:: SUMARIO Y ACTUALIDAD

Chiapas: elecciones en un campo minado

Los analistas de todas las tendencias coinciden en que las recientes elecciones del 6 de julio para renovar el Congreso y elegir algunos gobernadores -principalmente y por primera vez, el del Distrito Federal- serán un parte aguas en la historia de la lucha democrática en México. El hecho de que por primera vez la capital del país sea gobernada por la oposición, y que ésta tenga en el Congreso un peso real que contrarreste la histórica hegemonía del partido oficial, constituye un avance por demás significativo para la transición hacia un sistema político plural, que permita la alternancia en el poder de diferentes opciones partidarias.

En la nueva geografía electoral, el PRI perdió su histórica mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Según los datos difundidos al momento de cierre de este informe, al partido gobernante le corresponderían hasta 238 diputaciones, al PAN 124 y al PRD 123. El abstencionismo a nivel nacional fue del 40%, uno de los más bajos de la historia.

En Chiapas, sin embargo, estas elecciones estuvieron marcadas por la violencia y el abstencionismo (según Alianza Cívica, más del 65%). Hasta último momento persistieron las contradicciones y polémicas entre quienes sostenían que existían condiciones para realizarlas -fundamentalmente, el Instituto Federal Electoral y los mandos militares del estado- y quienes denunciaban la falta de garantías: Consejeros ciudadanos, el PRD, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Alianza Cívica, organizaciones indígenas y campesinas.

Entre la falta de condiciones, se mencionaban: ubicación de casillas cerca de campamentos militares, en comunidades priístas o controladas por el grupo armado "Paz y Justicia"; rechazo de muchas comunidades zapatistas a la instalación de las casillas; ataques y emboscadas de grupos armados; aumento de los patrullajes y la presencia militar en las zonas Altos, Selva y Norte.

Rompiendo su prolongado silencio, el 1 de julio el EZLN dio a conocer un extenso comunicado, en el cual:

• reitera la concepción política del zapatismo: democracia radical más allá de los partidos, nueva relación entre electores y elegidos, protagonismo de los nuevos actores emergentes de la sociedad civil (movimiento indígena, organizaciones no partidarias);
• caracteriza al "México nuevo", destacando el agotamiento del sistema de partido de Estado, el deterioro del presidencialismo y su pérdida de legitimidad;
• sostiene que "las comunidades indígenas, zapatistas y no zapatistas, del sur y sureste mexicano han decidido no participar" en el acto electoral:
  • como protesta por la militarización y el ambiente de guerra civil promovido por los gobiernos federal y locales;
  • como protesta por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre los derechos democráticos de los pueblos indios;
  • como llamado de atención a los partidos políticos por su falta de propuestas serias y trabajo político en el seno del movimiento indígena nacional.

Ya antes de este pronunciamiento, en las comunidades zapatistas de la Selva la decisión de no votar era unánime. También en la zona Norte, simpatizantes zapatistas declararon que no concurrirían a las urnas por la inseguridad y la violencia que reina en la región. En otros municipios donde persisten conflictos postelectorales desde 1995 -como San Andrés Larráinzar- o donde coexisten autoridades oficiales y "rebeldes", la oposición -también mayoritariamente zapatista- declaró que no asistiría al acto electoral porque no confía en un sistema que siempre beneficia al oficialismo.

Por las razones antes expresadas, se esperaban en el sureste mexicano algunas irregularidades. Lamentablemente, el pequeño número de observadores electorales en Chiapas no pudo cubrir ni el 50 % de las casillas. Aunque las cifras todavía no son definitivas, se calcula que de las 200 casillas que no se instalaron en todo el país, casi el 80% dolorosamente corresponden a Chiapas (Alianza Cívica habla de alrededor de 160 casillas no instaladas); a ello se suma la quema y robo de papelería, los bloqueos de algunas carreteras y otras acciones para impedir o dificultar el voto, por lo que Chiapas constituyó el estado más problemático para las autoridades del Instituto Federal Electoral.

Alianza Cívica observó además, en menor grado, otras irregularidades en Chiapas, como la inducción y la falta de secreto en el voto, la falta o no correspondencia de los funcionarios electorales de casillas con las listas publicadas, propaganda de algún partido político en casillas y acarreo de votantes.

Una semana después de la elección, todavía estaban impugnados los resultados en los tres distritos correspondientes a las zonas de conflicto (Altos, Norte y Selva). En ellos, el nivel de irregularidades podría determinar la anulación de los comicios. La mayor quema de papeles y urnas para impedir la instalación de casillas se dio en la Selva, la zona de mayor influencia zapatista.

Los observadores han interpretado este hecho en el contexto de violencia, impunidad, injusticia, guerra y ocupación militar que se vive en Chiapas, y fundamentalmente de descrédito en el sistema electoral y en las instituciones políticas, que a tres años del alzamiento no han respondido a las demandas indígenas.

CONFLICTOS DE NO TAN BAJA INTENSIDAD

Mientras el proceso de paz continúa congelado, la violencia en Chiapas ha aumentado en los últimos meses hasta límites verdaderamente alarmantes. La polarización creciente y los enfrentamientos entre civiles en diferentes comunidades, principalmente de la zona norte, y los saldos en muertos, heridos y desplazados, son ya parte de las noticias cotidianas a las que la opinión pública se va acostumbrando peligrosamente.

En los últimos dos años, más de 4000 desplazados internos, alrededor de 300 muertos y un centenar de presos fue el saldo de la violencia en la zona Norte de Chiapas. Sólo en los primeros tres meses del año, 2419 personas tuvieron que abandonar sus comunidades, 768 fueron detenidas y 22 asesinadas (datos de CONPAZ).

Los conflictos que en un principio se limitaban a los cuatro municipios de población chol -Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua-, hoy se han extendido a otros vecinos -Palenque, El Bosque, Chilón-, llegando a afectar algunos de los Altos -Chenalhó, Pantelhó- y del Centro -Venustiano Carranza.

El grupo priísta "Paz y Justicia", antes concentrado en el municipio de Tila, está actuando con singular beligerancia en el de Sabanilla, donde entre el 22 y el 24 de junio realizó ataques y emboscadas a simpatizantes zapatistas, dejando un saldo de cuatro muertos (incluidos dos menores de 11 y 15 años), ocho heridos y decenas de desplazados. Los hechos parecen ser una venganza por la muerte no aclarada de un integrante de "Paz y Justicia", ocurrida el 15 de junio.

En el municipio de Chilón, a un año de los ataques sufridos en Bachajón, los pobladores han denunciado la reactivación del grupo armado "Los Chinchulines", que recientemente ha hostigado a varias familias, quemado dos casas y amenazado de muerte al presidente municipal perredista.

Resulta notable que la masiva presencia de la policía estatal y el ejército federal en la zona Norte no sirva para impedir o poner fin a estos hechos de violencia. Por el contrario, la población civil ha denunciado que las fuerzas de seguridad sólo contribuyen a agudizar los antagonismos entre los indígenas.

Otro factor de división y conflicto es la política proselitista y discriminatoria en la distribución de los recursos gubernamentales. En su reciente visita a Chiapas, el Presidente Zedillo anunció que en 1997 este estado recibirá 2.200 millones de dólares, el mayor presupuesto otorgado por el gobierno federal a ningún estado. Sin embargo, se sabe que los programas económicos se canalizan generalmente con criterios clientelistas a través de organizaciones pro gubernamentales, como ARIC-Oficial y SOCAMA.

Por otro lado, la movilización popular se centró, en los últimos dos meses, en la caravana "Wejlel" (que significa "libertad" en chol). El 25 de abril, unos 200 desplazados choles de la zona Norte de Chiapas rompieron el cerco de "Paz y Justicia" y marcharon hacia la capital del estado en demanda de libertad para los presos políticos, cese de la violencia paramilitar y de la persecución política, indemnización por los bienes robados y destruidos por los priístas, garantías y apoyo para el retorno de los desplazados, etc. Desde entonces, los delegados de los desplazados y los representantes del movimiento de presos políticos "La Voz de Cerro Hueco" mantienen un plantón ante el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

A partir de allí se inició un complejo proceso de negociaciones con el gobierno estatal, cuyo único resultado, hasta el momento, ha sido la liberación de 31 presos (incluidos los 24 de San Pedro Nixtalucum; SIPAZ Año 2 No.2 ), quedando todavía 61, la mayoría de la zona norte. Como han señalado reiteradamente los abogados defensores, se trata de sentencias judiciales realizadas sin las garantías del debido proceso (delitos prefabricados, acusaciones sin pruebas, confesiones bajo tortura, etc.). La única finalidad que se persigue es la eliminación de los opositores al partido oficial. Es interesante anotar que ningún priísta se encuentra preso, aun cuando pesan graves acusaciones contra algunos dirigentes de "Paz y Justicia".

EL PROCESO DE PAZ SEGÚN SUS PROTAGONISTAS

Si bien el cambio de la delegación gubernamental para el Diálogo de San Andrés ha sido una señal positiva de parte del gobierno federal -atendiendo el reclamo de los zapatistas-, hasta el momento no se han conocido propuestas concretas para la reanudación del Diálogo. Pedro Joaquín Coldwell ha manifestado su disposición de reunirse con todas las partes implicadas en el proceso y escuchar las diferentes valoraciones a fin de conocer mejor la situación.

El EZLN, por su parte, guarda silencio sobre el proceso de paz. No se ha pronunciado sobre la designación del nuevo delegado gubernamental, ni sobre la última propuesta de la COCOPA. Su postura ha sido, en los últimos meses, no tomar ninguna iniciativa hasta que el gobierno federal dé muestras claras de su voluntad real de cumplir con las condiciones exigidas por los zapatistas.

Paralelamente, las bases civiles del EZLN se han mostrado activas en el proceso de consolidación de los municipios rebeldes y regiones autónomas, delimitando sus territorios, eligiendo y renovando sus autoridades en verdaderos actos políticos presididos por sus comandantes. En las zonas más conflictivas, se observa también una tendencia de los civiles zapatistas a responder a las provocaciones y agresiones armadas, lo que significa una amenaza para el cese al fuego todavía vigente.

En abril, después de la muerte del senador Heberto Castillo, uno de los miembros más destacados de la COCOPA, ésta volvió a tomar la iniciativa para buscar una salida al estancamiento del proceso de paz, proponiendo la instalación de una "mesa de coyuntura" donde, con la participación amplia de todos los actores involucrados, se abordara el tratamiento y solución de los conflictos en la zona Norte.

La CONAI, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil chiapanecas recibieron favorablemente esta propuesta. Lamentablemente, ni el gobierno federal ni el estatal la apoyaron. El segundo, por el contrario, propuso a los representantes de la zona Norte la creación de tres mesas diferentes para negociar por separado los temas económico, jurídico y político. De esta manera, el gobierno del estado se constituye en árbitro del conflicto, cuando en realidad es parte en el mismo. El resultado de esta maniobra está a la vista: a casi tres meses, ninguna de las mesas fue instalada.

Otros elementos muestran el afianzamiento de una línea dura en el gobierno del estado, que no parece buscar otra cosa que la confrontación y la agudización de los conflictos:

• el Congreso estatal, sin previo aviso, sustituyó a su representante en la COCOPA, el diputado priísta Juan Roque Flores, quien se había caracterizado por mantener una postura independiente y progresista en el organismo mediador. Su sustituto, en cambio, se ha ubicado en la COCOPA "como una contraparte gubernamental", al decir de uno de sus integrantes;
• el mismo Congreso ha impulsado unilateralmente las actividades de una Comisión de Remunicipalización y Redistritación, cuya labor ha generado rechazo por parte de las bases civiles del EZLN y agudizado los enfrentamientos entre ellas y los priístas.

El 8 de junio la CONAI emitió un pronunciamiento donde afirma que

"El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés ha puesto en crisis, no sólo el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, sino la misma vía de la negociación política como camino de solución pacífica de todos los conflictos. Si lo que se pacta no se cumple, se afecta la confianza y se vuelve imposible cualquier avance".

La CONAI expresa también su preocupación por la violación creciente de los derechos humanos y la escalada de violencia en los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero, donde a fines de mayo se registraron enfrentamientos entre el EPR y el ejército federal. Las principales víctimas de estos sucesos son, como de costumbre, la población civil y las organizaciones populares, contra las que se desata la represión indiscriminada; las cifras de muertos, detenidos y desaparecidos crecen de manera alarmante entre las comunidades indígenas de estos estados.

Finalmente, la CONAI exhorta a todos los actores políticos y a la sociedad civil a movilizar sus recursos y capacidades para lograr:

• la reforma constitucional para cumplir con los Acuerdos de San Andrés
• la liberación de los presos por motivos políticos
• el establecimiento de la mesa de coyuntura propuesta por la COCOPA para solucionar los conflictos regionales, especialmente el de la zona Norte
• la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos firmados
• el respeto a la voluntad ciudadana y popular en el acto electoral del 6 de julio.

A fines de junio, la prensa de Chiapas desató una nueva campaña de ataques y difamación contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan apoyando al proceso de paz. Las acusaciones sobre enriquecimiento y uso de fondos provenientes de la solidaridad internacional para "acciones antigubernamentales y desestabilizadoras", usando información confidencial sobre esos fondos, mostraron que la diócesis y las ONGs son objeto de actos de espionaje.

MÉXICO PIERDE PUNTOS EN LA OPINIÓN INTERNACIONAL

El gobierno mexicano sigue siendo objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos por el incremento de las violaciones a los mismos y la impunidad en que se mantienen, principalmente cuando se trata de violencia política cometida contra opositores en los estados y regiones más conflictivos del país.

Entre abril y mayo, la expulsión del territorio mexicano de casi veinte observadores internacionales que realizaban visitas a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero -incluidos miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura- causó profunda preocupación y malestar en la comunidad internacional.

El 30 de abril, Human Rights Watch-Americas presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Con abundante documentación de casos relativos a la violencia política en las zonas Norte y Selva de Chiapas, el documento afirma que "La impunidad sigue siendo la regla general para los violadores de los derechos humanos y partidarios del gobierno". También sostiene que, en el caso de las autoridades estatales de Chiapas, se da "una práctica sistemática de aplicación discriminatoria de la justicia".

Al respecto, el mismo Jorge Madrazo, Procurador General de la República -y anterior Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- ha señalado en más de una oportunidad que la administración de justicia en México atraviesa por una grave crisis de eficacia y credibilidad.

En su informe de 1996, Amnistía Internacional sostiene que en México hay decenas de prisioneros de conciencia condenados sin el debido proceso; que el año pasado hubo decenas de ejecuciones extrajudiciales, veinte detenciones-desapariciones y que las fuerzas de seguridad torturaron a centenares de detenidos, incluyendo menores, periodistas, miembros de minorías étnicas, defensores de los derechos humanos.

El 4 de mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó duramente el informe presentado por el gobierno mexicano, calificándolo de "teórico, impreciso y carente de datos". El Comité "constató con preocupación la profunda dicotomía entre la ley y su aplicación".

Similares reacciones provocaron en la opinión internacional las negativas y resistencias del gobierno mexicano a que la Academia Mexicana de Derechos Humanos recibiera subsidios de la Unión Europea para monitorear el proceso electoral en el Distrito Federal.

Contribuyendo aún más al deterioro de su imagen internacional, el gobierno mexicano está impulsando en el seno de la OEA una campaña para modificar los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de impedir que las organizaciones no gubernamentales puedan presentar denuncias contra los gobiernos que violan los derechos humanos.

Por otro lado, si bien la histórica visita del Presidente Clinton a México se interpretó como un respaldo del gobierno norteamericano al Presidente Zedillo -principalmente a su política económica-, los encuentros de Clinton con la oposición y de Madeleine Albright con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos fueron señales de que la Administración norteamericana no es indiferente al proceso de transición democrática que se vive en México, ni a los nuevos actores políticos y sociales que lo impulsan. El Presidente Clinton elogió también los comicios de julio y sus resultados como un avance de ese proceso.

:: ANALISIS

El frágil y violento escenario de Chiapas nuevamente se vio desplazado por el acontecer político nacional. Y es que no era para menos. El reciente período electoral acaparó la atención de los medios y de la opinión pública nacional, desde el inicio de las campañas al comienzo del año hasta estos días posteriores a la elección.

Sin lugar a dudas, los comicios electorales del 6 de julio pasado, y en esto coinciden autoridades federales, electorales, partidos políticos, organizaciones cívicas, observadores nacionales e internacionales, han sido los más copiosos, transparentes, tranquilos y apegados a derecho en la historia moderna de México.

La jornada electoral que muchos califican de histórica, ha arrojado un nuevo y significativo escenario político en el marco de la democratización del país. Los avances de la oposición, particularmente el PRD y el PAN en las gubernaturas de la ciudad de México y los estados de Nuevo León y Querétaro respectivamente, así como el aumento en sus posiciones en la cámara baja del Congreso, hablan de una nueva correlación de fuerzas a nivel nacional y de un viraje importante que posibilita una nueva y mejor forma de hacer política en México.

En esta nueva configuración plural, competitiva y equilibrada del espectro político nacional, reflejada particularmente en el Congreso, se podría enraizar una nueva esperanza para dar un rumbo diferente a los principales problemas de la nación: la política económica tan cuestionada, el desempleo, la conflictividad social y por supuesto el proceso de paz en Chiapas.

Es comprensible que el acto electoral no tuviera en los estados de mayor marginación, conflictividad y alta población indígena como Chiapas, Guerrero y Oaxaca , la misma significación que en el Distrito Federal, en donde los ciudadanos estrenaron su derecho a elegir a sus gobernantes.

La militarización, la violencia política, el deterioro de la calidad de vida y de la convivencia comunitaria, la indiferencia oficial respecto de las demandas indígenas plasmadas en los Acuerdos incumplidos de San Andrés, constituyen las preocupaciones primordiales de las comunidades indígenas de Chiapas.

Sus formas de vida y de gobierno, de organización social y administración de la justicia, pasan por otros tiempos y otras lógicas que las determinadas por las coyunturas electorales y el sistema político. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de reconocer, comprender y respetar la realidad peculiar de los pueblos indígenas incorporando a la Constitución los primeros Acuerdos firmados en San Andrés hace un año y medio.

Con esa cuenta pendiente, es comprensible que los pueblos indios de Chiapas hayan visto con indiferencia y escepticismo un proceso electoral al que sienten ajeno. Sin embargo, varios analistas señalan que lo ocurrido en Chiapas el 6 de julio pone en evidencia que no es posible avanzar en el proceso de democratización en México ignorando que en ese estado persiste un hondo y no resuelto conflicto.

Por otro lado, la crisis prolongada del proceso de paz ha contribuido a agudizar los efectos de la guerra de baja intensidad que ya lleva tres años. La creciente polarización y división al interior de las comunidades indígenas constituye el éxito más visible de la estrategia contrainsurgente. Ese éxito no radica en el simple debilitamiento de las bases de apoyo del EZLN, sino en un daño mucho más profundo y de más largo plazo, ya que apunta a la destrucción misma de la cultura indígena en lo que ella tiene de más genuino: la organización social, económica y política en torno a las relaciones comunitarias.

Al mismo tiempo, la polémica y accidentada jornada electoral, así como sus cuestionables resultados, ha acentuado los antagonismos entre fracciones a nivel de las comunidades indígenas.

En este proceso de deterioro de la convivencia social y de radicalización de los conflictos ideológicos -ya sean partidarios o religiosos-, el gobierno del estado de Chiapas tiene una responsabilidad muy directa. Su estrategia de dilatar las mesas de negociación para desgastar al interlocutor, de hacer jugar a la policía estatal un papel de acicate para agudizar los enfrentamientos entre civiles, o de condicionar la entrega de recursos a las comunidades a su adhesión al partido oficial, pone en evidencia su voluntad de hacer fracasar el proceso de paz. En este momento, la mayor debilidad de ese proceso es que las negociaciones sobre la zona Norte están en manos del Ejecutivo de Chiapas.

Es necesario elevar el nivel de la negociación y sacarla de los estrechos límites del estado, para que el conflicto de Chiapas vuelva a ser un tema de la agenda nacional. Un fracaso del proceso de paz en Chiapas sería un mensaje peligroso en un México convulsionado donde el descontento social se expresa cada vez más por medios violentos. En cambio, de destrabarse el proceso de paz, Chiapas podría convertirse en un laboratorio de resolución de los conflictos políticos por medios pacíficos, y donde se consolidara una nueva relación de la nación mexicana con sus pueblos indios. Así lo expresó el diputado priísta de la COCOPA Jaime Martínez Veloz al día siguiente de los comicios en "La Jornada":

"En este momento de triunfo cívico, debemos recordar la deuda que hace unos días nos recordaba, como lo ha hecho en los últimos años, el EZLN: hay un compromiso con los mexicanos indígenas que debe cumplirse para hablar plenamente de madurez democrática en México".

Pasada la euforia electoral, tanto el Ejecutivo federal como el nuevo Legislativo, con una COCOPA renovada, deberían abocarse a reanudar los esfuerzos negociadores para avanzar en la búsqueda de una paz digna y justa en Chiapas.

:: ENFOQUE

LA RECONCILIACION: Una oportunidad a la Paz

INTRODUCCIÓN: UNA REALIDAD LACERANTE

En México, a lo largo de todo el territorio nacional la polarización como fenómeno social se ha ido agudizando cada vez más. En cualquiera de los aspectos en que a la sociedad mexicana se vea, se podrá observar un abismo doloroso cada vez mayor entre los diferentes grupos o sectores de la población. Ya sea por ideas políticas o situación económica, por el origen racial e incluso por las ideas religiosas. Lo grave de esto, es que se ha ido haciendo casi regla popular, el que no se pueda ser diferente y convivir o trabajar en lugares o proyectos comunes. Y más aún, se han ido generalizando las formas violentas de expresar el rechazo a quienes piensan, creen y viven diferente, llegando incluso hasta la muerte.

Chiapas es quizá una de las muestras más significativas a nivel nacional de este fenómeno. Los niveles de violencia ocasionados por diversos hechos, entre los que se podría mencionar las divisiones políticas, pugnas por el poder local, viejos y nuevos problemas agrarios, intolerancia religiosa, etc., han alcanzado ya cifras alarmantes. Tan sólo en lo que va del año se han registrado ya alrededor de medio centenar de muertos.

Estos acontecimientos y otros igualmente preocupantes: como el congelamiento de los diálogos de Paz; el debilitamiento de las instancias de mediación; la falta de voluntad de autoridades para promover espacios de negociación; la carencia de instancias civiles alternativas que desarrollen formas creativas para revertir esta dinámica de violencia; las maneras cada vez más frecuentes y menos humanas de enfrentar los conflictos, etc., nos han hecho reflexionar y buscar de qué manera podemos animar a los actores a no claudicar en la búsqueda de formas pacíficas para enfrentar sus diferencias.

Al igual que muchos actores importantes en el escenario chiapaneco y nacional, que valoran la situación como sumamente grave y peligrosa, con focos rojos en diferentes partes, consideramos que es de vital importancia y de gran urgencia fortalecer de una manera creativa, los mecanismos políticos para encarar los conflictos que vive el estado y la nación.

Es por eso que en SIPAZ, en el deseo de apoyar cualquier esfuerzo de Reconciliación y de Paz, hemos decidido abrir en nuestro informe trimestral, un nuevo espacio en donde se recojan experiencias de distintos ámbitos de la vida chiapaneca (social, cultural, política, religiosa, etc.) en donde ante diferencias o conflictos entre grupos o comunidades se esté optando y con buenos resultados por la vía de la negociación y el diálogo. Han sido varias las experiencias que mediante este estilo han ido avanzando significativamente en los niveles de acuerdos mínimos, de tolerancia y de convivencia entre partes encontradas.

EL CAMINO DE LA PAZ PASA POR LA RECONCILIACIÓN

Consideramos que la Reconciliación sostenible y profunda en esta sociedad cada vez más dividida es una tarea de largo plazo y que nos debe involucrar a todos, y no sólo a las distintas autoridades o actores que representan al pueblo.

Creemos que la perspectiva religiosa y de las Iglesias es un campo privilegiado para promover valores humanos que se fundamenten en el respeto a la persona. No deben prestarse las Iglesias al juego de convertirse en factores de desunión, y menos aún de confrontación.

"El mensaje de Cristo no habla de teorías sino de cosas bien concretas. Se trata de unir nuestros esfuerzos con hombres y mujeres conscientes de la urgencia de la Reconciliación, la Paz y la Justicia. Despojándonos de intereses denominacionales o partidistas, ver a la persona humana, a nuestros pueblos con compasión."
- Abdías Tovilla, asesor jurídico del Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas, CEDECH.

El lenguaje y las doctrinas religiosas están llenos de valores que podrían ser sustancialmente elementos de respeto y tolerancia de los demás, especialmente los más pobres y sufrientes. Así lo expresaron los Obispos que visitaron Chiapas en los primeros meses de este año:

" La fe en Cristo resucitado concretamente implica ayudar al desprotegido y no cometer injusticias, compartir lo propio y no hacer daño a nadie, optar por el perdón y los métodos pacíficos y legales y no por la violencia y la venganza, valorar a los pequeños y evitar discriminaciones y racismos ".
- Declaración de la Comisión de Obispos para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, No. 8

El proceso de Paz es algo que se construye paso a paso, atendiendo a una serie de consideraciones estructurales y coyunturales. No es algo que se consiga aplicando una fórmula mecánica. Ni es algo que se obtiene con la sola firma de unos acuerdos. Especialmente en donde el tejido social ha sido tan fracturado y dividido, como es el caso chiapaneco.

Lo verdaderamente profundo del proceso de construcción de la Paz, es el proceso de Reconciliación, es decir, el restablecimiento y la reconstrucción de una serie de relaciones sanas, horizontales y verticales entre todos los actores, que les permitan hacer que los centros de población sean "verdaderas comunidades y no simples caseríos".

Es necesario ir sentando bases firmes, que sean señales positivas que hablen de una verdadera voluntad de los actores por resolver los conflictos por medios pacíficos.

SENTANDO LAS BASES DE LA PAZ

En el caso de Chiapas varias personas han expresado cuáles serían esas condiciones mínimas que posibiliten, en este caso, la reanudación del Diálogo de Paz, y al mismo tiempo abonen la tierra para la recreación de la convivencia social. Muchas de ellas han coincidido en lo esencial. Ustedes podrán conocer las de la CONAI en la Actualidad de este informe y la del senador priísta Pablo Salazar integrante de la COCOPA en el recuadro.

Si no se atiende a lo mínimo como algo elemental para avanzar en la resolución del conflicto, difícilmente se podrá llegar a acuerdos eficaces. Más aún, si no se atiende al nivel de las relaciones y se insiste sólo en la firma de documentos y cambios impulsados unilateralmente, se puede entrar en situaciones que resulten ineficaces y hasta ofensivas para una de las partes. Esto es algo que hemos venido viendo en las primeras fases de este Diálogo (mesas 1 y 2), en donde las partes firmaron los primeros acuerdos, mismos que 17 meses después no se han cumplido, o en donde el gobierno del estado ha comenzado a implementar unilateralmente una serie de medidas supuestamente para cumplir con los Acuerdos de San Andrés. A nivel internacional el caso de Palestina e Israel es un ejemplo claro de esta situación. John Paul Lederach, Director del Programa para la Construcción de la Paz, de la Universidad Menonita del Este, insiste constantemente en esta idea como clave en la visión de largo plazo para la transformación de conflictos: "Debemos empezar a entender que la firma de los Acuerdos de Paz no son el punto final, sino el punto de partida de un largo proceso de Reconciliación al que todos deben aportar constructivamente."

Así como no hay fórmulas mecánicas que nos permitan alcanzar la paz, tampoco hay fechas mágicas que lo consigan. Tal ha sido el caso de la firma de los primeros acuerdos el 16 de febrero de 1996, o la liberación de los presos acusados de ser zapatistas, o la conformación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, o incluso las elecciones pasadas del 6 de julio. Si bien son hechos que permiten avanzar, y que pueden influir sustancialmente, no depende de ninguna de ellas en sí mismas la construcción de la paz.

Al mismo tiempo se hace necesaria una gran transformación que esté apoyada en una nueva mentalidad que nos permita cambiar las relaciones y ver al otro como igual y diferente al mismo tiempo. Esto sería crear una cultura diferente, una cultura que posibilite la paz.

"Una cultura que nos enseñe que ser diferentes no nos debe llevar necesariamente a la confrontación. Que posibilite espacios de diálogo que permitan alcanzar acuerdos mínimos de respeto y tolerancia, aunque esto no sea todavía la Reconciliación "
- Elizabeth Polito, integrante de la Comisión para la Unidad y la Reconciliación Comunitaria-CORECO

Un esfuerzo de esta naturaleza nos permitiría en el principio "humanizar el conflicto" como expresó el senador Salazar. Ya que la vida en Chiapas hoy se rige por la violencia y la intolerancia. Este esfuerzo debe contar con el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas, de las iglesias, de todos los sectores de la población.

LOS PRIMEROS PASOS

Varios han sido los esfuerzos que se han venido dando en esta dirección. Queremos recoger algunos ejemplos que en los próximos números iremos profundizando. Sin duda la más pequeña experiencia de resolución de un conflicto por la vía del diálogo nos puede enseñar algo.

En el campo religioso, desde hace casi dos años líderes de distintas denominaciones se han venido reuniendo en el Concejo Interreligioso de Chiapas, no solo para ayudar a la solución de conflictos que tienen matices religiosos, sino a mostrar a sus bases que se puede pertenecer a distinto credo religioso y al mismo tiempo trabajar juntos y convivir como iguales.

Así mismo, se promovió en abril pasado un encuentro ecuménico al que asistieron pastores, religiosas y laicos de diferentes iglesias cristianas de los Altos y la Selva. De este encuentro salió el compromiso de hacer un segundo en septiembre para seguir reflexionando cómo las iglesias y agrupaciones religiosas pueden apoyar procesos de reconciliación en las comunidades.

"Estamos convencidos que la Vida de la Palabra de Dios nos ayuda a ser constructores de Paz, de ello han dado testimonio muchos de nuestros hermanos que, antes de dejarse llevar por venganzas... han antepuesto el mandato divino del amor y del perdón a quienes les ofenden. "
- invitación al II Encuentro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación en Chiapas.

En el nivel político también se han dado experiencias interesantes entre las que se cuentan la del Consejo Municipal de Ocosingo, en donde los que gobiernan fueron electos en Asamblea Municipal como representantes de diversas organizaciones, grupos y partidos de todo el municipio. Esta será una de las experiencias que en los números siguientes abordaremos.

En el nivel social ha habido esfuerzos muy importantes entre las organizaciones, para tratar mas allá de sus diferencias, de encontrar una agenda común que les permita alcanzar sus metas. Aunque también ha habido grandes desencuentros que han desgastado los ánimos por seguir buscando la unidad en medio de la diversidad. Gaspar Morquecho, antropólogo, en uno de estos eventos, refirió: "No nos desanimemos por ser pocos los presentes, finalmente la historia de Chiapas ha sido de encuentros y desencuentros".

Entrevista con Pablo Salazar:

" EN CHIAPAS PREDOMINA UNA CULTURA DE LA INTOLERANCIA"

Pablo Salazar es senador del PRI, integrante de la COCOPA, chiapaneco, y miembro de la Iglesia del Nazareno. Además del interés que reviste este conjunto de atributos, se trata de una persona honestamente preocupada por buscar una solución al conflicto de Chiapas. Dentro de la COCOPA, se ha caracterizado por mantener una postura abierta, independiente, "obedeciendo a su conciencia", como él dice.

Entrevistado a fines de junio en su oficina de Tuxtla Gutiérrez, compartió con SIPAZ sus impresiones sobre la actual coyuntura, el papel de los principales actores, y sobre las condiciones que permitirían destrabar el proceso de negociación con el EZLN.

Salazar opina que la COCOPA sufre el peor deterioro desde su creación, ya que ha perdido el grado de confianza que en otros tiempos había ganado tanto del gobierno federal como del EZLN. Ese deterioro afecta también las relaciones al interior del organismo, donde se había construido en estos dos años un verdadero clima de compañerismo y colaboración mutua.

"Hoy hay opiniones personales de los miembros, pero no la fuerza como órgano para superar la crisis. El consenso que en otras épocas le permitió avanzar, hoy frena su capacidad de iniciativa, pues opera como un veto".

El senador considera que para que el EZLN vuelva a la mesa de negociación, el gobierno debería dar "señales consistentes, que vayan en un solo sentido" de su voluntad de atender las causas de raíz que originaron el levantamiento indígena: ellas son la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.

Lamentablemente, según Salazar la crisis actual del proceso se agudiza por las señales contradictorias del gobierno: mientras por un lado se nombra a un nuevo delegado para el Diálogo, por otro se sigue incrementando la presencia militar en la zona de conflicto, "lo que no se justifica, puesto que en esa zona no se ha disparado un tiro desde hace tres años".

Sostiene concretamente que para destrabar la crisis del Diálogo deberían cumplirse estas condiciones:

• que el gobierno federal retire su contrapropuesta de ley para incluir en la Constitución los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas;
• que se mantenga la propuesta de la COCOPA como único documento (el cual ya fue aceptado por el EZLN);
• que el EZLN exprese públicamente su voluntad de reanudar el Diálogo sobre la base del proyecto de la COCOPA;
• que el ejército federal reduzca sensiblemente la densidad de su presencia en la zona de conflicto;
• que se busque una solución integral al conflicto de la zona Norte. Esto supone una mesa de negociación con la presencia de todos los actores involucrados, que además sea multitemática, es decir, que aborde todos los aspectos del conflicto, inclusive el religioso.

Respecto al conflicto de la zona Norte, Salazar señala:

"la COCOPA propuso la creación de una mesa regional o de coyuntura, después de visitar la zona y escuchar las propuestas de todos los actores. Lo paradójico es que las dos partes -"Paz y Justicia" y los perredistas/zapatistas- manifiestan que quieren la paz, que están cansados de tanta violencia, de matarse entre sí de manera tan absurda y cruel. La voluntad de las partes está: unos y otros presentaron sus propuestas de pacificación. Pero yo creo que no logramos acertarle a la estrategia".

El senador se muestra crítico respecto al papel del gobierno del estado en este conflicto.

"Ellos insisten en negociaciones intercomunitarias, que ya han fracasado reiteradamente. Y presentan objeciones puramente formales para impedir que las instancias federales -Coldwell, la COCOPA- intervengan en la solución al problema de la zona Norte".

Asimismo, considera negativo y peligroso que los militares estén asumiendo cada vez más tareas que son propias de las instituciones civiles: asistencia social, mediación, distribución de recursos, vigilancia, etc.

"Esa realidad, más que hablar bien del ejército, habla mal de las instituciones civiles, que no están asumiendo su responsabilidad, sino delegándola en el poder militar".

Refiriéndose al problema de la polarización y división crecientes al interior de las comunidades indígenas, Salazar no oculta su preocupación al afirmar:

"En Chiapas vivimos en una cultura de la intolerancia. Intolerancia política, racial, social, religiosa. Todos analizan la realidad en términos maniqueos, de buenos y malos. Nadie está trabajando en Chiapas por construir una cultura de tolerancia. Pero cualquier conflicto debe pasar por la reconciliación. Yo quiero ser optimista respecto al papel que pueden jugar las Iglesias en ese proceso. Lamentablemente, en la zona Norte hay actores que, pudiendo ser parte de la solución, han optado por ser parte del conflicto".

Entrevista con Juan López Lunes, Comunidad Plan Río Azul, Municipio Las Margaritas

" Los Abuelos oran a la madre tierra y al padre sol por la unidad de todos..."

" Y entonces llegaron a la comunidad los partidos y las iglesias y comenzaron las divisiones, las provocaciones y las confrontaciones. Nosotros en las Regiones Autónomas Pluriétnicas RAP, buscamos la reconciliación, porque sabemos que tenemos nuestro pensamiento y es que debemos reconciliarnos, ser humildes para ver que tenemos la bondad de convivir con ellos, porque tenemos el corazón puesto en la tierra y en el cielo, y así nuestros hermanos tienen que aprender poco a poco. Esas divisiones redujeron al mínimo la convivencia entre la gente. Incluso los jóvenes no eran capaces de jugar fútbol juntos y entonces dividieron el campo de juego. Y así llegaron a ser los que más se resistían a reanudar las relaciones. Los mayores buscaron muchas formas de acercar a la gente y no fue fácil lograr avances."

"Un día los abuelos decidieron hacer una fiesta simbólica que incluyera a todos según sus tradiciones. Las fiestas en general se realizaban un día que se conmemoraba a un santo. Cada grupo preparaba sus cantos y oraciones, sus comidas, etc. La fiesta incluyó un encuentro deportivo en el que la cancha se tuvo que ampliar. Se abrió el espacio para la convivencia y después se fue dando para hablar y analizar los problemas de la comunidad."

"No fue un trabajo fácil. Son muchos los rencores que nos han sembrado los enemigos. Sobre todo los ricos, los del poder nos han sembrado un odio entre nosotros por la militancia partidista que se inculca incluso en las escuelas."

Los abuelos y ancianos de la comunidad han jugado un papel muy importante en el restablecimiento de las relaciones. Ellos son quienes más han insistido en mantener las tradiciones más antiguas y las que según ellos son las que los pueden ayudar a salir de los conflictos. Ellos encabezan las ceremonias y las oraciones con las que piden a la tierra y al sol para que terminen los odios y vuelvan a encontrarse en comunidad.

"Nuestros abuelos, los que viven todavía, tienen que hacer ceremonias para que se logre la Reconciliación. Tienen que orar y pedir a la madre tierra y al padre sol para que la comunidad se mantenga unida. Ellos no están de acuerdo con la violencia ni el atacar a nuestros hermanos."

Hoy, todos colaboran en la construcción de la comunidad. Se respeta los días sábados y domingos por motivos religiosos de diferentes grupos. Los trabajos comunales, en los que todos participan, se planean de lunes a viernes. Hay en la comunidad distintas filiaciones o simpatías políticas: priístas, de organizaciones y zapatistas. Todos hacen su trabajo comunal juntos.

:: Actividades del equipo de SIPAZ Chiapas

Abril - Junio de 1997

Entre abril y junio de 1997 las actividades del equipo incluyeron, entre otras:

• Organización y acompañamiento de una delegación de Equipos Cristianos por la Paz (CPT), de Estados Unidos y Canadá.
• Participación y ponencia sobre la coyuntura del proceso de paz en el "Encuentro de Análisis, Reflexión y Compromiso por la Paz, Tolerancia, Dignidad y Justicia en Chiapas", auspiciado por las Iglesias Bautista de México y Presbiteriana de Chiapas, y por la Sociedad Bautista por la Paz de los Estados Unidos (BPFNA). Participaron varias Iglesias Evangélicas y la diócesis de San Cristóbal.
• Participación en la "Peregrinación por la Unidad, la Reconciliación y la Paz" a Tila (zona Norte), promovida por la diócesis de San Cristóbal y la Conferencia del Episcopado Mexicano.
• Participación en el 2o. Taller en la Ciudad de México sobre "Manejo del miedo y la seguridad en situaciones de Conflicto".
• Acompañamiento a una delegación de Veteranos de la guerra de Vietnam (Veterans of Foreign Wars Bill Motto Post 5888) en su visita a Ocosingo, Chiapas.
• Participación de una integrante del equipo en un Campamento Civil por la Paz, en el municipio de Ocosingo.
• Misión de observación en la marcha caravana "Por la Unidad y la Paz" en Bachajón, en el aniversario de lo ocurrido el 5 de Mayo '96.
• Entrevistas con miembros de la CONAI, la COCOPA, el nuevo delegado gubernamental para el Diálogo de San Andrés, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México y en San Cristóbal, Alianza Cívica, representantes del Observatorio Internacional de las Prisiones, la Asociación de Filosofía Radical (de Estados Unidos) y otros visitantes internacionales.
• Participación en el Encuentro por la Reconciliación y la Paz, auspiciado por la Comisión para la Reconciliación Comunitaria (CORECO), en Tuxtla Gutiérrez.
• Acompañamiento a un grupo de desplazados de Maravilla Tenejapa a una reunión de negociación para el retorno.
• Participación en los dos encuentros estatales de mujeres "Caminamos juntas hacia el Diálogo y la Paz".
• Participación en un taller de Alianza Cívica sobre "Educación ciudadana, poder político y democracia".
• Participación en un curso sobre "Transformación de conflictos y derechos humanos" en la Universidad Menonita del Este (Harrisonburg, Virginia).
• Entrevistas con asesores de Congresistas de Estados Unidos, así como también con ONGs e Iglesias en Washington DC.
• Presentaciones y entrevistas de radio en California.
• Producción de varias Acciones Urgentes y del Informe trimestral. Distribución en México y la comunidad internacional.
• En el marco de la "Estación Norte para la Distensión y la Reconciliación" se priorizó la atención a los presos políticos de la zona Norte nucleados en "La Voz de Cerro Hueco" y a los delegados de los desplazados que se movilizaron hacia Tuxtla Gutiérrez.