:: SUMARIO
México es un país de frontera
entre el Tercer y el Primer Mundo; Chiapas es una región
rica y pobre a la vez en esta realidad mexicana.
Las negociaciones surgidas después del levantamiento
zapatista de enero de 1994 en Chiapas han sido suspendidas
desde septiembre por falta de avances reales en los compromisos
contraidos en febrero de 1996 sobre Derechos y Cultura Indígena.
Al conmemorar el tercer aniversario del levantamiento zapatista
en Chiapas, dos consignas reflejan los sentimientos del momento
de los Pueblos Indígenas; la primera, "En Tres
Años Nada Ha Cambiado", y la segunda, "Nunca
Más Un México Sin Nosotros".
Por primera vez en su historia, México tiene la oportunidad
de reconocer constitucionalmente el derecho a la libre determinación
y autonomía de los Pueblos Indígenas. Después
de varios impasses que parecían insuperables, los
esfuerzos de las negociaciones entre el gobierno y el EZLN
para otorgar autonomía a los Pueblos Indígenas,
han culminado en un documento elaborado por la COCOPA que
incorpora las posiciones acordadas en febrero en San Andrés
Larráinzar por las dos partes. Fué concebido
como un documento "final", para ser aprobado o
rechazado.
Mientras el EZLN lo aprobó con reservas, considerándolo
como base sólida para la creación de un proyecto
de ley de autonomía, el gobierno escogió presentar
una contrapropuesta que fué tajantemente rechazada
el 11 de enero por el EZLN.
El gobierno federal insiste que su propuesta es coherente
con los Acuerdos de San Andrés y que al EZLN le falta
compromiso para buscar consensos. Los zapatistas responden
que esa propuesta "implica una grave negación
del espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés," y
que los derechos que se pretende reconocer son socavados
en el mismo texto con el propósito de dejar a los
Pueblos Indígenas en la misma discriminación
de siempre.
El debate continúa, pero al revisar los textos es
dificil evitar la conclusión de que la propuesta del
gobierno representa una revisión de lo previamente
acordado. En todo caso, a un año de que los acuerdos
fueron firmados, nada ha sucedido para mejorar las pésimas
condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los Pueblos
Indígenas, hecho que quita fuerza a los argumentos
del gobierno. Los Zapatistas siguen insistiendo en que los acuerdos
firmados en San Andrés sean respetados. Algunos analistas opinan
que el gobierno perdió una oportunidad histórica.
El futuro del EZLN está vinculado estrechamente con
el éxito que pueda tener la consolidación del
movimiento indígena. Sin embargo, es claro que cualquiera
que sea el futuro, los planteamientos que ese movimiento
ha colocado en el centro de la escena política en
estos tres años, indican que México nunca más
será el mismo de antes del alzamiento zapatista.
Mientras muchos esperaban que el gobierno presentara
algo que la contraparte interpretara como una señal de
acercamiento, el rechazo de la contropropuesta ofrecida por
el Presidente Zedillo, indica que la paz no está cercana.
El equipo de SIPAZ en Chiapas ve con preocupación
otros signos nada alentadores para el proceso de paz.
Nos preocupa la designación de militares para importantes
puestos de orden civil a nivel nacional y una creciente militarización
en varios estados. Además, las fuerzas policiacas,
militares y paramilitares actúan en conjunto y gozan
de impunidad en todo el país, especialmente en la
zona norte de Chiapas. A esto se suman la insolvencia económica
y el creciente mapa de pobreza sobre el territorio nacional
y la aparición de nuevas agrupaciones guerrilleras.
El aislamiento y la incertidumbre sobre el proceso
de paz favorece el desgaste y la polarización en las comunidades.
Una nueva ola de intimidaciones dirigidas en contra de símbolos
de la sociedad civil organizada crea un clima social más
propicio a la violencia que a la paz.
En este año de elecciones legislativas los partidos
políticos y otras fuerzas sociales enfocaran sus esfuerzos
en la contienda electoral de julio. Con ello el proceso de
paz en Chiapas puede entrar en un tiempo peligroso, en el
que se vean reducidos a un segundo plano la lucha de los
Pueblos Indígenas y las causas que originaron el conflicto.
Al final del año, signos de esperanza han sido la
consolidación del Congreso Nacional Indígena
en octubre, la reciente liberación de casi todos de
los presuntos zapatistas presos, y la instalación
de la Comisión de Seguimiento y Verificación
(COSEVE) en noviembre. La función que pueda tener
la COSEVE sin un acuerdo entre las partes sigue siendo un
interrogante.
Después del "NO" categórico del EZLN
a la contrapropuesta del Presidente, corresponde a la COCOPA
(según se comprometió publicamente) hacer llegar
al Congreso de la Nación la iniciativa de ley que
preparó. Y si la opinión pública es
capaz de ejercer sobre el Congreso una presión tal,
que se tenga que asumir en la Carta Magna esta iniciativa,
estaremos en un momento histórico del país
en el que se consolide más el federalismo y la democracia.
Queda claro que no va a ser nada facil.
Acciones Recomendadas
Exhortar a la COCOPA y al Poder
Legislativo a llevar adelante el proyecto de ley sobre
Derechos y Cultura Indígena, para lograr la
implementación efectiva de los Acuerdos de San
Andrés.
Urgir al Ejecutivo mexicano a:
- redoblar sus esfuerzos para lograr
un acuerdo con el EZLN en cuanto a la implementación
de los Acuerdos de San Andrés.
- tomar medidas inmediatas y eficaces para desarmar
y castigar conforme a derecho a los grupos paramilitares
en la zona norte de Chiapas, y favorecer la reconciliación
en la región
- atender a las demandas específicas de la población
afectada
- frenar la militarización creciente en Chiapas
y otros estados del país y retirar las tropas
de las comunidades
- reconocer y respetar la labor humanitaria que
realizan los observadores internacionales y los
trabajadores
por los derechos humanos, cuya labor constituye
un apoyo sustancial al proceso de paz.
Favor de escribir a:
COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF - México
Fax: (52 5) 535 27 26
Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
San Lázaro
15969 México, DF - México
Fax: (52 5) 542 1558
LIC. ERNESTO
ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (52 5) 271 1764 / 515 4783
Correo electrónico
EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (52 5) 546 5350 / 546 7380
LIC. JULIO C. RUIZ FERRO
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (52 961) 20917
Además:
- difundir información - como este reporte - para
movilizar a la opinión pública internacional.
- estar vigilantes y preparados para contrarrestar
una escalada de violencia en Chiapas.
:: ACTUALIDAD
¿DE QUE VALE UN ACUERDO?
El Diálogo de San Andrés
Larráinzar permanece suspendido desde que, a principios
de septiembre, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional) decidió retirarse de las negociaciones hasta
tanto no se cumplieran las condiciones estimadas necesarias
para la credibilidad del proceso (ver SIPAZ
Informe Año
1 - No. 2 ), relativas fundamentalmente al cumplimiento de
los acuerdos firmados en febrero de 1996. Posteriormente
se agregó también la condición de poner
fin a la violencia del grupo paramilitar príista "Paz
y Justicia" en la zona norte de Chiapas.
Ante esta nueva
crisis del Diálogo, CONAI (Comisión
Nacional de Intermediación) y COCOPA (Comisión
de Concordia y Pacificación) comenzaron a desplegar
importantes esfuerzos para buscar un acercamiento entre las
partes. En un documento del 12 de septiembre, la CONAI realizó un
análisis de las causas de esa crisis. Según
el organismo presidido por el Obispo Samuel Ruiz, el modelo
de negociación acordado para San Andrés en
1995 tenía algunos supuestos estratégicos que,
al no cumplirse, pusieron en crisis no sólo la Mesa
del Diálogo, sino todo el proceso de construcción
de una paz justa y digna.
Entre esos supuestos de San Andrés,
la CONAI destaca que:
- la negociación produciría
acuerdos eficaces y verificables que atendieran las causas
reales del conflicto;
- a mayor avance político de la Mesa, correspondería
un decrecimiento de las acciones policíaco militares;
- el avance del proceso de paz en Chiapas repercutiría
como impulso y aporte para los demás retos y agendas
nacionales.
Fue así que
diversas personalidades y organizaciones de la sociedad civil
mexicana, respondiendo a un llamado de la CONAI, se pronunciaron
en septiembre por el establecimiento de un "Diálogo
Nacional por la Paz en México". En el documento
apoyado por más de 200 organizaciones y 500 firmas
de personalidades distinguidas, se decía:
"No puede resolverse la candente
cuestión de
la paz, si ésta no se vincula con la dinámica
de los necesarios cambios nacionales que la hagan realidad.
El tránsito a la democracia es el mejor camino para
que la paz no signifique el sacrificio de la libertad y
de la justicia".
La iniciativa incluía un llamado
a los tres Poderes del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los
grupos en armas, a los partidos políticos, a las organizaciones
sociales y a los principales actores del conflicto de Chiapas,
para ser parte de ese Diálogo Nacional, entendido
como
"proceso multiforme que construya espacios en los que
se pongan en relación todas las propuestas civiles,
partiendo de la convicción de que, en esta hora, es
indispensable un pluralismo que, respetando las diferencias,
avance en la construcción de consensos sociales".
La Secretaría de Gobernación, por su parte,
respondió a estas iniciativas con una campaña
de ataques al Obispo Samuel Ruiz, acusándolo de buscar
un protagonismo y unas prerrogativas de alcance nacional
que contravenían la razón de ser y el origen
de la CONAI.
Mientras tanto, el clima de hostilidad entre el gobierno
federal y el EZLN se acentuó todavía más
a raíz del debate generado en torno a la posible participación
de representantes de éste último en el Congreso
Nacional Indígena, celebrado en la ciudad de México
entre el 8 y el 12 de octubre y al que el EZLN fue invitado
a concurrir. Mientras diversos sectores y personalidades
se movilizaban bajo la consigna "Rompiendo el cerco" para
organizar el viaje de los zapatistas a la capital, el gobierno
advirtió que la "Ley para el Diálogo y
la Pacificación" que impide apresar a los mismos
se restringe a las fronteras de Chiapas, más allá de
las cuales las órdenes de aprehensión siguen
vigentes.
Detrás de estas amenazas y de la polémica
político jurídica que generaron, quedó en
evidencia la determinación del gobierno mexicano de
impedir la proyección del movimiento a nivel nacional.
Después de delicadas negociaciones mediadas por la
COCOPA, el gobierno accedió a que una delegación
del EZLN asistiera al Congreso sin ser reprimida. Los jefes
zapatistas decidieron enviar como su representante a la legendaria
comandanta Ramona, gravemente enferma, quien viajó hasta
el Distrito Federal escoltada por miembros de la COCOPA.
En la capital, además de ser ovacionada por el Congreso
Nacional Indígena, Ramona participó en una
serie de actos y recibió numerosas muestras de solidaridad.
Entre los meses de octubre y diciembre, la COCOPA, integrada
por miembros de todos los partidos representados en el Congreso,
desempeñó un papel decisivo para generar las
condiciones que habilitaran un restablecimiento del proceso
de negociación en Chiapas. Para ello mantuvo una serie
de entrevistas con la comandancia del EZLN que resultaron
en la realización de tres "Encuentros Especiales" o
reuniones tripartitas entre ambos y la CONAI, en San Cristóbal
de las Casas. El objetivo de esas reuniones era fundamentalmente
discutir los mecanismos de implementación de las condiciones
impuestas por el EZLN para la reanudación del Diálogo.
A fines de diciembre, los dos logros más significativos
en ese sentido han sido la instalación de la Comisión
de Seguimiento y Verificación (COSEVE, cuyo cometido
es vigilar la implementacion de los acuerdos de San Andrés)
y el proyecto de ley presentado por la COCOPA para incluir
en una reforma constitucional los acuerdos de San Andrés
(ver Enfoque, AUTONOMIA INDIGENA)
La COSEVE, que quedó formalmente instalada en San
Cristóbal de las Casas el 7 de noviembre, está compuesta
por ocho representantes del gobierno y de los zapatistas
respectivamente, dos invitados permanentes de cada parte,
un secretario técnico por delegación, un observador
de la COCOPA y uno de la CONAI. A invitación del EZLN, la Alianza Cívica Nacional,
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos,
la Red Nacional de DDHH "Todos los Derechos para Todos" y
el Congreso Nacional Indígena -además de reconocidas
personalidades políticas e intelectuales- aceptaron
integrar la COSEVE. Una vez más, el EZLN demostró su
voluntad de que sea la sociedad civil, a través de
sus organizaciones más prestigiosas y representativas,
quien participe directamente en la supervisión del
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en San Andrés.
Como suele
suceder cada vez que el proceso de paz tiene un avance
significativo, los sectores interesados en desestabilizarlo
realizan o toleran acciones de violencia que enrarecen
el clima político y social y aumentan la conflictividad
en el estado. Poco después de instalada la COSEVE,
se desató en Chiapas una verdadera ola de violencia:
conflictos poselectorales en San Andrés Larráinzar,
enfrentamientos ideológicos entre campesinos en
Amatenango del Valle, daños en las puertas del
templo de Sto. Domingo y de dos cafeterías en
San Cristóbal, entre otros.
Como los más graves, destacan la represión
policial sufrida por el movimiento de los maiceros que
realizaban un bloqueo carretero en Laja Tendida (municipio
Venustiano Carranza) en demanda de mejores precios para
el maíz (que dejó un saldo de tres campesinos
asesinados), y los atentados, hostigamientos y amenazas
de muerte perpetrados contra la Coordinadora de Organismos
Civiles por la Paz (CONPAZ), incluyendo el secuestro
y tortura de uno de sus integrantes (Javier López
Montoya) y su familia. Unas treinta personas de CONPAZ
y otras organizaciones sociales fueron amenazadas de
muerte en el mes de noviembre.
A nivel estatal, fue relevante la confirmación
del interino Julio César Ruiz Ferro (del PRI)
como gobernador del estado de Chiapas hasta el final
del período. A pesar de que la oposición
reclamaba que el interinato terminara con el llamado
a elecciones extraordinarias, a principios de diciembre
la mayoría priísta del Congreso confirmó al
actual gobernador.
En noviembre, continuaron los esfuerzos para dar forma
al proyecto de ley constitucional sobre los acuerdos
en materia de derechos y cultura indígena. Después
de algunos intentos frustrados de alcanzar un consenso
-por las diferencias ya planteadas en San Andrés-,
la COCOPA pidió a ambas partes que le entregaran
sus documentos finales, a partir de los cuales los legisladores
redactarían el proyecto de ley (ver Enfoque, AUTONOMIA
INDIGENA), con el compromiso de ambas partes de que ese
sería el texto final. Así, el 29 de noviembre
la COCOPA presentó un texto que, según
manifestaron los legisladores, recogía los acuerdos
de febrero y era, además, un documento final que
no admitía más observaciones que una respuesta
de "sí" o "no". En caso de
que una de las partes respondiera "no", la
COCOPA daba por finalizada su labor de coadyuvancia.
El EZLN manifestó que si bien consideraba que
el proyecto de la COCOPA era insuficiente en algunos
puntos, lo aceptaba como una forma de seguir avanzando
en el proceso de reconocimiento constitucional de los
derechos indígenas. La Secretaría de Gobernación,
después de tres días de una tensa espera,
comunicó que tenía observaciones al documento
y que la COCOPA debía trasmitirlas al EZLN. La
dirigencia zapatista respondió que, dado que se
trataba de un documento final, interpretaba las observaciones
como un "no", es decir, que el gobierno se
negaba a cumplir los acuerdos de San Andrés.
Haciendo un esfuerzo más para impedir el fracaso
del proyecto, la COCOPA se entrevistó nuevamente
con Gobernación y con el mismo Presidente Zedillo,
el 6 y 7 de diciembre respectivamente. Allí se
puso en evidencia que el Presidente estaba poco y mal
informado sobre el proceso que había seguido esta
etapa de la negociación, y que desconocía
incluso el origen y el contenido del proyecto presentado
por la COCOPA.
El Presidente Zedillo solicitó a los legisladores
un plazo de quince días para estudiarlo y consultar
con especialistas jurídicos la constitucionalidad
del proyecto. También envió un mensaje
verbal a la dirigencia del EZLN -a pesar de la oposición
de la Secretaría de Gobernación-, comprometiéndose
a dar una respuesta antes del 23 de diciembre. El día
19, los miembros de la COCOPA entregaron al EZLN, con
carácter confidencial, la posición del
Presidente Zedillo. A su vez, los zapatistas anunciaron
que el 11 de enero darían a conocer su respuesta.
El 1 de enero, tercer aniversario del levantamiento armado,
el EZLN, en un escueto comunicado, convocó a sus
asesores y a los miembros del Congreso Nacional Indígena
a tomar parte en la discusión y el análisis
de la respuesta que daría al Presidente.
El 11 de enero el EZLN rechazó "totalmente" la
contrapropuesta gubernamental, considerándola "inaceptable" porque "implica
una grave negación del espíritu y la letra
de los Acuerdos de San Andrés". El comunicado
zapatista afirma que, "Hoy queda clara la voluntad
guerrerista del señor Ernesto Zedillo...cada derecho
de los pueblos indios que dice reconocer queda inmediatamente
limitado y subordinado en el propio texto constitucional
a leyes secundarias, con graves incongruencias jurídicas
pero con un claro significado político: reduce
a los indígenas a ciudadanos de segunda.(...)
Además se postula reiteradamente la absoluta discrecionalidad
de las autoridades, anulando el principio de participación
de los pueblos indios acordado en San Andrés y
recogido en la propuesta de la COCOPA". El EZLN
hizo un llamado a la COCOPA a dejar de lado la propuesta
del gobierno y a "defender y llevar adelante su
propia propuesta." (Para más detalles, ver
Enfoque, AUTONOMIA INDIGENA).
Por su parte, el gobierno federal
respondió en
un comunicado de prensa que
"Ha sido preocupación del
gobierno, y lo sigue siendo, emprender las reformas jurídicas
necesarias para lograr una nueva relación entre el
Estado y las comunidades indígenas del país."
El jefe de la delegación del gobierno, Marco Antonio
Bernal, aseveró, "El gobierno cumplió con
lo pactado en San Andrés..." y llamó a
los zapatistas a traducir en hechos sus declaraciones de
que desean la paz.
La COCOPA anunció que, ante la delicadeza de la situación,
se tomaría el tiempo necesario para estudiar las posibilidades
de ofrecer a las partes una ulterior oportunidad de acercamiento.
:: ANALISIS
A pesar de la insistencia del gobierno
mexicano de limitar el conflicto de Chiapas a sus dimensiones
locales, consideramos que es imposible entender la dinámica
de los hechos en este estado ni el comportamiento de los
actores involucrados en el proceso, sin vincularlo al contexto
nacional.
Esto parece aun más claro desde que, a medida que
avanza el nuevo año, el proceso de paz en Chiapas
está siendo cada vez más sobredeterminado por
las elecciones legislativas que el país vivirá en
julio.
En los últimos meses, diversos hechos indican una
creciente pérdida de hegemonía del Partido
Revolucionario Institucional (PRI): el desplazamiento de
connotadas figuras políticas y ex militares de alto
rango hacia otros partidos; las victorias de la oposición
(PAN y PRD) en las elecciones municipales de varios estados.
Ante esta situación, el partido gobernante -entre
otras medidas como la sustitución del presidente del
PRI y la destitución del Procurador General de la
República panista , único miembro de la oposición
en el gabinete- hizo fracasar la reforma electoral consensada
para alcanzar una democratización del sistema político.
Después de dos años, las negociaciones terminaron
en una nueva imposición de las posturas del PRI, ignorando
las expectativas de la oposición.
Al avance de la oposición en el plano político
se corresponde un aumento de la movilización en sus
distintas expresiones, incluso las más radicales,
como el incremento de las acciones del EPR (Ejército
Popular Revolucionario) y el surgimiento de otros grupos
armados.
Especial significación tienen diversas iniciativas
de la sociedad civil que hacen cada vez más visible
la voluntad de cambio de muchos sectores del país.
Esas iniciativas, si bien permanecen todavía desarticuladas,
representan una importante contribución al proceso
de democratización y de participación ciudadana
en México. Lamentablemente, parece que hasta ahora
la respuesta más frecuente del gobierno es la indiferencia,
la represión o las soluciones autoritarias: militarización
de la seguridad pública y de otras esferas de la vida
civil; estrategias contrainsurgentes que violan los derechos
elementales de la población civil en los estados de
más alta marginación; persecución y
amenazas contra opositores sociales y políticos, defensores
de los derechos humanos, organizaciones civiles, etc.
Este deterioro de la situación de los derechos humanos
y las garantías individuales en el país ha
sido reiteradamente señalado por organizaciones internacionales
que han realizado visitas in situ a México, tales
como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados
Americanos.
La persistencia de un ambiente de violencia social y política
en Chiapas, así como el incremento de la militarización
y el autoritarismo en otros estados, determinan a nuestro
juicio un contexto nacional altamente desfavorable para cualquier
proceso de negociación que aspire a resolver los conflictos
desde su raíz.
La incertidumbre provocada por la prolongada suspensión
del Diálogo y la postergada respuesta de Zedillo a
la COCOPA en diciembre, desembocó en una nueva crisis
al rechazar el EZLN, el 11 enero, la contrapropuesta gubernamental.
A esto se suma el desgaste que sufren las comunidades indígenas,
para quienes nada ha cambiado en tres años de negociaciones.
Si bien el gobierno ha volcado gran cantidad de recursos
en las zonas de conflicto, éstos han sido, además
de insuficientes, utilizados con criterios clientelísticos
para favorecer a sus partidarios y aumentar la división
y confusión en las comunidades.
Además, la implementación de esos programas
asistenciales se ha dejado en gran medida en manos del Ejército
Mexicano, lo que constituye una faceta de la guerra de baja
intensidad a través de la cual se está militarizando
cada vez más la región. Después de multiplicar
su presencia en la Selva y Los Altos, ahora las fuerzas militares
están penetrando en la zona norte, estratégica
para el control geopolítico del corredor que comunica
a Chiapas con Tabasco.
En esta región las fuerzas de seguridad del estado
(Ejército Mexicano y policía de seguridad pública)
toleran y en algunos casos propician abiertamente que grupos
armados ó paramilitares impongan su voluntad sobre
las comunidades, principalmente con bloqueos de caminos,
impedimento del libre tránsito, detenciones arbitrarias,
robos y agresiones físicas. (Ver La zona norte de
Chiapas: El nuevo escenario de la guerra) No parece claro
qué hay detrás de este tipo de acciones, pero
se supone que responden a fuertes intereses de control político
y de seguridad nacional.
Varias hipótesis intentan explicar las diversas expresiones
de violencia en el estado. Algunos señalan que las
acciones represivas, que no por casualidad coinciden con
los logros en el proceso de paz, son promovidas por un sector
del gobierno del estado, representado por el Secretario de
Gobierno Eraclio Zepeda, identificado como de "línea
dura". Este grupo de poder tiene, a nivel local, lazos
con los grupos paramilitares, los caciques ultraconservadores,
y las fuerzas de seguridad. A nivel federal, se apoyaría
en la línea que por detrás del discurso negociador
está implementando una estrategia de contrainsurgencia
para golpear a la sociedad civil organizada, crear un clima
de miedo e inseguridad y desestabilizar el proceso de paz.
Detrás de la escalada de violencia que se vivió desde
el mes de noviembre en Chiapas contra las organizaciones
civiles, tiendas e iglesias identificadas con los intereses
de los Pueblos Indígenas, varios analistas coinciden
en que podrían estar los sectores más conservadores
y racistas que ven en el movimiento indígena y en
el EZLN una amenaza para sus intereses. Los llamados "auténticos
coletos" -integrantes o afiliados de la oligarquía
sancristobalense- han expresado con frecuencia, en estos
tres años de conflicto, su rechazo a la Iglesia Católica
bajo el Obispo Samuel Ruiz, a las organizaciones civiles
locales y a los internacionalistas, por considerar a todos
ellos aliados del EZLN.
Por otro lado, existiría otro grupo de poder en el
gobierno del estado, representado por el gobernador Julio
César Ruiz Ferro y algunos congresistas integrantes
de la COCOPA, más dispuesto a llevar adelante una
línea negociadora para solucionar los conflictos.
En ese sentido, la confirmación de Ruiz Ferro como
gobernador ha suscitado interrogantes y expectativas, ya
que entre los cambios anunciados en su gabinete podría
estar la remoción del Secretario de Gobierno]Zepeda
y otros representantes de la línea dura.
DESAFÍOS
Por ser éste un año electoral,
es casi seguro que las distintas fuerzas y actores políticos
del país enfocarán sus esfuerzos en las elecciones
de julio próximo. Tanto los partidos como las diferentes
organizaciones sociales estarán apostando a buscar
un cambio que pase principalmente por el campo electoral.
En Chiapas, esa coyuntura electoral sumada a la actual crisis
del Diálogo, coloca al proceso de paz en una encrucijada
muy peligrosa, pues mientras la atención política
esté centrada en las elecciones y campañas,
el conflicto quedaría en un segundo plano, lo que
no sólo comprometería aun más sus posibilidades
de avance, sino también permitiría la escalada
de la violencia en la región.
Ante la falta de acuerdo entre las partes
para convertir en ley constitucional los compromisos asumidos
hace un año
en San Andrés, la pregunta que todos se hacen es:
¿qué destino tendrá el
proceso de paz en Chiapas?
La estrategia del gobierno federal es clara: por un lado,
insistir que su propuesta pone en práctica lo acordado
en San Andrés, culpar al EZLN por este último
fracaso y atribuirlo a su intransigencia para negociar un
consenso; por otro, derrotarlo politicamente al minimizar
el espacio de San Andrés y el movimiento indígena
surgido a partir de él (representado por los Foros
Indígenas y el Congreso Nacional Indígena),
y abriendo otras instancias estratégicas de negociación
con cada etnia por separado sobre asuntos puntuales.
Para el EZLN, su suerte depende más que nunca de
la que ha sido siempre su apuesta fundamental: que el movimiento
indígena y la sociedad civil, a nivel nacional, se
movilicen para exigir tanto al Ejecutivo como a la COCOPA,
que respeten los compromisos asumidos ante la ciudadanía;
el primero, cumpliendo los acuerdos que firmó hace
casi un año y la segunda, presentando y defendiendo
ante el Congreso su propuesta de ley, para que sea debatida
en un ámbito plural y representativo de todos los
sectores políticos del país.
Es necesario señalar, sin embargo, que la capacidad
de convocatoria del EZLN a la sociedad civil no es la misma
que en enero de 1994 frenó la guerra. Y que el movimiento
indígena es hoy, más que una realidad consolidada,
una potencialidad a fortalecer, sobre todo en la medida que
logre unificarse y hacer frente a la estrategia gubernamental
que busca dividirlo y atomizarlo.
El futuro de la COCOPA es aún más incierto.
Al momento del cierre de este Informe, parece que se encuentra
ante dos alternativas: cumplir lo que había anunciado
en el sentido de presentar su proyecto ante el Congreso -aun
con la oposición del Ejecutivo- o perder la oportunidad
de, con ese acto, afirmar su independencia como Poder Legislativo
en un verdadero sistema democrático. Varias voces
ciudadanas, incluída la CONAI, han exhortado a la
COCOPA a llevar adelante su iniciativa, para impedir el fracaso
del Diálogo de San Andrés, y sentar un precedente
histórico para el proceso de democratización
en México.
En el primer caso, más allá del destino que
tuviera el proyecto en la escena parlamentaria, la COCOPA
obtendría una victoria moral por haber sido coherente
con la palabra empeñada. En tal caso sería
dificil, pero no imposible, lograr reformas constitucionales
que puedan servir a los Pueblos Indígenas que puedan
servir como un paso adelante en el tortuado proceso de paz.
En el segundo, perdería el considerable capital político
acumulado en los últimos meses, y podría llegar
a disolverse por completo. Eso sería un golpe fuerte
contra el proceso de paz.
Queda por ver que camino escogera, o si descubre una tercera
alternativa no prevista.
Para la Secretaría de Gobernación, es ésta
la hora de la verdad. A pesar de la campaña lanzada
en los medios masivos de comunicación para oponer
su aparente voluntad negociadora a la intransigencia del
EZLN, es indudable que tiene una responsabilidad directa
por el estancamiento de las negociaciones, al haber rechazado
la propuesta de la COCOPA para implementar los acuerdos que
firmó en febrero.
En vísperas del año nuevo, en la firma del
Acuerdo de Paz en Guatemala, el Presidente Zedillo habló sobre
el "triunfo de la política sobre la violencia,
del diálogo sobre la intransigencia y de la racionalidad
sobre la sinrazón". Exhortó a "transformar
los recursos del enfrentamiento en recursos para el bienestar;
las divergencias irreconciliables en la pluralidad de la
democracia, pluralidad para alcanzar fines comunes: justicia,
libertad, legalidad, seguridad y paz".
Sería deseable que se aplicaran estos mismos criterios
y valores en su propio país.
:: ENFOQUE
LA AUTONOMIA INDIGENA
NI SEPARATISMO NI
RESERVACIONES: CIUDADANÍA PLENA
Nunca en 500 años, ningún
gobierno de este país llamado México, había
reconocido de una forma amplia y precisa, a nivel constitucional,
los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo
y a pesar de ello, México se mantuvo, en las últimas
cuatro décadas, como un "ejemplo" en América
Latina, por contar con una política de Estado y una
estructura especial (Instituto Nacional Indigenista) para
la atención de las necesidades de los Pueblos Indios.
Esta política integracionista tuvo más errores
que aciertos ya que orillaba a los indígenas a renunciar
a su cultura y tradiciones o a conservarlas como un mero
folklor de atracción turística. Aún
así los Pueblos Indígenas de México
resistieron los embates de la "modernización" que
por años los ha marginado de la vida del país.
Aún también, cuando en las últimas
décadas varios investigadores y antropólogos
dedicaron casi su vida al estudio y conocimiento de los Pueblos
Indígenas, así como a la defensa de sus derechos,
no es sino hasta que el 1 de enero de 1994, con el alzamiento
armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), que es puesto en el centro de la vida política
del país, y en el marco de una profunda reforma del
Estado, el asunto de los Pueblos Indígenas.
El grito armado del EZLN obliga al gobierno a sentarse
en una mesa de negociación para buscar una solución
pacífica al conflicto, así como a reconocer
una Comisión Nacional de Intermediación (CONAI)
aceptada por el EZLN, y al Congreso Federal a formar una
Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
para coadyuvar al logro de la paz.
En un largo proceso de reuniones entre
las partes y apoyados por la COCOPA y la CONAI, se acuerdan
las reglas de procedimiento
y los temas bajo los cuales el diálogo se va a desarrollar.
Los Derechos y Cultura Indígena fue el primer tema
a negociar, el cual comenzó en Septiembre de 1995
y se pudo llegar a acuerdos en febrero de 1996
DIEZ MESES EMPOLVADOS: LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS
SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA CIMBRAN AL ESTADO
MEXICANO
A pesar de muchas diferencias y renuencia
de la parte oficial, logró acordarse en febrero el
documento final en San Andrés:
"El Estado respetará el ejercicio de la libre
determinación de los Pueblos Indígenas, en
cada uno de los ámbitos en que harán valer
su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía
nacional y dentro del nuevo marco normativo para los Pueblos
Indígenas. Esto implica respetar sus identidades,
culturas y formas de organización social".
Otro punto acordado en San Andrés es
"el reconocimiento en la legislación nacional
de las comunidades como entidades de derecho público,
el derecho a asociarse libremente en municipios de población
mayoritariamente indígena, así como el derecho
de varios municipios, para asociarse a fin de coordinar sus
acciones como Pueblos Indígenas".
Además, se reconoció la
marginación de los Pueblos Indígenas del uso
y disfrute de las regiones donde viven desde siglos, y se
propuso
"reglamentar un orden de preferencia que privilegie
a las comunidades otorgándoles concesiones para obtener
beneficios de la explotación y aprovechamiento de
los recursos naturales".
Por primera vez en su historia México tiene la oportunidad
de reconocer constitucionalmente el derecho a la libre determinación
y autonomía de los Pueblos Indígenas, que se
encuentran, de ser aprobadas las reformas a la ley, en un
momento histórico que es a su vez punto de llegada
y punto de partida. Como observó Luis Hernández
Navarro en La Jornada,
"Punto de llegada, porque en las reformas se sistematizan
aspiraciones, proyectos y una plataforma organizativa para
desarrollar el movimiento. Punto de partida porque permitirían
reconstruir tanto la demanda como el actor".
LA ECONOMÍA FAMILIAR SE EMPEORA
Mientras que unos pocos gozan de los beneficios
que la economía de libre mercado les ha traído
hasta el punto de generar más nuevos millonarios entre
los más grandes del mundo , otros, las grandes mayorías,
sufren los estragos de un modelo económico que los
ha dejado fuera. En México, durante 1996, la cada
vez más deteriorada economía familiar ha visto
sus peores momentos, especialmente en los sectores campesinos,
y en particular los indígenas. De ser los herederos
de los hombres y mujeres de las culturas del maíz,
hoy los mexicanos se ven obligados a mal comer tortillas
hechas con maíz forrajero.
"Uno de cada dos mexicanos no tiene acceso al mínimo
de alimentación diario establecido por la Organización
Mundial de la Salud y la FAO de las Naciones Unidas (2,340
calorías). Cada año 158 mil niños mueren
antes de cumplir cinco años por enfermedades relacionadas
con la desnutrición."
-- Victor Suárez C., La Jornada del Campo,
Suplemento, agosto de 1996.
Los Pueblos Indígenas son quizá la
peor muestra de esta situación. Su agricultura es
casi en su totalidad de subsistencia y no de mercado. Además
de eso, sufren la discriminación y el ya viejo problema
de la falta de tierras, así como las injusticias y
el difícil acceso a una eficaz procuración
de justicia.
"
Cuando menos, uno de cada diez mexicanos es en promedio indígena.
Viven en condiciones alarmantes de extrema pobreza y marginalidad...
Más de 3/4 partes de la población indígena
vive en 281 municipios clasificados como extremadamente marginados.
Cerca de la mitad de la población indígena
es analfabeta, en contra del promedio nacional del 12%. Alrededor
de la mitad de los municipios indios carecen de electricidad
y agua potable, mientras que el promedio nacional es del
14% y 21% respectivamente. En el 60% de los municipios sus
habitantes se ven obligados a emigrar. Entre el 70% y 84%
de la población indígena menor de cinco años
presenta elevados niveles de desnutrición... El 80%
de las enfermedades que padecen son de origen infeccioso,
asociadas a la deficiencia nutricional, la anemia y la insalubridad".
-- Luis Hernández Navarro, La Jornada, 12
de diciembre de 1996.
LA INICIATIVA DE LEY DE LA COCOPA Y LA CONTRAPROPUESTA DEL
PRESIDENTE
Con el consentimiento de ambas partes,
en Noviembre la COCOPA se dió a la tarea de preparar,
sobre la base de los acuerdos firmados en febrero de 1996,
un documento que recogiera de una manera justa y equilibrada
el sentir tanto del EZLN como del gobierno federal. El 29
de Noviembre este esfuerzo culminó con una propuesta
de ley que la COCOPA entregó a las partes.
Con algunas reservas el EZLN la aceptó, mientras
el gobierno solicitó 15 días para consultarla
con especialistas, comprometiéndose a dar una respuesta
antes del 23 de Diciembre. El resultado de esa consulta fue
un documento confidencial dirigido al EZLN, que resultó ser
una contrapropuesta. Finalmente el 11 de Enero el EZLN la
rechazó señalando que las modificaciones sugeridas
condicionan y subordinan los acuerdos de San Andrés.
De esta manera la incorporación de los derechos indígenas
a la Constitución ha quedado pendiendo de un hilo.
El eje sobre el que giran todas estas reformas constitucionales
es sin duda la libre determinación de los Pueblos
Indígenas y la autonomía como una expresión
de ésta. Es aquí donde estriba la diferencia
de fondo entre las partes, y de donde se desprenden otras,
ya que cada una entiende y quiere plasmar en la ley estos
conceptos de manera muy diferente.
"?Que son sinónimos o intercambiables los términos "usos
y costumbres" (documento del Ejecutivo) en vez de "sistemas
normativos internos" (acuerdo de San Andrés documento
COCOPA)? ?Que es lo mismo o parecido hablar de la comunidad
indígena como "entidad de derecho público" (acuerdo
de San Andrés documento COCOPA) que como "de
interés público" (documento del Ejecutivo)?
?Que es igual hablar de "homologación" (documento
de Ernesto Zedillo) que de "convalidación" (acuerdo
de San Andrés documento COCOPA)? para referirse a
la forma en que deberán articularse los sistemas normativos
internos y el derecho procesal mexicano".
-- Julio Moguel, La Jornada, 14 de enero de 1997.
A estas modificaciones del Presidente
se suman otras que tampoco son sólo diferencias como
algunos afirman "de simple redacción". Y
no resultaría difícil para cualquier lector
comprender la diferencia sustancial entre los términos,
por ejemplo: "en consulta con los Pueblos Indígenas" y "tomando
en cuenta la opinión de los Pueblos Indígenas".
Después del "NO" categórico del
EZLN a la contrapropuesta del Presidente, corresponde a la
COCOPA -según se comprometió publicamente-
hacer llegar al Congreso de la Nación la iniciativa
de ley que preparó. Y si la opinión pública
es capaz de ejercer sobre el Congreso una presión
tal, que se tenga que asumir en la Carta Magna esta iniciativa,
estaremos en un momento histórico del país
en el que se consolide más el federalismo y la democracia.
De aprobarse el proyecto de ley de la COCOPA, será necesario
modificar la Constitución, en dos artículos
de forma directa: el 4 y el 115, y cinco más serán
impactados: 18, 26, 53, 73 y 116. De aquí se deberán
desprender una serie de normas a otros niveles que facilitarán
la aplicación de aquéllas.
Se trata de las demandas más sentidas de los Pueblos
Indígenas, las que en su conjunto se expresan en el
lema del Congreso Nacional Indígena, celebrado en
Octubre de 1996: "Nunca más un México
sin nosotros"
EL DEBATE: RESERVACIONES INDIAS O ESTADOS SEPARATISTAS
Aunque no del todo conocida por quienes
han externado sus comentarios sobre ella, esta propuesta
de iniciativa de ley ha generado un gran debate entre diversos
sectores de la sociedad mexicana.
En este intercambio de opiniones ha habido posturas que
recorren todo el abanico de posibilidades sobre el futuro
que podrían tener los Pueblos Indígenas. Desde
quienes hablan que aprobar esta iniciativa de ley sería
condenar a los Pueblos Indígenas al modelo de reservaciones
que opera en los Estados Unidos, hasta los que dicen que
significaría fragmentar al Estado nacional.
"En vez de autonomías reales y practicables,
se consagrarían tendencias al aislamiento y a una
vida práctica de reservaciones. La legislación
más perfecta y justa, no les dará a esos pueblos
bienestar económico y fuerza cultural. Tienen que
dárselo ellos mismos. Dejar de esperar y pedir, y
empezar a hacer."
-- Héctor Aguilar Camin, historiador, Proceso
1049.
Desde esta posición propone:
"Si los indígenas quieren los beneficios de
la vida moderna, tienen que habitar en comunidades que hagan
posible y financiable este tipo de vida. . . es decir, poblaciones
de mayor densidad demográfica".
Otros en una línea semejante, plantean que puede
resultar contraproducente para los propios Pueblos Indígenas.
". . . están pidiendo que se legalice la discriminación,
es decir, que las leyes contemplen una distinción
de acuerdo con el origen étnico, quieren que se discrimine,
que haya una ley para indígenas y otra para los que
no lo son".
-- Fernando Escalante, coordinador académico del Colegio
de México, Proceso 1049 .
Algunos han llegado a decir que se les quiere otorgar a
los indígenas una situación de privilegio y de
derechos de fuero. Al respecto Adelfo Regino, indígena
Mixe y miembro de la Comisión de Seguimiento y Verificación
expresó:
"¿Es privilegio la exigencia de tu derecho a
vivir? ?Es fuero especial la demanda de respeto a tus derechos
fundamentales?.
. . Sólo queremos tener las mismas oportunidades que
tiene todo mexicano no indígena. . . una vida digna
y libre sin ningún tipo de menosprecio y restricciones".
-- La Jornada, 8 de diciembre de 1996.
Por otro lado, especialistas
que han venido trabajando y acompañando a estos pueblos por varios años,
han expresado sus opiniones en el sentido de esclarecer y
de despejar los malentendidos y confusiones que esta iniciativa
de ley ha generado. Tal es el caso de Héctor Díaz
Polanco, quien colaboró en Nicaragua para que los
Pueblos Indígenas lograran su autonomía en
la época Sandinista y es en México uno de los
expertos en este tema.
"El régimen de autonomía no es para crear
una situación al margen del proceso democrático.
. . de lo que se trata es de crear reglas nuevas, que permitan
que estos sectores, estructuralmente marginados, excluídos,
puedan tener una participación plena. No se trata
de crear grupos al margen de la ciudadanía, sino de
crear verdaderos ciudadanos. . . que los pueblos indígenas
sean sujetos activos y. . . tomen en sus manos la solución
de su propia problemática".
En este mar de opiniones pareciera difícil saber
quién tiene más verdad en lo que dice. Lo que
sí es un hecho es que los niveles de pobreza en que
viven los Pueblos Indígenas están entre los
más bajos que existen. Han estado así desde
la llegada de los españoles.
Al respecto, Rodolfo Stavenhagen, investigador y presidente
en turno de la Comisión de Seguimiento y Verificación
expresó:
"Sólo quienes desean seguir manteniendo a los
indígenas al margen de la nación y de los derechos
humanos, ven en la posibilidad de la autonomía, un
peligro a ser rechazado. Los Estados de la Federación
son "libres y soberanos" y no por ello peligra
la integridad territorial. El Municipio es "libre" y
no por ello se tambalea la unidad nacional. La Universidad
es "autónoma" y no por ello son menos mexicanos
los universitarios. La autonomía de los Pueblos Indígenas
se ha transformado en un reclamo generalizado, que la nación
debe atender".
-- La Jornada, 18 de diciembre de 1996.
UNA DEUDA HISTORICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
Sin lugar a dudas México tiene una deuda histórica
con los habitantes originales de estas tierras. Nadie podrá negar,
y de eso tenemos vestigios, los niveles de avance que alcanzaron
aquellas civilizaciones, de las que hoy descienden los casi
diez millones de indígenas mexicanos. Sin los adelantos
de la "ciencia" de esos tiempos los indigenas de
América fueron grandes arquitectos, matemáticos,
astrónomos, escultores y pintores, entre otras muchas
cosas.
"Todos esperamos que el presidente Zedillo logre saldar
esa deuda con los Pueblos Indios y les permita recuperar
su casi perdido genio creador".
-- Fernando Benítez, investigador y escritor,
La Jornada 12 de diciembre de 1996.
Además de estar basadas en los acuerdos de San Andrés,
las reformas presentadas por la COCOPA, forman parte del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, y se apoyan en instrumentos jurídicos de
carácter internacional como la Declaración
sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO, y los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por
México.
El Presidente Zedillo llegó a la firma del Acuerdo
de Paz en Guatemala, sin haber resuelto los problemas de
paz en su propio país. Eso aumenta su compromiso moral
de reconocer constitucionalmente los derechos de los Pueblos
Indígenas. Los mismos pueblos, la nación entera
y la historia le demandarán una respuesta.
Los Pueblos Indígenas han esperado por muchos años
este momento y a estas alturas lo único que le piden
al Presidente es que cumpla con su palabra.
". . . todos sabemos el enorme significado que tiene
la palabra para los indígenas mexicanos no ladinizados.
Por lo tanto depende del presidente que indígenas
y no indígenas, incluyendo a los empresarios nacionales
y extranjeros, le creamos o no, lo que diga en adelante".
-- Octavio Rodríguez Araujo, La Jornada, 12
de diciembre de 1996.
La zona norte de Chiapas:
EL NUEVO ESCENARIO DE LA GUERRA A
través de su participación en el proyecto interinstitucional "Estación
Norte para la Distensión y Reconciliación",
el equipo de SIPAZ en Chiapas ha seguido de cerca la preocupante
evolución de los acontecimientos en la conflictiva
zona norte del estado. Allí, a mediados de 1996 se
llegó a un clima de virtual guerra civil entre priístas
y perredistas (considerados también bases o simpatizantes
del EZLN), lo que provocó más de cien muertos
y el desplazamiento de miles de personas. La confrontación,
si bien es eminentemente político ideológica,
ha tomado también dimensiones religiosas: los perredistas
suelen identificarse con la Iglesia Católica, y los
priístas con algunas denominaciones evangélicas
presentes en la zona.
En los enfrentamientos de junio y julio, la Seguridad Pública
y el Ejército actuaron en abierto apoyo al grupo paramilitar "Paz
y Justicia" (cuyo principal dirigente es el Diputado
estatal priísta Samuel Sánchez). En septiembre,
el gobierno del estado comenzó a impulsar un aparente
proceso de pacificación en la zona, promoviendo los
retornos de los desplazados a sus comunidades de origen,
ofreciendo para ello el apoyo de la Seguridad Pública
y encargando al Ejército la supervisión de
las operaciones de retorno y la distribución de ayuda
material.
Este proceso, que en el mes de octubre pareció mostrar
algunos signos de distensión, en noviembre y diciembre
volvió a hacer crisis, dejando en evidencia la fragilidad
de una pacificación promovida sin mediar una negociación
sólida ni acuerdos que comprometieran sobre todo a
la parte agresora. La situación comenzó a deteriorarse
rápidamente, ya que "Paz y Justicia" -nuevamente
con la complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad-
volvió a realizar acciones de hostigamiento y agresión
tanto a los retornados como a los observadores nacionales
e internacionales .
El 5 de diciembre, un grupo de internacionalistas y miembros
de la Estación Norte que se dirigían a la comunidad
de Jolnixtié (municipio de Tila) para participar en
una reunión con los desplazados, fue detenido por
un grupo de militantes de "Paz y Justicia" en las
cercanías de la comunidad príista Miguel Alemán.
Entre amenazas, insultos y agresiones, se les despojó de
sus pertenencias personales y de la ayuda humanitaria que
llevaban para los retornados. La Seguridad Pública
-que estaba comprometida a ofrecer protección a la
delegación- y el Ejército presenciaron el hecho
a pocos metros, sin intervenir. Pasadas tres horas, los militares
permitieron al grupo salir del lugar, pero no exigieron a
los priístas devolverle los bienes robados.
El EZLN ya planteó en septiembre la exigencia de
solucionar la situación de la zona norte como una
de las condiciones para reanudar el diálogo con el
gobierno. En los hechos, no obstante, esa exigencia quedó en
un segundo plano dentro de las discusiones de los tres Encuentros
Especiales.
SIPAZ considera que la problemática de la zona norte
no puede quedar al margen de las negociaciones que las partes
están desarrollando, sino ser un aspecto central de
ellas. Todos los actores involucrados en ese conflicto -gobiernos
federal y estatal, partidos políticos, Iglesias, fuerzas
militares y policiales, EZLN y los propios afectados en la
zona norte- tienen el desafío de hacer que también
allí la lógica de la guerra deje lugar a una
lógica de negociación política, para
alcanzar una paz sustentada en la tolerancia y el respeto
a la pluralidad pol'itica y religiosa.
:: Actividades del Equipo en Chiapas
SEPTIEMBRE 1996 – ENERO 1997
Entre los meses de Septiembre de 1996
y Enero de 1997, el equipo desarrolló las siguientes
líneas de trabajo:
- SIPAZ continúa hasta hoy participando decididamente
en el proyecto Estación Norte para la Distensión
y Reconcilación, en conjunto con CEDIAC, CDH "Fray
Bartolomé de las Casas, Global Exchange y CONPAZ.
Hemos impulsado fuertemente entre los miembros del proyecto
un perfil de presencia imparcial y objetiva que favorezca
mas el proceso de distensión en la zona norte. Seguiremos
monitoreando la región con un equipo que recabe y
difunda información y que ofrezca acompañamiento
a los retornos de las gentes desplazadas.
- Presencia y acompañamiento en zonas de alta conflictividad
y violencia (Venustiano Carranza, Pantelhó, etc.)
- Entrevistas con los principales actores del Diálogo
de Paz: EZLN, COCOPA, CONAI, organizaciones indígenas,
autoridades civiles y militares y otras dependencias federales.
Asi como también con el Concilio de Paz, que en noviembre
se reunió en San Cristóbal de las Casas.
- Participación del equipo como observadores internacionales
y testigos en los informes administrativos de algunos municipios
como Ocosingo, Altamirano y Chilón.
- Producción de varias Acciones Urgentes y del Informe
trimestral; distribución en la comunidad Internacional.
Elaboración de la página de SIPAZ en el
Internet.
- Recibimos a diferentes personas interesadas
en conocer más el trabajo de SIPAZ y actualizar su entendimiento
sobre la situación en Chiapas. Compañer@s
de SERPAJ Costa Rica; de Brigadas Internacionales de
Paz (de
Italia y Holanda), periodistas y otros extranjeros.
- Recibimos la visita de trabajo de Marie Dennis
(octubre) y Phil McManus (noviembre) ambos
miembros del Comité Directivo
de SIPAZ.
- Organización y acompañamiento a delegaciones
de SIPAZ y Pax Christi Internacional en noviembre y enero
respectivamente.
- Participación y apoyo en la Jornada Mundial
por la Paz 1996 convocada por el Movimiento por la Paz
con Justicia
y Dignidad.
- Después de 10 meses de presencia en Chiapas, el
equipo hace su primera evaluación profunda del proyecto,
con la participación de algunos de sus asesores.
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