de importantes
recursos naturales y económicos. El conflicto
empezó en mayo de 1997 con una disputa entre los
priístas y los zapatistas sobre la explotación
de un banco de grava y la cooperación para la
construcción de un camino.
La situación se agravó a mediados de septiembre
después de la marcha de los mil 111 zapatistas
al Distrito Federal. Esta muestra del poder zapatista
al nivel nacional incitó a los priístas
y "cardenistas" de Chenalhó a empezar
una campaña violenta en contra de simpatizantes
zapatistas.
En los ejidos de Puebla y de Los Chorros, las autoridades
priístas exigieron una cooperación para
financiar armamento y así preparar un ataque armado
contra el Ayuntamiento autónomo de Polhó.
Fueron secuestrados y golpeados quienes se negaron. Casas
fueron quemadas y 60 familias tuvieron que huir de la
comunidad de Los Chorros.
En los meses siguientes continuó la violencia
(asesinatos a ambos lados, quema de viviendas, robos,
ataques a mujeres) y se notó un incremento en
el tráfico de armas. A finales de octubre aumentó significativamente
el número de desplazados que temían nuevos
enfrentamientos.
En los últimos días de noviembre se estimó el
número de desplazados entre 2 mil y 4 mil 500
personas, la gran mayoría simpatizantes zapatistas
y "Abejas".
Todos estos acontecimientos no parecen casuales sino
partes de una táctica de debilitación de
la sociedad civil, particularmente de las fuerzas opositoras
al gobierno. Según testimonios de desplazados
la mayoría de los actos violentes fueron realizados
por paramilitares con respaldo de policías de
Seguridad Pública del Estado. En unos casos el
Ejército colaboraría en la agresión.
Parece que la violencia sigue el mismo patrón
que en la zona Norte.
Desplazados en las montañas
El 30 de noviembre y primero de diciembre una misión
de observación (con participación de SIPAZ)
visitó la zona. La brigada encontró durante
un recorrido de unas horas por las montañas a
unos 800 desplazados [AÑADIR: de varios partidos
políticos] de Los Chorros, Yibeljoj y Majomut.
En el boletín de prensa la brigada señaló: "Las
condiciones de salud, vestido, vivienda y alimentación
son críticas, pues sólo cuentan con algunos
plásticos rotos para guarecerse de la constante
lluvia y sólo tienen la ropa que traen puesta,
insuficiente y mojada. No tienen alimentos, agua potable
o condiciones para potabilizarla.".
Además la misión constató que en
la comunidad Pechiquil unos decenas de integrantes de
Las Abejas se encontraban en esta comunidad contra su
voluntad en un estado de virtual esclavitud. Hizo un
queja respecto a esto ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
El 3 de diciembre el subsecretario del gobierno, Uriel
Jarquín Gálvez aclaró que "en
Yibeljoj no hay casas quemadas y tampoco ha habido agresión
alguna". Empero, confrontada con la grave situación
de los desplazados en Chenalhó, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de Chiapas pidió al
gobernador Julio César Ruiz Ferro que "de
inmediato" adoptara las medidas cautelares para
los cientos de desplazados de varias comunidades de Chenalhó,
además garantías para su seguridad.
Signos de esperanza…
En las primeras semanas de diciembre el municipio constitucional
de Chenalhó y el municipio autónomo de
Polhó empezaron una mesa de diálogo, con
presencia de la CONAI, CNDH y otras organizaciones. Acordaron
un alto a la violencia, tolerancia mutua, apoyo a los
desplazados de todos lados, reconstrucción de
las viviendas quemadas y la instalación de una
Comisión de Verificación. Sin embargo,
unos días después, la comisión suspendió sus
actividades por falta de seguridad. La CONAI observó además
que había "dificultades en las negociaciones,
dado el entrecruzamiento de intereses estatales y una
estrategia contrainsurgente". Como no existían
condiciones favorables, los autoridades de Polhó decidieron
no asistir a la reunión de diálogo el 19
de diciembre. Por esa razón los priístas
decidieron suspender dicho diálogo.
La masacre de Acteal
En la mañana del 22 de diciembre llegaron decenas
de paramilitares vestido de negro a Acteal, donde estaban
refugiados dos a tres cientos miembros de Las Abejas.
Los paramilitares empezaron a disparar con armas de alto
calibre al grupo. En una carnicería que duró cinco
horas mataron a 45 personas: 9 hombres, 21 mujeres y
15 niños. Los atacantes persiguieron a las víctimas
hasta las cuevas y la cañada en donde estaban
huyendo. Los mutilaron con armas blancas y desgarraron
los vientres de mujeres embarazadas.
Testigos que lograron huir avisaron a Gonzalo Ituarte,
vicario de la Diócesis de San Cristóbal
de las Casas, una hora después del inicio de la
matanza. Él informó en seguida al secretario
del gobierno del estado, Homero Tovilla Cristiani, quien
le informó unas horas después que todo
estaba bajo control. No obstante su presencia a unos
cientos metros de distancia de la masacre, la Seguridad
Pública no intervino, tampoco después de
ser avisada por vecinos lo que estaba sucediendo.
El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet,
negó que el gobierno federal tenía responsabilidad
por razones de acción u omisión. Empero,
Raul Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal,
dijo que el 18 de octubre había enviada una carta
a Chuayffet en la que le advertía de ``los ambientes
de violencia'' prevalecientes en la zona. Después
de la masacre, Chuayffet admitió que había
recibido esta carta pero comentó: "quienes
cometen estos actos tienen a su favor dos ventajas: la
sorpresa y la clandestinidad. Es muy difícil,
prácticamente imposible, que todos los hechos
de violencia de este género se evitaran en el
mundo a partir del simple conocimiento del ambiente de
violencia''.
El 23 de diciembre, presidente Zedillo condenó el
ataque y anunció que el gobierno federal se haría
cargo de la investigación. Unos días después
de la matanza se arrestaron a unos 46 presuntos agresores
de afiliación priísta y cardenista. También
fue arrestado Jacinto Arias Cruz, presidente municipal
de Chenalhó, acusado de ser el instigador de la
masacre. Además el gobernador de Chiapas, Julio
César Ruiz Ferro y el Secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet, renunciaron en un clima de acusaciones
por su falla de prevenir el masacre.
Posteriormente llegaron 5 mil soldados más a Chiapas
de cuales 2 mil a Chenalhó. Las autoridades de
Polhó emitieron una protesta formal por la fuerte
presencia del Ejército y Seguridad Pública
en las cercanías de Polhó argumentando
que esa presencia da miedo a los habitantes y nunca fue
solicitada.
El 27 de diciembre en un operación de rescate,
con escudo de representantes de la Cruz Roja, la CNDH
y grupos civiles, se trasladaron tres mil 500 desplazados
de X'Cumumal a Polhó. Los desplazados habían
sido amenazados durante unas semanas por desconocidos
armados. El mismo día, con apoyo militar y de
la PGR (Procuraduria General de la República),
fueron liberados 500 personas secuestradas por priístas
en cuatro comunidades y trasladados a Polhó para
sumarse a los otros desplazados. De esa manera, con más
de 5 mil desplazados, Polhó se convirtió en
el campamento de refugiados más grande en Chiapas.
Aumentó también significativamente el número
de desplazados en San Cristóbal de las Casas,
que al fin del año se estimó en 500.
Hablando sobre la causa del conflicto el procurador general
de la República, Jorge Madrazo Cuéllar
comentó que "la matanza ocurrió por
conflictos intercomunitarios e interfamiliares".
Empero el presidente en turno de la COCOPA, Carlos Payán
Velver, consideró que hay una "altísima
responsabilidad" en ello del Presidente del República
y del gobernador de Chiapas. El EZLN culpó en
un comunicado el gobierno federal y estatal por los hechos
violentos.
MUJERES Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD
Con frecuencia, en los medios de comunicación,
se nos da a conocer la dimensión político-militar
de los conflictos que imperan en Chiapas. En muchas de
estas ocasiones se olvida que detrás de los saldos
de violencia ciertamente alarmantes (además de
las estadísticas cada vez más preocupantes
en cuanto a pobreza, malnutrición, analfabetismo,
etc.), se encuentran seres de carne y hueso, familias
y comunidades que intentan sobrevivir.
En efecto, el cese al fuego en enero de 1994 no ha significado
un fin de la violencia. El conflicto entre el gobierno
y el EZLN ha seguido y se ha extendido bajo las modalidades
de una cada vez más compleja Guerra de Baja Intensidad
(GBI): militarización y grupos paramilitares,
divisiones en las organizaciones y comunidades, guerra
informativa (vía rumores y medios masivos de comunicación),
etc. Este esquema contrainsurgente busca "quitarle
el agua al pez", es decir, aislar al EZLN de la
sociedad civil como base de apoyo material o social,
real o potencial.
En este contexto, la ya de por sí crítica
situación de las mujeres indígenas chiapanecas
ha empeorado. Poco se sabe sobre su realidad cotidiana.
Aquí dejamos hablar el corazón de esas
mujeres y escuchamos su voz como víctimas de la
GBI y como protagonistas del proceso de paz, desde su
propia realidad y sensibilidad.
COMO LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD AFECTA A LAS MUJERES...
Como seres humanos
Lo que más afecta la vida de las mujeres es que
sus actividades se ven más restringidas por la
presencia de "los ejércitos" -como los
llaman ellas- en sus comunidades. Tienen miedo (como
veremos con razón) de ir a la milpa, al río
a bañarse o a lavar su ropa, a recoger leña,
a vender sus artesanías.
Mujeres de Comitán y Las Margaritas se quejan
de los retenes militares: "Nos paran, nos piden
credenciales e informaciones sobre los zapatistas, sobre
los catequistas en nuestras comunidades, etc.".
De hecho, retenes y patrullajes, tanto de militares como
de grupos paramilitares, son parte de lo cotidiano en
muchas regiones de Chiapas. Una mujer de Tila nos da
su testimonio: "Estamos con hambre porque no podemos
trabajar, no podemos salir a comprar lo que necesitamos.
Ellos (el grupo paramilitar "Paz y Justicia")
están armados, por eso no podemos defendernos.
No nos dejan salir, ahí están cuidando
el camino, con armas en una camioneta. Y siguen armando
y armando a la gente".
Con frecuencia, las mujeres son las más expuestas
por ser las que se quedan en las comunidades con los
niños y los ancianos cuando los hombres huyen
al monte. Son las que dan la cara. El 22 de diciembre,
en la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó,
21 mujeres (de las cuales 4 embarazadas) fueron asesinadas.
Como mujeres
El conflicto repercute de manera diferente en las mujeres
que en los hombres. Como lo subraya Marta Figueroa del
Grupo de Mujeres de San Cristóbal, "la cuestión
de género es casi invisible, ni siquiera pensada,
pero siempre ha sido así en todas las guerras:
son un canal privilegiado para la reproducción
del miedo". También agrega Mercedes Olivera
(CIAM) que las mujeres son vistas como "un objeto
y un objetivo militar" en la medida en que son las "que
paren la siguiente generación de guerrilleros" y
de algún modo, representan "la medida para
tener ganada a una población". De hecho,
a través de acciones en contra de mujeres, se
trata de amedrentar y afectar el ánimo no sólo
de ellas como víctimas sino de toda la comunidad.
Hostigamientos y violaciones
Las amenazas de orden sexual son sistemáticas.
Según las organizaciones de mujeres de San Cristóbal,
existen muchos casos de hostigamientos y violaciones,
pero se hacen pocas denuncias. Rosalinda (en un taller
de mujeres indígenas) nos explica una de las causas
de este mutismo: "La violencia se vive en silencio
y repercute en nuestra salud física y también
la revertimos en nuestra contra, sintiéndonos
culpables. La violencia y el sometimiento se aprenden".
Terror y rumores
En uno de sus encuentros, las mujeres de CODIMUJ se dieron
cuenta que los rumores son lo que más divide a
las comunidades. Tere nos da un ejemplo de cómo
los rumores generan confusión y finalmente desinformación: "Otra
cosa son los rumores que se dan. Es la forma de información
de la gente. Por ejemplo, mi mamá me preguntaba
ayer si es cierto que se les da dinero para estar en
los 'Cinturones de Paz' (protección ofrecida por
la sociedad civil durante los diálogos entre el
EZLN y el gobierno federal)".
Esos rumores contribuyen a desarrollar un clima de tensión
a veces casi "paranóica". En muchas
comunidades, los movimientos de tropas (¿será una
de sus funciones?) agudizan aún más esas
inquietudes. Juana, de Amatenango del Valle, expresa
sus miedos : "El gobierno casi no quiere el diálogo.
Los priístas dicen que va a haber guerra. Por
eso creo que va a haber guerra. "
Prostitución
Otra forma de violencia contra las mujeres pasa por el
desarrollo de la prostitución. Muchas prostitutas
de 16-17 años son centroamericanas que entraron
de manera ilegal en el país sin que las oficinas
de Migración parezcan preocuparse. No obstante,
también se ven cada vez más casos de indígenas "que
van con los militares". Pagan 100 pesos por las
vírgenes, 50 por las otras; las más bonitas
son "reservadas" para los oficiales superiores
del Ejército. Al parecer, los militares las engañan
con promesas o se dejan convencer por la situación
de miseria en la que viven ellas y sus familias. Existen
también algunos casos de prostitución infantil,
de hijas vendidas o "prestadas" a los 11-13
años para aliviar situaciones de hambre. Es algo
que desprestigia mucho en las comunidades (lamentablemente,
a la niña, no a sus padres...).
Salud
Paralelamente a la prostitución, se multiplicaron
las enfermedades sexuales y se identificaron algunos
casos de SIDA. Marta Figueroa nos comenta: "En su
mayoría, los militares rechazan el uso de los
condones; en algunas ocasiones, en talleres de sensibilización
los botaron ostensiblemente en el suelo".
Según el testimonio de organizaciones de mujeres
de San Cristóbal, la tensión generada por
el conflicto se está reflejando hasta en el tipo
de enfermedades que presentan las indígenas, afecciones
que a veces son de carácter psicosomático
como gastritis, dolores de cabeza, etc.
Otro tema vinculado es el control que se puede ejercer
a través de los servicios de salud:
"Hemos
visto la presión sobre muchas compañeras
que han llegado a querer hacer uso de dichos servicios.
Siempre hay todo un interrogatorio de que si son o no
zapatistas, de dónde están ellas, etc."
(Yolanda,
K'nal Antsetik)
Como esposas y madres
La situación de conflicto constante y la crisis
económica generan un estado de angustia permanente
en la población. Entre otras manifestaciones,
esto se traduce en un aumento de la violencia intrafamiliar. "La
violencia afecta a todas las familias: unas la sufren
y otras la aprenden y la reproducen" (Francisca,
en un taller de mujeres indígenas). Además,
la presencia militar viene desarrollando una "cultura
de cuartel" que impacta negativamente la vida cotidiana
de las comunidades y de las familias (alcoholismo, drogadicción,
o como ya lo hemos visto prostitución y su corolario,
las enfermedades sexuales).
En tiempos difíciles, con un extraordinario sentido
de abnegación, las mujeres expresan que "su
corazón de madre" es lo que les dice qué hacer
al ver a sus hijos asustados, con hambre, enfermos; naturalmente,
su salud es una de las principales preocupaciones de
las madres. Para muchas de esas enfermedades de los niños "no
se puede hacer nada", según ellas, pero en
realidad son curables: en 1994, Chiapas ocupaba el primer
lugar nacional en cuanto a mortalidad infantil, siendo
la diarrea la principal causa de muerte. También
a las mujeres les preocupa el tema de la educación:
falta de maestros, escuelas cerradas por el conflicto
o -en comunidades divididas- a las cuales no asisten
los niños zapatistas.
Al mismo tiempo, se encuentran cada vez más hijos
de militares. Las madres viven su maternidad en condiciones
aún más duras emocionalmente, al ser señaladas
por la misma comunidad. Estas situaciones despiertan
en esas mujeres odios hacia ellas mismas o hacia su comunidad.
Muchas recurren al aborto como una forma de autocastigo.
Según Consuelo Lievano, iniciadora del Hogar Comunitario "Yach'il
Antzetik" (para mujeres embarazadas en circunstancias
difíciles), se pueden escuchar comentarios como "ahora
debo pagar porque me metí [en la prostitución]".
También subraya que después del 94 aumentó el
número de menores abandonados.
Otras madres expresaron en las reuniones su preocupación
por los hijos que van a las prostitutas o que llegaron
a incitar a sus esposas y hermanas a prostituirse. A
otros hijos, la presencia de "algo nuevo" que
les ofrece capacitación y empleo seguro, les conduce
a enlistarse en el Ejército.
De manera más general, también "afecta
su corazón" las divisiones que se producen
en el mismo espacio familiar. "Existen varios casos
de mujeres que denunciaron a sus maridos (ahora en prisión)
con datos inventados para proteger a sus hijos",
comenta Mercedes Olivera de CIAM. Tere nos confía: "Tengo
compañeras que tuvieron conflictos con sus esposos
o con sus hijos ya que ellos querían seguir con
la misma secuencia que antes -es decir que se quedaran
en la casa Los priístas dicen que va a haber guerra
'sirviéndoles'- y que no querían dejarlas
participar en algo más abierto". Hilaria,
de Oxchuc, quien tuvo que huir de su comunidad por divergencias
políticas, nos habla de su caso: "Antes había
personas de mi familia que no me hablaban; por eso me
salí. Ahora ya no me odian y voy a visitarlos.
Hubo bastantes broncas así en las familias".
Como amas de casa y/o trabajadoras
Como amas de casa, las mujeres son responsables del bienestar
(en este caso, más bien de la sobrevivencia) de
su familia. Tienen cada vez más dificultad para
abastecerse de lo mínimo necesario, debido a la
conjunción de dos factores: la escasez de la producción
(ciclos productivos rotos en varias regiones y en muchos
casos tierras escasas y malas) y el encarecimiento de
los productos. En efecto, con la presencia de militares
al lado de las comunidades, se ha desarrollado una economía "ficticia":
las mujeres lavan la ropa de los militares, les preparan
tortillas y comida; hasta tienen la oportunidad de abrir
una "tiendita" aunque sea de abarrotes. Si
a corto plazo pueden verse beneficiadas por esta nueva
fuente de ingreso, finalmente no resuelve los problemas
de fondo y provoca un aumento de los precios.
Así lo expresan mujeres de CODIMUJ: "Cada
día, el campesino es más pobre: trabaja
mucho y sus productos nunca se los pagan bien, los dan
casi regalados. Cada día alcanza menos la paga
porque a cada rato está subiendo la gasolina,
el arroz, el azúcar... todas las cosas".
Eso es más preocupante si tomamos en cuenta que,
según el último Censo, en Chiapas sólo
un 36,9% (un 69,2% en el país) de la población
ocupada percibe un salario mínimo o más.
La situación es aún más difícil
para los miles de desplazados. En la zona Norte por ejemplo,
se encuentran desplazados unos 4.100 indígenas
simpatizantes del EZLN (cifras publicadas en "La
Jornada" después de un encuentro entre delegados
de esos mismos desplazados); en Chenalhó, serían
más de 5000. Esta consecuencia de la violencia
intracomunitaria afecta particularmente a las mujeres: "Los
desplazamientos les quitan parte de su identidad, porque
la casa es su vida, donde ellas se realizan como mujeres.
Destruir las ollas y la ropa, es también destruir
el ámbito personal de ellas. Esas cosas son sus
responsabilidades" (Mercedes Olivera).
La GBI, finalmente, ha afectado a las mujeres como trabajadoras.
Ha habido casos en que el Ejército se ha instalado
en los mismos espacios de producción de las mujeres
(por ejemplo, en el cultivo de hortalizas) ; así perdieron
las cosechas y todo el tiempo que invirtieron en ese
trabajo. Otras veces, se les robó el poco "ganadito" que
tenían.
Yolanda (K'nal Antsetik) nos habla del caso de las mujeres
pastoras de los Altos: "Al tener miedo de salir,
las mujeres se fueron desprendiendo poco a poco de sus
borregos. Tal vez lo podemos ver como algo insignificante,
pero para ellas son animales sagrados, casi como hijos.
Es algo que está ligado a su trabajo telar. Esto
tuvo un costo tanto económico como emocional (...)
Vi sus preocupaciones reflejadas en la calidad de sus
textiles. Después de febrero del 95, la calidad
bajó y hasta ahora ha sido muy difícil
recuperarla".
Desde dicha fecha, con la entrada del Ejército
a las comunidades y por la polarización que esto
generó, las divisiones empezaron a acentuarse
también en las organizaciones de mujeres. El hecho
de aceptar o no los apoyos gubernamentales (aunque pudieran
ser mínimos) ha sido y sigue siendo otro motivo
de polarización.
MUJERES QUE TIENEN SU DESTINO EN SUS MANOS
En este contexto de GBI, debemos destacar la valentía
de muchas mujeres indígenas. Son menuditas, chaparritas,
encorvadas por la carga de leña o por el último
crío en la espalda, pero ¡qué fuerza
se puede leer en sus ojos! Alma, asesora en CODIMUJ,
comenta: "A pesar de la situación que está muy
conflictiva en varias zonas, las mujeres se siguen reuniendo
aunque nunca con muchas participantes (esas medidas de
seguridad son necesarias en particular en la zona Norte).
Paradójicamente, la participación hasta
aumentó desde el 94".
Al principio, parece que la rebelión zapatista
fue "como una chispa, un despertar, una efervescencia
donde nacieron más grupos de mujeres organizadas" (Yolanda,
K'nal). Empezó una participación más
abierta de ellas en marchas, en bloqueos de carreteras,
en los municipios autónomos (Amatenango del Valle,
por ejemplo)...
En el proceso de paz, durante los diálogos, han
estado presentes las mujeres, no sólo en los Cinturones
de paz y los turnos de guardia, sino en la discusión,
desde sus comunidades a través de sus grupos y
hasta en las mismas mesas de diálogo.
Tere recuerda sobre dichos Cinturones: "La cuestión
de fuerza la hacen los hombres, pero ya en la cuestión
de soportar este movimiento, la mayoría son mujeres.
Siento que por la misma forma que somos. Somos más
disciplinadas y nos aferramos en lo que tenemos que hacer.
Nos encargamos de lo vital. Eso representa mucho trabajo,
mucho esfuerzo, pero tiene mucho valor humano. La gente
te recuerda como la 'mama benefactorá ".
Recientemente, las mujeres mostraron nuevamente su valentía
al participar en varias manifestaciones. A final de agosto,
cuando se reinstaló el campamento militar en San
Cayetano, ellas estaban al frente de las protestas. En
Chenalhó, a fines de noviembre, varias mujeres
fueron agredidas cuando formaron una valla para intentar
impedir el paso de militares. En este mismo municipio,
crearon un grupo al que llamaron "Organización
Derecho de Mujeres de San Pedro Chenalhó" que
ha estado muy activo para denunciar los acontecimientos
violentos que vivieron.
Las mujeres también intentan impulsar sus propios
espacios, a través de los Encuentros Estatales
llamados "Caminamos juntas hacia la paz". Otros
esfuerzos de acercamiento se dan por ejemplo en RECEPAC
(coordinación de cooperativas de artesanas con
distintas ideas políticas) o CODIMUJ (Coordinadora
Diocesana de Mujeres). En uno de los encuentros de dicha
coordinadora, una de las conclusiones fue que ellas deberían "trabajar
por la unidad. Esto no quiere decir que todas estemos
en una misma organización, sino aprender a trabajar
juntas."
A pesar de la GBI y de los dolorosos efectos en las mujeres,
se ha generado en Chiapas un alentador proceso de concientización
y esperanza. Yolanda recuerda a una señora de
unos 60 años que participaba en los Cinturones
de paz: "el que mis ojos puedan ver esta esperanza
de cambio, aunque me muera, me muero tranquila, porque
por primera vez estoy viendo que hay esta posibilidad,
que se están moviendo las cosas."
- CIAM: Centro de Investigación y Apoyo a la Mujer
basado en San Cristóbal de las Casas
- CODIMUJ: Coordinadora Diocesana de Mujeres creada
hace 5 años .
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