:: SUMARIO
En Chiapas, la prolongada suspensión
del Diálogo entre el gobierno federal y el EZLN ha
sumido al proceso de paz en su más profunda crisis
hasta la fecha. En diciembre el gobierno rechazó una
propuesta legislativa para la implementación de los
acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas
y presentó un documento alternativo. El proyecto de
ley rechazado había sido redactado por la COCOPA,
la comisión legislativa creada para coadyuvar en el
proceso de negociaciones. El gobierno insiste en que su contrapropuesta
es coherente con los acuerdos firmados en febrero de 1996.
Sin embargo muchos observadores discrepan y acusan al gobierno
de renegar, de facto, de esos acuerdos y de socavar deliberadamente
el proceso de paz.
La COCOPA insiste en que mantiene su propuesta, la cual
fue presentada a las partes como un ultimatum después
de meses de pláticas, y que el EZLN aceptó.
No obstante, el 4 de marzo la COCOPA declaró ambiguamente
que "el texto es perfectible" y declinó presentarlo
al Congreso sin el apoyo del Ejecutivo.
El EZLN continúa exigiendo "condiciones mínimas" específicas
para reanudar las pláticas de paz, y se muestra claramente
renuente a negociar nuevos temas mientras los acuerdos existentes
permanezcan incumplidos.
Mientras tanto, una escalada de violencia en Chiapas atrajo
nuevamente la atención pública sobre el estancado
proceso de paz y la creciente inestabilidad en el estado.
En la asediada zona Norte, grupos paramilitares alineados
al PRI imponen un orden represivo en algunas regiones, provocando
enfrentamientos, asesinatos, robos y nuevos refugiados. El
15 de febrero una delegación de la Estación
Norte para la Distensión y Reconciliación -en
la que participaba un miembro de SIPAZ- fue atacada y baleada
por un grupo paramilitar cuando intentaba recabar información
sobre la violencia reciente. La delegación pudo escapar,
pero para los habitantes de la zona que no apoyan al partido
de gobierno, esta clase de violencia es una amenaza frecuente
contra la cual casi no tienen defensa. Al mismo tiempo, una
ola de protestas en todo Chiapas contra los altos precios
de la energía eléctrica provocó la violenta
represión de la policía estatal.
Dos hechos en particular resaltan la crisis del proceso
de paz y la fragilidad del cese al fuego hoy vigente. Una
disputa de tierras y el consiguiente bloqueo carretero cerca
de Palenque devino en una confrontación en la que
dos policías resultaron muertos y otros cinco heridos.
Al día siguiente, dos dirigentes campesinos y dos
jesuitas fueron arrestados, torturados y acusados de esos
hechos. Aunque posteriormente se los dejó en libertad
por falta de pruebas, los arrestos fueron vistos como un
preocupante indicio de la creciente beligerancia del gobierno.
El 14 de marzo, una disputa intra-comunitaria en San Pedro
Nixtalucum desembocó en un asombroso despliegue represivo
cuando la policía estatal, disparando desde camionetas
y helicópteros, abatió a civiles simpatizantes
del EZLN. El saldo fue de cuatro campesinos muertos, muchos
heridos, 27 detenidos (A uno de los cuales fue acusado de
asesinar a su propio hijo!) y más de 300 personas
que se agregaron a la lista de desplazados internos en Chiapas.
La impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad y los
grupos paramilitares, y el trato discriminatorio que reciben
los indígenas no afiliados al PRI, evidencian las
graves deficiencias de la administración de justicia.
Un incremento de la presencia militar en áreas conflictivas
de Chiapas y otros estados -incluyendo zonas de la ciudad
de México-, combinada con incidentes como los mencionados,
refuerzan el temor de que el gobierno se incline por las
soluciones militares antes que por las políticas,
empleando la estrategia de guerra de baja intensidad.
Su intención de desgastar a los zapatistas y a sus
bases de apoyo mientras anuncia públicamente su compromiso
con una solución negociada, es doblemente riesgosa
para el gobierno. En una situación de alta tensión,
con oscuras perspectivas de progreso en las negociaciones
y con la fuerza pública atacando y hasta masacrando
a las bases civiles zapatistas, el cese al fuego parece cada
vez más frágil, y la reanudación de
la guerra más posible. Más aún: la contradicción
entre el discurso y las acciones del gobierno le hacen perder
credibilidad, tanto dentro como fuera del país.
Las elecciones legislativas -y para algunas gubernaturas-
de julio serán un importante indicador de cómo
el gobierno del PRI es visto dentro de México. Las
encuestas actualmente muestran que por primera vez en el
largo reinado del PRI, su mayoría en la cámara
baja está seriamente amenazada.
A nivel internacional, el gobierno mexicano ha sido criticado
recientemente en asuntos de derechos humanos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Su intervención diplomática para bloquear
la cooperación de la Unión Europea con una
ONG mexicana encargada de monitorear el proceso electoral,
difícilmente mejorará su imagen.
Probablemente el endurecimiento de la postura gubernamental
es, en parte, la respuesta represiva de un régimen
autoritario que se siente amenazado. Y también están
pesando poderosos intereses económicos nacionales
e internacionales: concesiones forestales y minerales ya
negociadas por el gobierno se ven amenazadas por el proyecto
de autonomía para las comunidades indígenas
propuesto por los Acuerdos de San Andrés.
En abril, visitas de la COCOPA y de la Conferencia Episcopal
Mexicana a la zona Norte, sumadas a declaraciones conciliatorias
del grupo paramilitar Paz y Justicia, han fortalecido las
tenues perspectivas para la paz.
La participación de la sociedad civil mexicana en
el proceso de paz ha sido fundamental para su progreso hasta
la fecha. El reciente Encuentro Nacional por la Paz realizado
en marzo, que reunió a 91 organizaciones de 19 estados
del país, continúa esos esfuerzos.
Al mismo tiempo, la incidencia que tienen
los intereses económicos internacionales en la dirección
que toma el conflicto en Chiapas, subraya la importancia
del compromiso activo y amplio de la comunidad internacional
en la búsqueda de una paz justa y duradera.
ACCIONES RECOMENDADAS
Urgir al Ejecutivo mexicano a:
- respetar los Acuerdos de San Andrés y pactos internacionales
que ha firmado y en los que se contemplan ampliamente los
derechos de los pueblos indígenas;
- reconocer y respetar la labor
humanitaria que realizan los trabajadores de derechos
humanos, así como
la de los obervadores internacionales; -
- favorecer un clima político que facilite y promueva
la participación de toda la ciudadanía
en el próximo período electoral.
- Exhortar a la COCOPA y al Poder Legislativo a llevar
adelante el proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura
Indígena
para lograr la implementación efectiva de los Acuerdos
de San Andrés.
- Escribir a sus congresistas o legisladores, informándoles
de la situación actual en Chiapas y solicitándoles
comunicar al gobierno mexicano su preocupación por
la pronta culminación e implementación
de un justo acuerdo de paz en Chiapas.
Favor de escribir a: Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF - México
Fax: (52 5) 535 27 26
Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
San Lázaro
15969 México, DF - México
Fax: (52 5) 542 1558
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (52 5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico
Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (52 5) 546 5350 / 546 7380
Lic. Julio C. Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (52 961) 20917
Además:
- difundir información - como este reporte - para
movilizar a la opinión pública internacional.
- estar vigilantes y preparados para contrarrestar una
escalada de violencia en Chiapas
:: ACTUALIDAD
CHIAPAS... Entre el Olvido y la Memoria
Cuando ya todos pensábamos que la atención
del país se centraría en las pre campañas
electorales -especialmente en la ciudad de México-,
nuevamente el rostro de la atención pública
voltea a Chiapas obligado por el incremento de la violencia
en varias regiones del estado, a pesar de la presencia masiva
(o por causa de ella) de las fuerzas de seguridad del Estado
mexicano. Esta "guerra de baja intensidad" orquestada
por el gobierno parece tener como finalidad acabar con el
movimiento popular organizado, que es a su vez un importante
apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. En Chiapas en los últimos meses esta guerra
ha ocasionado el desplazamiento de cientos de familias a
las montañas, varias decenas de asesinatos, emboscadas,
asaltos, arrestos, etc.
Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal atraviesan
hoy la más profunda y prolongada crisis de las crisis.
Con el diálogo suspendido desde septiembre de 1996,
los acuerdos firmados y no cumplidos desde hace más
de un año, una COCOPA dividida y que ha optado por
la indefinición, una CONAI venida a menos en los últimos
meses, y lo peor aún: una sociedad civil desgastada
y casi al margen de lo que pasa en Chiapas, el panorama que
se vislumbra para los próximos meses de coyuntura
electoral es poco alentador.
Las diferencias entre las partes sobre el documento para
legislar en materia de Derechos y Cultura Indígena
(ver SIPAZ Informe, Año 2, No.1) presentado por la
COCOPA, parecerían, en términos generales,
el meollo central de este asunto. Pero se entiende que hay
mucho más atrás de eso. Aunque el EZLN aceptó la
propuesta, el gobierno la rechazó diciendo que la
autonomía definida por la COCOPA significaría
crear otros Estados dentro del Estado mexicano, e hizo su
contrapropuesta, la que según él es coherente
con los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura
Indígena.
A principios de marzo, la COCOPA finalmente emite un comunicado
en el que se pronuncia sobre la incierta situación
del diálogo de paz en Chiapas. Sintéticamente:
a) sostiene su iniciativa de ley del 29 de noviembre de 1996.
b) señala que la redacción del texto es perfectible.
c)considera que puede consensurase con el EZLN y el Gobierno
federal otra alternativa para resolver las diferencias actuales
y d) rechaza enviar unilateralmente su propuesta al Congreso
de la Unión. En respuesta a esta postura de la Comisión
legislativa, varias manifestaciones se dieron a lo largo
del país demandándole que cumpliera su palabra
de llevar su propuesta al Congreso. El mismo EZLN en un comunicado
del subcomandante Marcos, el 9 de marzo comenta:
"Este es el resumen de la situación, señores
legisladores: Se acordó una reforma constitucional.
No se cumplió. Se acordó que la COCOPA la elaborara.
No se cumplió. Se acordó aceptar la propuesta
de la COCOPA. No se cumplió. Se acordó que
la COCOPA no aceptaría propuestas, sino sólo
posiciones sobre su documento. No se cumplió. En ninguno
de los casos el EZLN es el incumplidor."
Y agrega finalmente:
"No dialogaremos con el gobierno
federal mientras no se cumplan las condiciones mínimas
que hagan del proceso de paz algo serio, justo y digno."
Otro acontecimiento que fue interpretado
como un "golpe
bajo" al proceso de paz fue la cancelación o "boicoteo" de
la reunión de la COSEVER (Comisión de Seguimiento
y Verificación) a realizarse en San Cristóbal
de las Casas el 14 de febrero pasado, a la que no asistieron
los representantes del gobierno federal, en franca contradicción
con lo que se había acordado.
Por otro lado, una buena parte de la atención nacional
se centró durante los meses de febrero y marzo en
la coyuntura electoral que en el país se avecina.
La mayoría de las encuestas muestran como favoritos
a quienes las patrocinan; pero lo que sí es evidente
es que de los tres partidos más importantes que contienden,
el PRI es el menos favorecido. Al mismo tiempo se aprecia
un significativo repunte del PRD a nivel nacional, según
lo dejó ver el resultado de las elecciones en el estado
de Morelos, en donde obtuvo 12 municipios y varias diputaciones.
El temor del PRI a perder su histórica hegemonía
puede explicar el endurecimiento del gobierno, que se manifiesta
en formas alarmantes y avisadoras de un futuro próximo
en el que el Estado de Derecho, que tanto maneja el Ejecutivo
en su discurso, está cada vez más lejos de
establecerse en México. Baste mencionar como ejemplo
la negativa del gobierno a cumplir con la recomendación
de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA) respecto al caso del general Gallardo, detenido
desde hace tres años en el campo militar No.1, sólo
por recomendar que las fuerzas armadas necesitaban un Ombudsman
militar que vigilara el respeto a los derechos humanos al
interior de dicha institución. Además, el gobierno
mexicano está empujando a nivel continental una campaña
para reducir las facultades que tiene la CIDH ante los gobiernos
adscritos a la OEA. En la misma línea se ubica el
bloqueo del gobierno y cancillería mexicanos al donativo
de casi 400 mil dólares que la Unión Europea
autorizó entregar a la Academia Mexicana de Derechos
Humanos para la observación electoral de los comicios
a la gubernatura del Distrito Federal que incluye la ciudad
de México.
También en el plano de las relaciones exteriores,
la prensa destacó durante varios días el asunto
de la certificación a México por parte de Estados
Unidos en el combate al narcotráfico. La demora del
gobierno norteamericano sobre si dar o no la certificación
a México generó reacciones de todo tipo, especialmente
después de la detención el 18 de febrero al
general Jesús Gutiérrez Rebollo - encargado
precisamente del combate al narcotráfico-, por haber
sido inculpado de proteger y recibir beneficios del principal
narcotraficante del Cártel de Juárez, Amado
Carrillo.
Aunque el presidente Clinton otorgó dicha certificación,
la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una
resolución descertificando a México, pero suspendió la
decisión por 90 días, durante los cuales México
tendrá que demostrar un "progreso sustancioso" en
seis áreas para ser recertificado.
En el plano nacional, varias organizaciones
y especialistas en la materia han alertado a la opinión
pública
sobre el aumento constante de la militarización. La
sociedad civil y en particular las organizaciones sociales,
los activistas de derechos humanos y las comunidades indígenas
y campesinas han sido los más golpeados por este fenómeno.
Las zonas del país que más se han visto afectadas
son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, las Huastecas y la ciudad
de México, donde sólo en la delegación
de Iztapalapa cerca de 3000 soldados del ejército
mexicano suplieron a los policías para que ellos recibieran
un entrenamiento de varios meses por las mismas fuerzas armadas.
Tan sólo en Chiapas, reportes de
prensa y de organismos no gubernamentales hablan de un incremento
de campamentos militares, particularmente en las zonas Selva,
Altos y Norte del estado. Esto ha traído na sistemática
violación a los derechos humanos. La vigencia del
accionar de grupos paramilitares en la zona Norte bajo la
tolerancia de las fuerzas de seguridad sigue provocando enfrentamientos,
asesinatos, robos, desplazamientos e inseguridad constante.
Baste mencionar la emboscada del grupo paramilitar Paz y
Justicia a una delegación de observación de
la Estación Norte (en donde estuvo un miembro de SIPAZ)
y periodistas en la comunidad de Paraíso, en Sabanilla;
las agresiones de priístas a simpatizantes zapatistas
en la comunidad Aguas Blancas; la represión violenta
de la Seguridad Pública a manifestaciones pacíficas
y de resistencia civil en varios puntos del estado por las
altas tarifas de la luz eléctrica y por los cortes
de ese servicio a poblaciones y municipios enteros.
Los hechos ocurridos el 7 de marzo en
la comunidad de San Martín Chamizal centraron nuevamente
la atención nacional e internacional en Chiapas, no
por los dos policías muertos y los cinco heridos como
resultado de una emboscada contra las fuerzas de seguridad,
sino por la detención ilegal, al día siguiente
en Palenque, de dos dirigentes de la organización
campesina e indígena Xínich (Ramón Parcero
Martínez y Francisco González Gutiérrez)
y de dos sacerdotes jesuitas (Jerónimo A. Hernández
y Gonzalo Rosas). A pesar de los testimonios que los identificaban
muy lejos del lugar en el momento de la emboscada, los cuatro
fueron acusados de homicidio calificado en grado de coparticipación,
atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial
del estado, así como de asociación delictuosa
y lesiones.
Según sus propios testimonios, fueron detenidos con
lujo de violencia, torturados e incomunicados por más
de 20 horas. Este hecho generó una serie de movilizaciones
en el estado y una lluvia de cartas tanto en México
como del extranjero dirigidas a las autoridades federales
y estatales exigiendo su liberación. Finalmente el
juez, al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes
para inculparlos de los hechos, decide dejarlos en libertad.
El 14 de marzo, también en la zona Norte de Chiapas,
en la comunidad de San Pedro Nixtalucum (municipio de El
Bosque), hechos sangrientos sacudieron la conciencia nacional.
Lo que comenzó con acusaciones verbales entre priístas
y perredistas/zapatistas sobre un hecho que se podía
haber solucionado por la vía del diálogo y
algunas sanciones menores, se convirtió en una verdadera
masacre con la llegada de las fuerzas policiales, que sin
detenerse a investigar y esclarecer los hechos, comenzaron
a disparar a la población zapatista. Según
testimonio de los pobladores, los disparos llegaban desde
los camiones policiacos e incluso, desde helicópteros
artillados que sobrevolaron la zona por varios minutos. El
hecho ocasionó un saldo de 4 muertos, varios heridos
y 27 detenidos. Estos hechos y el establecimiento permanente
del ejército federal y la policía estatal hostigando
continuamente a la población zapatista, han provocado
que más de 300 personas se hayan refugiado en la montaña.
(Ver "San Pedro Nixtalucum: Otra
trampa contra los indígenas" .)
En los mismos días que todos estos hechos ocurrían,
la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado
en el que reitera la voluntad del gobierno mexicano de alcanzar
una salida pacífica en el conflicto de Chiapas, así como
de dar solución a los problemas que dieron origen
al levantamiento armado de enero de 1994. Dicho documento
es parte del informe que el gobierno mexicano presentó en
Ginebra, Suiza. Según la nota recogida por el diario
La Jornada el 18 de marzo, el Comité de Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación Racial
consideró el documento "insuficiente y contradictorio
con la realidad, especialmente sobre Chiapas". Mantuvo
sus preocupaciones respecto a los indígenas y el problema
de la tierra, la impartición de justicia, el rezago
social y el conflicto. El relator especial para México
Regis de Gouttes se refirió a "la impunidad con
que actúan los grupos paramilitares Paz y Justicia
y Los Chinchulines, quienes siguen reprimiendo a los indígenas
bajo el amparo de las autoridades". Otro miembro del
Comité, Rugiger Wolfrum, expresó que "los
hechos indican que el proceso de paz está suspendido,
que el gobierno no respetó los Acuerdos de San Andrés,
e ignora el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, y que la COCOPA ha sido debilitada". Consideran
que a pesar de lo dicho por el gobierno, "la situación
de Chiapas es explosiva, como desde el inicio del conflicto
y por lo tanto seguirá siendo preocupación
del Comité". Finalmente el organismo emitió una
recomendación al gobierno mexicano para tipificar
como delito toda forma de segregación o exclusión
a las comunidades indígenas.
La crisis del Diálogo ha servido a su vez como un
nuevo incentivo para buscar la articulación y la convergencia
de agendas, la cual se ha estado apoyando principalmente
en el llamado que la CONAI hizo en septiembre pasado a un
gran Diálogo Nacional que aglutine organizaciones
y demandas en un solo movimiento que tenga como ejes centrales
la paz, la democracia, la justicia y la dignidad.
La realización en San Cristóbal de un Encuentro
Estatal por la Paz y el Diálogo Nacional en febrero
fue un verdadero termómetro para medir todo el esfuerzo
que hace falta para caminar en esa dirección. Aún
cuando no estuvieron presentes ni el 50% de las organizaciones
chiapanecas, se concluyó que es necesario redoblar
esfuerzos para integrar a todos nuevamente. Este encuentro
fue preparatorio del Encuentro Nacional por la Paz realizado
en la ciudad de México del 14 al 16 de marzo, en el
que participaron 91 organizaciones de distintas regiones
del país, representantes de 19 estados y 564 personas.
En él se refrendó el deseo y compromiso común
de trabajar por la paz articuladamente. Se acordó también
darle continuidad a estos encuentros para ir avanzando en
la construcción de un México justo y democrático.
En abril, tanto la COCOPA como la Conferencia Episcopal
Mexicana recorrieron la zona Norte, indicando con ello que
la escalada de violencia es una preocupación creciente.
Ambas delegaciones se comprometieron a continuar los esfuerzos
para restablecer las pláticas de paz. Los obispos
además llamaron a reducir la presencia militar en
Chiapas.
En otro alentador episodio, el grupo paramilitar Paz y Justicia
se reunió con los obispos para proponerles un diálogo
tendiente a alcanzar la pacificación en la zona Norte.
Reconociendo que las demandas del EZLN son las mismas de
las comunidades divididas por el conflicto, la organización
sugirió que el diálogo incluya al EZLN, a las
iglesias, a los partidos políticos, al gobierno y
a otros actores involucrados en el conflicto.
:: ANÁLISIS
CHIAPAS... Entre el Olvido y la Memoria
SIPAZ comparte la opinión de muchos analistas mexicanos
que califican la actual dinámica política de
Chiapas como una "ofensiva al proceso de paz".
Ya sea que la escalada de violencia obedezca a un vacío
de poder por incapacidad del gobierno estatal para controlar
la situación, o a una política deliberada del
Ejecutivo federal, lo cierto es que, más allá del
discurso, en los hechos el gobierno mexicano parece estar
haciendo lo posible por herir de muerte al proceso de paz.
La detención arbitraria y violatoria de las garantías
individuales que sufrieron los dirigentes de XíNich
y los jesuitas en Palenque, puede ser interpretada como un
intento de golpear a dos de los actores más significativos
del proceso de Chiapas: el movimiento indígena- campesino
y la diócesis católica de San Cristóbal.
Indirectamente, el golpe apuntaba, además, a la CONAI
y al EZLN, ya que el jesuita Jerónimo Hernández
fue asesor de los zapatistas en el Diálogo de San
Andrés.
La participación directa o aquiescente de las fuerzas
de seguridad - ya sea ejército o policía- en
los enfrentamientos de los primeros meses del año,
es una dramática señal de la fragilidad del
cese al fuego todavía vigente por ley. El incidente
más grave, ocurrido en San Pedro Nixtalucum cuando
la policía disparó contra las bases zapatistas,
sugiere una preocupante intención: después
de acorralar política y militarmente a los zapatistas,
aplastar sus bases de apoyo mediante la represión,
la cárcel o la muerte.
Parece bastante claro que la espiral de violencia es un
ingrediente previsto en la estrategia contrainsurgente.
La represión
al movimiento indígena y campesino; la fabricación
de delitos para eliminar a los opositores; la impunidad generalizada
de todos los crímenes; la provocación de enfrentamientos
y división al interior de las comunidades; todo esto
configura un escenario donde la lógica de la negociación
para resolver los conflictos aparece cada vez más
inviable. Al mismo tiempo, el caos y la ingobernabilidad
justifican la militarización de nuevas regiones que
quedan bajo el control del ejército federal.
Si bien los efectos de la guerra de baja intensidad se
acentúan
con el transcurso del tiempo, el gobierno mexicano está desestimando
un factor no menor: el desgaste que busca producir en el
movimiento zapatista dejando pasar el tiempo sin que nada
suceda, se está revirtiendo sobre su propia imagen.
Su política de dos caras, su permanente doble discurso,
le llevan a una creciente pérdida de credibilidad
muy peligrosa para sus intereses electorales.
En este marco, la posición reticente del EZLN es entendible: ¿qué garantías
puede tener volver a sentarse en una mesa de negociación
con una contraparte que ha demostrado no estar dispuesta
a tomar en serio los compromisos asumidos?
En una situación tan tensa, con las bases civiles
del EZLN a veces atacadas y hasta masacradas, el cese de
fuego aparece más frágil, y un enfrentamiento
entre el ejército y el EZLN más posible.
Muchos se preguntan por qué el gobierno mexicano mantiene
su posición intransigente, neutralizando a las instancias
de mediación y verificación, arriesgando un
nuevo brote de guerra, y pagando el costo político
de ignorar las crecientes presiones que -desde la sociedad
civil nacional hasta organismos internacionales como el Comité de
Naciones Unidas o la propia Unión Europea- pesan sobre él
para exigirle que cumpla los acuerdos firmados hace más
de un año.
No se puede responder a esta pregunta sin referirse
a los poderosos intereses económicos en juego: el proyecto
de autonomía indígena representa una amenaza
cierta para el control de los riquísimos recursos
naturales existentes en la zona. Distintas fuentes han denunciado
la existencia de compromisos contraídos con empresas
transnacionales durante el gobierno de Carlos Salinas para
extraer del suelo chiapaneco petróleo y uranio, e
implementar planes forestales que dejarían rápidas
y cuantiosas ganancias, al precio de deteriorar el suelo
de manera irreversible. Estos compromisos, hasta ahora escondidos,
se han hecho sin consultar a las comunidades indígenas
afectadas.
Combinando esta información con recientes acontecimientos
públicos, el antropólogo Ronald Nigh, que ha
vivido muchos años en Chiapas, ofreció un análisis
que ha tenido eco en otros observadores políticos
en México. Aunque hasta cierto punto especula, no
se lo puede descartar tan facilmente. Nigh observa: "Cuando
la COCOPA presentó su propuesta de cambios constitucionales
retomando los acuerdos firmados por el gobierno en materia
de derechos indígenas, Zedillo pidió a los
Zapatistas 15 días para estudiar el tema. El Presidente
entonces, abordó [su avión] y voló,
no a Washington, sino a Wall Street, donde se encontró con
Henry Kissinger y otras altas celebridades financieras. Hasta
su regreso él anunció su rechazo a la propuesta
de legislación con una contrapropuesta, claramente
diseñada para ser inaceptable, que los Zapatistas
rechazaron. En menos de un mes, la Secretaria de Medio Ambiente
Julia Carabias anunció un gran préstamo del
Banco Mundial para "reforestación de bosques",
por ejemplo, plantaciones comerciales. El gobierno mexicano
había ganado la aprobación de los financieros,
al precio de lanzar a Chiapas y a todo el país a un
estado de incertidumbre y tensión."
Sin embargo, no toda la responsabilidad le
corresponde al Poder Ejecutivo en la crisis
del proceso de
paz. El Congreso,
representado a través de la COCOPA, ha demostrado
una vez más su subordinación al presidencialismo
con el pronunciamiento emitido por esa Comisión legislativa
el 4 de marzo. Allí, en un gesto calificado por muchos
analistas como de "rendición", la COCOPA
da por concluido el episodio por el cual el Ejecutivo rechazó su
propuesta de ley, y anuncia que pedirá cita
a las partes para explorar nuevas alternativas.
En Chiapas, el Poder Judicial es responsable
-en la figura del Procurador de Justicia
Jorge E. Hernández Aguilar-
de la ausencia de Estado de Derecho y de garantías
procesales para los indígenas que son detenidos sin órdenes
de aprehensión, acusados de delitos prefabricados
por sus enemigos políticos, condenados
sin pruebas e imposibilitados de acceder a un
juicio justo e imparcial.
La suerte del proceso de paz y de quienes
todavía
apuestan a él, depende en buena medida de la capacidad
de los distintos actores comprometidos con el cambio, de
unir sus esfuerzos y articular sus propuestas en un proyecto
común, más allá de sus diferencias particulares.
Esta participación de la sociedad civil es precisamente
lo que Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la CONAI,
ha señalado como "la gran originalidad del proceso
de negociación de México." El
reciente Encuentro Nacional por la Paz es un
buen ejemplo del potencial
transformador de la sociedad mexicana.
Se espera que estos esfuerzos de la
sociedad civil, junto con las recientes
iniciativas
de la COCOPA
y de la Conferencia
Episcopal Mexicana, contribuyan a
reducir los actuales niveles de violencia en
Chiapas y
reciban del gobierno
mexicano señales
claras de su voluntad de reactivar el diálogo
de paz.
:: ENFOQUE
LA TRAGEDIA CHOL:
UN PUEBLO FRACTURADO POR LA VIOLENCIA
En el último medio año de
los tres que ya lleva el conflicto de Chiapas, la desconocida
zona Norte del estado ha venido ocupando cada vez más
la atención de la opinión pública.
Aislada del resto de Chiapas por causas geográficas,
históricas, políticas y culturales, la progresiva
ruptura del cerco de silencio en el que se venía desarrollando
una virtual guerra civil ha sido mérito de la sociedad
civil organizada y de las ONGs chiapanecas e internacionales
presentes en la región.
Si bien en un principio se creyó que la zona Norte
estaba fuera de la llamada 'zona de conflictó, la
violencia y la polarización política que se
acentuaron notablemente después de las instancias
electorales de 1994 y 1995 demostraron que no era así.
Además, los habitantes del Norte han manifestado de
varias formas su adhesión al EZLN: construcción
de un Aguascalientes (centro de resistencia civil) en Palenque,
acatamiento de las órdenes zapatistas de ocupar las
presidencias municipales el 19 de diciembre de 1994 y de
abstenerse en las elecciones de 1995.
Geopolíticamente, la zona Norte
puede considerarse un corredor estratégico que comunica
la zona de influencia zapatista con el movimiento de resistencia
de los chontales
en el bastión perredista que es el estado de Tabasco.
Esto explica la creciente militarización de la región,
así como la impunidad con que nació y actúa
el grupo paramilitar priísta llamado "Paz y Justicia".
Una historia de opresión y marginación
Comunmente se considera que la zona Norte comprende los
municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, limitando
con otros de significación como Chilón y
Palenque, y con el estado de Tabasco. La mayoría
de su población está constituída por
indígenas choles, descendientes de los pueblos que
construyeron una de las expresiones más ricas de
la civilización maya.
Cuando los españoles llegan en el siglo XVI, intentan
someter a la población estableciendo una relación
de terrible explotación. En la zona Norte este proceso
fue tardío y dificultoso, tanto por las condiciones
geográficas como por la violencia con que los mayas
cholanos se opusieron a la conquista.
La relativa pobreza de la zona, la inestabilidad política
y la geografía mantuvieron a los choles aislados y
marginados. A fines de la Colonia, los caxlanes (blancos
y mestizos) empiezan a presionar a las autoridades para obtener
tierras en el norte, con el fin de explotar los productos
tropicales y maderas preciosas. Así se inició un
proceso de despojo de las tierras indígenas, a pesar
de la resistencia que opusieron sus habitantes.
CAFÉ AMARGO
A fines del siglo XIX, la dominación económica
se transformó por la instalación de empresas
extranjeras agroexportadoras cuyo eje principal era el café.
Las fincas de enclave ocuparon físicamente todo el
territorio chol, dejando a la mayoría de los indígenas
sin tierras y convirtiéndolos en esclavos o peones
acasillados. La Revolución Mexicana casi no tocará esas
estructuras.
En los años veinte empieza a crecer el movimiento
agrarista en Chiapas, que tendrá su mejor momento
durante la Reforma promovida por el gobierno nacionalista
de Lázaro C'ardenas en la década siguiente.
Precisamente los municipios de la zona Norte fueron los que
más se beneficiaron con el reparto de tierras, tanto
nacionales como de las compañías extranjeras.
Se formaron los ejidos indígenas y se consolidó la
alianza entre los campesinos y el Estado cardenista. La experiencia
del reparto agrario marcó profundamente el imaginario
chol, generando una identificación que aseguraría
la hegemonía del partido de Estado -el PRI- durante
varias décadas.
Ese consenso empieza a fracturarse en los años setenta,
por influencia de varios factores: la pastoral crítica
y liberadora de la diócesis de San Cristóbal
de las Casas; el trabajo sociopolítico, que cuaja
en organizaciones sociales como la Unión de Uniones
(futura ARIC); el desastre de la producción cafetalera
por la caída del precio internacional; y el mismo
desencanto de los líderes comunitarios - catequistas,
maestros bilingu,es, autoridades ejidales- ante el abandono
y las contradicciones percibidas en la praxis gubernamental.
La crisis del café dejó a los choles nuevamente
sumidos en la marginación y el aislamiento, pero ahora
en un escenario de creciente polarización: por un
lado, los que habían asumido nuevas identidades políticas
y consideraban al gobierno como "traidor", y por
otro los que mantenían su histórica adhesión
incondicional al partido oficial. De estos últimos
-particularmente maestros y comisariados ejidales- saldrán
los fundadores y dirigentes de "Paz y Justicia".
LAS ELECCIONES DE LA DISCORDIA
La pérdida de hegemonía del PRI en la zona
Norte quedó en evidencia, más que con el alzamiento
zapatista, en las elecciones de 1994 y 1995. En las primeras
-para gobernador y legisladores federales-, el triunfo de
la oposición fue escamoteado por el fraude que dio
la victoria al partido oficial .
Perdido el consenso ideológico, la única alternativa
para mantener el control pasa a ser la fuerza. "Paz
y Justicia" comienza a organizarse a principios de 1995
en el municipio de Tila, y en marzo realiza sus primeras
acciones. Sus principales víctimas son catequistas
católicos, maestros y líderes comunitarios.
La violencia irá en aumento paralela a la campaña
electoral, con el fin de intimidar y desalentar a la oposición.
Entre junio y julio varios perredistas son asesinados en
emboscadas. En agosto, los ganaderos de la región
se valen de la organización paramilitar para promover
desalojos violentos de campesinos de sus tierras. En septiembre, "Paz
y Justicia" arrecia sus ataques, lo que provoca el desplazamiento
de comunidades perredistas. A esa altura los perredistas
empiezan a responder a los ataques, y, aunque en número
muy menor, se producen desplazamientos de priístas
de comunidades donde eran minoría.
En las elecciones de octubre -para ayuntamientos y Congreso
local-, la oposición se abstuvo masivamente, debido
a la violencia intimidatoria de los príistas y la
orden de no votar que dio el EZLN. Ello dio el triunfo al
PRI, que en los hechos no obtuvo más del 22.5% del
padrón. Con ese limitado apoyo, resultó electo
diputado local Samuel Sánchez Sánchez, maestro
chol de Tila, fundador e ideólogo de "Paz y Justicia".
El ayuntamiento de Tila también quedó integrado
con líderes de la organización, como el Primer
Regidor Marcos Albino Torres.
LA GUERRA QUE NO CESA
Las dos experiencias electorales dejaron como saldo la radicalización
y polarización de ambos sectores, y la pérdida
de legitimidad del espacio electoral.
Entre fines de 1995 y principios de 1996, el gobierno de
Chiapas manifiesta su voluntad de promover pláticas
entre las partes para el retorno de los desplazados. Sin
embargo, en muchas de esas instancias las autoridades gubernamentales
faltaron a la cita, dejando el control de la situación
a "Paz y Justicia", que con la complicidad de la
policía estatal hostigó a los perredistas,
llegando incluso a arrestar a sus delegados cuando iban en
camino a las reuniones.
En junio de 1996, los perredistas pasan a la ofensiva. Hay
enfrentamientos y bajas en ambos bandos. Más de 1.400
personas huyen de las comunidades perredistas de Jolnixtié (Tila)
ante los rumores de inminente bombardeo por parte del Ejército,
que apoya abiertamente a los priístas.
El saldo de los enfrentamientos es que, en poco más
de un año, hay más de 3000 desplazados y 300
muertos en la zona. El gobierno de Chiapas insiste en que
sólo se trata de una situación de "intranquilidad".
LA ESTACIÓN NORTE: BANDERAS BLANCAS EN EL CAMPO DE
BATALLA
Ante el aumento de violencia en la zona Norte, en agosto
de 1996 dos ONGs chiapanecas (el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas/CDHFBC y el Centro de
Derechos Indígenas/CEDIAC) y dos internacionales (SIPAZ
y Global Exchange) decidieron establecer un equipo especial
para documentar y difundir la situación en la región.
El proyecto se denominó Estación Norte para
la Distensión y Reconciliación, y en una segunda
etapa iniciada en octubre se incorporó la CONPAZ.
Como su nombre lo indica, además de monitorear la
región, el proyecto se propone contribuir a la búsqueda
de caminos de pacificación en la zona chol.
Esta presencia-testigo de la sociedad civil nacional e internacional
no pasó desapercibida para ninguno de los actores
involucrados: "Paz y Justicia" mostró su
hostilidad impidiendo el libre tránsito, amenazando,
deteniendo, robando y hasta agrediendo con armas a los observadores;
la Seguridad Pública y el Ejército tomaron
distancia del grupo paramilitar, elaborando un discurso público
de imparcialidad y voluntad pacificadora; los funcionarios
del gobierno estatal trataron de apresurar el proceso de
retorno de todos los desplazados a sus comunidades de origen.
En esto pesó también, sin duda, la exigencia
zapatista de poner fin a la violencia en el Norte como una
de las condiciones para retornar al Diálogo.
Los afectados, por su parte, hicieron llover sobre la Estación
Norte todo tipo de quejas, denuncias y demandas, dejando
en evidencia el dramático desamparo en que se encuentran,
a merced de los poderes de facto y en un marco de total ausencia
de un Estado de Derecho.
A pesar de la falta de garantías y de las amenazas
de "Paz y Justicia" -que se negó a participar
en las negociaciones con el gobierno y los desplazados perredistas-,
entre octubre 96 y enero 97 se realizó el retorno
de todos los desplazados de Tila. Sin embargo, el hostigamiento
no ha terminado. Según la diputada federal Adriana
Luna Parra, en Jolnixtié los priístas exigen
a los retornados un tributo de mil a mil quinientos pesos
y el compromiso por escrito de no afiliarse a un partido
de oposición. Sólo pueden salir o entrar con
salvoconductos firmados por "Paz y Justicia". (La
Jornada, 30 de marzo, 1997)
Además, la precaria estabilidad en ese municipio
fue contrarrestada por un alarmante incremento de la violencia
en municipios vecinos - Sabanilla, Palenque, El Bosque-,
donde en los primeros meses de este año se dieron
enfrentamientos entre perredistas y priístas que dejaron
como saldo una veintena de muertos y centenares de desplazados.
QUIÉN ES QUIÉN EN EL NORTE DE CHIAPAS
Según palabras del propio diputado Samuel Sánchez,
la creación de Paz y Justicia obedeció al proceso
de 'radicalización en la orientación' de los
simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y
comunidades del Norte. Es decir, que la organización
se concibe a sí misma como parte de una estrategia
de contrainsurgencia. Financiada por las asociaciones ganaderas
de la zona, dirigida por la élite de comisariados
ejidales, y operando políticamente a través
de los cuadros priístas de la cabecera de Tila, la
organización ha contado con el apoyo abierto o encubierto
de la Seguridad Pública del estado y el Ejército
Nacional Mexicano.
Estos 'operadores' de los intereses de los grupos de poder
económico y político en la zona Norte cuentan
no sólo con el apoyo de congresistas, policías
y militares, sino también del poder judicial. El Ministerio
Público se presta a las maniobras de "Paz y Justicia",
aceptando acusaciones sin pruebas y librando órdenes
de aprehensión contra los perredistas. Este ha sido
un eficaz instrumento para eliminar opositores: casi un centenar
de presos de conciencia choles están en las cárceles
de Chiapas, organizados en el movimiento "La Voz de
Cerro Hueco".
Como hemos visto, el PRD y el EZLN tienen una presencia
importante en la zona; aunque en ninguno de estos dos casos
se trata de filiaciones orgánicas, sino de simpatías
y afinidades con las organizaciones políticas que,
de distinta manera, han cuestionado el status quo priísta.
Sin embargo, a nuestro juicio tanto el PRD como el EZLN dejaron
solos en los peores momentos a sus simpatizantes de la zona
Norte. A fines de agosto de 1996, después de un año
de enfrentamientos, el EZLN incluyó la problemática
entre las condiciones para reanudar el Diálogo. En
la práctica, no obstante, la preocupación quedó en
un segundo plano. Y el PRD sólo a finales de 1996
empezó a articular una relación más
permanente con las bases choles, al estar a la vista las
elecciones de 1997.
Otro actor ambivalente en la zona Norte ha sido el gobierno
del estado de Chiapas, con sus contradicciones internas y
su política de dos caras: por un lado, se manifiesta
la voluntad de negociar para llegar a soluciones pacíficas;
por otro, se tolera el accionar impune de los paramilitares
priístas.
Tal vez el actor más desconocido sea el que en los últimos
meses ha adquirido más protagonismo en la zona: el
Ejército Mexicano. De manifestarse visiblemente como
aliado de "Paz y Justicia", ha pasado a desempeñar
un rol acorde con el que se le asigna a las fuerzas armadas
en la estrategia de guerra de baja intensidad: implementar
programas asistenciales en las comunidades, elaborar un discurso
y una praxis que apunten a "ganar los corazones y las
mentes" de la población y a legitimar su imagen
ante la opinión pública; y paralelamente, ir
extendiendo su presencia para controlar físicamente
todo el territorio de conflicto.
ANGELES Y DEMONIOS: LA RELIGIÓN COMO ARMA IDEOLÓGICA
En muchas ocasiones se ha querido presentar el conflicto
de la zona Norte como de carácter religioso. Si bien
es cierto que la oposición 'priístas-perredistas'
tiene su correlativa 'evangélicos- católicos',
es claro que el fondo del problema es político, y
que la aparición de iglesias evangélicas en
la zona ha sido una forma de ofrecer una alternativa religiosa
a los oficialistas que no comulgaban con la teología
de la liberación de la pastoral católica.
Hay una relación muy estrecha entre pastores evangélicos
y dirigentes de "Paz y Justicia"; en algunos casos,
los roles coinciden en la misma persona. Su discurso es también
muy similar: el obispo, los curas y agentes pastorales católicos
son satanizados y acusados de provocar la violencia y la
división entre los choles.
Ante esta radicalización -a la que no escapan tampoco
los católicos-, tanto la diócesis de San Cristóbal
como algunas estructuras de las iglesias evangélicas
-especialmente la Presbiteriana- han empezado a promover
reuniones tendientes a desarrollar un espíritu de
ecumenismo y tolerancia para iniciar un proceso de reconciliación
en las comunidades. La tarea es tan larga y ambiciosa como
necesaria para revitalizar un proceso de paz tan debilitado.
LO QUE VENDRÁ
La ola de violencia desatada en Chiapas en los primeros
meses de este año (Ver Chiapas...Entre
el olvido y la memoria, p. 1) parece indicar que la problemática
que hasta ahora se limitaba fundamentalmente a cuatro municipios
de la zona Norte, amenaza extenderse a otros municipios vecinos
y regiones del estado. La impunidad que acompañó los
hechos pasados ha demostrado una vez más ser la forma
más segura de multiplicarlos.
La Estación Norte ha manifestado en reiteradas ocasiones
que el conflicto en el Norte de Chiapas no podía quedar
aislado del proceso de negociaciones que el gobierno y el
EZLN estaban desarrollando. La crisis de ese proceso -a la
que recientemente el Subcomandante Marcos calificó de "etapa
terminal"- hace más dramática la posibilidad
de encontrar una solución política a ese conflicto.
Por el contrario, la exclusión de la zona Norte de
la reconocida formalmente como "zona de conflicto" (Altos
y Selva), permite trasladar allí el escenario de guerra,
aun en sus formas más sucias. Allí no hay observadores
permanentes de los Campamentos Civiles por la Paz, ni un
marco legal específico que obligue a todas las partes
en conflicto y cuyo incumplimiento pueda ser denunciado.
En la estrategia contrainsurgente, es el lugar donde se puede
golpear más duramente al enemigo con el menor costo
político.
Por otra parte, el lanzamiento de la campaña electoral
y la proximidad de las elecciones legislativas de julio plantean
una nueva amenaza y un nuevo desafío para los actores
políticos en el Norte: reiterar las experiencias de
1994 y 1995 que casi llevan a los choles a una guerra civil,
o asumir la lucha política legítima y respetuosa
de las diferentes opciones electorales. El gobierno estatal
y el federal tendrán una gran responsabilidad en el
curso que los acontecimientos tomen allí y en el resto
del estado en los próximos meses.
* Este artículo ha sido elaborado a partir del trabajo
del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas: "Ni Paz ni Justicia".
SAN PEDRO NIXTALUCUM:
Otra trampa contra los indígenas
En la comunidad tzotzil de San Pedro Nixtalucum
(municipio de El Bosque), como en tantas otras de Chiapas,
la población está dividida entre priístas
y perredistas/zapatistas civiles. Los segundos, participando
del movimiento autonomista, se consideran parte del autoproclamado "municipio
autónomo San Juan de la Libertad". Desde entonces,
han coexistido dos poderes paralelos, que han resuelto sus
conflictos por sus propios medios.
El enfrentamiento del pasado 14 de marzo entre ambos bandos
estaba a punto de resolverse pacíficamente, cuando
la intervención de las fuerzas de seguridad precipitó los
acontecimientos. Las policías estatal y judicial y
el ejército federal llegaron a San Pedro en tres vehículos
y dos helicópteros en el momento en que priístas
y perredistas/zapatistas acababan de pactar un acuerdo de
paz por el cual ponían fin a los enfrentamientos,
y se devolvían mutuamente los prisioneros que cada
parte tenía.
Los testigos dicen que las fuerzas de seguridad llegaron
con gran despliegue e intervinieron a favor de los priístas,
liberando a sus detenidos y tomando prisioneros a los del
bando contrario. Los golpearon, redujeron, y hacinaron en
los vehículos que los transportarían a la cárcel
de Tuxtla Gutiérrez. Cuando empezaban a salir, encontraron
el camino bloqueado por los perredistas/zapatistas. Entonces,
la policía abrió fuego. Desde un helicóptero,
el comisariado ejidal (autoridad) priísta de San Pedro
señalaba las casas y personas identificadas como zapatistas,
y sobre ellas llovían los disparos. Mientras la gente
huía hacia las montañas, la policía
entraba a las casas de los perseguidos, sacando a golpes
a los hombres, destruyendo y saqueando sus cosechas y bienes.
El resultado fue de cuatro muertos, muchos heridos, más
de 300 refugiados y 27 detenidos; todos del lado perredista/zapatista.
La paradoja es que los detenidos perredistas/zapatistas
han sido procesados en Tuxtla, acusados de varios delitos
que incluyen el asesinato de sus propios compañeros.
Uno de los detenidos está acusado de haber dado muerte
a su propio hijo, que cayó bajo las balas de la policía.
Otro de sus hijos, menor de edad, fue herido de bala y está también
preso y acusado junto a su padre.
Los periodistas y observadores que visitaron San Pedro Nixtalucum
después de la masacre, testimonian el panorama desolador:
casas destruidas y vacías, policías y soldados
acampados a la entrada de la comunidad, y el desconcierto
de muchos de los propios priístas, víctimas
también de la violencia promovida por los responsables
del orden público al servicio de la estrategia contrainsurgente. "No
queremos matarnos entre nosotros", declaró a
La Jornada un poblador priísta.
Un desconcierto y desamparo aun mayor refejan los indígenas
en la cárcel de Tuxtla: algunos ni siquiera entienden
el español, no saben por qué están presos,
ni siquiera vieron lo que ocurría cuando ya estaban
encerrados en los vehículos policiales. Ante los observadores
y miembros de la CONAI, muestran las heridas producidas por
las balas y la tortura, y preguntan quién cuidará sus
cosechas, quién alimentará a sus mujeres e
hijos, cuándo los dejarán vivir tranquilos.
SIPAZ también se pregunta: cuánto vale la
vida de los indios de Chiapas? Cuántas más
serán necesarias para que la justicia, la paz y el
respeto a su dignidad humana lleguen para ellos?
:: Actividades del equipo
Febrero - abril de 1997
- El Comité Directivo
de SIPAZ realiza su reunión en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas. El equipo coordinó entrevistas
con:
- Ejército mexicano y miembros de Paz y Justicia
en El Limar;
- Presidente Municipal y miembros de la Estación
Norte en Chilón;
- Asociación de Ganaderos y Consejo Municipal
de Ocosingo;
- Hospital San Carlos y Presidente Municipal de Altamirano;
y con organizaciones representativas en San Cristóbal.
- Posteriormente en el D.F., el Comité Directivo se
reunió con
- Mireillie Roccatti, la nueva Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos;
- Rodolfo Stavenhagen, Presidente de turno de la Comisión
de Seguimiento y Verificación;
- Oscar González, Presidente de la Academia Mexicana
de Derechos Humanos.
- Participación en el Encuentro de Promotores y Agentes
de Salud en la comunidad de Moisés Gandhi, Ocosingo.
Asi como también en el Encuentro de Organizaciones
Indígenas de Chiapas en la comunidad de Patiwitz,
Ocosingo
- Participación en brigadas de observación
a zonas de alta conflictividad y violencia (Chenalhó,
Palenque, Pantelhó, Paraíso, etc.)
- Producción de varias Acciones Urgentes y del boletin
trimestral; distribución en la comunidad Internacional.
- Participación en febrero en el Encuentro Estatal
por la Paz(San Cristóbal de las Casas) y en marzo
en el Encuentro Nacional por la Paz (ciudad de México).
Iniciativa civil de articular un esfuerzo nacional para promover
la paz y la democracia en México.
- Participación en un taller sobre "Manejo del
miedo y la seguridad en situaciones de Conflicto" en
la ciudad de México.
- Visita y entrevista con desplazados por
la violencia en Nuevo Mérida (Palenque), en Santa Catarina
(Sabanilla), y La Realidad (Las Margaritas).
- Contactos con el CEDECH (Comité de Defensa Evangélica
de Chiapas), la lglesia Presbiteriana y la Iglesia Bautista
de Chiapas para promover instancias de diálogo y reconciliación
en los conflictos religiosos.
- Presencia de una delegacion de observadores
internacionales en la prisión estatal de Cerro Hueco para verificar
las condiciones en que viven los presos, principlamente
los de la Zona Norte y los de El Bosque.
- Se desarrollaron y mantuvieron contactos
con grupos de derechos humanos y
ecologistas en los
estados
de Oaxaca y
Tabasco.
- Contactos y entrevistas con miembros
del FZLN (Frente Zapatista de Liberación
Nacional) y del FIPI (Frente Independiente
de Pueblos Indígenas).
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